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CAPÍTULO 6

¿Sociedad civil en movimiento o inmovilizada?

1. Movimientos sociales: un breve racconto teórico La expansión de los derechos se vincula a luchas sociales, y las luchas suponen procesos de organización de actores políticos y sociales. NORA BRITOS (2003)

Al igual que el concepto de sociedad civil, la noción de movimientos sociales presenta un carácter polisémico y su encuadre varía según el contexto sociohistórico en el que tienen lugar y el marco conceptual con el que se los analiza. Las décadas de los sesenta y setenta en Europa fueron tiempos fecundos para la conformación y extensión de acciones colectivas y movimientos sociales que postulaban temáticas, metodologías de visibilización y confrontación novedosas, por fuera de los colectivos que hasta entonces habían caracterizado la dinámica sociopolítica, esto es, partidos políticos, sindicatos y el movimiento obrero. Mediante lógicas de accionar más de tipo cultural (movimientos hippies, liberación sexual, feminismo, movimiento estudiantil) o lógicas más bien políticas (insubordinación civil contra la guerra de Vietnam, movimientos pacifista, ecologista y antinuclear), pusieron de manifiesto una amplia gama de conflictos sociales pero también expresaron discursos propositivos con gran fuerza ilocutoria e impacto en la esfera pública. Para las ciencias sociales fue necesario repensar estas

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formas no institucionalizadas de protesta y de acción colectiva desde otro ángulo que el de ejemplos de comportamientos “desviados” o el de las masas irracionales que seguían a algún líder carismático. Los diferentes enfoques teóricos sobre el origen, alcance y finalidad de los movimientos sociales son múltiples: modelo de la elección racional, movilización de recursos, estructura de oportunidades políticas (McAdam,1995), predominantes en Estados Unidos de América, o el de los nuevos movimientos sociales (Offe, 1988), la teoría de los marcos interactivos de interpretación o framing (Snow et al, 1986) o la perspectiva constructivista (Touraine 1994, Melucci, 1980 y 1984). Independientemente de cuál de ellos se trate, se considera que en todo comportamiento colectivo existe una tensión subyacente: los individuos se unen para actuar cuando algo funciona mal en su ambiente social o las personas se unen por sufrir injusticias (Ibarra y Tejerina, 1998). Cada una de las orientaciones mencionadas surgieron como contramodelo al pensamiento preponderante hasta los años sesenta en su respectivo ámbito geográfico (Riechman y Fernández Buey, 1994; Laraña, 1999). En tanto, en los Estados Unidos, el enfoque estructural-funcionalista percibía la acción colectiva como conducta desviada, peligrosa e irracional en Europa, a través de la categoría de nuevos movimientos sociales y del denominado paradigma de la identidad, que englobarían los trabajos de Touraine, Offe y Melucci. Se cuestionaba al marxismo al sostener que la división de las clases sociales no constituye el único conflicto real y estructural de la sociedad, iluminando la importancia de problemáticas de género, étnicas y otras formas de solidaridad que, con una lógica cultural, demandan el respeto de las diferencias. Marcuse y Touraine “se destacaron en la labor explicativa y subrayaron, especialmente, la nueva dimensión cultural de estos movimientos y el potencial anticapitalista que contenían” (Wallace, 1999: 332). Un intento integrador de los distintos matices es la definición de Laraña, quien concibe los movimientos como una forma de acción colectiva: 1) que apela a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales; 2) cuya existencia es en sí misma una forma de percibir la realidad ya que vuelve controvertido un aspecto de ésta, hasta

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entonces aceptado como normativo; 3) que implica una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones sociales en el que se desarrolla su acción; 4) que tiene capacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la sociedad. (Laraña, 1999: 126)

La capacidad de instituir normas, actualizar o remozar valores, promover derechos y tensar la legitimidad social se relaciona con la facultad para promover una “redefinición colectiva de una condición que en un tiempo fue considerada como una desgracia y pasa a concebirse como injusticia”, lo que da cuenta de procesos que vinculan situaciones particulares y personales con cuestiones públicas y colectivas (Turner, citado en Laraña, 1999: 53). En algunas instancias organizativas que aquí se analizan, este “pasaje” entre lo personal y lo colectivo ha sido un componente importante para la conformación y consolidación de colectivos vinculados con derechos humanos, organizaciones GLTTT, ONG-Sida y Mujer, pero también es el caso de algunos de los movimientos de trabajadores desocupados que, además, son concebidos por sus participantes como un espacio formativo y de inclusión social (Giarraca y cols., 2001; Auyero, 2003 y Contreras, 2003). S. Wallace (1999) indica que los estudios de este tipo de fenómenos frecuentemente utilizan tres conceptos distintos para definir la movilización de los ciudadanos: comportamiento colectivo, acción colectiva y movimientos sociales. En algunos casos, el movimiento social se incluye como una forma de comportamiento colectivo; o movimiento social y acción colectiva son sinónimos al referirse a una forma de acción poco organizada y no institucional y, en otros, el movimiento social es un tipo de acción colectiva. Lo que poseen en común estas modalidades de acción colectiva es el escenario público en el que se despliegan y constituyen, para F. Naishtat (2005: 369), una especie de dispositivos de fuerza ilocucionaria de una enunciación colectiva que se inscribe en el espacio público como acto performativo de un “nosotros”, y, en calidad de tal, interpela a la sociedad y a las instituciones del Estado [denunciando] ante un público ilimitado los bloqueos característicos de una situación. (Naishtat, 2005: 372)

Acción colectiva, movimientos sociales, protestas, revueltas,

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tienden a manejarse como términos intercambiables. Indudablemente, la acción colectiva alude a movilizaciones o apariciones en la esfera pública a través de marchas, declaraciones, “escraches”, revueltas, cortes de ruta, bloqueo de calles, solicitadas, actos públicos, e implican intencionalidades de oposición o de apoyo a cuestiones vinculadas con problemáticas sociales, económicas, culturales o políticas de “todos” o de colectivos sociales particulares. Las demandas y los reclamos constituyen acciones colectivas que pueden tener diferente grado de organicidad y temporalidad, y las acciones de protesta no son privativas de los movimientos sociales. Los “saqueos” a comercios pueden ser entendidos como acciones de protesta llevadas a cabo por grupos organizados o por acciones espontáneas, por colectivos nucleados a partir de necesidades (ollas populares, comedores) o por un sufrimiento común que podría haber sido evitado o por individuos que espontáneamente se suman y pueden expresar o no valores opuestos o refractarios a determinadas medidas o inacciones gubernamentales. Los procesos de lucha y resistencia manifiesta se dan en un contexto cargado de conflictividades diferenciales y cuestionamientos a legitimidades múltiples. Es decir, todas estas manifestaciones aluden a la sociedad civil en movimiento, aunque no todas ellas constituyen expresión de movimientos sociales (clásicos, nuevos o contemporáneos), ya que no poseen “una estructura participativa como consecuencia de su propio objeto y experiencia de vida, organización y lucha, su propia temporalidad definida por su acción, formas en el espacio cultural y efectos sociales específicos como resultado de un campo de conflictos” (Alonso, 1999: 12). Con fundamentos y orígenes diversos, la noción de movimiento social supone algún tipo de identidad, un nosotros que aglutina, algún grado y clase de organización y alguna nota que muestre la búsqueda de alguna reivindicación (en general sectorial) y un “hacer” autónomo frecuentemente respecto al Estado, los partidos políticos y/o las organizaciones sindicales. A diferencia tal vez de unas pocas acciones puntuales de protesta masiva, otro tipo de colectivos (movimientos sociales, redes asociativas, foros, etcétera), difícilmente puedan desarrollarse apoyados solamente en una estructura de oportunidad política y en una estrategia discursiva; necesitan estructuras de movilización (McAdam, 1998) en tanto recursos organizativos y acciones concretas.

Aunque recurran a acciones estratégicas con el fin de promover sus objetivos, el contenido fundamental del accionar de estos actores es la búsqueda de reconocimiento, es decir, la aceptación pública y la eventual institucionalización de sus demandas (Olvera Rivera, 1999). En este sentido, si bien se plantean con autonomía frente al Estado y a los partidos políticos y desde identidades “no políticas”, un movimiento social se transforma en un movimiento político cuando sus reivindicaciones, en principio sectoriales, se expresan como “derechos” o reivindicaciones articuladas para toda la comunidad (o amplios sectores) y correlativamente buscan inscribirlas en las instituciones políticas y articularlas con las luchas de otras fuerzas no sólo políticas sino también sociales (Gilly, 1993; Wallace et al., 1999 348). La mayoría de los rasgos descritos son compartidos, en términos de prácticas sociales, por las ONG y los movimientos sociales, en tanto ambos son caracterizados conceptualmente con referencia a objetivos, accionar, estrategias, motivación, sensibilización y entendimiento público, oportunidad política, etcétera. No se trata de fenómenos opuestos sino muchas veces convergentes, puesto que un movimiento social está conformado por adherentes individuales y por organizaciones de variado tipo; y en instancias de protesta social o de desobediencia civil pueden incluirse en acciones colectivas otros grupos así como excluirse algunos de sus participantes más regulares. Finalmente, resulta pertinente diferenciar ciertas denominaciones para no repetir la confusión observada en algunos de los textos consultados. Hay acuerdo con el concepto de movimientos sociales “clásicos”, referido al accionar y objetivos del movimiento obrero o al feminismo preocupado por la igualdad política. Al hablar de “nuevos” movimientos sociales (NMS) se acordaba, al menos hasta los años noventa, con los rasgos que caracterizaran Offe y Touraine cuando dan cuenta de un nuevo tipo de actor colectivo que se mueve con una lógica cultural o política, según los casos, centrada en el derecho a la diferencia más que en reclamos por la igualdad y que se vinculan con las capas medias de los países industrializados. Desde los inicios de los 1990, con la emergencia en América Latina de una importante gama de movimientos sociales, se los tipifica también como “nuevos” sin tener en cuenta que existe una importante diferencia entre los NMS de los países desarrollados y los del Tercer Mundo. En los

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primeros se expresó en los años setenta un cuestionamiento a las percibidas limitaciones del Estado Benefactor, a los excesos destructivos de la producción industrial y al concepto dominante de progreso material sobre la naturaleza (Offe, 1988). Esta crítica se fundaba en la seguridad e institucionalización de los derechos civiles, políticos y sociales y en la permanencia de las instituciones democráticas. En cambio, en nuestra región, se asiste a la presencia de movimientos que expresan ese contenido pero, especialmente a partir de los años ochenta, la conciencia y el reclamo por constituir la ciudadanía, es decir, de generalizar la aplicación de los derechos que formalmente admite o protege el orden legal. Mientras que en el norte la democracia ha sido el prerrequisito para la existencia de estos movimientos sociales de tipo cultural, en el resto del mundo este tipo de sujetos colectivos tienen que combinar las tareas democráticas y culturales con las demandas económicas y sociales. Se trata de no homologar categorías y, en ese sentido, aquí se optará por la designación de movimientos sociales “contemporáneos”, ya que en Latinoamérica es imposible ignorar la dimensión de conflicto presente en la acción colectiva, sobre todo en países en los cuales prolongados períodos sin vigencia de la ley, en “estado de excepción” (Agamben, 2004), han reducido el espacio de autonomía de la sociedad civil, casi erradicado la esfera pública. O en sociedades como la argentina, con décadas de empobrecimiento y sus efectos sobre los niveles de integración social. También desde la perspectiva de G. Di Marco et al. (2003b: 40) los movimientos sociales emergentes presentan ambos aspectos, entrelazados identidad y estrategia política, pero la nota distintiva es la de ser posibilitadores de la articulación de identidades múltiples (de género, de generaciones, de clase) “en el mismo espacio donde se construye una identidad que se constituye en esa multiplicidad y no en identidades sectoriales”. Observan que el movimiento de derechos humanos y el de mujeres orientaron su acción hacia el poder, las instituciones y hacia la transformación de las relaciones sociales y de las normas y valores que las regulan, y señalan que esta doble orientación resulta central en las acciones de los actuales movimientos sociales en el país: Las marchas promovidas por estos en la defensa de la vida, como metodología de reclamo por el esclarecimiento, la verdad y la justi-

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cia, marcaron un hito que sirvió como estrategia de demanda por parte de los actores sociales ante situaciones similares. (Di Marco et al., 2003b: 49)

En nuestra región, con tantas necesidades insatisfechas y demandas no resueltas en el marco de una crisis en los sistemas de representación política, resulta inadecuado pensar la constitución de un sujeto colectivo que demande exitosamente sólo en el plano de las identidades y desde una lógica predominantemente cultural. Los prerrequisitos necesarios para ello no están dados y pareciera que en América Latina, en los últimos tiempos, tienden a combinarse entre los sectores populares las luchas por el reconocimiento de identidades y derechos con las demandas por redistribución. La asociación de procesos de construcción de identidades y respeto por las diferencias con luchas por la igualdad y políticas de justicia social resulta una fuerte y novedosa característica de los movimientos como los Sin Tierra en Brasil, los zapatistas mexicanos y algunos de los movimientos de trabajadores desocupados de la Argentina. Este sentido de tomar el “particular” como un “universal” y combinar la lógica cultural con la política, el reclamo de la identidad con el de la igualdad, se expresa claramente en el relato del Subcomandante Marcos del Ejército Zapatista: Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, judío en Alemania, feminista en los partidos políticos, comunista en la postguerra fría, preso en Cintalapa, pacifista en Bosnia, mapuche en los Andes, ama de casa un sábado por la noche, guerrillero en el México de fin del siglo XX, huelguista en la CTM, machista en el movimiento feminista, mujer sola en el metro a las 10 p.m., jubilado en plantón en el Zócalo, campesino sin tierra, editor marginal, obrero desempleado, médico sin plaza. (Subcomandante Marcos, comunicado del 28/05/1994, en www.wikipedia.org/wiki)

Un tipo ejemplar de integración de problemáticas y reivindicaciones de diversa índole y escala es el Foro Social Mundial, movimiento contra la globalización neoliberal, que en uno de sus típicos llamamientos convoca “a la movilización contra la guerra, el neoliberalismo, la explotación y exclusión por otro

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mundo posible” (enero de 2005). En su agenda de lucha incluye no sólo la cancelación de la deuda externa de los países del Sur, apoyando a los movimientos sociales de este hemisferio para que se declaren deudores de las deudas históricas, sociales y ecológicas; y se manifiesta por el cese de proyectos y acuerdos que facilitan el saqueo de recursos de esa zona, se declara contra las guerras y en pro del desarme y la desmilitarización y exige la reforma agraria y el acceso de los campesinos a la tierra y la garantía de soberanía alimentaria. También promociona las campañas de acciones feministas globales contra el tráfico sexual reconociendo la diversidad de opción sexual, y contra las “exclusiones por identidad, género y homofobia. Juntaremos nuestras voces en contra de todas las formas de mercantilización del cuerpo, de la mujeres y de las personas GLBT” (la cursiva es nuestra). Rastreando las continuidades históricas presentes en las diversas formas de lucha en la sociedad argentina, Di Marco et al. (2003a) sostienen la existencia de un hilo conductor que vincula al movimiento de derechos humanos, especialmente Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los movimientos por la defensa de la educación pública, las marchas de silencio, las “puebladas”, las resistencias sociales al modelo neoliberal, tanto las iniciales, vinculadas a su propia instalación, como las de segunda fase, relacionadas con las consecuencias de su instalación. Asimismo, en su estudio sobre la protesta social, F. Schuster (2005) recuerda el significado “oblicuo” de los movimientos sociales: no sólo son entendibles como movimientos de demanda, sino como lugares de constitución de nuevas subjetividades y experiencias; implicancia altamente reconocida en la literatura y en los colectivos de mujeres, GLTT y Redes de PVV. En síntesis, sin pretender historiar la acción colectiva y la protesta social, en las últimas décadas en la Argentina el escenario de movilización y confrontación ha sido muy heterogéneo en sus objetivos y su metodología. En las siguientes páginas se tratará de dilucidar hasta qué punto el campo no gubernamental en las temáticas seleccionadas acompañó estos procesos o siguió una dinámica y metodología de acción distinta que las diferenció y separó de la conflictividad social y política que caracterizó a nuestra sociedad en los inicios del siglo XXI.

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2. Reclamos y demandas. ¿Acción comunicativa o sólo estratégica? De acuerdo con Naishtat (2005), puede trazarse una diferenciación entre las acciones colectivas que se enmarcan en el derecho privado (el campo asociativo no lucrativo, institucionalizado) y “aquellas que surgen informalmente en la esfera pública como respuesta a una disrupción en la comunicación entre particulares y los poderes públicos, que se dirigen a diversas audiencias que, como “terceros”, mediarían indirectamente entre el grupo o colectivo en cuestión y las modificaciones que se requieren. “Son de este tipo las huelgas, las protestas cívicas o aquellas acciones más continuadas y de alcance más vasto, como los movimientos sociales” (Naishtat, 2005: 369). Desde la instancia de la sociedad civil como movimiento (Cohen y Arato, 1992 /2001) la acción colectiva se entiende como expresión no de un problema o necesidad a resolver “solidariamente” sino como manifestación de una tensión o conflicto, en virtud del cual las personas y los grupos se unen para actuar frente a una injusticia, contra el sentido de una política, un uso irracional de los recursos naturales o un problema de aplicación tecnológica. También contra la guerra, la subordinación de la mujer, los derechos humanos o por la liberación sexual como bandera del movimiento gay de la década de 1970. En América Latina, a partir de los procesos de transición democrática y el reconocimiento de los derechos humanos como un eje que legitima reivindicaciones, la noción de ciudadanía se redefine y se convierte en un eje articulador de demandas y luchas políticas por parte de movimientos populares, sectores excluidos, partidos de izquierda, y posee una fuerte presencia en los reclamos y protestas de un amplio abanico de grupos. Es dable constatar el impacto de los movimientos de mujeres, de minorías étnicas, de homosexuales, de ambientalistas, todos los cuales desencadenaron un debate en torno al estatuto conceptual y al significado político de la sociedad civil. De algún modo, las acciones de protesta pública de los sectores autorganizados, de participación directa, como han sido en la Argentina desde fines de los 1990 los movimientos de desocupados, las asambleas barriales u otro modo de demanda pública forman, siguiendo a Tarso Genro (2002), un sistema de presencias, sin la mediación de

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los partidos políticos y por fuera de la cultura de la representación política. En la etapa actual del capitalismo periférico y la globalización financiera, las luchas a través de reclamos y demandas se expresan en enfrentamientos y articulaciones entre la sociedad civil y el Estado para posicionar, defender, esgrimir derechos, más que para la confrontación directa con el sistema económico. En la Argentina, las ONG-Sida hasta mediados de los años noventa, y las de Mujer y Diversidad sexual con mayor énfasis desde el 2000, han sido activos protagonistas en la sensibilización y la movilización en torno a derechos humanos y de la salud, aunque puntuales y referidos a su objeto de intervención. Empero, la presencia de organizaciones y de grupos vinculados con el complejo VIH-sida instituyendo significados en la esfera pública en procura de reconocimientos culturales, jurídicos y sociales no ha sido uniforme. En las siguientes páginas se diferencian las prácticas características de los tres conjuntos temáticos objetos de este trabajo.

Mientras en la primera mitad de la década del 1990 la protesta obrera y los movimientos populares se debilitan en la Argentina, los colectivos de lesbianas y gays se multiplican a la vez que cambian los ejes de las reivindicaciones de estos últimos, absorbidos por la lucha contra el sida. Se produce, de este modo, una despolitización de la demanda por el reconocimiento de la diversidad sexual, lo que facilita la incorporación a la ciudadanía de las organizaciones de gays y lesbianas a través del la institucionalización como personas jurídicas, aunque sólo recientemente se ha permitido la institucionalización de algunas asociaciones travestis ya que era sospechada de su dudosa vinculación con el “bien común”, según un polémico dictamen judicial. Los movimientos feministas y de mujeres visibilizan la problemática del lesbianismo en el marco más general de la subordinación femenina y los sistemas de sexo-género. Las demandas por derechos civiles se expresan como incidencia hacia su institucionalización por medio del lobby, la conformación de redes y los reclamos judiciales. Paralelamente a las reivindicaciones de derechos, se van registrando prácticas políticas menos formales direccionadas al reconocimiento social, al nivel de la vida cotidiana, pero que también buscan la integración jurídica, tales como matrimonio, derecho a la adopción, beneficios sociales, ente otros (Pecheny, 2004a). En un lapso relativamente corto, entre 1989 y el 2004, once países (salvo Canadá, todos europeos) promulgaron leyes que posibilitan la unión entre parejas del mismo sexo. De acuerdo con el análisis de Kollman (2004), esta situación se corresponde con el crecimiento del trabajo de las organizaciones de GLTTT unidas por redes de advocay internacional. La tarea clave de dicha red ha sido convencer a los decisores de políticas respecto a que el matrimonio es un derecho humano y que todos los estados democráticos lo deben aprobar. Promoviendo la igualdad, el proceso implica redefinir una institución cultural como un derecho, más que introducir derechos individuales per se dentro de sistemas que históricamente no los han reconocido. En la Argentina, las luchas de las redes confrontativas vinculadas a los movimientos de mujeres y de GLTTT obtuvieron en los cinco últimos años interesantes logros, sobre todo aquellos referidos a legislación sobre derechos sexuales y reproductivos, y la primera ley en Latinoamérica que, en la Ciudad de Buenos Aires, reconoce la unión civil entre personas con prácticas homosexuales.

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2.1. Demandas, reclamos y disputas en el campo de la diversidad sexual Siguiendo a Pecheny (2001), en América Latina, las llamadas “minorías sexuales” se movilizaron y demandaron durante la década de los ochenta por protección en términos de derechos negativos (no discriminación), mientras que en los años noventa buscaron el reconocimiento de derechos positivos, con temáticas diferenciales: el tema del Sida para los varones gays, la opresión de género para las mujeres lesbianas, el reconocimiento de identidades inscriptas en el cuerpo (travestis, transexuales, transgéneros) en la actualidad. Basándose, en parte, en el enfoque de la estructura de oportunidades, S. Brown (2002) analiza el activismo lésbico y gay en la Argentina e indica su desaparición durante los años de la última dictadura militar y su emergencia posterior, con la conformación de una Coordinadora de Grupos Gays. Con el retorno de la democracia se produce un renacimiento del activismo debido “tanto a la continua represión como a las nuevas libertades” (Brown, 2002: 121). En 1984 se conforma la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y su reconocimiento legal demorará hasta 1992.

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Ampliando el análisis a una muestra más amplia compuesta por 10 ONG-DSx, todas coinciden en una visión crítica respecto del accionar estatal sobre la diversidad sexual y, con modalidades diferenciales, inscriben la centralidad de sus demandas en la necesidad de reconocimiento. Si bien es posible identificar en las organizaciones una constelación de posturas que van desde aquellas de tipo más “integracionistas” –que procuran la no discriminación, la tolerancia y la negación de la diferencia (en las más antiguas e institucionalizadas)– la meta del logro de la igualdad en la diversidad parece ser la que marca la tendencia general (Grigaitis, 2005b). La demanda por el reconocimiento de la diversidad no se dirige únicamente al Estado; su consecución es visualizada como un complejo proceso a través del cual la diferencia sexual resulte socialmente aceptada, proceso en el que, para algunos, aquel juega un rol fundamental al constituirse en instancia legitimadora: El reconocimiento te cambia la mentalidad también porque ya no sos el despreciado sino que si el Estado te reconoce, sos ciudadano por lo menos ya no es que la costumbre te sigue determinando... (DSx 18, AC, D, V)

En los testimonios de integrantes y directivos de las instituciones entrevistadas puede diferenciarse una amplia gama de demandas1 hacia el Estado, las que exigirían, asimismo, profundos cambios culturales: • El reconocimiento de derechos civiles: derechos hereditarios, de pensión, de propiedad, de adopción; documentación acorde a la identidad sexual; de no discriminación.

1. Si bien reconociendo que resulta dificultoso separar en lo fáctico acciones de distinto tipo, a los fines de este análisis se categorizan como demandas aquellas solicitudes, petitorios, interpelaciones, reivindicaciones y acciones concretas tendientes al reconocimiento de “nuevos” derechos y necesidades que aún no están contemplados en leyes y/o políticas públicas. Como reclamos se consignan comentarios, noticias, artículos periodísticos, solicitadas, denuncias, reivindicaciones y acciones concretas contra injusticias y/o al incumplimiento de derechos adquiridos formalmente y con anterioridad.

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• El reconocimiento de la propia identidad y al efectivo ejercicio del derecho a la integridad física y a la autonomía. En los grupos de travestis, transexuales e intersex se considera la demanda fundamental, sin cuyo cumplimiento ninguna de las demás les resulta posible. Entre los conjuntos travestis se defiende el reconocimiento del cuerpo como propiedad de cada mujer, no como objeto de control del Estado y las instituciones. Algunas militan por el derecho al aborto y reclaman el cese de la violencia institucional que se ejerce sobre ellas junto con el ejercicio de los derechos políticos, por carecer de documentación acorde con el sexo reasignado. • La aceptación de necesidades y problemáticas específicas para cada identidad sexual: tratamientos y conocimiento adecuado para abordar la situación de transexuales e intersex; la vinculación existente entre travestismo y prostitución; abordajes de prevención y atención de la salud diferentes. • La efectivización de los derechos universales a la salud y la educación, a través de la generación de políticas públicas que contemplen la diversidad. Se demanda educación sexual y formación de profesionales de la salud capaces de trabajar desde criterios no homofóbicos y en temáticas de escaso o nulo desarrollo, como la intersexualidad. • La generación de políticas públicas, programas y/o proyectos y servicios para poblaciones específicas: esta demanda aparece especialmente vinculada con la temática de VIH-sida. Todas las organizaciones coinciden en señalar la necesidad de abordajes “situados” y la mayoría ubica como grupo más vulnerable en cuanto a esta problemática a las travestis y transexuales femeninas. Se promueve el acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos para aquellas personas transgenéricas que quieran realizar la reasignación sexual. Para ampliar el panorama en torno a las demandas, los reclamos y los enfrentamientos que efectúa el campo de las organizaciones con trabajo en diversidad sexual, genérica y corporal, se presentan los principales resultados del análisis efectuado a un corpus conformado por una muestra de 500 mensajes seleccionados de una base de datos (Lista Movimiento) integrada por aproximadamente 10.000 mensajes intercambiados entre colec-

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tivos y participantes de GLTTTI, entre enero del 2000 y mayo 2005. Los reclamos, liderados por las instituciones que integran la muestra de ONG no específicas, sobresalen en la problemática del VIH-sida. Son denuncias y llamadas de atención sobre provisión y/o calidad de medicamentos, discriminación hacia las personas con prácticas homosexuales por ser excluidas como donantes de sangre, discriminación en la atención médica por parte de las obras sociales y prepagas. Hacia el propio sector, las discusiones internas han pasado por la pertinencia de la categoría promovida por ONUSIDA de “hombre sexo con hombres” (que diluiría las identidades) por debates sobre la financiación de acciones, el carácter burocratizador y despolitizador del trabajo en prevención del VIH-sida, el destino de subsidios y la honestidad de los militantes (Insausti, 2005). En los grupos “alternativos” del campo GLTTT el reclamo fundamental ha sido la derogación de los códigos contravencionales represivos y la liberación de los presos políticos. Las demandas relativas a la unión civil, importantes hasta el año 2003, la actual reivindicación del derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo han sido objeto de discusiones conceptuales y grupales con diverso grado de enfrentamiento. Mientras en los colectivos gays más antiguos se considera un logro la sanción de la Ley de Unión Civil en la Ciudad de Buenos Aires y los avances en la Cámara de Diputados, algunos grupos gays lésbicos y de travestis relativizan su importancia por su carácter reducido y circunscrito a lo local; por una ponderación diferencial de los derechos civiles frente a los derechos humanos, por la implicancia secundaria de la ley frente a la violencia policial contra las travestis y por sus efectos de “normalización” sobre el colectivo. Para comprender la dinámica del campo y la posibilidad de sostener ciertos reclamos y demandas, es necesario incluir la conflictividad y divergencia que existe entre grupos, aunque sólo se hará referencia a las dos cuestiones actualmente más importantes: • La forma de organización, las consignas y las actividades conexas a la Marcha del Orgullo GLTT resulta un evento que visibiliza diferencias político-ideológicas y es motivo de disputas que han llevado desde 2003, con una clara

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diferenciación numérica a favor de la primera, a la existencia simultánea y paralela de la marcha y la contramarcha. Desde debates acerca de la pertinencia de plantear las diferencias por dentro o por fuera del sistema; la crítica a la marcha oficial por mercantilizada y vacía de contenido y, a su vez, el reparo a la contramarcha porque supone una fragmentación poco estratégica del campo, hasta el debate sobre la noción identitaria de “orgullo”. Se discute también sobre el origen y destino de la financiación y participación de empresas durante la celebración. Consignas divergentes simbolizan las diferencias: Marcha del Orgullo gay

Contramarcha

Voten nuestras leyes.

2008

¡Unámonos en la lucha contra el capitalismo y el patriarcado!

Nuestro festejo es reclamo: igualdad, libertad, diversidad.

2007

En contra de la cooptación de la federación y la burocracia homosexual.

Somos todos y todas maravillosamente diferentes.

2006

30 años del golpe y siguen reprimiendo.

Queremos los mismos derechos.

2005

Por la libertad de los presos políticos.

Toda la sociedad por el derecho a la diversidad. Unión Civil en todo el país.

2004

Contra el código contravencional reformado. ¿Unión Civil en el país de la represión?

Vamos por todos nuestros derechos.

2003

Contra el capitalismo y el patriarcado.

• Al interior del sector, se protesta por el comportamiento transfóbico, homocéntrico y por la invisibilización de las agendas trans y lésbicas por parte del movimiento gay, aunque estas últimas, a su vez, intentan diferenciarse de las demandas de las personas travestis.

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El enfrentamiento y la oposición son tan agudos que Pecheny reconoce que el tipo de interrelación que se da en los movimientos por los derechos sexuales “parece guiada según una lógica como la del dilema de los prisioneros: un juego en que el egoísmo aparece como la estrategia racional dominante y que tiene un resultado colectivo e individual que aunque no es el peor posible, tampoco es el mejor” y reconoce que “muchos son los ejemplos en distintos países y en la región en los cuales una lógica de gallinas lleva a la auto-destrucción de organizaciones, redes, marchas, revistas, etcétera. (Pecheny, 2003: 7)

en conflictividad interna pero también en acciones constantes de lobby, de presión política y de reclamos judiciales. Un activismo que se despliega mayoritariamente en demandas por integración social con presencia regular en diferentes organismos públicos (matrimonio, adopción, seguridad social para las parejas, cambios de identidad, reconocimiento jurídico, seguridad frente a abusos de las fuerzas policiales, etc.) y, minoritariamente, en una cierta vigilancia respecto del cumplimiento por parte del Estado de la provisión de medicamentos específicos. Concomitantemente, y concentrada en algunas ONG-DSx, ejecución de actividades de prevención primaria y secundaria de ITS.

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En sentido similar, Insausti (2005) argumenta que el estallido de la diversidad ocurrido en los noventa y cuya expansión aún continúa, no devino sólo de la apertura a la diferencia que significó la emergencia de ideas posmodernas y del paradigma neoliberal, sino de la reacción de cientos de activistas y colectivos que no se sentían interpretados por las políticas de las organizaciones que, con pretensiones de falsa universalidad, decían representarlos. Pecheny hipotetiza, siguiendo al Habermas de la teoría comunicativa, que las descoordinaciones de los miembros y organizaciones de los movimientos sociales se explican no sólo por desacuerdos en términos estratégicos (instrumentales) o normativos, sino por desacuerdos en términos dramatúrgicos, es decir referidos a la presunción de autenticidad o sinceridad de los participantes de la acción colectiva. (Pecheny, 2003: 8)

El debate en torno a cuestiones teóricas y estratégicas es imprescindible para generar acuerdos, un “nosotros” e identidades en crecimiento, y también para incidir en la legislación, en el diseño de políticas y en la asignación de recursos. Y no privativo del campo de la diversidad sexual, lo cierto es que la conflictividad y la suspicacia entre organizaciones se acrecienta en la medida en que existen recursos materiales o simbólicos en forma de viajes, posiciones de poder, representaciones, congresos, etcétera, con lo cual la acción de entendimiento y comunicación se encuentra bloqueada y los caminos para la acción colectiva conjunta, con toda su potencia ilocucionaria, se debilitan. De todos modos, interesa rescatar que el campo de la diversidad sexual, junto con el de las mujeres, es actualmente uno de los sectores que muestra un activismo sostenido que se expresa

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2.2. Demandas, conflictos y reclamos en el campo de las ONG-Mujer Desde mediados de la década de 1980, en un contexto de cambios estructurales vinculados con la globalización neoliberal y los procesos de democratización en curso, en la mayoría de países de América Latina, el movimiento de mujeres –que se había movilizado a través de las sufragistas de principios y mediados del siglo XX resurge en las reivindicaciones por los derechos humanos y la participación de las madres, abuelas y familiares de las víctimas de las dictaduras y se diversifica en varios feminismos que implementan diferentes estrategias de lucha. Teniendo en cuenta los casos estudiados en la Argentina, Chile, Colombia y Perú, Panfichi (2002) recupera las afirmaciones de S. Álvarez (1998) y reconoce que el feminismo ha dejado de ser un movimiento social unitario para convertirse en un expansivo, policéntrico y heterogéneo campo de acción que presenta como eje común la lucha por la “igualdad de oportunidades” y la promoción de los derechos de las mujeres, en tanto que la cuestión de la articulación/autonomía con el Estado es el principal factor de diferenciación dentro de movimientos y ONG feministas. No todo accionar colectivo de las mujeres puede ser caracterizado como feminista. Vargas (1993) visualizó para América Latina la presencia de tres orientaciones: una vertiente feminista, una popular y urbana, y una vertiente que actúa dentro de los partidos políticos y sindicatos. La autora aclara que estas orientaciones se cruzan entre sí, no siendo, por lo tanto, comporta-

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mientos estancos. Asimismo se presentan posiciones divergentes en torno al contenido y el alcance de las políticas públicas y a la perspectiva de género, ya que pueden diferenciarse dos orientaciones: por un lado, quienes consideran que para mejorar las condiciones de vida de las mujeres se requieren políticas públicas específicas para las mujeres (tesis acorde con las postulaciones de los organismos internacionales y apoyada por muchas organizaciones de mujeres) y, por el otro, quienes creen que la dimensión de género debe ser impartida desde la política macroeconómica:

subsidios internacionales, el interés gubernamental por implementar programas destinados a las mujeres ha promovido la interrelación con ONG para el asesoramiento y la prestación de servicios orientados a la población femenina. La creciente dependencia de algunas organizaciones de los programas financiados por el Estado amenaza la “doble identidad” de las ONG feministas y su carácter “híbrido” puesto que, por un lado, trabajan asistiendo a grupos desprotegidos pero, por otro, bregan “para alterar las relaciones de poder de género”, percibiéndose a la vez “como parte de un movimiento de mujeres mayor que abarca a otros feminismos” (Álvarez, 1998: 21). La lucha de las ONG por sobrevivir, sumada a la tendencia del Estado a utilizarlas como un canal para sustituirlo en la provisión de ciertos servicios sociales, limita el aspecto movimientista de esa “doble identidad”. Se reconoce que la capacidad crítica hacia las políticas gubernamentales y hacia las relaciones de poder se desdibujaron durante los años noventa, centralizándose el accionar en el espacio institucional, con menor presencia en el espacio público (Belotti, 1996). Con referencia a esta problemática, M. C. Feijoo (2002) resume el “estado de situación” del movimiento de mujeres teniendo en cuenta los debates desarrollados en las Jornadas “Relaciones de Género y Exclusión en la Argentina de los ‘90”, organizadas por ADEUEM (una asociación de especialistas en estudios de mujer), que permiten caracterizar la percepción de un sector importante del feminismo argentino. En dicha oportunidad (1996) se reconoció: 1) la pérdida de la calle como espacio público y de interpelación social; 2) el desarrollo de ámbitos institucionales sustitutivos del espacio público; 3) la ausencia de contraofertas feministas que equilibraran al feminismo institucionalizado; 4) la limitación de la política del movimiento al logro de reformas legales, evaluadas como estrategias de cambio; y 5) en forma minoritaria, la restricción de la modalidad “ongeísta” como única estrategia del movimiento (Feijoo, 2002: 200). En cuanto al trabajo en red como una forma de acción colectiva, B. Shepard (2003), en su investigación sobre las redes reivindicativas de ONG en América Latina, reconoce que la mayoría opera en contextos políticos muy variables y complejos, sin consenso en el interior del movimiento respecto de las estrategias políticas a seguir; estrategias que cubren un amplio espectro de actividades: desde el seguimiento de acuerdos internacionales

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La dimensión de género sólo puede ser pensada desde una política macroeconómica con un claro componente redistributivo que recupere la noción de Estado como instrumento de interés público. […] Sólo en la medida en que la ciudadanía sea una realidad sin distinción de diferencia sexual, será posible establecer políticas públicas desde una perspectiva de género. (Birgin, 1992: 34)

Resulta difícil pensar políticas enfocadas en la equidad de género importadas del Primer Mundo en países donde ese ideal está lejos de concretarse, lo cual sin embargo no implica la posibilidad de pelear por él. En América Latina, a diferencia de lo que sucede en los países centrales, las políticas sociales no responden a un efecto de retorno de un derecho exigido por los actores sociales que ya gozan de ciudadanía, sino que se espera precisamente de las políticas sociales que se construyan en inclusoras de actores y en constructoras de ciudadanos. (Tajer, 2000: 148)

La influencia de un movimiento como el feminista trasciende los momentos de acción pública y su incidencia en “períodos de latencia” continúa en forma de “laboratorios culturales” (Melucci, 1994), a través de redes y foros que nuclean grupos relativamente pequeños y muy comprometidos (De Miguel, 2002). También se constituyen a nivel regional en redes asociativas o confrontativas para la acción y discusión de diversas problemáticas de género, como la Red de Salud de la Mujer en América Latina y el Caribe, la Red de Educación Popular entre Mujeres (CEPEM) y la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual. Alentado por condicionamientos fijados a través de créditos o

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hasta asesorías, capacitación, campañas de sensibilización y defensa de derechos, así como la conformación de comités multisectoriales a nivel local. Compartiendo la preocupación de Chejter y Laudano sobre las implicancias de algunos ejes de acción, Shepard acertadamente observa que las ONG mayoritariamente profesionales, que reclaman por los derechos de la mujer, no siempre trabajan sobre las problemáticas prioritarias de los sectores populares más sensibilizados por temas como el acceso a la salud, con o sin programas de aborto. Con la promesa del “enfoque de género” incluida entre los objetivos de la reforma del sector Salud impulsada en la región por el Banco Mundial, entiende que poco se luchó desde estas organizaciones y redes por acceso y cobertura universal. Recién a partir de los efectos comprobados de esa cobertura se verifican acciones de denuncia más en el plano de las redes que de ONG específicas. Sin embargo, también es posible observar que, a partir de los “encuadres” y “prácticas óptimas” sustentadas por las agencias internacionales (OMS, UNIFEM, ONUSIDA, BM, BID), en ocasiones se han logrado “neutralizar” valores tradicionales o religiosos y avanzar en el debate público sobre los derechos de salud sexual y reproductiva, difusión del uso del preservativo o ampliación del acceso a medicamentos antirretrovirales. Varios autores muestran la coincidencia existente entre la reivindicación del movimiento feminista por el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo con el interés y el apoyo de los organismos internacionales en proyectos de ONG relacionados con el control de la fecundidad, como una forma de luchar contra la pobreza (Alonso Sierra, 2002). Sin negar las conciliaciones ni la fragmentación que produjeron la academización, el ingreso de feministas a funciones gubernamentales y el efecto de la “ongeización” sobre el feminismo latinoamericano, proceso de pasaje de la “insubordinación a la institucionalización del movimiento feminista” en la caracterización de D’ Atri (2003), las mujeres conforman uno de los pocos colectivos que en la Argentina tuvieron, en los últimos veinte años, una presencia regular y sostenida en la lucha por sus derechos y por la no discriminación. El divorcio vincular y la patria potestad compartida, la ley de cupos, las acciones de sensibilización y “cabildeo” sobre la violencia doméstica, el acoso sexual, los derechos reproductivos, el cuidado de la salud de las

mujeres mostraron un movimiento fecundo en programas y activismo (Di Marco, 2003a). En ocasión de los debates por la ley de salud sexual y reproductiva, el intento de modificación del artículo referido a la educación sexual y en la campaña por la despenalización/legalización del aborto, un grupo de mujeres y de ONG “volvieron a la calle” y puede observarse, además de algunas pertenencias dobles, que la mayoría de las consignas feministas de los años ochenta sobre estos temas han sido apropiadas por el movimiento de mujeres. Aunque las redes asociativas y los documentos internacionales sostienen la necesidad de una estrategia integral para el pleno desarrollo humano, político y social, y plantean como indispensable la promoción de la equidad de género, la superación de la discriminación contra las mujeres y las niñas, la igualdad de oportunidad y trabajo en las leyes y las políticas públicas, la promoción de las mujeres en espacios de decisión, el acceso y el mejoramiento de las condiciones y el mercado de trabajo, el pleno derecho a una vida libre de violencia y explotación, etcétera, lo paradójico es que en lo local la “táctica” política predominante en la mayoría de las organizaciones que conforman el área “filofeminista” de la mujer (como en las de la DSxy el VIHsida temáticas), la lucha sostenida es puntual y específica, sin construcción de alianzas con otros sectores ni manifestación asociada de reclamos. En el relevamiento efectuado ha sido posible registrar apoyo de las ONG-Sida y de las redes de PVVS a favor de los derechos sexuales y reproductivos y por la provisión continua de anticonceptivos en los hospitales públicos, pero no se advierte la misma preocupación por parte de la mayoría de las ONG-Mujer cuando se reclama por cuestiones viculadas al VIH-sida. Esta modalidad de operar tan específica aisló a los distintos conjuntos temáticos y ha debilitado su accionar puesto que en forma separada de otros colectivos, como estrategia política predominante, cada quien debe enfrentarse en forma aislada con “oponentes” que en muchos casos resultan ser los mismos. El “derecho a tener derecho sobre sus propios cuerpos” es actualmente el reclamo más importante en torno a los derechos sexuales y reproductivos que dinamizan el movimiento de mujeres en América Latina que gira en torno a la demanda por la despenalización/legalización del aborto. El carácter político de estas acciones colectivas y de sus fundamentos son claramente perci-

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bidos desde otros posicionamientos ideológicos. Se trata de organizaciones integradas también por mujeres que no incluyen en sus objetivos ni en sus prácticas la perspectiva de género. Dirigen sus acciones hacia las mujeres a partir de su rol de esposa y madre, privilegiando una vocación de servicio asociada con el estereotipo maternal. La mujer es identificada con el “dar”, con disposición permanente para atender y cuidar, el servicio como sinónimo de gratificación personal y el afecto como elemento de cohesión fundamental (Córdoba, 2004). Desde mediados de la década de 1980, su acción colectiva ha estado vinculada a la oposición a las leyes del divorcio, pro derecho al nonato, contra las leyes de salud sexual y reproductiva, contra la despenalización del aborto, para citar las cuestiones más ligadas a la salud. Mayoritariamente se identifican y se movilizan confrontando con las propuestas de profundización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, e integran agrupaciones pertenecientes a la iglesia católica argentina donde, asimismo, imperan actitudes homofóbicas y travestofóbicas. Desde hace años, los enfrentamientos en torno a los temas y los alcances de la ciudadanía han sido importantes. Las pugnas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso Nacional cuando se debatía la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, como en su momento fue la ley de divorcio vincular, y las presiones y contrapresiones para modificar el Código de Convivencia, que regulaba las normativas vinculadas al ejercicio de la prostitución, dan cuenta de confrontaciones cuerpoa-cuerpo, una suerte de “guerra ideológica“ que se ha multiplicado en los últimos encuentros nacionales de mujeres. Vinculado con el sector “tradicional” del campo asociativo y con grupos de la Acción Católica Argentina, la institución no gubernamental Pro Vida difundió un artículo en el que advierte que la “perspectiva de género” es el arma más peligrosa contra la vida y la familia. Por la claridad argumentativa de la “proclama”, transcribimos los párrafos muy elocuentes en los cuales, todo mixturado. Su autor carga significados y responsabilidades a los que no tienen prácticas sexuales heteronómicas y a todo aquel sospechado de no encuadrarse en los lineamientos de la teología oficial: (BUENOS AIRES, 18 Febrero 2004). En un artículo difundido por la organización Pro Vida, el autor A. Castañeda consideró la pers-

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pectiva de género como “una de las armas ideológicas más peligrosas para destruir la vida y la familia, y por ende, la sociedad”. Se trata de un concepto muy en boga en los ámbitos del feminismo antivida, según el cual “las diferencias entre hombres y mujeres responden a una estructura cultural, social y psicológica y no a condiciones biológicas”. De esta forma, “la sociedad inventa las diferencias entre los sexos y estos no tienen un origen natural. Como resultado, la perspectiva de género niega que, biológicamente hablando, los seres humanos se distingan simplemente en dos sexos: masculino y femenino, y afirma que son más las combinaciones que resultan de las áreas fisiológicas del ‘sexo biológico’, es decir, de los órganos sexuales internos y externos”, agregó el autor. […] “El cuerpo y la naturaleza humana, en sus expresiones de feminidad y masculinidad, pierden toda su relevancia moral, para convertirse en puro instrumento al servicio del placer egoísta”. “Pero -agrega Castañedano se trata solamente de una justificación ideológica del hedonismo, es decir, del lesbianismo, el homosexualismo, la anticoncepción, el aborto, etc., sino de todo un programa para ‘reconstruir’ la sociedad, imponiéndole una nueva forma de ver y vivir la sexualidad”. El concepto de familia “es vaciado de su contenido tradicional para dar pie a ‘uniones’ de homosexuales y lesbianas, con los mismos derechos que las familias normales”.

Los conflictos se amplifican cada vez que se intenta avanzar en el cumplimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, y son recurrentes las manifestaciones en contrario desde algunos obispados que recriminan la política de salud del gobierno en esta temática. Valiéndose de una caprichosa interpretación de la “objeción de conciencia”, personal médico de hospitales públicos se han negado a realizar algunas intervenciones y prácticas médicas previstas por la ley, sin derivar, como corresponde.2 La influencia 2. Cesilini y Gherardi sostienen que la objeción de conciencia constituye una “acción privada” de los médicos amparada por el art. 19 de la Constitución Nacional que, como tal, no puede ser cuestionada por las autoridades públicas, siempre y cuando no afecte a terceros. “La negativa a brindar tratamiento en los hospitales públicos tiene un claro efecto adverso sobre los derechos civiles de la población, en particular, sobre los sectores de más bajos recursos de la sociedad que concurren a los hospitales. Esto es lo que el Estado tuvo en miras de proteger con la sanción de la ley”. Si el médico en cuestión objeta, por ejemplo, la entrega de anticonceptivos, debería asegurarse que el paciente tenga la posibilidad de consultar a otro colega que no sea objetor y sobre la base de las dos posturas, tome una deci-

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de factores de poder tradicionales en la Argentina y su peso en los partidos políticos y los medios de comunicación es tan alta que recién a fines de 2006 se logró refrendar en el Poder Legislativo el Protocolo Facultativo de la Convención de Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), que permite a las mujeres apelar ante las instancias internacionales cuando los mecanismos nacionales no resulten efectivos para garantizar sus derechos. Si bien la ley 25.673 de Salud Sexual y Reproductiva no se cumplimenta debidamente, teniendo en cuenta su promulgación, los avances logrados al haberse incluido los materiales de anticoncepción dentro del Plan Remediar y la obligación de su provisión por parte del sistema de seguridad social, casi todas las organizaciones entrevistadas estiman que su aprobación ha tenido que ver con el ejercicio de los derechos de ciudadanía de una sociedad civil movilizada y, en este caso, liderada por grupos de mujeres (institucionalizados o no) con el apoyo de las ONG de derechos humanos y algunos organismos públicos como la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, centros académicos y normativas de Conferencias Internacionales. De los tres conjuntos temáticos cuyas acciones se interrelacionan con la problemática del VIH-sida, han sido los colectivos de mujeres quienes mantuvieron una presencia más regular en la esfera pública y, al menos entre quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos como campo de construcción de ciudadanía, fueron los que menor grado de visibilidad en sus disputas o internas tuvieron. Tal vez la existencia de poderosos “oponentes” colabore en la unidad. Queda pendiente el interrogante sobre si el tema instalado con fuerza en el último lustro en la agenda de muchas de las ONG-Mujer vinculadas con el campo de la salud y los grupos de feministas que se expresa en las consignas “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no

morir” y “Despenalización del aborto garantizando su práctica gratuita en hospitales públicos” ampliará el espectro de los actores sociales que se movilizan en torno a los derechos sexuales y reproductivos y en vinculación con el derecho a la salud o si, por el contrario, limitará la posibilidad de alianzas. A pesar del apoyo explícito del anterior Ministro de Salud por la despenalización, la recomposición de los elencos ministeriales y de algunas relaciones iglesia-gobierno introduce dudas sobre su factibilidad…

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sión propia. “El derecho a la reserva de conciencia es un derecho constitucional que no tiene por qué incluirse en Salud Reproductiva –agregó Maffia. En todo caso, cualquier persona tiene derecho a hacer una objeción de conciencia, pero a nivel personal y no institucional: hay muchos jefes de servicio y directores de hospitales que por ser objetores de conciencia a título personal, obstaculizan institucionalmente las prácticas con las que no acuerdan”. (Nota periodística, recibida por e-mail, 2005)

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2.3. Demandas, reclamos y conflictos en el campo de las ONG-Sida Sin considerar aquí los organismos de derechos humanos, las instituciones que trabajan en las temáticas del VIH-sida se constituyeron en grupos de presión manifiesta colocando en el escenario público, desde fines de los años ochenta, cuestiones de alta significación social que hacen a la calidad de vida y a la dignidad de las personas vinculadas a temáticas de salud, género y sexualidad, entre otras. Junto con los avances en la respuesta médica al padecimiento por la aplicación progresiva de los medicamentos antirretrovirales y la existencia de fuentes de financiamiento para el desarrollo de actividades de prevención, se verifica en el campo de las ONG con trabajo en sida una modificación en sus demandas y reclamos, a la par que se incrementa hacia el interior del sector la conflictividad y el cuestionamiento recíproco. Si bien la ley 23.798 sancionada en agosto de 1990 y parcialmente reglamentada un año después responsabiliza al Estado en lo atinente a la provisión de elementos en hospitales, en lo educativo y preventivo, en la implementación de campañas, en la capacitación de personal, tanto el personal médico (Biagini, 2000) como los integrantes de las organizaciones estudiadas sostienen que el accionar del Programa Nacional de Sida no acompañó al desarrollo de la epidemia en términos de prevención, diagnóstico y asistencia. La introducción de las terapias combinadas movilizó el activismo con respecto al acceso al tratamiento no sólo en términos de voces colectivas sino también a través de la vía jurídica en lo que constituyó, por su trascendencia, el más importantes reclamo organizado: la presentación de un recurso de amparo en representación de PVVS por parte de un grupo de organizaciones ubicadas en Ciudad de Buenos Aires

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(véase el capítulo 5). En un contexto nacional e internacional en el cual se promovían y aplicaban en el Sector Salud medidas neoliberales de “desguace del Estado”, el referido fallo supuso un “quiebre” y una nota diferencial cuyo resultado no puede atribuirse a la mera fuerza del campo asociativo ni a posturas de una Corte Suprema vigía atenta y cuidadosa de las políticas de privatización y reducción de servicios públicos. El dictamen a favor de la demanda de la sociedad civil constituye una elocuente expresión de la diferencial construcción del sida respecto de otras enfermedades. La propia Ley de Sida que fija la obligatoriedad del Estado en materia de atención médica y prevención –más allá de las fallas o irregularidades en las gestiones gubernamentales– constituye un claro ejemplo de cobertura universal, que la diferencia de las políticas focalizadas ampliamente promovidas por el Banco Mundial. Incluso, con anterioridad del mencionado fallo, el Programa Nacional de Sida fue cubriendo desde 1996 la mayoría de los tratamientos, habiéndose logrado igual abordaje en el área de la medicina privada y las obras sociales, aunque con un peculiar sistema de reintegro, lo que supone que se financia con rentas generales a todas las personas, tengan o no cobertura y medios económicos suficientes mientras, por el contrario, el sistema de salud experimentaba una fuerte precarización y una disminución en la accesibilidad a la asistencia pública para otros padecimientos. Un dato elocuente lo constituye el hecho de que las erogaciones de dicho Programa (alrededor del 95% son gastos corrientes, o sea, medicamentos e insumos) representan algo más del 10% del presupuesto total de salud para un padecimiento que no llega al 1% de la población total.3 Dos puntos de inflexión son posibles de determinar respecto al VIH-sida y a la acción colectiva. Por un lado, el aumento en la provisión de los antirretrovirales delinea un programa de salud más acorde con las políticas del Estado benefactor que las que caracterizaron el accionar del gobierno durante la década de

1990. Por otro lado, la circulación de recursos destinados a las ONG a través del LUSIDA (1998-2002), GTZ, ONUSIDA y la importante financiación para acciones de prevención primaria y secundaria por parte del Fondo Global de Lucha contra el sida, TBC y Malaria (2003-2008). Ambas circunstancias coadyuvaron a una relativa desmovilización de las organizaciones, reducción de demandas y reclamos públicos. A partir de 2000, se tratará de “esporádicos” impulsos, en general alrededor de fechas específicas y de temáticas acotadas, protagonizados más por las redes de PVVS que por las ONG específicas o no específicas, si bien en la Argentina se producía uno de los momentos más agudos de la protesta social. Una forma de caracterizar a las instituciones, grupos y colectivos es conocer los temas que incluyen en sus agendas, la visión que construyen sobre ellos y las formas en que se comunican. Con la finalidad de apreciar cómo se “exhiben” en términos relativamente públicos y con qué problemáticas se comprometen, se recopilaron y clasificaron los mensajes que circularon durante los años 2003 y 2005 en el e-group del Foro de ONG de Argentina con trabajo en VIH-sida. 4 Dicha lista inicia en setiembre de 2001 como una herramienta para estimular la comunicación entre las distintas regiones del país y como un medio para la conformación del Foro Nacional de ONG con trabajo en sida, el que se constituirá en un referente con representatividad nacional para encarar estrategias de trabajo, sobre todo las vinculadas a convocatorias y presentación de propuestas ante el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y para nombrar delegados a organismos nacionales, regionales o internacionales (MCP; Grupo Temático; MERCOSUR; ONUSIDA; etcétera). El e-group del Foro de ONG con alrededor de 260 organizaciones inscriptas, es utilizado como un canal de comunicación para exponer y denunciar la situación de las PVVS, reclamar por la situación de los estudios de carga viral o el suministro de los medicamentos pero, especialmente, circulan asuntos vinculados con información internacional de noticias y eventos, presentación de proyectos, resoluciones del MCP y problemas vinculados con los tiempos y el carácter de las convocatorias a proyec-

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3. Según datos de la Dirección de Programación y Control Presupuestario del Ministerio de Salud de la Nación, el crédito vigente del Programa Lucha Contra Sida y ETS para el ejercicio 2003 y 2007 representó, respectivamente, el 13% y el 12% del monto asignado a la Administración Central del referido ministerio para el mismo período.

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4. Foro de ONG VIH-sida: http://www.eListas.net/lista/foroONG.

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tos de prevención primaria y secundaria. También, es el espacio donde se expresan disputas y conflictos entre las organizaciones y se exponen alianzas, internas y animosidades con un tono cercano, en ocasiones, a la “artillería pesada”. Los reclamos centralmente denuncian inoperancia y falta de presupuesto del Programa de Sida de la provincia de Buenos Aires, deficiente distribución de los ARV en distintas regiones sanitarias, inadecuada atención médica en hospitales. Hay cuestionamientos a la calidad de los medicamentos, protestas por las condiciones sanitarias y de alimentación en que viven las PVVS en cárceles y comisarías, reclamos por irregular provisión de preservativos en esas situaciones, falta de reactivos y otros insumos para análisis de carga viral en efectores públicos. Finalmente, advierten sobre la existencia de pruebas clínicas (prelaborales) en forma encubierta, y situaciones de discriminación. Sin embargo, las cuestiones centrales que se discuten (la distribución del presupuesto del Programa Nacional de Sida, los fondos otorgados a los distintos objetivos de la Propuesta Argentina del Fondo Mundial, evaluaciones negativas de los proyectos presentados por alguna ONG) adquieren particular trascendencia porque generan acalorados “debates” caracterizados por un alto grado de confrontación y suspicacia. Con frecuencia se trata de controversias en torno a recursos financieros y simbólicos; conexiones e información que, en vez de socializarse, son sospechadas de ser apropiadas para beneficio del endogrupo o de la institución. La situación económica crítica, el desempleo y la “profesionalización” han atentado, asimismo, contra la posibilidad de contar con voluntarios para el sostén de las acciones. De ahí también la importancia otorgada a la forma en que se eligen los proyectos; se administren y distribuyen los recursos o el conflicto que generan las dudas sobre su destino; la selección de los proyectos cuando no la legitimidad de evaluadores, técnicos e integrantes del propio MCP. Fuente de polémica ha sido la reducida participación que denuncian las ONG del interior del país, que consideran que no se toman en cuenta sus propuestas, que las decisiones quedan en manos de unos pocos representantes de las ONG de Buenos Aires las que, en general, tienen una estructura y apoyatura institucional de mayor envergadura, para no mencionar la conflictividad existente entre el ámbito de las ONG y las Redes de PVVS.

Momento de gran impugnación hacia los representantes del Foro de ONG y al conjunto de integrantes del MCP, incluidos los evaluadores externos, fue la comunicación de las propuestas seleccionadas en el marco de la primera convocatoria del Fondo (agosto-setiembre de 2003) ya que, sin previo aviso, se modificaron los criterios de selección según zonas. Esta situación propició la incriminación por incumplimiento de los mandatos delegados por las ONG a sus representantes y las sospechas de que estos se “autoaprobaron” los proyectos culpabilizándose, al interior del sector, cuestiones derivadas de cambios en los propios criterios del Fondo Mundial y de lineamientos poco claros por parte del Programa Nacional. En el informe de Consultoría Técnica realizado por consultores externos unos meses después del cierre de la primera convocatoria de proyectos, las conclusiones fueron altamente críticas hacia el funcionamiento del MCP puesto que:

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Se ha producido una confusión de roles, el órgano de la Conducción Superior ha realizado funciones propias de un órgano de evaluación. Ello ha derivado en que se ha puesto en discusión la existencia del conflicto de intereses, situación que no ha sido resuelta adecuadamente, influyendo para ello que el problema devenía de una deficiencia estructural en la forma en que fue organizado el sistema. […] Es necesario incorporar un órgano de evaluación al sistema, dotándolo de una suficiente independencia, el cual debiera incluir el respeto por sus decisiones. Tampoco se han dispuesto instancias para procesar los disensos. (Rodríguez et al., 2003: 22).

Es interesante destacar que la conformación del MCP de la Argentina presenta peculiaridades respecto de los de otros países, ya que tiene un carácter multisectorial con una importante presencia de PVV y de ONG: de un total de quince integrantes, originalmente siete son representantes de la sociedad civil. Posteriormente se aprobó la incorporación de la Red de Personas Transexuales y la Asociación Nacional de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR). En otros países, la estructuración es más verticalista y depende de las designaciones de autoridades gubernamentales, sin convocatorias públicas de proyectos ni instancias de evaluación. Y con un discurso también promovido por la parcialidad de

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las internas, conjuntamente con la realidad de los mandatos vencidos de los representantes, se concluye:

Programa Nacional de Sida, de recursos financieros pertenecientes al Fondo Global, denuncia que se acompaña de sospechas por claudicaciones y concesiones en el manejo de los fondos desde áreas comunitarias hacia áreas de bajo manejo del gobierno por parte de representantes del Foro de las ONG de Sida que están cuestionados por no haber renovado sus mandatos vencidos:

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En la medida en que los mismos que dicen ser referentes del Foro estén sentados en el MCP, no habrá Foro que sea herramienta independiente del control del Estado ni herramienta para impulsar los reclamos de la gente. (Directivo ONG, 17/10/2004)

Las ONG de Sida y las Redes de PVV, durante el período 2003-2007, sin presencia en los medios de comunicación y con carácter más reservado, orientaron su accionar hacia reclamos específicos dirigidos al ámbito nacional o provincial de los Programas de Sida (información direccionada al propio e-group, notas presentadas a mesas de entrada de organismos gubernamentales y lobby con funcionarios públicos, presencia grupal frente a los edificios públicos, reclamos en jornadas y eventos de la temática). De la totalidad de mensajes relevados entre 2003 y 2005 hemos ubicado una sola advertencia sobre la inexistencia de articulación entre dichos programas y el de Salud Sexual y Reproductiva, así como reducidas las acciones tendientes al control temprano del embarazo y, por tanto, de la transmisión materno infantil (Fundación RED, 25/11/04). Los llamamientos respecto del incumplimiento de la legislación vigente se sostienen en la defensa de la calidad de vida de las PVV ante dificultades en la provisión regular de medicamentos. Intermitentemente, se demandaba por la promulgación de la Ley de bioequivalencia y biodisponibilidad a fin de contar con drogas con garantías de seguridad y equivalente eficacia terapéutica. En esta temática, en los últimos cuatro años han sido más activas las redes de PVV (Redar + y la Red Bonaerense de PVV), con mayor nivel de confrontación hacia el Programa Nacional. Se valen, asimismo, de recursos de amparos presentados por personas individuales a la Defensoría del Pueblo, Poder Ciudadano, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, para garantizar la provisión de medicamentos específicos que aquel reemplaza con copias, y denuncian, asimismo, la falta de cobertura para la realización de estudios de genotipificación para casos de fallos terapéuticos. Una cuestión de recurrente controversia entre las ONG, aunque minoritaria, refiere a la posible o real utilización, por parte del

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No estamos hablando de un programa de gobierno y de la sociedad civil pidiendo cosas a autoridades constitucionalmente elegidas, estamos hablando de un proyecto que fue construido fundamentalmente por la sociedad civil, que fue aprobado gracias a ello ya que en aquel tiempo nadie en el mundo creía en ninguna autoridad argentina, y respecto al cual las organizaciones de la comunidad tenemos el derecho de controlar hasta en sus más mínimos detalles, proponer y ser escuchado. (S 8, F, D, V, marzo de 2003) Los mismos problemas en la adquisición de medicamentos, la misma falta de control en la calidad, la misma ausencia de campañas nacionales de prevención... Sólo que ahora los responsables serán las “ONG” que administren los recursos del Fondo Global, a quienes el gobierno de turno podrá usar de chivo expiatorio por su falta de políticas serias en la materia... Es otra oportunidad desperdiciada. R.V. (mail Foro ONG-sida 21/10/2003)

Los “fuegos de artillería” hacia el gobierno nacional por parte de las ONG-Sida se han limitado en los últimos años a los ámbitos ministeriales o al propio e-group, sin repercusiones en la esfera pública, lo que debilita la presencia y potencia ilocutoria de los reclamos. No se encuentran solicitudes para agilizar el sistema de análisis de carga viral o la accesibilidad a los efectores públicos de atención médica. En agosto de 2005, y sólo por un período muy breve, se reposicionan en la lista del Foro algunas propuestas para implementar, con otro tipo de políticas sociales, mejores condiciones de vida, trabajo y alimentación de los afectados, un tema descuidado en años anteriores. Salvo casos aislados, tampoco se han manifestado por modificaciones en el sistema sanitario y por políticas de salud que supongan demandas por cobertura universal o, como se analiza en la próxima más adelante, se hayan integrado con otros actores sociales para reclamos por esas cuestiones. Los reclamos de las ONG-Mujer también remiten a proble-

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máticas sectoriales y están generalmente encabezados por organizaciones que trabajan esas temáticas de manera específica. Resaltan las demandas en torno a derechos sobre salud sexual y reproductiva planteada desde el Foro por los Derechos Reproductivos, las luchas de Católicas por el Derecho a Decidir contra la intervención del sector conservador de la Iglesia. Cuando los reclamos responden a cuestiones enmarcadas en fechas paradigmáticas (“Día Internacional de la Mujer”, “Día de Acción Internacional por la Salud de la Mujer”) o surgen de acontecimientos o situaciones particulares, participan mayor diversidad de organizaciones aunque pocas veces su presencia se mantiene con el mismo énfasis en el tiempo, con excepción de la campaña por la legalización del aborto a escala nacional llevada a cabo en distintos ámbitos desde el último semestre de 2005. El accionar de las ONG excede las reivindicaciones y discusiones que puedan generarse dentro de las listas de distribución de correos, sin embargo, estas constituyen un valioso medio de comunicación entre organizaciones de orígenes diversos pero que trabajan en las mismas problemáticas. La crítica y los debates aportan a los procesos de democratización y tarea de “vigilancia” y control social, y, aunque concentrados en el caso del Foro de ONG a unas pocas y activas organizaciones, evidencian también la disconformidad y el temor a la cooptación y al prebendalismo. Sin embargo, la vigilancia, el estar alerta sobre el destino de los millones de dólares provenientes del Fondo Global, en una sociedad como la Argentina, donde prima la desconfianza, contribuyó a debilitar el carácter movimientista y confrontativo que tenía la sociedad civil en torno al sida respecto de las políticas públicas y propició la fragmentación de fuerzas tanto en las ONG específicas como también en las no específicas: Y, yo detecto una hegemónica lógica que llamo fund raising logic (a propósito en inglés), que crea una interacción perversa entre pares por dinero, privilegios, viajes y cargos. No es para echar culpas a personas, sino para entender lógicas, las cuales son tan funcionales al neoliberalismo y tan comprensibles en un contexto de empobrecimiento. El sida trajo dinero, y el dinero soluciones y problemas. Habrá que saber cómo actuar ética y políticamente, e intelectualmente ante eso. (Participante del Primer Foro de Ciudadanía Sexual sobre Diversidad Sexual, 2004).

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La protesta social, siguiendo a Naishtat, se caracteriza por la triangularidad enunciativa que es propia de la retórica y que involucra los casos del discurso en los que los públicos y los auditorios son una figura co-constitutiva. Desde esta perspectiva, la capacidad de la protesta para generar nuevos públicos implica operaciones de reconfiguración de nuevos marcos temáticos y de nuevas comprensiones. (Naishtat, 2005: 374)

En síntesis, para el caso de las ONG-Sida, la acción colectiva crecientemente circunscripta a ámbitos de reclamo, presión y lobby “no manifiesto” pareciera haber producido un debilitamiento de la fuerza que las había caracterizado en períodos anteriores, puesto que ha restringido su capacidad para generar un público susceptible de apropiarse del reclamo. No sucede lo mismo con la cuestión Mujer ya que, y para una variedad más amplia de problemas, presenta una mayor visibilidad y permanencia en los medios de comunicación. Sólo con reclamos acotados a los tratamientos específicos al VIH y a derechos vinculados a colectivos particulares que, en comparación con otros padecimientos o problemáticas sociales, ha tenido mayor reconocimiento y cobertura, la posibilidad de generar articulaciones con otros actores sociales y políticos se ha reducido en el campo del sida, en comparación con las temáticas y prácticas del movimiento de mujeres y de los grupos GLTTI que presentan una alta carga simbólica en la que se enfrentan posiciones ideológicas que cuestionan el orden tutelar tradicionalmente articulado con la trampa de la moral única (Nugent, 2005). 6.3. Protesta social y estrategias de lucha Unidos en lo público, los individuos crean y recrean, mediante palabras y hechos contingentes, las leyes e instituciones que estructuran la vida colectiva, regulan sus conflictos y desacuerdos recurrentes y tejen las narraciones de su historia. (YOUNG, citado por Grassi, 2004: 31)

Sistematizando el ciclo de protestas sociales iniciado en la Argentina en 1996, con los primeros piquetes y puebladas en el

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interior del país a partir de las privatizaciones de las empresas del Estado en servicios públicos, petróleo y transporte, Seoane (2004: 5) advierte un

estrategia política de organización popular que intentó nuclear a los participantes también en torno de otras necesidades (salud, educación, vivienda). Los medios utilizados para lograr dichos objetivos son diversas formas de protesta y lucha social, entre las que se destacan las medidas conocidas como “piquetes” o cortes de rutas que lo distinguen de otro tipo de organizaciones. Mayoritariamente reclamaban un modelo de Estado de bienestar que implementara políticas globales de inclusión. Hay grupos autónomos, con perfiles anarquistas; los hay con vinculación a partidos en general de izquierda y, como el caso de Barrios de Pie entre el 2004 y el 2008, ha direccionado desde el Estado políticas sociales siendo, de todos modos, el movimiento que más se ha preocupado por las temáticas de salud y educación popular. En la Argentina, Grimberg (2003) observa desde fines de los noventa, a través de los movimientos de trabajadores desocupados y las asambleas barriales, un proceso de politización de los problemas de la salud en múltiples y diversas prácticas, que abarcan tanto acciones de confrontación como iniciativas cotidianas, y propone que:

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proceso de articulación de nuevas prácticas colectivas, de nuevos movimientos asociados a nuevas formas de organización, de lucha y de inscripciones programáticas e identitarias, que daban cuenta y emergían frente a las realidades sociales forjadas por las políticas neoliberales.

Se trata de otro tipo de actores no gubernamentales que están luchando contra la injusticia, la pobreza, el desempleo y la exclusión social. Más próximos a las formas movimientistas de protesta, levantan también el tema identitario pero vinculado a condiciones de vida y trabajo y reconfiguran la idea del excluido o del desocupado a través de un variado sentido de derechos (De Piero, 2004). Las movilizaciones, huelgas, cortes de ruta, cacerolazos, ocupaciones de oficinas públicas y empresas abandonadas por sus propietarios que culminaron hacia fines del 2001 con la aparición, en el terreno de la acción colectiva de los sectores medios urbanos, dan cuenta de fenómenos de protesta social que presentan algunos de los rasgos que tipifican a los movimientos sociales latinoamericanos que confrontan con el orden neoliberal: los colectivos se configuran territorialmente a partir de un espacio geográfico y comunitario particular, se reivindican modelos organizativos horizontales y asamblearios, y se incentivan procesos de apropiación societal de la cuestión pública (Seoane, 2004). Se trata de grupos no institucionalizados, organizaciones de base, barriales y locales de distinto tipo, en su formato de asambleas barriales autoconvocadas, Movimientos de Trabajadores Desocupados que, parafraseando a Habermas (1990: 460), “en los instantes críticos de una historia acelerada, pese a su escasa complejidad organizativa, a su débil capacidad de acción y a sus desventajas estructurales”, invirtieron la dirección de los circuitos de comunicación convencionalmente consolidados en el espacio de la opinión pública y en el sistema político. En lo manifiesto, el objetivo principal de este tipo de movimientos es lograr para sus integrantes la obtención de planes de ayuda social otorgados por el Estado, ya sea a nivel nacional o provincial, a cambio de algún tipo de prestación laboral por parte de los beneficiarios. De modo latente, y según los diversos encuadramientos, configuraron una

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Esta área de prácticas definidas como “salud” se constituye en espacio de resistencia, demanda y protesta social, a la vez que en eje organizador de nuevas prácticas y nuevos actores y en eje movilizador en la coyuntura. (Grimberg, 2003: 3)

A partir de 1998, con cobertura mayor desde el 2002, se ejecutan por parte del gobierno nacional y con fondos provenientes de créditos internacionales programas que suministran un estipendio mensual a los trabajadores “desocupados”, la mayor parte de los cuales se vehiculiza en forma bastante clientelar a través de los gobiernos provinciales y municipales, los partidos políticos y las legislaturas. En el momento de mayor incidencia de su accionar, se calcula que sólo el 5% del total se canalizaba a través de grupos movilizados en torno a la figura del “piquetero” y de los movimientos de trabajadores desocupados. Si bien son objeto de captación por parte de partidos políticos y gobiernos de todos los niveles (De Piero, 2004) y establecen relaciones instrumentales con ambos, en muchos casos, en el día a día, están construyendo un nuevo estilo de hacer política. En sus orígenes, pusieron en cuestión la democracia representativa y lucharon por formas más directas de participación.

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A través de los Movimientos de Trabajadores Desocupados nucleados en la Coordinadora Aníbal Verón, la Corriente Clasista y Combativa, la Federación de Tierra y Vivienda, en Barrios de Pie en el Movimiento Tierra y Liberación y en algunas empresas recuperadas, desde los sucesos del 19 y 20 de diciembre del 2001 estos colectivos tomaron de una manera más global la temática de la salud bregando por políticas alimentarias, acceso al sistema de salud y cobertura universal e incluyeron gradualmente la prevención del VIH-sida, el tema de la salud reproductiva y la problemática del uso abusivo de sustancias legales y no legales. Sus acciones incluyen la capacitación a integrantes de las comisiones de salud y género que funcionan a nivel barrial, desarrollando así una interesante herramienta organizativa y de movilización hacia adentro y hacia fuera del movimiento. Con distinto grado de desarrollo y sistematicidad, hacia el interior de los colectivos nombrados las acciones de sensibilización y capacitación posibilitan a las familias la apropiación de saberes y prácticas que ayudan a prevenir situaciones de riesgo; al exterior, a partir de diagnósticos de situaciones específicas de daño (bajo peso, desnutrición, violencia doméstica, alcoholismo), permiten estructurar demandas y acciones de presión colectiva en el nivel municipal para obtener alimentos, medicamentos, materiales anticonceptivos y atención médica.5 De

acuerdo con las características territoriales, en algunos movimientos se impulsan programas destinados a atemperar la violencia familiar, postas o locales para atención clínica, pediátrica y ginecológica, alfabetización de adultos, etc. Empero, persiste una “visión estereotipada con respecto a los valores y normas que sustentan las relaciones de género” y “resulta difícil aún abandonar ciertos mitos del modelo tradicional” (Di Marco et al., 2003b: 180) aunque tampoco se puede obviar el desarrollo de un “proceso de conquista” y de empoderamiento de un nuevo espacio, fuera de lo doméstico (Contreras, 2003). “Rebelión en el piquete”, anunció el diario:

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5. Resulta elocuente el testimonio de una referente comunitaria de Barrios de Pie quien comentaba, en un relato surgido de una observación de campo, los diversos tipos de reclamos y acciones de presión directa corte de avenidas, escraches ante edificios públicos, amenaza de convocar a los medios de comunicación, etc.- que deben realizar para que algunos gobiernos municipales admitan las problemáticas locales de salud. En ocasión de informar sobre el resultado de un relevamiento de talla y peso en niños menores de 15 años realizado por dicha organización en el marco de la Campaña General San Martín (2003-2004), los datos indicaban problemas de crecimiento en más de la tercera parte de los encuestados, el secretario de salud de un municipio expresó que la información no era válida, que en la “Cava” (una conocida villa miseria de un distrito del Gran Buenos Aires) no se registraban esos índices de desnutrición y que la información obedecía a que los niños medidos y pesados “debían ser hijos de jockeys” (sic). Para conseguir que les sean colocados DIU, el grupo de promotoras y vecinas debieron pasar por instancias de movilización, presión y amenazas cuando no se cumple con lo acordado; aunque los materiales sean provistos por el Programa Nacional de Salud y Recreación Responsable se registran

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Imponiéndose sobre los chistes fáciles de sus propios compañeros, las mujeres de los distintos movimientos de trabajadores desocupados Aníbal Verón comenzaron a juntarse en asambleas de mujeres para exigir más participación en los espacios en que se toman decisiones. Porque ellas, dicen, “saben de poner el cuerpo, pero están aprendiendo a hacer oír sus voces. (Página 12, 2 de julio, 2004) Entre 2001 y 2002 operaron cambios que tuvieron que ver con una mayor visibilidad de las mujeres de los sectores populares en relación con sus carencias y necesidades. En los barrios no sólo se dejaron oír sus voces de protesta frente a la borrachera de sus compañeros, también se empezó a señalar a los golpeadores, a los violentos. (Elsa Schvartzman, comunicación oral, mayo de 2006)

El espectro organizativo y los fines que las movilizan son diversos. Algunas organizaciones se limitan a pedir subsidios y canalizan demandas dentro de un sistema similar al clientelar utilizado por los partidos políticos tradicionales; otras realizan un trabajo comunitario con horizontalidad asamblearia con acciones dirigidas a suplir las necesidades de las familias participantes demandando planes sociales, bolsones de comida, comedores comunitarios y generando emprendimientos productivos para la propia sustentación. Finalmente, aquellas que tienen una conformación más autónoma e independiente suponen que el reclamo para el otorgamiento de planes sociales las coloca en una situademoras y dilaciones para su colocación en los servicios de salud y, en algunos casos, se pretendió arancelar la prestación.

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ción de degradación, por lo cual desarrollan emprendimientos basados en una economía social y solidaria. [...] Sus luchas están centradas en la exigencia al Estado del cumplimiento de políticas de las cuales es responsable: salud, educación, etcétera. (Di Marco et al., 2003b: 173)

En la Argentina los movimientos sociales que en el actual ciclo de protesta impulsaron demandas globales de salud pertenecen a sectores populares y reclaman políticas inclusivas, un sistema de salud accesible y con cobertura universal. Su presencia en los Foros sociales de Salud realizados en Buenos Aires o en las marchas organizadas por trabajadores de los hospitales del Gran Buenos Aires da cuenta de un eje de reivindicación importante durante el período 2002-2005, aunque en situación de declinación desde el último semestre de ese año. Varios de los movimientos de trabajadores desocupados han adherido y participado en diferentes ciudades del país a favor de la campaña por la legalización del aborto, aunque difícilmente pueda registrarse la presencia de los colectivos de mujeres, gays, redes u ONG-Sida cuando aquellos se movilizan en pos de sus reclamos. Las organizaciones que integran el Foro Social de la Salud, la Comisión Interhospitalaria del Conurbano Provincial (CICOP) y la Intersalud de Asambleas Barriales denunciaron las implicancias del Plan Federal de Salud, como una criatura creada por el Banco Mundial para perpetuar la desigualdad y la dependencia, copiada de la propuesta de Colombia. Más allá de las diferencias, las demandas de salud promueven una salud pública, gratuita, igualitaria y accesible. Algunos de estos objetivos fueron de carácter inmediato: – resolver el problema del hambre; alimentos a todos los comedores barriales, escolares, hospitalarios, salas de atención primaria, instituciones de ancianos, albergues, cajas de alimentos para desnutridos y todo otro sistema en forma “inmediata”; – implementar el “boleto sanitario” para la atención ambulatoria y hospitalaria; – gratuidad en las prestaciones; contra el arancelamiento abierto o encubierto del sistema público. – funcionamiento completo, con dotaciones de trabajadores de la salud adecuadas, de los centros, salas de salud y hospitales públicos. (Convocantes: II Foro Social de la Salud: Intersalud del Oeste,

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Sala de Salud del Barrio María Elena (La Matanza), Pro-Cátedra de Salud y DDHH de la Facultad de Medicina, Asambleas de Ramos Mejía y Villa Sarmiento, CICOP, y, por el Hospital Nac. Prof. A. Posadas: Agrupación “13 de Agosto”, Asociación de Profesionales y ATE/CTA Gran Morón. Barrios de Pie, los Movimientos de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón de Almirante Brown y Varela, el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Movimiento de Emprendedores Comunitarios de La Matanza, noviembre 2003).

También los convocantes apuntan a redefinir aspectos más amplios de política de salud pública, tales como demandas de: – control de la gestión de los centros, hospitalarios y secretarías de salud por las organizaciones populares, asambleas, multisectoriales y barriales; – producción de medicamentos, vacunas e insumos a partir de universidades, hospitales, institutos nacionales, provinciales y municipales, etc. con financiamiento estatal y distribución “gratuita y completa” en los centros de atención primaria y hospitales; – aumento del presupuesto dedicado a la salud pública, y según los agrupamientos, bajo control de las organizaciones populares, barriales, etcétera; – garantía de prestaciones para discapacitados y pacientes con enfermedades crónicas; – otras demandas se relacionan con el PAMI y con los trabajadores de la salud (aumento remuneraciones, capacitación, condiciones dignas de trabajo, cobertura de vacantes y aumento de emergencia).

En varias provincias se ha denunciado la precariedad en el acceso a los sistemas de salud que tienen los habitantes de los barrios, y desde las organizaciones barriales que integran los movimientos de trabajadores desocupados se implementan propuestas “para dar respuestas inmediatas”, a través de la capacitación de Promotores de Salud, para lo cual se organizaron comisiones de salud, educación y mujer integradas por los vecinos interesados. En el caso de Barrios de Pie, las acciones de capacitación se han extendido a temáticas de salud sexual y reproductiva, prevención del VIH-sida, salud bucal, control de peso y talla, encuestas sobre el estado del sistema sanitario provincial y de las unidades sanitarias. En el área de educación, también

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algunos colectivos, frecuentemente con colaboración de universidades públicas, han realizados campañas de alfabetización de adultos utilizando el método de alfabetización cubano. Recientemente, impulsado por los MTD se ha creado el Bachillerato popular de adultos, basado en la pedagogía de la educación popular. A diferencia del “dar caritativo”, lo interesante es que estas acciones no se realizan para suplir la acción estatal sino para favorecer la idea de la salud como un derecho social y politizar las demandas y reclamos en torno a cuestiones de salud y medio ambiente. En el período analizado, frente a las convocatorias, denuncias y llamamientos vinculados con las políticas de salud se han registrado aisladas adhesiones entre los mensajes que circulan en el egroup del Foro Argentino de ONG-Sida, unas pocas menciones críticas al Plan Federal de Salud y prácticamente ninguna comunicación la Red Informativa de Mujeres de Argentina (RIMA), como si fuera posible en ambos casos, velar por la prevención primaria y secundaria del VIH-sida o separar las reivindicaciones a favor de la educación sexual y el aborto seguro y gratuito de la situación de los servicios públicos de atención médica, dos de los ítems temáticos más frecuentes en las respectivas listas. A su vez, desde el 2003 se observa una fuerte presencia del activismo femenino en torno a la campaña por la legalización del aborto, seguro y gratuito, situación que se refleja profusamente en RIMA pero pasa casi inadvertida entre los mensajes que circularon en el Foro de ONG-Sida. Es decir, mientras los movimientos piqueteros y las organizaciones sociales de base reclaman políticas inclusivas, un sistema de salud accesible y con cobertura universal, las ONG están dedicadas a la ejecución de proyectos y cierto control social de las políticas públicas, como es el caso de las ONG-Sida y DSx respecto del Fondo Mundial y del Programa Nacional de Sida y las de mujeres, que están monitoreando el cumplimiento del Programa y la legislación vinculada con salud sexual y reproductiva. La Argentina ha experimentado conmociones sociales y zozobras constantes entre la desocupación forzosa, las ganancias inescrupulosas y el ajuste económico sistemático. Se realizaron infinidad de marchas de distintos sectores vinculados al mundo del trabajo, la justicia, la cultura y la educación. Excepto algunas acciones puntuales durante el período en que se ejecutaba el

LUSIDA (entre 1998 y 2001) y se implementaban los subsidios financiados por el Fondo Mundial (2003-07), el nivel de confrontación entre las ONG-Sida y el Estado disminuyó significativamente, al tiempo que las luchas sociales se incrementaban y se reagrupaban movimientos sociales y sindicatos en todo el país. La mayoría de las ONG relacionadas con las temáticas seleccionadas no estuvieron presentes en el escenario público de debate general por reivindicaciones extrasectoriales y macrosociales, lo que denota y refuerza la fragmentación social y política operada durante la década de 1990. Si bien en el campo de las ONG de promoción y desarrollo se valoriza una racionalidad menos ligada a la conquista del Estado, del poder y más orientada a una búsqueda de mayor autonomía, democracia y pluralismo, a la vez se muestra debilidad a la hora de modificar políticas globales (García Delgado, 1994). Cabría preguntarse si esta debilidad guarda relación con las apelaciones por demandas centradas en objetivos “particularistas” como son, por ejemplo, la lucha por la implementación de programas y una legislación que contemple sólo las necesidades y problemáticas de la población que integra su campo de acción.

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Hoy los “viejos” actores sociales –partidos, sindicatos, empresarios, cooperativas, grupos de presión- y los nuevos animadores –medios concentrados, ONG, piqueteros, grupos de desempleados, autogestionarios- no se ven como partes de un mismo proceso de construcción social; se soportan, se usan, se excluyen, pero no pueden articular sus preferencias e intereses en un espacio público de acumulación social. (García Delgado, 2005: 18)

Las prácticas, las alianzas, los objetivos y la presencia de las ONG en la escena pública han variado. En el marco del proceso histórico de su conformación, cada uno de estos grupos temáticos parte de una situación particular y, por las variadas implicancias de cada área, también presentan diferencias y semejanzas con respecto a los modelos de referencia y a los organismos o agencias internacionales que suelen enmarcar su accionar. Para comprender los diversos alineamientos que hemos observado entre los tres tipos de ONG, hay que considerar como una variable interviniente la respuesta diferente que ha tenido el Estado en la temática del VIH-sida en comparación con cuestiones más negadas o inapropiadamente tratadas (género y salud reproduc-

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tiva, penalización del consumo de drogas no legales, etcétera). En el caso del VIH-sida, pareciera que el curso de la epidemia y los progresos médicos condicionaron las formas de trabajo y el tipo de actividades predominantes (de movilización, de asistencia emocional, de advocacy), y las interacciones tanto al interior de la esfera no gubernamental como entre esta y el Estado, en función de las cuales se desplegaron variables estratégicas de transacción, negociación y articulación. Junto con la mediatización que el fenómeno Sida ha tenido desde su inicio, en el potenciamiento de sus luchas convergieron variados procesos: la identidad y el peso social de los primeros casos; el accionar de los movimientos de DDHH y la comunidad gay; una legislación apropiada y, a partir de 1996, la eficacia de los nuevos tratamientos y la propia presión de la industria farmacéutica. Más allá de compartir las consideraciones acerca de los condicionamientos que, por vía del Banco Mundial se ejercen respecto de proyectos, estrategias de abordaje y destinatarios que también son formas de cooptación y disciplinamiento, no podemos dejar de mencionar también las transacciones, las oposiciones y las resistencias que se expresan desde estas instituciones (Biagini, 2002). Como ejemplo de los diversos tipos de articulación, puede mencionarse el proceso consultivo no vinculante convocado por el Banco Mundial en la Argentina para sondear las opiniones acerca de su Estrategia de Asistencia al País, durante los meses de febrero y marzo de 2000. La posición de una amplia gama temática de ONG y OSC convocadas fue altamente crítica: se responsabiliza al Banco Mundial por acompañar, coexistir, tolerar o impulsar ese mismo modelo que produce la exclusión social. Se resalta el carácter político del problema y se postula el rol activo del Estado, como instrumento de esta voluntad de cambio:

En su carácter de coordinador de los foros regionales, Pablo Bergel reseña las principales conclusiones a las que se arribó en el área de la salud:

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Argentina no es pobre ni estructuralmente inviable; es un país injusto, y socialmente insostenible. El “núcleo duro” de esta problemática no se sitúa en los parámetros de la ciencia económica, sino en la voluntad social y la decisión política de cambiar la lógica vigente. […] Se demanda una creciente participación de la sociedad civil en la creación y control de los proyectos y políticas públicas en general, incluyendo en ellas a los proyectos financiados por el propio B.M. al que se le realizó una fuerte apelación en este sentido, así como a los gobiernos en general.

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• Se considera la salud un derecho inalienable para la ciudadanía, y para el Estado una obligación inexcusable. • Se solicita o propone una articulación que tenga como cabeza al sector público pero apoyado por el sector privado y las obras sociales. • Poner énfasis en la prevención, promoción de los agentes de salud y contención en la familia, en la comunidad, en las ONG. • Capacitación y fortalecimiento para atención primaria de la salud, antes de que se produzca la enfermedad, y, al mismo tiempo, para prevenir las enfermedades evitables. • Construcción de obras de saneamiento básico y agua potable, cloacas y residuos en los barrios y sectores populares que carecen de ello. • Participación en definición, control y gestión de los programas y de los proyectos de inversión en el área salud. • Perspectiva de género en salud: énfasis en programas maternoinfantiles y en programas de salud reproductiva. • Campañas para la concientización en el uso de medicamentos. Elaboración y distribución de monodrogas.

Asimismo, fue planteada la reivindicación del protagonismo central del Estado en el diseño y elaboración de la agenda de las políticas públicas, no sólo con relación al Banco Mundial sino respecto de las políticas públicas en general y a cualquier organismo de financiamiento del cual se necesite para poder implementarlas. No obstante, los participantes señalaron que esa función protagónica del Estado tiene que estar sostenida en un llamado a una amplia convocatoria a participar en la construcción de la agenda con los distintos sectores de la sociedad civil y los distintos sectores de la comunidad. (Baima de Borri et al, 2000: 12-13)

En sentido contrario, existe otra serie de importantes organizaciones de la sociedad civil “caritativas” financiadas con recursos públicos y que reemplazan programas universales por acciones focalizadas. Son las que rechazaron en el 2001 un tímido proyecto de ley para proteger al voluntario con un seguro de

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riesgo laboral. La mayoría perteneciente a organizaciones que conforman el Foro del Sector Social. Con cargos directivos en su mayoría de carácter no electivo, se proclamaban “Todas somos voluntarias”, desde fundaciones que hacen uso privado de un espacio público, el profesional que encuadra su ejercicio profesional bajo la forma de asociación civil hasta la dama de neobeneficencia aggiornada con la categoría de Tercer sector responsabilizando al Estado de lo que tiene que ver con “privadas” estrategias económicas. Hace décadas que las luchas sociales y las reivindicaciones colectivas no remiten a un conflicto político único (capitalismo vs. socialismo, lucha de clases, liberación o dependencia) ni se expresan de modo unificado. sino que se despliegan en una variedad de “temas, contenidos y sujetos” pero, como claramente advierte Naishtat:

comunicativa. Pese a su origen reciente, además de la carga de estigmatización que aún soporta, la pronta categorización como enfermedad que ha tenido la infección por VIH-sida, fenómeno en el cual no está exenta la influencia de la medicina, la industria de los medicamentos y la sostenida presión de organismos internacionales como la OMS, ONUSIDA y el BM, lo cierto es que la capacidad que han mostrado las ONG-Sida ha sido más alta y superior su entretejido de alianzas que aquellas, por ejemplo, vinculadas con la temática de la salud reproductiva o el consumo de sustancias no legales. El juego de influencias y cooptaciones no son sólo prácticas del Estado. Los laboratorios medicinales tienen aceitadas estrategias para empoderar grupos y para persuadir a los profesionales de la medicina, estrategias que han llevado a que algunas de las ONG y redes anteriormente más “combativas” tengan hoy un discurso “privadamente” medicalizado. Las reacciones cerradas de algunas de estas instituciones a tímidas y confiables propuestas para iniciar estudios sobre las posibilidades de que el Estado argentino produzca algunos antirretrovirales realizadas, en el contexto de la comisión del VIH-sida que se organizó en el II Foro Social de la Salud (2003), configura un claro ejemplo de la situación que estamos describiendo. Después de los hechos de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, para dar una respuesta específica a la problemática de la atención médica y la medicación, durante los primeros meses del gobierno provisional (2002) se conformó un Comité de Crisis en el ámbito del Ministerio de Salud. La parcialidad de la reivindicación llegó al punto de haberse aceptado, vía el Banco Mundial, la posibilidad de garantizar la provisión de la medicación hasta diciembre del 2003 a expensas de la reducción presupuestaria del programa de comedores comunitarios, “aparente solución” que aseguraba la provisión de los medicamentos pero también garantizaba el cobro de cuantiosas ganancias para la industria farmacológica multinacional. Pocos meses después se realizó una Marcha Nacional por la Salud organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado y la CICOP levantando una serie de reclamos, pero ninguna de las ONG-Sida ni las redes estuvieron presentes. En tanto, con el apoyo de los representantes locales de

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Un tema puede ser perfectamente específico y, sin embargo, la demanda susceptible de un ascenso en generalidad según pretensiones de justicia pública, como ha sido el caso de las llamadas “marchas del silencio” hace un lustro en Catamarca. (Naishtat, 2005: 411)

No se trata de homogeneizar a los actores, o pretender que cada uno de ellos actúe y se direccione en el mismo sentido, independientemente del campo de fuerzas en el que se instale y de su perfil político ideológico. Sin embargo, la acción colectiva debe exponer “razones” de suficiente fuerza simbólica para que opere en la esfera pública y pueda “generar un público susceptible de apropiar el reclamo” (Naishtat, 2005: 372); en fin, trascender necesidades e intereses puntuales y desarrollar “triangularidad enunciativa” que posibilite la co-constitución de públicos, la creciente difusión de una percepción de injusticia y que facilite su posterior apropiación y resolución por parte del sistema político. Desde el marco de los derechos humanos, la igualdad y el respeto a la diferencia, estos rasgos y esta fuerza los tienen en la Argentina buena parte de la “causa” de las mujeres y de los grupos gays, y lo habrían perdido los colectivos de sida que medicalizaron su discurso, rutinizaron y profesionalizaron sus prácticas y crecientemente alejaron sus reclamos de la esfera pública.6 En el sentido de Habermas, ha habido más acción estratégica que 6. En algunos voluntarios que participan en las ONG entrevistadas se manifiesta también la preocupación sobre los riesgos que supone sobre su

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vida un simple accidente en un transporte público llevando insumos para las PVVS internados en un hospital.

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ONUSIDA, en medio de luchas cuasi canibalísticas entre redes de ONG para posicionarse en la Mesa Nacional del Foro de ONG de Sida y para desempeñar diversos roles fuera y dentro del país, la Argentina obtuvo el importante subsidio del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Como fuera ya expuesto, durante cinco años, a través de la administración del PNUD y, desde inicios de 2006 con la de UBATEC, con “fiscalización” del Estado fueron implementados por la sociedad civil casi veinte millones de dólares. De ahí la importancia que ha adquirido no sólo la acción estratégica en tanto lógica política y comunicacional sino también la producción de ciertos servicios “preventivos” como práctica predominante. Nuestros hallazgos coinciden con lo relatado en el Brasil acerca de la desmovilización que producen los proyectos con financiación externa o estatal, y coincidimos con Câmara (2002) sobre lo atípico que han sido en ambos países las políticas frente al sida en el contexto del ajuste y la reforma neoliberal del Estado, puesto que presentan características más vinculadas con el modelo del Estado de bienestar que aquellas alentadas para nuestra región por los organismos financieros internacionales. En síntesis, en la última década, entre la lucha de las ONG por sobrevivir y la tendencia del Estado a utilizarlas como un canal para sustituirlo como proveedor de ciertos servicios sociales, lo característico fue una creciente especialización temática y focalización en acciones puntuales que ha contribuido a consolidar y profundizar la fragmentación de esfuerzos y luchas sociales y, en cierta forma, aisló a las organizaciones y redes de PVVS de otros reclamos colectivos a favor de un sistema de salud pública accesible y con cobertura universal. La provisión de servicios especializados debilitó su tarea de advocacy y de construcción de ciudadanía, poniendo en peligro el aspecto “movimentista” y la capacidad crítica activa hacia las políticas y programas gubernamentales que, con el pretexto de aumentar el acceso de la población a los tratamientos –como el Plan Remediar en el que más en la letra que en la realidad se incluye la provisión de anticonceptivos– o los créditos blandos provistos por el Banco Mundial o el BID para asegurar la compra de medicamentos a la industria farmacológica internacional, se comprometieron por décadas los recursos públicos que son derivados a laboratorios internacionales sin aumentar la capacidad productiva local.