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• Jorge Garcia

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Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva. Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívicomilitar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del 24 de

marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso". Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Figura del desaparecido: La desaparición no es sinónimo de muerte o asesinato, sino que se constituye en una exasperante sospecha de muerte que se prolonga durante muchos años hasta el proceso de apertura democrática. La estrategia “desaparecedora” servía para dificultar la prueba del cuerpo del delito y además, el desconocimiento del destino de los desaparecidos generaba terror en las víctimas y en la sociedad. Centros Clandestinos: La acción terrorista se dividía en cuatro momentos: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros se operaba de noche y en otras ocasiones, se realizaron en fábricas o lugares de trabajo, en la calle y en otros países con la colaboración de autoridades. La tortura sistemática y prolongada, tortura física de duración indefinida y utilizando la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos. En principio era para obtener información pero en general era para quebrar la resistencia del detenido, destruir su dignidad y personalidad. Los que sobrevivían a la tortura permanecían en detención en estos centros clandestinos, cuya existencia fue negada por las autoridades, degradando a las víctimas del todo, con sus heridas y sin atención médica, encapuchados y mal alimentados. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones y fueron despojadas de sus hijos. Estos centros clandestinos fueron todos organizados con una estructura y régimen de funcionamiento igual, con salas de torturas, salas de servicios médicos. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta agrupación se formó en abril del 77 con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Se reunieron en la Plaza de Mayo manifestando la petición del paradero de sus hijos y también de esos niños que fueron secuestrados junto a sus padres y no habían aparecido, y a los hijos de las jóvenes que secuestradas embarazadas dieron a luz en prisión.

Los derechos humanos: Se buscó neutralizar a través de una campaña con el lema “los argentinos somos derechos y humanos” las denuncias realizadas por los sobrevivientes de los centros clandestinos, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó “campaña anti argentina”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos abrió oficinas en todo el país que del 6 al 20 de septiembre del 79 recibieron miles de denuncias de secuestros y desapariciones, y llegó a la conclusión de que por acción de autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período de 1975 y 79 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. Se considera que fueron crímenes de lesa humanidad por los asesinatos, exterminio deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros. La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher se enfrentó a una grave crisis política Margaret Thatcher para mejorar su imagen política decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina “país agresor” y obtuvo el aval incondicional de EE.UU. y de la Comunidad Económica Europea. En la madrugada del 2 de abril de 1982 tropas argentinas iniciaron el desembarco en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas. Por la mañana tomaron la ciudad de Puerto Stanley (Puerto Argentino), tras una breve resistencia. Al día 3, tomaron las islas Georgia del Sur. El mismo día, Reino Unido, logró que la ONU emita una resolución solicitando el retiro de las

fuerzas argentinas. Al mismo tiempo, Reino Unido rompió relaciones con Argentina y preparó el envío de tropas al archipiélago en disputa. Estados Unidos y Chile decidieron ayudar a los ingleses; mientras que el único país que brindó ayuda directa a Argentina fue el Perú (aviones, misiles, pertrechos, medicinas, pilotos e instructores militares). El 5 de abril de 1982, Reino Unido inició la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas. Ese día zarparon las tropas británicas desde Portsmouth y Plymouth. El 1 de mayo la aviación británica inició el bombardeo de Puerto Argentino y Puerto Darwin. El hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 aproximadamente a las 16, en la latitud 55°24´S y longitud 61°32´W, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas. La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos. Los choques por aire, mar y tierra continuaron, y el 21 de mayo los británicos lograron desembarcar en la isla Soledad. El 1 de junio tomaron el Monte Kent, a solo 20 kilómetros de Puerto Argentino. El 12 de junio iniciaron el ataque final y el día 13 rebasaron las líneas defensivas argentinas y el 14 lograron la rendición de las fuerzas argentinas. El documento de capitulación y alto al fuego fue firmado por los generales Jeremy Moore (por Reino Unido) y Mario Menéndez (por Argentina). La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.