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Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Sociales Carrera: Ciencia Política Cátedra de HISTORIA ARGENTINA 2019 Planta Docente: Prof. Asociada a cargo: Prof. Nora Pagano Prof. Adjunta: Prof. Martha Rodríguez Jefes de Trabajos Prácticos: Prof. Miguel Galante Lic. César Caamaño Ayudantes de Trabajos Prácticos: Lic. María Teresa Rodríguez Prof. María Elena García Moral Objetivos: Las actividades propuestas están orientadas a alcanzar un nivel adecuado de conocimiento y comprensión de los procesos indicados en cada una de las unidades/ejes temáticos. Se intentará por otra parte, estimular la conceptualización y reflexión así como la lectura y el juicio críticos a través de producciones escritas y orales. Evaluación, aprobación y promoción de la materia: El curso es cuatrimestral.; consta de clases teóricas y clases prácticas, cada una de ellas de dos horas de duración. Los estudiantes tienen que asistir a una clase teórica y a una clase práctica por semana. Tanto las clases teóricas como las prácticas son obligatorias. Los estudiantes deberán asistir al 80 % de las clases teóricas y al 80% de los trabajos prácticos. El trabajo de los estudiantes será evaluado en forma permanente a lo largo de todo el cuatrimestre. Dado que se trata de un curso de promoción directa, se deberán aprobar dos exámenes parciales y un coloquio integrador. Para aprobar los trabajos prácticos de la materia, los estudiantes deberán rendir dos evaluaciones parciales (una con modalidad presencial y otra domiciliaria), con nota superior a 4 puntos en cada una de ellas; los estudiantes aplazados en uno de los parciales tendrán derecho a una evaluación recuperatoria (presencial, individual y escrita) para alcanzar la regularidad de la materia. Luego deberán aprobar un examen final (oral) en las fechas fijadas por la Facultad. Los estudiantes que hayan obtenido un promedio mínimo de 7 (siete) entre ambos parciales y no menos de 6 (seis) puntos en cada uno de ellos, estarán en condiciones de rendir un coloquio integrador centrado en las clases teóricas. Con la aprobación de este último, con nota no inferior a 7 (siete), se obtendrá la promoción de la materia. La nota final de la asignatura surgirá del promedio entre las notas de los dos parciales y del coloquio. Aquellos estudiantes que califiquen con una nota inferior a 7 (siete) en el coloquio deberán rendir examen final.

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Contenidos de los Trabajos Prácticos 1. 1880-1930 a) Estado Nacional y constitución del régimen político. Reducción a la unidad política (18601880). El Estado liberal-oligárquico; el orden conservador y la “república posible”; el reformismo liberal (1880-1916). El Estado liberal-democrático; la UCR; sistema político: características de los partidos políticos; relaciones entre el oficialismo y la oposición (1916-1930). Nuevos actores, el nacionalismo oligárquico. El golpe de Estado de 1930. b) El modelo económico. La economía agro-ganadera. Inversiones extranjeras. Mercado interno y economías regionales. “Modernización”. Límites a la expansión de la frontera agrícola. La economía ante la Guerra Mundial: transformaciones; crecimiento industrial, expansión de exportaciones ganaderos y crisis del sector agrario. La producción industrial: rol del Estado e inversiones extranjeras. La expansión económica y la crisis de posguerra. La política petrolera. Hacia la crisis de 1930. c) Sociedad. El impacto inmigratorio y sus implicancias sociales, económicas y políticas. Sectores dominantes y sectores populares urbanos y rurales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. Los conflictos sociales. Sectores dominantes y grupos subalternizados. Las corporaciones empresariales. El movimiento obrero: anarquismo, socialismo, sindicalismo revolucionario; aparición del comunismo. Relaciones Estado-movimiento obrero. Conflictos agrarios: actores y políticas estatales. El campo intelectual. II. 1930-1955 a) Sistema y régimen político. Conservadores y nacionalistas en el golpe del ‘30. La Restauración Conservadora (1930-1943). El sistema político: el fraude y la violencia. Las fuerzas de oposición entre la abstención y la participación. Política exterior: la neutralidad argentina. Alineamientos y polémicas frente a los conflictos europeos. Las Fuerzas Armadas ante la década del ‘30 y la segunda guerra mundial. El régimen militar 1943- 1946: divisiones internas. El GOU y el nacionalismo. El Estado Social. Los gobiernos peronistas (1946-1955); sistema político; las fuerzas de oposición; la política exterior: la “tercera posición”; la reforma constitucional de 1949. El golpe de 1955. b) El modelo económico. La crisis mundial de 1930 y su impacto en la economía argentina. Crisis del modelo agroexportador. Las relaciones económicas internacionales: el “triángulo” entre Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos. La industrialización sustitutiva de importaciones a partir de 1930. La intervención del Estado en la economía. Efectos de la Segunda Guerra Mundial sobre la economía argentina. El modelo de desarrollo del peronismo. Industrialización y mercado interno. El Estado empresario y la justicia social. Nacionalismo económico y regulaciones estatales. La política fiscal, cambiaria, aduanera y financiera. c) Sociedad. Evolución demográfica. Migraciones internas. Concentración urbana y localización de migrantes internos. Políticas migratorias. Transformaciones: clase obrera y sindicalismo. Estado y relaciones laborales. Relación entre Estado y movimiento obrero: los migrantes internos y los orígenes del peronismo, debates historiográficos; el sindicalismo peronista y su relación con el Estado; Asociaciones profesionales y convenios colectivos de trabajo. La Iglesia Católica y la educación; su relación con Perón. El “estado de bienestar”.

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III. 1955-1966 a) Sistema y régimen político. Rol de las Fuerzas Armadas post 55. La proscripción del peronismo. El proceso de “Desperonización” y la “resistencia peronista”. La experiencia Desarrollista. Inestabilidad política; tensiones y radicalización. Implantación del Estado burocrático autoritario b) El modelo económico. La economía argentina entre 1955 y 1966. Ciclos y políticas económicas. Inversiones extranjeras. Rol del Estado y modelos de desarrollo. Crecimiento Industrial: diversificación, localización y características. c) Sociedad. Los sectores dominantes, el capital extranjero y la “alianza ofensiva”. Los sectores populares urbanos, la pequeña y mediana burguesía, y la “alianza defensiva”. Clase obrera, sindicalismo y peronismo. Estado y movimiento obrero. Educación y universidad: reformas y polémicas. Los “sixties”; modernización cultural y vanguardias. Los intelectuales y la política. Contenidos de los Teóricos Las clases teóricas estarán articuladas sobre dos ejes que giran en torno a Problemas y debates de la Historia argentina reciente Eje I. Los años ’70: la violencia politica a) El golpe militar y la “Revolución Argentina”. El Estado burocrático - autoritario. Tendencias corporativistas y nacionalistas. La “doctrina de la seguridad nacional”. Proscripción de la política partidaria y represión. Conflictos sociales y repercusiones políticas. El regreso de la política partidaria. La violencia política: organizaciones armadas revolucionarias, guerrillas, y terrorismo; debates historiográficos y políticos. El regreso de Perón. Alianzas electorales, resultados y tendencias. La relación entre el oficialismo y la oposición partidaria. La influencia de los sindicatos en el gobierno. Conflictos políticos y sociales. La agudización de la violencia política. b) El movimiento obrero ante el régimen militar, distintas tendencias. El “vandorismo” y el participacionismo. La “CGT de los Argentinos” y el gremialismo combativo. Las “62 Organizaciones Peronistas”. Corrientes sindicales clasistas. Movimientos sociales. El movimiento estudiantil. La relación entre la C.G.T. y los gobiernos peronistas. Las entidades empresariales ante las diferentes políticas económicas. c) Planes de ajuste y estabilización. Crecimiento industrial, obras de infraestructura y economías regionales. Tendencias en la distribución del ingreso. Peronismo y “pacto social”. Crisis económica, planes de ajuste e inflación. d) El golpe de Estado y el “Proceso de Reorganización Nacional”. La Constitución Nacional y el “Estatuto del Proceso”. Prohibición de la actividad política y de la movilización social. El terrorismo de Estado, debates historiográficos y políticos. La guerra de Malvinas. La reaparición de la política y la convocatoria a elecciones. La transición democrática. e) La represión estatal y paraestatal de los movimientos políticos y sociales. Las violaciones a los derechos humanos. La intervención de las organizaciones sindicales. Aparición y consolidación de nuevos grupos económicos. Movimientos sociales. Conflictos sociales en las postrimerías de la dictadura.

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f) Las corporaciones empresariales y los grandes grupos económicos; los organismos financieros internacionales. Estado y mercado, desregulaciones. Devaluación y congelamiento de salarios. La política cambiaria, arancelaria y financiera. Políticas de privatización. Apertura comercial y desindustrialización. Proceso de concentración económica. Crecimiento del endeudamiento público y privado. Cambios en la política económica: devaluaciones e inflación. La estatización de la deuda externa privada. Eje II. - La transición democrática: algunos problemas La transición democrática. Objetivos y realizaciones. Los partidos políticos; inestabilidad económica y neoliberalismo; los nuevos movimientos sociales. Algunos problemas de la transición: la cuestión militar, los planes de estabilización económica. Memoria e historia reciente Lecturas obligatorias de TP I.

1880-1930

Oszlak, Oscar: “Formación histórica del Estado argentino: la conquista del orden” en Seminario latinoamericano de políticas públicas, FUNDAP/CLACSO, Sao Paulo, 1979. Gallo, Ezequiel: “La consolidación del Estado y la reforma política (1880-1914)” en Academia Nacional de la Historia, Nueva historia de la Nación Argetina, tomo 4, La configuración de la república independiente (1810-1914), Editorial Planeta, Buenos Aires,2000. cap. 16, pp 511-541 Ansaldi, Waldo: “La interferencia está en el canal. Mediaciones políticas (partidarias y corporativas) en la construcción de la democracia en Argentina, paper presentado en las jornadas internacionales de Ciencias Políticas, Córdoba-Argentina, 1991. Del Campo, Hugo “Sindicatos, partidos ‘obreros’ y Estado en la Argentina preperonista” en Anuario IEHS, Tandil, 1988. Persello, Virginia: “La UCR. De los orígenes a la emergencia del peronismo”, en: Iberoamericana global, vol IV, N. 2, 2011 Lvovich, Daniel: El nacionalismo de derecha, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006, cap.1, pp. 15 a 39 de Privitelio, Luciano: “El Ejército entre el cambio de siglo y 1930: burocratización y nuevo estilo político”, en: La construcción de la Nación Argentina. El rol de las Fuerzas Armadas, Buenos Aires, 2010, pp. 135-145 II.

1930-1955

Torre, Juan Carlos: “La trayectoria de la vieja guardia sindical antes del peronismo”, en Ansaldi, Waldo; Pucciarelli, Alfredo y Villarruel, José (eds.) Representaciones Inconclusas, las Clases, los Actores y los Discursos de la Memoria, 1912-1946, Editorial Biblos, Buenos Aires, 1995.

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Zanatta, Loris: Del Estado Liberal a la Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 1939-1943, Universidad Nacional de Quilmas, Bernal, 1996, Conclusión, pp. 367-391. Macor, Darío y Tcach, César (eds.): La invención del peronismo en el interior del país, UNL, Santa Fe, 2003, Introducción. Torre, Juan Carlos: “Introducción a los años peronistas”, en Torre, Juan Carlos (dir.), Los años peronistas (1943-1955), Nueva Historia Argentina, Tomo VIII, Sudamericana, Buenos Aires, 2002, pp. 11 a 77. Andrenacci, L. y otros “Acerca del estado de bienestar del peronismo clásico”, en: VV.AA.  En el país del no me acuerdo. (Des) memoria institucional e historia de política social en la Argentina, Buenos Aires: Prometo, 2004 Camarero, Hernán “Ascenso y ocaso del Partido Comunista en el movimiento obrero argentino: crítica historiográfica y argumentaciones conceptuales”, en: Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, n,1, 2013 . III. 1955- 1966 Tcach, César: “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, en James, Daniel (comp.), Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Sudamericana, Buenos Aires, 2003. Spinelli, María Estela: “El proyecto desarrollista como intento de superación del conflicto peronismo-antiperonismo (1955-1958): crecimiento y endeudamiento”, en: Historiapolitica.com Smulovitz, Catalina: “La eficacia como crítica y utopía. Notas sobre la caída de Illia” en Revista Desarrollo Económico vol. 33, N° 131, Buenos Aires, 1993. James, Daniel: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina (l946l976), Sudamericana, Buenos Aires, 1990, Caps. 4 y 7, pp. 128 - 146 y 219 - 251. Cavarozzi, Marcelo: Autoritarismo y democracia, Buenos Aires, 1992, cap.II. Mazzei, Daniel: “Lucha facciosa, autonomía e influencias externas en las Fuerzas Armadas argentinas en la segunda mitad del siglo XX” en Revista Páginas, UNR, año 9, N° 19, enero-abril 2017, pp. 34-52 Lecturas obligatorias de Teóricos 1. Los años ’70: la violencia política Gordillo, Mónica: “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 19551973”, en James, Daniel (dir.) Nueva Historia Argentina, Tomo IX, Sudamericana, Buenos Aires, 2003. Bozza, Juan: “El peronismo revolucionario. Itinerarios y vertientes de la radicalización. 19591969”, en Sociohistórica, n..9/10, pp. 135-169. Consultado en la Memoria Académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

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Pontoriero, Esteban: “La seguridad interna como teatro bélico: legislación de defensa y contrainsurgencia en la Argentina (1966-1973)”, en: Contracorriente, vol. 13, n. 1, 2015, pp. 150170 Tcach, César: “Entre la lógica del partisano y el imperio del Gólem: dictadores y guerrilleros en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay”; en Quiroga, Hugo y Tcach, César, Argentina 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia, Ediciones Homo Sapiens, Rosario, 2006 Calveiro, P.ilar: Poder y/o violencia, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013. Pp. 41-94 Azpiazu, Daniel y otros: El nuevo poder económico, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004 p 83-91 y cuadros Basualdo Victoria: "Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz", en: Revista Engranajes, Suplemento Especial; Buenos Aires; 2006 p. 1 - 27 2. La transición democrática: algunos problemas Cavarozzi, Marcelo y Landi, Oscar: “Argentina, crisis y postransición”, en América Latina hoy, vol. 12, Universidad de Salamanca, 1995. Acuña, Carlos y Smulovitz, Catalina: “Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional”, en Anne Pérotin-Dumon (dir.). Historizar el pasado vivo en América Latina., 2007 Crenzel, Emilio: “El prólogo del Nunca Más y la teoría de los dos demonios. Reflexiones sobre una representación de la violencia política en la Argentina”, en Contenciosa, año 1, n. 1, 20 Svampa, Maristella: La sociedad excluyente. Buenos Aires, Aguilar, 2005. Cap. 1 Altamirano, Carlos “Pasado/Presente”, en: AA.VV Argentina ,1976. Estudios en torno al golpe de estado, El Colegio de México, 2007 Texto complementario: Caamaño, César (comp.): Del Rodrigazo a Malvinas. Dos acontecimientos que marcaron la Argentina contemporánea, EUDEBA, 2018; selección de artículos. Textos “transversales” de lectura obligatoria: Iriarte, Alicia: “Modelos de Estado en Argentina”, Universidad Nacional de Cuyo, s/f Rapoport, Mario: “Mitos, etapas y crisis en la economía argentina”, en: Imago Mundi, 2008. Devoto, Fernando: “Apuntes para una historia de la sociedad argentina en el siglo XX”, Foro sobre Integración Regional y Agenda Social, Buenos Aires, 2003.

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La formación histórica del estado argentino: la conquista del orden, Oscar Oszlak

La derrota de la Confederación Argentina en la Batalla de Pavón representó un hito crucial en el proceso de construcción de la sociedad argentina. La ruptura con el poder imperial no produjo automáticamente la sustitución del estado colonial por un estado nacional. El origen local del movimiento independista y su clara asociación con los intereses de Buenos Aires resultaba un escollo para lograr la adhesión de los gobiernos locales. Vacío de poder. Los centros de poder se integraron en torno a la figura carismática de caudillos locales que pugnaron por reivindicar el marco provincial. En cada una de ellas la organización nacional asumía significados diferentes. Con el crecimiento y desarrollo de la economía, la autonomía de la provincia pasaría a constituir una bandera de lucha, tanto por su contenido simbólico como por su utilización como instrumento de negociación política en torno a la organización nacional. La “nacionalización” de la sociedad argentina exigía la “internacionalización” de la vida económica. A pesar de la intensa actividad despertada por la apertura económica, las posibilidades de articulación de los factores productivos se vieron prontamente obstaculizadas: dispersión y aislamiento de los mercados regionales, escasez de población, precarios medios de comunicación y transporte y la dificultad de incorporación de tierras a la actividad productiva. Distancia entre constitución formal de la nación y la efectiva existencia de un estado nacional. Recorrerla, salvar la brecha implicaba la conquista del orden. El “orden” excluía a todos aquellos elementos que pudieran obstaculizar el progreso, el avance de la civilización. También contenía una implícita definición de ciudadanía, no tanto en el sentido de quiénes eran reconocidos como integrantes de una comunidad política, sino más bien de quiénes eran considerados legítimos miembros de la nueva sociedad. El des-orden expresaba la inexistencia de una instancia articuladora de la sociedad civil que sólo podía estar enmarcada en el estado. El “orden” era un precondición del “progreso”. Orden y progreso, pero primero orden y luego progreso. La conquista del orden fue entonces el sometimiento de las fuerzas sociales que impedían la materialización de una realidad que se vislumbra como meta indefinida de la evolución social. La Batalla de Pavón no trajo consigo la resolución de la institucionalización del poder. La escena política la ocupó una alianza de sectores con aspiraciones económicas (elite, oligarquía). Pavón sí produjo el efecto de institucionalizar la lucha por la institucionalización. Mantener y extender el movimiento iniciado desde Buenos Aires —la "revolución liberal"— exigía la centralización e institucionalización del poder estatal en el nuevo gobierno nacional surgido después de Pavón. Dos circunstancias dificultaban tal propósito: la inexistencia de un ejército y de un aparato recaudador verdaderamente nacionales. Dificultades de reclutamiento. A pesar de que los afanes centralizadores de la Confederación tuvieron algún éxito, sobre todo en los años en que el enfrentamiento armado con Buenos Aires exigió mayores recursos, su endeble situación financiera esterilizaba todo esfuerzo organizativo. En vísperas de Pavón, el lamentable cuadro de recursos y la acumulación de créditos impagos anticipaban el colapso de un nuevo experimento de estado nacional. Disuelta la Confederación Argentina, las fuerzas militares de Buenos Aires pasaron a constituirse en el núcleo del nuevo ejército nacional.

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La reorganización del sistema rentístico y su aparato recaudador se llevó a cabo a partir de los recursos y organismos correspondientes de la provincia de Buenos Aires. Implicó desplegar una serie de actividades paralelas: adquirir el control de las aduanas interiores, deslindar las jurisdicciones impositivas de la nación y las provincias, asegurar la viabilidad presupuestaria de los gobiernos provinciales, organizar y uniformar los organismos de recaudación y control y activar la búsqueda de recursos alternativos dada la insuficiencia de los ingresos corrientes. Recurrir al crédito. Espada y bolsa al servicio del estado nacional. Si bien el nuevo estado nacional nacía con los auspicios y el beneplácito de los sectores dominantes de Buenos Aires, también nacía expuesto a sus tensiones y contradicciones. Buenos Aires apoyaría toda iniciativa dirigida a penetrar el territorio nacional y afianzar la hegemonía porteña. Pero resistiría todo intento del gobierno nacional de coartar su autonomía y atributos, en tanto su pérdida redujera o pusiera en peligro los recursos que estos sectores podían manejar en su exclusivo beneficio desde el gobierno provincial. Es posible afirmar que el estado nacional interiorizó en su seno el conflicto que durante décadas había dividido a Buenos Aires y el Interior. Esta mediatización del conflicto convirtió al estado en una arena de negociación y enfrentamiento, pero al mismo tiempo contribuyó a constituirlo en un actor diferenciado de las partes en pugna. Sólo cuando este "tercer personaje" entro en escena, cuando el estado pudo definir su propia personalidad y convertirse en árbitro de la situación nacional, fue posible resolver el secular conflicto definitivamente. Penetración estatal: -

Represiva: supone la organización de una fuerza militar unificada y distribuida territorialmente, con el objeto de prevenir y sofocar todo intento de alteración del orden impuesto por el estado nacional. - Cooptativa: captación de apoyos entre los sectores dominantes y gobiernos del interior, a través de la formación de alianzas y coaliciones basadas en compromisos y prestaciones recíprocas. - Material: presupone diversas formas de avance del estado nacional, a través de la localización en territorio provincial de obras, servicios y regulaciones indispensables para su progreso material. - Ideológica: creciente capacidad de creación y difusión de valores, conocimientos y símbolos reforzadores de sentimientos de nacionalidad que tienden a legitimar el sistema de dominación establecido. Tanto la penetración material como la cooptativa o la ideológica tienen un común fundamento consensual. Penetración en la experiencia argentina: -

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Represiva: Implicó la aplicación de violencia física o amenaza de coerción, tendientes a lograr el acatamiento a la voluntad de quien la ejerce y a suprimir toda eventual resistencia a su autoridad. Cooptativa: ganar aliados entre fracciones burguesas del interior y gobiernos provinciales, a través de la promesa o efectiva concesión de diversos tipos de beneficios conducentes a incorporar nuevos grupos o sectores a la coalición dominante. Ganar aliados dio lugar muchas veces a ganar también enemigos, y el "progreso" en el que se enrolaron los unos exigió el "orden" que debió imponerse sobre los otros Material: provisión de medios financieros y técnicos para la ejecución de obras de infraestructura o el suministro de servicios; dictado de reglamentos que introdujeran regularidad y previsibilidad en las relaciones de producción e intercambio; la concesión de

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beneficios y privilegios para el desarrollo de actividades lucrativas por parte de empresarios privados; y el acuerdo de garantías sobre la rentabilidad de los negocios. Ideológica: instituir, en fin, creencias, valores y normas de conducta, coherentes con un nuevo patrón de relaciones sociales y un nuevo esquema de dominación.

10 LA CONSOLIDACION DEL ESTADO Y LA REFORMA POLITICA. EZEQUIEL GALLO. Marco institucional. La constitución de 1853/60 adopta un sistema representativo, republicano, federal basándose en la carta magna de los Estados Unidos, aunque con un sesgo más centralista. A la constitución le siguieron los códigos civiles, comerciales y penales juntos con las demás constituciones provinciales. El marco institucional nacional estaba diseñado, los problemas del país radicaban más en la inestabilidad política, en la amenaza de revueltas provinciales. En 1880 los conflictos entre nación y provincias se ven reflejados en la oposición del gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, al candidato a la presidencia Julio A. Roca. Los conflictos culminaron con la victoria nacional, dando lugar en 1880 a un periodo de largo predominio del PAN y a la consolidación definitiva del Estado Nacional. En 1880 el presidente Roca sanciono dos leyes que fomentaban el poder de la nación. La primera fue la federalización de Buenos Aires, quitándole el control de la ciudad más importante del país a la provincia de Buenos Aires. La otra, fue la supresión de las milicias provinciales. Una tercera medida que apuntaba en este sentido fue la unificación monetaria, la cual le prohibía a las provincias emitir sus propias monedas. Entre otras medidas no poco importantes, se les otorgo carácter institucional a los territorios obtenidos durante la conquista del desierto, se promulgo la ley de educación 1420 y la ley de matrimonio civil. Estas últimas dos trasladaban facultades que hasta ese entonces pertenecían a la iglesia hacia el ámbito estatal. Saliendo de los años 80, también se sancionaron leyes migratorias, de servicio militar, de defensa social, de residencia y de impuestos internos ente otras. La más importante fue la ley Sáenz Peña de 1912. Voto universal, secreto y obligatorio. La novedad de esta ley residía en lo secreto. TRADICIONES Y HABITOS POLITICOS. Uno de los rasgos centrales de la cultura política de la época fue el personalismo. La figura del caudillo como actor central de la política por encima de los programas partidarios o las ideas. La presencia o ausencia de personajes como Roca o Yrigoyen era determinante. El segundo rasgo distintivo de la cultura política de la época fue la ausencia de alternancia en el poder. El PAN ejerció el poder de manera exclusiva a nivel nacional y, salvo contadas excepciones, también a nivel de las provincias. La intransigencia de la UCR a negociar con el poder llevo a revoluciones en 890 y 1905. Estas revoluciones fueron derrotadas militarmente pero condicionaron inevitablemente el clima político de la época. PARALAMENTO, PRENSA Y COMICIOS. El levantamiento en armas no fue el único condimento de la política ni el más importante. El debate parlamentario, la prensa partidaria, los clubes y comités, las manifestaciones callejeras, los actos públicos y las elecciones ocupaban la atención pública. El parlamento era el lugar donde hacer carrera política por excelencia. Los parlamentarios pocas veces estaban obligados a seguir posiciones partidarias. La prensa partidaria, activa y diversa era la encargada de la difusión del debate parlamentario. Cada partido tenía su propia prensa. Al mismo tiempo, la prensa partidaria estaba estrechamente vinculada con los comités de los partidos, lugares destinados al reclutamiento e intercambio de adherentes. En cuanto a los comicios, la época estuvo marcada por una fuerte indiferencia electoral, a excepción de 1890, luego el entusiasmo por la participación en la vida pública disminuirá nuevamente. El voto ya era universal, sin embargo la concurrencia a las urnas era baja, esto se debe a la baja tasa de nacionalización de parte de los extranjeros. Que estos no votaran no significaba que estuvieran ausentes de la vida pública. Muchos de estos participaban a través de los sindicatos.

11 Las elecciones en el periodo se celebraban periódicamente, sin embargo, el fraude era notorio. La forma más común de hacer fraude era impedir que se registraran como votantes los opositores. PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. El partido predominante de la época, el PAN, había surgido a finales de la década del setenta con el propósito de influir en la elección presidencial de 1880. Estaba conformado por sectores del partido autonomista de Adolfo Alsina en alianza con distintas fuerzas provinciales que había apoyado a Avellaneda en 1874. El prestigio adquirido en campañas militares exitosas catapulto al general Roca a ser el candidato en 1880. El predominio del PAN en el primer mandato de Roca fue total, llevando a que su sucesor sea alguien de su misma facción, Juárez Celman. Juárez Celman gobernó en un periodo de bonanza económica que le permitió establecer un unicato donde el presidente de la nación era a la vez presidente del partido. Cuando la bonanza económica se terminó y se produjo la revolución del parque, el poder de Juárez celman se derrumbó, teniendo que renunciar. Luego de la renuncia de Juárez Celman, Roca y Pellegrini se convirtieron en las figuras más importantes del partido, e cual, sin embargo, estaba más debilitado. Habían surgido una amenazante Unión Cívica y el partido Modernista formado por partidarios de Juárez Celman. Roca elimino la amenaza modernista de los comicios poniendo frente al candidato de estos, Roque Sáenz peña, a su propio padre, Luis. La presidencia de Luis Sáenz peña estuvo marcada por la fragilidad, la crisis económica y la inestabilidad política. Finalmente renuncia en 1895 asumiendo su vice José Evaristo Uriburu. Roca es electo para un segundo término en 1898 en alianza con Pellegrini. Pellegrini rompe con Roca en 1901, debilitando la figura de Roca dentro del PAN. El debilitamiento de Roca fuerza a elegir la formula Quintana-Figueroa Alcorta en 1904. Durante este periodo presidencial el PAN se fue debilitando aún más, perdiendo apoyos provinciales y su predominio. En 1910 serían electos Roque Sáenz peña-Victorino de la Plaza con el apoyo de Figueroa Alcorta. El candidato oficialista en 1916 sería el anti autonomista Lisandro de la Torre. Al PAN le resultaba difícil establecer una dirección nacional unificada, su predominio residía en la posibilidad de ejercer control sobre la sucesión presidencial a través de coaliciones políticas. Las negociaciones por el poder se daban entre el presidente de la república y los gobernadores y, al mismo tiempo, un escalón más abajo en jerarquía entre gobernadores y caudillos. La oposición a los gobiernos no fue homogénea y vario según las distintas épocas. En la década del 80 predominaba la indiferencia política, la oposición era débil, reducida al partido nacionalista de Mitre. En 1889 un grupo de estudiantes forma la Unión Cívica de La Juventud en oposición a Juárez Celman. El panorama político de 1890 dio un vuelco significativo. Se formó la Unión Cívica que llevo adelante el levantamiento de julio de 1890. Esta unión se dividió en dos facciones: la UCR, jóvenes universitario con algunos dirigentes autonomistas porteños, comandada por Alem; y la UCN heredera del partido nacionalista de Mitre. La división se produjo en torno a la voluntad de negociar con el poder después de la caída de Juárez Celman, la UCN era abierta al dialogo mientras que, la UCR era intransigente. La UCR reconoce dos partes en su evolución, la primera va desde su fundación hasta 1898, Alem era el líder y se habían definido principios muy claros que definían posiciones marcadas respecto del oficialismo. En esta primera etapa la UCR reivindicaba los valores de la vieja Argentina, la de antes del autonomismo. La segunda etapa es posterior al suicidio de Alem en 1896. Se comenzaron a generar divisiones internas en el partido. Se generarían dos sectores, uno que respondía a Bernardo de Irigoyen y el otro que respondía a Hipólito y. El sector de Hipólito se terminaría imponiendo.

12 Por otro lado la UCN nacida en 890 pasaría a llamarse hacia l nuevo siglo partido republicano. En lo institucional mantenían principios bastante parecidos a la UCR. De la UCN se desprendería la liga de sud, con Lisandro de la Torre como figura principal. Una tercera fuerza fue el socialismo de Juan B. Justo. Socialdemócrata y parlamentario. LA DIMENSION SOCIO POLITICA. El gran crecimiento económico de la época trajo aparejado la aparición de nuevos sectores sociales que se juntarían en organizaciones que representaran sus intereses. La sociedad rural; la unión industrial; el sindicalismo, primero foa, después fora V, fora x. Gran crecimiento del movimiento obrero y del sindicalismo.

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PERSELLO VIRGINIA “Historia del Radicalismo” El orden conservador en la primera década del siglo XX en lo único que fue exitoso fue en el ámbito económico. Roque Sáenz Peña era un reformista dentro de los conservadores. Propuesto la reforma electoral en 1912 la cual afirmaba que el coto debía ser UNIVERSAL, SECRETO, OBLIGATORIO Y LISTA INCOMPLETA (comienza a haber representación de las minorías). En las elecciones de 1912 los conservadores hacen una muy buena elección (Salvo en Santa Fe), el fraude continuaba pero no era tan visible. Jamás pensaban que iban a perder en 1916. Su derrota se debió en que no contaban con un líder carismático fuerte, había muerto todos (Pellegrini, Roca, Roque Sáenz Peña). En cambio, los radicales tenían un líder carismático y de PROYECCIÓN NACIONAL. El radicalismo comienza a surgir con la crisis de 1890 con la revolución del parque realizada por los cívicos. En 1891, el radicalismo se divide en:  

Unión Cívica NACIONAL: Entre ellos estaña Mitre, quien estaba de acuerdo con pactar con el PAN. Unión Cívica RADICAL: Uno de sus líderes era Alem (gran orador), quién propone NO pactar con el PAN. Luego del fracaso de las revoluciones de 1893 y tras el suicidio de Alem, los radicales se abstienen de participar en las elecciones, esta actitud prima casi hasta la reforma electoral ya que su participación era demostrar legitimidad al sistema fraudulento.

Tras la muerte Alem, el liderazgo queda vacante casi por una década, lentamente se comienza a concentrar en:  

Hipólito Irigoyen: Sobrino de Alem. Organiza la revolución de 1905, que estalla en CABA, Bs.As, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. No daba discursos públicos y valoraba las relaciones interpersonales con los dirigentes. Bernardo de Irigoyen: Figura con bastante proyección nacional, tenía un perfil bastante parecido a lo de los conservadores.

Los orígenes del partido a nivel social: La mayoría de los líderes eran hijos de terratenientes, es por eso que sus reclamos se basaban en el aumento de la participación política, la regeneración moral y cívica y NO tanto en lo social. No tienen programa partidario, se definen como una RELIGIÓN CÍVICA. Pero a comienzo del siglo XX, tras el fracaso de la revolución de 1905, comienzan a plantearse la necesidad de formar un partido para participar en elecciones, es decir, entran en lo POLITICO y dejan de lado el intento de tomar el poder por las armas. A partir de 1908 se comienzan a centrar en la organización del partido. Para 1916 los radicales logran tener un partido con PERSPECTIVA NACIONAL, tienen un líder y logran llegar al gobierno. Los recursos que utilizan para atraer al público:  Participación sindical.  Prensa  ORGANIZACIÓN DE COMITES BARRIALES/CLUBES: Allí se difundía la religión cívica, se daba asistencia gratuita y además comienzan a surgir los caudillos provinciales, municipales. Los radicales llegan al gobierno e 1946 con la fórmula Hipólito Irigoyen-Luna, gana con un poco más del 45% de los votos y logran desplazar al PAN pero son minoría en Cámara de Diputado y senadores, en los gobiernos provinciales, es decir, el PAN seguía teniendo un fuerte peso. Ante esta situación comienza una discusión entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo Nacional por:

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Intervenciones federales: Durante la primera presidencia de Irigoyen, los radicales llegaron a hacer 19 intervenciones federales de las cuales 15 fueron por decreto. Irigoyen la veía como una medida de REPARACIÓN NACIONAL, ya que argumentaba que las provincias seguían gobernadas por gobernantes ilegítimos y esto le iba a dar la posibilidad de elegir a sus candidatos. Interpelaciones parlamentarias: Irigoyen tuvo muchas de estas. Se da cuando el Congreso le reclama al ejecutivo que se detalle una política. El presidente radical nunca fue al Congreso (no inauguraba las sesiones), y tampoco dejaba que sus ministros fueran a contestar las interpelaciones ya que las veía como un veto opositor.

La concepción de democracia de Irigoyen era estrecha ya que consideraba que la gente le dio el mandado ya que los ciudadanos lo habían votado y esto representaba el apoyo a su misión, de todas sus políticas (muchas veces pasaba por alto al Congreso, gobernaba por decreto). El radicalismo no se planta como el partido que representa a una clase en particular, sino que aspiraban a ser un MOVIMIENTO NACIONAL (no todos los radicales comparten esta idea). Si bien el gobierno el partido radical se fue consolidando, en su interior estaba plagado de tensiones en el armado de lista, entre los viejos y los nuevos radicales, en el nombramiento de candidatos. Estas estaban antes de que asuman pero una vez en el gobierno estas tensiones se agudizan porque había cargos que repartir. Estas divisiones internas, son muy visibles en las elecciones presidenciales de 1928, ya que los radicales se presentan en listas separadas:  

Unión Cívica Radical Personalista: Apoyaban al líder (Irigoyen) Unión Cívica Radical Antipersonalista: Estos en el Congreso se asociaban a la oposición (conservadores, socialistas). Los líderes destacados fueron Gallo, Alvear.

Al igual que los radicales la oposición conservadora estaba muy dividida pero su situación era peor ya que no se encontraban en el poder. En el Congreso formaban bloques para votar en contra de las propuestas radicales. En 1917 los socialistas se dividen influenciados por la revolución rusa. Hay otra ruptura que son los SOCIALISTAS INDEPENDIENTES, quienes muchas veces se unen con los conservadores para votar en contra de los radicales. En 1914 se produce la primera guerra mundial, en donde Argentina toma una política neutral, a pesar de que muchos sectores civiles y militares le reclamaba que tome posesión (el Ejército estaba más cerca de Alemania y la Marina más cerca de Inglaterra). En el plano económico continuaba el modelo agroexportador sin muchas variaciones. La guerra produce la caída del comercio exterior, produce el descenso de los ingresos provenientes de la renta de la Aduana. Irigoyen toman medidas parciales por la superproducción de trigo, carne. No hace una política profunda de industrialización. Hubo un instinto de cobrar impuestos a las ganancias que finalmente no fue sancionado. Además el gobierno establece créditos rurales, la Ley de arrendamiento (buscaba limitar el precio y mejorar las condiciones de los alquileres). En 1917, los conflictos estallaron el sector del transporte, quienes multiplicaron las huelgas afectando al embarque de los productos exportación Detrás de estas organizaciones obreras: 

Marítimos (FOM: Federación Obrera Marítima)

Estaban los sindicalistas (ya no son tan antipoliticista y antiestado y comienzan a negociar algunos aspectos con el gobierno radical)

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El gobierno interviene en las negociaciones entre los patrones y los obreros y generalmente falla a favor de los trabajadores, es decir, aquí el Estado toma el papel de ÁRBITRO, esto era novedoso e incluso le trae muchos problemas con los conservadores. Al año siguiente, al sumarse a las huelgas los trabajadores de los frigoríficos y del ferrocarril, el gobierno tima una actitud represiva. El año 1919 se inició con la huelga en los talleres metalúrgicos Vasena y continúo con movilizaciones rurales de arrendatarios y jornaleros. En 1922 llega al gobierno Alvear. Es más cercano social e ideológicamente a la línea conservadora, los conservadores lo veían como un miembro de los suyos. Baja los noveles de enfrentamientos aunque en el interior del partido siguen habiendo conflictos. Alvear está más cerca de los antipersonalistas a pesar de tener una relación de amistad con Irigoyen, incluso es convocado por él para que sea el candidato presidencia. Es menos conflictivo que Irigoyen, responde a las interpelaciones parlamentarias, realiza menos intervenciones federales. Irigoyen vuelve en 1928 con una campaña electoral basada en la NACIONALIZACIÓN DEL PETROLEO (el cual se había descubierto a principios del siglo XX, en 1922 se crea YPF y se pone al general Mosconi al frente de la empresa). En 1928 Irigoyen arrasa en las elecciones y logra ganar por mayoría. Había una situación complicada: El partido estaba dividido (incluso entre los personalistas), había hechos de corrupción, él ya era grande. Electoralmente los antipersonalistas Non habían sido exitosos, los conservadores continuaban siendo oposición en el Congreso. En 1928 los capitales extranjeros comienzan a migrar a Nueva York ya que las tasas allí eran altas. Toda esta situación va preparando el golpe Septiembre de 1930, que fue encabezado por Uriburu (general retirado), no fue tan violento como los otros golpes en Argentina. Irigoyen había perdido mucho apoyo popular y esto hace que las fuerzas armadas que era fuerza nuclear, profesional, jerárquica que respondía al presidente lo terminen derrocando. Muere en 1933.

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ZANATTA LORIS “Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo” A fines del siglo XIX ya estaban instalados en Argentina los cimientos del Estado lacio. Por el contrario, las bases de la Iglesia habían sido profundamente erosionadas. Esto reflejaba la adhesión al liberalismo, y hacia fines de siglo al positivismo, de las elites que dirigían la modernización del país. En lo sucesivo, primero Sarmiento y Mitre, y sobre todo Roca y Juares Celman después de 1880, promovieron una legislación privada a la Iglesia del monopolio de los principales ámbitos de la vida social. Con la institución del registro civil, los nacimientos, las defunciones y los matrimonios dejaron de ser momentos de exclusiva competencia de la Iglesia. De hecho, se introdujo, por lo menos en el plano jurídico, la distinción entre “ciudadano” y “católico”. La laicización de la vida pública, por lo tanto, erosionó profundamente la influencia social de la Iglesia, especialmente en los centros urbanos, donde la inmigración y la integración a la economía internacional habían ocasionado un conflicto entre las élites liberales y la Iglesia. Sin embargo no alcanzaron a sancionar una ruptura formal y una independencia reciproca; la Iglesia nunca perdió completamente sus prerrogativas en el área educativa; el culto católico no fue sometido a restricciones irreparables. Hacia los años 1920 el proyecto liberal comenzó a mostrar serias fisuras. En el plano institucional, esto se manifestó en un proceso de romanización, nacionalización y clericalización de la Iglesia y del catolicismo argentino. Se multiplicaron los vínculos de la Iglesia con la Santa Sede, que buscaban lograr una nacionalización rápida y profunda de las iglesias locales. Finalmente, la organización institucional del catolicismo argentino fue radicalmente reestructurada sobre la base de un rígido clericalismo. La finalidad de este proceso era garantizar la absoluta ortodoxia doctrinaria de los militantes católicos y hacer de ellos un instrumento dócil al servicio de las jerarquías eclesiásticas. En 1919 se creo la Unión Popular Católica Argentina y en 1931 se creó la Acción Católica Argentina. La Semana Trágica de 1919 y las huelgas en la Patagonia durante dos años sucesivos provocaron una sensación de pánico y de crisis en las elites argentinas. El temor de que el régimen liberal, al favoreces la participación política y cierta emancipación cultural de las masas, concluyera por abrir las puestas de la revolución social se difundió ampliamente. En este contexto, el golpe de estado civil-militar de 1930, que despojó del poder al partido radical y bloqueó a los sectores sociales emergentes el acceso a la vida política, imprimió una decisiva aceleraron a la crisis del proyecto liberal, y definió de una vez por todas sus límites. Los radicales fueron proscriptos, surgieron tendencias autoritarias y comenzaron a manifestarse posiciones industrialistas, proteccionistas y anticapitalistas. Sin bien las tendencias antiliberales no surgieron desde la Iglesia, ésta consiguió articularlas, reorganizarlas y canalizarlas en un proyecto común. Como consecuencia, las cruzadas eclesiásticas anticomunistas y antiliberal se superpusieron al punto que la revolución militar del 4 de junio 1943 serpa celebrada por la Iglesia tanto como prevención con referencia al comunismo como finalización de la época liberal en la Argentina. La Iglesia se identifico el Ejército como vehículo de recristianización del estado; en primer lugar porque este era la insticución más importante en la época y en segundo lugar, porque al igual que la Iglesia, éste constituía una institución nacional, en tanto que radicada en todo el territorio, y popular, porque en sus filas se incluían enteras generaciones de jóvenes de todas las clases sociales. En tercer lugar, porque su estructura el Ejercito era el extremo opuesto a una institución liberal, ya que se fundaba en valores como el respeto por las jerarquías, el orden, la fundación, que lo acercaban a la Iglesia. En cuarto lugar, porque en la crisis del régimen liberal, el Ejercito emergía cada vez más como un factor de poder decisivo.

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El desorden social y la amenaza anticomunista fueron los factores que hicieron posible este acercamiento. El ejercito poco a poco tomo forma de “Ejercito cristiano”. En cuanto a su relación con la política en los años que sucedieron a la presidencia de Justo y hasta la revolución militar de 1943 la actitud fue casa vez más intransigente. Ortiz inició un efímero intento de regenerar el régimen liberal y en efecto, la iglesia radicalizó todavía más su posición y contribuyó a hacer impracticable el proyecto de Ortiz. Ni siquiera el ascenso de Castillo a la presidencia, luego de la renuncia de Ortiz, sirvió para modelar en lo esencial las posiciones de los católicos. La supervivencia del régimen dependía ya exclusivamente de la actitud de los militares, que mal podían tolerar el tener que apoyaba a un gobierno escasamente legitimado, que difícilmente estaba en condiciones de garantizar estabilidad política y progreso económico. En anticapitalismo católico no fue sino la expresión ideológica, en el plano económico y social, del proyecto de “nueva cristiandad”. Sobre la base de este análisis, sólo un estado cristiano, inspirado en el bien común y no en la ley de la oferta y la demanda, habría podido prevenir la revolución social encarando una política de audaces reformas e incorporando a la vida pública a los sectores populares que nunca habían tenido acceso a ella. Por el contrario, el estado liberal, con su actitud pasiva, habría acelerado el camino hacia la revolución social. La influencia directa e indirecta, de hombres e ideas del catolicismo populista fue decisiva en la elaboración del proyecto y la doctrina que luego dará origen al movimiento peronista, y sin ninguna duda, también sobre la evolución intelectual del mismo Perón en los años precedentes a su ascenso al poder. Si bien de la cruzada católica de los años treinta no emergió un régimen de la nueva cristiandad, llegó de todos modos a su ocaso la época liberal en la Argentina. El catolicismo represento el alma de este proceso histórico, la Iglesia fue la cabeza, el Ejercito su brazo consiente.

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LUCIANO DE PRIVITELLO “El Ejército entre el cambio de siglo y 1930: burocratización y nuevo estilo político” A partir de la década de 1890 comenzaron a producirse una serie de cambios importantes dentro del Ejército. Estos cambios cristalizaron en medidas tomadas durante la segunda presidencia de Roca, entre ellas la más conocida fue la instauración del servicio militar obligatorio. La más conocida de todas las leyes reformistas, es la ley electoral de 1912 (ley Sáenz Peña). Entre 1880 y 1955 el Ejército tuvo muchos jefes, pero sólo tres jefes cuyo lugar como tales no dependía exclusivamente de su posición institucional en la fuerza. Ellos fueron Julio A. Roca, Justo y Juan D. Perón; los tres fueron, además, presidentes de la nación. A diferencia de Roca y Perón, Justo fue presidente por un único período. El ejercito de las guerras revolucionarias no se parece absolutamente en nada al analiza el autor y tampoco arrastra ninguna continuidad institucional. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el paulatino surgimiento y consolidación del Estado nacional provocó una serie de fuertes conflictos que tuvieron por eje el uso y el monopolio de la Fuerza Armada. Las acciones militares que enfrentaron al Ejército Nacional con las milicias provinciales fueron un elemento más, sin dudas el más importante, de lo que por entonces era un problema fundamental: la relación entre las provincias y el Estado central, problema que la aprobación de la Constitución de 1853 no había resuelto. Durante los años 80 a pesar de creer en la importancia de un ejército profesional, Roca no realizó demasiados esfuersas en ese sentido: por un lado, le preocupaban otras dimensiones de la construcción del poder estatal que le parecías más acuciantes y, por otro, no hay que destacar que en tanto sabia como controlar esa máquina bélica tal como era, no consideraba prudente aplicar demasiados cambios en ella. En 1880 el oficial de este ejército de línea no es aún profesional, las jerarquías no son rígidas, los asensos no están sometidos a una norma común: la actividad militar es en muchos sentidos una expresión más de una vida política signada por un agudo faccionalismo. Muy lentamente el Ejército comienza el diseño de un nuevo modelo que se consagrará a comienzos del siglo y que puede caracterizarse por una triple condición:   

Una rígida pero eficaz organización jerárquica y burocrática Una sólida base técnica Una misión civilizadora dentro de la sociedad que transcendía el rol de una organización destinada exclusivamente a las tareas militares.

Uno de los primeros rubros en los que comenzó a delinearse el nuevo modelo del Ejército fue el de la agencia encargada de definir el perfil cartográfico de la Nación Argentina. La fuerza pasó a ocupar un lugar central en lo que se convertiría uno de los componentes básicos de la identidad territorial, la identificación de la nación con un contorno y unos contenidos de orden cartográficos. El ritmo tranquilo de los ochenta, dejo lugar a la preocupación por una rápida profesionalización y una centralización de los mandos y controles castrenses. Primero fue establecimiento de los códigos de justicia militar, estos garantizaban a la vez una férrea disciplina y un control centralizado del procesamiento de las faltas y delitos. Con la llegada de Roca el gobierno por segunda vez en 1898 se aceleró el camino de la reforma profunda, dirigida por su ministro de Guerra, general Pablo Ricchieri. Asimismo, se endurecieron las condiciones para acceder al Estado Mayor, primero estableciendo la obligación de ser egresado del Colegio Militar y, más tarde, la de haber pasado por la Escuela Superior de Guerra. Hacia el primer Centenario, entonces, se había consolidado un nuevo modelo militar que no es ni el de la milicia ni el del viejo ejercito de línea de 1880. Este modelo se basa en la presencia de un

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grupo de oficiales profesionales y fuertemente disciplinados, salidos todos de una única institución formadora y sometida a una única carera de ascenso cuyas etapas estarían pautadas por instituciones de formación superior. Cuando en 1912 el presidente Sáenz Peña le otorgó al Ejército un rol de importancia en los procesos electorales (uso del padrón militar, control de las votaciones y de las urnas), según la ley de reforma electoral que lleva su nombre, lo hizo porque consideraba que el proceso de construcción del nuevo modelo militar ya se encontraba muy avanzado. Dado que ahora eran el profesionalismo y los saberes técnicos lo que caracterizaba a la fuerza, no había riesgos al comprometerla en los procesos electorales. El Ejército era considerado como una institución ajena a los avatares de la política, y por eso, garantía de la imparcialidad que buscaba el presidente reformador. Hasta los años treinta la tendencia a la profesionalización estará siempre en tensión con la presencia en la fuerza del faccionalismo político, que no fue de ninguna manera erradicado, y que eso sucede precisamente porque ese Ejército tiene lazos sólidos y estrechos con el mundo “civil”. En los años de Yrigoyen, éste recurrió inmediatamente a la implementación de la llamada “política de las reparaciones” destinada a premiar a aquellos oficiales que habían participado de las revoluciones radicales con ascensos vertiginosos y destinos de relevancia. El presidente radical no advertía hasta donde esta política se enfrentaba con los nuevos criterios burocráticos de la fuerza y con los sistemas de ascenso que eran controlados desde el Estado Mayor. Como en la sociedad, en el ejército predominaban los yrigoyenistas; esto explica porqué eran escasas las tropas que acompañaron la aventura de Uriburu en 1930, quien no ejercía ninguna clase de autoridad institucional en la fuerza. El golpe del 30 fue mucho más que un movimiento civil encarado por la oposición a Yrigoyen y una escasa fracción de oficiales que un golpe institucional al Ejército. Por último el autor repasa el golpe de junio de 1943, esta vez, el golpe tuvo mucho de pretoriano: fue encabezado por la máxima autoridad de la fuerza (el ministro de Guerra, general Ramírez) y se dispuso a modificar de raís el sistema político argentino. Pocos fueron los civiles que aplaudieron, salvo algunos radicales que inicialmente creyeron que se pondría fin a la experiencia del fraude y, por supuesto, los militares nacionalistas.

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DANIEL LVOVICH “El Nacionalismo de Derecha” Nacionalismo; si tomamos el concepto en su sentido más amplio es posible señalar que el mismo englobó la creación de una historiografía que dio cuenta de los orígenes de Argentina a partir de la obra emprendida por Bartolomé Mitre desde la década de 1850. En el último cuarto del siglo XIX Argentina se hallaba inmersa en un proceso inconcluso de formación nacional. La tendencia de los extranjeros a no nacionalizarse permitía que fueran vistos como enclaves de otras nacionalidades que atentaban contra la unidad cultural argentina y podían respaldar las pretensiones de intervención de otras potencias. La escasa disposición de los inmigrantes a nacionalizarse despertó inquietud en torno a las posibilidades de éxito del esfuerzo tendiente a crear en el país una comunidad política civilizada. En tales circunstancias, en la década de 1880 se desarrollaron una serie de políticas que apuntaban a la construcción de la nacionalidad argentina. A través de ella se afirmó el criterio de ciudadanía y de jurisdicción por el principio de la ley territorial, y se procuró argentinizar a los hijos de extranjeros a través del sistema escolar, tanto mediante la enseñanza de una historia y lengua nacionales como por medio de la celebración de fiestas patrias. A fines del siglo XIX, se consolidó una concepción cultural esencialista de la nación (a la que se volcó parte de la elite) que sostenía la existencia de una nacionalidad cuyos rasgos estaban prefijados y establecidos desde los comienzos de la historia patria, como la expresión de un ser único que se expresaba a través de un idioma propio. En ese período de concepción contractualista y esencialista de la nación coexistieron conflictivamente. Se manifestaron en los debates sobre la obligatoriedad de la lengua nacional en la educación, la forma de entender el patriotismo, etc. Hacia el cambio del siglo eran ya distinguibles las ideas características de lo que en la década de 1920 constituyó el repertorio nacionalista. Pese a que la llegada a la Presidencia de la Nación de Yrigoyen en 1916 no produjo modificaciones económicas que pusieran en cuestión las posiciones de la elite social, algunos de los sectores que la integraban percibieron al radicalismo en el poder como un creciente peligro. Las masas radicales, dibujaban una amenaza difusa. Cuando los bolcheviques alcanzaron el poder en 1917 con la Revolución Rusa, el terror rojo se apodero de las clases dominantes y Argentina fue parte de este fenómeno. Los Sucesos de la Semana Trágica, casualmente, fueron interpretados por la opinión conservadora como la constatación de la existencia de una amenaza revolucionaria. Por ello la conformación de la Liga Patriótica Argentina en los días posteriores a la Semana Trágica puede ser vista como un intento de los sectores dominantes por constituir un brazo armado propio con el que intervenir en el conflicto social. Esta Liga contó con el apoyo de las principales organizaciones patronales, de miembros de la iglesia Católica, del Ejército y de importantes sectores de la clase medias y altas urbanas y rurales, incluyendo a algunos integrantes de la UCR. El objetivo fundamental establecido era el de cooperar con la acción represiva de todo movimiento anarquista. La orientación fue antiizquierdista aunque no anti liberal (manifestó en reiteradas ocasiones adhesión al orden constitucional). Recién hacia fines de la década de 1920 se relaciono con grupos nacionalistas y formó parte del heterogéneo conglomerado que impulsó el golpe de Estado de septiembre de 1930. Los sucesos de la Semana Trágica también resultaron determinantes en el giro hacia posturas decididamente antiliberales y nacionalistas por parte del escritor y político Leopoldo Lugones (se inclino hacia la derecha). Depositó en las fuerzas armadas el rol de restablecer el orden amenazado por los males del sistema político democrático.

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Tras el nuevo triunfo de Yrigoyen en las elecciones de 1928, sectores muy diversos de la oposición comenzaron a percibir como única solución para un estado de cosas al que consideraban intolerable, el recurso de la fuerza. Sin embargo, las críticas conservadoras al régimen y a la figura de Yrigoyen partían de postulados divergentes. En el cambiante clima de opinión nació el primer periódico estrictamente nacionalista “La Nueva República”. Desde su primer número en este diario se sostenía que Argentina atravesaba una crisis (motivada por la desorientación intelectual, la demagogia, el saqueo del Estado y el desaliento al trabajo) que había llegado a poner en riesgo la vigencia misma de la Constitución del 1853. Frente a ello el periódico asumió el rol de vocero de una reacción patriótica y conservadora. Según la visión de los llamados “neorepublicanos” en Argentina el predominio del pensamiento romántico había provocado la negación de las dos jerarquías fundamentales; la de la iglesia Católica y la del Estado, y habían sido reemplazadas por el predominio del arbitrio individual y la sensibilidad revolucionaria. Los enemigos universales del orden, la jerarquía y la iglesia eran el radicalismo y la izquierda. Los neorepublicanos presentaron una imagen permanentemente negativa de la figura de Hipólito Yrigoyen, debido a que su origen y su legitimidad provenían del voto popular. Y el radicalismo era un partido considerado de izquierda y revolucionario. Tras el golpe militar de 1930 encabezado por el general José Félix Uriburu, La Nueva Republica pasó del republicanismo elitista y jerárquico al corporativismo. Tal transformación ocurrió una vez que la llegada al poder de Uriburu otorgó legitimidad a tales posturas. Apareció la imagen del capital financiero, ligado a los intereses internacionales, contrastando con los propietarios territoriales. Y nace la representación de una “aristocracia sin amor por el país, sin lastima por el pueblo, sin solidaridad con la Nación”.

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La interferencia está en el canal. Mediaciones políticas (partidarias y corporativas) en la construcción de la democracia en Argentina, Waldo Ansaldi

1880 – 1914: tres partidos, ninguno nacional. PAN: partido del gobierno, del régimen oligárquico. Controla el gobierno nacional hasta 1910 y lo continúa hasta 1916 como Unión Nacional, fundada para sostener la fórmula Roque Sáenz Peña – Victorino de la Plaza. UCR: surge para luchar por la democratización política mediante la universalización masculina del sufragio. Causa regeneradora. Surge como expresión política de la burguesía democrática, con apoyo de la clase media urbana y algún apoyo obrero. PS: partido de la pequeña clase obrera industrial. Definición clasista

PDP: proyecto de partido orgánico de la burguesía argentina impulsado por los sectores más lúcidos con la intención de continuar, bajo una faz democrática, el ejercicio del gobierno detentado por el PAN. En las elecciones de 1916 los reformistas oligárquicos (una fracción del PAN) buscaban construir un sistema bipartidista y que la UCR no fuera anti-régimen, sino incluirlo y continuar con la hegemonía. La idea era mantener primero a la UCR como minoría para que luego crecieran de manera moderada para gobernar y alternarse el gobierno entre la UCR y los conservadores.

Sistema político argentino: en tanto canal de comunicación o articulación entre sociedad civil y sociedad político, se expresa mediante unas dobles lógica y mediación: la partidaria y la corporativa. Ambas son formas de mediación política, siendo la segundo más fuerte y eficaz que la primera.

Participación == decisión. Los extranjeros participaron mucho y activamente en la política argentina pero no decidieron en los aspectos sustantivos de ella.

La burguesía argentina no se plantea la creación de un terreno en el cual pueda desarrollarse una voluntad colectiva nacional popular en pos de un modelo societal superior. En ese sentido, ella se organiza en torno al principio nacional-estatal, unificando a todos los grupos dominantes a escala provincial en una clase de alcance nacional. Precisamente, el modo en que la burguesía argentina se constituye como sujeto social y político dirigente/dominante define buena parte de las características de sistema político, un proceso complejo en el cual el partido es sólo una de las formas de acción política.

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Sociedad Rural Argentina: LA institución corporativa burguesa por excelencia. Todo su peso político no se traduce necesaria o automáticamente en la existencia de un Estado corporativo, ni tampoco implica la ausencia de relaciones conflictivas entre corporación y gobierno. El radicalismo gana y ejerce el gobierno entre 1916 y 1930, pero no logra el poder.

Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio, Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción, Asociación Nacional Del Trabajo.

La Argentina moderna (1880-1930) presenta una situación de existencia de un Estado fuerte y una sociedad civil fuerte, relación que no termina de consolidarse en tales términos. Hay un progresivo fortalecimiento de la sociedad civil, pero fortalecimiento corporativo. Debilidad de los partidos políticos, fortaleza de asociaciones de interés, afianzamiento del poder y papel del Estado. La creciente participación de las asociaciones de interés en la función de mediación entre la sociedad civil y el Estado tiende a suplir el vacío que produce la ineficacia de los partidos y el Parlamento en tal función. Define una mediación corporativa inscripta en el modo perverso de hacer política.

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H. DEL CAMPO “Sindicatos, partidos ‘obreros’ y Estado en la Argentina peronista” “Lo que intentaremos en este trabajo es rastrear, en la historia del movimiento obrero argentino, los antecedentes de esa peculiar relación entre sindicatos, partidos ‘obreros’ y Estado que se consolidó durante la década de gobierno peronista y perduró prácticamente hasta nuestros días” [Del Campo: 237]. Dicha relación es producto de la evolución lógica del sistema argentino. En el período 19001943, se pueden identificar tres etapas: › Estado oligárquico represivo – Anarquismo (hasta 1916) El Estado ve al movimiento sindical como un factor de desorden y perturbación promovido por extranjeros → problema policial. Instrumentos para combatirlo: represión, Ley de residencia, Ley de defensa social. Por su parte, el movimiento sindical ve al Estado como una maquinaria represiva al servicio del capital → debe ser destruida. Esta es la etapa de predominio anarquista por varias razones: a) la mayor parte de los obreros trasladan las ideas de su país de origen a su nuevo medio; b) los inmigrantes no aspiran a ser obreros bien pagados y protegidos por las leyes, sino propietarios independientes. Siguiendo estas perspectivas, el anarquismo proclama al sindicato como ámbito para difundir las ideas que llevarán a la revolución social; tiene una ideología determinada, que se proclama abiertamente y no necesita de organización partidaria. El fracaso del socialismo está dado porque es imposible el ideal de un partido obrero cuando los trabajadores inmigrantes ven su condición como transitoria. Así, surge una nueva corriente dentro del PS, el sindicalismo revolucionario: afirma al sindicato como única forma de organización específicamente obrera (“todo el poder a los sindicatos”) y presenta una neutralidad ideológica. Hacia 1910, la influencia anarquista comienza a declinar. El inmigrante o hijo de inmigrante deja de ver como transitoria su situación de obrero asalariado y comienza a preocuparse por el mejoramiento inmediato de sus condiciones de vida y trabajo. Mientras tanto, el sindicalismo revolucionario crece y se refuerza gracias a la recuperación económica [mayor cantidad de gente empleada y sindicalizada]. Se produce un conflicto con los socialistas puesto que los primeros promueven representantes gremiales que sean “obreros en actividad” [Del Campo: 241] y no políticos o diputados en funciones. Con respecto a los comunistas, plantean su no adhesión a la Internacional Sindical Roja. › Estado populista liberal – Sindicalismo revolucionario (1916-1930) El Estado es árbitro en los conflictos sociales, con posturas humanistas y paternalistas hacia los sectores más desfavorecidos. Esta tendencia se acentúa durante la presidencia de Alvear (19221928): la prosperidad económica, la estabilidad política y la paz social permiten dictar importantes leyes sociales y aumentar los salarios. Hay un efectivo mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Sin embargo, el auge de la revolución (como consecuencia de la experiencia rusa) le impone límites y obstáculos a sus objetivos. Pero los acontecimientos demuestran que la revolución social no está tan al alcance como se creía. La conquista de objetivos inmediatos, posibles y concretos por parte de los trabajadores sólo puede realizarse con el apoyo (o neutralidad benévola) del Estado.

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A partir de la década del ‛20, la tendencia mayoritaria del sindicalismo comienza a decaer: pierden el control de los sindicatos más importantes y la división entre sindicatos y partidos es insostenible (FORA y USA). El incremento electoral de PS y la importancia de su representación parlamentaria vuelve más creíble sus propuestas, aumentando su número de afiliados. Así también no deja de aumentar el peso de los comunistas, con un intenso trabajo de base que les otorga influencia entre los obreros de la carne, de la construcción, de la madera, textiles y metalúrgicos. Desde 1928 y hasta su caída, Yrigoyen inaugura un segundo período en el poder acentuando (al extremo) sus rasgos característicos: el paternalismo, la identificación emocional y esa especie de “trueque” político (lealtad por más beneficios). › Estado oligárquico intervencionista – Social comunismo (1930-1943) Con la vuelta del conservadurismo, la situación de la clase obrera se estanca en niveles bajísimos. Si bien crece la intervención frente a los conflictos laborales así como la atención e interés por la evolución del movimiento sindical, ello se debe que las organizaciones gremiales van alcanzando gran importancia y buscan su institucionalización, objetivo que el Estado impide ya que busca controlar todos los aspectos de la vida. Con Uriburu, se aplica una política de represión, fusilamientos, deportaciones y cárcel [etapa regresiva]. Justo, aún utilizando la represión, desarrolla una política de acercamiento e institucionalización, con iniciativas sindicales que parecen constituir un verdadero programa y un contacto frecuente con la CGT. Además, el DNT adquiere un papel más activo: funciones de mediación y arbitraje. La relación Estado-sindicatos es paradójica y contradictoria: mientras persigue al comunismo y vigila minuciosamente el cumplimiento de las leyes existentes, dicta una abundante legislación social, interviene en la resolución de huelgas y promueve la concertación de convenios colectivos. Durante la presidencia de Ortiz, la intervención del Estado se proyecta directamente sobre el ámbito propiamente sindical. En este período, el movimiento sindical abandona (definitivamente) su actitud revolucionaria para volverse hacia el Estado en busca de arbitraje y protección. Para reforzar su capacidad de influir sobre el poder político, y ante las limitaciones de la vía parlamentaria, se vincula a coaliciones que tienen real acceso al poder = peronismo. “De la etapa yrigoyenista, el peronismo retomará y desarrollará hasta sus últimas consecuencias los rasgos populistas; el peso del Estado se volcará decididamente a favor de los sectores populares, mejorando su situación en gran escala y apelando a su apoyo contra la oligarquía (...) Pero, al mismo tiempo, el Estado peronista desarrollará también hasta sus últimas consecuencias las tendencias intervencionistas aparecidas durante la década del 30, extendiendo su acción omnipresente a todo el ámbito de las relaciones laborales, apareciendo como el árbitro inapelable de todos los conflictos y, sobre todo, institucionalizando plenamente al movimiento sindical y ejerciendo un control cada vez más estrecho sobre el mismo” [Del Campo: 257]. La diferencia fundamental entre el sindicalismo pre-peronista y el peronista es la pérdida de autonomía frente al Estado y al liderazgo centralizador y autoritario de Perón.

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D. MACOR Y C. TCACH “La invención del peronismo en el interior del país” El mito originario del peronismo dice que “Perón fue liberado por su pueblo movilizado, y en especial, por los descamisados convocados por Evita: así comenzó una nueva era marcada por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación” [Macor y Tcach: 5]. El peronismo es un objeto de interés singular, por el enigma político que contiene y porque es una puerta de entrada excepcional para el análisis científico de la sociedad argentina. Desde la sociología se promueven estudios e interpretaciones que pueden distinguir tres fases: una, de interpretaciones ortodoxas, inaugurada por Germani en la segunda mitad de los años ‛50; otra, de interpretaciones heterodoxas, desarrollada a partir de los años ‛70 por diversos autores que revisan la teoría germaniana; y una tercera, de interpretaciones extracéntricas, que es construida por una nueva generación de historiadores a partir de mediados de los ‛80. - Interpretaciones ortodoxas Según Germani, el año 1930 se presenta como un verdadero punto de inflexión en la historia argentina: cierra una etapa de inmigración masiva donde el inmigrante europeo participa de un proceso de nacionalización e integración e inaugura otra caracterizada por las migraciones internas del campo a la ciudad, en la cual el migrante interno se incorpora a la ciudad sin integrarse social y políticamente. El peronismo es producto de esta última etapa, caracterizada por la transición de una sociedad tradicional a una moderna. El actor social clave son esos “migrantes recientes” que vienen a engrosar las filas del proletariado industrial de Buenos Aires. Esta “población rural transplantada” [Macor y Tcach: 10] simboliza una masa en estado disponibilidad, permeable al liderazgo carismático por no poseer un guía político, no contar con organizaciones propias ni valores consolidados. Pese a ello, Germani aclara que las masas tampoco son marionetas de Perón. “La falta de integración de los nuevos grupos es una clave de lectura que se volverá predominante para el análisis del fenómeno peronista (...) Para las interpretaciones elaboradas desde los cánones de la sociología científica -y desde el campo político opositor al peronismo- la falta de integración revelaba un problema negativo que ayudaba a explicar la anomalía de la existencia del peronismo y -en el clima de 1955/1956- su segura desaparición. Quienes veían al peronismo como un fenómeno positivo en la historia política argentina tomarán el mismo «dato» germaniano de falta de integración pero invirtiendo su valoración. Esas «nuevas masas obreras» serán presentadas en este registro como el polo positivo de un proceso de nacionalización del movimiento obrero y los sectores populares (...)” [Macor y Tcach: 11]. Para Torcuato Di Tella, el fenómeno peronista está situado dentro de las “coaliciones populistas”, caracterizadas por: un tipo de élite, un tipo de participación política y un tipo de liderazgo. En cuanto a la élite, se constituye en base a la confluencia de los industriales y los militares (que desarrollan fuertes coincidencias) y opera como sustituta de una burguesía industrial. La participación política es movilizacionista: masas movilizadas sin mucha experiencia organizativa, vinculadas por relaciones jerárquicas y verticales con una élite externa. El carisma de Perón opera como instancia de relación directa entre el líder y sus seguidores. Carlos Waisman considera que los trabajadores argentinos son incluidos en el sistema político como un actor no autónomo, controlado por el Estado. Es él quien posee el monopolio de la representación. El autor recorre y profundiza la línea planteada por Germani. A su juicio, el sistema político debe enfrentar en 1930 el reto de integrar a sectores de migrantes recientes y la respuesta la

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proporciona el movimiento peronista, merced de una combinación de sanciones positivas (restricciones a las libertades públicas) y positivas (protección legislativa a los trabajadores y redistribución de la renta). Los inmigrantes recientes quedan totalmente impresionados (impacto psicológico) por la concesión de derechos y recompensas por los que no habían luchado y de cuya necesidad probablemente no eran concientes. - Interpretaciones heterodoxas Tienen como denominador común destacar el papel de la vieja clase obrera en el proceso de génesis del peronismo. Se destacan, especialmente, los trabajos de Murmis y Portantiero. Los autores distinguen tres tipos de sindicatos: los viejos, los nuevos y los paralelos. A partir de esta clasificación, destacan la primacía de los viejos sindicatos y sus dirigentes tradicionales en la configuración de la alianza entre la clase obrera y la élite política que da lugar al peronismo. Según este planteo, existe en la clase obrera una tradición reformista que hace factible el acuerdo con el Estado, planteado éste como un pacto de intereses [autonomía]. En esta misma línea, Torre señala que el margen de maniobra de los dirigentes sindicales es mucho más amplio de lo que suponen los enfoques ortodoxos, ya que es en el campo sindical donde Perón puede buscar adhesiones masivas a su proyecto. Desde esta óptica, el peronismo termina configurando un Estado, un movimiento y una ideología marcada por el lugar sobresaliente ocupado por los trabajadores, por lo que Perón debe revalidar su liderazgo a través de una renegociación constante de su autoridad sobre las masas obreras. › La diferencia fundamental entre ambos tipos de versiones está dada por el desplazamiento del eje interpretativo: de la manipulación [ortodoxas] a una autonomía relativa [heterodoxas]. “Si en Germani o en Di Tella lo que primaba era una relación altamente personalizada y carismática entre Perón y las masas, en Murmis-Portantiero y Juan Carlos Torre la participación de éstas es medida de modo decisivo por los canales de las organizaciones sindicales. Mientras en las interpretaciones ortodoxas, la coincidencia del movimiento obrero y Perón se explicaba como el resultado de la división de la clase obrera entre viejos y nuevos trabajadores, más dispuestos estos últimos a aceptar una dirección heterónoma por su falta de tradición política y su escasa integración en la sociedad moderna; las nuevas interpretaciones destacaban más bien la unidad de la clase obrera en la constitución del peronismo y la racionalidad del acercamiento a Perón” [Macor y Tcach: 19]. Sin embargo, estas interpretaciones contienen tres aspectos comunes: son construcciones sociológicas, tienen como principal unidad de análisis a Buenos Aires y centran su atención en los efectos del proceso de industrialización. - Interpretaciones extracéntricas Surgen en las últimas décadas del siglo XX, específicamente en el área historiográfica. Analizan la emergencia y consolidación del peronismo en el interior del país. Este proceso se caracteriza por las diferencias globales que tiene con respecto a las modalidades que asume en las zonas de mayor densidad obrero-industrial y por la singularidad de cada caso local: › Jujuy: se constituye un peronismo cohesionado y homogéneo como consecuencia de diversos factores; en particular: el liderazgo de Miguel Tanco, histórico caudillo yrigoyenista, que permite la incorporación de diversos dirigentes partidarios en un actor colectivo (único). › Salta: el peronismo está asociado a las figuras patricias y tradicionales, que dominan la producción azucarera. A pesar de los intentos del Partido Laborista por denunciar y repudiar la situación de explotación y feudalismo en la zona, el poder sigue en manos de la oligarquía. “Perón

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hizo oídos sordos al rechazo obrero y ratificó el apoyo a su candidatura a gobernador de la provincia ” [Macor y Tcach: 23]. › Tucumán: el movimiento obrero apoya a Perón y la creación de un Partido Laborista. Sin embargo, sufre limitaciones de parte del propio líder. El gobierno lleva a cabo una política de subsidios encubiertos que beneficia a los empresarios locales, ya que “era el Estado dirigista y planificador quien se hacía cargo de los costos, auxiliando a los poderosos azucareros norteños que lideraban desde fines del siglo XIX importantes sociedades anónimas” [Macor y Tcach: 24]. › Mendoza: se da una circunstancia particular, ya que el peronismo no se sustenta en los sectores obreros del Partido Laborista ni en la experiencia populista previa. Su principal base de sustentación son los sectores conversos del radicalismo yrigoyenista tradicional. › Territorios patagónicos: son regiones caracterizadas por la ausencia de una élite con fuerte tradición histórica, organizaciones gremiales inexistentes o endebles y escasa integración al resto de la nación. Se encuentra una sociedad civil débil y formas de articulación social, identidades políticas y estructuras partidarias no consolidadas. En este contexto, el peronismo se construye “desde arriba”, desde el Estado nacional. › Córdoba: tienen gran peso en la formación del peronismo los sectores tradicionales (Acción Católica, partido conservador, sector nacionalista de la UCR, caudillos y caciques de pueblo). Estos grupos derrotaron al Partido Laborista en la lucha interna peronista. › Santa Fe: se destaca el papel clave desempeñado por sectores provenientes del nacionalismo, del radicalismo yrigoyenista y de la militancia católica. [en estos dos últimos casos se leen elementos comunes: participación de sectores tradicionales en la emergencia del peronismo; conflictividad durante los primeros años, tanto en el orden interno como en el orden nacional; procesos de transformación institucional de los Estados provinciales (burocratización)]. A modo de conclusión, puede afirmarse que es central el peso de los factores tradicionales en contraposición de la debilidad del laborismo y la clase obrera. Perón busca contar con el respaldo de actores políticos y sociales poderosos que faciliten su acceso a la presidencia de la nación. Esta decisión supone eliminar cualquier riesgo de autonomización política de los trabajadores que son su base de apoyo. Consecuentemente, queda instalado un modo de antagonismo político excluyente en el cual “para unos, el peronismo fue un movimiento popular que tuvo en la oligarquía su «enemigo natural» y en la clase obrera su «columna vertebral»; para otros, en cambio, fue el resultado de un líder demagógico dotado de un eficaz aparato de propaganda (...)” [Macor y Tcach: 31].

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D. JAMES “Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina (1946-1976)” Durante la década de 1960-1970, se desarrolla la Resistencia peronista. Su ideología está basada en una reafirmación de los principios tradicionales: justicia social (capital humanizado) y soberanía nacional (nacionalización económica – antiimperialismo). “De esto formaba parte un concepto implícito sobre el papel especial del Estado como garantía última (...) ‘La vuelta de Perón’ llegó a ser una garantía de que el Estado seguiría comprometido con el desempeño de ese papel de guía en la sociedad” [James: 131]. Aunque estos elementos tradicionales de la retórica peronista pesan en el discurso de la clase trabajadora, también se encuentran otros elementos descriptos como un “contradiscurso”: › huelga: simboliza la solidaridad y el sentimiento de unión entre los trabajadores › sabotaje: representa la capacidad del obrero de hacer frente a una situación social, económica y política que rechaza › fuerte antipoliticismo: profundo recelo frente al sistema político y sus representantes › escepticismo: con las consignas políticas de la ideología oficial La clase obrera sufre este destino debido a sus propias fallas y su falta de autonomía. Consecuentemente, se produce una reafirmación del propio valor y de la importancia de los trabajadores en la sociedad → “¿Quién hace con su energía todos, absolutamente todos, los bienes? ¡¡¡OBREROS!!! (...) El capital sin es un cadáver que se está pudriendo” [James: 134]. Pero esta “conciencia práctica” choca con los principios de la ideología formal: la legitimidad de ciertos conceptos es ahora incompatible con la experiencia. Por otro lado (y muy ligado a lo anterior), en la Resistencia peronista se encuentran “estructuras de sentimiento”: la nostalgia (de la era peronista) y el obrerismo. Se convierten en una especie de utopía “de lo que el Estado debía ser en lo futuro a partir de una interpretación selectiva de lo que había sido en el pasado” [James: 141]. Análogamente, la figura de Perón y sus atributos alcanzan proporciones casi místicas; su vuelta es la “salvación” , que permita reestablecer una sociedad fundada en la justicia social y el cese de la explotación obrera. Vencer al enemigo = antiperonismo. En el lapso 1955-58 “(...) hubo un manifiesto desacuerdo entre la realidad vivida y la filosofía formal. Esta discrepancia (...) a veces se resolvió explícitamente en favor de nuevas interpretaciones alternativas o, con la mayor frecuencia, se resolvió en la coexistencia de elementos contradictorios” [James: 142].

Capítulo 7: La burocracia sindical Durante el período 1962-66 se da un importante proceso de integración del aparato sindical al sistema político e institucional de la Argentina y su corolario de burocratización, así como el empleo creciente de medios autocráticos para regular la vida de los gremios. La figura que simboliza este proceso es Augusto Vandor, líder sindical. “El ‘vandorismo’ llegó a ser sinónimo, tanto en el plano político como en el sindical, de negociación, pragmatismo y aceptación de los hechos crudos de la realpolitik que gobernaba Argentina desde 1955” [James: 220]. También llegan a ser sinónimos de vandorismo el control implacable del juicio interno por la burocracia sindical y el empleo de matones para intimidar a la oposición. Vandor tiene pleno dominio sobre las 62 Organizaciones de la CGT y la jefatura sindical peronista.

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A lo largo de la crisis económica de 1962 la cúpula sindical responde de manera silenciosa, debido básicamente a la inestabilidad institucional por la que atraviesa. Más tarde, una vez que mejora la situación, comienza a recuperar el terreno perdido por medio de la ocupación de fábricas. Por otro lado, los dirigentes sindicales explotan cada vez más su papel como agentes y corredores del electorado peronista. La base estructural del poder institucional de los sindicatos se encuentra en la Ley 14.455 de Asociaciones Profesionales, que establece el reconocimiento legal a un sindicato único por industria (dotado de derechos de negociación). Así, los sindicatos se convierten en estructuras altamente centralizadas que concentran el poder, sin temor a la posible competencia de sindicatos rivales. La cúpula maneja los recursos financieros (provenientes de los aportes patronales y obreros); tiene la posibilidad de controlar las elecciones, por lo que una vez elegido un grupo es muy difícil desplazarlo de la jefatura [autoperpetuación]; cuenta con los instrumentos para obstaculizar el camino de cualquier grupo que intente presentar su lista de candidatos (lista única, control de la junta electoral). EXISTE, entonces, UNA FUERTE CORRUPCIÓN, CENTRALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN DEL PODER Y LA RIQUEZA ALREDEDOR DE LA BUROCRACIA SINDICAL. Los sindicatos representan un “doble papel”: a) encarnan a la clase obrera en su lucha por mejoras económicas; b) personifican al movimiento peronista en sus conflictos y maniobras con otras fuerzas políticas argentinas. Como actor político, el sindicalismo tiene una debilidad fundamental: su poder de negociación proviene de su posición como representantes de Perón; por lo cual, están supeditados a él. “(...) si bien usar la ‘camiseta’ confería a la cúpula gremial un considerable espacio de maniobra, así como un razonable grado de independencia en sus relaciones con Perón y con los gobiernos, esto no era igual a operar desde una posición de fuerza sindical autónoma” [James: 247]. Perón y los jefes sindicales están sumidos en un círculo vicioso: el líder se ve obligado a confiar en los sindicatos como sus principales instrumentos de negociar y afirmar las reclamaciones peronistas en el sistema político. Pero el éxito logrado por los sindicatos en esa función, la confianza en sí mismos y el impulso organizativo a su base, derivan de la capacidad del propio Perón para determinar la suerte del movimiento.

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C. TCACH “Golpes, proscripciones y partidos políticos” En la primavera de 1955 se lleva a cabo la “Revolución Libertadora”, con el objetivo de poner fin a la presidencia de Perón. Para ello confluyen radicales intransigentes y unionistas, conservadores y socialistas, demócratas cristianos y grupos nacionalistas [apoyo de todo el conjunto político partidario]. Es el último grupo quien asume el mandato del nuevo gobierno (provisional), en la figura de Lonardi, caracterizado por su nacionalismo y clericalismo. Durante sesenta días, el escenario político se convierte en un laboratorio de ensayo: distintas fórmulas entran en competencia y encuentran sendas oposiciones. El hilo conductor del enfrentamiento es la cuestión peronista y la posibilidad de reeditar -sin Perón- la vieja alianza entre militares nacionalistas y dirigentes sindicales. El nuevo presidente Aramburu es recibido con beneplácito por el conjunto político y se impone como principal tarea la reeducación de las masas peronistas. Se combinan medidas de persuasión y represión: “El presidente Aramburu intervino por decreto la CGT, disolvió el partido peronista, inhabilitó a sus integrantes para obtener empleos en la administración pública y proscribió de la representación gremial a quienes habían ocupado cargos sindicales a partir de 1952” [Tcach: 24]. Además, se implanta la ley marcial y la pena de muerte por razones políticas. Paralelamente, la UCR sufre conflictos endógenos entre los frondizistas (UCRI – Unión Cívica Radical Intransigente) y sus adversarios (UCRP – Unión Cívica Radical del Pueblo); hasta que el líder del primer grupo se impone como candidato para las presidenciales de 1958 [a través de una encuesta nacional entre los afiliados al partido]. Esta candidatura es apoyada tiempo más tarde por el mismo Perón, en una suerte de pacto político: a cambio de los votos, Frondizi se compromete a una amplia amnistía, el reconocimiento legal del justicialismo y a eliminar las trabas para consolidar la CGT. “La retórica de Frondizi era catch all -amplia e inclusiva-: destacaba el papel de los obreros y empresarios en la modernización del capitalismo argentino, suponía una tímida actitud benevolente con respecto a la Iglesia Católica y auguraba el fin de las discriminaciones ideológicas contra la izquierda (...) Fue eficaz: apoyado por nacionalistas y comunistas, por ateos de izquierda y católicos fervientes, el 23 de febrero su triunfo fue arrasador (...)” [Tcach: 30]. Sus primeros cuatro meses de gobierno están marcados por una fiebre de iniciativas: ley de amnistía, derogación de la inhabilitaciones gremiales, anulación del decreto que prohíbe el uso de símbolos peronistas, aumento salarial del 60%, ley (14.445) de asociaciones profesionales. En tanto, el guiño hacia la Iglesia Católica está dado por un proyecto para legitimar y reglamentar el funcionamiento de universidades privadas [en clara contraposición con la tradición laica de la Reforma Universitaria de 1918]. Por otro lado, es central la “batalla del petróleo” [autoabastecimiento en materia energética] a través de sus respectivas leyes de radicación de capitales extranjeros y de promoción industrial. El objetivo del autoabastecimiento es perseguido como condición para el desarrollo de una nación industrial moderna (“nacionalismo de fines” sobre “nacionalismo de medios” → prima el propósito último sobre los métodos utilizados para alcanzarlo). Hacia 1959 se implementa un plan de estabilización económica y austeridad (reducción del gasto público, liberación de precios, limitación de los aumentos salariales), que profundiza la brecha recesiva. En este marco, se recrudecen las huelgas y el sabotaje como instrumento de resistencia obrera en contrapartida con una participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en la represión. Las huelgas son declaradas ilegales y se proscribe al Partido Comunista. “(...) la lucha

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contra el ‘tirano prófugo’ y sus seguidores fue homologada a la lucha contra el comunismo” [Tcach: 34] [contexto Guerra Fría]. Las crecientes intervención y politización militar limitan la autonomía de Frondizi y dejan al descubierto sus debilidades: un partido de funcionarios, colonizado por los integrantes del gobierno, que sufre la derrota frente al peronismo en los comicios provinciales de marzo de 1962. “Presionado por los militares, Frondizi fue obligado a disponer la intervención federal a las provincias en las que ganó el peronismo. El 29 de marzo fue arrestado y recluido en la isla Martín García” [Tcach: 37]. Asume entonces el presidente del Senado José María Guido. Se produce una vuelta a la influencia de la Argentina tradicional: liberal en lo económico, conservadora en lo político y reaccionaria en lo cultural. Continúan la represión, la violencia, los asesinatos políticos y la proscripción peronista se reinstala. En este clima, el Ejército se divide en dos grupos: los “legalistas” (azules) y los que priorizan la lucha antiperonista al mantenimiento de la legalidad constitucional (colorados). Los azules cuentan con el apoyo de la Caballería, los tanques de Magdalena y la base aérea de Morón; los colorados, con la Infantería. Luego de pequeños combates y hostigamientos, los azules logran imponerse y el general Onganía es nombrado comandante en jefe del Ejército. A partir de entonces, se pone en marcha un esquema de integración subordinada del peronismo: reconocerlo como fuerza política y asegurar su no acceso al gobierno. Onganía es propuesto como candidato a presidente, mientras los radicales hacen lo propio lanzando a Illia. En 1963, con el empleo por primera vez en la historia argentina del sistema de representación proporcional en los comicios, el candidato radical se impone con apenas el 25% de los votos. Se rige por un compromiso y equilibrio donde la matriz partidaria es central: “(...) gobierno de partido (...) y gobierno de un solo partido” [Tcach: 44]. Además es renuente a una política de alianzas, a pesar de no contar con mayoría ni quórum propio. El gobierno lleva a cabo un intervencionismo con criterios keynesianos y cepalianos, anulando los contratos petroleros firmados por Frondizi, limitando el aumento de precio de la canasta familiar, congelando el precio de los medicamentos. Tanto en el ámbito militar como religioso actúa con prudencia. La represión es ahora aplicada sin apelar al Ejército, juzgándose según el Código Penal. Pero es el intento de modificar el monopolitismo peronista en los sindicatos lo que pone en jaque a la administración. Se suceden las luchas, huelgas y ocupaciones de fábricas. Ante su resistencia a declarar el estado de sitio, se comienza a condenar la lentitud y pasividad gubernamental; es sinónimo de ineficiencia para modernizar la Argentina. La modernización exige “superar” al Parlamento, empantanado por una retórica antigua y un dañino populismo; se trata de reemplazar a la política por una administración. Esta transición no es ajena a las Fuerzas Armadas que afianzan su “guerra ideológica interna” contra el gobierno, catalogándolo de ineficaz y de desvirtuar los valores occidentales y cristianos por medio de prerrogativas constitucionales. En este contexto, se legitiman los golpes militares y se los presenta, en última instancia, como necesarios. “La dilatada campaña golpista culminó el 28 de junio de 1966 con el derrocamiento de Illia por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas” [Tcach: 49].

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M. GORDILLO “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955-1973” El rasgo dominante de todo el período es la permanente recurrencia a la acción colectiva y a la exteriorización de la protesta, que adquiere diferentes formas y contenidos según los momentos históricos específicos. Se pueden discriminar tres etapas con una base común → la inestabilidad política y su imposibilidad de legitimar un modelo económico y social alternativo al peronismo: a) Desde 1956 a 1969: predominan la resistencia y la protesta obreras (que van tomando distintas formas y contenidos), al tiempo que se van conformando nuevos actores provenientes, sobre todo, de los sectores juveniles b) Entre 1969 y fines de 1970: se produce un momento explosivo. Emerge lo acumulado en los años previos, estallando la rebelión popular y conformándose movimientos sociales de oposición al régimen c) En el período de 1971 a 1973: se produce el pasaje a la acción política

El gobierno [Revolución Libertadora] que se instala en 1955 intenta aniquilar todo vestigio de la ideología peronista. Pretende terminar con una forma de hacer política y diseñar un nuevo modelo de “república posible” basada en la participación de los partidos que constituyen la oposición. Contrariamente al efecto buscado, se produce un refuerzo de la identidad peronista alimentado por discursos y tácticas violentas que llaman a resistir hasta que se haga efectivo el retorno del líder. Este es el tiempo de reconstitución de la identidad popular peronista; se consolida el autorreconocimiento: la idea del retorno sirve como elemento aglutinante para la resistencia popular. En esta línea, pero con el argumento opuesto, el gobierno utiliza el imaginario del retorno para justificar sus medidas represivas. De la resistencia individual o más espontánea (que predomina en la primera mitad de 1956) se pasa a otra etapa de mayor organización, cuyo fin es la aniquilación del otro enemigo pero en forma solapada, encubierta. La fase que se inicia con Frondizi genera gran expectativa; pero luego del apoyo inicial (al cumplir éste con la promesa de restablecer la legislación laboral peronista) comienzan a vislumbrarse signos negativos que desvanecen el optimismo obrero y reestablecen algunas prácticas de la etapa anterior = huelgas. “Durante todo el gobierno de Frondizi se percibía esta tensión entre una combatividad obrera dirigida contra las medidas económicas y sociales del gobierno y el deseo de parte de las organizaciones sindicales de mantener las posiciones logradas” [Gordillo: 335]. Hacia fines de la década, se vuelve lugar común la necesidad del cambio de estructuras: la necesidad de modificar la frágil “democracia burguesa”, imponer un sistema donde los sectores populares participen en forma efectiva, luchar contra el imperialismo (personificado en los monopolios y grandes empresas extranjeras). Se afianza el nacionalismo. Al mismo tiempo que se justifica cualquier método de acción en pos de liberar un “territorio ocupado”. Estas ideas de liberación sufren el impacto directo de la experiencia de la Revolución Cubana, surgiendo una “nueva izquierda” comprometida en alcanzar el poder a través de una revolución continental y socialista.

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“En 1963 una nueva etapa se abrió en el país. Los militares, después de derrocar a Frondizi en 1962 e instalar el gobierno interino de Guido, habían acordado la salida electoral aunque manteniendo la proscripción del partido peronista para las elecciones presidenciales y de gobernadores, lo que hizo posible el triunfo de la fórmula compuesta por Arturo Illia-Carlos Perette de la Unión Cívica Radical del Pueblo y con ello también se modificaría la estructura de las oportunidades políticas para la manifestación de la protesta” [Gordillo: 340]. Durante la nueva presidencia, el movimiento obrero supera el espontaneísmo que lo caracterizara y se convierte en un actor principal, que alienta la movilización pero también recurre a medidas de fuerza estrictamente planificadas tendientes a reforzar la disciplina sindical y la verticalidad, frenando los movimientos de base. La salida autoritaria y los mecanismos de presión corporativa son los elementos “elegidos” para terminar definitivamente la comunicación con el gobierno y propiciar su caída a manos de los militares en junio de 1966.

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TEORICOS Tcach: “Entre la lógica del partisano y el imperio del Gólem: dictadores y guerrilleros en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay”  Dictadura y guerrilla  Brasil: primeros guerrilleros surgieron a partir de 1967.  Chile: la fuerza del tránsito institucional al socialismo anuló las posibilidades de desarrollo de grupos guerrilleros.  Argentina: las organizaciones armadas surgieron con posterioridad al golpe militar de Onganía, en 1966, se constituyeron a partir de la lucha antidictatorial.  El ERP fue derrotado antes del golpe militar del general Videla en 1976.   Los Montoneros, después de la muerte de Perón, priorizaron la vía militar y la clandestinidad, lo que mató a sus organizaciones de base territoriales, sindicales y estudiantiles. No eran eficaces en sus acciones militares.  Los golpes militares fueron la respuesta a la necesidad de extirpar de raíz:   Los

comportamientos colectivos que cuestionaban la naturalidad de las relaciones sociales capitalistas, o suponían un obstáculo para su normal funcionamiento   La transgresión microsocial, expresada en la cotidianeidad: en la familia, escuela, vestimenta, música, valores culturales   Gobiernos reformistas y tibios con los transgresores (Chile y Brasil), impotentes e ineficaces (Argentina) o insuficientemente militarizados (Uruguay)  Subversión empresaria e irreverencia social  En Argentina, la izquierda no suponía un peligro en términos electorales, pero las raíces de los Montoneros en la sociedad eran mucho más amplias y profundas que las de los Tupamaros y la fuerza del movimiento obrero era superior.  La dictadura fue la consecuencia de un proceso de doble maduración: política (creciente autonomía corporativa de los militares) e ideológica (hegemonía del principio de guerra interna), que se entrelazó con la búsqueda de restauración de un capitalismo no democrático.   Guerra contra ciudadanos y actores colectivos: la influencia francesa y norteamericana  En los 4 países, la idea de guerra interna fue anterior a la existencia de guerrilleros o combatientes armados. Entre 1954-55, luego de la caída de Vargas y Perón, se afianzó la convicción militar según la cual los países estaban viviendo una guerra interna con proyecciones internacionales.  Los tímidos, los que colaboraban sin darse cuenta con el enemigo de las FF.AA también serían castigados.  En esta nueva forma de guerra era crucial la propaganda y acción psicológica. El término de “infiltrados”, a partir de los 60, fue el correlato de un imaginario que suponía un país en guerra.  La doctrina de la guerra interna provenía de la Escuela Superior de Guerra, de París, donde se habían formado oficiales argentinos y uruguayos en los 50. Tras el fracaso de Argelia, la influencia francesa se cambió por la norteamericana.  La doctrina de las fronteras ideológicas y de la guerra interna redefinió la función de los ejércitos sudamericanos y tendió a imponer una lógica que legitimaba la presencia corporativa de las FF.AA en la política, permitía a los grandes grupos económicos justificar la represión a los reclamos obreros y populares y estaba en consonancia con la política anticomunista de los EE.UU y la de contrainsurgencia de países centrales con colonias. 

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Cinco hipótesis sobre la violencia revolucionaria  En Argentina, Brasil y Uruguay imperó la lógica de la radicalización que incluyó  a sectores subalternos, militares y clases dominantes de cada país. Esto condujo a organizar el imaginario político como un imaginario de guerra, marcado por la antítesis amigo-enemigo.  Primera hipótesis: la lógica del partisano  La resistencia popular a las dictaduras y gobiernos antidemocráticos ha dado lugar a la constitución de organizaciones armadas: los guerrilleros argentinos, brasileños, uruguayos y los militantes del MIR chileno. Se trata de civiles armados.   La lógica del partisano enlaza con el derecho de resistencia a la opresión. Resistir al enemigo que viene a atentar contra el funcionamiento político democrático. Justificación del levantamiento por enfrentarse a un poder injusto.  Argentina: tres versiones de la lógica del partisano  1. Peronista: toma como punto de partida el bombardeo a Plaza de Mayo y el derrocamiento de Perón en 1955. La proscripción del líder, la persecución, etc. darían inicio a la resistencia y luego a la guerrilla.  2. Izquierda no peronista: remite al golpe militar del general Onganía en 1966. Significó un cambio en la ideología de los militares, quienes pasaron de un antiperonismo a un antipartidismo generalizado.  3. Golpe del 30: concibe a las organizaciones armadas de los ’70 como el corolario de un ciclo de larga duración que comenzó con el estado de subversión institucional de 1930. El golpe militar de Onganía coronó el proceso de exclusión política y marginación a la ilegalidad.  La lógica del partisano presenta dos puntos débiles:   Cultural:

supone que la cultura política autoritaria no llegó también a los actores populares y a las propias organizaciones armadas   Histórico: luego del retorno de la democracia en 1973, las acciones armadas no se interrumpieron. La lógica del partisano no puede explicar por qué no cesó la violencia.    La violencia no puede ser entendida sólo en términos de mera lucha antidictatorial o en respuesta de un largo ciclo de autoritarismo y democracia ficticia iniciado en 1930.  Segunda hipótesis: la primacía de las estrategias ideológicas  La explicación se centra en el plano de las concepciones fundamentales que inspiraron a las distintas organizaciones. La lucha armada estaba inscripta en el propio modelo originario sobre el que se construyeron las organizaciones político-militares del Cono Sur.  El carácter ideológico de las estrategias está determinado por construcciones teóricas derivadas del orden internacional. La concepción ideológica es el fundamento del accionar político/violento.  El rechazo a la violencia era sinónimo de integración al sistema. Explica parte del triunfo del militarismo sobre la política.  Influencia de la teoría del foco, el movimiento antiimperialista, el mayo francés, los procesos de descolonización, etc.  Tercera hipótesis: la lógica militarista de las élites  Propensión al militarismo por parte de las élites políticas, económicas y clases dominantes para solucionar problemas políticos. Las acciones ilegales parapoliciales y paramilitares erosionaron las instituciones democráticas hasta liquidarlas.  La doctrina de guerra interna legitima el accionar terrorista. 

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1973-1976  combinación de democratización con militarización. Doble discurso del tercer gobierno peronista: democracia y eliminación del disenso a través de las fuerzas parapoliciales (se acentuó tras la muerte de Perón).  Las actividades del terrorismo de estado se iniciaron antes del gobierno militar.  Cuarta hipótesis: el espíritu de la cruzada  No se centra en la política institucional ni en lo ideológico, sino en el trasfondo religioso que las organizaciones armadas revolucionarias mantenían secularizados.  Lucha redentora cuyo Nuevo Edén sacraliza la violencia redentora. Montoneros confluía catolicismo, nacionalismo y marxismo.  Esta característica debe ser relativizada en tanto común a la mayor parte de prácticas revolucionarias.  Quinta hipótesis: la lógica del Gólem  El imperio del Gólem es el resultado del carácter dual de las organizaciones armadas:   Espíritu

romántico marcado por una nueva moral. Liberar energías creativas en lo artístico, en lo cultural y lo político. Renovación total. Esquema horizontal.   Lógica militarista instrumental de corto beneficio. Esquema vertical.  El imperio del Gólem es el triunfo del segundo sobre el primero.   La revolución como imperativo moral. La moralidad era un rasgo constitutivo: se prohibía la tortura, el asesinato despiadado, etc.  El conjunto de preceptos morales entraba en tensión con los objetivos de la organización como esquema de mando-obediencia al estilo militar.  Metáfora del Gólem: las organizaciones crearon aparatos que adquirieron vida propia: el aparato militar (en principio como medio) desarrolla un conjunto de necesidades y funciones que retroalimentaban el esquema de la guerra. La organización tiende cada vez más a militarizarse.  Epílogo  Las cinco lógicas tienen como resultado común la radicalización de la política. Agudizan las contradicciones políticas y sociales y polarizan la sociedad. La arena política se convierte en guerra de antagonismos donde cada polo busca la eliminación del contrario, legitimando el accionar de izquierda y de derecha. Eliminación del espacio para políticas públicas.  La lógica del partisano llevó a las armas a muchos jóvenes y civiles que se radicalizaron por el marco ideológico y el espíritu de cruzada, y se legitimaron por el aumento de militarismo de las elites. Finalmente, la lógica del partisano fue devorada por el Imperio del Gólem: la dimensión horizontal, crítica y democrática fue reemplazada por una dimensión vertical autoritaria y de creciente violencia.

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Pilar Calveiro: “Poder y desaparición” Calveiro se focaliza en el análisis de los campos de concentración en Argentina a partir del examen de los actores intervinientes que los administraron y padecieron, para comprender la manera en que se hizo posible su emplazamiento y el rol de las FFAA y las organizaciones guerrilleras durante su existencia. Calveiro entiende la inserción de las FFAA como actor político relevante a partir de la cercanía con el poder y la autonomía relativa creciente que desarrolló desde 1930, participando en la pugna por el poder y representando diversos proyectos políticos de los sectores dominantes. Lo particular de su intervención en 1976 es que representa un proyecto político propio de la institución destinado a defender sus intereses específicos. Asumieron así el rol de preservación y reproducción del Estado mismo, ante la incapacidad partidaria de diseñar una propuesta hegemónica. Su intervención fue reclamada y entendida como una “salvación” del país. Calveiro entiende que el surgimiento del golpe de estado se da por una interacción de ida y vuelta con la sociedad, donde no hay genio maligno ni victima indefensa, entre civiles y militares se teje una trama de poder que posibilita su existencia. Es por eso que el poder autoritario, golpista y desaparecedor de toda disfuncionalidad instaurado en 1976 ha sido sostenido por ambos. Aquel poder debe ser considerado como integrado por núcleos duros y fisuras, líneas de fuga que describen su índole. La decisión conjunta de las tres armas intervino para resolver el caos económico, político y social en el país. Las fuerzas militares se propusieron la transformación del país mediante una “cirugía mayor” que incluyó los campos de concentración como lugar de prueba para la creación de una nueva sociedad ordenada, controlada y aterrada. La idea consistía en el disciplinamiento de la sociedad a imagen y semejanza de la institución militar, a partir de la obediencia fundada en la virtual tortura que consagrara la sumisión a la autoridad legítima, base del orden militar. Calveiro destaca que a través de la jerarquía de mando militar, se hace posible diluir la responsabilidad de las órdenes, así como difuminar la fuente de la que emanan a partir de la noción de “autorización”, al tiempo que facilita la obediencia a través de la cadena de mando. Es el deber de obedecer lo que permite lo que libera la responsabilidad de la orden y efectiviza su cumplimiento ante el miedo y la amenaza de castigo por incumplimiento. A su vez, la rutinización de las tareas las equipara y “naturaliza” las atrocidades como meras órdenes que fluyen en la cadena de mandos sin cuestionamiento, fragmentando las acciones en todo el mecanismo y diluyendo las responsabilidades. Calveiro entiende que por la estructura jerárquica de las FFAA los militares de diverso rango sienten la impotencia frente a un poder secreto, oculto, que le da vida propia al campo de concentración en tanto máquina de destrucción, siendo ellos mismos incapaces de controlar individualmente la maquinaria amenaza con destruirlos. Calveiro explica que la dictadura de 1976 no fue una aparición repentina de un monstruo ajeno a la sociedad ni tampoco una repetición de prácticas cotidianas, sino una nueva configuración de las prácticas y exigencias que emanaban de la misma sociedad, haciendo su paternidad incómoda para la misma. La autora plantea el surgimiento de la guerrilla argentina en el contexto de la proliferación de movimientos armados en Latinoamérica, Asia y Palestina que le dan sentido, conjugada con la acción foquista que llevaría a la conciencia necesaria para la revolución social a partir del accionar militar, llevó a la violencia a aquellas organizaciones, profundizando la idea de concebir la política como una relación de fuerzas. Considerando los hechos ocurridos a partir de la proscripción del peronismo y los sucesivos golpes militares, las organizaciones armadas entendían que respondían a una violencia ya instalada en la sociedad, reivindicada por intelectuales, políticos y artistas. Homologada por vastos sectores del a sociedad, la lucha armada se volvió una vía legitima para la

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acción política. Calveiro destaca que si bien aquellas organización buscaban ser la vanguardia que llevara a una sociedad mejor, el sobredimensionamiento del valor político de la violencia los llevo a relegar la acción política en sí misma y militarizarse profundamente, separándose de la lucha de masas que tenía lugar en el resto de la sociedad. Ese proceso se vio acelerado por la falta de participación de los militantes en la toma de decisiones, el autoritarismo de sus conducciones y el acallamiento del disenso, reproduciendo ciertas lógicas del poder que cuestionaba. La ingenuidad política de los militantes pretendió ser acallada con el control de las armas, creando la ilusión de mayor poder en sus manos y en su alcance como estructura institucional frente a las FFAA. La persecución de aquellas organizaciones partió de la derecha peronista protegida por los organismos de seguridad gubernamentales y fue coronada con la represión masificada de oposición de cualquier tipo a partir del golpe de 1976. El despliegue de la potencialidad violenta de las FFAA para la represión acabo en pocos meses con las organizaciones guerrilleras más importantes (ERP y Montoneros) previamente desgastadas internamente y aisladas de la sociedad. Sin embargo fue la resistencia de la conducción montonera la que por no relegar espacios y confiar en la regeneración organizacional futura entrego a sus militantes que acabaron poblando los campos de concentración. Las FFAA se toparon con un enemigo previamente debilitado. En el caso argentino, la presencia constante de la institución militar en la vida política impidió ocultar el carácter estrictamente violento de la dominación a fin de mostrar la amenaza perpetua ante la inobediencia para la sociedad. Calveiro plantea que si bien aquel poder defensor del “orden y la civilización” se pretende total, siempre existen líneas de fuga que permiten explicar a partir de lo que escapa a él y es excluido, el carácter específico de ese poder. Aquella exclusión es controlada y apresada, incluida de algún modo a través de la función represiva y del modelo pretendidamente total, que le asigna un lugar a lo disfuncional. En su lógica, aquel poder revela una cara “mostrable” en el ejercicio legítimo, legal de la violencia y otra avergonzante que es desaparecida, expresada en las conductas ilícitas, es el ámbito concentracionario y la desaparición de personas la cara negada del poder que Calveiro pretende analizar. La política institucional de desaparición de personas se inicia en 1975 con el consentimiento del gobierno peronista, la oposición radical y amplios sectores de la sociedad, mientras otros no sabían y algunos mas no querían saber. Allí se insertan los campos de concentración-exterminio que a partir del golpe de 1976 se convirtieron en la modalidad represiva del poder por excelencia, ejecutada directamente desde las instituciones militares. La principal característica de los campos es que se sumergen en la sociedad, permeándola y nutriéndose de ella. Surge de un poder concentracionario que atraviesa todo el tejido social y que no desaparece con el olvido de la sociedad civil, como tampoco puede él mismo desaparecer lo disfuncional con el exterminio. Estuvieron distribuidos en todo el territorio nacional. Calveiro destaca la deshumanización del fenómeno a partir de los registros estadísticos del fenómeno debido a su masificación. Los muertos son cifras y el problema se vuelve un problema de registro, anulando la humanidad de cada unidad. La lógica de funcionamiento (siguiendo la cadena jerárquica de mando), como la ubicación de los campos implicó un involucramiento total de los cuadros de las fuerzas de seguridad en la implementación de la política de desaparición-exterminio. De manera que no constituyó un exceso aislado, sino una tecnología represiva racional y centralizada, no obstante las diferencias intra e inter fuerzas de seguridad. La organización jerárquica dentro de los campos buscó intencionalmente una extensa participación de todos los cuadros en la represión para comprometer personalmente al conjunto con la política institucional. Calveiro entiende que la burocratización, rutinización y distribución de funciones dentro de los campos construyeron una maquinaria militar que llevó a sus mismos ideólogos a naturalizar la muerte. Existía una patota que “chupaba” personas y las entregaba al campo, grupos de inteligencia

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que se encargaban extraer información a través de la tortura sobre los prisioneros previamente reducidos y sin posibilidad de defensa, en pos de “salvar vidas”. Por otro lado estaban los guardias que constituían el aparato de vigilancia y mantenimiento de los prisioneros. El último eslabón eran los desaparecedores que se encargaban del “traslado”. Todos “obedecían órdenes” y entendían a los “chupados” como subversivos en tanto subhumanos, en una lógica compartimentada que les permitía separar su rol en los campos del resto de su vida cotidiana y facilitaba la ejecución mecánica y rutinaria de las ordenes. La opinión pública y la prensa que rodeaba su acción justificaban de igual manera la imperiosa necesidad de erradicar la amenaza subversiva aun con métodos excepcionales. El terror de los campos se volvía impersonal y la responsabilidad fragmentaria y difuminada. Las FFAA negaron la existencia de los campos como una tecnología gubernamental de represión, intentando ignorar la responsabilidad de una actividad que solo es posible desde y a partir del Estado. Calveiro destaca que en los campos coexistían dos polos en conflicto, reunía a los prisioneros mientras los aislaba en celdas, en etapas y tareas sucesivas para los militares que los administraban. Los campos se insertaban en el centro mismo de la sociedad pero eran compartimentos separados de la realidad. Deshumanizaban a los prisioneros despojándoles su identidad y eran torturados en un esquema esquizofrénico donde médicos indicaban como infligir más dolor, curas justificaban las acciones en nombre de dios y torturadores mostraban clemencia y signos de humanidad fuera del campo. Es la realidad compartimentada lo que permite la coexistencia de aquellos elementos contradictorios. El accionar militar era presentado como legal ocultando su ilegalidad mientras la defensa de los derechos humanos era considerada “subversiva”. El campo funcionaba como un útero cerrado por fuera de las leyes, del tiempo y del espacio, como aparente realidad aparte y total que reforzaba la incongruencia y la sensación de locura. Su efectividad radicaba en una nube de silencio que ocultaba razones y responsabilidades pero divulgaba su existencia para diseminar el terror. La propia esquizofrenia social que separa lo contradictorio para permitir su coexistencia la que hace posible la existencia del campo y sus dinámicas internas, combinando distintas formas de negación de lo distinto, fundadas en una lógica binaria que hace de aquello un otro amenazante en forma inminente (paranoica) y total que es preciso conjurar, imponiendo una única y total realidad. Entendían que estaban inmersos en una “guerra contra la subversión” que ennoblecía su papel de vulgares represores. La ficción de la guerrilla de una guerra popular contra un ejército imperialista favoreció tal noción. Ese “otro” era el “subversivo” categoría que se volvió incierta en sus alcances a partir de la paranoia que generaba aquella lógica binaria, incluyendo cualquier expresión de disidencia al orden establecido que se depuraba a través de los campos como instancia de “normalización” social. El campo ofreció el lugar donde ambas lógicas binarias, la militar y la guerrillera, se encontraron y tomaron contacto, generando espacios de gris en sus concepciones cerradas del enemigo. La convivencia afectó sus objetivos y su percepción de la realidad. El tabicamiento binario se rompió junto con el carácter demoniaco del oponente, humanizando las relaciones mutuas. Dificultó y debilitó el poder de “normalización” de los campos generando más resquicios para escapar a él. Calveiro desecha la lógica de los “dos demonios” desquiciados y ajenos a la sociedad, que la agredieron, y propone que en la lucha política sólo se vislumbran gamas de gris y no enfrentamiento entre blancos y negros. Así, ni guerrilla ni militares y campos de concentración fueron ajenos a la sociedad, sino comprensibles a partir del propio tejido social, sin por eso igualar o repartir responsabilidades simétricamente.

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Acuña y Smulovitz - Militares en la transicion argentina Las transiciones democráticas latinoamericas presentan un problema: ¿Cómo consolidar un régimen que se funda en la participación democrática, la justicia y el respeto a los derechos humanos y, a si vez obtener la colaboración de las Fuerzas Armadas, que hasta ayer constituyó el eje del régimen autoritario y reivindica las estrategias represivas utilizadas? Debate en torno a cómo hay que tratar a los responsables del terrorismo de Estado y a si vez asegurar la transición consolidación democrática (TCD). Frente a eso, para algunos, para evitar que las FFAA atenten contra la TCD, hay que dar vuelta la página y no juzgarlos por la violación a los DDHH. Para otros, recurrir al castigo judicial era la estrategia más adecuada para tener una exitosa consolidación del régimen constitucional. El objetivo de este trabajo es analizar las razones que explican la dinámica que asumió la lucha política ligada a los DDHH y a las tensiones cívico-militares en nuestro país, y por qué los actores actuaron de determinada manera y no fe otra. La junta militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976 (también conocido como proceso de reorganización militar) tenía 2 grandes objetivos o tareas:  

normalizar la economía (que implicó la instauración de un modelo basado en la redistribución negativa del ingreso, la disminución del producto bruto industrial y el aumento del desempleo) y reimplantar el orden en la sociedad (lo cual implicó un sistema de exclusión y desmovilización política de los sectores populares)

La modalidad elegida por los militares fue la estrategia represiva pero clandestina, donde los opositores no tenían que ser sólo neutralizados, sino también exterminados físicamente. Esto debía ser así para evitar que estas acciones desemboquen en protestas y presiones y para evitar una oposición a la diplomacia vaticana. A su vez la eliminación física de los opositores impedía que luego un gobierno civil los pusiera en libertad y éstos reiniciaran una ofensiva política. La represión fue total. La definición del enemigo era muy amplia, no sólo se reprimía a las organizaciones guerrilleras. Cualquier ciudadano podía ser víctima. Si bien la represión era clandestina, se contó con una legalidad de facto que sirvió para justificar la eliminación y violación de los derechos humanos. Había una ausencia de límites jurídicos al ejercicio del poder, que le permitía accionar de manera represiva. Cabe destacar que el ejercicio represivo implicó consecuencias para la estructura del régimen militar: rupturas en la cadena de mandos, corrupción y enfrentamientos entre quienes participaban y quienes no, de los operativos represivos. Respuestas e iniciativas de la ciudadanía y de los debilitados actores sociales y políticos del período: al principio hubo un silencio por parte de la Iglesia, los partidos, sindicatos y la prensa (algo habrán hecho). Sin embargo surgieron organizaciones de DDHH (como las madres de Plaza de Mayo) que comenzaron a denunciar el accionar represivo de las FFAA, pidiendo por la aparición con vida de las víctimas, que recaban información de lo que estaba sucediendo para publicitarlo tanto en el país como en el exterior a fin de presionar al gobierno para que abandone su política represiva. En el ámbito internacional la efectividad de las denuncias de los organismos de DDHH, no pudo ser neutralizada fácilmente por el gobierno. Organización e individuos locales hacían demandas y

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pedidos de sanciones ante organismos internacionales. Esto produjo por ejemplo en 1976 la visita de Amnesty International, la cual publicó la primera lista de desaparecidos. El gobierno militar por su parte negó todo lo denunciado y descalificó la validez de las denuncias. Miembros de estas organizaciones de DDHH fueron víctimas de la represión estatal, como la detención y represión de un grupo de Madres de Plaza de Mayo. Desde el gobierno militar se intentaba justificar y blanquear la política represiva apelando a que la misma había sido producto de una guerra antisubversiva necesaria, pero que para 1977 “ya formaba parte del pasado”. Con el objetivo de demostrar eso, el gobierno invitó al país a la comisión interamericana de DDHH, para que realice un firme y para finalmente "cerrar el pasado". Pero ese informe tuvo efectos negativos para el gobierno. Había una temprana preocupación de los militares por eliminar el tema de la violación de los DDHH de la agenda política de la transición a un régimen civil, a través del olvido. En 1982 la derrota de Malvinas no sólo agudizó la capacidad del gobierno militar para imponer su autoridad frente a la sociedad, sino que también agudizó los conflictos intramilitares. A partir de la derrota, el gobierno militar intentó negociar con la oposición un pacto de salida. Los militares dieron a conocer a los partidos 15 temas que eran necesarios "concertar" a fin de concluir con la institucionalización del país, entre los que se destacaban: los desaparecidos, la lucha contra el terrorismo y la investigación de ilícitos. El 28 de abril de 1983 las fuerzas armadas dieron a conocer: 1.El "Documento final"  en donde fijaban su posición frente a las violaciones a los DDHH, 2. un Acta Institucional donde se establecía que todas las operaciones contra el terrorismo que habían llevado a cabo, debían ser consideradas actos de servicio y por lo tanto no eran punibles. 3. Se sancionó la ley de pacificación nacional o autoanmistía, que otorgaba inmunidad a sospechosos de actos terroristas y a los miembros de las FFAA por los crímenes cometidos entre 1973 y junio de 1982. 4. Además se destruyeron documentos referidos a la represión militar. En el caótico contexto de post Malvinas, ocurrió algo paradójico: los líderes de los partidos no reclamaron la entrega inmediata del poder y siguieron demandando un calendario cierto para la apertura electoral. Salvo Alfonsín, el resto de los líderes y partidos prefirió que las FFAA lideraran el proceso de transición para que se de alguna solución a los problemas como corrupción, desaparecidos y endeudamiento externo, que se temía heredar. En la etapa preelectoral, Alfonsín mostró tener buenas relaciones con el poder militar e hizo declaraciones sobre algunos temas, que el resto de los candidatos preferían mantener en ambigüedad, como por ejemplo asegurar que había desaparecidos con vida. El líder radical básicamente demandaba un revolucionaria pero conservador restablecimiento del estado de derecho y el imperio de la ley. Así fue como Alfonsín llegó al poder. LA FALLIDA ESTRATEGIA DE ALFONSIN, TRATAMIENTO JUDICIAL LIMITADO: El gobierno radical se proponía sancionar a los miembros de las FFAA que hubieran cometido violaciones de DDHH, pero a su vez buscaba incorporar a los militares al juego democrático.  Con ese objetivo se implementó el autojuzgamiento de militares, para sancionar a algunos responsables (a los miembros de las 3 juntas que gobernaron el país y a líderes guerrilleros como Firmenich, ubicándolos en el mismo lugar de responsabilidad) cumpliendo así con las promesas

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electorales. Para llevarlo a cabo se derogó la ley de autoanmistía y se Reformó el Código Militar. Además el gobierno creo la CONADEP, la debía recibir denuncias y pruebas de desapariciones. Por su parte el objetivo de las FFAA en esta etapa, era impedir el tratamiento judicial de los DDHH y que fueran condenados por ese motivo. Si bien no alcanzaron sus objetivos de máxima, frustraron algunos objetivos de los movimientos de DDHH, ya que: se evitó el juzgamiento civil en primera instancia, se impidió el juzgamiento de civiles y oficiales por complicidad, entre otras cosas. Para los organismos de DDHH la suerte de sus objetivos fue variada. Si bien se derogó la ley de autoanmistía, el tratamiento judicial que tuvo la cuestión se alejaba de sus pretensiones ya que la jurisdicción en primera instancia fue militar y los niveles de responsabilidad establecidos liberaron del tratamiento judicial a numerosos oficiales jóvenes. En este contexto, ingresa el poder judicial como actor autónomo en la disputa, produciendo así un cambio de ámbito y en las reglas para la resolución del conflicto (prima la lógica judídica por sobre la política) De esta manera se inició el juicio a las Juntas en 1985, pero eso más que poner fin a la cuestión de los DDHH, reabrió el tema, con la avalancha de pruebas que significó el juicio. Pero ¿Cómo controlar la acción judicial? El ejecutivo implementó medidas para restringir los alcances del fallo, con el objetivo de reducir el número de acusados por las violaciones a los DDHH. Se optó por establecerse el "punto final", fijando una fecha de tope hasta la cual podrían ser requeridos a prestar declaraciones los presuntos participantes de las violaciones a los DDHH. Luego de esa fecha, se extinguía la posibilidad de llevar acciones penales en causas aún no iniciadas. LOS CARAPINTADAS: El 17 de abril de 1987 = primer levantamiento de los carapintadas, liderados por Aldo Rico, en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Demandaban una solución política al problema de los juicios., solicitaban renovación de la cúpula y cesar con la campaña de desprestigio que estaban llevando a cabo los medios de comunicación.  El levantamiento duró 5 días. Los carapintadas se constituyeron como los voceros de las Fuerzas Armadas; representaban las demandas generalizadas. Una movilización de la sociedad civil repudió el levantamiento y la posibilidad de un retorno de un gobierno militar. A partir de este levantamiento de semana santa, comienza un debate en la dirigencia política en torno a si se debía dar o no respuesta al reclamo de los insurrectos. Finalmente en mayo, el presidente el Presidente envío al Congreso el proyecto de Obediencia Debida, la cual consideraba que los delitos que violaron los DDHH, por parte de los oficiales y policiales de menor rango no eran punibles, ya que habían obrado en virtud de obediencia debida. Esta política tomada mostró la debilidad del gobierno frente a las presiones ejercidas y la renuncia a la cuestión de los DDHH. Ahora bien, los carapintadas habían puesto en cuestión la cadena de mandos dentro de las fuerzas y buscaban conducirlas (conflicto intramilitar). A este primer levantamiento de los carapintadas, le siguieron 2 más en: Monte Caseros (88. Fracasó ya que los motivos de los rebeldes no lograron imponerse como una causa común de los miembros del arma. Parecía representar los intereses personales de Aldo Rico, que buscaba el mando del ejército) y Villa Martelli (en 1990) Después de la derrota de Monte Caseros, los carapintadas iniciaron un gradual proceso de politización (ya no era simplemente el enfrentamiento armado), apelando a un discurso político que

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incursiona en temas como la pobreza y la corrupción y llevando a cabo alianzas con sectores de la sociedad civil. Critican a la jefatura del ejército y las políticas del gobierno. La sublevación de Villa Martelli implicó la reacción y repudio de la sociedad civil y se produjeron enfrentamientos entre los rebeldes y la población civil. ESPERANDO AL NUEVO PRESIDENTE: Marzo de 1989 ruptura entre los carapintadas y el Estado Mayor del ejército. Los carapintadas tenían expectativas con la llegada de Menem, pues por sus gestos, suponían que éste levantaría las sanciones que estaba imponiendo el Estado Mayor del Ejército, y que su líder Seinneldin cumpliría un rol importante en el nuevo gobierno. Menem en su campaña reclamó la necesidad de una ley de pacificación. En el acuerdo entre Menem y Alfonsín para pactar la transferencia de poder anticipada, Alfonsín le solicitó al presidente electo que con su firma convalidara el indulto a los militares condenados. Menem no firmó. Al principio el objetivo de Alfonsín había sido castigar a los responsables de las violaciones a los DDHH, aunque en forma limitada. Pero luego, en una segunda etapa, el gobierno alfonsinista perdonó a los procesados y condenados por violaciones a los DDHH. (Alfonsín tenía que recomponer su imagen frente a los militares.) Con Menem, en 1989, el indulto no llegó a concretarse. Eso reactivó el conflicto entre los sectores carapintadas y el Estado Mayor por el control político del arma. El nuevo gobierno debía decidir qué sector del Ejército iba a conducirlo de ahora en más. (Carapintadas presionaba con amenazas y futuros levantamientos). LA ESTRATEGIA DE MENEM: indulto a cambio de obediencia Al asumir el gobierno de Menem anunció que pensaba sancionar un indulto o amnistía de militares y guerrilleros. Había desacuerdos en el gobierno en cuanto a la forma y el alcance que debía tener esta medida. Consecuencia de este anuncio = masivas protestas y rechazo de la medida por parte de la población. Finalmente en octubre de 1989 Menem anunció el indulto. El indulto también incluyó a los carapintadas. Sin embargo el mismo no les sirvió para obtener impunidad en el ámbito militar. Rico y otros oficiales fueron separados de las filas activas del ejército. Frente a eso, la respuesta carapintada fue: por parte de Rico y Seineldín (cabecillas) recurrir a instrumentos institucionales y apelar ante Menem a su carácter de comandante en jefe de las fuerzas Armadas; También se optó por reforzar la estrategia de politización para mantener su presencia pública y ganar apoyos por fuera de la institución militar. Desencantados con Menem, los carapintadas hicieron un último esfuerzo: tomaron la sede del Estado Mayor del Ejército, la fábrica de tanques TAM, regimientos y dependencias de Prefectura, en diciembre de 1990. Fue el levantamiento más sangriento. Menem lo calificó como un intento de golpe de Estado. Pero ya no quedaban dudas: los carapintadas habían sido finalmente militarmente derrotados y políticamente neutralizados. De los 277 indultados, quedó comprobado que 164 de ellos habían participado de la última rebelión. Días después de conocerse las sentencias por la última rebelión, el gobierno anunció el segundo indulto. Entre los indultados también se encontraban Firmenich y otros civiles. El objetivo del segundo indulto era perdonar las rebeliones pasadas y castigar las desobediencias presentes o futuras.

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Conclusiones:  





la dirección que adoptó la transición en la Argentina, no respondió a los objetivos de máxima de ninguno de los actores intervinientes en la lucha política ligada a los DDHH. Alfonsín buscó construir un equilibrio entre castigar a los responsables de las violaciones a los DDHH y simultáneamente obtener obediencia militar. Sin embargo esa búsqueda de equilibrio falló. El gobierno de Menem tuvo un mayor grado de éxito respecto a sus objetivos. Indultó a todos los condenados y acusados por la violación de los DDHH y los levantamientos, a cambio de un compromiso de obediencia militar al poder civil. Se perdonaban los crímenes cometidos pero se castigarían rigurosamente la desobediencia futura. El enfrentamiento interno en las fuerzas armadas, que se inició con el primer levantamiento de los carapintadas se dio en contexto de enfrentamiento interno por la derrota de Malvinas, reducción del presupuesto y desprestigio de las FFAA. Profundas transformaciones en la estructura de las Fuerzas Armadas.

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Marcelo Cavarozzi y Oscar Landi: “Argentina, crisis y postransición” La instauración de las reglas institucionales democráticas no supuso de por sí la resolución de la larga crisis del país. El gobierno que tuvo el peso de la transición abandonó el gobierno en el marco del desbordamiento social y la hiperinflación. La inestabilidad política Argentina: país inestable tanto en lo político como en lo económico. La economía funcionaba al ritmo de los ciclos de stop-go en las que las pulsiones expansivas resultaban en a aceleración de la inflación y la recreación de los cuellos de botella, sobre todo en la balanza de pagos.

Genera políticas y comportamientos reactivos de efectos recesivos pero que luego llevaban a una estabilidad relativa cuando se atenuaba la inflación y se eliminaba el déficit de la balanza de pagos

Esta situación no dura mucho puesto que se reactivan las presiones sectoriales y surge un nuevo ciclo económico La política podría representarse con la idea de “juego imposible” de O’Donnell, para representar la repetición de los ciclos de desestabilización-ruptura-estabilización relativa. Estos ciclos operaron tato en los regímenes democráticos, semidemocráticos y dictatoriales. Los procesos de desestabilización comenzaron a ser cada vez más violentos y las rupturas más traumáticas. 1969-1982: erosión de los límites dentro de los cuales se desenvolvía la inestabilidad política: 

Se fue transitando progresivamente hacia la desorganización



La política y la economía se retroalimentaron negativamente: los gobiernos recurrieron crecientemente a la arbitrariedad para intentar controlar o domesticar a la sociedad y al mercado



Las políticas económicas fueron perdiendo credibilidad y efectividad.



Los espacios solidarios y colectivos de la sociedad civil se convirtieron en “dilemas del prisionero”

- 1976 el gobierno militar tuvo como objetivo económico la represión sistemática, la reducción de la actividad sindical y la desorganización en general. Políticas de ajuste dogmáticas, omnipotentes y de efectos desarticuladotes: proceso de realimentación entre tasa de interés, valor del dólar e inflación, incremento de la deuda externa. La transición 1983

Endeudamiento externo y crisis económica Debilitamiento crónico del Estado

Desorganización de la economía: alta inflación, reducción de la tasa de acumulación del capital y persistente redistribución negativa del ingreso

más el

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La campaña electoral se caracterizó por la intensificación de la confrontación intrapartidaria: el peronismo y el radicalismo se enfrentaron duramente. La transición a la democracia celebró una suerte de pacto cultural entre la dirigencia política y la ciudadanía. Este pacto fue definido por tres factores: 1. El deseo de no repetir el pasado traumático de crisis y violencia política 2. La revaloración de los derechos y libertades individuales 3. La voluntad de mejorar la situación económica a partir de la implementación de una institucionalidad alternativa, basada en el predominio de los partidos y el respeto a las reglas constitucionales. Se creía que la instrumentación de políticas económicas de signo contrario a las del gobierno militar constituiría una mejora para la situación del país Para 1985, la inflación y la crisis fiscal hizo evidente que era imposible volver a la “normalidad” basada en el modelo de regulación estatal y de inflación moderada. Alfonsín debió implementar el Plan Austral, reconociendo que la economía estaba destruida y desorganizada: “economía de guerra”. El Plan Austral trajo éxitos durante los primeros meses: 

Reducción de la tasa de inflación y se vislumbró una modesta reactivación económica

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La UCR alcanzó la victoria en los comicios parlamentarios de 1985 en casi todos los distritos electorales del país.

Pero, en menos de 2 años, el Plan Austral ya se encontraba desarticulado, revirtiéndose sus logros. Para 1989 el panorama estaba caracterizado por: 

Hiperinflación

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Recesión aguda

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Fracaso de la UCR y del gobierno de Alfonsín quien debió renunciar

El fracaso del Plan Austral se debió a la superposición de tres tipos de factores: 1. Conflictiva relación entre el gobierno radical y la oposición peronista que clausuró la posibilidad de estabilizar un curso en materia de política económica 2. Agudización de las dificultades internas y externas que se encontraban más allá del control del gobierno: caída de precios internacionales de las exportaciones agrícolas y desastres naturales 3. Errores y vacilaciones del mismo gobierno: el problema más grave del gobierno fue la carencia de voluntad reformadora. En muchas ocasiones se dijo una cosa y se hizo otra. El gobierno radical empleó el clientelismo político sin que se mejorara la eficacia estatal y aumentando los niveles de corrupción. La decisión presidencial de mandar al Parlamento el decreto de juzgamiento de las ex Juntas abrió otro curso de acontecimientos caracterizado por la creciente pérdida de control de la cuestión por parte del Ejecutivo.

Doble discurso: por un lado, promesas a los militares de nuevas formas de solución política, por el otro, demanda de los derechos humanos y justicia Inconformidad en ambos sectores: militares y movimientos de derechos humanos

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1987: Rebelión militar de Semana Santa. Demostró que la sociedad y los partidos políticos estaban dispuestos a defender la democracia, pero los militares obtuvieron la ley de “obediencia debida”, por la cual se desprocesó a muchos militares. El deterioro político de la figura de Alfonsín cuestionó el valor de la palabra política en general y erosionó la credibilidad de las formas de hacer política. El fenómeno Menem El triunfo de Menem expresó una redefinición de la relación de amplios sectores con la política, todo esto dentro del marco de una crisis social aguda. Menem se caracterizaba por el contacto directo con la gente, basado en el afecto y la empatía. Representaba el reemplazo de la centralidad de la palabra por la del gesto y la imagen. La UCR entabló su campaña desprestigiando a Menem como posible causante de una inestabilidad institucional. El gobierno de Alfonsín perdió toda capacidad de sostener los procesos de gestión más elementales, por lo que Menem debió asumir antes de la fecha pactada a la presidencia. El desprestigio de Alfonsín y su gobierno afectó al conjunto de las instituciones políticas: los partidos, los funcionarios públicos y el Congreso. Menem impulsó un acercamiento a la UCeDé, núcleo principal de la derecha política, que concluyó con la incorporación de Alsogaray y algunos colaboradores al gobierno. Según Menem, sólo una alianza con los más reconocidos representantes de la burguesía podría lograr la estabilización de la economía. Las tasas inflacionarias se redujeron significativamente, aunque una nueva corrida del dólar encaminó la economía a una segunda hiperinflación y la renuncia del ministro de economía Rapanelli. Menem designó como nuevo ministro a Erman González, quien llevó a cabo un duro corte monetarista. Las medidas incluyeron: 

Una fuerte restricción de la oferta monetaria, que se inició con la expropiación de una porción del capital de los tenedores de bonos del Estado

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Una contracción adicional del ya deprimido gasto público

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Un manejo de la política cambiaria orientada a estabilizar en valores absolutos el nivel del dólar

El resultado de las medidas fue el agravamiento de la recesión y el fuerte descenso del producto industrial. El plan económico llevó a cabo otro proceso, el de las privatizaciones, el cual fue llevado a cabo por Menem sin darle importancia a las prerrogativas del Parlamento. Se abrieron las licitaciones de ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) y de Aerolíneas Argentinas. La política de privatizaciones fue acompañada con una reducción del Estado. Se insistió en la idea de que para recuperar el dinamismo de la economía era necesario que el Estado se limitara a cumplir las funciones básicas de mantenimiento del orden y la seguridad pública, renunciando a las atribuciones regulatorias. Con las privatizaciones se buscaba disminuir el déficit fiscal y una parte de la deuda externa y el futuro mejoramiento de la eficiencia los servicios. Sin embargo, la venta de estas empresas no produjo un ingreso de capitales ya que fueron compradas con papeles de deuda externa y a un precio mucho más bajo del real. A su vez, debido al desfavorable contexto internacional, el flujo de las inversiones se vio limitado.

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La desorganización de la política La experiencia colectiva de la hiperinflación de comienzos de 1989 situó a la sociedad al borde de la pérdida de toda norma compartida y extendió la sensación de disolución del lazo social. La imagen de los partidos políticos se vio deteriorada debido a la lógica centralizada que estimuló la crisis y la inflación, las luchas internas por espacios de poder, las transformaciones en la relación Estado-sociedad, la creciente distancia entre las decisiones políticas y los sectores populares, la crisis de credibilidad, etc. La personalización de la política se hizo más acentuada, los dos grandes partidos perdieron un porcentaje de votos, perdieron control electoral nacional y aumentó la cifra de “indecisos electorales”. También surgió la espectacularización de la política. Se presenta una nueva integración entre líder, partidos, medios y sistema político. La postransición Se está dando un proceso de alteración de las formas de representación, de crisis de identidades institucionales y de circulación del personal dirigente. La fragilidad de este espacio partidario es parte de un complejo proceso de cambio y desarticulación de actores sociales y políticos que se inició en 1955. El sindicalismo se encuentra dividido, con una gran parte de su dirigencia que aceptó jugar un papel secundario en la formación del poder a cambio de canjes y espacios en las relaciones del sindicalismo con el Estado. Los sectores reformistas de la UCR y el PJ, es decir, el alfonsinismo y la Renovación peronista, mantienen un potencial político importante pero no alcanzan a constituir una alternativa clara en medio de las iniciativas que adopta el gobierno. Los nuevos fenómenos autónomos de la sociedad se presentan bajo la novedosa forma de movimientos cívicos con reivindaciones referidas a la justicia, la corrupción policial y la seguridad vecinal.