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DIPLOMADO EN DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALES

CURSO: NEGOCIACIONES EFECTIVAS TEMA: PRIVATIZACION DE EGASA Y EGESUR Profesor:

ALBERTO ZAPATER C.

ALUMNOS: ALEJANDRA CANO AGUIRRE KARINA MÁLAGA SÁNCHEZ JOSÉ MÁLAGA MÁLAGA JOSE OPORTO VARGAS

AREQUIPA, 27 DE NOVIEMBRE DE 2010

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INDICE

Contenido Contenido.....................................................................................................................................2

Privatización de EGASA y EGESUR MODELO RACIONAL

Antecedentes De acuerdo a una clasificación elaborada por CONADE (Corporación Nacional de Desarrollo), en el año 1991 existían 186 empresas estatales, de las cuales 29% correspondían al sector de electricidad, 19% al de hidrocarburos, 15% al de minería, 9% al de industria, 7% al de comunicaciones, 7% al de saneamiento y vivienda, 6% al de transporte y 8% a otros sectores. Claramente, la actividad empresarial del Estado constituía un grupo empresarial de enorme importancia en la economía peruana, sin embargo las deficiencias en la gestión de estas empresas empezaron a ser cada vez más visibles, llamando la atención de la opinión pública.

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Es así que en la década del 90, el Estado Peruano se reestructura y producto del Conceso de Washington, empiezan a aplicarse, entre otras políticas económicas, el modelo privatizador de las empresas públicas. Esta decisión se implementa mediante la dación del Decreto Legislativo Nº674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del Estado, de setiembre de 1991, mediante el cual se inicia un proceso de reestructuración del Estado en la actividad productiva y se crea la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI). Este proceso en el sector eléctrico comienza en mayo de 1992, en que se constituyen los Comités Especiales de Promoción de la Inversión Privada (CEPRI) en ELECTROPERU S.A. y ELECTROLIMA. En julio de 1992 se incluye en el proceso a las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad (CEPRI EE.RR.EE.). En noviembre de 1992 se promulga el Decreto Ley Nº25844, Ley de Concesiones Eléctricas, que establece la separación de las actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica. Sobre esta base, a partir del año 1993, ELECTROPERU S.A. de dedica a la generación y venta al por mayor de electricidad. La primera transferencia al sector privado de las empresas eléctricas de propiedad del Estado se concreta en julio de 1994, con la privatización de EDELNOR y EDELSUR (hoy Luz Del Sur), empresas derivadas de ELECTROLIMA. En el año 1994 se formula el plan estratégico para la privatización de ELECTROPERU S.A., con la creación de Unidades de Negocios a partir de las centrales de generación existentes. CEPRI ELECTROLIMA ha participado en la privatización de EDELNOR, EDELSUR, EDEGEL, EDE Cañete y EDE Chancay. EDELNOR y EDELSUR fueron privatizadas en julio de 1994, con la venta del 60% de sus acciones a Inversiones Distrilima S.A. (ENDESA España) y Ontario Quinta AW (consorcio chileno canadiense), respectivamente. A la fecha, el Estado mantiene participación minoritaria en EDELNOR y Luz Del Sur es íntegramente privada. En octubre de 1995 el 60% de las acciones de EDEGEL fueron adquiridas por Generandes Co (ENDESA); EDE Cañete y EDE Chancay, fueron adquiridas por Luz Del Sur

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y por Inversiones Distrilima S.A., respectivamente; a la fecha las tres empresas son íntegramente privadas. Asimismo, a través del CEPRI EE.RR.EE. se llevó a cabo la privatización de Electro Sur Medio S.A. y de las Empresas Regionales Electro Noroeste S.A., Electro Norte S.A., Electro Norte Medio S.A. y Electro Centro S.A. En Electro Sur Medio S.A., en marzo de 1997, el Estado vendió la totalidad de su participación (98%) a HICA Inversiones S.A. (Consorcio peruano argentino). En diciembre de 1998 se vendió el 30% de las acciones de las otras cuatro Empresas Regionales, al grupo peruano JORBSA, con la opción adquirir otros 30%; vencido el plazo de 2 años, JORBSA no hizo uso de su opción y mediante convenio de transacción extrajudicial, las acciones fueron devueltas al Estado. Finalmente, a partir del 26 de abril de 2002, las funciones que desarrollaban COPRI y FOPRI han sido asumidas por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN). En este contexto, es que siguiendo el plan de privatización de las empresas eléctricas, salen a licitación las Empresas de Generación Eléctrica EGASA y EGESUR. Definición del problema Dentro del esquema de privatización programado por el Gobierno en el sector eléctrico, el cual venía desarrollándose de manera exitosa desde el año 1994, se licitan a las empresas de generación EGASA y EGESUR en el año 2002, pero estalla un proceso de convulsión social en el sur del país en contra este proceso. Al menos dos muertos, cientos de heridos y detenidos y alrededor de cien millones de dólares en pérdidas, dejaron las protestas realizadas entre el 14 y el 19 de junio de 2002 en la ciudad de Arequipa, que impulsaron al gobierno a declarar estado de emergencia, toque de queda y la designación de un jefe militar para restablecer el orden. Ante la inminencia de que otras ciudades del sur del país se sumaran a las protestas de Arequipa, el gobierno nombra una comisión de alto nivel para negociar con los líderes que promueven las movilizaciones de protesta, el restablecimiento del orden. Objetivo:

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El

objetivo

central

del

Estado,

a

través

de

sus

organismos

correspondientes

(PROINVERSION), era continuar con el proceso de privatización de las empresas públicas, entre ellas EGASA y EGESUR, pero dentro de un marco de orden social y político. Decisión: Suspender la privatización de las empresas EGASA y EGESUR. Actores en la Negociación y sus Intereses

1. Alejandro Toledo Manrique: Sus intereses son el mantener su nivel de aprobación así como

continuar con el curso económico

establecido para el país,

preservando la integridad de la población.

2. Raúl Diez Canseco Terry: Sus intereses son el continuar con el curso económico establecido para el país.

3. Pedro Pablo Kuczynski: Sus intereses son el continuar con el curso económico establecido para el país.

4. Pedro Sánchez Gamarra: Sus intereses están dirigidos a promover la inversión privada como parte de los objetivos a cumplir en concordancia al cargo desempeñado.

5. Fernando Rospigliosi: Sus intereses son el velar por la seguridad nacional. 6. Nicolás Lynch: Sus intereses son el continuar con el curso económico establecido para el país, apoyando la gestión presidencial.

7. Diego García Sayán: Sus intereses son el continuar con el curso económico establecido para el país, apoyando la gestión presidencial

8. Fernando Carbone: Sus intereses son el continuar con el curso económico establecido para el país, apoyando la gestión presidencial.

9. Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocursio: Sus intereses son el velar por el orden y paz social, evitando actos de violencia que puedan comprometer la integridad de las personas.

10. Sacerdote Gastón Garatea: Sus intereses son el velar por el orden y paz social, evitando actos de violencia que puedan comprometer la integridad de las personas.

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11. Jorge Santistevan de Noriega: Sus intereses son el velar por el orden y paz social, evitando actos de violencia que puedan comprometer la integridad de las personas.

12. Juan Manuel Guillén Benavides: Socialista confeso, se opone a cualquier política económica neoliberal, por tanto está por principio en contra de cualquier esquema privatizador.

13. Luis Saraya: Dirigente popular, cuyas apetencias políticas personales lo impulsaron a promover la desestabilización del gobierno.

14. Andrés Mamani: Dirigente popular, cuyas apetencias políticas personales lo impulsaron a promover la desestabilización del gobierno.

15. Gerónimo López: Dirigente popular, cuyas apetencias políticas personales lo impulsaron a promover la desestabilización del gobierno. Decisor Político Alejandro Toledo Manrique, Presidente de la República Objetivo Personal Mantener la gobernabilidad del país y no empeorar la crisis política por la que venía atravesando tan sólo a once meses de iniciar su gestión.

Canales Cerrados 1. Alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides. 2. Presidente del Frente Amplio Cívico de Arequipa, Luis Saraya. 3. Presidente de AUPA, Andrés Mamani. 4. Secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Gerónimo López. Plazos impuestos Del 14 al 19 de junio de 2002 se realizaron violentas protestas en el sur del país con un saldo de dos muertos, cientos de heridos y detenidos y alrededor de cien millones de dólares

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en pérdidas. De no tomar una acción inmediata, estas cifras podían incrementarse, por lo que el plazo es corto. ¿Dónde se cometieron errores? Los errores se pudieron cometer en:

i)

Efectuar promesas electorales que no fueron cumplidas.

ii) No contar con información del Servicio de Inteligencia, desactivado un año antes. iii) Canales de comunicación insuficientes y/o ineficientes, que demostraran los beneficios que traerían a las regiones de influencia, la privatización de las empresas EGASA y EGESUR.

iv) Subestimar el impacto del rechazo de la población al esquema privatizador. ¿Cómo debió plantearse el esquema de negociación? Partiendo de la premisa en que la problemática ya existía y tomando en cuenta a los actores involucrados, sus posiciones, personalidades y objetivos, planteamos como paso esencial la suspensión del proceso de privatización, acción que permitiría no sólo calmar la exacerbación existente, sino también analizar diversas alternativas integrativas que satisfagan los intereses de los actores involucrados. En este contexto, se plantean dos alternativas de negociación:

1. Suspender el proceso de privatización y concesionar EGASA y EGESUR. 2. Suspender por un tiempo la privatización de las empresas EGASA y EGESUR y luego retomar el proceso. Alternativa 1 Las violentas protestas originadas por la privatización de EGASA y EGESUR, tienen su raíz, en la falta de credibilidad de la población en sus gobernantes que ha ido gestando durante mucho tiempo el gran pasivo social existente. Toledo, durante su campaña electoral, se comprometió expresamente a no vender EGASA y EGESUR. Ya en el poder, opta por el esquema privatizador y en lugar de buscar el diálogo y

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explicar de manera clara y transparente el proceso de privatización, endurece su posición frente al reclamo popular. Las protestas, que inicialmente se plantearon por la forma autoritaria en que el gobierno llevaba adelante el proceso, fueron sumando otros argumentos contra el esquema privatizador, como una posible alza de tarifas o una ola de despidos masivos. Las posiciones fueron dos, totalmente opuestas: a favor de la privatización y en contra de ella. De haberse iniciado un diálogo basado en intereses, se habría planteado otra alternativa, beneficiosa tanto para el Estado Peruano, como para la ciudadanía arequipeña:

SUSPENDER EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN Y CONCESIONAR EGASA Y EGESUR

• •

BENEFICIO No perder los activos de las

•

COSTO Menores ingresos para el Estado.

Empresas.

•

Menos postores interesados.

Flexibilidad en la renegociación

•

Pérdida de confianza al Estado por el

de los contratos. •

Modalidad

económica

aceptable socialmente.

cambio más

en

las

reglas

establecidas

primigeniamente, toda vez que el Estado no dejaría en definitiva la actividad de generación, sino estaría temporalmente suspendiendo

su

presencia

en

esta

actividad. Esto llevaría a que las empresas que compraron activos de generación al Estado (Endesa, Duke) bajo la promesa de una competencia entre privados, iban a tener a futuro, al propio Estado como competidor. Argumentos de Negociación

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• Si la preocupación de la población era la pérdida de sus activos, esta modalidad garantizaba la propiedad. • Respecto al tema tarifario, se podía garantizar una eficiente política regulatoria.

• Al ser contratos flexibles, se podía negociar mejores condiciones laborales para los trabajadores de estas empresas involucradas. • Otra posibilidad era ofrecer la implementación de un programa de outplacement para los trabajadores de estas empresas de generación, que en total no superaban los 200. Alternativa 2 Si la alternativa de la concesión hubiera sido rechazada, otra posibilidad era el suspender por un tiempo el proceso de privatización y luego retomar el proceso. El suspender el proceso, habría permitido calmar a la población y otorgar tiempo al Estado para poder realizar algunas acciones ex – ante continuar con el proceso:

SUSPENDER POR UN TIEMPO Y LUEGO CONTINUAR CON EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE EGASA Y EGESUR BENEFICIO •

A corto plazo:

COSTO Retraso en el cronograma establecido

•

Gobernabilidad.

para la venta de las empresas.

•

Calmar la convulsión social por la •

Desmedro en nuestra imagen ante los

reticencia a las privatizaciones.

inversionistas extranjeros.

Salvaguardar la integridad de las •

Pérdida de credibilidad en el mercado

personas.

internacional.

•

•

A mediano plazo: •

Sostenibilidad privatización

de

la

política

programada

por

de el •

Pérdida

temporal

de

importantes

ingresos al Estado. Retraso en la ejecución del Proyecto

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•

Gobierno.

Majes-Siguas II al no concretarse el

El Perú obtendría ingresos importantes

esquema financiero. •

por la venta de estas empresas. •

Viabilidad del esquema financiero para la

ejecución

del

Proyecto

Majes- •

Siguas II Etapa. •

Estancamiento en el crecimiento de las Empresas. Inseguridad

a

corto

plazo

en

el

abastecimiento de electricidad.

Se lograría liberar al Estado de la responsabilidad del crecimiento en cuanto a potencia instalada de estas Empresas.

•

Se garantizaría una gestión eficiente de

generación,

que

soporte

el

crecimiento de la actividad productiva en la Región Sur. •

Se afianzaría la oferta de energía eléctrica en la Región

Sur para

atender los futuros crecimientos de demanda. •

Incrementar el caudal del Río Chili de 12 a 14 m3/s.

•

En la Laguna de Aricota ejecutar los proyectos Cano-Salado y Reservorio de Regulación de Aricota II para aprovechar la capacidad instalada en las centrales de generación.

Argumentos de Negociación

• Inicio de una campaña de información, a cargo de expertos comunicadores sociales, respecto de los beneficios que traería a la Región, la privatización de las empresas EGASA y EGESUR, tomando como argumento principal, la viabilidad del esquema financiero para la ejecución del Proyecto Majes-Siguas II Etapa, proyecto de importancia para la Región, cuyo principal propulsor era el entonces alcalde Juan Manuel Guillén Benavides. Este punto hubiera servido de “puente de oro” entre ambos grupos de

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negociación, ya que al trasladar a los opositores el análisis de los beneficios que traería a la Región la cristalización de este proyecto, hubieran podido objetivamente determinar que los beneficios eran mayores respecto de aquellos relacionados a mantener las empresas de generación en poder del Estado. • Comunicación directa con los dirigentes populares adversos al programa de privatización, convocándolos, dado sus intereses políticos, para trabajos sociales en programas de Gobierno.

• Identificación de medios de comunicación importantes de la Región, que hayan tenido una participación activa en las protestas, para involucrarlos en la campaña de información.

• En relación al argumento de las alzas tarifarias, el Estado debía garantizar la eficiencia de los organismos reguladores a favor de los intereses de la población. Conclusión No obstante haberse conformado una comisión multisectorial para negociar la problemática existente en Arequipa, ambos grupos se centraron en sus posiciones y no hubo forma de llegar a un acuerdo que lograra integrar ambos intereses, ya sea por la cantidad de actores involucrados o por la coyuntura violenta del momento. Como grupo consideramos que la segunda alternativa hubiera sido más viable, ya que habría logrado calmar los ánimos violentos de la población y habría permitido al Estado subsanar los errores cometidos al inicio del proceso, a efecto de comunicar e integrar a la sociedad en los planes de Gobierno.

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