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Francisco Sierra Caballero (Editor)

Golpes Mediáticos

Teoría y análisis de casos en América Latina

Economía y Políticas de Comunicación

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Golpes Mediáticos Teoría y análisis de casos en América Latina

Golpes Mediáticos Teoría y análisis de casos en América Latina

Francisco Sierra Caballero (Editor)

Golpes Mediáticos Teoría y análisis de casos en América Latina Francisco Sierra Caballero (Editor) CIESPAL Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín • Quito, Ecuador Teléfonos: (593 2) 254 8011 www.ciespal.org http://ediciones.ciespal.org/ Primera edición Noviembre de 2016 Quito, Ecuador ISBN: 978-9978-55-143-1 Edición Noemí Mitter Maquetación Arturo Castañeda Vera Ediciones CIESPAL, 2016

Los textos publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Reconocimiento-SinObraDerivada CC BY-ND Esta licencia permite la redistribución, comercial y no comercial, siempre y cuando la obra no se modifique y se transmita en su totalidad, reconociendo su autoría.

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Introducción

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Comunicación e intervencionismo en América Latina. Marco histórico estructural

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El terrorismo mediático con resultado de golpe: el despliegue histórico de la espiral del poder (Chile, 1973)

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El conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Una visión desde la comunicación

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El Golpe Mediático continuado contra Venezuela

213 

Todas son noticias viejas: la parcialidad de los medios de comunicación en Brasil

241 

Golpe de Estado en Paraguay. El rol de la prensa durante el derrocamiento de Fernando Lugo

273 

Banderas negras, redes sociales y agitación contrarrevolucionaria en Ecuador

Introducción Francisco Sierra Caballero www.franciscosierracaballero.com

En su célebre libro, Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad (Gedisa, Barcelona, 2004), García Canclini describe las tensiones y conflictos culturales que, como consecuencia de la globalización y la crisis de las políticas públicas que la llamada Sociedad del Conocimiento, se han venido manifestando en la región. Una década después de la edición del texto, América Latina es menos desigual, sigue afirmando su riqueza y biodiversidad y tiende a superar los tradicionales aislamiento y desvertebración sufridos históricamente por acción u omisión de gobiernos mediatizados –nunca mejor expresada la intención– por los intereses geopolíticos de Estados Unidos. El reciente capítulo de la Cumbre de las Américas en Panamá representa, para algunos analistas, el punto de inflexión que cierra la larga y cruenta Guerra Fría desplegada por el Departamento de Estado y la Casablanca en el subcontinente. Pero pensar que no es recurrente la historia como farsa resulta un tanto ingenuo, a tenor de lo vivido en los últimos años en la región. Más allá de las amenazas coyunturales de la Administración Obama a Venezuela, capítulos como este bien merecen al respecto, cuando menos, dos consideraciones importantes: en términos de historia (de la memoria dolida, que diría Galeano) y de geopolítica.

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Sabemos que no es posible comprender el campo de las mediaciones y producción o disputa del sentido sin tratar de pensar la Geopolítica de la Comunicación desde el Sur. Este es un ejercicio de reflexividad necesario e insoslayable en la comunicación internacional. Un ensayo más que pertinente y necesario en el que es preciso abordar tanto la historia y factores de integración latinoamericana –en espacios como alba, la can, celac y Unasur– como las estrategias desestabilizadoras vividas de forma prolongada y continua como antaño en la región. La utopía regional, hoy en parte materializada en la propuesta de la Patria Grande después de más doscientos años de lucha, es, en fin, la historia de una política de construcción en común continuamente amenazada por los intereses dominantes de Estados Unidos y sus aliados. Si algo hemos aprendido de grandes intelectuales como Mariátegui es que no es posible futuro político ni autonomía sin volver a las raíces y hacer historia de las injerencias y procesos golpistas vividos en la región. La memoria es condición del principio esperanza. Y esta, en el caso de América Latina, retrotrae a una dinámica de la comunicación internacional que debe ser ‘develada’ –si la práctica teórica se reclama heredera de la potencia crítica del pensamiento de la liberación–, cuestionándonos, en su radicalidad concreta e histórica, los procesos que mediatizan las democracias del subcontinente. Cabe en este sentido preguntarse, por lo mismo, sobre las causas reales y el trasfondo de los episodios nacionales vividos recientemente en el plano político y de coyuntura a escala regional: qué sucede en Brasil, por qué tuvo lugar el impeachment; qué fue de la democracia en Haití; qué sabemos de los escuadrones de la muerte en Perú y el asesoramiento externo de la dictadura Fujimori; qué continuidad se observa en este y otros países de la Alianza del Pacífico; de qué institucionalidad estamos hablando en Paraguay; a qué obedece la sincronía y recurrencia de ciertos relatos mediáticos sobre los gobiernos de progreso; cuál es la estructura de comando y articulación de los intereses transnacionales en la construcción del clima de opinión en las redes interferidas, vigiladas y controladas por la nsa; ¿podemos hablar de una estrategia o efecto dominó en las campañas de propaganda de

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Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador? No es mi intención hacer aquí recuento de los conflictos habidos y presentes de la región. Podríamos, sin duda, continuar con la lista de preguntas pertinentes, aún a riesgo de aburrir al lector, pero seguiríamos obteniendo por única respuesta, a estas y otras muchas cuestiones, el desconcierto y la mirada perpleja de incredulidad o simplemente ignorancia sobre la situación en estos y otros puntos calientes de la geopolítica internacional. Es normal. Muchos de los dispositivos desde el laboratorio chileno y la doctrina del shock que hoy vivimos coinciden en imponer, con independencia del contexto, la lógica de los silencios y elipsis de la comunicación-mundo hegemónica y su pensamiento administrativo. De ahí el sentido e importancia de la memoria. Nuestro tiempo, si por algo se distingue es, justamente, por la preeminencia de una cultura pragmática y una percepción del presente perpetuo, marcada –incluso teóricamente– por el olvido de la historia y la negación de toda lectura crítica sobre las cenizas del pasado. La complejidad y velocidad de los cambios informativos han penetrado tan profundamente en las estructuras y formas de sociabilidad que la naturalización, al nivel del discurso público, de las lógicas dominantes de mediación se han revestido de tal consistencia y opacidad, que, bajo la apariencia de una falsa transparencia, parecen irreductibles a la crítica científica; mientras el proceso de estructuración y organización de la comunicación y la cultura públicas incide en las lógicas de dominación y desigualdad material y simbólica características del modo de producción capitalista. La naturalización de las formas desvertebradas y alienantes de la cultura contemporánea ha reafirmado, como consecuencia, una concepción individualizada de la vida social que debe ser objeto de crítica para hacer visibles las causas sociales de fenómenos desconcertantes de la “modernidad líquida”, que fragmentan y descomponen los marcos axiológicos y de convivencia. En este sentido, dos obstáculos fundamentales para la teoría crítica son, por un lado, el poder dominante de la metafísica burguesa –en especial la ilusión extensamente propagada de

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que el mercado capitalista y el régimen capitalista de producción son eternos e insuperables– y, por otro lado, el imperio de una teoría miope que no es capaz de pensar más allá de los límites formales que determina el proceso o la lógica de acumulación. Esta miopía intelectual sobre los dispositivos de control y subsunción social de los mundos de vida por el capital es la clave de la renuncia a una idea de sociedad crítica y comprometida con los espacios próximos de reproducción cultural y con la articulación dialógica de las complejas relaciones a distancia que median los sistemas desterritorializados del poder basado en flujos de información, que hoy también colonizan el pensamiento y la producción teórica, condicionando una nueva concepción del intelectual y de los trabajadores de la cultura. Más aún, todo conocimiento revelador de esta lógica de la devastación o destrucción creativa es descalificado como invención, propia de las teorías conspirativas, pese a las evidencias ilustradas y las continuidades existentes en el modo de operar los medios mainstream como verdaderos aparatos ideológicos del proceso de acumulación, aún por procedimientos atentatorios al propio derecho a la vida. El libro recientemente editado por el profesor Bernardo Díaz Nosty en la Cátedra Unesco de Málaga, que presentamos en CIESPAL, cuestionaría tales descalificaciones. En su estudio, el profesor Díaz Nosty da cuenta de la racionalidad intencional prevaleciente en el discurso público cuando se habla de desaparición de periodistas en Colombia y México y se cargan las tintas con los países que han tratado, como Argentina, de regular un derecho –el de la comunicación– que requiere de una clara intervención del Estado, si realmente hablamos de garantizar de forma efectiva los derechos de la ciudadanía. Una lectura atenta a su informe y diagnóstico sobre la situación de los periodistas en la región debería llevar a otras conclusiones bien distintas de aquellas a las que nos tienen acostumbrados los voceros oficiales de la ‘prensa libre’, pero no cabe esperar que los guardianes de la libertad procuren denunciar la violación a los derechos humanos en procesos golpistas como los que ha vivido la región. Antes bien, aprovechando el papel preponderante de instituciones como la oea, por la ausencia de una política nacional en la materia y,

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peor aún, la inexistencia de organismos internacionales específicamente latinoamericanos, esta ha sido una pauta o lógica sistemática con el beneplácito de los grandes grupos oligopólicos de comunicación. Así, la ausencia de una estrategia regional que, en el plano nacional, aborde la disputa comunicacional en el ámbito público ha terminado debilitando la acción del gobierno y las políticas públicas progresistas en los países inmersos en procesos democráticos revolucionarios, hasta el grado de vivir golpes mediáticos como el de Brasil, o antes en países como Paraguay u Honduras, por no mencionar el caso de Venezuela. En este sentido, los planes desestabilizadores de las clases acomodadas en países como Ecuador dan que pensar. Más allá de la reedición de la historia como farsa, los acontecimientos en curso apuntan hacia la necesidad de abordar cuestiones sustantivas sobre el decir (información) y el hacer (acción política) en tiempos de libre comercio. Primero, porque socavan las bases de toda posible convivencia democrática y, segundo, porque el conflicto –la guerra económica y social– anula toda posibilidad de mediación pacífica, instaurando la violencia como forma de resolución del antagonismo y salida a la crisis. En el escenario que configura el Capitalismo Cognitivo, toda voluntad de construcción de alternativas democráticas es tipificada como utópica, como inviable, o directamente fuera de la ley, en función de un proceso de inversión semiótica por el cual el capital rentista aparece como única garantía de salida a la propia crisis, dado que el capital financiero apuesta sobre el futuro y funciona como una representación general de nuestras futuras capacidades productivas comunes. “[Aunque] el lucro del capital financiero es probablemente la forma más pura de expropiación de lo común” (Negri & Hardt, 2004, p. 182). De esta forma, en las nuevas condiciones del capitalismo extremo las clases dominantes recurren a una lógica de los silencios, estableciendo marcos normativos y constitucionales de excepción y exclusión de toda mediación democrática. Como advierte David Harvey, el capitalismo del siglo xxi parece estar tejiendo ahora una red de restricciones en la que los rentistas, los comerciantes, los magnates de los medios

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de comunicación y, sobre todo, los grandes financieros exprimen despiadadamente el flujo vital del capital industrial productivo, la riqueza social general, en función de sus propios intereses, recurriendo a fórmulas virtuales y físicas de extensión del terror. La pérdida de control de la política monetaria y, en general, el dominio del capital financiero internacional en su ofensiva de recomposición de la tasa de ganancia se han traducido, especialmente en el propio campo de la comunicación, en la imposición de la lógica especulativa, de subasta y concentración, liquidando todo control público (sea eliminando proyectos institucionales de regulación, sea interviniendo contra gobiernos de progreso que no garantizan la flexibilidad necesaria para un rápido e intensivo proceso de acumulación, según el programa de legitimación del proceso de expropiación impulsado por el capital financiero internacional). En este escenario, al tiempo que se precariza la autonomía del sector de la comunicación y las condiciones de producción de los intermediarios culturales, los Estados-nación ven cercados sus dispositivos de regulación de las políticas públicas por una cobertura espectacular de la crisis que naturaliza el Estado Nacional de Excepción Permanente, lo que, en algunos casos, se ha traducido en procesos de privatización de los medios públicos, su reducción drástica (en personal laboral e incidencia social) cuando no su cierre extraordinario o la sistemática censura, como hemos visto en Argentina o, históricamente, en México y Brasil. De la era Reagan a las proclamas parafascistas de la Fox, pasando por la doctrina del shock de los Chicago Boys en Chile y la instrumentación activa de los medios de comunicación para ampliar las tasas de beneficio del capital especulativo y rentista, es posible, en resumen, rastrear una historia oculta, un hilo rojo y lógica de dominio, eludida y apenas representada por la academia y la opinión pública, que nos permite comprender el papel estratégico de la mediación espectacular en la actual cobertura de la crisis internacional. Un proceso que tiene su génesis en la progresiva mercantilización de la industria periodística y en la paulatina dependencia del capital financiero internacional, por las que hoy se restringe y anula toda posibilidad de pluralismo ideológico

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y diversidad editorial en el tratamiento de las alternativas de salida del círculo vicioso –implementado por los amos del mundo– y de la información en lo que, conforme a las tesis de Navarro y Torres, podemos considerar, sin duda alguna, un proceso ideológico de imposición del terror y de propaganda, ideado con el único objetivo de imponer la sumisión de la población al entramado de intereses de Wall Street y, en general, del capital rentista (Navarro & Torres, 2012) . Las guerras imperialistas de nuestro tiempo han instaurado una lógica de espiral del silencio por la que la manipulación mediática y la propaganda han vuelto tolerables las masacres, el terrorismo internacional, la ruina y la podredumbre económica, a condición de su desconocimiento, de su absoluta ignorancia y ocultamiento a la vista de la mala conciencia occidental. No en vano, el perfil militar del siglo xxi ha sido definido por los pensadores de la guerra informacional como un ‘profesional silencioso’, capaz de neutralizar problemas que el público no cree que sean de interés nacional urgente. “Los generales americanos de hoy día han estudiado marketing. Cómo generar la información de guerra, cómo filtrar o neutralizar las noticias molestas, cómo ocupar el tiempo mediático y eliminar de él al enemigo, es decir, a cualquier punto de vista contrario al oficial” (Collon, 2000, p. 81). En esta operación, el discurso informativo espectacular es un discurso terrorista. La sociedad del espectáculo manda utilizando una antigua arma. Hobbes reconoció tiempo atrás que, a los efectos de una dominación adecuada, la pasión más efectiva es el miedo. Para Hobbes, es el miedo el que conduce y asegura el orden social, y aún hoy el miedo es el mecanismo primario de control que inunda la sociedad del espectáculo. Aunque el espectáculo parece funcionar mediante el deseo y el placer (deseo de mercancías y placer de consumo), lo hace en verdad mediante la comunicación del miedo –es decir, el espectáculo crea formas de deseos y placer que están íntimamente asociadas al miedo (Negri & Hardt, 2000, p. 157).

De manera que la construcción noticiosa del pánico moral de las multitudes, impulsada por la prensa, valida la hipótesis de Klein sobre

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la doctrina del shock como pérdida de sensibilidad y conciencia de la situación real vivida. Del Chile de Pinochet a la guerra de Irak, pasando por los conflictos de los profesionales del silencio, las ideas de Milton Friedman cobran así hoy actualidad en una situación de Estado de emergencia en el que, como critica Agamben, la excepción es la norma y la mediación informativa una comunicación del pavor orientada a reproducir la narrativa estática del neoliberalismo; es decir, el aislamiento físico, psicológico y, claro está, político contra las medidas de expropiación de los bienes comunes por las clases opulentas (Klein, 2007). La discreción actual de los ejércitos ha llegado a tal grado que toda distancia entre el cuerpo militar y los servicios de espionaje queda reducida a la mínima expresión, en su esfuerzo por conquistar eficazmente los ‘corazones y mentes’ de la población. Así, sobre el estruendo de explosiones y el clamor del sufrimiento y la muerte humana, se tiende hoy un sepulcral silencio que nos hace pensar en la inexistente o localizada situación de guerra en el mundo, como si de un problema menor, periférico o ‘limitado’ se tratara, instalados en la comodidad de la videopolítica y las máquinas espectaculares de televidencia. Datos, sin embargo, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos hablan de 37 conflictos bélicos y más de 100.000 muertos al año en la maquinaria de guerra oculta a la opinión pública internacional, conocedora solo de aquellas hazañas bélicas espectacularizables, como la guerra del Golfo o la de Siria. Se puede objetar que este no es el caso de América Latina, territorio de paz e históricamente apenas con conflictos. La noción de ‘golpes mediáticos’ remite, de hecho, a una concepción bélica, como la guerra en tiempo real del primer conflicto del Golfo Pérsico: limpia, quirúrgica, sin violencia, una gestión militar de cero muertos; esto es, una no-guerra. Pero sería equívoco pensar que las nuevas formas del Plan Cóndor tienen un frente fundamentalmente protagonizado por los ejércitos, pese a la documentada presencia de fuerzas paramilitares estadounidenses. La propia doctrina militar del Pentágono –antes, los Documentos de Santa Fe– define para la región una estrategia irregular de intervención focali-

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zada en la cooptación y adiestramiento ideológico del ejército (Instituto del Hemisferio Occidental, antigua Escuela de las Américas), el dominio y control del poder judicial y la hegemonía en los medios de comunicación, a lo que hoy cabría añadir la ciberguerra o dominio de las redes digitales, siguiendo así la tradición de la estrategia Kissinger y la llamada tecnotrónica. Si tomamos en cuenta que nuestra época ha sido definida por ser la era de la comunicación global y omnipresente, la era de la información, tales carencias sobre los conflictos locales que tienen lugar en América Latina nos debería plantear, al menos, significativas reflexiones sobre la cobertura mediática de las crisis sociales por los medios globales y sus apéndices. Cabría preguntarse, en otras palabras, qué papel desempeñan los medios de información en el desarrollo del sistema mundial, de qué manera contribuyen a la comprensión y resolución pacífica de estos conflictos o, más bien, por el contrario, qué límites y condiciones del sistema internacional determinan su participación en las estrategias de propaganda y seguridad nacional en el proceso de globalización que legitima y amplifica los procesos golpistas y de intervención regional. No se trata desde luego de dar detalladas respuestas a tales cuestiones en el libro que tiene el lector en sus manos. Pero sí, al menos, traaremos de apuntar los posibles ángulos alternativos desde los que plantear el problema referido, en este caso, a la comunicación global y a las intervenciones locales para comprender este fenómeno denominado ‘golpe mediático’; en modo alguno nuevo en la historia de la región pero que, sin duda, actualiza las formas y técnicas de la injerencia imperialista en Latinoamérica, en lo que el presidente Correa denuncia como “nuevo Plan Cóndor”. La edición de este volumen trata así de contribuir con estudios de casos relevantes al conocimiento sociocrítico de la agenda secreta que gobierna la acción militar y mediática en el espacio de la comunicación-mundo y las campañas contrarrevolucionarias en la región, cuáles son los objetivos y función actual de la propaganda de guerra psicológica en las redes sociales, qué bases y principios rigen en las formas contemporáneas de socavamiento de la legitimidad democrática

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y los ataques a los procesos de transformación social. En resumen, en qué consisten y cómo operan los procesos de golpismo mediático como proceso restaurador que actualiza y da continuidad a las estrategias de control y hegemonía de los intereses geopolíticos transnacionales que han dominado la historia política de la región. Marx decía –con razón– que un problema de actualidad comparte con cualquier problema justificado por su contenido –es decir, razonable– el destino de que no es la solución, sino el problema lo que constituye la principal dificultad. Por tal razón, la verdadera crítica no analiza las respuestas, sino las preguntas. Esperamos, con los aportes compilados en el presente volumen, contribuir a clarificar el estado del arte en este ámbito. La pretensión modesta de este ejercicio es vislumbrar las bases que atraviesan los distintos enfoques, perspectivas y procesos que vienen desplegando la nueva doctrina de seguridad pública estadounidense en la era del cibercontrol, con el fin de tratar de entender no solo las bases ideológicas de reorganización del imperialismo y del terrorismo internacional estadounidense, sino –más allá aún– el desarrollo de la lógica de guerra total y prolongada a través de las máquinas de información en los conflictos periféricos habidos recientemente y por venir. Para ello, el presente volumen monográfico procura aportar una mirada crítica, adecuada a la nueva biopolítica contemporánea, sobre realidades y factores estructurales que históricamente gobiernan en la era imperial de la sociedad televigilada en América Latina; contextualizando, a partir de un marco teórico y análisis estructural, las formas de representación y el discurso público que han operado en cada estudio de caso, a partir de la doctrina de Guerra de Baja Intensidad (gbi) y las nuevas formas de intervención mediatizada desde Estados Unidos y los países del Norte. Se trata, en fin, no de otra cosa que, desde la perspectiva de América Latina, deconstruir y cuestionar las formas de guerra irregular y el uso persuasivo y propagandístico de los medios en la construcción de la esfera pública, como parte de los procesos de acoso y derribo de los gobiernos de progreso de acuerdo a los lineamientos de la doctrina de seguridad de Estados Unidos –que han venido jalonando, en

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cada episodio histórico, el proceso de transformación de las culturas de injerencia: del Documento de Santa Fe y la era Reagan a la nueva política hemisférica de Clinton/Obama. Esperamos que este libro sirva de útil caja de herramientas para académicos, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que, de acuerdo con el principio pacífico de no injerencia y de respeto al derecho ajeno, defienden la democracia y soberanía nacionales contra viento y marea, pese a vivir en un tiempo de multiplicación de ‘bases mediáticas’ que, reemplazando las estrategias estrictamente militares, siguen imaginando la ideopolítica como la imposición por la fuerza de la agenda neoliberal dominante a través de la superioridad informativa. Quito, 11 de Septiembre de 2016.

Bibliografía Aganbem, G. (1998). Homo Sacer. Valencia: Pre-Textos. Caccia Bava, S. (2012). “Clases mèdias ?”, Le Monde Diplomatique, Brasil, p. 3. Collon, M. (2000). Monopoy. La otan y la conquista del mundo. Donostia: Hiru. García López, D. (2013): “El silencio de las sirenas en el corazón de las tinieblas. Sobre la lógica de las reformas.” En Revista Pensar desde Abajo, nº 2, Fundación Andaluza Memoria y Cultura, pp. 77-91. Klein, N. (2007). La doctrina del shock. Barcelona: Paidós. Navarro, V. & Torres, J. (2012). Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero. Madrid: Espasa. Negri, A. & Hardt, M. (2000). Imperio. Barcelona: Debate. —. (2004): Multitud. Guerra y comunicación en la era del Imperio. Barcelona: Debate.

Comunicación e intervencionismo en América Latina. Marco histórico estructural Francisco Sierra Caballero Por muy críticas que sean la situación y las circunstancias en que os encontréis, no desesperéis. En las ocasiones en las que cabe temer de todo, es preciso no temer nada; cuando se está rodeado de todos los peligros, no hay que dejarse intimidar por ninguno; cuando se está sin ningún recurso, hay que contar con todos los recursos; cuando se ha sido sorprendido, hay que sorprender al enemigo. Sun Tzu, El arte de la guerra.

Todo proceso de producción de conocimiento suele ser disruptivo. Emerge cuando las condiciones dadas no favorecen la ilustración del objeto a aprehender. Más aún en ciencias sociales, sujetas a la sobredeterminación de los contextos de vida y pensamiento. Así sucedió con el modelo de análisis institucional más acabado sobre la propaganda y el dominio de la comunicación internacional. Cuando en 1988 vio la luz la primera edición de Manufacturating Consent. The Political Economy of the Mass Media, de Noam Chomsky y Edward S. Herman, en eeuu estaba a punto de concluir la “era Reagan” (1981-1989), período que a pocos dejaría indiferente, marcado por el conservadurismo político y el

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intervencionismo en política exterior, especialmente en América Latina, hasta el grado de condenar por vez primera en un tribunal internacional al gobierno de Estados Unidos por la guerra sucia en Nicaragua. Es en este contexto en el que Chomsky y Herman llevan a cabo una minuciosa investigación sobre el funcionamiento interno de la industria mediática de eeuu, sus patrones de conducta, las motivaciones en la producción de los mensajes y su función social: la producción del consenso en torno a una serie de valores destinados a mantener el statu quo del momento, dentro y fuera del territorio estadounidense. Para abordar el marco lógico de los estudios de caso que presentamos en sucesivos capítulos conviene revisar algunas de las tesis que ilustran la función de los medios en procesos golpistas, como los que vivimos en la actualidad en la región. Primero porque, de forma sistemática y crítica, ambos autores demuestran, en el primer capítulo de Los guardianes de la libertad (título de su traducción española), los factores explicativos que operan en toda mediación periodística a la hora de la cobertura de un conflicto o guerra irregular. Segundo, porque sitúa consistentemente la economía política del terror que ha distinguido a las relaciones internacionales de Estados Unidos con relación al papel de los medios y el control hegemónico que ostentan en su conformación de la experiencia espaciotemporal de las audiencias a nivel global. Hoy, cuando el modelo de propaganda está a punto de cumplir veinte años, vemos cómo la administración Obama sigue los pasos de sus antecesores –de acuerdo a las lecciones de Nixon, que Reagan actualizaría en la década de los ochenta impulsando la filosofía de “hablar suave y utilizar firmemente el garrote”– a través de la industria mediática, lo que valida, si cabe, de forma más consistente la pertinencia de introducir dicho modelo de propaganda en el análisis del llamado golpismo mediático y los procesos políticos vividos en la región. A partir del estudio sistemático y de las pautas institucionales de actuación vigente en los medios estadounidenses, el modelo de propaganda propuesto en Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media por Edward Herman y Noam Chomsky ilustra cómo los

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medios de comunicación de masas operan como eficaces transmisores de mensajes y símbolos culturales según criterios estratégicos de manipulación informativa, dirigidos a moldear, predecir y controlar el comportamiento público de las clases medias y los sectores populares en beneficio de las clases dirigentes: Los factores estructurados cruciales derivan del hecho de que los medios de comunicación dominantes están firmemente incrustados en el sistema de mercado. Estos son negocios con fines de lucro, propiedad de personas muy ricas (o de otras compañías); se financian en gran parte a través de los anunciantes, que también son entidades con fines de lucro y que desean que sus anuncios aparezcan en un entorno favorable a las ventas. Los medios de comunicación dependen también del gobierno y de las grandes firmas empresariales como fuentes de información, y tanto por cuestiones de eficiencia como por consideraciones políticas –y frecuentemente por intereses coincidentes– prevalece un cierto grado de solidaridad entre el gobierno, los principales medios de comunicación y otras grandes compañías. El gobierno y las grandes empresas ajenas a los medios también están mejor situados (y poseen suficiente poder económico) como para poder presionar a los medios de comunicación con amenazas de retirada de campañas publicitarias o de licencias de televisión, pleitos por difamación y otras formas de ataque, directas o indirectas. Los medios de comunicación también sufren un sesgo anticomunista, impregnado desde antes y durante la época de la Guerra Fría, frecuentemente movilizado para evitar que los medios de comunicación criticasen las agresiones contra pequeños países etiquetados como comunistas (Herman, 1998, pp. 12-13).

En el presente capítulo, vamos tratar de introducir los fundamentos y perspectivas críticas sobre las bases y validez del modelo de propaganda y su aplicación en la cobertura de acontecimientos de interés periodístico que han tenido recientemente lugar en la región, destacando al tiempo su aplicabilidad a los procesos históricos de injerencia que ha vivido América Latina.

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Filtros, agenda y modo de producción informativa Con el fin de incorporar las principales ideas y líneas estratégicas del trabajo de Chomsky y Herman, quisiéramos primero reseñar brevemente los fundamentos lógicos de esta dinámica institucional dominante en los medios, cuya estructura viene configurada por cinco factores principales en la orientación del discurso periodístico: 1. La envergadura, la concentración de propiedad, la riqueza del propietario y la orientación de los beneficios de las empresas dominantes en el ámbito de los medios de comunicación. Las presiones del mercado determinan la actividad mediática, limitando las opciones informativas, el enfoque editorialista de los medios y el modo de organización del trabajo periodístico –sujeto a las fluctuaciones financieras, en el proceso de concentración y conglomeración de la industria cultural, que marca como prioritario el criterio de rentabilidad por encima de cualquier pretensión de servicio público. Los grupos de control de las grandes redes de telecomunicaciones y conglomerados multimedia estrechan, de tal forma, los vínculos económicos con el capital financiero e industrial que los medios de comunicación terminan reproduciendo fielmente la línea ideológica de las elites y el statu quo de las clases dominantes. Existe así una relación estrecha y determinante entre los grandes intereses económicos y la función mediadora de la comunicación. 2. La publicidad como fuente de ingresos y financiación de los medios. El discurso publicitario –como ha hecho ver Armand Mattelart– actúa como ideología del mercado libre y de los intereses capitalistas en la sociedad de consumo, hasta el punto incluso de influir y determinar la existencia de los medios y sus contenidos. La comercialización de los espacios mediáticos como soportes publicitarios no solo deriva en una directa dependencia de los medios respecto a los anunciantes, sino que, además, la profesión informativa ha acaba-

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do plegándose a los intereses de la poderosa industria de relaciones públicas. “Si se plantea un conflicto entre el interés por contar las cosas que ocurren y el de una empresa que se anuncia en el medio (por tanto, lo financia) no hay ninguna duda de que el medio se acabará decantando por la segunda” (Quirós, 1998, p. 228). Según Ibáñez, Chomsky demuestra, en Ilusiones necesarias, cómo “el equilibrio del mercado se alcanza cuando están en sintonía los editoriales y los anuncios. Por su estructura: el poco espacio y tiempo de que disponen los redactores se prestan más a la regurgitación de beaterías convencionales que a presentar pensamientos poco familiares o conclusiones sorprendentes” (1992, p. 9). La publicidad juega además un rol significativo en el proceso de concentración informativa, como factor de desarrollo de los conglomerados multimedia que ha terminado restringiendo los estrechos márgenes del pluralismo informativo en detrimento de la prensa obrera y radical. “Con la publicidad, el mercado libre no ofrece un sistema neutral en el que finalmente decide el comprador. Las elecciones de los anunciantes son las que influyen en la prosperidad y la supervivencia de los medios” (Chomsky & Herman, 1990, p. 43). Y, peor aún, determinan la orientación de los contenidos y la estrategia de programación de los medios masivos, especialmente de la radio y la televisión, cuya oferta resulta ‘banalizada’ por la lógica del rating, que obliga a cautivar a grandes volúmenes de audiencia, en un marco de desregulación competitiva cuyo resultado es el creciente declive y empobrecimiento cultural de la oferta mediática; sin olvidar la funcionalidad de esta cultura del entretenimiento, criticada por Neil Postman, como una forma de bárbara intromisión del show business en la configuración del espacio público, funcional –en última instancia– a los fines de las elites del poder. 3. La dependencia de los medios de la información proporcionada por los expertos, el gobierno y las empresas, financiada y aprobada por los proveedores principales y otros agentes del poder. Los medios de

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comunicación colectiva mantienen una relación simbiótica con las fuentes de información poderosas, tanto por necesidad económica como por reciprocidad de intereses. La regularidad con la que operan los medios de información está fuertemente determinada por supuestos restringidos, impuestos –a su vez– por la dependencia acrítica de las fuentes de información de las elites y su participación en campañas de propaganda. Así, por ejemplo, Fishman demuestra el principio de afinidad burocrática según el cual solo otras burocracias pueden satisfacer las necesidades iniciales de una burocracia informativa (Fishman, 1980). Los medios han de proporcionar un flujo constante y fiable de materia prima informativa que –en satisfacción de la necesidad diaria de noticias y sus apremiantes horarios– la estructura administrativa de los gabinetes de prensa y la industria de las relaciones públicas pone a su disposición gratuitamente, facilitando la labor periodística de los profesionales de los medios. Las fuentes gubernamentales y empresariales tienen el mérito de ser respetables y ser reconocidas como veraces ante la opinión pública, debido a su estatus y prestigio. Para consolidar su privilegiada posición como fuentes de información, los promotores de informaciones gubernamentales y empresariales se esfuerzan por facilitar las cosas a los organismos informativos. Así, les proporcionan instalaciones en las que reunirse, dan a los periodistas copias de discursos por adelantado e informes posteriores; programan conferencias de prensa teniendo en cuenta las horas de cierre de recepción de noticias; escriben comunicados de prensa en lenguaje asequible, y organizan cuidadosamente sus conferencias de prensa y sesiones fotográficas […]. Debido a los servicios que proporcionan, a los continuos contactos que genera su actividad normal y a la dependencia mutua, los poderosos pueden utilizar relaciones personales, amenazas y recompensas para influenciar y coaccionar aún más a los medios de comunicación. Estos pueden sentirse obligados a dar por buenas historias extremadamente dudosas y a acallar sus críticas para no ofender a sus fuentes de información y perjudicar su estrecha relación con estas (Chomsky & Herman, 1990, pp. 55-56).

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Las fuentes oficiales de información tienden, de este modo, a aprovecharse de las rutinas y de la dependencia de los medios para reforzar sus posiciones y puntos de vista en el espacio público y manipular el debate político mediante el establecimiento de una agenda temática. 4. Las contramedidas y correctivos diversos como método para disciplinar a los informadores y a los medios de comunicación. En el caso de periodistas o espacios críticos disidentes en sus líneas editoriales y modo de representar informativamente la realidad sociopolítica, el sistema de control de la comunicación pública dispone de diversas formas de respuesta para restablecer la función social asignada por las elites y el poder económico a los medios informativos, silenciando las réplicas y críticas al sistema dominante. “El gobierno es uno de los mayores productores de estas respuestas críticas, que ataca, amenaza y corrige habitualmente a los medios de comunicación, que intentan poner cualquier desviación en la línea establecida. La propia gestión de las noticias está diseñada para producir estas respuestas críticas” (Chomsky & Herman, 1990, p. 68). De tal forma que, antes de que la autocensura ponga en juego su función de adaptación a la norma dominante de las elites, el sistema empresarial, las elites del gobierno y los mismos propietarios de los medios disponen de amplios resortes de coerción para presionar sobre los informadores –incluidas listas negras que hagan efectiva la sumisión del sistema público de información al servicio de los ‘intereses especiales’. 5. El anticomunismo como religión nacional y mecanismo de control. La ideología de la Guerra Fría ha extendido, además, entre los medios estadounidenses una cultura de movilización contrarrevolucionaria, arraigando entre los profesionales y propietarios de los medios los mecanismos ultraconservadores de control (por la fe instaurada en la bondad de las políticas internacionales e internas del gobierno estadounidense contra la amenaza soviética). Chomsky

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observa que, a partir especialmente de la Segunda Guerra Mundial, los medios de comunicación adoptan un modelo de organización y desarrollo de la producción informativa adaptado al proceso de expansión imperialista de la política exterior norteamericana; definiendo públicamente los problemas políticos de actualidad de acuerdo a los intereses del nuevo orden mundial emergente, como parte de un proceso que el padre de los estudios de opinión pública en Estados Unidos, Walter Lippman, denomina la “fabricación del consenso” (Lippman, 2003). “Esta ideología ayuda a movilizar a la población contra un enemigo y, dado que este es un concepto difuso, puede utilizarse contra cualquier persona que propugne una política que amenace los intereses de la propiedad o apoye los acuerdos con los estados comunistas y los radicales. De esta manera ayuda a fragmentar a los movimientos obreros y de izquierdas, y actúa como mecanismo de control político” (Chomsky & Herman, 1990, p. 68). La importancia de este filtro no solo es identificable en Estados Unidos y el contexto de la Guerra Fría. En los países occidentales, toda referencia a políticas alternativas en el ámbito económico es descalificada y representada marginalmente por el discurso anticomunista reinante en los medios, prevaleciendo en otros casos la implementación de un discurso periodístico acerca de la amenaza oculta como paranoia informativa, en forma de guerra santa (Guerra del Golfo Pérsico), guerra humanitaria (Guerra de Kosovo) o diatriba contra el “peligroso fundamentalismo islámico”. En la esfera mediática se imponen así, de forma totalizadora, diversas dicotomías ideológicas y culturales que hacen efectiva y duradera la actuación de los filtros de control político sobre la población. El modelo de propaganda describe, por tanto, un sistema descentralizado de control social de la información por el que se ejerce el poder y la coacción ideológica según las necesidades administrativas del gobierno, el capital privado y las elites del sistema dominante. En palabras de Edward Herman:

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El poder del sistema de propaganda estadounidense radica en su habilidad para movilizar un consenso entre las elites, para dar la apariencia de consentimiento democrático y crear un nivel suficiente de confusión, malentendido y apatía en la población general como para permitir que prosperen los programas de las elites (Herman, 1998, p. 14).

Los cinco filtros reducen, en consecuencia, la pluralidad de las noticias de acuerdo al programa o lectura preferencial de las elites, llegándose a dar contradicciones como las analizadas por Chomsky en la información internacional –que distingue entre víctimas dignas e indignas–, según los intereses dominantes. Pero no es nuestra intención desplegar aquí los razonamientos e ideas básicas del modelo de propaganda que Chomsky y Herman esbozan en su trabajo de referencia, ya de sobra conocido. Más bien, el cometido de nuestro trabajo es evaluar las aportaciones teóricas y las insuficiencias subyacentes en el análisis de ambos autores al criticar la mediación informativa dominante en América Latina –en el marco de los llamados golpes mediáticos–, así como las críticas liberales que se formulan habitualmente sobre su interpretación de las industrias culturales o, desde otro punto de vista, los problemas discutibles en torno a su propuesta –desde un enfoque más consistente y complejo de la teoría crítica–, para que el lector saque sus propias conclusiones sobre la realidad sociopolítica objeto de análisis en los estudios de caso compilados. Podemos empezar señalando que, en su formulación, el modelo de propaganda tiene la virtud de apuntar seis principios y puntos de partida estratégicos para una lectura alternativa y democrática de los medios de comunicación y el nuevo golpismo espectacularizado, que no pueden ser ignorados en ningún proyecto teórico de envergadura o, en particular, en cualquier análisis de casos a este respecto. A saber: a.

Principio constructivista. Los medios no informan, sino que construyen o producen la realidad, manufacturan el consentimiento, redefinen las percepciones y el conocimiento público del mundo. Toda

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teoría crítica debe, por tanto, reconocer en su interpretación de los medios esta función productiva de la mediación, recuperando la dimensión representacional y transformadora de la dialéctica informativa frente a la visión liberal de los medios como ventanas abiertas a la realidad o el mito de la supuesta transparencia de los canales de difusión pública (como medios de transporte objetivo de la realidad). b.

Lectura institucional. Herman y Chomsky explican su modelo de propaganda en términos de análisis institucional de los imperativos y factores estructurales del funcionamiento de los medios masivos. De ahí que la principal contribución del modelo de propaganda sea su poder deconstructivo de las lógicas organizativas, que constituyen el complejo sistema de mediación interna y las formas de dependencia de los poderes políticos y económicos. El análisis institucional de la mediación presupone, desde este punto de vista, observar las formas concretas y sobredeterminadas de disposición de los medios, su funcionamiento y reglas de protocolo, las lógicas productivas y las culturas del trabajo, así como los climas organizativos e ideológicos que inciden directamente en la producción de información de actualidad. Podemos hablar, en este sentido, del modelo de propaganda como un enfoque ‘estructurado’ de las organizaciones informativas. Los criterios de objetividad, independencia o responsabilidad social de los informadores juegan aquí un papel secundario respecto al poder ideológico y estructural que establecen las relaciones de control asociadas a cada filtro. Si acaso, la única función reconocible es –como critica Bagdikian– la de cegar y omitir explícitamente los compromisos y dependencias que ligan a los profesionales de la información con las autoridades y los poderes económicos. Las lógicas institucionales que orientan la acción informativa determinan así las premisas de construcción de los discursos y las interpretaciones mediáticas, delimitando qué es periodístico y digno de publicarse y qué no, según las bases de funcionamiento del sistema y las necesidades de las campañas propagandísticas promovidas desde la industria de relaciones públicas.

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c.

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Principio simbiótico de la hegemonía. Medios y otras instituciones ideológicas convergen en la reproducción social, trenzando redes de discursos e intereses sociopolíticos estratégicos. Existe pues una coordinación, o una lógica de acoplamiento funcional, de cada institución con los fines estratégicos del capital. En particular, es posible reconocer relaciones simbióticas entre profesionales de la información y fuentes oficiales vinculadas a los grupos de poder político y económico dominantes. La censura es en gran medida autocensura, por un lado de periodistas y comentaristas que se ajustan a la realidad de los requerimientos organizativos de las fuentes y de los medios de comunicación y, por otro, de los responsables de alto nivel de dichos medios, que fueron elegidos para poner en práctica las constricciones –que en muchos casos han interiorizado– impuestas por los propietarios y por otros centros de poder, tanto del mercado como gubernamentales (Chomsky & Herman, 1990, p. 14).

La actuación de este principio simbiótico entre los intereses dominantes exige un enfoque global e integrado de lo que Gramsci calificó como ‘problema de la hegemonía’; esto es, la cultura y moral dominante en la industria de los medios y los intereses que sostienen este sistema de reproducción asimétrico. d. Principio del poder descentralizado y multifactorial. Una lectura hegemónica del poder presupone que toda legitimación y/o, específicamente, la producción del consentimiento no es un proceso cerrado ni

acabado, sino antes bien una dinámica de reconstitución permanente del dominio de la clase o bloque dominante. En otras palabras, el poder es un poder no concentrado únicamente en la propiedad de los medios, sino en diversas formas difusas y multifactoriales de dominio y control del proceso de desarrollo histórico y cultural. Por tanto, toda teoría crítica de los medios debe reconocer la estructura descentralizada, difusa y múltiple de los resortes de poder y control social

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de la información, como en parte hace el modelo de propaganda de Chomsky y Herman. e.

Teoría radical de la democracia. El modelo de propaganda puede, sin duda, ser calificado de crítica radical. La lectura del poder y de la dinámica de conformación ideológica de la sociedad concibe los medios de comunicación pública como instrumentos de control social, movilización y hegemonía de los intereses especiales de las elites. Al poner un mayor énfasis en la desigualdad de riqueza y poder, así como en los efectos que esta produce a diferentes niveles en los intereses y elecciones de los medios de comunicación de masas, el modelo de propaganda cobra plena vigencia. Más aún, cuando, como comenta Edward Herman: […] los drásticos cambios ocurridos durante la pasada década en la economía, las industrias de la comunicación y la política tienden a acrecentar la aplicabilidad del modelo de propaganda. Los primeros dos filtros –propiedad y publicidad– han adquirido una importancia creciente. El declive de la radio y la televisión públicas, el aumento de poder de las empresas y su extensión a nivel global, las fusiones y la centralización de los medios de comunicación han vuelto aún más decisivos los resultados económicos. La competencia por el suministro de anunciantes se ha hecho más intensa. Las salas de redacción se han visto aún más completamente incorporadas en imperios empresariales transnacionales, con encogidos recursos y un entusiasmo editorial cada vez menor por un periodismo de investigación que pueda desafiar a las estructuras de poder. En suma, la autonomía profesional de los periodistas ha empequeñecido (Herman, 1998, p. 22).

Y la depauperación de la oferta cultural es la tónica imperante, que solo se puede evitar desde un enfoque radical de la democracia que reivindique la libertad y el pluralismo informativos, la propiedad social de la información y las industrias culturales, desde una imaginación comunicológica alternativa, es decir, desde otros parámetros ideológicos.

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f.

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Análisis ideológico de los contenidos informativos. El modelo de propaganda es, pues, una descripción institucional de los medios de difusión colectiva como sistemas de poder, regulados por los parámetros ideológicos y los intereses elitistas implicados y unificados en una posición ideológica compartida –más o menos flexiblemente– en cada información, según el grado de importancia y el modo en que afecta el contenido de la noticia a sus intereses especiales. Reactualizando algunas de las premisas de la noción frankfurtiana de ‘industria cultural’, Herman y Chomsky ponen el énfasis, no tanto en la pasividad del consumidor de la industria mediática, como en la orientación ideológicamente marcada de los textos y contenidos de los ‘aparatos ideológicos del Estado’, donde se valoran ciertas voces, se omiten o descartan determinadas versiones y se favorecen casi siempre las mismas o similares interpretaciones de los acontecimientos, con independencia del canal o línea editorial del medio en concreto donde aparezcan. El efecto ideológico se consigue en virtud del orden y enfoque de la información. La crítica que el modelo perfila a los ‘guardianes de la libertad de expresión’ se constata empíricamente, en este sentido, cuando se observa que, del flujo total de información que ofrecen los principales medios de comunicación colectiva, prima un sesgo sistemático orientado al mantenimiento de las disposiciones existentes funcionales al poder y a las ventajas o privilegios especiales de las elites. Esto es, la actividad de los gatekeepers está orientada por un fuerte sesgo ideológico en la elección de los contenidos y tematizaciones informativas, ajustadas a la criba previa de profesionales que “piensan lo que deben pensar”, de acuerdo a nociones interiorizadas en un proceso de adaptación personal a las limitaciones de la organización, la propiedad, el mercado y el poder político. El dominio de los medios de comunicación por parte de la elite –y la marginación de la disidencia que se deriva de la actuación de los filtros explicados– se realiza de manera tan natural que los comunicadores que trabajan en las organizaciones informativas son capaces de convencerse de la libertad de elección, tratamiento e interpretación de las noticias como

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profesionales independientes, mientras el modelo de dominación lo impregna todo.

El modelo de propaganda revela así el origen de las formas de control de los medios de comunicación colectiva y los mecanismos concretos a través de los cuales se imponen en los contenidos mediáticos los intereses hegemónicos que guían y dan origen al flujo de mensajes –según las constricciones propias de la economía política–, concibiendo los medios de comunicación colectiva como instituciones relativamente independientes sujetas a la paradójica dialéctica de servilismo extremo y mínimo control estatal, jurídica y políticamente, pero a la vez funcionales a las demandas recurrentes y a la ideología hegemónica de los grandes intereses políticos y económicos de las elites en su operatividad y lógica de organización. Siguiendo estrategias de análisis similares a la ‘agenda-setting’, Chomsky y Herman demuestran, por comparación, cómo los medios cumplen una función estratégica de propaganda. En el modo de introducir los temas, en el tono, contexto, tratamiento y manejo de fuentes, se observan constantes registrables que –sobre todo, en la información internacional– revelan la lógica de producción del consentimiento y su génesis ideológica. En efecto, la agenda de los medios es mucho más restringida si se ha de tratar la situación del Tercer Mundo y las interconexiones con las políticas y decisiones gubernamentales que afectan a los grandes intereses capitalistas de Estados Unidos, llegándose a distinguir sistemáticamente dos tipos de víctimas: las dignas de contemplación y conocimiento público masivo (en función de la lectura dominante) y las víctimas indignas, desplazadas u ocultas, salvo episódicamente, al escrutinio de la opinión pública nacional. De modo que se presenta al público telespectador, como natural, una suerte de dicotomía en las noticias y los discursos de la información internacional, seleccionando y exponiendo hasta la saturación ciertas voces, mientras otras permanecen fuera del contexto y de la esfera mediática. Ahora bien, como parte de un sistema bien estructurado, los medios no presentan, tal y como hemos argumentado, una imagen monolítica y unificada por completo en la representación del universo social. En el

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modelo de propaganda, los propios propietarios y directivos de los medios de comunicación colectivos están sujetos también a restricciones. Existen desacuerdos entre las elites, la interpelación de los diferentes grupos sociales no representados en el tratamiento y representación periodística de la realidad, así como voces discrepantes que, aun marginalmente, contradicen la coherencia del discurso ideológico dominante en los relatos de actualidad y dan cuenta de la existencia de una compleja dinámica social en el ciclo vital de toda información. Si bien la gama de posiciones destacadas por los medios, los temas de debate público que acentúan, la oportunidad de las historias, las fuentes que son tratadas como respetables y la propia interpretación del papel de los medios son explicados por Chomsky y Herman como altamente funcionales para los poderes establecidos y sensibles a las necesidades del gobierno y de los más importantes grupos de poder, la teoría del control mediático que desarrollan presupone la diversidad de juegos de articulación y contradicción propios de las democracias formales, donde los derechos de expresión, asociación y prensa hacen posible que la coerción física y el control del pensamiento para el mantenimiento del orden social sean mucho más complejos y subliminales. Tampoco describen los medios como una institución total, como un ejército poblado de actores sometidos a la disciplina absoluta de la jerarquía de intereses y de sus propietarios. Más bien, la virtud del modelo de propaganda es proyectar un enfoque –en palabras de Adorno– totalizante de la mediación, una lectura sistémica y estructural –institucional, reconocen ambos autores– que pone en evidencia los mitos y prejuicios liberales de la prensa libre y sus rutinas tematizadoras de la agenda pública bajo el aura de la hegemonía capitalista. Para ello, nos proponen una teoría de los medios y su funcionamiento regular como canalizadores de percepciones y conocimiento público, desde una teoría crítica con la estructura social desigual que conforma su inserción dependiente y funcional de acuerdo a los intereses hegemónicos, tal y como podemos observar en el caso de América Latina, que a continuación vamos a analizar desde una perspectiva histórico-estructural.

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La política de mentes y corazones La evolución, a partir de la segunda mitad del siglo xx, de las políticas de inteligencia y manipulación informativa en la intervención y prevención de conflictos bélicos –liderada por Estados Unidos– ha estado marcada por tres acontecimientos determinantes: a. El fracaso norteamericano en Vietnam. b. La revolución conservadora y la liberalización de las comunicaciones en la década de los ochenta. c. Y la guerra del Golfo Pérsico.

Si bien comprender el Nuevo Orden Mundial sobre el que descansa el poder cultural estadounidense en el ámbito de las comunicaciones exigiría –según advierte Chomsky– una mirada retrospectiva sobre el mapa político surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial –y, aún antes, en relación a la fase de constitución del llamado “neocapitalismo informativo” en los años treinta–, el análisis del papel de los medios y las formas de propaganda en los actuales conflictos bélicos debe ser abordado, a tenor del tema que nos ocupa, a partir de las ‘lecciones aprendidas’ por Estados Unidos en la guerra de Vietnam –por ser este el principal punto de inflexión histórico en la doctrina de la información y la propaganda de guerra, cuando el Pentágono asume una nueva estrategia basada en la integración político-militar de la comunicación como parte del programa unificado de la política exterior estadounidense. En el replanteamiento de las estrategias de información y propaganda, los halcones del Pentágono identifican entonces tres frentes de batalla en la política de seguridad: el control político-informativo del Congreso, la orientación de la opinión pública y la actuación de los medios de comunicación social. Desde entonces, en palabras de Barnet: […] ante la obstaculización de la opinión pública para librar una guerra convencional, los estrategas militares han delimitado su nuevo territorio

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con base en las amenazas que más preocupan al estadounidense promedio, al mismo tiempo que han prometido conducir una guerra indolora contra el nacionalismo revolucionario, utilizando un nuevo armamento y desplegando un nuevo fervor (Barnet, 1990, p. 268).

Washington reconocía, de este modo, la función de los medios informativos y la cultura como instrumentos neurálgicos de confrontación política. Si ya antes en la década de los sesenta el papel de la cultura y la comunicación había sido valorado decisivamente por el sistema de poder norteamericano –a raíz de proyectos como la Alianza para el Progreso (Eudes, 1984)–, las actividades diplomáticas y propagandísticas van a ser consideradas a partir de entonces, por primera vez, como un factor estratégico en la doctrina político-militar; hasta el grado de influir en programas académicos como los que CIESPAL, en el marco del paradigma modernizador y colonial, desplegó con ayuda de la Unesco (Quirós & Sierra, 2016). En 1970, un comité selecto de la ultraderecha estadounidense redacta un informe para el Consejo de Seguridad Interamericana, que servirá de base doctrinal para la política exterior durante la administración Reagan. El Documento de Santa Fe marca entonces una nueva era en la política estadounidense de defensa y seguridad nacional (Roitmann, 1989). Entre otras aportaciones significativas, el Documento de Santa Fe establece la guerra total y permanente como doctrina político-militar del Estado, articulando –bajo la falsa disyuntiva ‘democracia/comunismo’– las actividades públicas y civiles con los objetivos militares de información y propaganda. En lo sucesivo, el campo de la confrontación ideológica y cultural será percibido por el Pentágono como un problema de conquista de las mentes y los corazones (borrando los límites estrictos de demarcación de lo militar, lo político y lo civil, en función de las necesidades de seguridad nacional), como un problema de guerra. La tarea irremplazable entre los círculos conservadores de ‘reparar la imagen’ de Estados Unidos, ante la opinión pública mundial, para restablecer la mermada autoridad internacional y la hegemonía políti-

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co-ideológica, en un contexto crecientemente adverso, será abanderada por la administración Reagan, en la década de los ochenta, mediante la asunción de una nueva cultura mediática en el ámbito de la comunicación política y la propaganda; determinante no solo en el desarrollo futuro de los conflictos bélicos en diversos países de América Latina y Asia, sino también en la consolidación interna de un modelo de propaganda internacional eficaz y consistente. Paralelamente a la privatización y concentración de la industria cultural norteamericana, la cruzada conservadora hizo posible para ello incluso el olvido del síndrome de Vietnam y la colonización belicista de la conciencia pública estadounidense: Al asumir Reagan la presidencia, el 20 de enero de 1981, tenía perfectamente delineados los aspectos básicos de su futura actuación en los campos internacional e interior. Se proponía revertir los efectos del llamado síndrome de Vietnam y de los deshonrosos subproductos del escándalo Watergate; desarrollar una política agresiva de roll-back, esto es, de recuperación de espacios políticos, geográficos y estratégicos supuestamente perdidos por la débil y obsequiosa conducta de su antecesor James Carter; emprender un faraónico programa de armamentismo, superador de todos los ejemplos precedentes y, merced al dinamismo que cuantiosos presupuestos inyectarían en la alicaída economía, obtener el respaldo doméstico que sobrevendría de una prosperidad sin fisuras, para sustentar una diplomacia capaz de afrontar todos los desafíos (Selser, 1988, p. 15).

Por medio del programa de diplomacia pública, que incluía el establecimiento de oficinas dependientes directamente del poder ejecutivo –como la Oficina de Diplomacia Pública del Departamento de Estado o el Grupo de Difusión de la Política de la Casa Blanca para Centroamérica, creadas para difundir el punto de vista oficial en los medios–, el gobierno priorizó estratégicamente una política de desinformación y manipulación de la opinión pública, impulsando una poderosa industria de relaciones públicas y expertos analistas orientados por la tradicional ideología imperialista y los valores tradicionales del ‘modo de vida americano’. En este proceso de reconstrucción del Nuevo Orden Mundial, la

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opinión pública estadounidense –y, por extensión, la opinión pública internacional– habría de convertirse, funcionalmente –parafraseando a Habermas–, en una opinión por aclamación. Más aún, la falsedad sin respuesta con el tiempo lograría hacer desaparecer casi por completo la existencia de una opinión pública independiente en Estados Unidos y los países occidentales, que –como comenta Debord– primero se vio incapaz de hacerse oír y luego, muy pronto, incluso de formarse siquiera. Reagan y el nuevo movimiento conservadurista norteamericano tenían muy claro que cualquier proceso de refundación de la hegemonía mundial estadounidense pasaba previamente por una política de control y conformación del consenso público, que respaldara las actuaciones gubernamentales. El sistema de propaganda surgido de la Segunda Guerra Mundial debía cumplir rigurosamente, en la nueva etapa histórica de dominio cultural e ideológico norteamericano, con las tareas encomendadas por las élites del establishment político y empresarial. Conforme con una estricta dialéctica de control y difusión de los objetivos de la propaganda, vinculados a los intereses dominantes de la élite en el gobierno y el mundo de los negocios, la ‘revolución conservadora’ alcanzará así una hegemonía casi absoluta de control de la opinión pública. Por ello, es posible afirmar que en este proceso tiene lugar un antes y un después en el modelo de desarrollo de la propaganda. La administración Reagan inaugura con su gobierno, de hecho, un nuevo estilo y una nueva política de relación con los medios y los informadores, basada en la persuasión intensiva antes que en la fuerza; siguiendo, cabalmente, las lecciones aprendidas por su referente Nixon en la derrota de Vietnam. El primer objetivo del nuevo gobierno republicano va a ser el desarrollo de una amplia campaña de relaciones públicas dirigida a cambiar la percepción pública estadounidense en la redefinición global de la doctrina de seguridad nacional. Buena parte de los recursos de los departamentos de operaciones especiales se centrará en la misión de persuadir al pueblo norteamericano de la supuesta amenaza comunista y someter a la opinión pública, en la guerra de las ideas, con el fin de garantizar posteriormente el apoyo a la guerra de baja intensidad

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(gbi) en regiones como Centroamérica. En este empeño, los medios se vieron poblados de numerosos expertos derechistas que se encargaron de analizar el panorama internacional y la seguridad interna de Estados Unidos defendiendo los puntos de vista oficiales, pagados por firmas comerciales o fundaciones de investigación ligadas entre sí por intereses mutuos con el Pentágono. Como analiza Sara Miles, La guerra contra el terrorismo dio lugar a toda una industria casera de expertos derechistas, muchos de ellos con acceso directo al diseño de estrategias de la administración, que vinieron a proporcionar la parte intelectual que pondrá a la opinión pública en pie de guerra [...]. El terrorismo se volvió una etiqueta para prácticamente todas las formas de conflicto que emanaban del proceso de cambio en el Tercer Mundo (Miles, 1988, p. 32).

En su estudio de los Derechos Humanos y la Doctrina Kissinger, el periodista Gregorio Selser, por su parte, afirma: Los círculos ultraconservadores lograron crear a principios de los años ochenta una atmósfera extremadamente asfixiante de chovinismo y patriotería e intolerancia ante cualquier opinión contraria. Esta campaña tomó tales dimensiones que, hasta aquellos escasos personajes del Congreso a quienes repugnaba esta conducta política, optaron por callar o dejar hacer a los demagogos ultraderechistas. Temían con razón verse convertidos en blanco de sus ataques manejados por organismos de fama reciente, como Moral Majority, American Enterprise Institute o la Heritage Foundation (Selser, 1988, p. 102).

Todo, para el nuevo gobierno, era susceptible de ser tildado a partir de entonces como subversivo y, por extensión, también como terrorista. En el fragor de la campaña propagandística de acoso a las ideas liberales y al pluralismo ideológico en los medios, la administración Reagan iniciará una caza de brujas interna en contra de la disidencia social. Las nuevas formas de ‘vigilancia electrónica’ fueron incluso utilizadas por el gobierno como medio de domesticación de los movimientos sociales, desmantelando toda posible resistencia al proceso de reestructuración de la hegemonía político-militar estadounidense.

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En palabras del expresidente de Rand Corporation, el mayor problema no era el Tercer Mundo sino Estados Unidos. Por lo que la nueva derecha construyó un discurso político paranoico y demagógico entre la opinión pública norteamericana sobre la supuesta amenaza del comunismo, el narcotráfico y el terrorismo internacional –que tan buenos resultados había proporcionado en otras épocas recientes de la historia de los Estados Unidos. En este contexto, habría de originarse la nueva estrategia informativa y propagandística desarrollada por el complejo militar del Pentágono y la correspondiente contrainsurgente de guerra de baja intensidad (gbi).

La doctrina de la guerra irregular y psicológica Como parte del plan de confrontación y guerra psicológica en la configuración de la hegemonía estadounidense y la estabilidad del Nuevo Orden Mundial –conformado históricamente como espacio de desarrollo y expansión de la transnacionalización económica–, el Pentágono experimenta en Centroamérica durante la década de los ochenta una nueva maniobra política integrada en la doctrina militar y propagandística del ejército. La nueva técnica de intervención en los países del Tercer Mundo se inicia en 1985 con el proyecto de guerra de baja intensidad. La doctrina de la seguridad nacional se transforma entonces en guerra total contrainsurgente y lucha antiterrorista. Las fuerzas de operaciones especiales, integradas por expertos en contrainsurgencia, se erigen entonces en la punta de lanza de las fuerzas militares estadounidenses en la intervención en zonas de conflicto del llamado Tercer Mundo. En 1986, el Congreso norteamericano aprueba la Ley de Reorganización del Departamento de Defensa en apoyo de las operaciones de los Boinas Verdes y las tropas de asalto, con el respaldo de las campañas de desinformación y propaganda de la Agencia de Información (usia) y el apoyo logístico de la Agencia para el Desarrollo Internacional (aid). La nueva estrategia contrainsurgente será concebida como una respuesta

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del ejército a la consciencia de la necesidad de una nueva doctrina, organización táctica y disposición de fuerzas en el contexto de las diversas guerras irregulares generadas en la periferia del sistema de poder internacional. En síntesis, la gbi nace como instrumento político-militar para la restauración de la hegemonía estadounidense en el Tercer Mundo; un mecanismo dirigido a frenar y revertir el avance de los movimientos populares mediante la aplicación global de diversas formas de intervención no convencionales. Seis características fundamentales definirán esta nueva doctrina: • La defensa de los regímenes e intereses económicos del orden social dominante en los países aliados frente a levantamientos y movilizaciones masivas. • La implementación de iniciativas sociales, políticas y económicas dirigidas a ganar las mentes y los corazones de la población en favor de los intereses aliados. • El despliegue de unidades y operativos especiales de élite adiestrados en la intervención en ‘acciones quirúrgicas’ encubiertas. • El recurso a una amplia gama de operativos militares según el contexto de intervención. • El desarrollo y aplicación de las fuerzas de despliegue rápido, orientadas por el uso aplastante de la fuerza y la potencia de fuego. • La dirección política y la guerra psicológica de legitimación de la aplicación intensiva de la fuerza militar a través de las campañas de información y propaganda, pensadas para modificar las actitudes y percepciones públicas de la población civil, mediante la persuasión de acuerdo con los objetivos y valores de orden y seguridad militar (Aguirre & Mathews, 1989). A partir de la apreciación de esta distinta naturaleza del nuevo escenario geopolítico en el panorama de las relaciones internacionales y

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de la necesidad de un nuevo enfoque operativo en la estrategia de intervención del Pentágono, Estados Unidos varía sustancialmente su cultura militar intervencionista –y hasta el marco doctrinario de la política de expansión de sus intereses económicos– a favor de una concepción de la guerra total y prolongada. Desde entonces, la doctrina político-militar ha asimilado como propia una concepción de la seguridad internacional basada en el cuestionamiento del concepto de soberanía, de los límites y fronteras regionales y hasta incluso de los márgenes de definición de la guerra y la paz que hoy podríamos aplicar, adecuadamente, al contexto del nuevo golpismo mediático experimentado en América Latina. A este respecto, la noción de ‘desarrollo progresivo’ ilustra de forma clarividente la nueva concepción de la guerra en nuestro tiempo, entendiéndola como un proceso gradual de intervención conforme a la intensidad e importancia de la escalada bélica. Se trata, en fin, de un significativo cambio desde una estrategia de despliegue (concepción distributiva de la guerra) hacia una visión proyectiva de los ejércitos y el aparato militar; siendo lógicamente la información (el espacio de los medios y tecnologías informativas) el principal instrumento de intervención y la guerra una maquinaria de vencimiento a través del con-vencimiento, una guerra mediática y de propaganda que, desde el conflicto del Golfo Pérsico, viene legitimando la actuación de un discurso y una política informativa regida por el principio absoluto de la seguridad pública. A diferencia de la concepción clásica de seguridad nacional, la actual extensión de la gbi como filosofía de guerra total y permanente presupone la realización hasta sus últimas consecuencias de una cultura mediática de videovigilancia global, en la que la seguridad es consagrada como principio rector de la vida pública. La pedagogía militar de la guerra de la información consiste, precisamente, en la calculada y ambigua ampliación de la lógica de dominación militar contrarrevolucionaria en el conjunto de la vida política y social, hasta extenderse, de esta manera, a todas las formas de comunicación electrónica. Si la guerra y la paz no son hoy situaciones claramente discernibles ni diametralmente opuestas, sino componentes de un mismo proceso a

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escala de gestión de un orden mundial precario y acechado por nuevos conflictos internacionales, las turbulencias y desórdenes globales de una geopolítica del caos legitimaría –como necesaria– esta técnica de guerra total y permanente, en la que se relacione adecuadamente la aplicación de la fuerza con los resultados políticos deseados; recurriendo de forma combinada a los medios y las técnicas de desinformación y propaganda como soportes indispensables de los ejércitos, independientemente de las convenciones de derechos humanos y otras obligaciones que limitan toda acción intervencionista a este respecto. Para lograr la unidad de esfuerzos y el plegamiento de los objetivos políticos de la administración pública (Departamento de Estado) a los objetivos militares (Departamento de Defensa), a través de la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad, el alto mando del ejército norteamericano propuso, durante la administración Reagan –como acción militar prioritaria–, la técnica de la manipulación informativa, a partir de la comunicación y la acción disuasorias, las filtraciones administradas, la guerra psicológica y la centralización de fuentes por los medios, agencias y servicios especiales de los Estados Unidos. La doctrina de la guerra informacional tiene como referente, en este punto (además de la iniciativa neoliberal conservadora liderada por Ronald Reagan), la experiencia del Golfo Pérsico, donde la experiencia tecnomediática y comercial sirvió para relanzar proyectos herederos de la filosofía de la Guerra de la Galaxias para alcanzar la preeminencia absoluta de Estados Unidos en este milenio, tanto en el potencial de recursos materiales como en la distribución informativa y las redes de telecomunicaciones: “Para Estados Unidos, el objetivo central de una política exterior en la era de la información ha de ser el de ganar la batalla de los flujos de la información mundial, dominando las comunicaciones, al igual que Gran Bretaña dominó una vez los mares” (Rothkopf, 1998, p. 18). Ahora, si bien la política informativa de manipulación y ocultación de los hechos considerados sensibles ha sido, en el siglo xx, un elemento estratégico en la planeación y desarrollo de los conflictos bélicos por los estados mayores de los ejércitos, el diseño actual sobre la guerra ad-

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ministrada por el ‘grifo de imágenes’ es planteado de manera flexible y multifuncional, según el caudal de noticias y las necesidades de mayor o menor saturación mediática, por los actores protagonistas del conflicto, con el fin de convertir los acontecimientos mediáticos en un hecho banalizado y asimilable para los profesionales de los medios, desde una filosofía y estrategia global de la sociedad de la información –como ha sucedido en el último bombardeo de Irak, la novelada crisis Lewinsky, siguiendo la experiencia de la guerra del Golfo, o recientemente los atentados terroristas en París y la lucha contra isis. Esta nueva forma de actuar asume como propios los principios de la Guerra de Baja Intensidad, manejando –en función de la situación y características del conflicto– formas distintas de intervención, desde la persuasión a la disuasión, pasando por el uso de la violencia política y militar masiva y coordinada. Tal política militar –y su integración definitiva en el sistema mediático y las redes e infraestructuras de información– es, en cualquier caso, planificada en función de lo que Chomsky denomina la “producción del consentimiento”, que encuentra hoy su correlación en la llamada ‘doctrina de la superioridad informativa’.

Guerra informativa y cultura digital La concepción cibernética, la logística y la ingeniería armamentística basada en la computación, los sistemas de información en línea y la inteligencia artificial prefiguran una teoría y una práctica castrense dirigida por un modelo holístico de análisis de la cultura y la comunicación, entendidas como sistemas de dominio y reproducción del poder y una visión globalizada del Nuevo Orden Mundial. En ella, la estrategia militar ha reorientado sus esfuerzos hacia el desarrollo y control de los sistemas de información y las telecomunicaciones aeroespaciales, con el objetivo de evitar futuribles desórdenes, movimientos de subversión y acciones puntuales de ‘grupos desestabilizadores’ que amenazan el mapa geoestratégico de la comunicación-mundo.

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Si en los años setenta se establece la doctrina de la seguridad nacional como principio rector de las comunicaciones internacionales, en esta última década el sistema global de vigilancia político-militar ha iniciado una renovación y perfeccionamiento de la tradicional teoría de defensa estratégica –basada en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información–, para perfilar la fuerza y la acción bélica del siglo xxi, de acuerdo a las características de lo que algunos de los principales pensadores del Pentágono denominan ‘guerra digital’. En lo referente a América Latina, es posible observar, en esta línea, un proceso de continuidad entre las enseñanzas de la tristemente célebre Escuela de las Américas y la política llevada a cabo en los llamados ‘golpes blandos’, teorizados por Gene Sharp como herramienta contrarrevolucionaria.

Así, en el actual contexto histórico, cinco supuestos enmarcan la reflexión del Pentágono sobre la propaganda en la nueva doctrina de seguridad pública:

• Las fronteras geopolíticas de las naciones han perdido importancia para los propósitos de la política de defensa. • La noción de seguridad nacional comprende aspectos de la realidad social que van más allá del campo estrictamente militar, al incluir ámbitos de la actividad social y pública (como el intercambio comercial o los sistemas jurídicos). • La tradicional distinción entre lo público y lo privado ha quedado abolida. • Al observar el carácter aleatorio e incierto de toda política de defensa, la estrategia militar depende de la recolección y procesamiento de la información y el desarrollo de formas organizativas adecuadas a la toma fundada de decisiones, apuntando así la necesidad de ‘ejércitos inteligentes’. • Toda estrategia de seguridad se apoya, por lo mismo, especialmente en las infraestructuras telemáticas de información, configurando un sistema global de vigilancia (Breham, 1993, pp. 36-43).

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Según estos mismos lineamientos, la guerra del futuro es, en lo esencial, una guerra informativa, una guerra electrónica de control, procesamiento y difusión de información; en la cual la informática, los medios digitales y las formas de guerra psicológica basadas en el manejo de la información y la propaganda juegan un papel primordial en la era de las redes sociales. El factor tecnocomunicativo es, de hecho, una referencia permanente, tanto en las crecientes necesidades de movilidad y actuación rápida de las fuerzas aéreas y terrestres como en la gestión de los datos de estrategia e intervención, la ramificación descentralizada de las fuerzas de contingencia, la coordinación operativa de las diferentes divisiones del ejército y, por supuesto, el control de los sistemas de información y decisión. De esta forma, el mando militar concentra las acciones políticas, diplomáticas y civiles a través de diversas formas de control de la opinión pública y de manipulación de la información de actualidad, de acuerdo con algunos de los principios fundamentales de la gbi (de plena vigencia en la estrategia propagandística desarrollada en conflictos como el de Siria, con nuevas modulaciones, técnicas y herramientas de intervención en el campo de operaciones). No disponemos del tiempo y espacio precisos para desgranar los principales elementos de esta lógica ideopolítica de extensión internacional de la doctrina de seguridad pública del Pentágono en la región, sin embargo, en otro libro abordaremos, extensamente, algunas ideas presentadas en este capítulo. Sí que nos arriesgamos a afirmar –anticipamos, a modo de hipótesis, para pensar el golpismo mediático– que las nuevas formas de injerencia y guerra psicológica se centran en su dimensión simbólica o psicosocial. El propio origen histórico –y político-ideológico– de la filosofía de la ‘guerra de la información’ que respalda el (viejo y) Nuevo Orden Mundial realimenta los procesos experimentados en Latinoamérica en esta dirección, actualizando elementos sustanciales de la experiencia vivida en el laboratorio centroamericano (nos referimos a la guerra sucia contra Nicaragua). De esta forma, un concepto funcional estratégico en esta visión de los nuevos modelos de guerra psicológica e intervencionismo imperia-

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lista es la noción de ‘guerra virtual’. La guerra informacional es teorizada por el Pentágono como una ‘no guerra’, en la medida en que la legitimidad de la intervención armada, para la opinión pública y las instituciones políticas nacionales e internacionales, es inversamente proporcional al número de muertos o su visibilidad. En efecto, “en esta época de transmisiones en vivo mediante la CNN, el público estadounidense manifiesta muy poca tolerancia a las bajas. Ante el relativamente poco apoyo popular que inicialmente recibió la liberación armada de Kuwait, es difícil creer que el pueblo estadounidense acepte la pérdida de muchas bajas en cualquier conflicto futuro” (Metz, 1994, p. 78). La ‘guerra quirúrgica’ es pues una condición de la nueva conciencia bélica que, en coherencia con el discurso científico, cibernético y racionalista de Occidente, es respaldada por una vaga e interesada noción instrumental de progreso, común a la filosofía de la comunicación que instituye la acción de los medios. La concepción de ‘limpieza bélica’ es, paradójicamente, coincidente con la redundante noción de ‘limpieza étnica’ de los relatos periodísticos ficcionalizados, parte de la cultura del espectáculo que gobierna sobre la puesta en escena audiovisual. El reinado de la televisión favorece, en este sentido, la representación de la guerra como un simulacro, como un acontecimiento no vivido en lo concreto y real, sino salvo por sus efectos semióticos. Este sistema de dominación espectacular, tal y como ha sido definido críticamente por Guy Debord, opera concentrada y descentralizadamente: por un lado, obedece a un proceso de expansión hacia los extremos, hacia todos los lados y ‘tiempos sociales’ (de ahí que la temporalidad discontinua, simultánea y diversa de la experiencia cultural –lejos de ser emancipadora, como aseguran algunos teóricos de los estudios culturales– en realidad responda a una misma lógica de “sincronización espectacular difusa”); al tiempo que, por otra parte, se refuerza la densidad de control centralizado. Estamos, pues, ante un modelo ‘espectacular integrado’ que “se manifiesta a la vez como concentrado y difuso”:

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En cuanto al lado concentrado, el centro dirigente ha pasado a estar oculto: no lo ocupa ya nunca un jefe conocido ni una ideología clara. Y, en cuanto al lado difuso, la influencia espectacular jamás había marcado hasta tal extremo la casi totalidad de las conductas y de los objetos que se producen socialmente (Debord, 1999, p. 21).

La realidad virtual constituye, en este sentido, un elemento de formación y adiestramiento individual y colectivo, así como de instrucción para el liderazgo y puesta en escena de la guerra. La idea de ‘ejército inteligente’ descansa precisamente en este concepto proyectivo de las nuevas tecnologías de la información. El futuro/presente de la guerra electrónica es la intervención en tiempo real y la supresión de las transmisiones televisivas de las fuerzas enemigas, modificando imágenes, situaciones y escenarios audiovisuales, incluso con proyecciones holográficas. La simulación tridimensional del teatro de operaciones y la unificación del mando del ejército como sistema de información y acción tecnológica anticipa así una concepción tecnocomunicacional y una morfología del cuerpo militar completamente distinta. Dicha instauración de un nuevo sistema hegemónico de ‘dominación espectacular’ ha supuesto una transformación social tan profunda que, lógicamente, también ha cambiado el arte del gobierno y de la guerra. Si Clausewitz hizo célebre la distinción entre táctica (como empleo de la fuerza en combate para alcanzar la victoria) y estrategia (como el empleo de las victorias para alcanzar los objetivos de la guerra), hoy día la solución de continuidad entre una y otra es prácticamente indiscernible en la definición de la escalada de intensidad, baja o alta, de los conflictos; hasta el extremo de que toda la vida social aparece como un problema de seguridad pública, sujeto a la táctica y a la estrategia militar, en una concepción de la guerra –representada en los medios– total y prolongada, entre otras razones por la lógica difusa de la infraestructura comunicacional. En la era tardomoderna de la sociedad-red, el particular desarrollo definido por la economía en nuestra época impone, en cualquier ámbito, la formación de nuevos vínculos personales de dependencia y protección:

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En todas partes se observa la formación de redes de influencias y de sociedades secretas, porque así lo exigen imperiosamente las nuevas condiciones de una gestión lucrativa de los negocios, desde el momento en que el Estado juega un papel hegemónico en la orientación de la producción y que la demanda de toda mercancía depende estrictamente de la centralización alcanzada por la información-incitación espectacular, a la cual tienen que adaptarse también las formas de distribución (Debord, 1999, p. 82).

La noción de ‘ejército-red’ nace vinculada a una concepción informacional de la guerra, como incluso ‘guerra civil preventiva’, pensada para la anticipación calculada de previsibles puntos de intervención conforme a lo que Debord denomina “lo espectacular integrado”: Esa fuerza de vigilancia e intervención se ve llevada precisamente por las necesidades presentes que condicionan su empleo a adentrarse en el terreno mismo de la amenaza para combatirla por adelantado. Por ese motivo, la vigilancia tiene interés en organizar ella misma unos polos de negación a los que informará al margen de los medios desacreditados del espectáculo, esta vez a fin de influir no ya en los terroristas, sino en las teorías (Debord, 1999, p. 97).

Ello facilita procesos de gestión creativa del caos en la era de las redes, conformando las opiniones o diluyendo los vínculos históricos en todo proceso político colectivo subalterno: Dentro de una misma red que persigue aparentemente un mismo fin, aquellos que no constituyen más que una parte de la red están obligados a ignorar todas las hipótesis y las conclusiones de las otras partes y, sobre todo, las de su núcleo dirigente. El hecho bastante notorio de que todos los datos acerca de lo que sea pueden ser datos enteramente imaginarios, falseados o interpretados de manera inadecuada, les complica los cálculos a los inquisidores e introduce entre ellos un grado considerable de incertidumbre; pues lo que basta para hacer condenar a alguien, quizá no sea tan fiable a la hora de conocerlo o de utilizarlo. Como las fuentes de información rivalizan unas con otras, las falsificaciones hacen lo propio (Debord, 1999, p. 96).

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El ejemplo de Ecuador y la guerra de redes es un caso ilustrativo de esta lógica; como el referéndum de Bolivia, con una agenda marcada por la desinformación, el flujo de falsificaciones y la desorientación de los públicos. El concepto rector de la sociedad informacional popularizado por Manuel Castells es, en la actualidad, la metacategoría directriz con la que se piensa y organiza el ejército de la comunicación-mundo. En la política de redefinición de la doctrina militar del Departamento de Estado norteamericano, la seguridad de los sistemas de información y las redes telemáticas es la base de articulación de las estrategias militares: Las fuerzas conjuntas; las coaliciones, a veces ad hoc; las operaciones entre agencias; las reglas precisas de combate, ejecutadas bajo la mirilla de los medios de comunicación mundial casi instantáneas; tal vez percepciones erróneas respecto a las bajas; la reducción de tiempo entre la crisis observada y el desplazamiento de las tropas, al igual que entre el momento de llegada al país y el cumplimiento de la misión, todo lo que contribuye a que el uso de la fuerza militar sea único […] (Dubik & Sullivan, 1995).

Todos estos elementos son indicativos de las nuevas y diversas formas de intervención militar que justifican una estrategia flexible en la ambigua definición del ‘enemigo’. La noción de ‘red’ se asocia, en este punto –informacionalmente–, a la concepción del sistema mundial como un espacio caótico, amenazado por múltiples desestabilizaciones, conflictos locales, fisuras, desórdenes y terrorismos varios. En este escenario, cuasi anárquico a juzgar por las descripciones de la doctrina de defensa, los think tanks norteamericanos identifican como amenazas de la comunicación-mundo: • La pobreza y el subdesarrollo económico en el Tercer Mundo. • Los desastres ecológicos. • El nacionalismo. • El fundamentalismo religioso.

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• Las agresiones contra fronteras internacionales de ‘Estados reaccionarios’ (Irak, Irán o Corea del Norte, por ejemplo). • La proliferación de armas de destrucción masiva y sistemas balísticos avanzados. • Guerras y conflictos civiles por razones étnicas, religiosas o territoriales. La infosfera mediada por los sistemas de información periodística –y, por tanto, los circuitos de producción y almacenamiento electrónicos– es descrita por la nueva doctrina militar del Pentágono como un escenario paradójico y complejo, un espacio azaroso e incierto, amenazado por múltiples conflictos locales y diversos e imprevisibles factores del campo de la economía, la sociedad civil y la cultura. Así, frente a una cultura militar distributiva, operativamente mecanizada y de intervención masiva, la organización bélica de la sociedad-red establece un modelo de organización descentralizado, fluido, dinámico y virtual. La reestructuración de los ejércitos en función de un modelo organizativo reticular, glocal y desterritorializado se convierte en la premisa ideal de la política de desarrollo militar en el nuevo milenio, así como en las estrategias de injerencia e intervencionismo imperial hacia los países del Sur o periféricos. En este contexto prefigurado, la nueva estrategia estadounidense de seguridad nacional comprende el desarrollo de un proceso de apertura (free flow of information) y de control continuado y flexible (televigilancia), frente a la habitual doctrina de contención de la época de la Guerra Fría. El objetivo político-militar del Pentágono es el dominio de las redes de información para el gobierno del mundo y, en consecuencia, la implantación de un sistema de vigilancia total y permanente –que fue descubierto por Wikileaks y, muy especialmente, por el ciudadano Snowden. En suma, la arquitectura del sistema mundial de poder en torno al complejo tecnocomunicacional de los medios descansa en una calculada operativa electrónica.

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La multiplicación y flexibilidad de las redes informáticas, como parte de esta estructura básica de organización militar, ha multiplicado los sistemas de seguridad y las técnicas de registro criptográfico para el control centralizado de la información considerada sensible. Como señala Herbert Schiller, citando fuentes oficiales, si la supremacía nuclear era la condición sine qua non para dirigir las condiciones de antaño, hoy el aparato de distribución de poder se concentra en los medios de información: Para Estados Unidos, el objetivo central de una política exterior en la era de la información ha de ser el de ganar la batalla de los flujos de la información mundial, dominando las ondas, al igual que Gran Bretaña dominó una vez en los mares [...]. A Estados Unidos le interesa económica y políticamente velar por que, si el mundo adopta una lengua común, esta sea el inglés; que, si ese mundo se orienta hacia normas comunes en materia de telecomunicaciones, de seguridad y de calidad, estas normas sean armoniosas; que, si sus diferentes partes están interrelacionadas por la televisión, la radio y la música, los programas sean americanos; y que, si se elaboran valores comunes, se trate de valores en los cuales se reconozcan los norteamericanos (Schiller, 1998, p. 18).

Tal y como afirma Schiller, los procesos sociales articulados en torno a los flujos de información son la base del pensamiento administrativo que propone la organización de nuevas formas de producción, consumo, socialización, expresión cultural y, por supuesto, de organización de la guerra, bajo la filosofía y el liderazgo de los Estados Unidos.

Inteligencia, contrarrevolución y redes sociales Actualmente, la retórica de la guerra se apoya en una lectura sistémica de la globalización, inspirada en el principio de incertidumbre, en las nociones básicas de las teorías del caos y de las catástrofes, como un marco legitimador de la política bélica y de las injerencias imperiales. Los sistemas de vigilancia y control planetario con sede en Fort Meade

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tejen mundialmente, por tanto, un dispositivo de espionaje y gestión informativa al servicio de los intereses geoestratégicos estadounidenses, según una nueva doctrina de seguridad nacional que coordina el servicio de información americano –integrado por un amplio cuerpo de funcionarios (lingüistas, informáticos, relaciones públicas, analistas de sistemas, expertos en flujos de datos, etc.)–, cubriendo todo el área y formas de contraespionaje, tal y como se teorizara antiguamente en la Escuela de las Américas. La National Security Agency (nsa) es la agencia responsable de la protección, desarrollo y control de las comunicaciones militares y administrativas, el desarrollo de las tecnologías de la información, la seguridad de las redes informáticas, el espionaje vía satélite y hasta la coordinación de la guerra en el espacio: La agencia es el mascarón de proa de un pacto de recogida de información entre los Estados Unidos y los servicios de información de Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda [...]. Sus atribuciones han ido aumentando en poder a partir de las décadas 70 y 80, cuando se puso en marcha la red Echelon. En todo el mundo, todas las comunicaciones por correo electrónico, teléfono y fax son regularmente interceptadas por Echelon, cuyos ordenadores extraen de la masa de informaciones los mensajes que contienen palabras-clave sensibles (Rivière, 1999, p. 28).

Esta entramado de espionaje y los servicios de información para interceptar las señales de comunicaciones importantes para la seguridad nacional amplían, de esta forma, el poder de influencia de los sistemas de seguridad al control de las comunicaciones telefónicas, ciberespaciales y personales de los países del Sur. La unidad de mando e integración –bajo la coordinación de los servicios de inteligencia e información de Estados Unidos, de los poderes públicos del Estado– ha llevado incluso a situaciones comprometidas recientes, como la supeditación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a las directrices político-militares de la otan, concentrando las prerrogativas de intervención en manos del Pentágono, o las denuncias de la presidenta Dilma Rousseff por espiona-

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je telefónico, ampliado a los líderes europeos, tal y como el informe del Parlamento demostró con respecto a la red Echelon. En este nuevo modelo de guerra informacional, “el secreto generalizado está detrás del espectáculo como complemento decisivo de lo que muestra y, si vamos al fondo de las cosas, como su operación más importante” (Debord, 1999, p. 24): El secreto domina este mundo, y ante todo como secreto de la dominación. Según el espectáculo, el secreto no es más que una necesaria excepción a la regla de la información abundante que se ofrece en toda la superficie de la sociedad, lo mismo que la dominación se habría reducido, en este mundo libre de lo espectacular integrado, a no ser más que un departamento ejecutivo al servicio de la democracia (Debord, 1999, p. 72).

Para todo servicio de inteligencia, el saber –en palabras de Debord– debe convertirse en poder, de acuerdo en este punto con la acertada teoría clausewitziana de la guerra: Desde las redes de promoción y control se pasa sin solución de continuidad a las redes de vigilancia y desinformación. En otros tiempos solo se conspiraba en contra de un orden establecido. Hoy en día, un nuevo oficio en auge es conspirar a su favor. Bajo la dominación espectacular se conspira para mantenerla y para asegurar lo que solo ella misma puede llamar su buena marcha. Esa conspiración forma parte de su propio funcionamiento (Debord, 1999, p. 86).
En otras palabras, “el espectáculo ha logrado que triunfe el secreto, y se halla forzosamente cada vez más entregado a los especialistas del secreto, que no todos, claro está, son funcionarios que van adquiriendo diferentes grados de autonomía respecto al control del Estado; que no todos son funcionarios” (Debord, 1999, p. 93). Antes bien, son las grandes corporaciones transnacionales, en alianza con el complejo industrial-militar del Pentágono, los principales propietarios de la minería de datos que, so pretexto de la lucha contra el terrorismo y en defensa de la seguridad nacional, se usa y aplica para derrocar gobiernos, planificar golpes blandos y socavar la

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soberanía nacional de los países históricamente dependientes del sistema de telecomunicaciones hegemonizado por Estados Unidos. Por ello, podemos afirmar que el cambio de la estrategia militar no significa una modificación sustancial de sus presupuestos ideológicos de partida. Los golpes mediáticos son el Plan Cóndor del siglo xxi. Más aún, la argumentación política y la retórica oficial del establishment norteamericano no ha variado –en lo sustancial– el discurso esgrimido durante los años setenta por razones de seguridad: del derrocamiento de Allende a la destitución de Dilma Rousseff. La guerra de Kosovo y otros conflictos liderados por la acción directa o encubierta de los Estados Unidos siguen, por otra parte, reeditando mundialmente una doctrina de la seguridad nacional en la que, junto a un militarismo exacerbado y el más ferviente anticomunismo, se desarrolla la nueva concepción regional de los conflictos bélicos basada en el dominio de los factores de infraestructura, producción y circulación de la información por las redes tecnocomunicativas, cuyo principio es la extensión total de la fuerza y de la política de seguridad (espacial y temporalmente). En otras palabras, junto a los mitos deconstruidos por Armand Mattelart en su genealogía moderna de la comunicación –como el mito de la paz–, hoy podemos afirmar que existe el mito de la transparencia, según la cual –supuestamente–, en un mundo informado, los procesos de injerencia obedecerían a infundadas teorías conspiratorias, pese a las evidencias documentales del propio Pentágono y la propia orientación estratégica de las políticas de gobernanza de internet que Estados Unidos impone en plataformas dominadas, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (uit). Pero lo cierto es que la guerra en tiempo real, basada en la gestión de los procesos de explotación informativa a través de las redes telemáticas, no solo ha promovido el desarrollo de internet y, mucho antes, de las plataformas espaciales de satélites de teledetección y vigilancia global de los escenarios geoestratégicos; sino, más allá aún, la asimilación de una cultura bélica de la comunicación totalitaria y omnipresente. De modo que esta noción imperial de la guerra informativa se ha extendido a la concepción de los sistemas comunicativos como

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medios de vigilancia permanente en la interceptación, transmisión y control de las comunicaciones civiles. Esto explica la urgencia de superar la antigua perspectiva del espacio real desde el punto de vista de la fuga, en beneficio de la puesta en marcha a escala global de una perspectiva en tiempo real, de la fuga instantánea de todos los puntos, los píxeles de la imaginería digitalizada (Virilio, 1998, p. 4).

La condición funcional de la nueva doctrina bélica de la guerra informacional es la realización en directo de la guerra, la organización desinformativa del acontecimiento, de ‘eventos mediáticos’; manipulando lo que está pasando, lo que pasó y el conocimiento sobre las consecuencias derivadas del conflicto. En la nueva concepción militar de la comunicación colectiva, “el primer designio de la dominación espectacular es hacer desaparecer el conocimiento histórico”: Cuando lo importante se hace reconocer socialmente como lo que es instantáneo y lo seguirá siendo al instante siguiente, que es otro y el mismo, y que reemplazará cada vez a otra importancia instantánea, entonces cabe decir también que el medio utilizado garantiza una especie de eternidad a esa insignificancia que grita tanto (Debord, 1999, p. 27).

La descomposición de la experiencia histórica es hoy uno de los factores estratégicos de la cultura mediática, instrumentada por la política de desinformación militar. De acuerdo con la hipótesis expuesta por Dominique Wolton, la guerra en tiempo real experimentada mundialmente con motivo del bombardeo sobre Irak inaugura una nueva escalada de violencia simbólica en la extensión de los conflictos bélicos y las formas de injerencia en estados soberanos. La transmisión en tiempo real de los episodios de conflictos como el de Kosovo significa, en fin, la abolición pública de la historia, la administración y anulación de la dialéctica de los ‘acontecimientos sociales’ por la sobresaturación de relatos hiperrealistas, datos irrelevantes, explicaciones especializadas y noticias difícilmente verificables.

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Recordemos que, durante la guerra del Golfo, la preocupación por la duración del conflicto hacía manifiesto –como en la guerra de Kosovo– el principio de la nueva doctrina militar del Pentágono. Según esta, el éxito de la guerra depende de la capacidad de control de la opinión pública y del dominio en la intensidad y orientación temática de las noticias a cargo de la cobertura informativa por los medios, en la que se privilegia el objetivo de mostrar el acontecimiento inmediatamente, ocultando el proceso de hipermediatización para movilizar internacionalmente a la ciudadanía en favor de la estrategia de agresión y la solución bélica a los conflictos: La capacidad para controlar la velocidad, especialmente en la informática y los espacios inmateriales, se ha hecho primordial. El considerable desarrollo de medios nacionales de información y su orientación hacia nuevos riesgos, confiere a Estados Unidos una forma de liderazgo de los países industrializados. Estas opciones diseñan una estrategia que no permite evitar sistemáticamente los enfrentamientos violentos y la gestión del combate, pero que favorece la selección de empresas, la economía en vidas humanas y una gestión más flexible de los conflictos que hay que justificar ante una opinión pública y unos responsables políticos cada vez más informados (Najman, 1998, p. 4).

Las cámaras digitales incorporadas en los cascos de los marines norteamericanos que cubrieron en directo la guerra de Haití o la ocupación de Somalia son, en este sentido, un pálido reflejo del ‘grifo de imágenes administradas’ según la lógica bélica de la nueva guerra informacional. Especialmente desde la guerra del Golfo Pérsico, la guerra televisiva es una guerra ficcionalizada, una guerra high tech, de información-espectáculo en directo. La idea de la guerra en tiempo real es, en este punto, complementaria y plenamente funcional a la narrativa audiovisual, mostrando la historia mientras se hace, bajo el manto y la retórica populista del infoentretenimiento, remedo del mercado y el discurso del pensamiento único. Como apunta Norman Birnbaum, “no hay debate nacional sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Aunque tampoco lo hay sobre

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los contornos de la sociedad estadounidense. Estas carencias generales tienen un denominador común, la despolitización generalizada de una nación que, sorprendentemente, todavía se considera un modelo de democracia”: La destrucción de las alternativas políticas es también una consecuencia de la mala educación sistemática propagada por los medios de comunicación. El frenético mosaico de imágenes que nos avasallan últimamente denota el nacimiento de una nueva formación histórica: el Estado nacional del espectáculo. Las fronteras entre el conocimiento y la ignorancia, las ideas serias y la ficción ridícula se han desvanecido (Birnbaum, 1998, p. 15).

Como también se borran y vuelven imprecisos los límites de la guerra y la paz, de la fuerza militar y de seguridad pública o la táctica y la estrategia militar, entre el momento de la planeación y el momento de la intervención en la galaxia de internet. Los ejércitos de la era de la información conocerán la ubicación de sus propias fuerzas con mayor precisión que antes, a la vez que podrán impedir que el enemigo tenga acceso a esta información. Por último, esta información amiga y enemiga se distribuirá entre las fuerzas terrestres, marítimas, aéreas y espaciales con el fin de crear una percepción común del campo de batalla entre las comandantes y estados mayores de los ejércitos de la era de la información. Este conocimiento compartido de la situación, complementado con la agilidad para conducir operaciones continuas diurnas y nocturnas, es lo que les permitirá a los ejércitos en la era de la información observar, decidir y actuar con mayor rapidez, más precisión y mayor decisión que sus enemigos. La velocidad y la precisión se están tornando en los requisitos predominantes en el campo de batalla (Sullivan & Dubik, 1995, p. 37).

La optimización de la velocidad y calidad del procesamiento de información, así como los sistemas de inteligencia y de toma de decisiones, constituyen en este punto los principios de consolidación de la nueva estrategia de operatividad y táctica bélica, siendo la tecnología inteligente (y sus modalidades de vínculo social y político, de liga

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y estructuración organizativa a ella asociadas) el eje articulador de la guerra informacional, cuya estrategia globalizadora incluso comprende la conversión de los derechos humanos en otra arma de guerra y las actividades de cooperación en un medio disuasorio y eficazmente persuasivo de la nueva guerra psicológica, tal y como vemos a diario en la región latinoamericana.

Intervencionismo, cooperación y guerra ideológica. Una breve genealogía La asistencia e intervención por motivos humanitarios constituye un nuevo eje revitalizado en la doctrina de la guerra informacional, como argumento legitimador en la retórica propagandística de este nuevo milenio. La guerra humanitaria de Kosovo –bajo la coartada de combatir el genocidio– o, en otros casos, la asistencia frente a catástrofes provocadas por hambrunas y desastres naturales fueron los antecedentes con los que en la actualidad se produce en el discurso mediático una inversión paradójica de las misiones de paz bajo el liderazgo de los marines estadounidenses, a través de la cual se consigue supeditar el poder y la iniciativa civil al control del mando militar, como un instrumento más de propaganda en la guerra psicológica. En las nuevas formas de intervención, el Pentágono contempla el recurso a los cuerpos de paz –tan conocidos en las estrategias de información y contrainsurgencia aplicados en Latinoamérica desde la década de los sesenta– ante situaciones de violencia masiva contra poblaciones, actos de terrorismo o subversión. De hecho, durante la administración Clinton se impulsaron agresivas operaciones de ‘pacificación’ en lo que se ha llamado la ‘segunda generación de operaciones de la paz’. Las estrategias de intervención no convencional y de acción directa comprenden la integración de las unidades de asuntos civiles con las divisiones de operaciones psicológicas, las fuerzas especiales y las actividades de inteligencia del ejército en la realización de acciones defensivas,

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el control de la inmigración, el contraterrorismo, las misiones humanitarias o las acciones ecológicas. Las actividades de las ong, de organismos internacionales como la Cruz Roja y, por supuesto, de organismos como los cuerpos de paz de las Naciones Unidas son así utilizadas como soporte de la guerra psicológica, la inteligencia militar y la difusión de la propaganda legitimadora de las guerras humanitarias en nuestro tiempo. Pero en este proceso no es posible comprender la lógica de los golpes blandos sin el papel de los medios de comunicación, cuya estructura de comando tiene una historia definitiva para la conformación del sistema internacional de comunicación. Después de la II Guerra Mundial, la derrota del eje alemán y la firma de los tratados de paz en Europa inauguran mundialmente el inicio de un nuevo período histórico que producirá el reparto geopolítico de las zonas de influencia entre las potencias vencedoras y la instauración de un nuevo orden internacional, con un claro dominio estadounidense en el campo de las relaciones internacionales como potencia política, económica y militar en progresivo auge y desarrollo expansivo. El panorama de las industrias culturales experimenta un cambio notable en su evolución hacia un ‘neocapitalismo informativo’, al que durante la década de los treinta el desarrollo masivo de la radio ya había contribuido relativamente como medio privilegiado de difusión publicitaria. A partir de 1947, la investigación en materia de comunicación se dedica fundamentalmente al servicio de los monopolios privados estadounidenses en su consolidación nacional y, más tarde, al servicio de la expansión imperialista de las elites norteamericanas en la nueva fase de acumulación de capital. Pues bien, justamente a partir de 1945 se inicia el actual proceso de internacionalización de los intercambios económicos y culturales, paralelamente a la extensión de los procesos de fordización económica y de reestructuración mundial del capitalismo en la reorganización de la división internacional del trabajo. Los innovadores cambios introducidos en la organización de la producción, en la administración de empresas, en las técnicas de mercadotecnia, publicidad y ventas contribuirían a que, en poco tiempo, Estados Unidos se convirtiera en la

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primera potencia económica del sistema capitalista y en el núcleo más dinámico de la economía occidental. El papel indiscutiblemente hegemónico de los Estados Unidos, en el liderazgo y dirección del nuevo sistema político-militar, favorecerá la conformación de un nuevo espacio transnacional –en cuya configuración la potencia norteamericana será juez y parte en el proceso de desarrollo del monopolio y control de los mercados internacionales. La nueva fase de integración expansiva del modelo capitalista iniciado en la posguerra favorecerá sobremanera el crecimiento y dominio de las empresas transnacionales con capital estadounidense que, en el proceso de aceleración de la mundialización económica, van a poder instaurar una nueva pauta de consumo de masas, según el patrón cultural por ellas propuesto. En efecto, a través de la internacionalización del mercado publicitario y de la expansión acelerada de las grandes firmas comerciales, Estados Unidos situará a la economía cultural en el nuevo espacio transnacionalizado, en detrimento de la autonomía cultural de amplios espacios locales, cada vez más dependientes de las representaciones socio-ideológicas de la economía norteamericana y de sus industrias culturales, apoyadas en una exitosa alianza estratégica con el complejo militar del Pentágono en virtud de los objetivos de seguridad nacional. El modo de inserción estadounidense de la tecnología de los satélites en la década de los sesenta es, en este sentido, revelador de cómo la industria de telecomunicaciones recurrió al campo cultural de la información y la educación mediante una alianza entre las corporaciones privadas y el aparato del Estado, con el fin de garantizar así, en términos económicos, la expansión transnacional del capital. Es, precisamente en este contexto y en el marco de la alianza del Estado con el capital privado estadounidense, como se produce la extensión de la red mundial de telecomunicaciones, integrada en los planes de asistencia técnica hacia los países del Tercer Mundo. Con la justificación de un rol público ampliado por los esfuerzos latinoamericanos de desarrollo, el gobierno de Washington tomará la iniciativa en la aplicación de las políticas de

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comunicación educativa para el subcontinente, explotando productivamente a posteriori los frutos de la rápida expansión transnacional. La retórica de la Alianza para el Progreso, bajo el aspecto de un programa y objetivos de contenido modernizador, será utilizada en este sentido por el capital norteamericano para coordinar sus políticas de seguridad, así como las inversiones corporativas en la región, con vistas a un mayor reforzamiento del dominio económico estadounidense sobe los recursos y políticas de los países del hemisferio. La planificación estatal en el campo económico, informativo, cultural e incluso educativo, de las naciones latinoamericanas se justificaba, de esta forma, como una condición imprescindible para la reproductibilidad del capital monopolista. En un clima prebélico, característico de la Guerra Fría, la Alianza para el Progreso recurrirá entonces a la comunicación educativa al servicio del desarrollo, a partir de una premisa ilustrativa fundamental: si la pobreza y la ignorancia son el origen de los movimientos revolucionarios y caldo de cultivo para la ‘demagogia comunista’, el desarrollo educativo debería ser considerado como una condición necesaria para un genuino cambio social en los países pobres. Por ello, inaugurará –dentro de un proceso cívico de educación cultural– el uso de los medios y las modernas tecnologías de la información para servir a los intereses imperialistas de control ideológico de la población local, mediante la utilización de las fuerzas armadas autóctonas en proyectos útiles para la ciudadanía en todos los campos, tanto en la educación como en el adiestramiento, las obras públicas y todos los demás sectores que contribuyen al desarrollo económico y social, con el fin de mejorar las relaciones de las fuerzas armadas con la población civil. A partir de entonces, el desarrollo de la comunicación y la comunicación al servicio del desarrollo significarán lo mismo que el desarrollo de las necesidades de seguridad. Este nuevo concepto implicaba, en el fondo, una ampliación de las funciones del ejército, más allá de sus tradicionales actividades castrenses, integrando bajo un mando único los servicios de inteligencia, la guerra psicológica, la publicidad, la propaganda, los servicios información y la administración de las relaciones

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públicas, implementadas por diversas instituciones civiles responsables de los programas de ayuda y cooperación para el desarrollo. Esta nueva propuesta de acción cívica –encabezada por las fuerzas militares con asesoramiento y apoyo del Pentágono– sería, por otra parte, el primer antecedente de la doctrina de seguridad nacional que, importada de la teoría realista estadounidense en materia de relaciones internacionales, acabará siendo objeto de los discursos ideológicos en los que se sustentarán los regímenes militares a lo largo de la década de los setenta. De hecho, la viabilidad de la economía norteamericana comenzará, a partir de esta época, a depender –aún más directamente si cabe– de la extensión del poder militar del Pentágono y, paralelamente, de las operaciones culturales efectuadas por las empresas transnacionales, que encuentran en las comunicaciones un fuerte soporte para la internacionalización de la economía en un contexto de desordenada expansión de la producción de mercancías y de crecimiento de la demanda externa. El vínculo establecido entre las ciencias de la comunicación, las nuevas tecnologías informativas, los sistemas de información y las estrategias militares del Pentágono será, por ejemplo, puesto en evidencia con motivo del ambicioso Proyecto Camelot (1963-1964), diseñado para frenar militarmente las alternativas de cambio sociopolítico en el subcontinente latinoamericano; cuando, mediante la firma de un convenio con la Special Operations Research Office, prestigiosos investigadores estadounidenses participen en la elaboración de manuales de psicología militar, utilizados como guías de orientación en la política cultural del gobierno norteamericano hacia los países del Tercer Mundo. El sentido de la nueva función económica de la industria cultural y la importancia dada por el sistema de poder estadounidense a las operaciones culturales para el dominio político-militar del espacio transnacional formaba parte ya de la nueva estrategia estadounidense para el mantenimiento y estabilidad de su hegemonía, revelando de manera manifiesta el verdadero papel de las actividades de imperialismo cultural desplegadas por su industria de la comunicación y la cultura,

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de forma complementaria al control político-militar hacia los países económicamente dependientes. La nueva estrategia contrainsurgente norteamericana comenzará a instrumentar la guerra electrónica, utilizando los sistemas de satélites, de telecomunicaciones y la nueva infraestructura de tecnologías de información en la intercepción y el bloqueo de las informaciones del enemigo. La denominada cuarta dimensión política en las relaciones internacionales se convierte entonces en su punta de lanza, en respuesta al reto planteado por la guerra de guerrillas y los movimientos antiimperialistas de insurrección popular en las regiones bajo control político y económico de Estados Unidos. Concebida teóricamente como un conjunto de técnicas y métodos de persuasión por el que tanto gobiernos como individuos y grupos privados influyen, directa o indirectamente, en las actitudes y opiniones públicas relacionadas con las decisiones de política exterior de otros gobiernos, la denominada ‘nueva diplomacia pública’ estadounidense procederá pues a buscar la extensión de una densa red de comunicaciones que –desplazando la diplomacia política tradicional– logrará los objetivos políticos imperialistas de Estados Unidos por medio de estrategias publicitarias de persuasión que garantizarán su hegemonía en el convulsionado panorama político de las relaciones internacionales. Como señalara Hoffman, la apertura de fronteras nacionales y la exigencia de una política exterior en tiempo real exigía una mejor comprensión del papel de las comunicaciones internacionales –desde la ciencia de la conducta– para mantener el control político e ideológico sobre los pueblos del Tercer Mundo, en función de los intereses estratégicos de los Estados Unidos. El uso de los medios de comunicación comenzaba, de hecho, a ser un instrumento fundamental en la estrategia imperialista estadounidense: un medio de proyección internacional al servicio de la hegemonía política norteamericana, de reafirmación del consenso entre los países en torno al reconocimiento de la legitimidad de su liderazgo mundial. Las relaciones educativas y culturales pasaron así al primer plano de las relaciones internacionales. La educación y la cultura

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difundida a través de los medios se considerarían, a partir de entonces, unos de los principales componentes de la política exterior. Puesto que ‘la guerra empieza en el cerebro de los hombres’, la seguridad nacional, según esta nueva concepción, debería pasar a depender de la educación de los pueblos subdesarrollados, cuyas mentes ‘embotadas’ los llevaban a un reduccionismo persistente en la comprensión de sus problemas, así como en su participación en los mismos, y de los motivos del conflicto internacional, en virtud de estereotipos aceptados por la maléfica influencia de la subversión comunista y la ideología soviética, aún perjudicando seriamente sus intereses como nación (según argumentaran los defensores de esta nueva doctrina de la diplomacia pública). El desarrollo y aplicación de la ciencia de las comunicaciones internacionales se fundará así en la comprensión comparativa de las psicologías nacionales de cara a la formación de políticas educativas que uniformen actitudes y mentalidades culturales, según los intereses ‘universales’ del patrón cultural norteamericano. En otras palabras, los problemas internacionales y las luchas de liberación nacional contra el imperialismo estadounidense se debían básicamente, según esta nueva doctrina militar, a problemas de comunicación derivados de actitudes despectivas y suspicaces de uno de los bandos respecto a la cultura nacional del otro, bien por desconocimiento o por falta de información. La comprensión de estilos nacionales específicos de percepción, razonamiento y acción, en la escena internacional, podría por lo tanto resolver el problema de los desequilibrios y la interdependencia global. Dado que, según los nuevos visionarios de la diplomacia total, la aplicación sistemática de los conceptos y métodos de las ciencias sociales y de la conducta, en combinación con un enfoque global de las comunicaciones internacionales, podría evolucionar rápidamente hasta formar una ciencia de solución de problemas en los análisis de comunicación intercultural, para contribuir, por ejemplo, al desarrollo de la planificación racional de la economía, según los objetivos previamente identificados por los técnicos especialistas de la metrópoli. La nueva cultura diplomática recurrirá pues a los análisis psicologistas de la educación y la cultura de

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masas en el diseño de políticas de persuasión y marketing internacional, con el fin de modificar la actitud de los pueblos latinoamericanos en su aceptación del orden internacional, evitando así prejuicios y estereotipos antiimperialistas, debidos –en opinión de estos teóricos– a una cultura primitiva que carecía de suficiente información sobre la cultura estadounidense (además de compartir un sistema educativo contrario a los valores de la democracia, la libertad y la propiedad privada). Frente a la persistencia de estos tópicos culturales, la comunicación podía ser, por tanto, el conducto mágico hacia la definitiva paz universal. Si los países latinoamericanos y de otras regiones del mundo eran ‘in-formados’ ‘correctamente’ sobre los problemas de la nación a través de una ‘política de comunicación democrática’, las naciones amenazadas por la pobreza y el comunismo podrían superar sus rezagos económicos y, lo que es más importante, también integrar las necesidades de seguridad nacional haciendo efectivo el principio de que un pueblo informado es un pueblo armado. En esta misma tónica, el Nuevo Orden Mundial prefigurado en los cincuenta tendrá, a partir de esta década, un sólido punto de apoyo fundamental en el pilar corporativo de la industria cultural, que –a través de la estrategia de la nueva diplomacia pública estadounidense– asumirá funciones ya no solo ideológicas al servicio del poder imperialista de Estados Unidos, sino también importantes actividades de carácter militar en el mantenimiento del sistema global de poder norteamericano. A lo largo de los sesenta, de hecho, el exitoso papel de las comunicaciones internacionales en la política de desinformación, propaganda y manipulación mediática bajo mando del Pentágono militarizará aún más las comunicaciones en una lenta pero progresiva adaptación de la esfera pública a la cultura mediática impuesta violentamente por el complejo industrial-militar norteamericano en el escenario internacional. Pese a la exitosa aplicación de los medios al servicio de la guerra, esta tendencia a la militarización informativa experimentará, sin embargo, un cambio radical en la década de los setenta, coincidiendo con la crisis global del capitalismo y la pérdida táctica de poder políti-

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co-militar de Estados Unidos en algunas regiones conflictivas que habían venido cuestionando sistemáticamente la hegemonía imperialista estadounidense. En efecto, el agravamiento de la crisis de acumulación capitalista y el notable florecimiento de movimientos populares antiimperialistas en la periferia del sistema mundial se tradujo finalmente en un incipiente resquebrajamiento del control ideológico norteamericano, llegando Estados Unidos incluso a experimentar la primera gran derrota parcial en una conflagración bélica (que en el futuro marcará decisivamente la política exterior estadounidense e incluso la concepción militar, política y también, por supuesto, informativa, en el desarrollo de sus planes de dominio imperial). La década de los setenta marcará un antes y un después en la interpretación el imperialismo norteamericano y, por ende, en el uso propagandístico y militar de los medios de comunicación social, sentando así las bases de lo que hoy denominamos la ‘guerra total’. Para comprender este papel de los medios y formas de propaganda en el Tercer Mundo frente a los conflictos insurgentes iniciados en distintas regiones a partir de la década de los setenta, es necesario recapitular las lecciones aprendidas por Estados Unidos en el período posterior a la guerra de Vietnam, con el fin de poder ilustrar más incisivamente el sentido de lo que Miles denomina “la verdadera guerra”, en donde el Pentágono asumirá una nueva estrategia de la integración político-militar de la comunicación en un programa más coherente y unificado para el desarrollo exitoso de la campaña imperialista de Estados Unidos. Los frentes de mejora y perfeccionamiento del movimiento contrainsurgente se orientaron entonces a un desarrollo de los servicios de inteligencia y las políticas informativas. El primer blanco de las estrategias estadounidenses para superar el síndrome de Vietnam será justamente la coordinación de las instancias políticas y diplomáticas en el control informativo de la cobertura de la guerra, mediante un uso más eficaz de los servicios de inteligencia y las actividades propagandísticas, con el fin de lograr el respaldo de los medios de comunicación. Para obtener una victoria segura en sus intervenciones militares en los países del Tercer

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Mundo, los halcones del Pentágono identificaron tres frentes de batalla que debían ganar: Washington, el interior de la propia administración y los medios. El gobierno de Estados Unidos asumirá como principio, por tanto, que nunca se puede ganar una guerra sin el control del Congreso, la opinión pública y los medios de comunicación. Esta premisa orientará, pues, la política imperialista norteamericana en un sentido mucho más político e ideológico, además de, por supuesto, comunicativo; replanteando a nivel estratégico el modo operativo de intervención y control social, tanto interna como exteriormente. Como advierten Aguirre y Mathews, Nixon y muchos generales estadounidenses consideraron, desde el principio de la década de los ochenta, que la guerra de los países más pobres del mundo era el mayor desafío, y que Estados Unidos y sus aliados no podrían vencer si empleaban las formas tradicionales de hacer la guerra. Consideraron que la superioridad de las fuerzas convencionales nada podía conseguir contra fuerzas no convencionales. Desde entonces, ellos se propusieron realizar un cambio global en su estrategia militar contrarrevolucionaria bajo el lema “No más Vietnams”. De hecho, la doctrina oficial estadounidense de la propaganda de guerra buscará, a raíz de Vietnam, ganar a la opinión pública antes que al enemigo en el campo de batalla. Los dirigentes estadounidenses –como señalara el propio presidente Nixon– no pueden hacer la guerra sin el apoyo firme de la opinión pública, y el pueblo americano solo apoyará la guerra si está convencido de que se hace por una causa justa. Según reconociera más tarde públicamente el propio presidente Nixon, la Guerra de Vietnam se había perdido por la cobertura noticiosa que llegó a la opinión pública nacional. De hecho, había sido la primera guerra televisada en la historia. Una guerra cruenta, costosa y demasiado larga como para mantener el apoyo a la intervención de la opinión pública estadounidense, cada día más sensibilizada por los cruentos resultados en términos de costos de vidas humanas y recursos, ante las imágenes de sangre y sufrimiento humano producido por la guerra masiva desatada en el sudeste asiático.

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La guerra no fue, sin embargo, cubierta tan libremente por los medios como interpretara el propio presidente Nixon. A diferencia de la Guerra de Corea, en Vietnam las normas de censura fueron mucho más duramente aplicadas en el tratamiento noticioso de los hechos. Claro que la situación típica de guerra de guerrillas hacía más difícil controlar la información filtrada a los medios por sus fuentes. Por ello, la experiencia de Vietnam recomendaría, a los entonces responsables de la política informativa del Estado, una mayor restricción de libre acceso a las fuentes de noticias y la asunción del principio de control suministrado de la máxima cantidad de información técnica como estrategias de desinformación de acuerdo con las necesidades de seguridad nacional; una estrategia aplicada con todo el rigor durante la experiencia de la Guerra del Golfo. Washington reconocía, de este modo, el espacio neurálgico de la confrontación social y la contrainsurgencia en el campo de la cultura, ocultando su acción al pueblo estadounidense y a la opinión pública mundial para llevar adelante sin trabas legales su programa de intervención imperialista. Como señalara Barnet, ante la obstaculización de la opinión pública, para poder librar una guerra convencional, los estrategas militares delimitaron su nuevo territorio basándose en las amenazas que más preocupaban al estadounidense promedio, al mismo tiempo que prometieron conducir una guerra indolora contra el nacionalismo revolucionario, utilizando un nuevo armamento y desplegando un nuevo fervor. Así pues, si ya antes de la década de los sesenta el papel de la cultura y la comunicación era valorado como ‘decisivo’ por el sistema de poder estadounidense en su proyecto de expansión económica transnacional, a partir de esta nueva política en la década de los setenta, las actividades diplomáticas y propagandísticas serían consideradas esenciales para lograr el apoyo de la opinión pública estadounidense a su política de intervención, en la que se recurriría sistemáticamente al control y manipulación nacional e internacional de la estructura de la información periodística.

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La primera contienda bélica en la que Estados Unidos intenta ensayar estos principios –por medio de algunas formas tradicionales de control editorial de los medios informativos durante la cobertura de una guerra– será en el largo y decisivo conflicto bélico mantenido entre Irán e Irak. La importancia y magnitud del conflicto en la región, y la trascendencia política de los intereses económicos estadounidenses en juego, darán lugar al primer intento serio de orientación propagandística del sistema de medios para un mayor dominio informativo del sistema mediático norteamericano, conforme a los principios interpretativos que establece el gobierno. El complejo militar-industrial del Pentágono orientará, en consecuencia, la cobertura noticiosa de esta guerra y el trabajo de los corresponsales desplazados a la zona del conflicto, estableciendo un rígido marco disciplinario de sometimiento a las normas militares para una mayor homogeneidad de fuentes y contenidos noticiosos, sustituyendo la habitual competición informativa entre periodistas y medios de comunicación por el reagrupamiento en un pool de informadores –o agrupamiento selectivo de periodistas– bajo el estricto control militar. La introducción de esta técnica manipuladora será, sin embargo, esporádica, al igual que la política informativa y censora del ejército, que no se llevará a efecto sistemáticamente hasta la fuerte ofensiva conservadora del militarismo republicano impulsado por Reagan. En otras palabras, la guerra Irán-Irak será, en la práctica, un episodio sin apenas importancia en el proceso de aprendizaje teórico de los pensadores del Pentágono dentro de la política propagandística de control mediático. En realidad, el primer paso realmente importante en la recuperación de la hegemonía político-militar de Estados Unidos y la construcción de la nueva doctrina contrainsurgente –y pro-insurgente– de intervención en el extranjero y de control de la información y de la opinión pública en función de los intereses militares imperialistas será la invasión de la pequeña isla de Granada. Aprovechando las mínimas condiciones internas favorables para la intervención, Estados Unidos decide en octubre de 1983 invadir este diminuto país caribeño para lograr, de ese modo, el reforzamiento y liderazgo definitivo en su cruzada particular

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contra el imperio soviético. Con el objeto de legitimar la agresión, la administración Reagan arguyó la necesidad de liberar a 400 estudiantes norteamericanos que –supuestamente– se encontraban en peligro en la isla. El objetivo, sin embargo, era lograr la primera demostración de fuerza en su pulso contra el Tercer Mundo. En la invasión se llegó incluso a recurrir a las fuerzas de operaciones especiales, que en la nueva estrategia de agresión militar desempeñarán un papel protagonista, a través de los batallones de Asuntos Civiles y la agrupación de operaciones psicológicas del ejército, con base en Fort Bragg, como fuerza pacificadora y de control de la población civil. La operación, denominada “Furia urgente”, representará el primer gran operativo internacional de control militar de la información noticiosa por parte de la administración del Pentágono: con el argumento de que en los tiempos de guerra los profesionales de la información son incapaces de mantener secretos de los que depende la seguridad nacional, el alto mando impidió totalmente la presencia en el terreno de operaciones de los informadores que habían solicitado el acceso al lugar de los hechos, hasta el punto de que el control sobre los periodistas en la intervención fue casi absoluto. Esta estricta observación de las normas militares había sido aplicada ya un año antes –con todas las consecuencias deontológicas y políticas que implica todo control de la información–, en la Guerra de las Malvinas. Siguiendo con la experiencia acumulada por el ejército estadounidense en sus confrontaciones bélicas, el ejército británico impondrá un férreo procedimiento de selección mediática y aislamiento informativo de los corresponsales, estableciendo un sencillo sistema de pools de periodistas para limitar el acceso informativo al teatro de operaciones. Lo novedoso del pool no solo será el sistema de marginación de las líneas editoriales socialmente disidentes, sino también el sometimiento definitivo de los informadores a los objetivos y directrices de los estrategas militares, motivo por el cual los informadores admitidos en los pools eran obligados a firmar un documento de aceptación de la censura en la fuente misma, al ser privilegiados como corresponsales desplazados con las fuerzas expedicionarias. De este modo, el ejército británico garanti-

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zaba de antemano el control directo de todos los medios, favoreciendo así una orientación patriótica de las líneas editoriales. Como en el caso de la dictadura militar argentina, a los hogares británicos solo llegaron imágenes de heroísmo, celebración y victoria. El tratamiento informativo de la Guerra de las Malvinas mostró, tanto en Argentina como en Inglaterra, una guerra de buenas noticias. Visto el éxito obtenido, el Pentágono aplicará entonces sistemáticamente el sistema de pools y control de acceso al terreno de operaciones de todos los periodistas, mientras introduce por vez primera el uso de las técnicas de sondeo de opinión e investigación social, para legitimar la acción de guerra y el control de la prensa en la orientación y dominio de la opinión pública nacional. Tal y como hemos apuntado, la intervención en Granada fue, precisamente, el campo experimental de aplicación de las nuevas técnicas y la prueba de laboratorio en la que se utilizó la nueva política informativa del ejército y la aplicación de las nuevas tecnologías de información. Los medios altamente tecnificados de fotografía, señales y comunicaciones electrónicas serán utilizados masivamente durante este conflicto, como máquinas de guerra de sofisticada efectividad, para el logro de una mejor cobertura en la operación liderada por los marines. Estos, acompañados simbólicamente por fuerzas aliadas de Jamaica, San Vicente y Barbados –entre otros–, tenían la pretensión de controlar la información militar y periodística, con la vista puesta en la eliminación de cualquier obstáculo informativo durante el combate militar contra el gobierno rebelde de la pequeña isla de Granada. Por supuesto, el objetivo se cumplió con total exactitud, obteniendo el silencio cómplice y el plegamiento editorial como única respuesta entre los profesionales y los medios de información estadounidenses, e incluso entre buena parte de los medios occidentales que, años más tarde, en la Guerra de Panamá, sucumbirán definitivamente –en la cobertura de las intervenciones militares norteamericanas– a los parámetros ideológicos y comunicacionales del modelo de propaganda estadounidense, al asumir los puntos de vista informativos del Pentágono.

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La importancia de la invasión de Panamá será decisiva por varias razones fundamentales, en términos de aprendizaje experimental del control de la opinión pública nacional e internacional. Básicamente, conviene destacar este conflicto porque en él se aplican por primera vez los principios básicos de la guerra total, una vez sistematizados los conocimientos que aportara –tal y como luego veremos– la larga y cruenta guerra desplegada por Estados Unidos en Centroamérica. En efecto, Panamá será en 1989 el terreno de operaciones para la experimentación masiva de la gbi. Bajo la excusa, en este caso, de detener al presidente de Panamá como responsable de las redes de narcotráfico, las tropas estadounidenses invadieron el canal causando, según sus propias estimaciones, más de 2000 muertos de civiles panameños. La prensa no recogió en sus páginas el grave costo de vidas humanas ni el verdadero motivo que dio origen a la intervención de los marines estadounidenses en el canal, mientras los medios informativos, controlados directamente por el Pentágono, se limitaban a reproducir la versión oficial. En la práctica, la guerra de la información en Panamá fue una de las principales victorias estadounidenses en su aplicación de la propaganda y la guerra psicológica total. El éxito de su estrategia comunicativa fue tal que más del 80 por ciento de las fuentes noticiosas fueron filtradas por instituciones dependientes del sistema militar-industrial del Pentágono y del gobierno; siendo el teniente Peter, experto en guerra psicológica, el encargado de filtrar la mayoría de las informaciones difundidas en torno al conflicto. Al ignorar el trasfondo del problema de la negociación respecto al control del canal, la mayor parte del flujo informativo sobre la crisis panameña terminaría centrándose, de manera casi exclusiva, en la figura del ‘peligroso’ general Noriega y reduciendo el problema de las relaciones Estados Unidos-Panamá a la permanencia o no, como jefe de las fuerzas armadas panameñas, del “único responsable del conflicto internacional” que exigía la ‘intervención responsable’ de los Estados Unidos. La operación, denominada “Causa Justa” –que además procuró lograr la efectividad por medio de la sorpresa y la rapidez en la inter-

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vención militar–, basó todo el éxito y la legitimidad injustificable de la intervención en Panamá (por medio de la conquista de mentes y corazones) en una campaña propagandística de difamación y acusaciones infundadas en contra del General Manuel Antonio Noriega. La campaña publicitaria sobre la peligrosidad del presidente panameño, que incluyó la presentación a la prensa de grandes cantidades de harina como cargamentos descubiertos de cocaína fina, logró preparar a la opinión pública estadounidense y mundial para una intervención poco justificable contra la soberanía nacional, pese a ser denominada “Causa Justa”. Por supuesto, ninguno de los medios occidentales que cubrían el conflicto se centró en la verdadera ‘causa justa’ que motivó la intervención estadounidense. Aunque con matices, la mayoría de la prensa norteamericana y europea desarrolló editorialmente el conflicto de forma personalizada, centrando el problema político en las actitudes y cuestionable reputación del General Noriega, sin tratar la polémica devolución del canal en el año 2000 –comprometida legalmente en el Tratado Carter-Torrijos. Todos los medios occidentales plantearon, por el contrario, el conflicto en torno al Canal como un enfrentamiento político alrededor de la figura del General Noriega y nunca con relación al marco general del trasfondo político-económico de las relaciones de ambos países. En el caso de la prensa estadounidense, el delirio informativo belicista sería, claro está, mucho más grave que en Europa. La propaganda militar del Pentágono, difundida diligentemente por los medios, reproduciría mecánicamente la versión exitosa de una actuación ‘correcta’ que, en el tratamiento informativo, parecía limpiar la imagen deteriorada del ejército estadounidense por los crímenes cometidos en Vietnam. Frente a la supuesta libertad de información en la guerra del sudeste asiático, el alto mando del ejército estadounidense por fin había sido capaz de experimentar una nueva forma de control militarizado de los informadores, de gran eficacia para el acomodamiento de la información y de la opinión pública, según los objetivos e intereses intervencionistas. Si en Vietnam la transmisión televisiva hizo perder la guerra y durante la invasión de Granada el Pentágono logró el éxito propagandístico

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deseado –con fuertes críticas de la prensa por impedirse la cobertura noticiosa en el escenario de los hechos–, en esta ocasión el aparato de propaganda y desinformación norteamericano buscaría implementar, con el pool de periodistas, un término medio que, filtrando la información, permitiera un cierto número de imágenes y entrevistas bajo vigilancia directa de los militares. De esta forma, el plegamiento y dominio de la información sería más eficaz, gracias al entusiasmo mediático de los profesionales de la comunicación encargados de transmitir como un espectáculo las continuas agresiones internacionales del ejército estadounidense. El pool representará, a partir de este momento, una forma hábil de censura sobre el terreno, creado por el ejército estadounidense para controlar a los informadores, según los intereses de las propias operaciones militares. El estado mayor podía así conciliar la doble exigencia de libertad de información y de seguridad nacional. De nuevo bajo la excusa de garantizar la seguridad y protección de los secretos oficiales, y con el argumento de buscar la protección física de los profesionales de la información, el Pentágono podía ahora controlar la libertad de movimientos de los periodistas, convirtiendo en justificable el control de la información y la manipulación informativa en la representación de la guerra. En el caso de la invasión de Panamá, el periodista Fred Hoffman, redactor de la oficina de prensa del Departamento de Defensa norteamericano, será el encargado de desarrollar, a partir de la Comisión Sidle, la National Media Pool: una agrupación encargada de seleccionar a los corresponsales que acompañarían al ejército estadounidense en la intervención de Panamá. Con el fin de imitar en parte los éxitos propagandísticos obtenidos durante la experiencia de Granada y las Malvinas –siguiendo la nueva doctrina militar de la otan– el Pentágono organizó la National Media Pool para la adecuada y deseable militarización de la información. El éxito, en este sentido, de la operación “Causa Justa” contra el Tratado Carter-Torrijos fue tan rotundo que los informadores del pool llegaban siempre al escenario de los hechos cuatro horas más tarde de los enfrentamientos. La censura y el control de la información suscitó, en consecuencia, críticas espontáneas y un pequeño debate en

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defensa de la libertad de expresión –ante las protestas airadas de los periodistas por la política selectiva y manipuladora del ejército estadounidense–, pero la militarización aceptada de las noticias por parte de los profesionales de la información había sido ya definitivamente instaurada con la asunción tácita o la queja timorata de los propios medios de comunicación. Siguiendo pues las nuevas prácticas de agrupamiento informativo impuestas por el Pentágono, el plegamiento editorial del sistema de medios al servicio de la estrategia de seguridad nacional fue casi absoluto. Esto fue, en parte, debido al clima de restauración conservadora. Tal y como hemos argumentado, la asunción militar de una nueva cultura mediática en el ámbito de la comunicación política y la propaganda no es comprensible sin profundizar con detenimiento en las bases de lo que algunos analistas denominan la ‘revolución conservadora’. El decisivo papel desempeñado por la administración Reagan en la construcción de la nueva hegemonía imperialista y la adopción de una nueva retórica mediática será determinante para la evolución de los principales conflictos bélicos en el hemisferio y, más allá aún, influirá incluso en la política instrumental de liberalización y control de la información, en Estados Unidos y a nivel internacional. Por otra parte, la cruzada conservadora no solo hizo posible una profunda revisión cultural en Estados Unidos, sino también el olvido del síndrome de Vietnam y la colonización belicista de la conciencia pública norteamericana. El éxito de la ofensiva conservadora, iniciada por la administración Reagan, consistió precisamente en la superación del síndrome del miedo al fracaso, originado por la derrota en el sudeste asiático. Como es sabido, la crisis de hegemonía de Estados Unidos en la década de los setenta se centraría en dos frentes: por un lado, el reto anti-imperialista de los países del Sur y, por el otro, la crisis institucional interna del modelo de acumulación; ambos factores habían tenido como resultado durante la administración Carter una grave crisis institucional que minaba la estabilidad de Estados Unidos y su credibilidad y hegemonía a nivel internacional. El objetivo de esta cruzada será, precisamente,

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la reversión de los movimientos revolucionarios en el área de influencia militar estadounidense y la creación de un nuevo consenso público de autoconfianza entre la opinión pública norteamericana –a nivel interno–, para así restaurar las bases de un nuevo dominio global; en lo que en realidad significará una involución restauradora fundada en los valores conservaduristas de la derecha ultramontana, inspirada en el mito del sueño americano. En consecuencia, la obtención del consenso público sobre la política Reagan –ganar las mentes y los corazones del pueblo estadounidense– se convirtió en una cuestión muy importante para la administración republicana. Por medio del programa de diplomacia pública –que incluyó el establecimiento de oficinas dependientes del poder ejecutivo creadas para difundir los puntos de vista del gobierno y el uso orquestado de la retórica–, el gobierno priorizó su política de desinformación y manipulación de los medios. De este modo, se insistió en un esfuerzo perseverante orientado hacia, en palabras del secretario Weinberger, el planteamiento de los puntos de vista gubernamentales ante el tribunal integrado por la opinión pública nacional e internacional. La nueva política intervencionista para los ochenta consistía en una nueva forma de diplomacia efectiva, basada en la persuasión antes que en la fuerza. La preocupación conservadora por exorcizar el miedo al fracaso imperialista en las intervenciones en el extranjero llevará al gobierno estadounidense a utilizar –sistemáticamente y de manera regular– el alcance masivo de los medios de comunicación para promover sus objetivos e intereses estratégicos en la cobertura de los programas de intervención. El popular magazine Nightline (abc) llegará incluso a organizar un debate televisivo sobre la forma en que el gobierno podía obtener el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para librar exitosamente una guerra de baja intensidad en Centroamérica, lo que realmente constituía un realineamiento de los medios y los profesionales de la información hacia el apoyo a la operación de reestructuración mundial de la hegemonía estadounidense en los ámbitos político, económico y militar.

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A partir de una crítica a la política exterior de la administración Ford –y, en especial, de la estrategia militar del presidente Carter–, la revolución conservadora reaganeana representará de manera ostensible en el campo de las relaciones internacionales un enérgico incremento de la actividad interventora norteamericana. Los planteamientos de la administración Reagan llevarán hasta sus extremos, radicalizándolos, los principios de la doctrina realista estadounidense en materia de relaciones internacionales, a partir de la creencia de que gran parte del planeta –sobre todo, el Tercer Mundo– se halla amenazado por la violencia y que, por tanto, es necesario que Estados Unidos intervenga militarmente para proteger sus intereses en el extranjero contra los múltiples y repentinos disturbios, de acuerdo al principio dicotómico ‘Democracia contra Terrorismo’. Así, la década de los ochenta representará el nacimiento de la doctrina Reagan de ‘seguridad nacional’, como programa estratégico de ofensiva mundial contra el comunismo en la periferia del imperio soviético. Como hemos señalado, esta nueva doctrina retoma, de forma actualizada, los planteamientos de la contrainsurgencia –implementada educativa y propagandísticamente por la Alianza para el Progreso, defendida por Kennedy–, con un enfoque global de la economía que, basado en la paranoia anticomunista, combatirá ideológicamente las políticas descalificadas como ‘liberales’. Si, durante la administración Kennedy, el gobierno estadounidense desarrolló un agresivo belicismo dentro de la lógica bipolar de la Guerra Fría –con programas de asistencia social y comunicación al servicio del desarrollo, a la vez que se instituía el cuerpo de los Boinas Verdes y se comenzaba a prestar atención a la denominada cuarta dimensión de las relaciones internacionales–, Reagan intentará superar el síndrome de Vietnam retomando la política imperialista norteamericana a través de una fuerte ofensiva ideológica, por medio de la información y la propaganda, basada en un programa político teóricamente consistente y mucho más fortalecido –en términos ideológicos– por el uso intensivo de la información.

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La ultraderecha fascista estadounidense (Heritage Foundation, el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de la Universidad Georgetown, el Instituto Hoover, etc.) iniciará de este modo una amplia ofensiva contra la debilidad demócrata del presidente Carter, con el fin de impulsar una agresiva intervención estadounidense en las áreas de influencia estratégica que planteaban un reto de liderazgo al imperialismo norteamericano. La amenaza soviética y el tan temido advenimiento del comunismo serán solo coartadas políticas en las que, de nuevo, se apoyen estas críticas a la supuesta debilidad en la estrategia imperialista de la administración Carter. Estos elementos servirán para justificar, de paso, el fortalecimiento de las posiciones militares de Estados Unidos en los centros neurálgicos de la economía mundial, lo que, en el interior del propio territorio estadounidense, significó además una feroz persecución de los sectores liberales y de la oposición social organizada por desafiar el poder y la libertad de actuación del Pentágono, es decir, por su disidencia política. Y es que, bajo la excusa de combatir y lograr el control de la delincuencia, la administración republicana aprobó en 1984 un paquete de leyes contra el terrorismo, que incluía –entre sus blancos– perseguir todo tipo de subversión y disidencia social. Con la ayuda, connivencia y encubrimiento de los medios de comunicación, la ultraderecha norteamericana iniciaba así una campaña de persecución contra los disidentes sociales, encarcelando por razones ideológicas o de convicción política a pacifistas, líderes étnicos, defensores de los derechos humanos y miembros destacados de las organizaciones de solidaridad con los países del Tercer Mundo. Cualquier cosa podría ser, a partir de entonces, tildada como subversiva y, por extensión, también como terrorista para el nuevo gobierno conservador. Muchos miembros de organizaciones cooperantes con el Tercer Mundo serían víctimas de acoso y persecución gubernamental por sus actividades de solidaridad. La presión ejercida sobre las organizaciones sociales llegaría hasta el punto de coaccionar a aquellos ciudadanos estadounidenses que viajaran a Cuba, Nicaragua o El Salvador, confiscándoles objetos turísticos, cámaras fotográficas

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y manuscritos ‘sediciosos’ que, supuestamente, ponían en peligro los sistemas de seguridad nacional. Paralelamente a estas actividades de coacción a ciudadanos estadounidenses provenientes de ‘puntos sensibles’ en el Tercer Mundo, la vigilancia de grupos políticos –utilizando técnicas corrientes de información, como la filtración de la correspondencia y la interceptación de las comunicaciones telefónicas– se convirtió en la era Reagan en una práctica bastante común entre los cuerpos de seguridad del Estado. Antes de las mencionadas leyes antiterroristas, desde el inicio de la administración Reagan, el organismo federal de investigación (FBI) fue reforzado en sus efectivos para incrementar su presencia e importancia en el sistema de seguridad interna y, complementariamente, reforzar la política represiva de los conservadores para el control, sabotaje y persecución de los ciudadanos y las organizaciones de oposición política y social. Las nuevas formas de ‘vigilancia electrónica’ van a ser utilizadas por el gobierno como la principal estrategia de ‘domesticación’ de los movimientos sociales a la hora de desmantelar cualquier posible resistencia social al proceso de reestructuración tardocapitalista de la hegemonía político-militar estadounidense. Los casos de ataques ilegales de los servicios de seguridad nacional a las organizaciones sociales democráticas, pacíficas y progresistas se multiplicaron por cinco a partir de 1981, en una campaña de diferenciación que los propios medios llegarán a organizar. Gregorio Selser menciona, por ejemplo, el ataque sufrido por el Consejo de Paz de Chicago, acusado por el Departamento de Policía de actividades subversivas mientras soportaban las calumnias de artículos denigrantes en la prensa local –en los que se calificaba a los miembros del consejo como “radicales” y “comunistas”, llegándose incluso a darse la circunstancia de que el Chicago Tribune denunciara que el Consejo de la Paz había realizado una sesión secreta dedicada a la elaboración de planes revolucionarios, cuando en realidad celebraba una conferencia abierta, en la que se trataron los métodos de lucha no violenta contra la política militarista, el racismo y la represión. Pese a ser tan burda y falseada la información noticiosa ofrecida por los medios, en este y en

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otros casos, la manipulación informativa será multiplicada y difundida a los cuatro vientos por los medios de comunicación sin ningún tipo de críticas ni denuncias profesionales o de la propia sociedad, salvo la de los propios grupos minoritarios de oposición civil, ya que en este contexto de privación y coacción informativa de los grupos de solidaridad y las organizaciones no gubernamentales, la eficacia del terrorismo de Estado y la campaña propagandística para atemorizar a la oposición fue tan exitosa que el propio sistema de control, espionaje e intimidación ciudadana llevará a los sectores demócratas y liberales a un repliegue y retraimiento político-ideológico, frente a la ofensiva fanática del conservadurismo republicano, en un momento de fuerte militarización de los servicios policiales y de fortalecimiento del núcleo duro que defendía posiciones militaristas ortodoxas en el Pentágono y en el propio Congreso de la Unión. El resurgimiento de la ultraderecha estadounidense será pues el contexto político que dé origen a la nueva estrategia informativa y propagandística de manipulación de los medios desarrollada por el complejo militar del Pentágono. La consideración del problema Norte-Sur y de las peligrosas amenazas revolucionarias en el Tercer Mundo dará pie a la nueva derecha para una concepción política y comunicativa de contrainsurgencia, adecuada al carácter de baja intensidad que planteaba el reto de la guerra de guerrillas, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Trilateral, en forma de discurso reformista. Como consecuencia, todas las formas de guerrilla fueron acusadas en Latinoamérica como terroristas o narcotraficantes, para legitimar así cualquier ataque militar de la administración Reagan en la región, respaldando política y moralmente las acciones exteriores del nuevo gobierno republicano. Como bien han señalado numerosos investigadores, el principal y verdadero cometido de este nuevo discurso mediático será el de la unificación nacionalista en torno a la idea de recuperar el liderazgo mundial, devolviendo la estima y la autoconfianza imperialista a la opinión pública estadounidense, en virtud del carácter justo de su intervención en el escenario de las relaciones internacionales.

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Los ‘tanques’ del pensamiento conservador estadounidense, expertos en contrainsurgencia, economistas, preclaros sociólogos, altos cargos de la administración y líderes republicanos del ala derecha, sentaron así las bases de la nueva política global de Estados Unidos hacia América Latina, basada en el anticomunismo visceral y la lógica de confrontación heredada de la Guerra Fría. En el marco generalizado de la crisis estructural que vivía la economía estadounidense a lo largo de la década de los setenta –motivada, en parte, por la reacción de los países del Tercer Mundo (opep, Nomic, noei, etc.)– las élites conservadoras de este país se pusieron manos a la obra para consolidar un nuevo modelo de acumulación y dominio de los países del Sur. La estrategia seguida por Estados Unidos consistía básicamente en imponer las guerras de baja intensidad, el bloqueo económico y la dominación imperialista que ha venido instaurando reiteradamente el Pentágono. Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile, Brasil y, por supuesto, también Cuba serían, de nuevo, algunos de los países en el punto de mira de la agenda estadounidense. Aunque el movimiento, por supuesto, fue generalizado: frente a la insurgencia de las clases marginadas, los trabajadores desempleados, los estudiantes sin futuro y las familias expoliadas a lo largo y ancho de América Latina, Estados Unidos volverá a cargar la bayoneta. Prueba de ello son los –ya citados– Documentos de Santa Fe, que habrían de organizar la política imperialista estadounidense hacia América Latina, siguiendo los principios ultraderechistas de la Heritage Foundation, el ejército y el gran capital norteamericano. La doctrina de la seguridad nacional se transformará entonces en una guerra total contrainsurgente y una lucha antiterrorista, que establecerá claramente la nueva política militar como la estrategia de intervención del Pentágono y la Casa Blanca, dentro de los programas contrarrevolucionarios que posteriormente se llevaron a cabo en el subcontinente latinoamericano. La nueva política exterior hacia América Latina, en materia de seguridad, quedará coordinada, a partir de entonces, en función de tres objetivos políticos básicos:

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1. Revitalizar el sistema de seguridad hemisférica apoyando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar) y asumiendo el liderazgo en la Junta Interamericana de Defensa (jid). 2. Estimular acuerdos de seguridad regional que contribuirán a la seguridad, tanto hemisférica como regional, contra las amenazas externas o internas. 3. Reactivar, como tercer elemento del sistema de seguridad hemisférica, las vinculaciones militares tradicionales en el continente, brindando entrenamiento militar y ayuda a las fuerzas armadas del hemisferio, poniendo un particular énfasis en los oficiales más jóvenes y en los suboficiales, para ofrecer ayuda técnica y psicológica a todos los países del hemisferio en su lucha contra el terrorismo, independientemente del origen de aquellos. Estas metas militares debían ser coordinadas, a su vez, con las actividades civiles de información y propaganda, que asumirían un papel complementario no subordinado, decisivo para la nueva estrategia global de ofensiva ideológica. Partiendo del principio del vínculo integral entre la subversión interna y la agresión externa, los autores firmantes del Documento de Santa Fe atribuirían un papel determinante a la información en la insurgencia y la peligrosa amenaza comunista internacional. Según los firmantes del mismo, la formulación de la política de Estados Unidos debía aislarse de la propaganda que aparece en la prensa común pues –como criticara permanentemente el propio Ronald Reagan– la cobertura informativa de la realidad política latinoamericana por la prensa de Estados Unidos era inadecuada y mostraba un sesgo sustancial que favorecía a los partidarios de la transformación socioeconómica radical de los países menos desarrollados, con lineamientos colectivistas y estatalizadores que ponían en peligro la seguridad nacional y el modo de vida americano. Los principales artífices de esta intoxicación desinformativa eran, como señalara más tarde el Segundo Documento de Santa Fe, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de derechos humanos y otros colectivos procomunistas.

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La asunción de lo ideológico como un campo de confrontación cultural será, por consiguiente, percibida por el Pentágono como un aspecto esencial en la estrategia de reconstrucción de la hegemonía imperialista. La conciencia comunicativa de la nueva derecha estadounidense planteará pues, como lógicamente necesaria, la estrategia de conquista de mentes y corazones en la nueva doctrina de seguridad nacional. No queremos detallar más información para que el lector pueda corroborarlo en otras publicaciones, informes y portales de internet, pero conviene tomar en cuenta este período y los debates habidos en el campo de disputa de la comunicación para entender los procesos históricos que estamos viviendo en estos momentos. La hipótesis de partida, junto al modelo de análisis institucional que nos proporcionan Chomsky y Herman, es que el modelo de dominio de los golpes mediáticos tiene su antecedente en la articulación de la hegemonía imperial que marca la década perdida y el neoliberalismo con la revolución conservadora de la administración Reagan. Sin un análisis pormenorizado de los factores, principios y procesos que tuvieron lugar en esa década, no es comprensible el llamado nuevo Plan Cóndor. La estrecha vinculación entre el sector industrial, el capital financiero, el complejo industrial militar del Pentágono, las fundaciones privadas de investigación, la universidad y los medios de comunicación será determinante, como analiza Petras, en el éxito propagandístico de la cruzada ideológica neoliberal y el pensamiento único que durante décadas se ha impuesto en la región. Hasta hoy, instituciones como la Heritage Foundation (‘una especie de ministerio de propaganda de la derecha goldwateriana’), que contaba entre sus directivos con personajes como Frank Shakespeare –presidente de la firma de cine y televisión rko General–, en las campañas de orientación de la opinión pública respaldada por la ‘fabricación de estudios’, el reclutamiento de reporteros y corresponsales y la cooptación de intelectuales y líderes de opinión, siguen operando como tanques del pensamiento de la contrarrevolución. La proyección de una imagen de seriedad, congruencia y sistematicidad académica ante los medios de comunicación nacionales y foráneos ser-

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virá como experiencia a los sistemas de información del movimiento derechista reaganeano para el desarrollo de políticas de desinformación y manipulación informativa en estrategias propagandísticas, como la campaña de difamación e intoxicación noticiosa en contra del Nuevo Orden Internacional de la Información (Informe MacBride) y la propia Unesco, cuando apenas iniciaba su andadura la recién estrenada administración Reagan. Una estrategia que hoy se replica en los países con gobiernos progresistas, a través de plataformas como Open Society o –localmente– Fundamedios, como instancias de legitimación de la agenda conservadora en la región contrarias a los llamados despectivamente ‘gobiernos populistas’. Existe, de hecho, una continuidad e hilo histórico evidente. Así, por ejemplo, tras el exitoso resultado de las políticas ultraliberales obtenido por la Plataforma Republicana durante la administración Reagan, su natural heredero, el presidente George Bush, contaría de nuevo con el asesoramiento ideológico de los firmantes del Primer Documento de Santa Fe para elaborar el informe reeditado de un nuevo texto político con el que delinear las directrices maestras de la política conservadora norteamericana para la nueva década de los noventa. La aparición del Segundo Documento de Santa Fe sentará las bases de la futura estrategia de consolidación imperialista que el complejo militar-industrial del Pentágono llevará a buen puerto durante los siguientes años, a lo largo y ancho del hemisferio. Para el nuevo período, la subversión comunista, el terrorismo y el narcotráfico serán identificados, sin el menor asomo de distinción, como los peligros globales más problemáticos que Estados Unidos debía afrontar internacionalmente para la década de los noventa; sobre todo ante la escasa capacidad de maniobra de los regímenes latinoamericanos a la hora de combatir estos ataques, ya que las democracias en Latinoamérica habían sido progresivamente socavadas por el grave estancamiento económico sufrido en toda la región con el estrangulamiento de la deuda y las propias recetas neoliberales. El deterioro de las condiciones de vida sufrido por la mayoría de las economías latinoamericanas desde 1983 ha-

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bía favorecido un incremento de la ‘violencia comunista’ y la ‘influencia perniciosa’ del narcotráfico y el terrorismo internacional. La amenaza terrorista subversiva –según el informe– no disminuyó, sino que, por el contrario, creció en la década de los ochenta. El informe vinculará, de este modo, la subversión comunista con el terrorismo (ya identificado así en el Primer Documento de Santa Fe) y el narcotráfico internacional. En tal contexto, el sistema de seguridad norteamericano debía, según el informe, hacer frente a: • Mayores actitudes hostiles latinoamericanas. • Más estados pro-soviéticos. • Mayores amenazas al sistema financiero internacional. • Más crímenes y narcotráfico, impulsados por elementos subversivos. • Más olas de inmigración. • Mayor probabilidad de participación militar norteamericana. El reconocimiento tácito de las dimensiones continentales de estos retos –que amenazaban de nuevo la región con grandes conflictos– llevará a los tanques del pensamiento conservador a proponer un mayor reforzamiento de la estrategia de cooperación regional, en torno a la doctrina de la seguridad nacional, a partir de un enfoque más integrador de los conflictos sociales en el subcontinente latinoamericano, que distinguirá el poder formal del control fáctico en el dominio hegemónico y la dirección política de los países aliados. Por ejemplo, respecto a México fijará dos objetivos básicos ‘inexcusables’: el apoyo para la liquidación de empresas públicas de propiedad estatal y la mejora del sistema policíaco-judicial en la lucha contra el narcotráfico, advirtiendo previamente –en este último sentido– la necesidad de combatir la red de terrorismo internacional en Latinoamérica (que, según el informe, se extendía hasta los Andes, en Chile, comenzando por la región de Chiapas). En opinión de los autores del informe, la política estadounidense hacia América Latina para la década de los noventa debía prestar especial

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atención a la amenaza genérica que enfrentaban las frágiles democracias latinoamericanas y a la difícil transición política tras la superación de un gobierno autoritario. De forma insistente, los autores firmantes del informe destacarán, como el más importante reto de la política exterior estadounidense, la formación democrática de las fuerzas armadas locales en los países del hemisferio, con el objetivo de evitar la penetración ideológica del comunismo. El fortalecimiento de proyectos sectoriales, como el Programa de Entretenimiento y Educación Militares Internacionales (imet), y el mayor protagonismo de la Agencia de Información de Estados Unidos (usia) en la política exterior norteamericana obedecerán justamente a este importante cometido que centrará la atención y los esfuerzos políticos de la administración republicana. No casualmente, los firmantes del Segundo Documento de Santa Fe van a definir con gran clarividencia el panorama conflictivo de la región como un problema de carácter esencialmente cultural e ideológico. El problema de la democracia versus el estatismo pro-soviético en el subcontinente latinoamericano plantea, según el documento, un profundo conflicto cultural al que la administración Bush debería hacer frente mediante el impulso de un nuevo proyecto programado, inspirado en la ideología del discurso restaurador, ya propuesto en la cruzada derechista de la refundación conservadora que Reagan iniciara en su estrategia de reestructuración de la hegemonía estadounidense mediante el fortalecimiento del imperialismo cultural. El diagnóstico político del Segundo Documento de Santa Fe es más que explícito a este respecto. El principal éxito de la era reaganiana –los procesos de democratización en Latinoamérica– estaba en peligro por la lucha cultural del marxismo y su estrategia gramsciana de conquista contrahegemónica de los regímenes liberales en la región, que reclamaban como necesaria una nueva visión ‘ideopolítica’ de la realidad explosiva y prerrevolucionaria de los países latinoamericanos; bajo la permanente amenaza de la táctica subversiva que, en forma de contracultura comunista, presagiaba la conquista del poder político de forma antidemocrática, por medio del dominio ideológico de la cultura. A partir de la consideración

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integral de los problemas derivados de este contexto de amenaza pendiente en el campo ideológico, en el ámbito informativo y, en general, en el campo de la cultura, el Segundo Documento de Santa Fe llegará a la conclusión de que, al menos, tres debían ser los frentes básicos que debían ser combatidos prioritariamente por el gobierno estadounidense en su particular guerra cultural e ideológica contra las fuerzas antagonistas del comunismo: la religión, el sistema educativo y los medios de comunicación. El principal peligro que, en primer lugar, identificarán las elites conservadoras estadounidenses en América Latina será la extendida y decisiva influencia de la Teología de la Liberación, que diferentes escritos teóricos de la ultraderecha republicana calificarán como “una doctrina política disfrazada de creencia religiosa con un significado anti-libre empresa y antipapal, para debilitar la independencia de la sociedad y el control estatista”. La supuesta amenaza cultural de los ‘curas rojos’ vendría a estar representada, según el informe, por la redefinición del catolicismo y la subversión de los valores que, en el pensamiento social y en su práctica religiosa, ha venido defendiendo esta nueva opción de los pobres. Al igual que en el primer Documento de Santa Fe, en el que los autores firmantes pondrían en evidencia la amenaza interna y externa sobre la seguridad nacional –producida, según ellos, por la creciente influencia de la Teología de la Liberación en América Latina–, el Segundo Documento de Santa Fe volvería a llamar la atención sobre el hecho de que las fuerzas marxistas-leninistas hubieran utilizado a la iglesia como un arma política contra la propiedad privada y el capitalismo productivo, infiltrando en la comunidad religiosa ideas que serían menos cristianas que comunistas, lo que hacía urgente y necesario un planteamiento global de Estados Unidos frente a esta amenaza global a la moral y las buenas costumbres católicas de esta peligrosa filosofía político-religiosa; con el objeto de poder contrarrestar la influencia de la Teología de la Liberación y la movilización de los sectores populares campesinos, organizados a lo largo y ancho de Latinoamérica, en torno a las comunidades eclesiales de base.

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Continuando con el maniqueísmo típico del primer documento, el Comité de Santa Fe distingue entre una iglesia buena y una mala, del mismo modo que establecerá una clara diferenciación excluyente entre grupos de derechos humanos que apoyan al régimen democrático (buenos) y grupos de derechos humanos que apoyan el estatismo comunista. De este modo, como apunta Gregorio Selser, uno de los objetivos de las persecuciones policiales de los años ochenta será el ataque y desarticulación de los sectores críticos de la Iglesia, legitimando su ilegal caza de brujas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, por medio de la clasificación subversiva –y al margen de la ley– de las actividades desarrolladas por los sacerdotes, los pastores evangélicos y las organizaciones laicas humanitarias opuestas a la cruzada derechista del gobierno republicano, en un contexto de confrontación social y marginación ideológica que pondrá a la defensiva a los grupos religiosos de solidaridad con el Tercer Mundo, hasta el punto de ser utilizados como chivos expiatorios de todos los males que atenazaban a la sociedad norteamericana en medio de la crisis económica. Los sectores religiosos conservadores aprovecharán, de paso, esta situación para desprestigiar como ‘no católicas’ las posiciones sociales en defensa de los sectores más desfavorecidos en Estados Unidos y otros países de la región. De hecho, la ultraderecha estadounidense, la elite político-conservadora y el complejo militar-industrial del Pentágono contarán con el apoyo entusiasta de la ‘iglesia electrónica’ en la campaña de difamación y persecuciones políticas iniciada contra los grupos religiosos ‘liberales’, tal y como sugiriera implícitamente el Segundo Documento de Santa Fe –y cuya continuidad en la región hoy evidenciamos con la proliferación de iglesias evangélicas y el dogmatismo conservador del amplio movimiento de radios y medios televisivos de la extrema derecha en Brasil, que lideraron la restauración conservadora. De hecho, esta misma política será exportada a todos los países latinoamericanos donde el apoyo e influencia social de la Teología de la Liberación jugaba un papel determinante en la organización de los sectores populares y la defensa de los derechos humanos frente a la política de sistemática re-

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presión de las oligarquías y grupos caciquiles locales, como por ejemplo Centroamérica. Esta campaña de persecuciones y desinformación en contra de los grupos eclesiales de base, partidarios de la Teología de la Liberación, será uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos en la década de los noventa, llegando a jugar un papel central en la nueva política de lucha contrainsurgente, tal y como quedará evidenciado en el conflicto de Chiapas. Junto a él, el segundo frente determinante de combate ideológico identificado por los firmantes del Documento de Santa Fe será el campo de la educación. Según los ideólogos de la nueva derecha, América Latina estaba experimentando una lenta pero progresiva penetración cultural de los teóricos marxistas de la educación en escuelas y universidades. Los tanques del pensamiento conservador argumentarían –como prueba irrebatible de esta penetración ideológica del comunismo– el progresivo control del estado sobre las actividades públicas de educación, a través del monopolio en la edición de los libros de texto y manuales de estudio y el presente de las burocracias en la administración educativa. Un razonamiento este poco consistente, a la vista del proceso privatizador de la educación básica y superior, en la mayoría de los países latinoamericanos durante la década de los ochenta. Y es que, la cultura ‘paranoica’ fomentada por el sistema de propaganda estadounidense, llevará a obsesionar a los intelectuales y políticos derechistas hasta el punto de ver subversivos y comunistas en cualquier manifestación cultural no ortodoxa –o, al menos, no suficientemente purista, ideológica y políticamente. Así, por ejemplo, los autores firmantes del informe de Santa Fe llegarán a destacar sorprendentemente “el predominio de la izquierda en gran parte de los medios de difusión en toda América Latina” como principal obstáculo a la transición y consolidación democrática de los países latinoamericanos. La afirmación concluyente del informe es bastante ilustrativa en este sentido. El documento establece, en otras palabras, que el desarrollo de una política cultural es más que determinante para el apoyo de Estados Unidos a la gestión latinoamericana, encaminada a mejorar la cultura democrática, ganando

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la hegemonía –en el ámbito religioso, la educación, la cultura militar, la cultura cívica y los medios de comunicación– al esfuerzo gramsciano por socavar y destruir la tradición democrática mediante la subversión de las instituciones. No en vano, el Segundo Documento de Santa Fe advertirá del peligro inminente que debían enfrentar los regímenes de América Latina como un conflicto de baja intensidad, “una forma de guerra que incluye las operaciones psicológicas, la desinformación, la información errónea, el terrorismo y la subversión cultural y religiosa, cuyo principal actor será el campesinado indígena, como eslabón más débil de las políticas neoliberales aplicadas en la región”. El Comité de Santa Fe asumirá, en coherencia, la nueva doctrina militar de contención activa como el programa estratégico con el que Estados Unidos reforzará, teórica y prácticamente, su proyecto de dominio político-militar en la región, asumiendo definitivamente esta nueva doctrina como marco general de análisis e intervención en su combate a la insurgencia indígena, a la hora de enfrentar la creciente influencia de lo que denominará ‘la cultura gramsciana contrahegemónica del nacionalismo’. La primera medida de combate cultural a la contrainsurgencia será, por ello, justamente la de la formación y ayuda socioeconómica a las fuerzas militares aliadas, frente al supuesto aumento del campo de influencia del comunismo. A través de la ayuda financiera y la formación de cuadros y altos mandos militares, Estados Unidos iniciará desde los ochenta, a partir de las recomendaciones del Primer Documento de Santa Fe, una agresiva política de cooperación bilateral con los países de la región, que a medio plazo significará una importante penetración e influencia cultural norteamericana en los cuerpos de seguridad de los países latinoamericanos. De hecho, una de las primeras medidas del nuevo gobierno republicano al llegar a la Casa Blanca será financiar, mediante la inyección de nuevos recursos, la ampliación de la capacidad militar del ejército estadounidense. Amparada bajo la excusa de la necesaria modernización de las fuerzas armadas, la administración Reagan incrementará –hasta casi el cien por cien– los recursos destinados presupuestariamente a las Fuer-

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zas de Operaciones Especiales del Pentágono y a diversas organizaciones paramilitares, activas en Centroamérica bajo el control de la Agencia Central de Inteligencia. Las Fuerzas de Operaciones Especiales, constituidas por expertos en contrainsurgencia, se erigirán en la punta de lanza de las fuerzas militares estadounidenses para la intervención en zonas de conflicto del Tercer Mundo. Estos cuerpos de élite desempeñarán un papel activo, adiestrando y capacitando mandos militares en toda América Latina, gracias a quintuplicar los recursos y presupuestos asignados por el Pentágono para tales menesteres. En 1986, el Congreso aprobó además la Ley de Reorganización del Departamento de Defensa para lograr apoyar adecuadamente las guerras encubiertas de desinformación y propaganda, creándose posteriormente un comando unificado para una mayor planificación de los conflictos de baja intensidad con la estrategia global de contrainsurgencia frente a los problemas de terrorismo, narcotráfico y subversión. Las fuerzas especiales del pentágono quedarán integradas entonces por seis grupos distintos: 1. Los Boinas Verdes, que desempeñarán principalmente el papel de entrenamiento y asesoría en los países aliados del Tercer Mundo, integrando –cada vez más– numerosos equipos de capacitadores militares enviados al extranjero para enseñar métodos contrainsurgentes. 2. Los Rangers o tropas de asalto, cuya principal función será combatir al enemigo más allá de las fronteras nacionales. 3. La Fuerza Delta, especializada en intervenciones antiterroristas.

4. La Task Force (“Cazadores nocturnos”), una unidad aérea de intervención en operaciones especiales.

5. El grupo Civil Affairs, encargado de adiestrar y asesorar a las fuerzas militares extranjeras en todo lo relativo a programas cívicos, con el fin de lograr el apoyo de la población –mediante asistencia en

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materia de desarrollo económico y social– para mejorar la reputación de las fuerzas militares. 6. El personal de las “operaciones psicológicas”, encargado de emplear todas las formas de comunicación de masas (radio, prensa, televisión y publicidad), además de sistemas de radiotransmisión. La ampliación y renovado alcance de las llamadas ‘operaciones especiales’ favorecerá por ello, como consecuencia, un incremento del uso con fines políticos de las fuerzas militares de élite en operaciones paramilitares clandestinas. El gobierno estadounidense comenzará a transformar su complejo aparato de seguridad nacional, reorganizando el armamento operativo en función de los retos planteados por las demandas sociales de las poblaciones del Tercer Mundo. La doctrina reaganiana significará, en la práctica, el inicio de una amplia ofensiva global contra la subversión en la periferia del imperio soviético, siguiendo las recomendaciones sugeridas en sendos documentos por el Comité de Santa Fe. La nueva política militar de intervención se inicia en 1985 con el Proyecto sobre la Guerra de Baja Intensidad, estableciendo las pautas, la táctica y la estrategia política de la nueva doctrina de combate antiguerrillera. Otra de las medidas de la nueva ofensiva contrainsurgente será la militarización del programa de ayuda externa. Si ya el programa de la Alianza para el Progreso incluía elementos importantes de seguridad interna en los planes de desarrollo y cooperación económica, en los ochenta la administración republicana recuperará el papel decisivo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (aid) y de la Agencia de Información (usaid), como instrumentos de propaganda al servicio de las estrategias militares del Pentágono. Los proyectos de auxilio, la ayuda material, la asistencia humanitaria y otras formas de cooperación civil, considerados como asistencia neutral, jugarán un papel decisivo en la contienda armada bajo el patrocinio de Estados Unidos, como una forma eficaz de control de la población civil, objetivo de las operaciones de baja intensidad. La ayuda

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humanitaria se convierte así en una poderosa herramienta al servicio de los fines militares. Como han señalado los expertos en materia de guerra de baja intensidad, la ayuda humanitaria es tan importante como la provisión de instrucción y tecnología. En la medida en que los planificadores de la guerra de baja intensidad consideran todos los aspectos de la vida social como frentes de guerra –clasificando a la población entre insurgentes, retaguardia y población neutral–, el objetivo único de la propaganda y la guerra psicológica será la utilización de todo tipo de asistencia, garantizando así, además, la legitimidad de la intervención estadounidense. La participación de organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones civiles, la iglesia, las empresas y otras organizaciones privadas de ayuda y cooperación internacional serán solo instrumentos utilizados para contribuir a ofrecer una imagen de consenso público que respalde la guerra sucia del Pentágono. Por medio de este planteamiento, Estados Unidos favorece que las acciones cívicas tácticas, coordinadas por el Pentágono, sean ejecutadas a través de la aid y la usia, logrando el imprescindible apoyo de la sociedad civil al ejército, en las zonas de combate donde las agencias civiles pueden operar –garantizando, posteriormente, el control militar del territorio y de la población. Con el tiempo, estas operaciones se ampliarían, intensificándose su poder de acción, en el siglo xxi, con el ascenso de los gobiernos progresistas, comenzando por Venezuela, de forma considerable. La cuarta dimensión jugará, en este sentido, un papel primordial en la guerra de desinformación entre la imagen y las declaraciones pacificadoras frente a la intervención real en la guerra sucia y las operaciones encubiertas. De tal modo que, al enmarcar cuestiones de guerra y paz como una competencia entre pláticas y tropas, Estados Unidos podrá presentar su verdadera estrategia de conflicto de baja intensidad como una alternativa moderada, permitiendo que la verdadera guerra se venda fácilmente al público estadounidense. El objetivo de la negociación política estará supeditado, en esta doctrina de la guerra total, al servicio de la lógica de la seguridad nacional.

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Considerando que la crisis en América Latina, lejos de ser resuelta, se había visto agravada, y multiplicados los problemas de terrorismo, insurgencia, drogas y emigración como factores de desestabilización regional, los estrategas estadounidenses llegarán a la conclusión de que era necesario fortalecer su política exterior con un mejor sistema de propaganda, en una solución o suerte de pancomunicacionismo. Los conflictos de baja intensidad serán entonces orientados hacia la guerra de guerrillas, a partir de nuevos parámetros, reconsiderando en la lucha contrainsurgente la función de los medios, la propaganda y la política informativa en la –ya de por sí– importante función de la guerra psicológica en las estrategias contrarrevolucionarias. Partiendo de la amplia experiencia táctica, acumulada por el ejército estadounidense en sus numerosas intervenciones militares de carácter contrainsurgente, el Pentágono recurrirá –a comienzos de los ochenta– a un significativo despliegue de recursos políticos-militares, orientados a enfrentar con eficacia el auge revolucionario de los movimientos populares en los países del Tercer Mundo. La doctrina estadounidense de baja intensidad surge, de hecho, como una respuesta contundente del Pentágono al creciente reto representado por los movimientos populares tercermundistas. Tras el fracaso experimentado en Vietnam, el síndrome militar norteamericano revelará una lección: las revoluciones no son un problema militar, sino principalmente político; por lo tanto, su solución no puede ser exclusivamente militar sino también política, económica, social, psicológica y, en última instancia, comunicativa. La guerra convencional debe ser, en consecuencia, reemplazada por una perspectiva globalizadora. Pues la contrainsurgencia, si se quiere lograr una mayor efectividad operativa, debe ser considerada antes que nada una ‘guerra total’, sobre todo teniendo en cuenta que la guerrilla y los movimientos populares insurgentes plantean, en el fondo, como verdadero reto la confrontación política del consumismo frente a la perspectiva de la cultura democrática. De la guerra disuasoria –la Guerra Fría en Europa– el Pentágono pasará a centrar su atención en la guerra real del Tercer Mundo. La nueva

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estrategia contrainsurgente será, pues, concebida como una respuesta del ejército a la necesidad de una nueva doctrina, organización táctica y disposición de fuerzas en el contexto polarizado y la confrontación entre las dos grandes potencias mundiales. La causa política aducida por el complejo militar norteamericano para intervenir en este nuevo escenario de operaciones seguirá, por ello, recayendo en la participación del Kremlin y en la explotación calculada de la inestabilidad política y económica de los soviéticos que, en opinión del Pentágono, estaban desafiando seriamente en el Tercer Mundo la autoridad y el liderazgo de los Estados Unidos. A partir de la apreciación de la naturaleza distinta del nuevo escenario geopolítico en el panorama de las relaciones internacionales y de la consciencia de la necesidad de un nuevo enfoque operativo en la estrategia de intervención del Pentágono, Estados Unidos se verá pues obligado a modificar sustancialmente su cultura militar intervencionista y hasta su marco doctrinario imperialista. En primer lugar, por ejemplo, el complejo militar norteamericano relegará a un segundo plano su estrategia de enfrentamiento contra el bloque soviético, a favor de la atención preferencial hacia los movimientos insurreccionales del Tercer Mundo. Por otro lado, la política de seguridad nacional estadounidense renunciará a la estrategia disuasoria militar por una clara vocación ofensiva en el campo de las relaciones internacionales dentro de su área geoestratégica de influencia. Será precisamente en este contexto cuando, apenas iniciado el ascenso al poder en la Casa Blanca, la administración Reagan inicie su ofensiva internacional, volcándose política y militarmente sobre Centroamérica –empeñada en poner orden en lo que consideraba un campo desorganizado y peligrosamente desestabilizador, debido a lo que, según su evaluación, era una pasiva actitud en materia de relaciones exteriores por parte del presidente Carter. Entre 1981 y 1983, la conflictividad social en Centroamérica empeoró hasta tal punto que la región habría de sufrir una intensificación de la escalada militar en un clima de progresivo enfrentamiento, según la lógica de confrontación Este-Oeste. La región centroamericana será, de

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hecho, en estos mismos años, el centro de operaciones en el que se ponga a prueba la hegemonía imperialista estadounidense y la construcción del Nuevo Orden Internacional en el proceso de reestructuración del capitalismo mundial. La capacidad de Washington para controlar y revertir los movimientos populares y el cambio social en Centroamérica será, en este sentido, decisivo para la reconstrucción de la hegemonía estadounidense en la región y a nivel mundial. De hecho, esta región se convertirá en el laboratorio de experimentación de los modelos contrainsurgentes de baja intensidad. Los éxitos logrados en las guerras centroamericanas influirán de tal forma en el pensamiento de la dirigencia de la seguridad nacional norteamericana, que incluso modificarán los puntos de vista tradicionales del ejército, influyendo poderosamente en la doctrina militar norteamericana y en posteriores conflictos bélicos. Bajo Carter, ya se había iniciado el proceso de reforma de la política exterior estadounidense hacia Centroamérica y el Caribe, pero ahora la administración republicana dará la consistencia ideológica necesaria a la política imperialista estadounidense, para estructurar las estrategias de contención contrarrevolucionaria en la región. Se trataba de recuperar, en opinión de los estrategas del Pentágono, la hegemonía de Estados Unidos, perdida durante los años de la distensión, con el fin de poder contener y enfrentar el expansionismo soviético, exitoso en las últimas décadas en algunas regiones del Tercer Mundo, en donde había conquistado posiciones y estaba deteriorando aceleradamente el balance del poderío norteamericano. Contener y enfrentar el supuesto avance del consumismo desde una posición de fuerza serán los dos objetivos prioritarios de la política exterior que despliegue el gobierno Reagan. La región centroamericana será, por lo mismo, el escenario experimental donde la administración republicana ponga a prueba su estrategia global. Para dotar de coherencia el discurso y la acción política conservadora en plena campaña electoral, los expertos ultraderechistas asesores de Reagan elaborarán el mencionado Documento de Santa Fe, que, como hemos visto, servirá de guía y matriz ideológica de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica y el subcontinente latinoamericano, en

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una guerra particular que la doctrina Reagan denominará “contención al comunismo”. Este principio, eufemísticamente considerado y repetido hasta la saciedad por la retórica propagandística oficial, será asumido plenamente al finalizar su primer mandato el gobierno Reagan. Los estrategas conservadores del Pentágono y los ideólogos ultraderechistas de la administración republicana coincidirán , en estas mismas fechas, en defender la noción de contención activa sin agresión y sin intervención militar en Nicaragua, tras ser sancionada la propuesta por el documento Mandato para un Segundo Liderazgo que elaborara Heritage Foundation, como la política de intervención más conveniente y eficaz para los intereses estadounidenses. En la nueva concepción estratégica del alto mando del ejército, Estados Unidos no debía enviar tropas al extranjero salvo que fuera estrictamente urgente y necesario para su seguridad. Solo podrían intervenir en operaciones militares de confrontación directa si era segura la victoria, y los objetivos políticos y militares habían sido previamente definidos, una vez se garantizaba también el apoyo de la opinión pública y el Congreso estadounidense. La perspectiva de la guerra de baja intensidad orientará, en consecuencia, las acciones militares de eeuu en los países del Tercer Mundo, centrando la intervención en el mejoramiento de las destrezas militares y policíacas locales mediante el entrenamiento y la asesoría: la ayuda en la coordinación e integración de todas las actividades contrainsurgentes que eviten la participación militar directa de Estados Unidos; el fomento del desarrollo a través de la ayuda económica; la realización de reformas sociales y políticas y el reforzamiento de sindicatos, asociaciones y partidos políticos favorables. Así, mientras el Departamento de Defensa norteamericano y los Grupos de Asesores en Asistencia Militar habían venido otorgando recursos y entrenamiento militar contrainsurgente a los ejércitos y fuerzas paramilitares del Tercer Mundo –favoreciendo la militarización de las fuerzas locales, reorientadas prioritariamente en la construcción nacional y la acción cívica ciudadana–, la usia ampliaría los programas de operaciones psicológicas para mejorar las técnicas de comunicación masiva en estos países, con

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el fin de limpiar la imagen pública de las actividades paramilitares dirigidas de manera encubierta por la cia (como sucede hoy de forma activa en Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otros países). El objetivo del programa de contrainsurgencia en Centroamérica era, sobre todo, de carácter psicológico y disuasorio. La intención no era desarrollar una invasión militar directa, sino más bien la de crear un clima bélico que desmovilizara a los sectores opuestos al régimen aliado de Washington. Con esta estrategia, la administración Reagan proporcionará armas, entrenamientos militares a los ejércitos de El Salvador y Honduras, además de armar a la Contra, mientras reforzaba las redes de comunicación e inteligencia regionales e instrumentaba una campaña de imagen –con apoyo de los sectores privados–, desinformando a la opinión pública estadounidense para desarrollar libremente la guerra sucia contra los opositores políticos en el exterior, sin ninguna crítica de la oposición ni denuncia alguna entre los medios de comunicación nacionales. El principal éxito político de Ronald Reagan es justamente el control y manipulación de la información y los relatos noticiosos con el fin de legitimar ante el Congreso y la opinión pública estadounidense la guerra sucia en el Tercer Mundo. Así, mientras Estados Unidos violaba, en su propio territorio y en los países objeto de intervención, todas las garantías individuales –apoyando activamente la guerra encubierta y las acciones paramilitares, en contra de la integridad física y las libertades individuales y colectivas de los grupos de oposición en los países aliados del Tercer Mundo, a pesar de las denuncias de las organizaciones no gubernamentales por la continua violación de los derechos humanos–, el sistema de información político-militar de la Casa Blanca no desaprovechaba ninguna ocasión para hacer pública, a efectos de propaganda interna y exterior, su vocación protectora de los derechos del hombre y el ciudadano, conculcados sistemáticamente en su guerra encubierta ‘contra el comunismo’. El nuevo realineamiento republicano se traducirá socialmente en una nueva cultura política y en la asunción ideológica de las bases

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fundamentales del discurso ultraderechista radical. Reagan adoptará incluso las formas y el lenguaje político típicos del modo de discurso religioso. Su defensa, sustentada en los conceptos de la Familia, el Orden, la Tradición y la Propiedad, adquirirá los tonos y tintes bíblicos propios del catolicismo más ortodoxo. La cruzada ideológica de Reagan y la nueva derecha uniformará, hasta tal punto, la línea editorial de los medios de comunicación que llegará a radicalizar hasta extremos insospechados el tradicional conservadurismo del discurso informativo mainstream. Uno de los efectos sintomáticos de esta nueva cultura mediática será la influencia y el notable aumento presencial de los telepredicadores en las pantallas estadounidenses, paralelo al reforzamiento notable de la simplificación y el estereotipos, acentuado sectariamente por el reduccionismo ideológico ortodoxo asumido por el sistema dominante de información. El fanatismo ideológico de la iglesia electrónica y la cruzada conservadora reaganiana agudizará, por ejemplo, en los medios de comunicación un discurso latente connotado por el racismo contra las minorías marginales de Estados Unidos (hispanos, afroamericanos, asiáticos, árabes, etc.), con graves consecuencias para los diferentes grupos étnicos del país. Un informe del Comité Contra la Discriminación publicado en 1987 pondrá, en este sentido, en evidencia la existencia de frecuentes actos de violencia y amenazas a los árabes en Estados Unidos a raíz de la campaña propagandística antiárabe impulsada por la administración Reagan con el apoyo de las principales cadenas de televisión (nbc, abc y cbs). Cualquier parangón con la actualidad está más que servido. Pero volvamos a la genealogía del modo de intervencionismo del llamado ‘golpismo mediático’. Hemos señalado, reiteradamente, que el desarrollo de la estrategia de baja intensidad en Centroamérica y su control informativo, por parte del gobierno estadounidense y los medios de información occidentales, es un caso paradigmático en el análisis de la comunicación política y su manejo manipulador en tiempos de guerra, digno de estudio por lo que significa en nuestro tiempo. Los propios análisis empíricos de Chomsky

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y Herman validan sus hipótesis sobre el modelo de propaganda hegemónico en la información internacional. Tanto la estrategia de guerra desplegada en Nicaragua, como la masiva guerra contrainsurgente encabezada por Estados Unidos en El Salvador, muestran de manera ejemplar el modus operandi del sistema de propaganda estadounidense, así como las estrategias implementadas por los ejércitos occidentales en el ocultamiento, propagación y desinformación mediática en torno a la guerra real contrarrevolucionaria, desplegada para desmovilizar a los sectores populares. Como bien comenta Chomsky, merece la pena detenerse en algunos datos producidos en ambos conflictos, para comprender el sentido y la lógica social de la comunicación instrumentada funcionalmente por el sistema de comunicación estadounidense según los objetivos del Pentágono, por ser precisamente Centroamérica el primer campo de aplicación de la nueva doctrina de guerra de baja intensidad que hoy se aplica, por ejemplo, en el Estado de Chiapas, salvando –claro está– las distancias de la nueva fase que vive México con la necropolítica. En particular, la experiencia nicaragüense, representará, en la práctica, la primera prueba de laboratorio de las tácticas y métodos característicos de la nueva guerra anticomunista llevada luego a efecto en toda América Latina y en otras regiones neurálgicas. Este hito militar sigue, por cierto, el marco de la teorización sintetizada en el Primer Documento de Santa fe antes analizado, después de un largo debate y reflexión interna dentro del sistema industrial-militar del Pentágono (que, como hemos visto, se inicia en la década de los setenta a raíz del síndrome de Vietnam). En este pequeño país será donde la doctrina Reagan ponga en aplicación, con la mayor contundencia posible, su firme política exterior de contención activa contrarrevolucionaria, con el objetivo declarado de favorecer a la oposición proinsurgente y, finalmente, conseguir el derrocamiento militar del sandinismo, a través de una larga y costosa guerra de desgaste. Como señalan Lozano y Benítez, la contención activa del sandinismo en Nicaragua –plasmada con anterioridad en el Informe Kissinger y legitimada dentro de Estados Unidos como la acción que, sin costos económicos, políticos y militares, se implementó a través de la

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contrarrevolución– se encuadra ya en la nueva doctrina militar, conocida como Guerra de Baja Intensidad, convirtiéndose en oficial con el inicio del segundo período presidencial de Ronald Reagan en enero de 1985. Meses después del triunfo de Maurice Bishop en la isla de Granada (víctima más tarde de la invasión estadounidense), la victoria sandinista en Nicaragua (1979) movilizó al republicanismo y a la ultraderecha conservadora nucleada en torno al sector duro del complejo militar del Pentágono, ante la preocupación de lo que suponía un auténtico peligro que amenazaba, con su ejemplo, toda América Latina, siguiendo la estela de Cuba. Expertos militares y asesores de los servicios de información e inteligencia, descontentos con la debilidad del presidente Carter, se unirán a los ideólogos conservadores en una nueva alianza que, agrupada en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad de Georgetown y el Centro Nacional de Información Estratégica, iniciarán una amplia ofensiva ideológica para afrontar la supuesta amenaza comunista y el terrorismo internacional. Nicaragua se convertirá entonces, por gracia de las necesidades estratégicas del imperialismo estadounidense, en un campo privilegiado para la aplicación experimental de las nuevas ‘operaciones especiales’ con las que la administración Reagan intente demostrar, ante todo el mundo, el poderío militar estadounidense y su deseo de desarrollar, a toda costa, una estrategia de contención y retroceso de los movimientos revolucionarios en Centroamérica y otras latitudes del continente. Nicaragua representa, en este sentido, la reanudación más libre de trabas de las actividades de inteligencia de la cia –en una prueba de apoyo incondicional de la Casa Blanca– y la aplicación intensiva y global de los planes de contingencia militar planeados al calor de la nueva estrategia contrarrevolucionaria. La guerra sucia encubierta de Estados Unidos en contra del régimen sandinista será decisiva en el ámbito político para que el gobierno conservador confirme, definitivamente, la pertinencia de las nuevas formas de lucha que debían llevarse a cabo en el enfrentamiento efectivo de los desafíos que venían presentando los movimientos antiimperialistas del Tercer Mundo en el contexto de los conflictos de baja

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intensidad. Este ejercicio táctico de demostración del poderío militar de la administración Reagan confirmaba, al menos propagandísticamente, la eficiencia de esta estrategia de guerra silenciosa para la legitimidad y el poder hegemónico del imperialismo norteamericano. El exitoso desarrollo de los planes de contingencia y las operaciones encubiertas contra el gobierno sandinista representaría, de este modo, el espaldarazo definitivo a la política reaganiana de ampliación de las actividades de inteligencia e información en el área del conflicto centroamericano, así como en el resto de las zonas sensibles de Latinoamérica y el resto del Tercer Mundo, gracias a que las fuerzas contrainsurgentes pudieron experimentar, con total libertad, en el teatro de operaciones las diferentes opciones de guerra psicológica y de guerra de guerrillas, con un único objetivo político-militar: la derrota ideológica y propagandística absoluta de la revolución sandinista. En contra de cualquier vía de negociación, Estados Unidos buscó, por encima de todo, el derrocamiento del fsln, a través de una costosa, violenta y desmoralizante guerra prolongada que agudizó las dificultades económicas, favoreciendo la penetración ideológica de la propaganda del fdn en contra del ‘marxismo totalitario’; siguiendo la estrategia global de la nueva doctrina contrainsurgente, en la que la victoria es la derrota moral y política –ideológica diríamos– del proceso revolucionario. Como resultado de esta insistente presión a través de las actividades especiales de la propaganda estadounidense y los cuerpos de élite del ejército norteamericano en apoyo a la Contra, el régimen sandinista se vio obligado a declarar el estado de emergencia, aplicando la censura de prensa y movilizando a sus tropas hacia la frontera con Honduras, dando así argumentos no fundados a la administración Reagan en su ofensiva propagandística de desprestigio del gobierno de Managua, en lo que constituía una campaña masiva de desinformación sin precedentes en la historia política de la región (a excepción de los dos grandes conflictos revolucionarios protagonizados por Cuba y Chile). En efecto, los esfuerzos informativos y de comunicación política de la administración Reagan serán lo suficientemente extraordinarios

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como para revertir la corriente de oposición editorial reflejada en los medios occidentales, en su proyecto de guerra sucia contra el sandinismo. Solo así, implementando un esfuerzo masivo de recursos humanos y financieros –destinados a orientar la cobertura noticiosa de la ‘guerra civil nicaragüense’–, bajo la coordinación directa de la Casa Blanca, y fortaleciendo la dimensión propagandística y diplomática de las actividades políticas en los foros internacionales, pudo la propaganda oficial estadounidense difundir mundialmente cuatro mitos básicos que favorecerían a su victoria en la guerra ideológica contra el sandinismo. Todo ello conseguido a través de la hegemonía discursiva en los relatos difundidos por los medios de comunicación internacionales en torno a la situación en Nicaragua. Gracias al inconmensurable poder amplificador del sistema propagandístico –dependiente de la derecha republicana– y merced también a la capacidad de control informativo a nivel mundial de las redes comunicativas a cargo del Pentágono, los medios occidentales se ciñeron, aunque con matices, a la versión oficial del Departamento de Estado estadounidense, repitiendo –de manera más o menos fidedigna– las tesis –luego desmentidas por infundadas– que situaban a Nicaragua como un país desestabilizador en la región y altamente conflictivo. Como en el relato del derrocamiento de Aristide en Haití, la prensa comulgó con la cobertura oficial mientras la administración Reagan desplegaba una incesante campaña propagandística y de relaciones públicas, denunciando la situación de Nicaragua como la de un verdadero ‘gulag centroamericano’, a la vez que ensalzaba la honestidad y el trabajo de los ‘luchadores por la libertad’; inundando sistemáticamente los editoriales y las redacciones de los principales medios nacionales de comunicación con información falsa, propaganda negra difamatoria y un sinfín de anuncios publicitarios que, junto con sus comunicados oficiales, pretendían construir una imagen del pequeño país centroamericano que nada tenía que ver con la auténtica realidad. Paralelamente a la persecución y marginación editorial de las voces disidentes en Estados Unidos, el gobierno Reagan desplegó a nivel mundial una fuerte ofensiva propagandística para reorientar favorablemente la

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oposición de los gobiernos y los medios occidentales, que venían criticando tímidamente la guerra sucia contra la revolución sandinista. Esta maniobra obtuvo, finalmente al cabo de los años, excelentes resultados, pues, siguiendo la versión estadounidense, la prensa internacional acabó presentando la guerra contrainsurgente en Nicaragua como una lucha de nicaragüenses contra nicaragüenses. Tal y como señala Kornbluh, desde enero de 1983 la cia contrató los servicios de una empresa de relaciones públicas, con sede en Miami, para que proyectara una imagen positiva y publicitaria de los contras en los países occidentales, a través de artículos y en diarios y revistas que explicasen las demandas del fdn. Bajo la coordinación del Pentágono –y con el amplio respaldo económico y político de la ultraderecha reaccionaria estadounidense–, la Contra se verá, sin duda, notablemente beneficiada por esta gran campaña propagandística de apoyo a su causa en los medios occidentales, gracias a la red de financiación estadounidense integrada por los sectores conservadores de la nueva derecha beligerante, que dará respaldo y cobertura informativa a la Contra en todos los niveles. En esta estrategia de marketing y propaganda contrarrevolucionaria, la cia incluyó el asesoramiento y formación de los ‘luchadores de la libertad’ en cuestiones de información y propaganda, llegando incluso a diseñar un polémico manual de entrenamiento (Psychological Operations in Guerrilla Warfare) en propaganda armada y neutralización de las funciones civiles, para que los contras ganaran ‘las mentes y los corazones’ del pueblo nicaragüense –a través del proselitismo político y los aparatos de acción cívica que, basados en maniobras psicológicas, debían favorecer el éxito de la guerra de baja intensidad, restando apoyos populares al sandinismo. Durante la ofensiva de la Contra en el acoso y derribo al gobierno nicaragüense, la cia llegó a editar más de cinco mil ejemplares de este ‘manual de los luchadores de la libertad’, para formar a la Contra en actividades de sabotaje y operaciones de propaganda psicológica en su estrategia de acorralamiento del sandinismo. El apoyo y asesoramiento estadounidense incluía, entre otras muchas enseñanzas y recomenda-

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ciones militares, la instrucción y entrenamiento en todas las diversas formas de asesinato y tortura contra la población civil y funcionarios del gobierno revolucionario. Lo grave será que la versión de los medios fue también similar a la versión oficial de la Casa Blanca. Se trataba de una guerra civil, ningún viso de que existiera violación de los derechos humanos y mucho menos de probada y evidente agresión militar de Estados Unidos para derrocar al nuevo gobierno. Como explica Chomsky en su modelo de análisis de propaganda, la administración norteamericana impone una serie de filtros mediante los que se orienta y produce el marco adecuado de representación de los hechos políticos, diplomáticos y militares sobre los que, inevitablemente, terminan girando los medios de comunicación. A partir de este poder institucional emisor, el Pentágono utiliza en su beneficio, con eficacia, los hábitos, las rutinas y los prejuicios profesionales de los periodistas, incluso de los críticos de la administración Reagan, que terminan sucumbiendo a la presión informativa de tal volumen de desinformación; hasta el punto de que la participación de Estados Unidos en la guerra contra Nicaragua terminará siendo completamente desconocida en su verdadero significado político para la opinión pública norteamericana y mundial hasta fines de 1982. Y cuando se hizo público, no obstante, se mantuvieron ocultas a la opinión pública estadounidense las continuas violaciones de los derechos humanos de las tropas que Reagan calificó –propagandísticamente– como los “combatientes de la libertad”. En el marco del supuesto enfrentamiento Este-Oeste de la Guerra Fría, la prensa internacional ofrecerá una imagen del conflicto marcada por la agenda de las dos principales potencias implicadas en la confrontación. En 1981, habiendo llegado apenas a la Casa Blanca, Reagan se hará eco del informe “El Libro Blanco sobre El Salvador” para justificar su política de intervención en Centroamérica. El documento, que recopilaba información supuestamente capturada a un grupo guerrillero, fue utilizado por los halcones del Pentágono con el fin de legitimar la guerra sucia contrainsurgente contra la subversión comunista, pues la guerrilla salvadoreña estaba siendo financiada, según se

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comprobaba falsamente en el mencionado informe, por Cuba y el régimen sandinista, así como por los países soviéticos. Aunque las citadas informaciones fueron claramente manipuladas, con la acción psicológica y la propaganda que siguieron a la difusión del citado Libro Blanco, se hizo posible para Reagan la inserción de los argumentos típicos de la confrontación Este-Oeste en las peripecias geoestratégicas del istmo centroamericano. Cualquier versión diferente de los hechos será rechazada por el sistema occidental de información en forma de autocensura o mediante la represión directa en el acoso y persecución a los periodistas. Los círculos del complejo militar e industrial de Estados Unidos y el aparato dependiente del sistema comunicativo transnacional de información darán soporte a la ofensiva de baja intensidad en la pequeña nación centroamericana; aplicando, para ello, junto a la censura y manipulación informativa en el teatro de operaciones, un riguroso control de los propios informadores en el ocultamiento mediático de la realidad difundida en torno al conflicto en la región. Como bien apuntan numerosos autores, la gbi hacía factible el proyecto de librar una guerra no definida como tal. Sin necesidad de efectuar ningún reclutamiento, solo enviarían unos pocos soldados al combate y aún serían menos los que regresaran muertos a su país. Aquí reside el gran atractivo ejercido por la doctrina de la gbi: permite salvar los límites impuestos al poder estadounidense y, al mismo tiempo, posibilita la persecución de las metas contrarrevolucionarias de un presidente decidido a restaurar el dominio de Estados Unidos en aquellos lugares donde dicha dominación corre peligro o se ha acabado. Tal y como demostrara la experiencia centroamericana, toda la concepción de la guerra de baja intensidad descansa justamente en el objetivo de evitar el acto molesto de la información a la opinión pública. El secretismo como norma será el principio básico del silencio administrativo gubernamental que garantiza, en este marco, el éxito de las acciones terroristas y nada honestas del Pentágono, en aquellos países dependientes de la influencia política norteamericana. En otras palabras, la gbi es una estrategia dirigida a librar guerras que carecen del

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apoyo popular, por medio de la censura, el ocultamiento y la manipulación informativa de la opinión pública y los propios informadores, con la condición –por supuesto– de mantener un tipo de intervención ‘especial’, ya sea oculta o indirectamente. Cualquier estudioso que analice en detalle la guerra sucia en Centroamérica iniciada por Reagan en los años ochenta, puede descubrir, con relativa facilidad, cómo la perspectiva de la guerra de baja intensidad orienta las acciones estadounidenses en los países del Tercer Mundo, centrando la intervención en el mejoramiento de las destrezas militares y policíacas locales mediante: el entrenamiento y la asesoría; la ayuda en la coordinación e integración de todas las actividades contrainsurgentes que eviten la participación militar directa de Estados Unidos; el fenómeno del desarrollo a través de la ayuda económica; la realización de reformas sociales y políticas; y el reforzamiento de sindicatos, asociaciones y partidos políticos favorables –a través de la financiación y ocasionalmente la cobertura militar– que otorgan una importancia notable como instrumento de guerra a las llamadas operaciones especiales y a la guerra psicológica y de propaganda. La reestructuración del ejército estadounidense durante la administración Reagan se centró, por ello, en varios objetivos principales: • La unificación del mando. • La obtención de armamento y equipo de los comandos con tecnología avanzada. • La modificación legal para la realización directa de operaciones especiales en el desarrollo de estrategias de guerra no convencional. • La mejora de los servicios de inteligencia, con un incremento del número de agentes de la cia y un crecimiento del respaldo multinacional a las actividades de información e inteligencia. • La mejora de las estrategias de propaganda y guerra psicológica.

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Así, mientras el Departamento de Defensa norteamericano y los Grupos de Asesores en Asistencia Militar otorgaban recursos y entrenamiento militar contrainsurgente a los ejércitos y fuerzas paramilitares del Tercer Mundo –favoreciendo la militarización de las fuerzas locales, reorientadas primordialmente a la construcción nacional y, paradójicamente, también a la acción cívica ciudadana–, la usia ampliaba también los programas de operaciones psicológicas para mejorar las técnicas de comunicación masiva en estos países, con el fin de limpiar la imagen pública de las actividades paramilitares, dirigidas de manera encubierta por la cia. Pues, en lo esencial, como hemos dicho, la guerra de baja intensidad es, antes que nada, una guerra total de información, propaganda y guerra psicológica. Por ello, hemos insistido, al analizar las experiencias internacionales de guerra y contrainsurgencia protagonizadas por Estados Unidos, en considerar el uso y manejo de los medios de comunicación como parte de la estrategia bélica. Comprender el papel mediático de la cultura y la información en las guerras contrainsurgentes y en las intervenciones militares de carácter multinacional exige actualmente un enfoque global de las operaciones militares, que comprenda, además, la inserción funcional de los medios en la construcción del escenario de los operativos militares. Y, si hablamos de pensar los llamados golpes mediáticos o golpes blandos ideados por Sharp para la nueva administración estadounidense, precisamos conocer las líneas de continuidad históricas que se producen en la región; ya que, en lo esencial, el modus operandi y concepto estratégico no han variado significativamente de lo definido en el Instituto del Hemisferio Occidental –si pensamos en la región.

Apuntes y conclusiones para un tiempo nuevo La pluralidad de definiciones sobre el significado real de la estrategia contrainsurgente ha producido interpretaciones tan diversas y numerosas que, al analizar aquellos conflictos cuya naturaleza y curso político

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se podrían incluir dentro del rubro de guerra de baja intensidad, la confusión y falta de consenso sobre el sentido original de esta estrategia no ha favorecido un análisis consecuente de la aplicación de esta forma de guerra en los países del Tercer Mundo. En la actualidad, además, como hemos visto, la llamada guerra informativa o ciberguerra –dependiendo la literatura consultada– apunta a un nuevo escenario de intervenciones y operaciones encubiertas. Sabemos, en efecto, que las formas de guerra de baja intensidad o irregulares son muchas. Se asocian con situaciones de inestabilidad, contención agresiva, paz armada, conflictos militares cortos, antiterrorismo, antisubversión, conflictos internos, guerra de guerrillas, guerras civiles, insurrecciones, guerra irregular o no convencional, guerra encubierta, guerra psicológica, operaciones paramilitares, operaciones especiales, invasión y un largo etcétera de formas de intervención. Pero, en lo esencial, podemos concluir que se trata de formas fundamentalmente contrarrevolucionarias de estrategia e intervención, con un componente ideológico central y una doctrina orientada al impacto o efecto psicológico en la población movilizada. Podemos coincidir con Sara Miles en considerar la gbi como una estrategia político-militar de restauración de la hegemonía estadounidense sobre el Tercer Mundo y los movimientos populares revolucionarios, inspirada –según la doctrina norteamericana de seguridad nacional en materia de política exterior que hoy tiene continuidad en la guerra informativa y los golpes mediáticos– en una suerte de estrategia de inteligencia, videovigilancia e intervención multimodal, orientada a restaurar los intereses geopolíticos del imperio en países bajo la influencia hemisférica de Estados Unidos. En la misma línea, Klare resume los principios básicos de la guerra de baja intensidad en seis características principales –que podrían, a nuestro entender, ser aplicados a los llamados golpes mediáticos–: • La guerra de baja intensidad se caracteriza, generalmente, por una estrategia contrarrevolucionaria dirigida a defender los regímenes existentes y los intereses económicos del orden social dominante en los países aliados, frente a los levantamientos y movilizaciones revolucionarias.

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• La campaña contrainsurgente de intervención incluye formas militares y políticas de combate en la lucha contrarrevolucionaria. En virtud del carácter social de los movimientos revolucionarios, las acciones militares de Estados Unidos incluyen todas las formas posibles que puedan neutralizar el descontento público mediante iniciativas sociales, políticas y económicas, dirigidas a ganar las mentes y corazones del gobierno aliado. • La participación militar comprende el despliegue de unidades y operativos especiales de élite, altamente adiestrados, con el fin de intervenir eficazmente en acciones quirúrgicas que requieren el concurso y liderazgo de Estados Unidos. • La naturaleza ambivalente de la guerra de baja intensidad favorece el recurso a una amplia gama de operativos militares, alternando diferentes tipos de maniobras según el contexto de intervención. • El desarrollo y aplicación de la doctrina de la guerra de baja intensidad en el extranjero exige un tipo de acción militar rápida y eficaz, mediante el uso aplastante de la fuerza y la potencia de fuego. • El exitoso y buen desempeño militar en la guerra exige una continua intervención política en el plano militar, ganando la batalla del frente civil mediante la lucha política y psicológica; lo que legitima la solución de la fuerza militar como el mejor instrumento político para combatir las amenazas desestabilizadoras de los movimientos subversivos y sediciosos, a través de una sofisticada e impactante campaña informativa, con objeto de modificar las actitudes públicas, educando a la ciudadanía en los valores del orden y la seguridad nacional. Ocho puntos caracterizarían, en esta línea, la lógica de lucha contra la insurgencia y los procesos revolucionarios presente en los golpes blandos que vive la región:

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• El enfoque de ‘corazones y mentes’, cuyo objetivo será conquistar la voluntad de la población más que la ocupación militar de territorios. • El moderado uso administrado de la fuerza militar, asumiendo la idea de que las matanzas pueden ganar batallas pero, al final, perder las guerras, por lo que prevalecen las labores o intervenciones encubiertas. • El trabajo de inteligencia acerca de las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales para tomar en cuenta las características del contexto de intervención. • La estrategia de construcción nacional, basada en el establecimiento de un sistema social alternativo, mediante reformas parciales; siempre favorables, como es lógico, a los intereses transnacionales y de las elites. • La modernización y capacitación de las fuerzas locales aliadas para ganar el apoyo y prestigio nacional entre la población, en aras de la participación en los proyectos de construcción nacional según la dirección política de la guerra. • El enfoque regional de los conflictos, frente a la perspectiva militar localista, que explicaría la validez de la hipótesis de un nuevo Plan Cóndor en la región. • La coordinación dinámica de las diversas fuerzas armadas, así como las agencias de inteligencia civil, de ayuda y desarrollo, y los sistemas de información. • La política informativa de control, censura, desinformación y propaganda para lograr el apoyo de la población norteamericana y de la población extranjera durante las estrategias de contrainsurgencia; que busca la confusión de la opinión pública crítica, opuesta a la guerra sucia en otros países. Aunque algunos autores hablan de ‘operaciones especiales’ y de ‘operaciones psicológicas’, este tipo de estrategias –que marcaron la

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Primavera Árabe y hoy la restauración conservadora en América Latina– consiste, básicamente, en una lucha político-ideológica contrarrevolucionaria prolongada, cuya principal estrategia se orienta a utilizar las acciones políticas, económicas y sociales más allá del ámbito militar, manejando también los aspectos comunicativos al servicio de la victoria ideológica, política y, en último término, militar de las fuerzas contrarias a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Conviene resaltar, al respecto, la importancia de la preeminencia de un enfoque integrado y multidimensional de los conflictos contrarrevolucionarios, pese a la aparente dispersión propia de la era de las redes. Un análisis pormenorizado de los hechos, coberturas, tiempos y procesos vividos en golpes como el de Brasil dan cuenta de una dinámica y aplicación sinergética de esfuerzos totalizadores a nivel político, social, económico, comunicativo y psicológico. Conceptualmente, se trata de integrar un amplio frente y despliegue operativo desde la paz hasta la guerra convencional, instrumentando maniobras de terrorismo, operaciones psicológicas, actividades de sabotaje, acciones militares, maniobras de antiterrorismo, contrainsurgencia civil e insurgencia. Tal elasticidad y amplitud en su aplicación y alcance favorece, en este sentido, un vasto ámbito de actuación, capaz de configurar un espacio intermedio para la intervención localizada. De esta forma, una definición preliminar o tentativa de los golpes mediáticos podría ser la de aquella estrategia basada en el arte y la ciencia de utilización del poder político, económico, psicológico y militar –incluyendo a la policía y las fuerzas internas de seguridad–, dirigida a evitar o revertir un proceso de transformación social o aquellos gobiernos adversos a los intereses geopolíticos estadounidenses, con apoyo de la opinión pública nacional e internacional. Entre los rasgos de esta nueva forma de intervención estadounidense destaca, por ello, su informalidad, su secretismo (se trata de una guerra no declarada) y su permanencia. Más que de guerra contrarrevolucionaria podríamos hablar de un ‘clima de guerra total’, que afecta al conjunto de la población y que se desarrolla de manera permanente a través de diversas formas

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de guerra sucia, siempre bajo la condición de que la opinión pública –es decir, los medios de comunicación– no esté informada y divulgue las pequeñas escaramuzas en favor de los intereses dominantes, tal y como se observa en Venezuela. La globalización mediática favorece este tipo de injerencias e intervencionismo al facilitar una cobertura favorable por la concentración de la industria en las últimas décadas, a la vez que se integra –de acuerdo a los lineamientos estratégicos– la cobertura con otras acciones políticas y sociales que inciden en el curso y favorable desempeño de la intervención. Por la misma razón, la nueva doctrina de seguridad nacional estadounidense –que apela a fronteras imprecisas– asume el principio de la guerra total en el despliegue militar de la ciberguerra para reconocer, por norma, que, si las raíces de todo movimiento o amenaza potencial no son estrictamente militares, deberían, en consecuencia, ser consideradas militarmente otro tipo de respuestas más allá de las soluciones estrictamente militares (como, por ejemplo, la interceptación y videovigilancia de las redes sociales). La nueva doctrina de seguridad nacional terminará, de este modo, extendiendo el alcance de la estrategia militar al conjunto de las actividades sociales. Lo más importante y característico de esta nueva estrategia es, precisamente, que el principal escenario de lucha se focaliza en torno al problema de las mentes y los espíritus de los hombres involucrados en el conflicto; basándose en métodos psicológicos de persuasión y propaganda que buscan modificar las actitudes y reacción de la población civil, para una adecuada y exitosa operatividad del proceso de moldeamiento y control del gobierno de lo público. El pensamiento comunicacional del ejército estadounidense modificará, de este modo, su percepción operativa para priorizar, al menos en parte, los aspectos ideológicos, políticos y sociales. Si en la guerra de masas tradicional los factores de estrategia militar eran los fundamentales, en la nueva estrategia el conflicto se enfrenta como un tipo de guerra política, económica y psicológica (comunicativa), donde los militares deben cumplir una función cultural de liderazgo. Esto es, los

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instrumentos de poder y persuasión pública introducen una nueva dimensión a la hora de atender con éxito los conflictos. Entre las tareas de inteligencia, un elemento esencial será, por ejemplo, la difusión de documentos falsos del enemigo, con el fin de desacreditar a los enemigos o provocar divisiones entre sus filas. Gracias a la utilización de una amplia gama de canales de comunicación, las nuevas operaciones psicológicas están orientadas a mejorar la imagen favorable a los aliados de Estados Unidos, a la vez que a desacreditar a aquellos gobiernos progresistas o contrarios a los intereses estratégicos del imperialismo, para lograr actitudes públicas partidarias de los objetivos políticos de la nueva Santa Alianza. Si la guerra de baja intensidad se caracteriza por ser, en cierto modo, una forma renovada de guerra sucia encubierta que se destaca por permanecer oculta a la opinión pública, es necesario destacar la naturaleza de la doctrina de los golpes blandos, como una nueva visión adaptada a la era mediática y la galaxia de internet, como una suerte de guerra prolongada en la que se emplea todo tipo de medios psicológicos y de persuasión para la derrota política –y, si es preciso, militar– de las fuerzas adversarias a los intereses imperialistas. Es más aún, la guerra y la propaganda son aquí una y la misma cosa. La guerra constituye actualmente el factor político-militar decisivo para la victoria en la estrategia de intervención. En ella, se integran numerosas actividades de tipo militar, político, ideológico, cultural e informativo. Las operaciones psicológicas incluyen, así, todas aquellas acciones políticas, militares, económicas e ideológicas y propagandísticas en la difusión de ideas, doctrinas y llamamientos públicos, cuyo objetivo sea –básicamente– exaltar ciertas emociones en determinados grupos sociales, con el fin de poder influir en las conductas y actitudes de los mismos de manera favorable a los objetivos previamente determinados. El recurso a la paranoia, la desestabilización psíquica y la inseguridad moral son, por ejemplo, algunas de las fórmulas tradicionales utilizadas como elementos decisivos en la derrota. Los manuales al uso de la guerra de baja intensidad norteamericanos asimismo recomiendan

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otras muchas técnicas de guerra psicológica, basadas en la difusión de los hábitos y la cultura del modo de vida americano y el individualismo estadounidense para lograr la derrota ideo-lógica del enemigo, creando en él la incertidumbre propia del extrañamiento y enajenación cultural, a través de una política global de desestabilización propagandística a nivel psicológico inspirada, sobre todo, en la propaganda negra. Este tema recurrente de la industria cultural norteamericana está estrechamente relacionado con el filtro del ostensible anticomunismo visceral difundido por el sistema comunicativo norteamericano, tal y como disecciona Chomsky. El recurso a esta estrategia propagandística de ‘defensa paranoica’ es una constante del sistema cultural estadounidense. El cine, la radio, la televisión y los libros insisten una y otra vez en la omnipotencia del enemigo rojo, la subversión y el terrorismo internacional para crear en el ciudadano estadounidense una conciencia paranoica y a la defensiva frente a cualquier amenaza terrorista de grupúsculos del Tercer Mundo –que, supuestamente, amenazan el orden y el modo de vida americano–; de esta forma, estos prototipos de una sociedad abierta –como la estadounidense– pueden hacerse extensivos al imaginario de las culturas populares latinoamericanas. En este campo, tal y como hemos explicado al inicio del capítulo, se ha constituido una coalición informal y operacional a la vez, en la que convergen intereses gubernamentales, militares y comerciales que abarcan las industrias de la información de los medios y de la informática. “La percepción del mundo que tienen estos actores es resueltamente electrónica. Lo mismo que los geoestrategas, su campo de visión es un planeta bajo control norteamericano. El medio de alcanzar ese objetivo, proclama insistentemente esta coalición, es el complejo información/ media, porque confiere el poder cultural y el poder simplemente” (Schiller, 1998, p. 18). Una voz tan autorizada como la de Zbigniew Brzezinski es ilustrativa, a este respecto, de la importancia asignada por Estados Unidos a los factores tecnocomunicacionales como ejes estratégicos de organización del potencial estadounidense (en su empeño por prolongar el lideraz-

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go en el escenario de los nuevos compromisos globales y las complejas relaciones de poder con otras potencias antagónicas, como Europa). El dominio estadounidense sobre las comunicaciones y la cultura de masas, junto con el liderazgo tecnológico en el ámbito de las telecomunicaciones y la industria militar, es hoy –según este ex-alto cargo de la administración Nixon– el núcleo de concentración de los ámbitos de poder global: Los Estados Unidos han mantenido e incluso ampliado su liderazgo en la explotación de los últimos adelantos científicos para fines militares, creando por tanto un establishment militar sin par desde el punto de vista tecnológico, el único con un alcance global efectivo. Además, siempre mantuvieron una importante ventaja comparativa dentro de las tecnologías de la información, un sector clave desde el punto de vista económico. La superioridad estadounidense en los sectores punta de la economía del mañana permite suponer que no es probable que la primacía tecnológica estadounidense desaparezca a corto plazo, particularmente porque en los terrenos clave desde el punto de vista económico los estadounidenses están manteniendo o incluso ampliando sus ventajas en términos de productividad sobre sus rivales europeo-occidentales y japoneses (Brzezinski, 1998, p. 31).

Este contexto, auspiciado por Schiller, garantizaría la capacidad de intervención y reversión de procesos como el nuevo regionalismo latinoamericano, desfavorable a sus intereses. A corto plazo, [por tanto] el poder económico del capital transnacional y la receptividad de la gente al marco comercial multimedia sobre el que está basada la economía norteamericana no pueden más que estimular el sueño acariciado por Washington de dominar el mundo durante el próximo siglo gracias al control de la electrónica (Schiller, 1998, p. 18).

Tradicionalmente, como hemos tratado de explicar, Estados Unidos ha privilegiado el control de las comunicaciones internacionales como su principal estrategia de propaganda en la confrontación bélica regional. Así, por ejemplo, continuando con esta estrategia de control

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y dominio de los sistemas de comunicaciones, en Oriente Próximo el poder informativo de la BBC y la Voz de América ha sido complementado por diversas alianzas político-mediáticas con países amigos como Arabia Saudí –a través de empresas multimedia como NBC, ORBIT Comunications y la Arab Network Agency–, en la particular cruzada occidental contra el avance islámico y los movimientos políticos nacionales antiimperialistas que afectan a los intereses estratégicos de Estados Unidos en la zona (Naba, 1998). Ahora bien, si la supremacía nuclear era la condición sine qua non para dirigir las condiciones de antaño, hoy el sistema de distribución de poder se concentra especialmente en los sistemas de información: Para Estados Unidos, el objetivo central de una política exterior en la era de la información ha de ser el de ganar la batalla de los flujos de la información mundial, dominando las ondas, al igual que Gran Bretaña dominó una vez en los mares […]. A Estados Unidos le interesa económica y políticamente velar por que, si el mundo adopta una lengua común, esta sea el inglés; que, si ese mundo se orienta hacia normas comunes en materia de telecomunicaciones, de seguridad y de calidad, estas normas sean armoniosas; que, si sus diferentes partes están interrelacionadas por la televisión, la radio y la música, los programas sean americanos, y que, si se elaboran valores comunes, se trate de valores en los cuales se reconozcan los norteamericanos (Schiller, 1998, p. 18).

Para comprender, en este sentido, el rol de los medios informativos en procesos como los golpes blandos es necesario observar la actuación del sistema mediático en relación con el proceso general de control político e ideológico desde una perspectiva institucional. La noción de red y los procesos sociales articulados en torno a los flujos de información son, desde esta perspectiva crítica sugerida en el modelo de Chomsky y Herman, la base del pensamiento administrativo que propone la organización de nuevas formas de producción, consumo, socialización, expresión cultural y, por supuesto, de organización de la guerra, bajo la filosofía y el liderazgo de los Estados Unidos, en el proceso de configuración de la sociedad global, de acuerdo a un relato y representación del mundo

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caótica, anárquica y bárbara. Del optimismo idealista inicial tras la caída del muro de Berlín, los estrategas estadounidenses revisaron las directrices políticas de la seguridad nacional proyectando un futuro inestable y amenazante, cercado por numerosos frentes de combate –originados por el terrorismo, los conflictos regionales, el nacionalismo y, desde luego, por el papel de las nuevas tecnologías para amplificar su poder blando en el mundo, a través de los nuevos dispositivos de organización social. Lo verdaderamente revelador de la vinculación de los medios de información y la guerra en la periferia del sistema mundial es observar, en este sentido, cómo la nueva estrategia estadounidense proyecta un escenario de la globalización cercado por múltiples crisis potenciales a nivel local, para justificar las continuas agresiones y la escalada intervencionista, legitimando las diversas agresiones a países que ponen en cuestión su hegemonía. La ideología realista y moralizante de Robert Kaplan, periodista y consultor de las Fuerzas Especiales del ejército norteamericano, ilustra al respecto el camino a seguir por el conservadurismo eficientista de la comunicación global y las nuevas guerras locales. En La anarquía que viene, el célebre libro de cabecera de los halcones del Pentágono, Kaplan dibuja los escenarios del trasfondo del pensamiento americano en la era post-Guerra Fría. La enfermedad, la superpoblación, el crimen infundado, los escasos recursos, las migraciones de refugiados, la creciente erosión de naciones-Estado y fronteras internacionales y la autorización de ejércitos privados, empresas de seguridad y cárteles internacionales de tráfico de drogas, unidos al desorden creciente de la política internacional, validarían –según la lógica del pensamiento de Hobbes– una política global de intervención activa basada en los sistemas de vigilancia electrónica y en la organización de fuerzas especiales de choque. Kaplan entiende que, ante situaciones explosivas –como las de la India o Nigeria en su día– la política exterior estadounidense debe plantear una estrategia bélica de contención activa y vigilante, considerando –eso sí– la naturaleza geopolítica inestable, global y difusa de los conflictos locales; lo que hace necesario un nuevo tipo de intervención de los ‘profesiona-

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les del idealismo’. Frente a una cultura militar distributiva, operativamente mecanizada y de intervención masiva, la organización bélica de la sociedad-red establece la necesidad de un modelo de organización descentralizado, fluido, dinámico y virtual. La reestructuración de los ejércitos –en función de un modelo organizativo reticular, global y desterritorializado– se erige, pues, de acuerdo al escenario caótico de la comunicación-mundo, en la premisa ideal de la política de desarrollo militar en el nuevo milenio. Las visiones proféticas y futuristas a ‘lo Toffler’, inspiran esta visión, hoy fuertemente influida por otro texto de cabecera de los ‘guardianes de la libertad’. Nos referimos al trabajo dedicado a la transformación de la guerra escrito por Van Creveld, quien perfila una representación de los nuevos conflictos periféricos en el marco de un sistema mundial poliárquico y primitivo, organizado en sociedades guerreras, en el que la escasez de recursos y la pérdida del monopolio legal de la fuerza armada hará –como en el Medioevo– indiscernible la guerra del crimen organizado. Esta circunstancia localizará, en consecuencia, la defensa nacional en los contextos periféricos donde tienen lugar conflictos de baja intensidad, derivados de situaciones de lucha por razones políticas y religiosas, raciales y culturales, medioambientales o de territorio. En este escenario, “el reto para los diplomáticos siempre será cómo mantener una apariencia de orden mediante un equilibrio basado en el terror, en la cooperación y en mecanismos de defensa, ya sean diplomáticos, militares o, como en el caso de las epidemias, científicas” (Kaplan, 2000, p. 150). En definitiva, y para entender los sucesos que atraviesan la actualidad de América Latina, el ámbito de acción de las operaciones del ejército es, pues, ilimitado. Los máximos responsables de la política militar estadounidense proyectan una estrategia de intervención flexible, polivalente y abierta que abarca todas las formas de intervención imaginables, rompiendo así las tradicionales barreras y límites de la estrategia militar moderna:

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El mundo es aún un lugar peligroso, lleno de regímenes autoritarios y de organizaciones criminales, cuyo impacto combinado produce aumentados niveles de sufrimiento humano por cuanto exacerba la disparidad entre los ricos y los pobres. Fomentan un ambiente de radicalismo y el ímpetu de adquirir capacidades asimétricas y crisis de destrucción masiva. También alimentan las demandas incontenibles de libertad y de una más amplia participación de ‘la buena vida’. Las amenazas a la paz y la estabilidad son numerosas, complejas y muchas veces producidas o agravadas por desastres naturales. El espectro de operaciones manifiesta la necesidad de contar con fuerzas terrestres en formaciones conjuntas, combinadas y multinacionales, diseñadas para cumplir una variedad de misiones, desde la asistencia humanitaria y el auxilio a la población civil en casos de desastre, a la consolidación y mantenimiento de la paz, hasta las guerras principales a nivel de teatro, incluyendo aquellos conflictos que implican el empleo potencial de armas de destrucción masiva. El Ejército demostrará su capacidad de reacción y predominio en todos los puntos de ese espectro […]. El despliegue del Ejército es el indicio más sofisticado del compromiso estadounidense al cumplimiento de cualquier misión que se le asigne en la tierra (Caldera & Shinseki, 2000, p. 2).

En palabras de Chomsky, […] aunque la Guerra Fría ha terminado, Estados Unidos todavía tiene la obligación de proteger el mundo… pero ¿protegerlo de qué? Es obvio que no puede ser de la amenaza del nacionalismo radical, esto es, de la renuencia a someterse a la voluntad de los poderosos. Estas ideas solo son apropiadas para los documentos de planificación interna y no para el público en general (1990, p. 135).

No vivimos desde luego en el mejor de los mundos posibles, tal y como se vanagloria –entre otros– el historiador británico Michael Howard (Howard, 1999), pero tampoco en el umbral del desastre civilizatorio y la anarquía total, como prevé Kaplan. Entonces, ¿de qué tenemos que defendernos, de qué tiene que defenderse Estados Unidos? Para hacer la guerra total y prolongada en los medios, no vale con odiar globalmente y temer las amenazas difusas de esta geopolítica del caos; también es necesario personificar al enemigo, mostrar a la población a

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los ‘otros’, a los verdaderos responsables del desorden mundial, que amenazan la estabilidad y el orden planetario, demostrando que la actividad bélica es en defensa propia, de acuerdo a una de las leyes básicas de la propaganda de guerra. Es necesario, en otras palabras, desbloquear las resistencias e ‘inhibiciones enfermizas’ de la población, contrarias a la fuerza militar, amplificando, por ejemplo, la peligrosa imagen criminal de los enemigos potenciales como delincuentes peligrosos e irracionales dispuestos a destruir el mundo en su loco afán de poder. En el informe Principios fundamentales de la disuasión tras la Guerra Fría, el Alto Mando del Pentágono reemplaza, de este modo, al enemigo rojo por los estados delincuentes o fuera de la ley (como Irak, Cuba o Sudán). Las vulnerabilidades del viejo orden se traducen así en textos como el de Van Creveld, en la alteración de las reglas del juego de la guerra, convertida en actividad criminal. Es en este mapa también donde trazan sus líneas las redes parasitarias del inmundus (el sucio y amoral, contrapunto del mundus, el limpio, el muy ordenado), los nuevos frentes planetarios del desorden, los espacios de la sombra o redes del mercado negro de la vida. Circuitos de la economía subterránea, redes mafiosas y tráficos ilícitos […], frentes del integrismo, frentes de las sectas, flujos transnacionales de las diásporas clandestinas. Los estrategas del soft power y de la netwar no se engañan cuando evalúan el riesgo que, según ellos, entrañan para la seguridad colectiva la utilización de internet, tanto por parte del narcotráfico como por las nuevas formas del activismo político internacional a través de las redes (Mattelart, 2000, p. 426).

Las ‘guerras privadas’ de la sociedad de la información perfilan, según Bunker, un nuevo guerrero semibárbaro que actúa entre el terrorismo, la clandestinidad y las acciones encubiertas. De acuerdo a esta lógica, los medios de comunicación americanos han difundido la noción estratégica de ‘Estados delincuentes’ y ‘Estados anárquicos’, para legitimar los ataques y la guerra sucia en países periféricos. Previamente, un estudio secreto del mando estratégico estadounidense resucita, a este respecto, en 1996 la vieja idea de Nixon del peligro e inestabilidad de

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la seguridad pública ante la naturaleza irracional e imprevisible de los nuevos enemigos-criminales (como Irak, Libia o Corea del Norte). La difusión, a través de los medios de comunicación, de un discurso paranoico que reaviva en el ciudadano el temor ante el poder ilimitado y destructivo de los ‘enemigos de la libertad y del progreso’ favorece así la escalada militar y el desarrollo de la doctrina de la guerra total y prolongada en el espacio público, como principio rector de las políticas de comunicación dentro y fuera del país. La globalización/localización de la guerra ha normalizado, de este modo, el derecho de injerencia y la guerra humanitaria como un proceso necesario en la mundialización del capitalismo total. La violación del principio de soberanía es hoy traducida en el discurso de los medios como una acción policial, recuperando el discurso de Harry Truman de la Guerra de Corea, más tarde aplicada en República Dominicana (1965), Granada (1983) y Panamá (1989). La guerra en legítima defensa, por la que se justifica el bombardeo a instalaciones civiles en Afganistán o Sudán, anticipa así – años después– la noción de guerra humanitaria, en un nuevo ejemplo de operación lingüística calculada, en forma de oxímoron, para legitimar públicamente el imperialismo y la conculcación del derecho internacional por el poder de injerencia (Chomsky, 1999). En este escenario hay que situar la experiencia obtenida por el alto mando estadounidense en conflictos como el del Líbano, Somalia, Haití, Ruanda o Bosnia, al diseñar su estrategia de guerra informativa (Bunker, 1997). De tales episodios bélicos cabe observar cómo la escenificación misma de la guerra en las pantallas de todo el mundo contribuyó a reforzar y difundir el creciente dominio estadounidense de las redes y canales de comunicación planetaria. Debido a ello, conviene pensar los golpes blandos y la doctrina político-militar de la sociedad-red planetaria de acuerdo a la concepción caótica y amenazadora del sistema internacional, como un discurso o panoplia argumental que favorece la centralización del poder (de una estructura bipolar a un modelo de concentración monolítico); continuando con la misma estrategia que, años antes, los halcones del Pen-

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tágono proyectaran a todo el mundo, insistiendo en su popular idea del desorden mundial en el Tercer Mundo, para intervenir sin trabas en aquellos puntos de la geopolítica internacional donde sus intereses estuvieran mínimamente en peligro. Hoy, por ello, la concentración del poder geopolítico, hegemonizado por Estados Unidos es la lógica contrapartida de la globalización geoeconómica definida doctrinalmente como la descentralización a escala planetaria. Esta unipolaridad es la conditio sine qua non que asegura el libre despliegue de los flujos de mercancías allá donde esta “lonely power” y sus asociados estiman que está su interés (Mattelart, 2000, p. 429), validando así una estrategia de seguridad basada en el desarrollo de un proceso de apertura (free flow of information) y de control continuado y flexible (televigilancia), frente a la habitual doctrina de contención de la época de la Guerra Fría. En último término –como ya hemos visto a lo largo de nuestro texto–, el objetivo político-militar del Pentágono es el dominio de las redes de información para el gobierno del mundo y, en consecuencia, la implantación de un sistema de vigilancia total y permanente que asegure su dominio internacional: política, cultural, económica y militarmente. Ahora bien, esta complejidad e incertidumbre referidas encubre, en la doctrina oficial del Pentágono, lo que Ramonet identifica en su último libro sobre la sociedad vigilada como crisis global de la información y la comunicación en nuestro tiempo, ante el déficit democrático que gobierna la expansión de las redes mundiales de la información –según los intereses estratégicos y político-militares del sistema-mundo descrito y analizado por Wallerstein–, en la que los medios de información son el nuevo centro emergente de las políticas de propaganda e intoxicación informativa que promueven la cultura pública belicista contraria a la paz y la soberanía de los pueblos del Sur (Ramonet, 1998). Es, como vimos con Debord, un requisito para la eficiencia de los golpes mediáticos. Como advierte un alto mando del ejército estadounidense, “la naturaleza volátil, incierta, compleja y ambigua del siglo xxi promete dos garantías: las tropas continuarán desplegándose en situaciones de peli-

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gro; y los militares continuarán avanzando de la mano de los medios de comunicación, en una feliz armonía agridulce.” (Willey, 1999, p. 8). Los medios juegan ciertamente un papel clave para avalar ante la opinión pública las estrategias de intervención, sea en el plano regional o mundial. Alejados del análisis y la serena reflexión, los medios de difusión existen principalmente para cumplir la misión que les indique el gobierno y no para producir un correctivo o expresar disconformidad. Los medios de difusión son, en resumen, una extensión de la guerra (Chomsky, 1999, p. 123).

Más aún, la información ya es la guerra. La información es el brazo armado invisible del nuevo imperialismo estadounidense en su estrategia de agresión a los enemigos ocultos que amenazan la paz y la democracia en el mundo a través de sus actividades criminales y desestabilizadoras. Si primero los ‘media’ de la Guerra Fría nos escenificaron un apocalíptico ‘peligro soviético’ sistemáticamente inflado (como lo prueban estudios americanos recientes), para justificar el enorme desarrollo de las fuerzas militares de eeuu. Después le siguió el ‘peligro amarillo’. Después Irak y su ‘cuarto ejército del mundo’. Actualmente, el que amenazaría a Occidente sería todo el Tercer Mundo (Collon, 1999, p. 378).

Como resultado, uno de los efectos de la política global de guerra psicológica difundida planetariamente –explotando esta tendencia paranoica en la opinión pública internacional– es la acentuación de una guerra civilizatoria sin precedentes, que amplía las diferencias y fracturas culturales entre el mundo occidental y las culturas oprimidas y subyugadas del Sur, paralelamente a la extensión de una conciencia paranoica en la propia teoría social, con los planteamientos dominantes sobre la amenaza de desórdenes y peligros virales. Así, por ejemplo, en las preocupaciones de los diseñadores y responsables de los sistemas de seguridad se apunta el problema de la ciberguerra, no solo como un aspecto de control único de las redes de comando y organización militar continuamente amenazado por los hackers y enemigos virtuales que in-

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tentan introducirse en los sistemas de seguridad nacionales –poniendo en peligro la estabilidad mundial–, sino sobre todo un problema vital de imprevisibles efectos desestabilizadores en los flujos financieros mundiales por los continuos intentos de sabotaje económico –pese a las revelaciones de Snowden. El propio discurso periodístico de los medios de información ha popularizado el objetivo de la seguridad nacional como prioritario, por encima de otros aspectos reguladores –como el control de los monopolios o el libre acceso y democratización de las redes de comunicación pública. No en vano, la cultura paranoica de seguridad nacional, tan común a las políticas editoriales de los medios impresos y audiovisuales norteamericanos, coincide con la extensión de la ideología del control social en la agenda política occidental: De hecho, el papel eminente que incumbe a los think tanks neoconservadores en la constitución y después en la internacionalización de la nueva doxá punitiva pone de relieve las relaciones orgánicas, tanto ideológicas como prácticas, entre el deterioro del sector social del Estado y el despliegue de su brazo penal […]. De ahí toda una serie de balances que se dan para un análisis, al ritmo de los cuales, Estados Unidos es utilizado no como elemento de una comparación metódica que mostrará a continuación que la pretendida subida inexorable de las violencias urbanas es ante todo una temática político-mediática que busca facilitar la redefinición de los problemas sociales en términos de seguridad, sino por turnos, como un espantajo y como un modelo a imitar, aunque sea con precaución (Wacquant, 1999, pp. 12-13).

Señala Loïc Wacquant que hoy es difícil para una autoridad europea expresarse sobre la seguridad continental sin que salga de su boca alguna consigna made in usa, por ridícula que esta sea. La obsesión paranoica de una cultura represiva difundida insistentemente por los medios de información norteamericanos se convierte así –debido a la hegemonía de Estados Unidos en la geopolítica mundial de las industrias culturales– en un elemento legitimador de las estrategias sociopolíticas de vigilancia total y permanente, a través de los nuevos sistemas de in-

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formación y procesamiento de datos, más allá de cualquier proyecto de Estado o regional, para hacer públicamente aceptables las premisas de la doctrina de seguridad nacional del Pentágono, en la sanción y control coercitivo de aquellas conductas consideradas desviadas o simplemente diferentes, en virtud del principio de seguridad total que hoy es universalmente asumido y validado en la construcción de la sociedad global de la información, para tiempos de paz y de guerra. Pero no echen mucha cuenta a este trabajo e hipótesis de revisión histórica. De acuerdo con el pensamiento dominante, se trata solo de una teoría conspiratoria. Nada que pueda documentarse en Military Review, los archivos del Pentágono o Parametters. Quede pues a voluntad del lector hacer la lectura propicia en el actual marco histórico que vive la región. Solo sugerimos que formule sus preguntas, aquí y ahora, mientras se suceden los golpes mediáticos, las ‘dictablandas’, que –lejos de mejorar las condiciones de vida de las mayorías en Oriente Medio o Latinoamérica– reeditan la historia como farsa. Urbi et orbi.

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El terrorismo mediático con resultado de golpe: el despliegue histórico de la espiral del poder (Chile, 1973)1 Carlos Del Valle Rojas, Universidad de La Frontera, Chile. Juan Del Valle Rojas, Universidad de La Frontera, Chile.

“Pero si hacen ese proyecto de camino al socialismo del que habla Allende, vamos a tener problemas serios en Francia e Italia, donde hay socialistas y comunistas divididos, que con este ejemplo podrían unirse. Y eso afecta sustancialmente el interés de Estados Unidos. No vamos a permitir que tengan éxito. Tengan eso en cuenta” (Kissinger, en Granovsky, 2013). “Mediante la celebración de esta reunión tan solo tres días después de que la Cámara Baja de Brasil votó a favor de destituir a la presidenta Rousseff, Shannon le enviaba una señal a los gobiernos y a diplomáticos en toda la región y en el mundo de que para Washington el juicio político es más que aceptable” (Shannon, en Weisbrot, 2016).

1 Este trabajo forma parte del Proyecto: “La construcción del imaginario social de la justicia en los relatos periodísticos publicados por el diario El Mercurio de Chile, entre 1850 y 2014, en el contexto del conflicto Estado-nación y pueblo mapuche: Continuidades y cambios”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, Fondecyt número 1150666; y del Proyecto: “Cultural Narratives of Crisis and Renewal”, financiado por el Research and Innovation Staff Exchange: The Marie Skłodowska-Curie Actions in Horizon 2020 (European Commission. Ref. 645666, 2015-2019).

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Introducción Este trabajo tiene como propósito revisar desde una perspectiva histórica el apoyo explícito, progresivo y coordinado entre el principal medio de comunicación masivo de Chile, las diferentes corporaciones empresariales, los gremios patronales y profesionales, los partidos políticos de derecha (el Partido Nacional y la facción de derecha de la Democracia Cristiana) y el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo una estrategia de cuestionamiento, debilitamiento, crisis y derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. El caso histórico del Golpe Mediático en Chile muestra, en la perspectiva de lo que actualmente observamos en América Latina, que estos requieren al menos la concurrencia de los siguientes aspectos: una alianza amplia para desarticular cualquier proyecto de reformas, como el de la Unidad Popular de Salvador Allende durante 1970 y 1973 (Mattelart & Bigo, 2009); y una coincidencia de intereses, voluntades y deseos entre los diferentes actores del pacto, quienes de hecho “comparten intereses de clase y asociaciones con dirigentes empresariales y del estado y otros sectores privilegiados [lo cual implica] un flujo regular de gente de alto nivel entre corporaciones, gobierno y medios de comunicación” (Chomsky, 2006, p. 109). Todo lo anterior lo podemos observar actualmente en los casos de Brasil y Argentina. El periódico El Mercurio, que era en esa época el periódico más influyente de Chile (Mattelart, 2013) y se jactaba de ser una suerte de ‘Times de América Latina’, funcionó como dispositivo de poder ideológico alineado plenamente con los sectores de la derecha política de Chile, los sectores empresariales y oligárquicos. Durante la década de los sesenta, su único propósito era impedir la elección de Salvador Allende. Luego, tras las elecciones, su objetivo era impedir que el Parlamento chileno lo ratificara como presidente de Chile. Y, finalmente, a partir de 1970, el fin era directamente desestabilizar al gobierno mediante diferentes estrategias, con el importante apoyo externo del gobierno de Estados Unidos, en plena Guerra Fría Inter-Americana (Harmer, 2011).

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Tan gravitante fue el rol de El Mercurio, que fue incluido en las investigaciones llevadas a cabo por el Informe sobre Prisión Política y Tortura (2004), el mismo que concluye que la prensa sufrió censura y practicó la autocensura, pero que también apoyó activamente al régimen militar. Criticó y persiguió duramente a quienes habían sido simpatizantes del gobierno derrocado y contribuyó a validar montajes de la dictadura en contra de sus opositores, a quienes los medios calificaron como terroristas, guerrilleros, apátridas o traidores. Finalmente, este capítulo considera el trabajo audiovisual La Spirale (1975) de Armand Mattelart, Jacqueline Meppiel y Valérie Mayoux, en colaboración con Chris Marker y producida por Jacques Perrin (Reggane Films, hoy Galatée Films), como un esfuerzo por explicar de manera extraordinariamente didáctica cómo se articularon los diferentes actores sociopolíticos para producir el golpe cívico-militar en Chile –de modo que, por ejemplo, se basa en la creación de personajes de un juego de simulación para lograr una adecuada comprensión–; y como un aporte sustancial para construir la memoria social, política y mediática en Chile. El texto se desarrollará siguiendo los diferentes hitos que Mattelart presenta en el documental, para lograr un mejor desarrollo de los acontecimientos que culminaron con el golpe militar. La Spirale de Armand Mattelart: una clave histórica para la comprensión del terrorismo mediático, cívico, político y militar en el mundo La Spirale fue estrenada en Chile en el año 2006, es decir, exactamente 30 años más tarde. Su difusión en esa oportunidad fue muy discreta, con solo dos presentaciones con la presencia de Mattelart, una organizada por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi en Santiago, y la segunda organizada por la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera en Temuco. Salvador Allende Gossens, un veterano miembro y uno de los fundadores del partido socialista chileno, fue electo presidente de Chile en

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1970, respaldado por una coalición de partidos y grupos de izquierda denominada Unidad Popular, logrando ser el primer presidente socialista electo democráticamente en el mundo. El gobierno de Allende se inspiraba en la ética de la justicia social y atrajo a una gran población proveniente de los sectores sociales. Allende propuso y llevó a cabo diversas reformas sociales para dar cumplimiento a su programa de plataforma política y, aunque otras reformas ya habían sido impulsadas por los gobiernos anteriores –como la reforma agraria–, en su gobierno fueron intensificadas con un gran impacto sobre la transformación social y las relaciones económicas del país (Lira, 2011). Sin embargo, Allende estará en la memoria chilena no solo por ser el primer socialista electo democráticamente en el mundo y por haber sido víctima de uno de los golpes de estado militar más sangrientos, sino también porque en el centro de su política social contemplaba la preocupación por los obreros, los campesinos, los pueblos originarios, los pequeños y medianos empresarios, las madres e hijos, los jubilados; en definitiva, se preocupaba por la gente sencilla del país (Corvalán, 2003). Los Estados Unidos de América han utilizado la guerra económica para atacar cualquier intento de revolución o transformación radical del modelo socioeconómico en América Latina, a través de los bloqueos y la presión internacional, con el fin de anular la soberanía de los países. Particularmente, el gobierno de Salvador Allende en Chile sufrió un intenso boicot por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, específicamente la Agencia Central de Inteligencia, cuando tomó la presidencia de Chile. Las clases dominantes de Chile temían perder sus privilegios y su estabilidad económica, mantenidos a lo largo de toda la historia del país. Por estas razones, decidieron apoyar las ideas estadounidenses de provocar inestabilidad en el país para ocasionar un golpe militar contra el gobierno. El proyecto nace desde que existe la posibilidad misma del gobierno de Allende y, de hecho, Estados Unidos invirtió recursos millonarios, primero para impedir el gobierno de Allende –“Estados Unidos destinó más dinero per cápita para apoyar a su candidato en Chile, en 1964, del que gastaron sus dos candidatos

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(Johnson y Goldwater) en las elecciones de ese año” (Chomsky, 2004, p. 111)– y luego para derrocarlo.

Cuando la prensa es un actor económico y político al servicio poder El Mercurio es un periódico chileno de tendencia conservadora y simpatizante de los ideales de la derecha política chilena. Su rol ha estado, históricamente, cercano al poder, sea este el del Estado-nacional –en cuyo caso defendió férreamente el genocidio mapuche entre 1860 y 1883 para lograr la consolidación del modelo Estado-nación– o el del modelo neoliberal –de la mano del empresariado y de la élite que transitaba sin escrúpulos desde el Estado al Mercado. En este sentido, El Mercurio tendrá una participación activa durante el gobierno militar entre 1973 y 1989. Fue fundado en 1827 por el norteamericano Thomas Well y el chileno Ignacio Silva. Más tarde, en 1842 es comprado por el español José Santos Tornero, año en que comienza a tener más relevancia el periódico en Chile. Sin embargo, se consolida como un periódico importante en Chile cuando es comprado por Agustín Edwards Mac-Clure en 1879 (se publicaba en Valparaíso a partir de 1875, período en el cual sucede al periódico La Época). Desde entonces, el periodismo chileno ha estado marcado por la empresa periodística de los “Edwards” (Lagos, 2009). Este periódico, muy reconocido en Latinoamérica, cumplió un rol activo durante los procesos de planificación y ejecución del golpe militar en Chile, especialmente mediante su discurso sobre la ‘inestabilidad’, el ‘caos económico y social’ y los riesgos de un ‘gobierno marxista’. De hecho, a la información periodística respecto de la inconveniencia de la elección de Salvador Allende como el primer presidente socialista en el mundo, le siguió la información sobre las consecuencias de ello, hasta lograr su derrocamiento el año 1973. Es preciso destacar que El Mercurio fue opositor de Salvador Allende en sus cuatro intentos de llegar a la presidencia de Chile y, durante su gobierno, controlaba 58 sociedades anónimas y siete periódicos regionales, de modo que constituía el segun-

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do grupo más influyente del país. En este contexto de poder mediático de El Mercurio, se concertó el derrocamiento de Allende, tras lo cual desaparecieron varios periódicos de izquierda y de la Unidad Popular, aumentando notablemente su poder para pasar de siete a quince periódicos regionales (Lagos, 2009). Este nuevo escenario de poder y control por parte de El Mercurio será la base de la dictadura militar. Por otro lado, conviene enfatizar que Agustín Edwards, por aquel entonces dueño de El Mercurio, tenía también vínculos con los propietarios de los periódicos más grandes de Estados Unidos y América Latina. Edwards no solo será miembro activo sino incluso presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, función que, por cierto, ocupó en el mismo momento en el que Allende se preparaba para ser el próximo presidente de Chile (Mattelart, 2013). En la actualidad, el periódico cuenta con otros dos periódicos: La últimas Noticias y La Segunda, además de periódicos regionales como El Austral de La Araucanía y El Llanquihue. En total, la empresa El Mercurio S.A.P. posee hoy 21 periódicos regionales. Sus propietarios desean influir en el periodismo de regiones, a la vez que logran posicionar a El Mercurio como un periódico influyente en el acontecer noticioso económico-político del país: “Lo que vale es marcar la agenda política, influir ahí donde se toman decisiones” (Lagos, 2009, p. 26). Hoy en día, el tamaño físico de El Mercurio, tanto en la magnitud de su planta de trabajadores como en el tamaño del diario en sí, no tiene comparación en Chile.

El terrorismo mediático y los hitos de la espiral del poder La Spirale no constituye solo un extraordinario esfuerzo teórico, ético y estético, en tanto documental político clave para Chile, América Latina y el resto del mundo; sino que también es un excelente modelo para explicar de manera didáctica y crítica cómo se planifica, cómo se generan las condiciones socio-culturales y económico-políticas, cómo se implementa y cómo se desarrolla un plan de terrorismo mediático y cívico-militar,

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a partir de las alianzas adecuadas. Por lo tanto, entenderemos que La Spirale es una didáctica en dos sentidos: a. En el uso pedagógico de lo audiovisual y su elocuente fuerza performativa, que permite la transmisión generacional de una parte significativa de la memoria histórica de Chile. b. Al constituir un modelo comprensivo utilizado –en tanto estrategia específica y singular– para dar cuenta del tejido que conforma el relato histórico del golpe mediático y cívico-militar en Chile. A continuación, revisaremos cada una de las fases que integran el desarrollo del terrorismo mediático y cívico-militar en Chile con resultado de golpe, según lo narrado en La Spirale. Lo importante es que estas fases del documental no solo hablan del caso chileno, sino que sirven de referencia para los diferentes golpes mediáticos que, lamentablemente, aún podemos observar en América Latina y el mundo; ya sea que estos terminen con un golpe militar –como en el caso de Chile en 1973–, con resultados electorales para la derecha conservadora –como en el caso reciente de Argentina–; o bien con espurias medidas parlamentarias – como en el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil.

El Plan: la alianza cívico-militar-política-empresarial por el poder Constituye la fase en la cual comienza a urdirse la alianza, en la que políticos, civiles y militares –especialmente políticos de derecha y centro-derecha, entre los primeros, y empresarios entre los segundos–, junto al gobierno de Estados Unidos (o parte del mismo, encabezado por Henry Kissinger), se coordinan y organizan, en primer lugar, para evitar la elección del presidente Salvador Allende y, luego, para desestabilizar su gobierno y producir, finalmente, su derrocamiento. Es un plan que tiene una historicidad particular que se entreteje (una cierta onomástica burguesa local, intentos anteriores, una oligar-

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quía criolla y una infundada herencia constitucional), pero que se integra a un relato histórico más amplio, que obedece a los patrones comunes del movimiento de una espiral (con sus actores, miserias y obras) y con una historicidad global que forma parte de la trágica tradición golpista en América Latina. Por ejemplo, observamos voces que se alzan durante los primeros días y que hoy seguimos escuchando, como la de Andrés Zaldívar, uno de los primeros en ‘predicar’, conforme al Plan, que “la economía ahora es un caos”, lo que se suma al asesinato del general Schneider, en ese momento Comandante en Jefe del Ejército, para evitar que el Congreso ratifique a Allende como presidente, un episodio previo al inicio del gobierno. Estas primeras acciones del Plan no lograron los efectos esperados por quienes habían decidido el camino de la conspiración, infundiendo el pánico en lo económico y político, sin escatimar incluso el crimen. Y utilizo aquí la noción de pánico en el sentido de constituir la fase de hundimiento, después de una fase de especulación, aun cuando ya en la fase especulativa es posible observar el pánico, porque “la fase pánico permanece sometida a la lógica de la especulación. Se trata de los mismos mecanismos que hacen que la burbuja se infle –ya que esa es la metáfora consagrada– y estalle” (Dupuy, 1999, p. 89). En esta primera fase aparecen dos actores claves: la International Telephone and Telegraph Corporation, con un rol importante ya desde el financiamiento de la campaña de otro de los candidatos que aspiraba a la presidencia, por parte de la derecha conservadora y los liberales, Jorge Alessandri; y el periódico El Mercurio, medio de comunicación masiva que asumirá el rol como vocero oficial del ‘anticomunismo’ y cuya vocación es la defensa de los intereses de la burguesía, a través del discurso del pánico como principal estrategia psicopolítica –esto es, el uso de técnicas de carácter psicológico (como la difusión de situaciones alarmantes para construir un clima de pánico) con fines políticos (desestabilizar al gobierno y justificar la intervención militar). De hecho, es elocuente observar cómo la prensa internacional se suma a este discurso de El Mercurio empleando expresiones como ‘desconfianza’,

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‘pánico’, etc.; como se registra en periódicos como L’Aurore Politique o Le Figaro, entre otros. Hubo muchísima propaganda negra sobre cómo sería el país si Allende ganaba: las madres se verían obligadas a enviar a sus hijos a Rusia en calidad de esclavos, y otras estupideces semejantes. Estados Unidos también amenazó con destruir la economía, cosa que podía hacer... y, por supuesto, hizo (Chomsky, 2004, p. 111).

Así, el Plan va adquiriendo una connotación global. Prueba de ello es que el cobre se transforma en uno de los elementos centrales. Primero, porque su nacionalización supondrá un elocuente ejemplo a nivel internacional y, segundo, porque la intervención de los mercados internacionales será una de las principales estrategias empleadas para generar la desestabilización del gobierno del presidente Salvador Allende; pero aquí ya estamos en el Juego. El Juego: simular el golpe para asegurar el efecto. La tecnociencia en acción Los movimientos de la espiral no solo formaban parte de un plan, sino también de un exhaustivo ejercicio de simulaciones, que buscaban establecer las mejores estrategias y tácticas para lograr el objetivo. Este juego de estrategias viene a reemplazar el modelo de intervenciones anteriores que ya no logran la victoria habitual de Estados Unidos en América Latina. Atrás quedan los resultados de las intervenciones punitivas que permitieron quitar el Canal de Panamá a Colombia y evitar los intentos nacionalizadores en Guatemala. Cuba será el primer fracaso militar de esa racionalidad bélica de confrontación directa y abierta y la intervención en Santo Domingo en 1965 será un caso ejemplar de logro militar, pero fracaso en la imagen generada en la opinión pública internacional; la posterior intervención en Vietnam confirmará este nuevo escenario global. Desde aquí en adelante se requerirán otras estrategias, donde nada puede ser dejado al azar.

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En la construcción de esta nueva racionalidad surge un escenario que, desde ahora, será cuidadosamente estudiado: el rol de la sociedad civil, que desde Cuba comienza a constituir una variable no controlada para Estados Unidos. El principal dilema será, entonces, saber si es posible anticipar el comportamiento civil y, aún más, si puede ser controlado. Comienza una nueva forma de guerra, que conjuga elementos psicosociales y militares, donde se explorarán al máximo las opciones de un control externo que permita, incluso, el empleo de las fuerzas militares del propio país a intervenir. Un juego perfecto que requerirá un arduo y paciente trabajo de ‘inteligencia militar’ para desestabilizar los gobiernos y crear las condiciones para una nueva modalidad: los golpes militares. Será precisamente el conocimiento de la existencia de un juego de simulaciones llamado ‘política’, empleado en estas nuevas estrategias, que inspirará la forma en que Mattelart presentará su documental: haciendo de la base de la estrategia golpista orquestada por Estados Unidos, la derecha y las fuerzas armadas en Chile, la base de la estrategia didáctica para presentar su documental. Una sutil ironía. Un nuevo escenario donde las ciencias sociales (especialmente la antropología y la sociología) adquieren un rol paramilitar. “Descubrí la existencia de ese juego, bautizado ‘Política’, algunas semanas después del golpe de Estado, gracias a las revelaciones de un investigador chileno, Daniel del Solar, radicado en Estados Unidos, que había participado en su elaboración. ‘Política’ había sido encargado, en 1965, por el Pentágono a la Fletcher School of Law and Diplomacy y a un think tank, abt Associates Inc., de Cambridge, en Massachusetts.” (Mattelart & Bigo, 2009, p. 6) Fue elaborado precisamente en el período en el que el gobierno de los Estados Unidos estaba obsesionado por la contra-insurrección y los enemigos interiores. Sobre todo, le preocupaba la eventualidad de que un gobierno de izquierda accediera al poder por la vía electoral en algunos países latinoamericanos. Y, digamos, el modelo de simulación que le pidieron a la escuela Fletcher y a abt Associates, consistía –en última instancia– en simular la victoria de un gobierno de izquierda en un país

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llamado Cupria. Un país supuestamente imaginario pero cuya empresa principal era la Anaconda Copper Co., una compañía real, norteamericana, propietaria de minas de cobre. A decir verdad, Cupria y Anaconda solo podían remitir a Chile. Por un lado, era el único país en el que la riqueza principal era la materia prima cuprífera. Por otro lado, era el único país en el que las fuerzas de izquierda tenían una fuerte probabilidad de ganar las próximas elecciones presidenciales. La función primera del juego era identificar, describir, predecir y controlar un conflicto revolucionario interno […] “Política” testeaba varios escenarios tomando en cuenta toda una serie de variables y de protagonistas. El gobierno, los partidos políticos de derecha, de centro y de izquierda, la oligarquía urbana o aristocracia del dinero, los terratenientes, las clases medias, el proletariado, los estudiantes, los capitalistas extranjeros, las embajadas extranjeras, los militares, etc. (Mattelart & Bigo, 2009, p. 6).

Pero este juego de simulaciones –que se comporta como un tablero de ajedrez– tendrá, en el caso de la obra de Mattelart, una particularidad, porque no hay personajes interpretando categorías y comportamientos sociales, sino una escena con piezas y diseños desarrollados por el dibujante y pintor belga Jean-Michel Folon. Cada acontecimiento representado por estas figuras despliega una “especie de juego de guerra, antecesor de los videojuegos de guerra, que permite visualizar los actores colectivos en su movimiento” (Mattelart, 2013, p. 121). Y precisamente aquí radica la extraordinaria fuerza didáctica del trabajo de Mattelart. De hecho, en este sentido, La Spirale aborda uno de los aspectos de mayor preocupación para los estrategas militares: el Terreno Humano, el Cultural Turn o Etnographic Turn, un factor cada vez más crucial a la hora de emprender la guerra. Por esta razón, La Spirale –después de cerca de 40 años de ser estrenada– ocupa un rol relevante en los estudios sobre la acción cívico-militar realizados hasta el día de hoy: “refiriéndose a la película como ilustrativa de la historia de la doctrina y de las prácticas del Terreno Humano” (Mattelart, 2013, p. 122).

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El Frente: romper la utopía Evidentemente, la espiral en sus movimientos implica la confrontación, porque, en efecto, todas las estrategias previas constituyen desplazamientos pensados cuidadosamente para provocar un conflicto cívico-militar interno. De hecho, el Juego que se configura desde el inicio de este intrincado Plan es, en realidad, un juego dialéctico, cuyo primer objetivo es romper la utopía construida por la Unidad Popular y que, por lo tanto, genera la conformación de, al menos, dos frentes: el frente de quienes sostienen la utopía y el de quienes luchan por romperla. En este sentido, el frente es, ciertamente, una pluralidad de actores, donde utopía y ruptura serán comprendidas de maneras diversas y complejas por los diferentes actores. Evidentemente, no se construye un frente a partir de individualidades o sectores cerrados, donde quienes confrontan la utopía forjarán otra. La particularidad del frente de ruptura es que incluye políticos, militarles y civiles, y en estos últimos están representados también los empresarios, “los partidos políticos de derecha, la oligarquía urbana o aristocracia del dinero, los terratenientes, las clases medias, los capitalistas extranjeros, las embajadas extranjeras, etc.” (Mattelart & Bigo, 2009, p. 6). Por otra parte, la conformación del Frente también obedece a la idea de ‘recuperación de su propia utopía’: La clave era ver cómo el frente de derechas reactivó la acumulación que en el curso de la larga historia de su hegemonía había realizado, en materia de inversiones culturales, ideológicas y políticas, para afrontar la crisis abierta por la llegada al poder de una clase y de unos grupos portadores de un proyecto diferente de relaciones sociales (Mattelart, 2013, p. 118).

El Acercamiento: generar las condiciones externas e internas favorables Dicho lo anterior, obviamente, entre las fuerzas y actores que van configurando el Frente se deben producir articulaciones sostenidas por los

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mismos fines. Y esto, básicamente, porque se trata de actores con proyectos y orígenes diferentes, que coincidirán en esta coyuntura, pero que deben buscar sus afinidades, organizar y ordenar sus proyectos y arreglar sus lógicas diferencias. En estos diálogos se entrecruzan los negocios, la política, los valores y, especialmente, un modelo económico. El Acercamiento es uno de los movimientos más relevantes, porque permite abordar dos tipos de desafíos: uno internacional, referido a los fracasos recientes de las intervenciones de Estados Unidos, y otro local, relacionado con las incertidumbres propias de los conspiradores chilenos ante posibles conspiraciones internas. En ambos tipos de desafíos concurren dos requerimientos cruciales: la necesidad de anticipar situaciones y la necesidad de controlar cualquier variable emergente.

El Ataque: el control espacial y temporal del golpe Esta fase se caracteriza por tener, al menos, dos momentos que no necesariamente coinciden en el tiempo o, dicho de otro modo, ocurren en niveles diferentes. Por una parte está el Ataque en tanto operación o ejecución del Plan, en cuyo caso se trata de una potencialidad que requerirá luego de los actores que la lleven a cabo. Este es un momento, por lo tanto, en el que el Ataque está construido mentalmente, programado y encubierto. Pero, por otra parte, tenemos el Ataque en tanto hecho consumado, como imagen que ilustra lo ocurrido. El ataque, en este sentido, es una acción concreta, visualizable y que actúa como referencia histórica. Efectivamente, en Chile se habla de dos ‘líneas’ de ataque: una ‘suave’, consistente en agredir la economía, y otra ‘fuerte’, que incluía el golpe. En una primera fase, al Embajador de Estados Unidos en Chile, Edward Korry, se le asigna la tarea de implementar la ‘línea suave’: “hacer todo lo posible para condenar a Chile y a los chilenos a la máxima privación y pobreza” (Chomsky, 2004, p. 111).

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El Ejército: el verdugo del sacrificio Es el actor que permite pasar del Ataque, en tanto potencialidad, al Ataque en tanto hecho concreto. El ataque planificado requiere de sus ejecutores, para pasar del plan conspirativo al hecho consumado. Y esta tarea no era fácil. No podía garantizarse. O, al menos, supondría –como sabremos luego– la resolución de algunas tensiones internas asociadas al protagonismo, al poder y a la ambición. Esta vez no es el ejército de Estados Unidos o de otra potencia con afanes imperialistas y hegemónicos, de las que siempre están disponibles. No, esta vez es el ejército local, preparado, capacitado y motivado para ello. Es una estrategia nueva, de ‘manos limpias’. Y es que, tras los resultados de Cuba y Vietnam, entre la derrota y la ‘mala prensa’, el propósito será generar la crisis pero con actores locales: con civiles, empresarios, políticos y militares del propio país. La ambición, la violencia y la crueldad internas parecen ser suficientes y solo es necesario mover adecuadamente las piezas. He aquí la clave del Juego y el éxito del Plan.

El Golpe: acción y reorganización Se trata de la consumación plena del Plan trazado. El Golpe deviene ataque y represión desde el propio ejército. Un golpe más eficiente que cualquier otra empresa bélica que incluya desgaste y pérdidas para el ejército invasor, ya sea actuando solo o sumando huestes locales. Aquí los resultados son los mismos y algunas declaraciones desafortunadas que apenas generan daño diplomático. Nada que no se pueda luego negar eficazmente. El Golpe es el aseguramiento del Plan. El bombardeo no es suficiente. Se requerirá de una fase prolongada de actuaciones –primero, eminentemente militares– que incluyan arrestos, torturas y muertes, para dar paso luego a un proyecto económico de los políticos y empresarios que participen tan activa como convenientemente de este Plan.

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Este aseguramiento de los resultados del Golpe vendrá nuevamente de la mano de estudios desde las ciencias sociales en Estados Unidos, esta vez de los teóricos de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago (especialmente Milton Friedman), cuyos representantes en Chile y responsables de implementar las reformas serían 26 economistas chilenos egresados, especialmente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que ocuparon cargos importantes durante el gobierno militar –varios de ellos aún vigentes–, conocidos como Chicago boys –aunque serían unos 100 los economistas chilenos que pasarían por las aulas de esta Escuela de Chicago desde 1956, aunque no todos regresarían doctorados (Délano & Traslaviña, 1989, pp. 32-36). Ahora bien, para lograr asegurar los resultados se genera una convivencia muy atípica entre los militares con sus aparatos represivos y los economistas de Chicago con sus profundos cambios económicos: Hubo, en este aspecto, un pacto de no agresión, entre los Chicago boys y los altos mandos militares para no interferirse entre sí. De esta manera, los discípulos de Harberger y Friedman pudieron experimentar los cambios en la economía chilena sin riesgo de contrapeso político, y los militares procedieron a ejercer tareas represivas sin fijarse en gastos. Para los observadores y críticos del modelo neoliberal chileno resultó curioso constatar la extraña convivencia entre un grupo de tecnócratas que predicaba la más irrestricta libertad económica, con un conjunto de uniformados que ahogaban sistemáticamente las libertades políticas (Délano & Traslaviña, 1989, p. 21).

Conviene recordar que el grupo de egresados de la Escuela de Chicago comienza a reunirse a mediados de 1972, un año antes del golpe militar, para elaborar un programa económico alternativo a la Unidad Popular; siendo integrado y respaldado por los departamentos técnicos de dos sectores políticos gravitantes: el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. Hay una segunda versión que incluso señala que las reuniones tendientes a la desestabilización comenzaron en septiembre de 1971, lo que implica el año siguiente al inicio del gobierno de Salvador Allende.

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Obviamente, el golpe puede ser de naturaleza cívico-militar como en el caso descrito de Chile –en cuyo caso podemos hablar de un ‘golpe de estado duro’–, como también pueden concurrir en él apariencias de democracia “bajo la intriga palaciega de diputados y senadores, la complicidad de sectores jurídicos y empresariales”, empleando una estrategia de ‘golpe de estado blando’, donde es el propio Parlamento el que criminaliza “un acto de gobierno público y legal que habían utilizado otros gobiernos y, sin que hubiese un delito comprobado –como exige la Constitución–, destituyó a Dilma Rousseff” (Pérez, 2016, p. 99). Siguiendo el propósito de este análisis y en el afán de configurar un modelo explicativo del golpe, podemos observar el siguiente esquema: 1. Alianza de los actores implicados (cívicos, empresariales, mediáticos, políticos, militares): Definición de objetivos, alcances, medios, etc.

A. Los medios de comunicación articulan el discurso de los actores, a nivel interno y externo. 2. Centros de pensamiento, think tanks que analizan todos los escenarios posibles. 3. Operación psicopolítica de crítica, canalización y ruptura de las utopías que sostienen el proyecto que se pretende destruir. B. Los medios de comunicación transmiten discursos psicológicos (desorden, desestabilización, inseguridad, etc.) con fines políticos (rechazo, oposición, etc.). 4. Evaluación de las condiciones internas y externas para proceder. 5. Control espacio-temporal: ¿cuándo proceder? ¿Dónde atacar? C. Los medios de comunicación establecen alianzas con otros medios internacionales para alinear el discurso y controlar los tiempos. 6. Decisión de quién será el verdugo: ¿el ejército? ¿El Congreso? 7. ¿Cómo asegurar los resultados? Distribución de los nuevos roles de los actores. Reparto del botín.

D. Los medios de comunicación reordenan discursivamente para mantener el apoyo y evitar la oposición.

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Los hitos relevantes en la intervención mediática de El Mercurio para propiciar el golpe cívico-militar en Chile (1973) Para una mejor comprensión del golpe mediático en Chile, asociado directamente al posterior golpe militar de 1973, presentamos los principales hitos que organizan los sucesos más relevantes, considerando otros aspectos. Observaremos cómo aparecen diversos actores que dan sentido y viabilidad al golpe. Hito 1: Salvador Allende, electo presidente de Chile El candidato Salvador Allende, de la coalición política de izquierda denominada Unidad Popular –que agrupaba a los partidos de izquierda, entre ellos, el Partido Socialista y el Partido Comunista–, es electo como Presidente de la República de Chile el día 4 de septiembre de 1970, con tan solo treinta mil votos más que su contendor, el candidato del partido de derecha –Partido Nacional–, Arturo Alessandri. El detalle es el siguiente: • La conformación de la coalición electoral de partidos políticos de izquierda de Chile denominado Unidad Popular en octubre de 1969. • El apoyo del partido de la derecha, Partido Nacional, al candidato independiente Arturo Alessandri en las elecciones presidenciales de 1970: el desarrollo del programa político denominado ‘Nueva República’. • El Parlamento de Chile ratifica a Salvador Allende como presidente electo de Chile el día 24 de octubre de 1970. Hito 2: el plan de la derecha política de Chile para sabotear la presidencia de Salvador Allende (1970-1973) El sector político de la derecha en Chile, con ayuda del gobierno de los Estados Unidos, los empresarios y la oligarquía chilena, comienza a coordinar y organizar un plan para evitar que Salvador Allende fuese elegido

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presidente de Chile y, más tarde, para desestabilizar su gobierno con el fin de lograr su derrocamiento. Veamos el detalle: • El discurso Andrés Zaldívar (Ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei Montalva) sobre el ‘caos’ económico existente en Chile el 23 de septiembre de 1970. • La fundación del grupo de ultraderecha Frente Nacionalista Patria y Libertad, el 10 de septiembre de 1970. • La intervención de la corporación International Telephone & Telegraph en Chile: la adquisición del 70% de la Compañía de Teléfonos de Chile en 1970. Hito 3: el Juego, intento del gobierno estadounidense de ‘recuperar’ a Chile del marxismo La política intervencionista en el exterior por parte de los Estados Unidos no había funcionado de buena forma, por lo que no podía utilizar el mismo plan para intervenir el primer gobierno ‘marxista’ en Latinoamérica. Ante esto, idearon una nueva estrategia de intervención más racional y cuidadosamente estudiada, mediante el cual describe, predice y controla un ‘conflicto interno’, en este caso, en Chile. • La reunión de Richard Nixon, Henry Kissinger y Richard Helms en la Casa Blanca el día 15 de septiembre de 1970: la idea de realizar un golpe de estado militar en Chile para impedir la llegada de Salvador Allende a la presidencia. • El discurso de Salvador Allende ante la Organización de Naciones Unidas, el día 4 de diciembre de 1972. • La inserción publicada en el diario El Mercurio, por parte de los dirigentes de los camioneros, el comercio minorista, los agricultores, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara del Comercio, la Sofofa, la pequeña industria y la Confederación de la Producción y el Comercio dirigida al presidente Salvador Allende a fines de septiembre de 1972.

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Hito 4: el Frente de la resistencia de movimientos obreros, campesinos y de la industria en Chile y los intentos de Estados Unidos por intervenir y controlar el país Comienza una etapa en la que se piensa desde el exterior –específicamente, en los planes de los Estados Unidos– en una intervención psicosocial y militar que pretende controlar la situación del país en el gobierno de Salvador Allende y en el empleo de las fuerzas militares de Chile para intervenir el país. Así comienza a orquestarse la estrategia golpista por parte de la derecha, apoyada por las fuerzas armadas en Chile y de los Estados Unidos, en el exterior. • El surgimiento del Movimiento Campesinos Revolucionarios a comienzos de 1971: movimiento perteneciente al denominado Frente de masas, llevado a cabo por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. • El surgimiento del Frente de Trabajadores Revolucionarios a mediados de 1971. • Los intentos de nacionalización del cobre: la enmienda constitucional propuesta por Salvador Allende que autorizaba la nacionalización de la industria chilena del cobre el día 21 de diciembre de 1970 y su aprobación por parte del Congreso chileno, el día 15 de julio de 1971. • Los intentos de nacionalización de los bancos: el anuncio de Salvador Allende del proyecto de nacionalización de la banca el 30 de diciembre de 1971. Hito 5: el acercamiento al golpe de estado militar La agrupación de la derecha, las fuerzas armadas de Chile y los Estados Unidos comienzan a articular y organizar los proyectos, según los pasos que seguirán al derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Se comienza a organizar un golpe militar, tomando en consideración la futura política, los negocios y el modelo económico que se quiere instaurar. Además, desde los Estados Unidos se comienza a pensar en estrategias

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que permitan anticipar cualquier situación que pueda ocasionar una fallida intervención –como lo ocurrido en Vietnam– y, desde el plano local, la oligarquía y la derecha comienza a verificar cualquier variable que pueda surgir y pueda afectar los intentos de derrocar el gobierno de Salvador Allende (Del Valle, 2016). • Fidel Castro y su visita oficial a Chile, el día 10 de noviembre de 1971, y su discurso de despedida junto a Salvador Allende en el Estadio Nacional, el día 2 de diciembre de 1971. • Se crea la coalición de partidos de derecha, denominada Confederación de la Democracia, que incluye al Partido Nacional y a la Democracia Cristiana, en julio de 1972. • Se inicia la huelga de los camioneros el 11 de octubre de 1972 y las compañías norteamericanas del cobre amenazan con embargar los cargamentos de cobre en el extranjero, en septiembre de 1972. Hito 6: el ataque de la derecha al gobierno de Salvador Allende Comienza a ejecutarse el plan de atacar el gobierno de Salvador Allende desde dos planos: desde la construcción mental, programada y encubierta, cuyo objetivo claro es dañar la economía del país; y desde la acción concreta y visible, que no es más que el golpe militar en sí (Del Valle, 2016; Chomsky, 2004). • Los partidos Democracia Cristiana y Partido Nacional declaran al gobierno de Salvador Allende ilegal: la presentación de acusación constitucional, el 23 de agosto de 1973. • La creación de la Junta de Abastecimiento y Control de Precios, el 4 de abril de 1972. • El surgimiento de los “Cordones de Trabajadores” en las industrias: sus inicios el 19 de junio de 1972. • El primer anuncio de Salvador Allende de una nueva formación de gobierno.

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Hito 7: la intervención del ejército chileno y de los Estados Unidos en el gobierno de Salvador Allende En esta ocasión, no es el ejército de los Estados Unidos el que interviene un país enemigo y ‘marxista’, sino que es el propio ejército chileno (con la preparación y motivación de los Estados Unidos) el que realiza un golpe militar con el fin de derrocar al presidente Salvador Allende, el que fuese elegido democráticamente. Esta estrategia permite a los Estados Unidos generar una crisis cívico-militar interna en el país y, a su vez, eximir de toda responsabilidad intervencionista a los Estados Unidos, algo aprendido de sus malas experiencias en Cuba y Vietnam (Del Valle, 2016). • El asesinato de 50 protestantes simpatizantes del gobierno de Allende por parte de las fuerzas armadas de Chile. • Es asesinado el edecán naval del Presidente de Chile, el comandante Arturo Araya, el 27 de julio de 1973. • La consigna de Allende en su discurso presidencial de 1973: “somos el gobierno, pero no tenemos el poder”. Hito 8: el golpe militar al gobierno de Salvador Allende (11 de septiembre de 1973) En la madrugada del día 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas de Chile bombardean el Palacio de La Moneda. El presidente socialista, Salvador Allende, dirige la defensa del palacio presidencial. El presidente fue el primer muerto de la lucha armada que conducirá a una dictadura militar sangrienta que durará 17 años (1973-1989). • Las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 1973. • El presidente Salvador Allende nombra a Augusto Pinochet como Comandante en Jefe del ejército de Chile, el día 23 de agosto de 1973. • El fallido intento de golpe militar, denominado como “el tanquetazo”, el día 29 de junio de 1973. • El ataque al gasoducto de Valparaíso, el día el 1 de agosto de 1973, y el ataque al gasoducto de la Empresa Nacional del Petróleo de

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Curicó en Chile, el 26 de agosto de 1973, por parte del grupo de ultraderecha Patria y Libertad. • El anuncio de Salvador Allende de una nueva formación de gobierno, denominado “de seguridad nacional”, el día 28 de agosto de 1973. • El aniversario de la elección de Salvador Allende como presidente de Chile: las manifestaciones en todo Chile el 4 de septiembre de 1973. • El bombardeo de La Moneda al mediodía del 11 de septiembre de 1973: el derrocamiento de Salvador Allende como presidente de Chile. Consideraciones finales “No veo por qué tenemos que mantenernos al margen y observar a un país convertirse en comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo” (Henry Kissinger).

Durante una incómoda pero elocuente reunión sostenida en Washington entre una delegación chilena –integrada, entre otros, por Orlando Letelier (Ministro de Defensa del Presidente Salvador Allende), asesinado en esta misma ciudad en un atentado orquestado por la dictadura cívico militar– y una delegación estadounidense –que integraba, entre otros, Henry Kissinger (en ese momento Consejero de Seguridad Nacional)–, Kissinger realizó una intervención que revela de manera inobjetable las intenciones y el espíritu intervencionista de Estados Unidos: América Latina es una región de casi ninguna importancia... Chile no tiene ningún valor estratégico. Nosotros podemos recibir cobre de Perú, Zambia, Canadá. Ustedes no tienen nada que sea decisivo. Pero si hacen ese proyecto de camino al socialismo del que habla Allende, vamos a tener problemas serios en Francia e Italia, donde hay socialistas y comunistas divididos, que con este ejemplo podrían unirse. Y eso afecta sustancialmente el interés de Estados Unidos. No vamos a permitir que tengan éxito. Tengan eso en cuenta (Granovsky, 2013).

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El movimiento de una espiral, desde ciertos enfoques, puede entenderse como una secuencia que integra el nacimiento, la muerte y el renacimiento. Así, el renacimiento puede configurarse desde la misma utopía que estaba en el centro de la tensión dialéctica que dio origen al movimiento de la espiral. Y esta utopía dialectizada, en tanto conjunto de ideas, principios y valores, está, al mismo tiempo, en el nacimiento y en el renacimiento. Habíamos perdido a muchos seres queridos. Quedaban los rastros de una experiencia personal y colectiva, en el que la mezcla social que generó no ha cesado de alimentar mi esperanza de otro mundo posible. Un mundo gobernado por la igualdad y la justicia social; una convicción de que la humanidad no podía pararse allí. Es esta convicción la que me ha permitido, primero sobrevivir y, luego, vivir (Mattelart, 2013, p. 114).

De hecho, más de 40 años más tarde asume por segunda vez la presidencia de Chile la socialista Michelle Bachelet, esta vez integrando el conglomerado llamado la Nueva Mayoría, junto al Partido Comunista. Ahora la utopía es apenas recuperar la utopía. Aunque, sin duda, es una forma de renacimiento porque Chile sigue luchando por el renacimiento de sus utopías. Con esperanzas, pero sin fatalismos. Con la dignidad de quienes desean lo mejor para todas y todos. Sin temor, ni clamor ni dolor, porque ya se ha pagado el precio por el derecho a tener una utopía. Ha pasado el tiempo de morir por ella, ahora solo hay que vivirla. Todo lo demás es corrupción. Todos los demás son corruptos, dispuestos a obtener cualquier miserable interés personal en forma de lucro y tráfico de influencias (Del Valle, 2013).

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El conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Una visión desde la comunicación

Olga Rosa González Martín

Hablar sobre golpes mediáticos en Cuba resulta sumamente difícil. Si tenemos en cuenta que, por lo general, tal término se utiliza para referirse al uso intensivo que en determinados momentos ciertas personas, grupos, instituciones o clases sociales hacen de los medios de comunicación privados para debilitar y derrocar gobiernos en el poder, pues tendríamos que partir del criterio de que tal situación no se ha producido en Cuba en los últimos cincuenta años. De hecho, el artículo 53 de la Constitución de la República de Cuba establece que: Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. La ley regula el ejercicio de estas libertades (2013, p. 64).

Por su parte, el Código Penal cubano (1987) establece –dentro de los acápites relacionados con la propaganda, la clandestinidad de impresos y el delito contra la libre emisión del pensamiento– las sanciones a las

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que estarían sujetas aquellas personas que violaran lo establecido. Por ejemplo, en su Sección Quinta, Propaganda Enemiga, el Artículo 103 (pp. 54-55) estipula que: 1. Incurre en sanción de privación de libertad de uno a ocho años el que: –– incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma; –– confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter mencionado en el inciso anterior. 2. El que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o descontento en la población, o desorden público, incurre en sanción de privación de libertad de uno a cuatro años. 3. Si, para la ejecución de los hechos previstos en los apartados anteriores, se utilizan medios de difusión masiva, la sanción es de privación de libertad de siete a quince años. 4. El que permita la utilización de los medios de difusión masiva a los que se refiere el apartado anterior, incurre en sanción de privación de libertad de uno a cuatro años. En cuanto a los Delitos contra el Orden Público, el Capítulo IX, titulado Clandestinidad de Impresos, establece en el Artículo 210 (p. 94) que “El que confeccione, difunda o haga circular publicaciones sin indicar la imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de su procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas”. El acápite dedicado a los Delitos contra los Derechos Individuales, refrenda en su Capítulo 4, Delito contra la Libre Emisión de Pensamiento, Artículo 291 (p. 124) que:

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1. El que, en cualquier forma, impida a otro el ejercicio del derecho de libertad de palabra o prensa garantizado por la Constitución y las leyes, es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas. 2. Si el delito se comete por un funcionario público, con abuso de su carga, la sanción es de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas. Por otro lado, la Ley Número 80, Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas, establece en su Artículo 8 (1996, p. 300) que “se declara ilícita cualquier forma de colaboración, directa o indirecta, para favorecer la aplicación de la ‘Ley Helms-Burton’”.2 Asimismo, estipula que por ‘colaboración’ se entiende: Buscar o suministrar información a cualquier representante del Gobierno de Estados Unidos de América o a otra persona con el objeto de que pueda ser utilizada directa o indirectamente en la posible aplicación de esa ley o prestar ayuda a otra persona para la búsqueda o el suministro de dicha información. Solicitar, recibir, aceptar, facilitar la distribución o beneficiarse de cualquier modo de recursos financieros, materiales o de otra índole procedentes del Gobierno de Estados Unidos de América o canalizados por este, a través de sus representantes o por cualquier otra vía, cuya utilización favorecería la aplicación de la Ley “Helms-Burton”. Difundir, diseminar o ayudar a la distribución, con el propósito de favorecer la aplicación de la Ley “Helms-Burton”, de informaciones, publicaciones, documentos o materiales propagandísticos del Gobierno de Estados

2 Esta Ley es esencial en el desarrollo del conflicto entre Cuba y los Estados Unidos pues no solo codifica el bloqueo como ley al establecer un conjunto de condicionamientos políticos que un gobierno de transición en Cuba, reconocido por el gobierno estadounidense, debe cumplir para que se elimine el bloqueo, sino que procura sanciones internacionales contra el gobierno cubano. Con esta ley el Presidente de los Estados Unidos perdió sus prerrogativas ejecutivas para emitir una orden que pusiera fin al bloqueo. De ahí que la eliminación del mismo dependa del Congreso.

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Unidos de América, de sus agencias, o dependencias, o de cualquier otro origen. Colaborar de cualquier forma con emisoras de radio o televisión u otros medios de difusión y propaganda con el objetivo de facilitar la aplicación de la Ley “Helms-Burton”.

Por lo tanto, tratar de ejecutar un golpe mediático en un país donde está explícitamente regulado el uso de los medios de comunicación tradicionales, tanto en su Constitución como en su Código Penal y en la Ley 80, es prácticamente imposible. Sin embargo, eso no significa que, tanto estos como los nuevos medios –entendidos por Murphy (2008, p. 4) como “cualquier capacidad que empodere a un amplio grupo de actores (desde individuos a Estados-nación) para crear y diseminar información a tiempo real o casi a tiempo real con la capacidad de ejercer influencia en una gran audiencia (regional o global)” no se hayan utilizado desde el triunfo de la Revolución en 1959. Y es que la historia de la Revolución cubana, y la de Cuba también, ha estado marcada desde sus inicios por una compleja relación con los Estados Unidos de Norteamérica, en la que la dicotomía ‘dominación versus soberanía’ ha sido su piedra angular y el uso subversivo de los medios de comunicación relevantes al servicio de los intereses de la potencia norteña. Varias han sido las definiciones hechas para explicar este fenómeno. Elliston, por ejemplo, habla de las operaciones psicológicas (PSYOS por sus siglas en inglés) y las define como “las operaciones planificadas para transmitir información y datos seleccionados a audiencias extranjeras con el objetivo de influir en sus emociones, motivaciones, razonamiento objetivo y, en última instancia, en el comportamiento de gobiernos extranjeros, organizaciones, grupos e individuos” (1999, p. 3). Valdés-Dapena (2006), por su parte, prefiere hablar de la relación entre las PSYOS y la propaganda. Para ello, explica que el concepto de ‘guerra psicológica’ se empleó por primera vez en 1948 y que fue elaborado por especialistas de seguridad nacional estadounidenses en el período de la Guerra Fría, si bien en el año 1953 fue redefinido para verse como “la acción de propaganda y otros medios de información empren-

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dida por una o varias naciones contra grupos enemigos, neutrales o amigos de la población para influir en sus concepciones, sentimientos y conductas, de manera que apoyen la política de la nación o grupos de naciones que llevan a cabo la Guerra Psicológica” (Valdés-Dapena, 2006, p. 12). La propaganda, para este mismo autor, es (p. 12) “un proceso de comunicación social a través del cual una persona, grupo, clase social o institución, ejecuta acciones con el propósito de influir en los gustos, sentimientos, emociones y la conciencia política de otras personas, grupos o clases sociales con el fin de influir en estos para que modifiquen su conducta en interés de los fines del ejecutor”. El gobierno de Obama, por su parte, ha preferido hablar de comunicación estratégica y la define como: La sincronización de nuestras palabras y acciones y cómo estas van a ser percibidas por los otros, así como (b) programas y actividades deliberadamente dirigidos a comunicarse y atraer las audiencias planificadas, incluyendo aquellas actividades y programas llevados a cabo por las oficinas de asuntos generales, diplomacia pública y profesionales de operaciones de información (National Framework for Strategic Communication, 2012, p. 2).

En la concreta –llámeseles psyos, propaganda o comunicación estratégica–, de lo que se está hablando es de labor de influencia y persuasión en función de objetivos previamente definidos. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la esencia de la política de los Estados Unidos hacia Cuba ha sido lograr el llamado cambio de régimen y la destrucción de la Revolución –amén de que las estrategias empleadas hayan ido del aislamiento total al engagement durante el gobierno de Obama–, el uso de los medios de comunicación con fines subversivos ha sido una constante desde el triunfo de la Revolución. Por ello, explicar la manera en que han sido usados contra ella para lograr los objetivos de los Estados Unidos, aun y cuando la Constitución de la República de Cuba y determinados artículos de su Código Penal y la Ley 80 regulen el uso de los mismos, es el objetivo central de este trabajo.

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Sin embargo, para explicar esto se impone, primero, que tengamos claro que el uso de los medios de comunicación contra Cuba no surge como resultado de la confrontación Cuba-Estados Unidos después del triunfo de la Revolución en 1959, sino que, al igual que el conflicto entre los dos países, tiene raíces históricas. Durante el siglo xix, los intereses expansionistas de los Estados Unidos en torno a Cuba se justifican a partir de la Ley de Gravitación Política, la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto. La materialización de todo esto se logra con la intervención estadounidense en la Guerra Hispano-Cubano-Americana, que frustra la independencia de Cuba para pasar de colonia española a protectorado estadounidense. Este fue un proceso que los medios estadounidenses ayudaron a diseñar. Como bien dijo McNamara en la primera sesión de la Conferencia Tripartita sobre la Crisis de Octubre, en La Habana en enero de 1992 (Editora Política, 2013, p. 7), “Se ha enseñado a los estadounidenses que fueron los Estados Unidos los que liberaron a Cuba de España, mientras que los cubanos aprendieron que esta liberación fue resultado de su larga lucha por la independencia”. Esto se logró, entre otros factores, gracias a lo poco que se sabía sobre Cuba, pues no es hasta finales del siglo xix cuando aparece como noticia y elemento de interés para el público estadounidense. Por ello, la campaña propagandística organizada por Hearst surtió efecto entre los estadounidenses. Cuba fue mostrada como una pequeña isla colonizada por una potencia europea que había cometido atrocidades y de la cual no se podía liberar por su debilidad e, incluso, incapacidad. De ahí que se enfatizara en la necesidad de que Estados Unidos interviniera para liberar y salvar a los cubanos del yugo español (Sánchez, 1998). De esta manera, se vendió la imagen de los estadounidenses como héroes y la de los cubanos como aquellos que nada o bien poco hicieron para alcanzar su libertad. La prensa cubana de ese siglo, por su parte, fue utilizada por sus dueños con el objetivo de construir el consenso entre las principales tendencias políticas de la época. Una vez ocupado el territorio cubano, el gobierno de Estados Unidos consolidó el control de la isla con la imposición de la Enmienda Platt en

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la Constitución de 1901, el Tratado Permanente, el Tratado de Reciprocidad Comercial y el Tratado Naval. Durante todo este tiempo, y hasta el triunfo de la Revolución en 1959, Cuba fue una verdadera neocolonia. La política de Buen Vecino de Roosevelt fue para “ayudar a Cuba y a los latinoamericanos” mientras “dormían su siesta”. De ahí que esa representación de Cuba en los medios estadounidenses sirviera para que periodistas de la talla de Matthews –que cubrieron las acciones del movimiento revolucionario cubano en la Sierra Maestra– no entendieran la esencia de la revolución cubana como parte de un proceso histórico que no solo se centraba en la lucha por la independencia nacional, sino que tenía un marcado carácter anticolonialista y antiimperialista. Es por ello que, cuando triunfa la Revolución y el gobierno revolucionario comienza a aplicar medidas de carácter nacionalista que afectan a los intereses estadounidenses en Cuba, se produce la ruptura total de las relaciones entre los dos países. Surgen, así, los cuatro grandes pretextos sobre los que se comenzaría a perfilar la política de los Estados Unidos hacia Cuba y que, a su vez, se convierten en los macrotemas sobre los que se construye la ‘realidad’ cubana. Estos son: expropiación de propiedades a compañías estadounidenses, Cuba como país comunista, Cuba como país que apoya el terrorismo internacional (desde 1982 y hasta 2015) y, por último, la violación de derechos y la necesidad de la llamada transición hacia la democracia. De ahí que, durante más de 50 años, los líderes revolucionarios hayan sido satanizados por los medios estadounidenses y la imagen que se haya dado sobre los cubanos sea la de un pueblo que ha vivido bajo la ‘represión’ de un ‘dictador’, que no respetó los más mínimos derechos humanos, que no permitió elecciones libres y democráticas y que no pretendió abandonar el poder bajo ningún concepto (Prieto, 1989, 1990, 1995; Fernández, 2000; Solomon, 2000); los ‘exiliados’ en Miami son las víctimas que han logrado escapar de la ‘tiranía’ y los contrarrevolucionarios que viven en la isla son los ‘disidentes’ que abogan pacíficamente por una Cuba libre y democrática (Arboleya, 2000; Calvo & Declercq, 2003; Elizalde & Báez, 2003).

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Sin embargo, estos macrotemas también se han tratado de utilizar desde los Estados Unidos para provocar descontento en Cuba y estimular a los cubanos a levantarse en contra de su gobierno. Como una de las primeras medidas del gobierno revolucionario fue reorganizar el sistema de comunicación pública del país para que estuviera al servicio del gobierno y el pueblo revolucionarios, no quedaron medios de comunicación privados que sirvieran a los intereses de la contrarrevolución y de los Estados Unidos. Por ello, la nación norteña no solo se propuso fortalecer los mecanismos de propaganda clandestina dentro de Cuba, sino financiar estaciones de radio que pudieran llegar al pueblo cubano para así ejercer influencia en determinados sectores de la población. Todo esto se realizó como parte de planes encubiertos, aparte de aquellos encaminados a asesinar a Fidel Castro y a hacer sabotajes y acciones con los contrarrevolucionarios que quedaron en el país. Ilustrativo al respecto resulta el documento de marzo de 1960 titulado “Programa de Acciones Encubiertas en Contra del Régimen de Castro” (citado por Elliston, 1999, pp. 16-19). En el mismo se establecen cinco acciones propagandísticas que debían realizarse fundamentalmente desde el exterior, aunque también incluía operaciones dentro de Cuba. Las acciones fuera de la isla se concentraban, además de en la impartición de conferencias en América Latina por cubanos funcionales a los intereses estadounidenses, en la compra de espacios en estaciones de radio privadas –tanto en Miami como Massachusetts y Florida en general–, aunque ya aquí se menciona la creación de Radio Swan. Asimismo, se habla del apoyo que periódicos nacionalizados en Cuba –como Avance, El Mundo, Diario de la Marina– recibían, como publicaciones en el llamado ‘exilio’, y de la posibilidad de introducirlos clandestinamente en Cuba. Dentro de Cuba las acciones se concentraban en los grupos que, controlados por la cia, se dedicaban a producir y distribuir publicaciones de manera regular. En este sentido, es importante resaltar que, si bien ya existía la Voz de América (voa, por sus siglas en inglés) su público objetivo no era el cubano, aunque sí lo era para Radio Swan. La misma surgió bajo los aus-

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picios de la cia en mayo de 1960 y tenía como elemento distintivo que quienes les hablaban a los cubanos eran cubanos también –que, además, en algunos casos eran conocidos por el pueblo de Cuba– pues tenía vínculos con la Empresa cmq, que había sido intervenida en septiembre de 1960. Radio Swan fue conocida por este nombre hasta el verano de 1961, cuando fue renombrada como Radio Américas, y estuvo funcionando hasta mayo de 1968. También en abril de 1960 tuvo lugar una reunión en el Consejo de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, donde el director de la Agencia de Información de ese país (usia, por sus siglas en inglés), George Allen, habla sobre la posibilidad de crear ya una estación de radio en Florida –que transmitiera hacia Cuba– y de hacer transmisiones televisivas desde un transmisor aéreo (Elliston, 1999, pp. 29-31); si bien consideró que esta última posibilidad podía ser denunciada por el gobierno de La Habana como tele-agresión (algo que sucedió, de hecho, posteriormente). Asimismo, y después de la invasión por Playa Girón contra el gobierno revolucionario, se lleva a cabo por parte del gobierno estadounidense la Operación Mangosta. Esta incluía una serie de acciones encubiertas que se irían implementando de manera gradual para socavar las fortalezas del gobierno cubano. Dentro de ellas, se destacó notablemente el uso de operaciones psicológicas, no solo contra el pueblo cubano, sino contra el propio pueblo estadounidense y latinoamericano. La idea general era provocar el descontento en la población cubana, de forma tal que se revelara contra el gobierno y se produjeran acciones que justificaran una posible intervención estadounidense en Cuba. Por otro lado, la usia tuvo un papel relevante al producir “unas 30 mil copias de cuatro libros anti-Castro, cinco millones de copias de seis folletos de caricaturas anti-Castro y un film animado de diez minutos sobre los problemas económicos de Cuba” (Elliston, 1999, p. 104). No obstante, Mangosta no dio los frutos esperados y, cuando empieza la Crisis de Octubre (así le dicen los cubanos a la Crisis de los Misiles de 1962), era un proyecto derrotado cuya sentencia de muerte fue dictaminada por el gobierno de Kennedy en noviembre de 1962.

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El año 1963 llega después de un incremento notable de las transmisiones radiales contra Cuba durante la Crisis de Octubre y con la recomendación por parte de la cia de llevar a cabo un Programa Integrado de Acciones contra el país que, entre sus particularidades, incluía labores de propaganda encaminadas a estimular el sabotaje de bajo riesgo y otras formas de resistencia activa y pasiva. De manera general, entre 1960 y hasta la década de los ochenta, se estimula el uso dentro de Cuba de rumores, volantes, materiales fotográficos falsos, etc., y se define la utilidad de la radio y la televisión para tratar de ejercer influencia dentro de la isla. De esta forma, entre 1960 y 1970 se registran ocho emisoras piratas que transmitían desde Florida, si bien en los setenta se reducen a cuatro para llegar a ser catorce en los ochenta (Valdés-Dapena, 2006). Las principales temáticas transmitidas fueron: “rechazo a supuestas ejecuciones en masa, dificultades económicas inmediatas y crónicas, ataques a la iglesia y la estructura social, militarización del trabajo y otras limitaciones de la libertad individual” (Valdés-Dapena, 2006, p. 46). Mas, con el gobierno de Johnson, tiene lugar un proceso de recesión de la propaganda radial contra Cuba, asociado –entre otros factores– a los fracasos de los planes de la cia contra Cuba, la consolidación del proceso revolucionario y el activismo internacional de los Estados Unidos en otras regiones del mundo. Así, y según informe del Ministerio del Interior (Minint) de la República de Cuba del año 1974 (citado por Valdés-Dapena, 2006), se lleva a cabo un proceso de organización de las emisoras existentes hasta ese momento y se desmantela Radio Swan, si bien se mantiene el uso de emisoras clandestinas de manera coyuntural. De esta manera, entramos en la década de los ochenta y los Estados Unidos llegan con la idea de recuperar una economía con serios problemas y restablecer la hegemonía perdida en los setenta –debido, entre otras cosas, a la derrota sufrida en Vietnam, Angola, Irán y Nicaragua, además del trauma que significó el escándalo del Watergate para la imagen tanto nacional como internacional de la nación norteña.

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Por ello, la esencia de la política exterior de Reagan quedó definida y reflejada en los famosos Primer y Segundo Documento de Santa Fe y Mandato para un Liderazgo de la Fundación Heritage. Estos textos abogaron por la alteración sustancial de la política de distensión seguida hacia la antigua Unión Soviética y los países de Europa del Este, además de una línea de confrontación y enfrentamiento en la arena internacional que se caracterizara por la presión económica, ideológica, política y militar. Con relación a nuestro hemisferio en particular, Alzugaray (1983) indica que la Plataforma Republicana proclamaba que los Estados Unidos reconocían la importancia de los países del área y que mantendrían su posición para con aquellos que ellos consideraran que buscaban desarrollar sus sociedades, a la par que combatirían la llamada subversión y violencia exportada por Cuba y por Moscú. Sobre Cuba, en particular, el Primer Comité de Santa Fe plantea: Estados Unidos ya no puede aceptar el status de Cuba como Estado vasallo de los soviéticos. Hay que calificar a la subversión cubana claramente como tal, y hay que resistirla. El precio que La Habana debe pagar por tales actividades no debe ser un precio bajo. Estados Unidos solamente puede restaurar su credibilidad tomando una acción inmediata. Los primeros pasos deben ser francamente punitivos. Los diplomáticos cubanos deben irse de Washington. Hay que reanudar la exploración aérea. Hay que cortar los dólares de los turistas norteamericanos. Hay que revaluar el acuerdo de pesca de 1977, altamente ventajoso para la flota de pesca cubana […]. Entre estas medidas estará el establecimiento de Radio Cuba Libre bajo el patrocinio abierto del gobierno de Estados Unidos, que proporcionará información objetiva al pueblo cubano que, entre otras cosas, detalle los costos de la lamentable alianza de La Habana con Moscú. Si fracasa la propaganda, hay que lanzar una guerra de liberación nacional contra Castro (Bouchey et al., 1980, p. 24).

Pero, ¿cómo se ejecutaría en la práctica el establecimiento de Radio Cuba Libre para tratar de influir en la población cubana? Antes de responder a esto es importante comentar que, en el año 1983, el Minis-

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terio del Interior de Cuba emite otro informe (citado por Valdés-Dapena, 2006) en el que aclara que en Cuba penetraban las emisoras de ochenta países en onda corta y larga, aunque entre las más importantes había 18 que podían escucharse en todo el territorio nacional o en algunas partes. De ellas, siete eran de los Estados Unidos, seis de Europa Occidental, cuatro de América Latina y una de Canadá. Relevantes resultaron la voa y la wqba, conocida como La Cubanísima. Es en este contexto en el que, en 1981, Reagan funda la Comisión Presidencial para las Transmisiones hacia Cuba con el objetivo de que, entre otras cosas, hiciera recomendaciones con relación a una estación de radio que fue, posteriormente, Radio Martí. Esta comisión estaba formada por once personas y contaba con un Comité Ejecutivo de tres, entre los que se encontraba Mas Canosa. En 1983, la Casa Blanca lo seleccionó directamente para que presidiera un panel o junta de asesores presidenciales que se encargaría de supervisar las operaciones de la estación y fue aprobado para este cargo en 1984. Aunque la idea de crear una nueva emisora contra Cuba fue bien recibida por determinados sectores de la sociedad estadounidense, es importante destacar que las estaciones privadas de radio de los Estados Unidos se alarmaron con la propuesta de Reagan, pues sabían que Cuba tenía posibilidades reales de bloquear las transmisiones directas desde el territorio de los Estados Unidos y afectar a las frecuencias por las que ellas transmitían. Estas estaciones fueron respaldadas por la Asociación Nacional de Radiodifusores (National Associaton of Broadcasters) la que le mostró al Congreso un mapa que mostraba las potencialidades que tenía Cuba de interferir las frecuencias que ellas usaban y el daño que sufrirían (Elliston, 1999, p. 220). Por su parte, el entonces Jefe de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, Wayne Smith, también manifestó su desacuerdo con la medida al Departamento de Estado y a la antigua usia. Cuando el 20 de mayo de 1985 Reagan autoriza a la usia a que comience las transmisiones de Radio Martí contra Cuba, el pretexto que utilizó fue el de la llamada ‘libertad de información y de pensamiento’,

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cuando en realidad pretendía subvertir el orden interno en Cuba. Así lo expresa la Directiva 170 del Presidente Reagan: Es la política de los Estados Unidos apoyar el derecho del pueblo de Cuba a buscar y recibir información e ideas a través de cualquier tipo de medio y, sin importar las fronteras, en correspondencia con el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos […]. Sobre la base de una revisión en torno a la voa […] y en correspondencia con la legislación aprobada por el Congreso en 1983, la usia queda autorizada por la presente a comenzar las transmisiones totales de Radio Martí el 20 de mayo de 1985 (National Security Decision Directive 170, 1985).

Sin embargo, hay un elemento que casi nadie menciona cuando de Radio Martí se trata y es que su programación no estaba originalmente destinada única y exclusivamente a la población que se encontraba en el archipiélago cubano, sino hacia aquellos que estaban en países a los que Cuba brindaba ayuda humanitaria y militar, como era el caso de Angola. Según establece la Directiva 274: […] Los esfuerzos de información de los Estados Unidos buscarán también socavar la capacidad de Cuba de desplegar tropas hacia Angola a través de la transmisión de programas de radio especialmente centrados en Cuba, por medio de Radio Martí y de programas en idioma español dirigidos a las tropas cubanas desplegadas en Angola. Hasta donde sea posible, los Estados Unidos deberán buscar la exacerbación de las diferencias entre el mpla y sus partidarios del bloque soviético y la socavación de los esfuerzos soviético/cubanos de mostrarse como que ayudan a un gobierno africano legítimo y asediado (National Security Decision Directive 274, 1987).

A medida que se acercaba el fin de los ocho años de gobierno de Ronald Reagan, la Fundación Heritage hizo un balance de los resultados alcanzados en torno a la política seguida por los Estados Unidos con relación a Cuba y sugirió lo siguiente:

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[…] El nuevo presidente debe: 1) informar a la Unión Soviética y a Cuba, formalmente, de que debido a la presencia militar soviética en Cuba y al involucramiento de Cuba en las guerras dirigidas y financiadas por los soviéticos y en otras actividades militares en el exterior que violan el acuerdo Kennedy-Khrushchev de 1962, los Estados Unidos no se van a sentir más atados a ese acuerdo que, en efecto, garantiza que los eeuu no van a socavar al régimen de Castro; 2) denunciar repetidamente en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales las opresivas políticas internas de Cuba, al igual que sus negativas políticas internacionales; 3) tratar de convencer a los bancos occidentales de que no le presten más fondos a Cuba; 4) publicar los nombres de las corporaciones de los Estados Unidos y de sus […] compañías que violen el embargo de los Estados Unidos en el comercio con Cuba; 5) apoyar la creación y establecimiento de una estación de televisión que transmita hacia Cuba (tv Martí) para complementar las transmisiones exitosas de Radio Martí; y 6) estimular y apoyar el crecimiento de una oposición interna en Cuba (Heatherly & Yale, 1989, pp. 546-547).

Por su parte, el Segundo Documento de Santa Fe (Bouchey, Fontainte & Jordan, 1990) se mueve en la misma tónica que la Fundación Heritage, haciendo casi las mismas recomendaciones. La única diferencia radica en que este apuesta por la desaparición de Fidel como líder en la década de los noventa y sugiere que se inicien conversaciones con oficiales de las fuerzas armadas revolucionarias cubanas como “poseedores del poder”. Pero veamos cómo se materializan todas estas sugerencias. El mandato de George Bush padre coincide con la caída del campo socialista de Europa del Este y con la desaparición de la antigua Unión Soviética. De ahí que, en los Estados Unidos, se apostara también a la caída de Cuba y se incrementaran tanto la guerra económica como la ideológica contra la isla. Cuba, definitivamente, no cabía como nación en la visión de un nuevo orden mundial concebido por el gobierno de Bush. La misma fue presentada por él ante el Congreso de los Estados Unidos en septiembre de 1990, unos pocos días después de la invasión de Irak a Kuwait y, más allá de explicar la política hacia el Medio Oriente y el Golfo Pérsico en particular, define lo que pudiéramos considerar

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sustancioso para el caso cubano: a saber, la no existencia ya de un enemigo como la Unión Soviética pero sí la de algunos adversarios en el tercer mundo que servían para justificar su esfuerzo armamentístico, que no solo contribuiría a la mejoría de las relaciones Este-Oeste, sino a combatir las llamadas ‘violaciones del derecho internacional y de los conflictos regionales’. Dentro de estos adversarios del Tercer Mundo se encuentra Cuba (incluida en 1982 en la lista de países patrocinadores del terrorismo), aunque no es mencionada en el discurso de George Bush padre, pues solo se centra en justificar su política hacia Irak. Así, en el año 1992 se aprueba la Ley Torricelli, cuyo nombre real es Ley de la Democracia Cubana (The Cuban Democracy Act). Su objetivo era buscar la denominada “transición hacia la democracia” en Cuba y, para ello, el gobierno de los Estados Unidos declara abiertamente su intención de inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba y de exigirles a otros países determinar el rumbo de su política para con el archipiélago cubano según sus intereses. Por otro lado, con la misma ley se persigue la eliminación de cualquier otra opción comercial del gobierno cubano, al prohibirle a subsidiarias estadounidenses en el exterior entablar relaciones comerciales con Cuba, además de prohibir la entrada en territorio de los eeuu de cualquier buque que hubiera tocado puerto cubano en los 180 días anteriores de su llegada a los eeuu, según la sección 1706. Debe aclararse que esta ley tuvo un impacto extraordinariamente significativo en términos de recrudecimiento económico, dado que eliminó toda posibilidad real que había tenido Cuba de comerciar con determinadas subsidiarias estadounidenses desde que se impusiera el bloqueo contra la isla. A pesar de lo establecido en leyes anteriores –como la de Asistencia al Extranjero de 1961 y la de Comercio con el Enemigo de 1917–, en 1975, durante el gobierno de Ford, se le permitió a subsidiarias estadounidenses de terceros países comerciar con Cuba, siempre y cuando las transacciones se realizaran con una subsidiaria que tuviera personalidad jurídica propia, que las mercancías exportadas a Cuba no fueran consideradas como estratégicas, no se transfirieran los

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datos técnicos estadounidenses, no se autorizaran ni el financiamiento ni las cuentas en dólares, que no participara ninguna persona física o natural estadounidense en las transacciones, las subsidiarias fueran independientes de la firma estadounidense, las leyes del país en donde se encontrara ubicada consintieran el comercio con Cuba y que las exportaciones y las importaciones hacia y en Cuba fueran permitidas. Sin embargo, esta posibilidad quedó anulada después de que se aprobara la Ley Torricelli. Mas el gobierno de Bush padre no solo se limitó a tratar de ahogar económicamente a Cuba sino que, fiel a las recomendaciones de la Fundación Heritage, del Segundo Comité de Santa Fe y a su doctrina en torno al nuevo orden mundial, decidió aprobar el lanzamiento de una estación de televisión para, así, continuar su labor de subversión contra Cuba. En la Resolución Presidencial Nº 90-35 del mes de agosto de 1990, el Presidente de los Estados Unidos expresó: De conformidad con la autoridad que me confiere la sección 247 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Años Fiscales 1990 y 1991 (Public Law 101- 246) […], determino por la presente que la prueba en las transmisiones de televisión hacia Cuba (como autoriza el título V de los Departamentos de Comercio, Justicia, y de Estado, el Poder Judicial y la Ley de Asignaciones de las Agencias Relacionadas, 1989 […] ha demostrado que las transmisiones de televisión hacia Cuba son posibles y que no causarán interferencia censurable con las transmisiones de los titulares de licencias domésticas […]. Los autorizo y les ordeno que transmitan esta resolución a los respectivos comités del Congreso (según se establece en la sección 248 de la Ley [22 U.S.C. 1465ff]) y que se encarguen de su publicación en el Registro Federal. (22USC1465ee -Authorization of Appropriations, Title 22: Foreign Relations and Intercourse, Chapter 18: United States Information and Educational Exchange Programs Subchapter V: b-Television Broadcasting to Cuba).

Después de esto, la usia comenzó las operaciones regulares de tv Martí en agosto de 1990. No obstante, las primeras transmisiones de prueba se hicieron desde el mes de marzo, aunque la labor que iba a

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ser desarrollada por la estación ya había sido aprobada en 1988 como parte de la Ley de Transmisiones Radiales hacia Cuba. Esta perseguía los mismos objetivos de subversión que la Radio Martí pero, desde el principio, sus resultados fueron desastrosos –debido, en gran medida, a las contradicciones entre sus directivos y el lobby anticubano del sur de Florida, liderado por Mas Canosa. Resulta interesante el hecho de que todas estas acciones se desarrollen contra Cuba cuando los acontecimientos tanto en América Latina como en el resto del mundo apuntaban hacia una posible mejoría en las relaciones bilaterales. No olvidemos que entre finales de los ochenta y principios de los noventa se terminaron las guerras en América Central, las tropas militares cubanas desplegadas en Angola regresaron a la isla –tras la firma de los acuerdos de paz de África Sudoccidental– y desaparecen el bloque socialista de Europa del Este y la Unión Soviética, dando paso al llamado fin de la Guerra Fría. Por lo tanto, todo apuntaba a que una posible mejoría en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos no parecía totalmente descabellada. Pero la historia fue otra. Con ese fin de la Guerra Fría y con la tranquilidad de que ya la isla no constituía una amenaza para los Estados Unidos, la ‘realidad’ de Cuba comienza a perfilarse a partir de la dinámica interna de lo que ocurre en el país y se deja a un lado el activismo internacional de Cuba. Así, surge lo que Prieto González (1995) calificó como la tríada mercado-pluripartidismo-elecciones libres. El énfasis en que la economía cubana había caído en crisis fue uno de los platos fuertes del orden del día. Fundamentalmente, se hizo hincapié en los pobres resultados que se estaban alcanzando en la industria azucarera y en la reducción de las importaciones –provenientes, en su gran mayoría, de los países socialistas y de la URSS. De esta manera, se destacaba la dependencia de Cuba de la antigua Unión Soviética y se demostraba la incapacidad del sistema económico cubano de satisfacer las necesidades básicas de la población. Pero estos no fueron solo los temas de la prensa corporativa estadounidense, sino las principales líneas de mensajes utilizadas por las emisoras que transmitían en contra del gobierno cubano. Puede decirse

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que entre 1981 y 1995 fueron 34 (Mastrapa en Valdés-Dapena, 2006). De ellas, tres fueron clausuradas por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (fcc por sus siglas en inglés) y ya en 1998 quedaban activas solo 13. En 1999 había siete emisoras transmitiendo desde Florida hacia Cuba (Valdés-Dapena, 2006). Quizás, el elemento más relevante dentro de las líneas de mensajes es el reconocimiento explícito a los ‘disidentes’, que es algo que se realza desde ese momento hasta la actualidad. En el año 2006, un documento en torno a la caracterización del Centro de Monitoreo del Instituto Cubano de la Radio y la Televisión (icrt) explicaba que ellos no solo monitoreaban la Radio Martí, sino otra emisora (Centro de Monitoreo, 2006), algo que ya no hacen, según encuentro de esta autora con la directora de ese centro el pasado lunes 1 de agosto de 2016. No obstante, eso no significa que puedan existir otras emisoras de radio transmitiendo contra Cuba, sino que su impacto es básicamente nulo en la sociedad cubana. Lo cierto es, no obstante, que durante la segunda mitad del siglo xx se estimuló desde los Estados Unidos el uso de la radio y la tele-agresión contra el proceso revolucionario, aunque es necesario aclarar que, aparte de Radio Swan que fue creada por la cia, solo Radio y tv Martí forman parte de una agencia federal del gobierno estadounidense y, por ende, reciben financiamiento oficial. Las demás emisoras pertenecen a grupos opositores al proceso revolucionario que radican en la nación norteña. En estas casi tres décadas de transmisiones hacia Cuba con el pretexto de promover la ‘libertad’ y ‘democracia’ al estilo estadounidense, consignadas tanto en la Ley Torricelli como en la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas de 1996 (Libertad Act en inglés y conocida como Ley Helms-Burton por el nombre de sus patrocinadores), el Congreso le ha entregado a la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (ocb por sus siglas en inglés) más de $770,000,000. Esta oficina es la encargada de Radio y tv Martí y forma parte de la Junta de Gobernadores para las Transmisiones (bbg por sus siglas en inglés), que es la agencia federal independiente del gobierno estadounidense que regula el funcionamiento de todo el sistema de transmisiones civiles de ese país. En los últimos

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dos o tres años se ha discutido si la ocb debe mantener su estatus federal y, en este sentido, se han destacado tres posturas básicamente: • la que aboga por su eliminación, por lo que le ha costado a los contribuyentes estadounidenses y su falta de efectividad y transparencia; • la que apoya el mantenimiento de su statu quo como parte de una agencia federal, aunque teniendo en cuenta los cambios que debe enfrentar la bbg; • la que respalda su posible desfederalización como parte del establecimiento de una organización mediática internacional en idioma español, que incluiría a la ocb y la división latinoamericana de la Voz de las Américas (voa). Entre los que abogan por su eliminación, destacan tanto John Kerry como el mismo Obama, pues cuando eran senadores comentaron que ni Radio ni tv Martí habían cumplido con los objetivos para los que fueron creadas. Por su parte, los defensores del statu quo de la ocb alegan que no debe sufrir cambios ya que, como entidad, es necesaria para cumplir con la misión de las transmisiones internacionales de los Estados Unidos, tal y como se concibieron desde el principio. Por otro lado, consideran que la confianza hacia la marca (el nombre de la entidad) se pudiera perder de haber un cambio, dado que ya han desarrollado lo que ellos consideran una relación duradera con sus públicos. La última tendencia, que es la que ha generado más noticias en los últimos dos o tres años, es la relacionada con el proceso de desfederalización. Se está proponiendo que este se complete para principios de 2017 y que sea operacional para mediados de ese mismo año. De hecho, el resumen ejecutivo del presupuesto para el 2017 es muy claro: se quiere crear una organización mediática no federal que reciba financiamiento público de la bbg y que siga haciendo, básicamente, lo que ha estado haciendo la ocb hasta ahora.

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Sin embargo, cualquiera que sea la posición que finalmente se imponga, lo cierto es que en las distintas inspecciones que se le han realizado a la bbg para evaluar lo que pudiera interpretarse como un Plan Estratégico de Transmisiones hacia Cuba se han señalado diversos problemas –como bajos niveles de audiencia en la isla, análisis nulos sobre la efectividad de los métodos de transmisión empleados y del costo que los métodos alternativos pudieran tener, mal uso de los fondos gubernamentales, problemas en los contratos y dificultades en el cumplimiento de estándares periodísticos elementales como objetividad, precisión y veracidad de la información (United States Department of State and the Broadcasting Board of Governors Office of Inspector General, 2007, 2014; United States Government Accountability Office, 2009, 2011). En resumen, no haber cumplido con su mandato como entidad federal y no haber logrado el cambio de régimen en Cuba. No obstante, la mantienen porque, a pesar de no haber sido efectiva, no ha habido cambio en la política que se definiera desde el triunfo de la revolución cubana y se buscan alternativas para adaptarse a los cambios que, en materia de uso y consumo de las tic y los nuevos medios, tienen lugar en Cuba. Por ello, el uso de memorias flash y cualquier otro dispositivo similar que sirva para copiar la programación de las ‘Martís’ debe mantenerse o aumentar en dependencia del grado de conectividad que vaya alcanzando la población cubana. Según la propuesta de presupuesto de la bbg para 2016, las ‘Martís’ han logrado crear una red de distribución en todo el país que “incluye ocho centros de copia, 18 puntos de recepción y 85 puntos de distribución” (p. 46). La ocb también lanzó su aplicación de martinoticias.com para Android e iOS para los usuarios de Apple (bbg, 2015, pp. 52-53). Asimismo, la bbg considera que tv Martí ha estado llegando a casi un millón de cubanos semanalmente a través del email y de los sms. Según la propuesta para el 2016, el tráfico en la web de la ocb alcanzó en 2014 la cifra de 3,921,079 visitas. La página en Facebook de Martí Noticias llegó a más de 2,347,895 seguidores. No obstante, no se puede asegurar que ese número de visitantes sea cubano o residente en Cuba, pues el acceso

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a esas páginas está bloqueado en la isla, al igual que las transmisiones de la tv Martí. En lo personal considero que, en la medida en que la sociedad cubana se conecte, serán otras las alternativas que usará la ocb para tratar de influir en el pueblo cubano. Recordemos que en el año 2011 el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense recomendó que, para lograr los objetivos de política exterior de los eeuu en América Latina, debían utilizarse los medios sociales a partir de la aplicación de programas basados en conectividad efectiva, enfocados hacia la implementación de programas de entrenamiento tecnológico y la generación de una infraestructura de baja complejidad que se manifestara en la preparación y socialización de contenidos en la red, que se diseñan teniendo en cuenta la velocidad de conexión de Cuba (us Government Printing Office, 2011). Por otro lado, el mismo documento reconoce que en la antigua Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana –actual Embajada de ese país en Cuba– el Departamento de Estado ha entrenado a una buena cantidad de personas en el uso de la blogosfera, la computación o el inglés, entre otras, de forma tal que puedan provocar lo que ese país define como “cambio positivo en Cuba” –a saber, cambio de régimen. De ahí que, tal y como se reconoce en la propuesta de presupuesto de la bbg para el 2016, las ‘Martís’ tengan no solo la mayor, sino la única red de periodistas independientes trabajando dentro de Cuba (bbg, 2016). Estos periodistas envían reportes (que incluyen audio, texto, vídeo y fotografía) de toda Cuba vía teléfono, sms e internet. Debido a una licencia otorgada por la ofac en 2012, las Martís han podido contratar a nacionales cubanos que trabajan dentro de Cuba como periodistas multimedia y productores, creando una red de reporteros que trabajaban a lo largo y ancho de la isla exclusivamente para las Martís […] Los reportes también se presentan en martinoticias.com y se distribuyen en la isla en memorias flash y DVDs (bbg, 2016, p. 42).

Sin embargo, el trabajo de las personas formadas por los cursos impartidos por el Departamento de Estado en La Habana, así como el

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de otros que no comparten la ideología revolucionaria (hayan sido formados o no por universidades cubanas), no se limita a la colaboración con la ocb, sino que se ha extendido a la creación de periódicos online y blogs que responden a intereses diferentes a los del estado socialista. No obstante, es importante aclarar que la blogosfera cubana va mucho más allá de los llamados ‘ciberdisidentes’, de la misma manera que no todos los diarios o periódicos online son contrarrevolucionarios. El sitio web Blogs sobre Cuba reportaba en diciembre de 2013 la cifra de 1239 blogs (Blogs sobre Cuba, 2013), mientras que en 2011 Henken apuntaba que, en una selección no sistemática y representativa, el sitio Blogalaxia reconocía que en Cuba solo existían 414 blogs (p. 94). Lo cierto es que la blogosfera ha crecido y, según informe del Centro de Monitoreo y Análisis de Información del icrt, en 2014 se monitorearon 76 blogs identificados como contrarrevolucionarios. De ellos, 59 eran internos y 17 externos (Centro de Monitoreo, 2015). Actualmente, se monitorean con regularidad por su perdurabilidad en el tiempo solo 17 blogs, 11 sitios y 11 grupos de contrarrevolucionarios en Facebook para un total de 39 (Centro de Monitoreo, 2016). Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad bastante limitada si tenemos en cuenta que la tendencia es el crecimiento de sitios y blogs en Cuba. En cuanto al uso de Twitter por parte de los contrarrevolucionarios identificados por el Centro de Monitoreo del icrt, solo 164 se mantienen activos –si bien se le da seguimiento a unos 255 en el año en curso. “Hasta el mes de junio del 2016 se emitieron un total de 47.161 tuits, destacándose por su incremento el mes de marzo debido a la cobertura y repercusión de la visita a Cuba del presidente Barack Obama” (Centro de Monitoreo, 2016, p. 5). Sin embargo, lo curioso es que la persona más activa en el uso de Twitter solo “mantiene 269 seguidores en la red y ha emitido desde el 2011 un total de 22.883 tuits” (Ibídem, p. 7). Por lo tanto, pudiera decirse que su capacidad de influencia es bastante limitada en el país. Según el Centro de Monitoreo del icrt (febrero, marzo, abril, mayo y junio, 2016), las principales líneas de la propaganda realizada por las

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‘Martís’, los sitios y blogs calificados como contrarrevolucionarios en internet, Facebook y Twitter en lo que va de 2016 han estado encaminadas a demostrar que, a pesar de haberse iniciado el proceso de normalización entre Cuba y los Estados Unidos, nada ha cambiado en la isla y se mantienen las llamadas violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, se resalta la importancia de Radio y tv Martí para el pueblo cubano, se estimula la subversión del orden y la creación de disturbios sociales que conduzcan a acciones de desobediencia civil, se intenta desacreditar la viabilidad del proyecto social cubano, la propiedad estatal y las conquistas de la revolución; se magnifica el fenómeno de la emigración, haciendo hincapié en la búsqueda del sueño americano por parte de los jóvenes cubanos y las posibilidades que tienen de alcanzarlo a través de la Ley de Ajuste Cubano y el Programa de Parole para los Médicos. Asimismo, se intenta demostrar la organización y fortalecimiento de la contrarrevolución interna en Cuba divulgando la creación, fusión y acción de sus grupos, se puntualiza la necesidad de una transición lenta en la que la contrarrevolución interna debe desempeñar un papel relevante como ‘verdaderos’ representantes de la sociedad civil cubana, se apunta la necesidad de una nueva constitución y ley electoral, se destacan la discriminación de género, raza y las desigualdades en la isla, así como la propagación de enfermedades y de la violencia. Por otro lado, uno de los proyectos que más polémica generó fue Para la Isla. Fue desarrollado por Alan Gross y le costó una sanción de 15 años de privación de libertad por actos contra la independencia o integridad territorial del Estado (Popular Provincial Court, 2011), si bien fue liberado por razones humanitarias por el gobierno de Raúl Castro como parte del proceso de negociaciones secretas entre él y Obama y que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos y al inicio del proceso de normalización entre los dos países. Alan Gross estuvo preso en Cuba durante cinco años y había ingresado varias veces en el país como supuesto subcontratista de la agencia Development Alternatives Inc. (dai), al servicio de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (usaid por sus

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siglas en inglés). Su objetivo era desarrollar en Cuba una infraestructura tecnológica de redes inalámbricas con conexión satelital directa para facilitar la transmisión y recepción de materiales entre elementos opuestos al gobierno revolucionario hacia, desde y dentro de Cuba, que les permitiría no solo la difusión de información que el gobierno cubano consideró distorsionada, sino encaminada a ejercer influencia negativa en determinados sectores de la población cubana, desacreditar al gobierno y promover el descontento para generar actos de desobediencia civil (Popular Provincial Court, 2011). Asimismo, la usaid se involucró en el programa ZunZuneo, conocido como el Twitter cubano, con el objetivo de llevar a cabo la llamada Primavera Cubana. El mismo comenzó en 2009 con el Concierto de Juanes en La Habana y se mantuvo activo hasta 2012, cuando se produjo el escándalo. Según la ap logró tener 40 mil suscriptores en Cuba, mientras que la usaid afirma que fueron 68 mil (usaid, 2014). Lo cierto es que el gobierno cubano lo consideró como un proyecto “dirigido a crear situaciones de desestabilización en Cuba para provocar cambios en el ordenamiento político de la isla”, según dijera el Viceministro de Comunicaciones de Cuba en la primera Conferencia Mundial de internet celebrada en China en 2014 (Cubadebate, 2014). A pesar de su fracaso, la ocb decidió después lanzar Piramideo (red social basada en el uso de los sms para los cubanos, lanzada en 2013) y que, según sus datos (bbg, 2015, p. 75), tenía en mayo del año pasado 659.000 usuarios. No obstante, lo cierto es que esta red tampoco ha logrado los objetivos propuestos por el gobierno estadounidense contra Cuba. Sin embargo, es importante apuntar que, si bien ninguna de las acciones llevadas a cabo por el gobierno de los Estados Unidos en materia de propaganda para socavar el proceso revolucionario ha tenido éxito hasta ahora, Cuba sí debe prestarle atención priorizada a la comunicación como herramienta esencial de la seguridad nacional del país pues los formuladores de política cubanos deben comprender que “el poder depende no solo de la propiedad de los medios de producción, sino cada vez más del control de los bienes simbólicos y del capital intelectual que

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excluye y territorializa los dispositivos de control a partir de los sistemas de información y conocimiento” (Sierra, 2005, p. 19). De ahí que en Cuba sea necesaria hoy la definición e implementación de una política de comunicación que parta del presupuesto básico de la Teoría Social de la Comunicación, que considera que existen afectaciones mutuas entre el sistema político y el sistema de comunicación pública de cualquier país, y que debe entenderse como el conjunto explícito, sistemático y orgánico de principios, normas y aspiraciones que orienten, encaucen la creación, producción, difusión y consumo de productos culturales y comunicativos que respondan a los intereses colectivos de la sociedad cubana; en función del modelo de desarrollo económico, político y social que se ha escogido democráticamente por la mayoría de los cubanos. Digo todo esto porque es vital que los medios de comunicación cubanos, como parte de ese sistema de comunicación pública, sean el mediador esencial que les explique a los cubanos y al mundo también eso que llamamos ‘realidad cubana’ para poder, no solo enfrentar el desmontaje que en torno a la historia cubana se hace hoy en día a nivel internacional y nacional por parte de los opositores, sino conformarse en una fuente de información creíble para todos.

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El Golpe Mediático continuado contra Venezuela Fernando Casado

Introducción Desde la llegada al gobierno de Venezuela de la Revolución Bolivariana, los medios de comunicación privados nacionales e internacionales la han sometido a un hostigamiento continuado y sistemático. Tanto el proceso político como muchos de sus protagonistas, especialmente el fallecido presidente Hugo Chávez, son criticados para construir de ellos una imagen nefasta, a veces exagerada, otras distorsionada, falaz o simplemente falsa. El presente trabajo aspira a mostrar el funcionamiento de la guerra mediática contra el gobierno bolivariano a través de las declaraciones de los propios periodistas, editorialistas y gerentes de algunos de los principales diarios de prensa latinoamericana y española. Los entrevistados fueron responsables de manera directa o indirecta de lo publicado en sus diarios sobre Venezuela. Las entrevistas fueron realizadas en el marco de una investigación que tuvo como resultado la publicación del libro Antiperiodistas. Confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela. Ahora se recogen algunas de aquellas confesiones que son muy ilustrativas de cómo se desarrolla el golpe mediático continuado contra Venezuela.

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Como advertencia previa, se parte de la premisa de que al analizar el funcionamiento de la producción informativa se observará que las empresas productoras de contenidos informativos suelen estar organizadas en conglomerados de gran influencia y vínculos con el poder establecido, tanto a nivel político como económico. Como resultado de estas estrechas relaciones con el poder, se constata que los grandes medios de comunicación han abandonado, en muchos casos, su función de controlar al poder y servir como contrapeso, para pasar a compartir los mismos intereses y objetivos. El modelo político ensayado en Venezuela desde la llegada de Chávez al poder constituye una amenaza al sentido común hegemónico basado en la visión liberal económica de la sociedad, especialmente en los momentos actuales de crisis que todo el sistema de dominación capitalista atraviesa. La alternativa de Venezuela, que aspira a construir un sistema social basado en el socialismo del siglo xxi y el Buen Vivir, no debe prosperar bajo ningún concepto. De lo contrario, su expansión podría convertirse en una amenaza para el imperante orden mundial ‘Occidental’, tal como hoy día lo conocemos, con sus privilegios, jerarquías y desigualdades. De ahí que el sistema liberal capitalista utilice todos los mecanismos a su alcance para acabar con el peligro que acecha a su statu quo. Ya que una guerra al estilo tradicional no tiene justificación –al menos por ahora, aunque se está trabajando arduamente para que la opinión pública occidental llegue a aceptar una potencial agresión a Venezuela– y tendría elevados costos, la manera en que se ataca a Venezuela es a través de los medios de comunicación privados y hegemónicos, en un sentido gramsciano. Las estrategias propagandísticas utilizadas en contra del gobierno revolucionario de Venezuela y los fines perseguidos han sido de muy diversa índole y han tenido unas características específicas, dependiendo del país donde cada uno de los diarios analizados tiene su casa matriz. Hoy día, por ejemplo, es más que obvia la relación entre los ataques a Venezuela por la prensa española para tratar de dañar la imagen del incipiente partido político Podemos. Pero algo en lo que todos los diarios

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han coincido ha sido en la demonización de la imagen de los presidentes Chávez y Maduro. Así lo han admitido muchos de los entrevistados. Este trabajo se centra en las agresiones sufridas por la Venezuela bolivariana de mano de los periodistas que trabajan para la ‘gran prensa’, entendiendo dichas agresiones como los ataques infligidos para causar daño a la reputación e imagen del país, que llegan incluso a tener el objetivo oculto de provocar el derrocamiento de su gobierno y que forman parte de un golpe continuado. Se tratarán algunos casos y ejemplos representativos de la manipulación mediática a la que se somete a Venezuela, la muestra original del libro Antiperiodistas fue de 70 periodistas de once diarios (El tiempo y el Espectador de Colombia; El País, El Mundo y abc de España; Clarín y El Nacional de Argentina; El Comercio de Ecuador; El Mercurio de Chile; El Universal de México; y abc Color de Paraguay). A continuación se relatarán los ejemplos más representativos.

La caricaturización del presidente Chávez Académicos españoles, como Carlos Sixirei, han descrito la caracterización del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por parte de los medios de comunicación desde los primeros años de su llegada al poder “como un dirigente de tendencias populistas, autoritarias y casi fascistas” (Sixirei, enero 2011, p. 170), prejuicios en torno a los cuales gira toda la información que se publica sobre el mandatario venezolano. Entre los periodistas se registra también una imagen muy caricaturizada del mismo. El redactor de Política de El Tiempo, Nelson Enrique Parra le describió de la siguiente manera: “Chávez es un personaje colombiano, adoptado, ya no hay nada que hacer; es una persona que está allí enloquecida, haciendo unas vainas absurdas” (Nelson Enrique Parra. Entrevista personal n°1. Marzo de 2011). Tras esto se atrevió a señalar que la cobertura relacionada con Venezuela fue “muy neutral; siempre se trata de tener cierta neutralidad, pero es que Chávez es un personaje que en

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determinados momentos es bastante hostil” (Ibídem). Con estas afirmaciones, el periodista deja ver cómo su percepción individual sobre este personaje (Chávez) afecta al tratamiento informativo que le da al mismo. Reconoció entonces la existencia de un periodismo de reacción, donde la palabra ‘neutralidad’, que de por sí no tiene mayor sentido, pierde todo atisbo de credibilidad en los comentarios de Parra, quien la utilizó de manera contradictoria al tomar partido frente a la figura de Chávez. Una de las articulistas que ha debatido en alguna ocasión –más en privado que en sus artículos publicados en El Tiempo– la visión estereotipada que los medios han ido construyendo en torno a Venezuela, y confrontado su sentido común, es Socorro Ramírez. Durante la entrevista dio unas interesantes pautas para entender la relación colombo-venezolana: Antes de Chávez, si uno miraba Venezuela vía El Tiempo, solo se veían los negocios; Colombia no tenía más interés en Venezuela […] entonces el enfoque de El Tiempo era solo eso. Con la llegada de Chávez hay un tono muy reactivo contra Chávez: varios años de tratarlo de un pobre militarote, incapaz, inepto, bruto, o sea, una caricatura que yo creo desmontó la capacidad colombiana de entender lo que pasaba con Chávez; compártelo o no, creo que la caricatura empobrece la capacidad de entender qué está pasando. Me parece que por mucho tiempo el periódico, y era un poco la opinión colombiana y gubernamental, como que todos esperando que se cayera; entonces Colombia se preparó para la caída de Chávez durante mucho tiempo (Socorro Ramírez. Entrevista personal n°2. Marzo de 2011).

Existe, por tanto, un reconocimiento claro de la construcción de una imagen estereotipada del presidente Chávez por parte del diario El Tiempo. Al preguntarle a Ramírez si los medios habían contribuido a construir esta imagen distorsionada y demonizada del presidente de Venezuela, llevando a cabo una selección maliciosa de ciertos fragmentos de su discurso, sacándolos de contexto, respondió: […] Sí, la hubo, sin duda que la hubo; por ejemplo, no había ningún interés por mirar por qué tiene medio país que lo apoya, qué representa,

qué fenómeno es ese; solo se quedaba en la imagen que Chávez además ayuda a crear, pero no se hacía ningún intento por entender un poco ese fenómeno (Ibídem).

Se admite que los medios ocultan importantes facetas de la personalidad del presidente Chávez y la realidad de Venezuela, aunque se trata de justificar apelando a que el propio mandatario venezolano contribuye a la creación de dicha imagen, lo cual –como se verá más adelante– es otra falacia de los medios. La caricatura del presidente Chávez construida por los medios de comunicación también fue afirmada por el editor jefe de la sección de Opinión de El Tiempo, Francisco Miranda, quien acabó reconociendo, tras mostrarle varios ejemplos de artículos en los que se detectó previamente algún tipo de manipulación lo siguiente: De acuerdo, hay una caricatura; estamos claros en todo eso […]. ¿Los medios son culpables de un mal manejo de la imagen de Chávez, o de una espectacularidad en la imagen de Chávez? Puede ser, no te lo niego; puede ser que los medios colombianos hayamos cubierto al presidente Chávez enfocados en lo espectacular, de acuerdo (Francisco Miranda. Entrevista personal n° 3. Marzo de 2011).

Chávez como una noticia banal y de espectáculo La banalidad y el espectáculo son las características predominantes en la imagen fabricada del presidente Chávez y sus acciones de gobierno. En este sentido, señaló el columnista de El Tiempo Daniel Samper: [Chávez] es una gloria para las redacciones de los periódicos, es decir, es un personaje fantástico; canta, baila, dice toda clase de cosas; sus presentaciones en público son siempre un espectáculo; lo aplauden, es decir, para la redacción difícilmente se consigue un mejor personaje; yo creo que buena parte de las salidas en público de Chávez garantizan que van a tener un interés para la redacción (Daniel Samper. Entrevista personal n° 4. Marzo de 2011).

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Es decir, hay un componente del presidente Chávez que los medios anhelan, prefieren y seleccionan con avidez: el espectáculo. La noticia se transforma en entretenimiento y sobre la explotación de esta faceta se suele volcar el enfoque de las redacciones. La banalidad está de moda, aunque en el caso del presidente Chávez llega a su clímax. El autor Casablancas afirma que “la prensa tiende cada vez más a fijar su pauta de selección de noticias a partir de criterios basados en la espectacularidad y el entretenimiento” (Casasblancas, 2005, p. 23). A ello se une la obsesión por no aburrir, “generando realidades tan potentes o más que la realidad misma” (ibíd., p. 43). Como resultado, lo anormal se convierte en noticia y lo extravagante es promocionado como parte de la cultura del espectáculo (Galdón, 2006, pp. 35-36). En el periodismo serio, la función informativa de los medios no es la de distorsionar la realidad, sino investigar las diversas caras de la realidad para proporcionar una síntesis equilibrada. Sin embargo, se comprueba cómo los periodistas prefieren la distorsión antes que el rigor. Para el más puro entretenimiento, los diarios tienen a sus periodistas especializados en farándula. El Tiempo de Colombia posee un columnista muy particular llamado Poncho Rentería, su estilo se basa en la ironía y en la sátira del personaje que elige como blanco de sus mordaces críticas. Pero, como explicó Rentería en relación con sus propias publicaciones, no cree que tenga completa libertad en los artículos de opinión, pues un artículo sin límites: […] no es equilibrado con la víctima; la opinión debe ser responsable y jugarle limpio a la víctima; no debe pegarle 17 puntapiés en la cara; debe ser inteligente para castigarlo, para acusarlo, para criticarlo, y entender la desigualdad que hay entre el que paga y el que recibe (Poncho Rentería. Entrevista personal n° 5. Marzo 2011).

En total, Rentería publicó desde mediados de 2009 a mediados de 2010 trece artículos en los que el presidente Chávez fue mencionado. Dicha cifra sorprendió, al enterarse, incluso al propio columnista por su elevado número, lo que ya demuestra un uso recurrente de la imagen

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del presidente Chávez por los periodistas de la farándula, que viven casi exclusivamente de la espectacularidad y la información banal. Al comentarle a Rentería que con el presidente Chávez rompía su propia regla de no sobrepasarse y decir cualquier cosa, ni ‘golpearlo’ demasiado duro, Rentería tuvo que admitir que lo hacía y dio una serie de explicaciones al respecto: […] le he ridiculizado mucho, sí, sí, se lo ha ganado, hombre, se lo ha ganado, pero es que no se puede ser el matón del barrio, el bravucón de la plaza. Sí lo ridiculizo mucho, y lo jodo mucho pero me gusta más esa tónica, le censuro el ego porque es que, además, yo tenía enormes simpatías por Chávez. En Venezuela estaba la clase política más corrupta y la burguesía más corrupta y entonces, cuando tú tienes un país rico, multimillonario como Venezuela, tienes que tener un gobierno sano, bueno, decente, justo y que los pobres conozcan la carne, el pollo, el huevo, la televisión, perfecto, pero es que el tipo le ha metido mal gusto, le ha metido unas bravuconadas que ha hecho antipática esa llamada Revolución Bolivariana. Por esa razón yo soy antipático con Chávez, pero le guardo un abono: que los pobres de Venezuela conocieron la leche y los huevos con Chávez. Sí, en verdad se lo abono (Poncho Rentería. Entrevista personal n° 5. Marzo 2011).

La distorsión de la figura de Chávez no se articula solo sobre una maniobra metonímica de presentar un detalle como síntesis del carácter de un personaje, ni tampoco se queda simplemente en la falsificación. Es interesante observar cómo, además, se retienen rasgos positivos de la gestión del presidente Hugo Chávez: afirma Rentería que “los pobres de Venezuela conocieron la leche y los huevos con Chávez”. Sin embargo, no hay una sola referencia al reconocimiento de estas políticas en todos los artículos que ha publicado este columnista sobre el mandatario venezolano. Lo que sabe no coincide con lo que escribe. Los aspectos nunca revelados en sus artículos se basan en argumentos racionales, como es que la gente humilde se alimenta mejor, pero la crítica, que es recurrente en las piezas de Rentería, se sustenta en lo irracional y empático: Chávez es un bravucón que le ha metido mal gusto.

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Al editor de la sección internacional, Eduardo Soto, se le mostraron varias piezas periodísticas de El Tiempo cuya información sobre Venezuela era claramente sensacionalista. Así lo demostró el titular “Los nuevos juguetes de Chávez”, en relación con una adquisición de armamento.3 La nota –procedente de Agencias– fue calificada por Soto como “algo de mofa, pero no sé si excesiva” (Eduardo Soto. Entrevista personal n° 6. Marzo 2011). De nuevo, el mismo tratamiento tendencioso es justificado por el redactor Soto al señalar que “de alguna manera identifica lo que se pensaba en ese momento de los anuncios de Chávez”. El periodista quiso hacer creer que lo que piensa el diario es lo que piensa el público. Sobre la caricaturización de la imagen de Chávez con este tipo de recursos periodísticos basados en el sensacionalismo, Soto afirmó que “no es la intención, no es la idea, porque ese no es un titular que salga todos los días, o sea, ese juego no se hace todos los días; es uno entre muchos” (ibídem). Inmediatamente las disculpas: Soto admitió que no es aceptable tal tratamiento, pero alegó que no importa porque no es representativo. Cuando se le comentó que sobre los presidentes Obama y Zapatero no sería posible titular notas relacionadas con la adquisición de material bélico de esta manera, Soto señaló: “no creo, pero de Evo sí”, debido a que el presidente de Bolivia también tenía “exabruptos de ese tipo” (ibíd.). Claro, Evo Morales también pertenece a los gobiernos progresistas que ponen en tela de juicio al sistema liberal y, por lo tanto, también es parte del ‘Eje del Mal’. La demonización del presidente Chávez se lleva a cabo bajo cualquier excusa y tema. Con la editora de la sección internacional del diario El Espectador, Angélica Lagos, también se conversó sobre una nota titulada “La obesidad es la nueva amenaza para Venezuela: Chávez”.4 La

3 “Los nuevos juguetes de Chávez”, El Tiempo, 15 de marzo de 2010, . 4 “La obesidad es la nueva amenaza para Venezuela: Chávez”, El Espectador, 17 de noviembre de 2009, .

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palabra ‘amenaza’ apareció también en el texto como si fuera parte de una cita del mandatario venezolano; sin embargo, nunca fue pronunciada por él. Lagos volvió a reconocer, después de haberle mostrado una gran cantidad de artículos, “quedarse sin defensa”, pero le echó la culpa de la publicación a la sección digital de ElEspectador.com (Angélica Lagos. Entrevista personal n° 7. Marzo 2011). Para Leonardo Rodríguez, responsable de dicha sección, este artículo contenía una “carga editorial” (Leonardo Rodríguez. Entrevista personal n° 8. Marzo 2011). Los ataques a la figura del mandatario venezolano rozan en muchas ocasiones lo ridículo: “Polar, la cerveza favorita en Venezuela, en la mira de Chávez”.5 La información de nuevo pierde relevancia; lo importante es que el artículo tenga pegada, de ahí su entradilla: “en un hecho inédito, ordenó desmontar la ‘esfera Pepsi’, ubicada en la terraza de la torre Polar, en Plaza Venezuela”. En este artículo se interpretó que la ‘esfera Pepsi’ –una increíble construcción en lo alto de uno de los grandes edificios caraqueños de 80 toneladas– fue desmontada por motivos únicamente políticos y en ningún momento se mencionó siquiera que, según informes técnicos, la estructura estaba en mal estado y era un peligro, dada la ubicación de la gran esfera en una zona sísmica de Caracas.6 Tanto Angélica Lagos como Leonardo Rodríguez estuvieron de acuerdo en que el olvido de este tipo de argumentos para enfocar la nota únicamente desde una perspectiva ideológica fue un error periodístico (entrevista realizada a Angélica Lagos y Leonardo Rodríguez. Entrevistas n°6 y 7. Marzo 2011).

5 “Polar, la cerveza favorita en Venezuela, en la mira de Chávez”, El Espectador, 3 de junio de 2010, . 6 “Comenzó desmontaje de la esfera Pepsi”, Aporrea.org, 4 de junio de 2010, .

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Chávez demonizado como arma política contra la izquierda El redactor de la sección Política de El Tiempo, Enrique Parra, al caracterizar al expresidente venezolano en el marco de las elecciones presidenciales en Colombia del año 2010, aseveró que: Según la posición que asuma el candidato en esa campaña frente a un personaje como Chávez, eso le da más o menos puntos en la opinión pública. Aquí hay un 90 por 100 de rechazo a la figura de Chávez; el que diga “me voy a dar picos con Chávez”, se muere (Nelson Enrique Parra. Entrevista personal n° 1. Marzo de 2011).

En consecuencia, la figura del mandatario venezolano fue utilizada para neutralizar a cualquier político o programa que tuviera un tinte progresista. Daniel Samper admite como resultado de la demonización a la que se sometió a Chávez que “es un personaje que se necesita mucho valor para defenderlo incluso cuando pudiera tener razón” (Daniel Samper. Entrevista personal n° 4. Marzo de 2011). La corriente hegemónica no solo la tienen que seguir los políticos, sino que los propios periodistas y articulistas también se ven constreñidos en su trabajo. La articulista Socorro Ramírez manifestó que en sus artículos, donde mantenía posturas que en ningún momento podrían haberse catalogado de chavistas o filochavistas –pero sí diferentes a las planteadas por el pensamiento hegemónico–, se la insultaba de manera “brutal” en los comentarios por parte de los foristas, hasta el punto de que El Tiempo se vio obligado a suprimir y dejar de mostrar la gran cantidad de insultos que se publicaban (Socorro Ramírez. Entrevista personal n° 2. Marzo de 2011).

Chávez, un gobernante incómodo para el gran capital Uno de los motivos fundamentales por los que se adversó al presidente Chávez, y que en algún momento se han mencionado, fue su desafío a la visión liberal del mundo. La Revolución Bolivariana no encaja dentro del

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modelo de la ideología imperante y, por lo tanto, los medios de comunicación son usados para desacreditarla. Así lo admitió Francisco Miranda, editorialista del diario El Tiempo de Colombia: […] las elites latinoamericanas, que podríamos llamar elites liberales, elites construidas dentro de la década de los noventa, elites que implementaron en sus países modelos neoliberales, consenso de Washington, ellos asumen a Chávez como un enemigo porque Chávez comienza a apoyar a sus contradictores (Francisco Miranda. Entrevista personal n° 3. Marzo de 2011).

Miranda retrata la lucha de clases y cómo las ‘elites’ hacen todo lo posible por preservar su statu quo. Dado que el propio diario El Tiempo expresamente se posiciona a favor de los valores que persiguen las ‘elites latinoamericanas’, se puede concluir que en el diario, desde su editorial, también se percibe al presidente Chávez y el modelo de sociedad que defiende como un enemigo, aunque pretendan disfrazarse tras la objetividad periodística. Hay que tener en cuenta que el presidente Chávez abogó, y la Revolución Bolivariana aún sigue haciéndolo, por una democracia social que promociona la intervención del Estado en la transición económica al socialismo. El Tiempo, ante la amenaza que significa la Revolución Bolivariana a sus intereses, trata de construir un sentido común (como diario hegemónico) contrario a Venezuela, y para ello utiliza todas las técnicas de manipulación y propaganda a su alcance.

Algunos de los principales temas de ataque a la Revolución Bolivariana en la prensa A continuación, se mostrarán algunos temas que han servido como punta de lanza para atacar a Venezuela en el golpe mediático continuado desde la prensa hegemónica. Se ha seleccionado un número limitado de temas, pero son muchos más los que casi a diario se siguen usando para hostigar la Revolución Bolivariana.

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Venezuela, armada y peligrosa Las compras de armas de Venezuela a países como china y Rusia –que llegó a convertirse en uno de los temas por los que más se atacó al expresidente Chávez– fueron utilizadas con gran frecuencia, pero especialmente durante la crisis bilateral con Colombia en los últimos años del otrora presidente, Álvaro Uribe, para exasperar los ánimos de la opinión pública internacional en general y especialmente la colombiana. Edulfo Peña, editor de la sección Política de El Tiempo, se refirió a este tema de la siguiente manera: “Si tú ves que un tipo como Chávez compra cinco mil millones de dólares en armas, Colombia no tiene ninguna posibilidad de igualar o equiparar un nivel de compra de armas de esa magnitud, y ves que habla de alianzas con Irán para la energía nuclear” (Edulfo Peña. Entrevista personal n° 8. Marzo de 2011). La falta de veracidad de la información en este tema es bastante alarmante porque supone un caso prototípico de propaganda bélica. De hecho, la desatinada percepción que Peña sostuvo sobre el supuesto armamentismo venezolano se demuestra con sencillos datos al alcance de todo el mundo, revelados por los organismos más autorizados en la materia. El gasto de Venezuela en defensa, en relación con el pib, es menor que la media de América Latina, cifra que además ha disminuido en los últimos años, mientras se incrementó en la región. En primer lugar, cabe destacar que el gasto de Venezuela en defensa para aquel momento (año 2009) se encontraba en un 1,3% del Producto Interno Bruto (pib), mientras que en el 2003 fue del 1,4% –datos establecidos por el Instituto de Estocolmo para la Investigación de la Paz Internacional (sipri por sus siglas en inglés)–.7 Al mismo tiempo, al comparar el monto total gastado en defensa, según la Red de Seguridad de América Latina y el Caribe (ResDaL), para Venezuela se estableció en 4.185 millones de dólares ese

7 En relación con el porcentaje del gasto del PiB, Venezuela fue también superada por otros muchos países como Cuba (3,5%), Ecuador (3%), Bolivia (1,9%) y Uruguay (1,4%).”Budgetary Priorities in Latin america: Military, Health and education spending”, SIPRI, diciembre de 2011, p. 4, .

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año, cifra que se redujo a 2.501 para el año 2010.8 Venezuela se erigió en el único país que redujo su gasto en armamento en la región para ese año, y fue superado en términos totales por varios países de la región; entre ellos Colombia, que gastó 6.178 millones de dólares en armamento en el año 2010, superando los 5.534 de 2009. Peña tampoco tomó nunca en cuenta el embargo de armamento realizado por eeuu a Venezuela –proveedor tradicional de este tipo de material–, lo que provocó que el país caribeño tuviera que renovar gran parte de su arsenal, que quedó rápidamente obsoleto por falta de piezas de recambio.9 Además, el embargo ha impedido que otros países como Brasil hayan podido venderle aparatos, como fue el caso de los aviones Super Tucano para entrenamiento militar y vigilancia, por tener componentes estadounidenses. El redactor jefe de la sección internacional de El País, Fernando Gualdoni, al tratar de describir al presidente Chávez se apoyó en el armamentismo para desprestigiarle: […] yo, como latinoamericano, si un presidente de un país como Venezuela, al que quiero mucho y en el que viví de pequeño, me dice que van a comprar tanques y submarinos o no sé cuántos cazas rusos, pues yo pensaría: “¿No sería bueno gastar ese dinero en otras cosas?” Esa noticia yo no la veo positiva, que un país con muchísimo por hacer para el desarrollo y para el afianzamiento de las instituciones democráticas compre miles de tanques […] y donde las amenazas no son las militares; son la delincuencia organizada, la falta de educación, es decir, hay otras prioridades y nosotros estamos a favor de esas prioridades: la educación, la salud, etc. (Fernando Gualdoni. Entrevista personal n° 10. Febrero 2012)

La reflexión de Gualdoni sobre los problemas éticos que plantea el gasto en armamento es una preocupación general que no solo afecta a

8 ResDaL, Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe. Edición 2010, 26 de octubre de 2010, p. 52, . 9 “eeuu prohíbe venta de armas a Venezuela”, BBC, 15 de mayo de 2006, .

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Venezuela; sin embargo, estas críticas no suelen escucharse de los países occidentales amigos, sino únicamente de los Estados de los que se pretende crear una imagen adversa. El razonamiento de Gualdoni sería el adecuado si todos los países fueran tratados del mismo modo desde El País, algo que no ocurre en absoluto. Ante la pregunta de si se elaboró la misma cantidad de artículos sobre otros países como Chile, cuyo gasto en armamento en relación con el PIB y en gastos totales es superior a Venezuela, aunque su población es aproximadamente la mitad, Gualdoni contestó afirmativamente.10 Sin embargo, al hacer la búsqueda de artículos en El País, se pudo comprobar que los enfoques en relación con Chile y Venezuela son completamente distintos. Al introducir en el buscador de El País las palabras “armamentismo Chile” y “armas Chile”, las primeras notas que aparecieron en el archivo de la hemeroteca digital son de los años ochenta y noventa, durante la dictadura de Pinochet. Al hacer lo mismo con relación a Venezuela, todas las notas encontradas datan del gobierno de Chávez. Al introducir en el buscador “armamentismo Venezuela”, la primera nota que apareció fue “Estados Unidos suspende las ventas de armas a Venezuela”,11 que comenzó con la siguiente frase: “El Departamento de Estado anunció ayer la interrupción de todas sus ventas de armas al gobierno venezolano para sancionar su nula cooperación en la guerra contra el terrorismo”, mientras que al buscar “armas Venezuela” en primer lugar surgió: “Zapatero y Lula sellan la paz entre Colombia y Venezuela para vender armas a Chávez”,12 cuyo subtítulo fue: “Estados

10 Debemos recordar en este momento algunas cifras: el gasto de Chile en armamento fue de 4.778 millones en 2010, más que los 4.353 en 2009. Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, Edición 2010, ResDaL, 26 de octubre de 2010, p. 52, . 11 “Estados Unidos suspende las ventas de armas a Venezuela”, El País, 16 de mayo de 2006, . 12 “Zapatero y Lula sellan la paz entre Colombia y Venezuela para vender armas a Chávez”, El País, 29 de marzo de 2005, .

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Unidos relaciona el rearme del gobierno de Caracas con el terrorismo en la zona”. Gualdoni se equivocó y el trato dado por el diario a Venezuela y Chile difiere. Aunque Chile es, junto a Colombia, el país que más dinero gasta en armamento en relación con el PIB –y en muchas ocasiones no hay transparencia alguna en sus adquisiciones–, El País no ha escrito ningún artículo sobre este tema en las últimas dos décadas. Finalmente, al introducir en el buscador “presupuesto defensa Chile”, la primera nota que apareció es de 2004 en un tono positivo: “Lagos [expresidente chileno] promete a Bono [exministro de Defensa español] aumentar las compras de armamento español”.13 El enfoque de la publicación fue completamente diferente al utilizado con Venezuela; ejemplo de ello es que, al utilizar las mismas palabras de búsqueda con respecto a este último país, se encontró en primer lugar la nota: “Bono [en ese momento parlamentario de la oposición y ya no ministro] acusa al PP de practicar una doble moral con las ventas de armas a Venezuela”.14 Aunque el actor de ambas notas coincide (José Bono, político histórico del Partido Socialista Obrero español), respecto a Chile el enfoque es que vender armas es un buen negocio, mientras que con Venezuela es un acto reprochable. Ataque a medios de comunicación y falta de democracia La acusación de que Venezuela coarta la libertad de expresión mediante la censura a los medios de comunicación y que presenta carencias democráticas se ha convertido en una especie de justificación general para criticar todos los actos del gobierno venezolano. Validar estas aseveraciones, desde la perspectiva de la democracia representativa liberal, significaría arrebatarle la legitimidad al gobierno venezolano y su revolución. 13 “Lagos promete a Bono aumentar las compras de armamento español”, El País, 20 de septiembre de 2004, . 14 “Bono acusa al PP de practicar una doble moral con las ventas de armas a Venezuela”, El País, 19 de abril de 2005, .

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Juan Luis Cebrián, consejero delegado del grupo Prisa y exdirector de El País, acabó haciendo un ejercicio demagógico al comparar a Chávez con el dictador español Francisco Franco durante la entrevista concedida en el marco de esta investigación: “¿Que el señor Chávez hará cosas bien? Pues probablemente, y que de algunas nos enteraremos, pues también. También hizo cosas, hubo cosas buenas durante el franquismo; en cuarenta años alguna carretera había recta y bien pavimentada, ¿no?” (Juan Luis Cebrián. Entrevista personal n° 11. Febrero 2012). La parcialidad ideológica de Cebrián es la que impregna los puntos de vista de la inmensa mayoría de los artículos que escriben los columnistas y redactores de El País. Pues, ¿quién se atrevería a llevarle la contraria al presidente ejecutivo del grupo Prisa? Dada la insistencia de Cebrián respecto a la falta de calidad democrática y ataques a la libertad de expresión del gobierno de Venezuela, se le preguntó por qué no considerar también como parte del progreso democrático en Venezuela los logros en materia de educación, salud y reducción de la pobreza que han redundado a favor del desarrollo del país, pero que nunca eran reflejados por su diario. A esto Cebrián contestó negando cualquier avance, aún en materia social, en Venezuela: Yo no lo creo, es decir, y a lo mejor puede ser que algunas cosas se hagan bien, yo creo que con una inflación de más del 20% y del 30% Chávez está empobreciendo a su país; no está haciendo las infraestructuras que tiene que hacer, o sea, está hipotecando el futuro del país con esa política de subsidios y de repartición. Yo no lo creo; en fin, no me cabe duda de que haya logros que no se hayan puesto. Pero nuestra crítica es exclusivamente sobre la democracia y el debate que quieres hacer sobre los derechos sociales; eso podría llevar a un debate muy amplio, pues qué duda cabe de que hay derechos sociales, pero te vuelvo a decir que en eso soy un liberal anglosajón. La democracia es un sistema…, un método, un sistema de gobierno que consiste en la elección de los gobernantes por los gobernados, fundamentalmente eso… y en la garantía de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y, por lo tanto, el respeto a las minorías, las minorías políticas, las minorías de género, de raza, de religión, etc. y tal (Juan Luis Cebrián. Entrevista personal n° 11. Febrero 2012).

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Cebrián no quiso hablar de posibles logros sociales en Venezuela; en cambio, se enfrascó en la discusión de los alegatos a déficits democráticos. Para el presidente ejecutivo de El País, la democracia es un método que consiste en la elección de los gobernantes por los gobernados, nada más, lo que calificó como una perspectiva liberal anglosajona. No obstante, la definición que ofreció Cebrián de la democracia como un método o sistema de gobierno sin tener en cuenta los derechos sociales es anacrónica y está superada. La Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, uno de los documentos de avanzada en materia de protección de los Derechos Humanos y con más de veinte años de vigencia, establece claramente la relación entre la democracia y los derechos sociales: “La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente”.15 El desarrollo y los derechos sociales no pueden ser excluidos al evaluar la democracia en Venezuela. Pero, además, respecto a las libertades y derechos civiles y políticos mencionados por Cebrián –como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el respeto de las minorías–, no hay constancia ni prueba alguna de que sean violadas por las instituciones del Estado de peor forma que en otras democracias occidentales, aunque por supuesto todos los sistemas son perfectibles. En relación con Venezuela, Cebrián expresó una visión bastante estereotipada al hacer la comparación entre Colombia y Venezuela, identificándose prejuicios y clichés de manera clara: En Venezuela es obvio que ha habido retrocesos sustanciales con el régimen de la Revolución Bolivariana y lo que se refiere a aspectos fundamentales de la democracia, como son el respeto a la libertad de expresión, respeto a las minorías, etc. y tal. Es una democracia vigilada y un poco amputada, no solo en Venezuela, sino en Nicaragua o Ecuador donde están ocurriendo cosas semejantes.

15 ONU, a/conf.157/23, Declaración y Programa de Acción de Viena, 12 de julio de 1993, .

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Colombia es un país con otros problemas, con una democracia que funciona, pero es un país todavía en guerra civil, con grandes porciones del territorio que no son controladas por el Estado. Lo que tratamos de apoyar es a las instituciones democráticas colombianas para que haya un proceso de pacificación que permita estabilizar la situación política (Juan Luis Cebrián. Entrevista personal n° 11. Febrero 2012).

Cebrián afirmó unos retrocesos en Venezuela en cuanto a “aspectos fundamentales de la democracia”, pero no dio datos ni razones, sino que vagamente aseguró una falta de “respeto a la libertad de expresión y a las minorías”. Nos preguntamos si por minorías se referirá Cebrián a las clases sociales privilegiadas que se han visto afectadas por medidas de redistribución de la riqueza, ya que Venezuela muestra la menor disparidad entre ricos y pobres en América Latina.16 El consejero delegado del grupo Prisa pretendió endilgarles esa misma imagen a países que llevan a cabo políticas sociales afines a Venezuela y contrarias al liberalismo económico, como Ecuador y Nicaragua. Pero frente a Colombia, pese a reconocer que existe una guerra civil, la retrató como si no tuviera problemas en el funcionamiento de su democracia. El consejero delegado Cebrián utilizó la imagen estereotipada que su diario fue construyendo del expresidente Chávez para presionar de manera descarada a distintos líderes políticos. Así le ocurrió a Ollanta Humala, que recibió una enorme presión durante las dos campañas presidenciales en las que participó –la del año 2006, que perdió en segunda vuelta, y la del año 2011, que finalmente ganó–17. Juan Luis Cebrián fue 16 Venezuela, según la Cepal, ha sido el país en el que más ha disminuido la desigualdad en la última década. “Según la Cepal, el país que más disminuyó la desigualdad en la última década es Venezuela”, Noticias 24, 4 de octubre de 2012, . 17 Fueron muchos los artículos que publicó El País advirtiendo sobre los peligros de la llegada al poder de Ollanta Humala en la campaña del año 2006 y del 2011, como se puede apreciar en los siguientes artículos: “El Chávez peruano”, El País, 23 de enero de 2006, ; “Viaje al feudo del caudillo peruano”, El País, 30 de marzo de 2006, ; “Ollanta Humala, el presunto moderado”, El País, 10 de abril de 2011, . 18 “Es una prioridad defender el Estado de Derecho”, El País, 22 de enero de 2011, . 19 “Ollanta Humala, de ‘caudillo peruano’ a ‘buen guerrero’”, El País, 9 de junio de 2012, .

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[…] no cabe la menor duda de que Chávez, Correa y Ortega en Nicaragua representan retrocesos democráticos, aunque hayan sido elegidos en las urnas […]. No sé si esto es un estereotipo o no, pero no cabe la menor duda de que en lo que se refiere a la libertad de expresión, de lo que… de lo que más conozco, pues ha habido retrocesos muy importantes (Juan Luis Cebrián. Entrevista personal n° 11. Febrero 2012).

No todos los periodistas estuvieron de acuerdo con la maniquea visión de Cebrián. Una de las periodistas más veteranas de El País, Soledad Gallego-Díaz, quien ha pertenecido a su plantilla prácticamente desde su fundación, señaló en torno a Venezuela y su calidad democrática: Venezuela es evidentemente un régimen democrático: el presidente ha ganado varias elecciones. Se ha sometido a varios referéndums el señor Chávez; es un régimen democrático, nadie lo puede dudar, es así. Pero el hecho de que sea un gobierno democrático no quiere decir que te autorice, ni al gobierno español, ni al venezolano, ni al húngaro, no hay por qué consentirle y dejar de publicar determinadas actuaciones que desde el punto de vista de la visión del periódico menoscaban la libertad individual. No criticamos al presidente Chávez por posiciones de izquierda, sino por ataques a libertades individuales; yo no creo que se haya cuestionado en ninguna editorial las posiciones sociales del presidente Chávez (Soledad Gallego-Díaz. Entrevista personal n° 12. Marzo 2012).

Gallego-Díaz da a conocer una obviedad –pero que, por desgracia, muchos de sus colegas no tienen clara, incluido el consejero delegado Cebrián–, como es el carácter democrático del gobierno de Venezuela. La segunda parte del comentario de Soledad Gallego constata que El País está interesado primordialmente en los derechos individuales, debido a que son los valores netamente liberales en los que se sustenta. Finalmente, en su exposición la veterana periodista nos asegura que no se critica a Venezuela por sus políticas sociales aunque, como hemos podido comprobar, esas políticas sociales son sistemáticamente ocultadas e incluso negadas, como hizo en varias ocasiones Cebrián. Durante su exposición, Soledad Gallego admitió: “Estoy de acuerdo en que esto seguramente se

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produce; nos enfocamos más en los problemas que en los éxitos” (Soledad Gallego-Díaz. Entrevista personal n° 12. Marzo 2012). La imagen falseada de que Venezuela no es un país democrático se produce continuamente. Fernando Laborda, jefe de editoriales del diario argentino La Nación, confirmó que “La imagen que tenemos de Venezuela es la de un país con un gobierno que tiende a concentrar el poder, que no respeta los principios republicanos de división de poderes, y que está al borde de un gobierno totalitario” (Fernando Laborda. Entrevista personal n° 13. Octubre 2010). El jefe de editoriales de La Nación expresó de tres formas diferentes la misma idea de que Venezuela avanza hacia la dictadura, una predicción que todavía se está esperando que se cumpla y que los medios no han dejado de profetizar sin aportar pruebas. La supuesta persecución a los medios de comunicación va de la mano de la supuesta falta de democracia, que sería parte de lo que Gallego-Díaz describió como el ataque a las libertades individuales, pero, como veremos a continuación, se sobredimensiona continuamente. El diario El Tiempo publicó el titular: “Chávez iría tras control de internet”.20 Al preguntarle a Eduardo Soto, editor de la sección internacional de este diario colombiano, por el hecho de que el uso de un verbo en forma condicional en un titular provoca confusión y es censurado por los libros de estilo, opinó que “normalmente no es el diario, sino una fuente quien lo dice, no sé” (Eduardo Soto. Entrevista personal n° 6. Marzo 2011). Soto se equivocó: al no haber ninguna fuente a la que se atribuya la especulación, su origen es el propio diario. Pero Soto además está completamente de acuerdo con las especulaciones de su diario: “Que no lo han acabado [internet], pero se busca una central única, un servidor único para internet en Venezuela; están en eso, no lo han acabado de hacer” (Eduardo Soto. Entrevista personal n° 6. Marzo 2011). Soto y su diario se equivocaron: desde la publicación 20 “Chávez iría tras control de internet”, El Tiempo, 18 de febrero de 2010, .

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del artículo en febrero de 2010 hasta el momento de escribir estas líneas (junio de 2016) en Venezuela no se ha llevado a cabo ningún mecanismo para establecer el control de internet. Los periodistas acaban tratando de convertir sus deseos en realidad para justificar la manipulación que realizan. Los alegatos sobre una supuesta violación a la libertad de expresión en Venezuela quedan patentes en artículos de El Tiempo como “Cuando opinar da cárcel”,21 en que se señala: El “delito de opinión” se configura en Venezuela como la más reciente y potente arma del gobierno de Hugo Chávez contra sus detractores. Así parece confirmarlo el apresamiento del exgobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, por haber cuestionado en un programa de tv las reacciones del gobierno venezolano ante algunos informes internacionales, y la detención y anuncio de juicio contra el presidente de Globovisión, por ofender la majestad presidencial. El abogado Rafael Chavero ve una clara campaña de intimidación.

Todas las valoraciones del artículo provienen de El Tiempo, aunque al final se introdujo como fuente al “abogado Rafael Chavero”, que es parte interesada por ser su cliente uno de los protagonistas de la nota. Sobre Álvarez Paz, no se menciona en el artículo que, sin presentar ninguna evidencia, durante una entrevista televisada acusó al gobierno y al presidente Chávez de complicidad con el narcotráfico; tras un proceso judicial fue condenado por difusión de información falsa a dos años de prisión, por lo que no fue a la cárcel. Eduardo Soto trató de justificar las especulaciones de su diario plasmadas en el titular, alegando que “eso también forma parte de la dinámica de Chávez, que hace un montón de anuncios, pero no los concreta, o sea, da el titular, pero no estructura la noticia” (Eduardo Soto. Entrevista personal n° 6. Marzo 2011). Otra vez la lógica de que 21 “Cuando opinar da cárcel”, El Tiempo, 28 de marzo de 2010, . Consultado en febrero de 2015.

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puede haber una norma periodística para sujetos particulares, lo que supondría que habría un periodismo distinto para cada sujeto del que se informa, como si algunas personas merecieran un periodismo de peor calidad. En este artículo, nunca se mencionó en qué momento el Presidente de Venezuela convirtió opinar en un delito, y es porque algo así nunca ocurrió. Jaime López, ex-colaborador de El Mundo desde Caracas, también escribió un artículo sobre el supuesto delito de opinión, e hizo hincapié en la falta de libertad de expresión e inexistente separación de poderes en Venezuela, al utilizar el presidente Chávez los organismos judiciales a su antojo para quitarse de en medio opositores políticos. Para ello, usó la palabra ‘mordaza’, que entusiasma a la prensa hegemónica: “Chávez aprieta la mordaza bolivariana”:22 Con el último arresto de un dirigente de la oposición, Hugo Chávez lanza un nuevo aviso a sus detractores. El delito de opinión, que no está estipulado por vía legal, sí existe en Venezuela. Aunque sea resultado de la jurisprudencia. La primera víctima es Oswaldo Álvarez Paz, gobernador de Zulia entre 1989 y 1992, que fue detenido por hablar en una televisión local sobre las “relaciones del régimen venezolano con estructuras que sirven al narcotráfico, como las Farc y otras en el continente”.

Para demostrar que el artículo no fue excesivo, pese a establecer sin tapujos la existencia de connivencia entre las decisiones judiciales y los intereses del gobierno venezolano, Francisco Herranz, editor de la sección internacional de El Mundo aseveró: “Para mí no hay duda de que los hay”, y ofreció la siguiente explicación: Puedes decir que un millón de moscas no se equivocan, pero no comemos mierda. Pero para mí esto parece verídico, que es muy fuerte [el titular]; sí, es muy fuerte, pero a mí esto no me rechina tanto. Pero es

22 “Chávez aprieta la mordaza bolivariana”, El Mundo, 24 de marzo de 2010, . Consultado en febrero de 2015.

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que hay una mordaza; no es que lo piense, es que la he visto, y que la aprieta, a los hechos me remito (Francisco Herranz. Entrevista personal n° 14. Marzo 2012).

Para demostrar que su diario decía la verdad, Herranz puso su palabra como testigo, pero no dio un solo argumento concreto ni verificable. El ex-editor de la sección internacional de El Mundo recurrió a un acto de fe como demostración del rumor y la especulación, sus convicciones y sus apreciaciones por encima de la razón, el esoterismo periodístico tan usado cuando el tema a cubrir es Venezuela. Volviendo a la discusión sobre la detención del tal Oswaldo Álvarez, cabe preguntarnos: ¿qué ocurriría en España si alguien en un programa de televisión sin prueba alguna se atreviera a hablar de las relaciones entre el rey (Jefe de Estado) Felipe vi y eta? ¿O si alguien se atreviera a decir que el rey es un mafioso narcotraficante? ¿Los tribunales y la Fiscalía se quedarían de brazos cruzados? La versión de López al analizar sus artículos volvió a diferenciarse de la dada por su jefe Herranz. El reportero expresó no tener “ningún tipo de margen de maniobra” para elegir el enfoque, pues “este reportaje estaba hecho” (Entrevista a Jaime López. Entrevista personal n° 15. Marzo 2012). Así que el artículo es un encargo del diario en el que de poco sirvió el olfato del periodista y encontrarse sobre el terreno; había que dar por ciertas las relaciones entre el gobierno de Venezuela y las farc; poco importa el resto. López acusó a El Mundo de colocar al mandatario venezolano en el centro de la toma de todas las decisiones para hacerle parecer como un autócrata: “[…] sí que todo es Chávez; aunque sea el Poder Judicial el que emite una orden contra un opositor, es Chávez el que enjuicia y acusa, o el que mete en la cárcel a un opositor, y en verdad lo hace la Fiscalía” (Entrevista a Jaime López. Entrevista personal n° 15. Marzo 2012). El inexistente delito de opinión apareció en otros artículos de El Mundo: “Opinar contra el gobierno podría ser delito en Venezuela”. En este caso, se presentó en la forma futurible en la redacción del artículo.

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Los libros de estilo censuran la utilización de un verbo en forma condicional en un titular; sobre ello, Herranz comentó que, algo así, “a nivel de estilo, yo lo evito”. El ex-editor de la sección internacional no mencionó que el artículo se basó por completo en las declaraciones de un opositor al gobierno y, al no presentarlas como una cita en su titular, El Mundo dio a entender que estaba sentando posición a favor del entrevistado y en contra del gobierno del presidente Chávez. Es, sin duda, un titular editorializado que confundió al lector al presentar la opinión como información. Con Miguel Ángel Bastenier, jefe de opinión de El País, también se tuvo la oportunidad de comentar algunos de los editoriales relacionados con la supuesta falta de libertad de expresión en Venezuela. Al preguntarle, en primer lugar, por el editorial titulado “Venezuela amordazada”,23 se afirmó que el gobierno del presidente Chávez estaba llevando a cabo “la ofensiva contra Globovisión, la última cadena nacional crítica con el chavismo”. La defensa de este canal de televisión venezolano fue continua, al que se mostró como si fuera acosado por el gobierno de Venezuela. Globovisión nunca ha sido “la última cadena nacional crítica con el chavismo”; la mayoría de los canales privados lo son, cuyo número además es superior a los pertenecientes al Estado. Bastenier, en una clara referencia a este canal pero sin mencionarlo, expresó en una de sus columnas: “La libertad de expresión de los medios venezolanos sigue siendo hoy aún considerable, y algunos dicen cosas contra el sistema y su creador que en Europa costarían la cárcel”.24 Durante la entrevista a Bastenier, dos años después de escribir el mencionado artículo, siguió manteniendo la veracidad de lo expresado en su columna y reiteró sobre Globovisión: “Ahí salen diciendo ‘Chávez ha asesinado a mi padre por televisión’ y todo” (Miguel Ángel Bastenier.

23 “Venezuela amordazada”, El País, 1 de agosto de 2009, . 24 “Las palabras de la tribu”, El País, 27 de mayo de 2009, .

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Entrevista personal n° 16. Febrero 2012). Bastenier, ante la contradicción en torno al tema de Globovisión entre su artículo y el resto de las publicaciones aparecidas en El País, alegó: “Yo no estoy de acuerdo del todo con la cobertura de este periódico, pero qué le vamos a hacer, que yo me identifique o que el periódico se identifique completamente con lo que yo digo pues eso sería utópico” (Miguel Ángel Bastenier. Entrevista personal n° 16. Febrero 2012). Bastenier reconoció de forma muy diplomática que su diario miente sobre la supuesta persecución a Globovisión, canal que, de estar en Europa, seguramente habría sido cerrado hace mucho tiempo por violación al derecho a la libertad de expresión y la información veraz. Para la redactora de la sección Política de Clarín, Natasha Niebieskikwiat, “Sobre Chávez había una mirada más contemplativa antes de que se metiera con Globovisión” (Natasha Niebieskikwiat. Entrevista personal n° 17. Octubre de 2010). A partir de ese momento, comenzó una mayor hostilidad contra las acciones del gobierno bolivariano (Natasha Niebieskikwiat. Entrevista personal n° 17. Octubre 2010). Según esta periodista, existieron motivos corporativos que justifican la animadversión y deformación de la información sobre Venezuela. Muchos han sido los editoriales de El País en los que se ha recurrido al uso de una palabra tan poco periodística como ‘mordaza’. Menos de seis meses después del editorial “Venezuela amordazada”, apareció otro editorial muy parecido: “Chávez amordaza”,25 lo que denota además una gran falta de imaginación y recursos lingüísticos por parte de El País o su interés por fijar este código en el ideario de sus lectores. Este editorial llevó por subtítulo: “Caracas acentúa su política de silenciamiento de los medios informativos críticos”. Soledad Gallego-Díaz, excorresponsal en Buenos Aires y posteriormente colaboradora de editoriales de El País, tuvo interesantes reflexiones en relación con el

25 “Chávez amordaza”, El País, 26 de enero de 2010, .

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uso de la palabra ‘mordaza’ en los titulares de los artículos que escribió estando en Argentina, que pueden ser comparados con Venezuela: […] No es el director que dice pongamos editoriales violentos contra una opinión; no, es un chaval que tienes allí, que se encarga de eso, que dice que la palabra ‘amenaza’ es la que se reproduce, la palabra ‘guerra’ es la que se reproduce, la palabra ‘mordaza’ es la que se reproduce. Y tú has escrito una crónica que no tiene nada que ver con la ley mordaza, como se conoce a la ley de medios que es muy discutible, pero que en lo absoluto no es una ley mordaza porque sientes que hay plena libertad de expresión en Argentina. Pero el titular es “la ley mordaza”, pero, si estás diciendo que no, si la crónica dice que no, que no es una ley mordaza, que es una ley muy discutible, polémica, que tiene elementos muy discutibles, pero si ahí dice específicamente que no es una ley mordaza, ¿por qué? Porque esos clics provocan más clics y, hasta que no lleguemos a la manera de controlar eso, vamos a tener problemas seriamente, pero eso supongo que poco a poco se va corrigiendo (Soledad Gallego-Díaz. Entrevista personal n° 12. Marzo 2012).

Gallego viene a decir nuevamente que la información está por debajo de las ventas. Hay que vender, y lo que vende es el espectáculo y el sensacionalismo. Aunque no haya mordaza, se debe decir que la hay si queremos que la nota se lea y, por lo tanto, pueda vender publicidad. Se actúa de acuerdo a la atracción de la publicidad y el dinero; por eso hay especialistas que saben cuáles deben ser los titulares para que se hagan más clics, cuyo criterio está por encima de los más experimentados periodistas de El País. La referencia a la mordaza se encuentra en piezas informativas que llegan al sinsentido publicadas por El País: “Hugo Chávez amordaza a Alejandro Sanz”,26 en relación con un concierto que no dio el cantante pero que nada tenía que ver con el mandatario venezolano. Otro artículo de la colaboradora Maye Primera fue titulado “Chávez prepara una ‘ley 26 “Hugo Chávez amordaza a Alejandro Sanz”, El País, 10 de octubre de 2007, .

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mordaza’ para castigar a la prensa crítica”;27 este artículo también apareció bajo el titular: “Chávez pone límites a la libertad de expresión”.28 El texto tenía relación con un proyecto de Ley especial sobre Delitos Mediáticos, que nunca llegó a aprobarse, pero que además no planteó ninguna disposición que pudiera calificarse como contraria a las reglas democráticas de cualquier otro país; aun así, los ataques al proyecto de ley desde los medios fueron continuos e indiscriminados. Al referirse a la situación de la libertad de expresión en Venezuela bajo el gobierno de Chávez, la colaboradora de El País en Caracas, Maye Primera, expresó que no existían diferencias con gobiernos anteriores, e incluso se refirió a que la situación habría mejorado bajo el gobierno de la Revolución Bolivariana: […] los gobiernos de Lusinchi, los gobiernos anteriores a este fueron súper duros con el tema de la libertad de expresión. Tampoco era que había más libertad de expresión de la que hay ahora; probablemente había menos porque había como más complicidad en los medios [de comunicación] con el Estado, había directores de medios que eran diputados, o sea, que los partidos les daban espacios dentro de sus listas, así como para callarles la boca (Maye Primera. Entrevista personal n° 18. Octubre 2011).

Maye Primera afirmó la connivencia entre el poder político y los medios de comunicación en los gobiernos anteriores a la Revolución Bolivariana, lo que para la colaboradora de El País no pasó durante la era Chávez, por lo que incluso podría hablarse de una mejoría de la situación de la libertad de expresión. Nunca encontraremos esta información en los medios hegemónicos. De hecho, pese a que la situación con respecto a la libertad de expresión en los gobiernos anteriores a Chávez fuera, en 27 “Chávez prepara una ‘ley mordaza’ para castigar a la prensa crítica”, El País, 31 de julio de 2009, . 28 “Chávez pone límites a la libertad de expresión”, lainformacion.com, 31 de julio de 2009, .

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el mejor de los casos, similar, en los diecisiete años en los que Ludmila Vinogradoff trabajó como colaboradora de El País –en el año 2002 pasó a trabajar a abc– no apareció ninguna noticia que pusiera en tela de juicio la libertad de expresión en Venezuela, como, sin embargo, sí ha ocurrido de manera sistemática durante el tiempo en que Chávez estuvo al frente del gobierno de este país. El redactor jefe de la sección internacional de El País, Fernando Gualdoni, pieza clave en la cobertura de Venezuela, dio una visión distinta referente a los medios de comunicación y el trato a los periodistas: “El gobierno de Venezuela te cierra una televisora por más opositora que sea. Nosotros no estamos a favor de eso; si nuestra corresponsal allí está amenazada o denuncia acoso, tampoco estamos a favor de eso” (Fernando Gualdoni. Entrevista personal n° 10. Febrero 2012). En Venezuela ni se cerró un canal –como afirmó Gualdoni quizá refiriéndose a RCTV, televisora a la que no se le renovó una concesión en el año 2007– ni la colaboradora Maye Primera reveló durante la entrevista concedida ningún tipo de acoso o amenaza desde el gobierno venezolano. Gualdoni mintió de manera descarada para justificar la manipulación a la que se somete desde El País a Venezuela. Una economía desastrosa Acusar a la Venezuela revolucionaria de fracasar en sus políticas económicas es un trabajo de años, pese a las positivas cifras macroeconómicas que este país arrojó durante todo el período de gobierno del presidente Chávez. Marcelo Cantelmi, editor jefe de la sección internacional de Clarín, negó rotundamente algún avance en Venezuela durante quince años de revolución (Marcelo Cantelmi. Entrevista personal n° 19. Octubre 2010). Para explicar que organizaciones como la Cepal hayan reconocido grandes progresos en la lucha contra la pobreza o que la FAO alabe que Venezuela se encuentre entre los países que más han combatido el hambre en el mundo, Cantelmi afirmó que Chávez fue un populista, que “sostuvo de manera improductiva a una masa de millones de pobres” (Marcelo Cantelmi. Entrevista personal n° 19. Octubre 2010). Así lo defendió en

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uno de sus artículos, en el que afirmó que “los pobres, según la Cepal, siguen siendo la mitad del país”.29 La cifra real de la pobreza en Venezuela para el momento en que Cantelmi escribió su artículo era muy inferior; según la propia Cepal, no llegaba al 30%, por no hablar de su exponencial reducción en una década en más de un 50%.30 Nos permitimos afirmar, por tanto, sin miedo a equivocarnos, que Cantelmi está mintiendo en cuanto a los datos que ofrece. Los artículos de Cantelmi reflejaron cierta obcecación por mostrar una Venezuela que estaría inmersa en una crisis económica. Los titulares llegaron incluso a repetirse en sus enunciados y líneas discursivas, tal como lo podemos apreciar en dos artículos que fueron publicados en menos de un mes: “Contradicciones de un país que flota en petróleo”;31 “Venezuela: fase declinante de un proyecto contradictorio”.32 Cantelmi, la persona a cargo de la sección internacional de Clarín, negó rotundamente que la gente haya salido de la pobreza en Venezuela. Para él, mientras que en Cuba la mayoría de la población disfruta de una buena educación y salud, ni siquiera eso se logró en Venezuela (Marcelo Cantelmi. Entrevista personal n° 19. Octubre 2010). La obsesión de Cantelmi por las notas económicas negativas relativas a Venezuela es bien conocida en la sección internacional de Clarín. La redactora Silvina Heguy dijo, en relación con esta inclinación de su jefe: “es un enloquecido; sabes que, si le mandas una propuesta sobre economía, va a ser feliz. Lo haces un hombre feliz”; aunque la propia periodista confesó: “A mí la economía no me gusta mucho” (Silvina Heguy. Entrevista personal n° 20. Octubre de 2010). Estos comentarios se produjeron a raíz de la nota publicada por Heguy titulada “Venezuela:

29 “Venezuela: fase declinante de un proyecto contradictorio”, Clarín, 6 de febrero de 2010, . 30 “Panorama social de América Latina 2012”, Cepal, p. 22, . 31 “Contradicciones de un país que flota en petróleo”, Clarín, 7 de enero de 2010, . 32 “Venezuela: fase declinante de un proyecto contradictorio”, Clarín, 6 de febrero de 2010, .

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una fuerte suba de la inflación complica la economía”,33 tema predilecto de Cantelmi: […] al jefe le gusta eso. Y, además, hay dos factores para el tratamiento del tema: el reflejo de Venezuela en Argentina, como mirarse en lo que le está pasando a Venezuela; vamos por el mismo camino, y además los dos estamos pasando por una inflación elevada (Silvina Heguy. Entrevista personal n° 20. Octubre de 2010).

Esta nota encaja perfectamente en la dinámica de criticar al gobierno argentino a través de lo que ocurre en Venezuela, una de las principales líneas de ataque de Clarín contra el gobierno argentino.

Conclusiones La imagen de Chávez y la Revolución Bolivariana es sistemáticamente atacada por la ‘gran’ prensa española y latinoamericana, como hemos podido comprobar en el presente trabajo, y lo mismo ocurre y puede extrapolarse al resto de medios de comunicación ‘occidentales’. Este comportamiento puede calificarse como una guerra mediática sin cuartel contra Venezuela. La figura del presidente Chávez en vida fue vilipendiada y banalizada, en un intento por vaciar de contenido a un personaje que significó una amenaza a los valores liberales y el capitalismo que los medios de comunicación representan y defienden. Los temas utilizados para los ataques fueron y siguen siendo de la más diversa índole, aquí tan solo hemos mostrado algunos que se encuentran entre los más recurrentes, como el supuesto belicismo venezolano, las carencias democráticas y vulneraciones a la libertad de expresión y la desastrosa gestión económica. 33 “Venezuela: una fuerte suba de la inflación complica la economía”, Clarín, 7 de agosto de 2009.

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Para demostrar cómo se llevan a cabo las agresiones mediáticas que sufre el gobierno venezolano, han sido los propios periodistas y responsables de que se publique la información con un enfoque determinado quienes nos lo han contado. Los prejuicios y el sesgo entre los profesionales de la prensa hegemónica están muy marcados, lo que claramente impide que puedan realizar un trabajo riguroso. El resultado de esta guerra mediática contra Venezuela se traduce en una continua deformación y manipulación de la información producida al servicio de agendas políticas desestabilizadoras contra la Revolución Bolivariana y que viola sistemáticamente el derecho a recibir una información veraz por parte de los lectores y audiencias.

Bibliografía Casasblancas, D. (2005). Alterperiodismo. Los medios de comunicación y las causas solidarias. Barcelona: Intermón Oxfam. Galdón, G. (2006). Desinformación. Método, aspectos y soluciones. Orcoyen: Eunsa. Sixirei, C. (enero 2011). “El primer Chávez en la prensa española (12 Años de política venezolana en El País).” Americanía, n° 1, pp. 150-194.

Todas son noticias viejas: la parcialidad de los medios de comunicación en Brasil Rogério P. Campos

La profecía de Adorno y Horkheimer Cuando Adorno y Horkheimmer (2002) pensaron por primera vez en la industria cultural y en el impacto que este sistema tendría en las sociedades occidentales, se puede decir casi que profetizaron el futuro tenebroso que vivimos en la actualidad. A lo largo del siglo xx vimos cómo el periodismo y los medios de comunicación e información se convirtieron en agentes de la libertad –de bases inmorales– de las tendencias políticas en beneficio propio, en una especie de actividad de presión ilícita en busca de mejores oportunidades para satisfacer sus intereses. Es decir, desde la segunda mitad del siglo xx vemos su transformación: de agente que combate la corrupción y las acciones políticas ilícitas en ejecutor de acciones irregulares; el bueno se convierte en el villano. El periodismo ha dejado de ser informativo, combativo y delator para caer en la complacencia, controlado por estos agentes corruptos que actúan en las sociedades (y llegando a asociarse a ellos). Esta situación no solo pone de relieve la participación del Estado en este proceso, sino que im-

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plica a toda la cadena de medios de comunicación públicos y privados, a las empresas implicadas en escándalos políticos, además de hacer patente el alto grado de maniqueísmo ejercido por todos los agentes que debieran condenar estas condiciones. Las transformaciones en la era digital –como denuncian Canclini y Castells en varias de sus obras– se producen tan rápidamente que nosotros como ciudadanos tenemos dificultades para asimilar y comprender estos procesos, pues la generación de tanta información resulta tan perjudicial como la falta de ella. En este barco a la deriva en el mar de información, internet es –más que nunca– una red que trata de capturar cualquier información que las personas busquen en tamaño océano; pero para ella todos los peces son iguales, sean estos aptos o perjudiciales para el consumo. Recaerá en el pescador saber cómo evaluar si es posible alimentarse o no con lo que se pesque. En este gran océano residen todas las formas de vida posibles del mundo acuático y este es el espacio ocupado por todo el mundo de internet. Entre las referencias sugeridas por esta analogía con el océano, los individuos deben estar alerta acerca de la pesca y el uso de este espacio y tener presente el riesgo de daño ocasionado por las diferentes maneras de pescar. Una inmersión demasiado profunda en estas aguas abiertas –y supuestamente claras– puede causar falta de aliento y una desconexión con la realidad, justo cuando la sociedad aún no está preparada para distinguir eficazmente la brecha entre lo real y lo virtual (que es todavía grande), especialmente cuando pensamos en estructuras como las agencias estatales y gubernamentales. Hay que volver constantemente a la superficie para respirar, ante el riesgo de ahogarse en aguas profundas y quedarse sin ninguna respuesta concreta. Del mismo modo, también es peligroso tirar basura al mar, no solo porque contaminamos el medio ambiente, sino por el riesgo de resultar perjudicados por tales sustancias contaminantes. Si otra persona obtuviera este objeto perjudicial y pudiera relacionarlo con quien contamina, el responsable de la contaminación sería incriminado y sancionado. Todo individuo goza de libertad para usar el océano de la forma que crea

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conveniente pero, con el creciente número de embarcaciones y pescadores, hay que estar atentos a aquellos que buscan su propio provecho y respetar el derecho de navegación de toda persona. En este gran océano también pueden vivir monstruos, leviatanes y otras criaturas que aterrorizan y tratar de comerse los mismos peces que todos quieren pescar, pues el mejor pescado es aquel que puede alimentar al pescador no solo un día, sino alimentarlo durante un largo tiempo, con lo que las grandes bestias de las profundidades saldrían perjudicadas. Estos monstruos tienen el único objetivo de mantenerse vivos, alimentándose de lo que necesitan –sin preocuparse de la competencia– y, de ser necesario, destruyendo a sus propios rivales. Con el fin de permanecer en las profundidades, donde se encuentra el espacio que habitan, estos monstruos no se preocupan por el daño que ocasione la destrucción de quienes se le opongan. Damos por sentado que estas grandes bestias hambrientas que buscan mantenerse vivas son todos los grandes conglomerados de la sociedad capitalista contemporánea, incluyendo las megaempresas de comunicaciones de todo el mundo que han definido precisamente sus propios intereses y que no encuentran oposición alguna para realizar sus trabajos en beneficio propio –incluso si esto significa presentar contradicciones en su supuesta ‘conducta ética’ en la transmisión de información. Este es un problema presente en todos los países, tanto del hemisferio occidental como del oriental. Estas manipulaciones de la información se producen en los ámbitos que mejor demarcan las tendencias que cada empresa de comunicación defiende. En América Latina hay que prestar atención a un caso en particular que involucra al periodismo y los medios de comunicación históricamente ligados al poder de forma irregular: la capacidad de influir en las decisiones del Estado, que persigue la manipulación directa de la sociedad no para el mejoramiento de la misma como foco central, sino en defensa de sus propios intereses. A título de ejemplo claro y actual de este problema para hacer frente a la información, citamos el caso de los ataques terroristas en Europa en los últimos años. Cuando los terroristas invadieron la sede de Charlie

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Hebdo en la capital francesa y asesinaron a algunos de sus periodistas, el mundo vio con sorpresa y angustia los actos de los agentes extremistas que trataban de silenciar al autor de varias publicaciones que criticaban abiertamente y ofendían a culturas y religiones, especialmente el Islam. Tales actos son injustificables, pero siempre hay una explicación. Mientras los medios de comunicación occidentales hacían hincapié en la barbarie del ataque, hablando de defender la libertad de expresión y los derechos civiles en constante expansión en Francia, en otro sentido geopolítico del debate hubo periódicos y medios de comunicación del Medio Oriente que exaltaban la caída de un periódico ofensivo y repulsivo para su cultura, a manos de agentes de una guerra santa, celebrando al mismo tiempo este acto. Lo que no hemos visto en ninguno de esos dos casos es un análisis de cómo se llegó a tal extremo y de las motivaciones verdaderas detrás de esos ataques, ni un esfuerzo por comprender lo que realmente está en juego en todos estos casos. Pocos canales de comunicación brindan espacio para el debate y, los que lo hacen, quizás sufran acoso por parte de medios de comunicación que tienen intereses que defender. Después de esta breve crítica del modelo corrupto y maniqueo de la sociedad de la información que la sociedad vive en la actualidad, centraremos nuestros esfuerzos en el caso de Brasil: un caso muy particular de los medios del mundo en relación con el control de la información de forma monopolista y tendenciosa. Sobre este tema, hablaremos directamente del grupo de comunicación Organizações Globo de Comunicação (conocido como Grupo Globo), que ahora abarca no solo a los medios de televisión, sino medios impresos y digitales; y llega a más de 200 millones de televidentes. Desde su fundación, Globo fue un proyecto de construcción monopolista de la información con el apoyo directo de los gobiernos de Brasil, especialmente en el período de la dictadura militar. Hablar del Grupo Globo es hablar directamente de una historia de corrupción y desvío de la política brasileña, donde se hace imposible separar las dos cuestiones. El periodismo obtuvo estrategias de control tan profundas que no era imposible conectar la verdad de los hechos

con lo que aparecía en la televisión. La historia del grupo de periódicos, especialmente del departamento de televisión, está directamente conectada con el diseño del control y la manipulación de la población brasileña por parte del mismo Estado, como puede verse en la propia concesión de Globo. Se solicitó esta concesión el 5 de enero de 1951 durante el gobierno de Eurico Gaspar Dutra, después de la primera fase del gobierno de Getúlio Vargas, y el 13 de marzo fue sancionada su implantación. Dos años más tarde, con la presencia de Vargas de nuevo en el poder –en mitad de la Segunda Guerra Mundial–, se decidió que este proyecto propuesto para los medios no respondía a los intereses del país. El proyecto Rede Globo de Televisión solamente entraría en vigor en 1957, después de la muerte de Vargas y durante la administración de Juscelino Kubitschek. En este período ya existía la cadena de televisión Tupi, lanzada en 1950 por Assis Chateaubriand con inversiones nacionales, con la mira de cubrir temas de interés para la sociedad brasileña. Otras estaciones surgirán en el curso de las décadas de 1950 y 1960 en Brasil, como Excelsior tv, tv Río (más tarde se unirá a la tv Record, aún en funcionamiento), tv Continental, tv Bandeirantes y otras. Sin embargo, pocas sobreviven el período de la dictadura militar en Brasil –entre ellas tv Globo, que se convertirá en un agente propagandista del modelo dictatorial para confeccionar una imagen positiva de la sociedad de la época, en un intento por construir un escenario positivo para un gobierno represivo y censurador. Por lo tanto, tv Globo no solo goza de la protección del régimen militar (nunca recibió una sola amonestación en su desempeño informativo, siendo la única emisora brasileña que lograra salir ilesa del tamiz de la censura), sino que también ve cómo el gobierno elimina a sus competidores, con lo que surgiría el panorama de lo que sería el imperio monopolista de la información. Se vislumbra claramente un modelo de información y divulgación parcializada y tergiversada de la realidad brasileña, con el que la edición de noticias llega a expresiones extremas, y con el mismo tenor se realizan cambios en beneficio de las partes interesadas, tanto si están

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conectadas al poder político como al mundo empresarial. Al acabar con los rivales también se busca eliminar la contradicción de los datos que puedan surgir en temas sensibles, por lo que la sociedad brasileña llega a mostrarse muy tolerante y a dar incluso apoyo a un modelo de gobierno represivo, como lo fue el régimen militar en el poder. No es sorprendente que, tras el golpe de 1964 en el que los militares asumieran el poder, la expansión de Globo tuviera un crecimiento exponencial, gracias a concesiones en todo el país y a las audiencias públicas, que tratan de adquirir información a través de las noticias de televisión de la única manera posible –en una nación con grandes brechas salariales y también educativas. El alcance de la televisión no conoce barreras físicas ni monetarias, lo cual deja en segundo plano a la prensa escrita que supone un alto costo para la población en general. La gratuidad de los programas de televisión, combinada con incentivos del gobierno para financiar la compra de televisores entre los más pobres, posibilita la homogeneización del discurso deseada por el modelo dictatorial de la época. En 1969, el período más profundo de la represión de la dictadura militar, Globo amplió su infraestructura, mientras que las otras redes tenían dificultades para mantener la captación de las inversiones financieras. No es mera coincidencia que todos los anuncios del Estado brasileño, uno de los mayores compradores de espacios publicitarios de la televisión abierta en el país, se vendieran por valores astronómicos a favor de la concesión de Roberto Marinho, lo que permite su crecimiento. En el mismo año, Globo presentó una asociación irregular, según la legislación brasileña, al obtener la inversión extranjera de Time Warner (en el orden de millones de dólares, lo que superaba con creces las posibilidades de sus rivales). Las normas de concesión pública de estaciones de radio y televisión prohíben expresamente la participación de grupos externos en el proceso. Como consecuencia del embrollo nada accidental de Roberto Marinho, Time-Warner salió castigada –prohibida en Brasil– aunque mantuvo sus inversiones en la Rede Globo, grupo absuelto de toda culpa. Otros dos factores tuvieron un efecto decisivo para explicar el monopolio de

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larga duración de la estación de Río de Janeiro en Brasil. tv Excelsior fue el gran rival durante el período inicial del grupo Globo, sin embargo, esta situación iba en contra de la dictadura militar, que buscaba vengarse en la primera oportunidad que se le presentara. Con la expiración de su concesión en 1970, el entonces Presidente Medici, responsable de determinar las concesiones públicas de los medios de comunicación, negó la renovación del convenio, lo que dio fin al gran rival de la estación de Roberto Marinho. En 1971, se produjo un incendio en Globo Studios en Sao Paulo, causando trastornos en las producciones de la estación; por otra parte, le permitió cobrar seguros y la inversión en instalaciones en Río de Janeiro, la casa matriz de la estación. Con la expansión de su capacidad para producir novelas y programas propios, la Rede Globo amplió el público nacional receptor y eliminó la competencia con el patrocinio directo del gobierno militar de la época. En 1975, cuando los conflictos laborales comienzan a tomar impulso en las principales industrias –especialmente en Sao Bernardo do Campo–, comienza a surgir la figura de Luis Inacio Lula da Silva, como un importante rival del modelo industrial en funcionamiento en Brasil. Es la primera vez que el nombre de Fernando Collor de Melo aparece en la escena política nacional, en este caso como un personaje bon vivant a punto de casarse con Lilibeth Monteiro de Carvalho, hija de un millonario socio de Roberto Marinho. Este enlace daría lugar al futuro primer presidente elegido por el pueblo, con la bendición de la Rede Globo. Lo que se observa es el control comprometido de las acciones del Estado a largo plazo, puesto que este proyecto se llevaría a cabo en la década de 1990, como se analizará a continuación. A partir de este momento, se puede ver la influencia sobre la información en Brasil, donde más del 80% de los hogares brasileños conforman la audiencia del noticiario nacional Jornal Nacional, de Globo. En este punto, podemos analizar el hecho de que Adorno y Horkheimer temían criticar el modelo propagandista e ideológico de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de reflexionar sobre nuestra

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existencia para la sociedad propiamente dicha y la indiferencia de vivir en una película de Hollywood como actores de reparto. Deleuze también discutirá, en su artículo titulado Post-Scriptum sobre as Sociedades de Controle (Posdata sobre las Sociedades de control) de 1990, que el amoldamiento de la sociedad es uno de los factores más importantes de las estructuras contemporáneas del Estado centralizador, donde vemos la reproducción casi idéntica de la estructura social y política en Brasil durante los años de la dictadura y que, por culpa de este fantasma de la ignorancia selectiva, continúa hasta los tiempos actuales. Los moldes, estas formas construidas por los individuos en la segunda mitad del siglo xx, no han sido abandonados y todavía producen resultados satisfactorios en el siglo xxi, a pesar de la influencia externa de internet y de otros canales de información. Según el filósofo francés, la construcción de la disciplina para el ordenamiento y el mantenimiento del poder en las sociedades modernas tiene cuatro etapas: la organización del espacio, el control de tiempo, la vigilancia y el registro continuo del conocimiento. En todos estos ámbitos, con variaciones para cada tiempo, Globo sirvió como instrumento de institucionalización de la información permitida, aceptable y adoctrinadora. La búsqueda de consenso dentro de la estructura de la dictadura era necesaria para evitar el agravamiento de la represión directa de los descontentos, por lo que la aceptación adquiría el carácter de sentencia de paz. La persona entonces quedaría sentenciada a un solo tipo de transmisión de información y de objeto de análisis de la situación política, económica, social y jurídica de su sociedad, a través de un único canal de comunicación que no ha tenido problemas, a lo largo de su historia, para corromper o tergiversar la información en beneficio propio, en lo que supone una clara intromisión del derecho a la información que requiere la democracia. Los cambios se hicieron más sensibles a esta lógica en Brasil solo con la popularización de internet y la imposibilidad de acceder a las noticias a través de diferentes canales, con lo que las personas comenzaron a cuestionarse acerca de la Rede Globo y de sus posicionamientos parciales, ya advertidos en sus programas de noticias.

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Este modelo de comunicación monopolista posibilitó la creación de una contradicción ideológica en la sociedad brasileña, al transformar el pensamiento –en la esfera política– de la misma en una mayoría conservadora, a pesar de tratarse de una sociedad de exclusión y grandes abismos sociales. No existe el cuestionamiento ni la reflexión sobre la condición del conservadurismo para un segmento importante de la población, que vive en condiciones precarias y con salarios bajos, en relación con el funcionamiento de esta estructura cada vez más centralizadora y que beneficia a grupos específicos de personas. Cuando termina el período dictatorial en Brasil, lo que vemos es ya un ciudadano modelo esbozado de acuerdo con la coherencia política necesaria que exigen las elites del país. Sin acusar inconsistencia alguna en su modelo de influir en el pensamiento de la población brasileña, las telenovelas cumplen un papel decisivo en la construcción del pensamiento conservador y mitigado del individuo (en su mayoría de las clases media y baja, que sufren las dificultades impuestas por el Estado). Sus historias esbozadas, que cuentan con la estructura social de la familia brasileña tradicional, traen consigo la concepción de la forma de comportamiento deseada de la población brasileña, que define los parámetros de lo que es aceptable y lo que es aborrecible en la conducta social, una especie de manual del comportamiento, al mejor estilo determinista de Durkheim (2007) sobre el ‘hecho social’. De este modo, se crea a través de la novelas la naturalización de las diferencias de clase, de género y de los grupos étnicos en Brasil, una sólida contribución al mito de la democracia racial y la nación pacifista, como se detallará más adelante.

La domesticación de la sociedad brasileña Hay que dejar claro que el hecho de que se le permitiera al ciudadano brasileño opinar y elegir a sus representantes solo fue posible gracias a la insostenibilidad de la continuidad del modelo de decisión propuesto

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por los militares en Brasil, como ocurriera en otros países de América Latina. El neoliberalismo exigía una restricción más pronunciada del gasto estatal que de la inversión privada en el control de la economía para el progreso interno de los países. Lo que se buscaba por encima de todo era la expansión del mercado de consumo, una condición que las dictaduras en la subregión no podían ofrecer. Además de esto, se necesitaba una nueva perspectiva de la propia sociedad brasileña, la búsqueda de una expansión del consumo para absorber el creciente modelo de producción, como había indicado Harvey (2001). Lo que se estaba construyendo era un nuevo perfil del fetichismo de la mercancía propuesto por Marx –más allá de las necesidades de la sociedad–, como el motivo principal del funcionamiento social, con el cual el subconsciente de los latinoamericanos fuera bombardeado de distintas maneras, ya fuera a través de la publicidad, de las películas producidas en Hollywood o de la masificación de la información en el propio internet, factores analizados a fondo por Canclini (2006). El gran dilema que se presentaba al Estado brasileño era precisamente su papel en esta nueva organización política mundial que el neoliberalismo exigía de los países como un factor necesario en el proceso de globalización. Al igual que en el modelo clásico del liberalismo político y económico propuesto por Locke en el siglo xvii, el neoliberalismo tiene, como uno de los objetivos de implementación, la reducción efectiva de la participación del Estado en los asuntos económicos y personales para garantizar así el libre mercado y la competencia de los grupos interesados. Por otro lado, Brasil siempre ha sido un país centrado tradicionalmente en el poder del Estado, de quien recibía su guía política y cuya sociedad era guiada por directrices centrales. Como gran agente propagandístico extraoficial del gobierno, Globo creó una campaña para demostrar las ventajas del mercado mundial, así como para realzar a su candidato Fernando Collor de Melo como sucesor de José Sarney, en un período de reelección inexistente en la política brasileña. Collor ya había hecho aparición anteriormente en el panorama sociopolítico brasileño por sus vínculos indirectos con

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Roberto Marinho, a través de su matrimonio, y en virtud de su modelo de corrección política como gobernador de Alagoas, proyectando una imagen de político caballeresco y honrado en la tradición de los héroes de novela de su emisora. Su gran rival en las elecciones de 1989, etapa donde aún estaban latentes la redemocratización y las sombras del régimen militar, fue Luis Inacio Lula da Silva, un enemigo declarado de Roberto Marinho y altavoz con causas contrarias a los proyectos de la Rede Globo o al modelo de gobierno neoliberal que intentaba implementarse en Brasil. Este fue el momento de oposición política en el país, el duelo citado repetidamente por Marx entre la burguesía y el proletariado, ambos en lados opuestos del discurso. Lula representaba la resistencia y la lucha contra el régimen militar, mientras que Collor había sido un cero a la izquierda en política nacional hasta la fecha, situación que se inviertió con una intensa campaña publicitaria por televisión. Era necesario crear un antagonista con el perfil de Lula para que representara los intereses de la elite nacional –y también de Globo– y que fuera aceptado por el pueblo brasileño, con el temor de que una ruptura en el modelo conservador de la política y de temáticas tenebrosas como la reforma agraria y la redistribución del ingreso llegaran a formar parte del plan central del Estado. Collor era esa persona, un novato en política, que representaba el cambio, que sería visto como un salvador de la patria para recuperar el tiempo perdido con una imagen de galán de telenovela. Así se vende intensamente la estética del candidato, donde Lula representa lo feo, el pueblo, la pobreza –condiciones de las que la población quiere escapar, a pesar de sí misma– y la conducta ética en la política, dado que no había presentado indicios de corrupción en su breve vida política. Lo que no apareció en las noticias fue la larga carrera política de la familia en la vida pública: Arnón Afonso de Farias Mello, el hijo del dueño de una plantación (Manuel Afonso de Melo), representa a la perfección el conservadurismo político brasileño. Se convirtió en gobernador del estado de Alagoas en 1950 y más tarde fue elegido senador en 1962

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por Arena (Alianza Renovadora Nacional), partido de la base de apoyo militar durante la dictadura. Arnon de Mello se convirtió en un buen ejemplo de la impunidad política que todavía existe hoy en Brasil, cuando el 4 de diciembre de 1963 disparó tres veces a su oponente político Silvestre Péricles, pero fatalmente hirió al senador de Acre, José Kairala. Debido a su inmunidad parlamentaria, el senador no sufrió consecuencias –aparte de ser encarcelado durante un período corto– y, más tarde, fue declarado inocente por el tribunal de justicia de Brasilia. Arnon de Melo sería senador de su estado hasta 1983, manteniendo un fuerte vínculo con el gobierno militar y también con Roberto Marinho, cuyo diario O Globo muestra el hecho, exonerando las de actitudes Melo Arnon en la primera página de su editorial: La democracia, a pesar de ser el mejor de los regímenes políticos, cuando el electorado es engañado o no tiene los hechos muy claros, da lugar a que el pueblo de un solo Estado –como es este caso– ponga en la misma casa legislativa a un candidato primario violento, como el señor Silvestre Péricles, y a un intelectual, como el señor Arnon de Mello, para reunirlos en tan triste episodio, aunque sean de temperamento, cultura y educación diferentes.

Convenientemente, este acontecimiento macabro y otros eventos de la familia Collor de Mello se omitieron durante el período electoral de 1989, durante las disputas entre Collor y Lula. Incluso el texto citado del diario O Globo se puede encontrar en la base de datos de la empresa, acompañado por algunas viejas imágenes de la primera página en internet, lo que demuestra la veracidad de la posición política de la empresa. Arnon de Melo era un amigo cercano de Roberto Marinho y también uno de los factores que dieron impulso político a su hijo, Fernando Collor. Del mismo modo en que se creó una imagen de inocencia del padre, lo mismo se hará con el hijo en una nueva lucha ideológica sobre la política nacional. Más que nunca, la televisión ejercerá un papel primordial para influir sobre el electorado brasileño, ya que, según lo informado, es el

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medio de mayor acceso a la comunicación en Brasil, cuyas emisiones tienen cobertura de casi el 100% de los hogares. La mayor parte de la audiencia se centraba en la Rede Globo, entidad divulgadora de información y también del calendario electoral obligatorio para todos los canales. Vale la pena resaltar a otros medios de comunicación que, a pesar de su menor alcance poblacional, también impactaron sobre el proceso de ideologización del electorado, como en el caso de la revista Veja de la Editora Abril, cuando publicó un reportaje durante las elecciones que daría fama a la definición de Fernando Collor, titulado “El cazador de maharajás”, en referencia a la supuesta reputación de su gobierno en el estado de Alagoas y a los privilegios de casación de políticos y administradores. De esa manera se gestó el mito del salvador de la patria, el héroe nacional siempre buscado en la historia de Brasil, la persona que nos salvará de nuestro martirio y de nuestras tribulaciones, el gran líder. En el otro lado de la ecuación, teníamos a Lula, que representaba la incertidumbre, la ignorancia y la falta de capacidad para gestionar la compleja estructura del Estado brasileño. Sin embargo, no fue posible apostar solamente a la simple evaluación del sentido común de la sociedad brasileña para elegir al candidato favorecido por las elites brasileñas, por más que ahora lo nieguen. Se creó un plan de difamación y manipulación sin precedentes en la historia de Brasil, según el modelo estalinista de gobierno. Después de los días de debate antes de la segunda vuelta electoral, la Rede Globo llevó a cabo una edición de extractos del debate que aparecieron en la emisión televisiva. Esta edición favorecía abiertamente al candidato Collor con sus mejores momentos y a Lula con los peores. Debido a que la audiencia del Jornal Nacional era mucho más numerosa que la que presenció el debate en sí, la imagen que el electorado se llevó era la de que el candidato más preparado para asumir la presidencia era Collor, lo que terminó por suceder en las elecciones. El documental producido por Heinz (2010), con testimonios de personas que trabajaron en la estación emisora en esa época, demuestra

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concretamente la interferencia directa del propio Roberto Marinho en esa edición, con la garantía de vender el candidato ‘correcto’ a la población. El 22 de abril de 2015, el Jornal Nacional presentó una disculpa pública, sin especificar el asunto en cuestión, en la que asumía la responsabilidad en el manejo de ideas e imágenes, sin mencionar ni una sola vez el caso de Lula versus Collor. Este mea culpa indigerible ni siquiera será recordado, debido a la mala memoria de la población brasileña, de modo que los casos de distorsión de la información y de manipulación política en favor propio seguirán adelante.

Las reproducciones de eventos y la mala memoria Tras la elección de Collor en 1990 como Presidente de la República de Brasil –el primero elegido directamente después de la dictadura militar–, hubo un corto período de paz y una sensación de victoria en la sociedad brasileña. En otro ámbito, las elites nacionales se sentían tranquilas y Roberto Marinho se sentía confiado en continuar directamente conectado al poder y al modelo de Estado deseado para el país. El siguiente paso sería poner en marcha los cambios económicos de apertura al mercado mundial y la búsqueda de la modernización de la industria brasileña. Este fue uno de los grandes retos del gobierno de Collor, crear un modelo económico que retirase la articulación del Estado y que generara las condiciones de baja intromisión en la libre competencia del mercado. Sin embargo, los inversores de elites vinculadas a empresas, productos y grupos de producción de mercancías no estaban dispuestos a invertir sin garantías del propio Estado de Brasil, con el temor de perder valores mucho mayores que sus inversiones para estimular la economía. Una vez más, el debate sobre la centralidad del Estado brasileño estuvo en el orden del día y será tema recurrente de este trabajo, como veremos más adelante. Lo que mantuvo la estructura geográfica del país durante el período de la independencia es también el vínculo que aún lo mantiene:

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esta centralización política excesiva y que ralentiza la política a nivel local para la mejora en esferas más pequeñas. En economía, el comportamiento es también similar, complicado aún más por otro factor: la falta de espíritu empresarial. Brasil es un país conservador y tradicionalista, mucho más de lo que se informa a nivel nacional e internacional. Convertir esta nación en un mercado libre según los modelos de los Estados Unidos o de Inglaterra es un sueño lejano y quizá inalcanzable. Al igual que la elite siempre ha ocupado la administración del Estado, también utiliza el funcionamiento de la máquina estatal para fomentar y garantizar sus inversiones con cambios relacionados con los períodos históricos y con productos específicos. Las inversiones que se han producido siempre han sido, de alguna manera, garantizadas por el Estado, por lo que las acciones de los inversores no tienen pérdidas; de esta manera, la economía queda sometida a las orientaciones políticas. Esta breve historia de funcionamiento sigue siendo válida en las estructuras estatales de Brasil, no solo para esbozar esta dependencia sino para representar la pereza de los inversores, todo lo cual deja a las empresas brasileñas muy por detrás de sus competidoras en el mercado mundial. La falta de innovación fue un problema al que tuvo que enfrentarse Collor si quería abrir el mercado brasileño en el escenario global que se había anunciado y para ello se necesitaría una inversión estatal sólida –para motivar dicha innovación sin causar el quiebre o el fallo de las empresas brasileñas. Alentar este nuevo modelo de desarrollo fue uno de los puntos positivos de su gobierno, en tanto que esta abertura forzaría al mercado interno brasileño a moverse para no perder terreno ante los nuevos competidores. Lo que desagradó a las elites y también a los partidarios de su gobierno fue manifestar la necesidad del gobierno de Brasil de satisfacer una carencia que no era su obligación, dejando al descubierto a los privilegiados de este movimiento político. Como no le bastara su declaración abierta de inoperatividad de las principales clases económicas en Brasil, Collor declararía la guerra

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abierta a los inversores silenciosos con el retiro de las garantías económicas que tenían del gobierno de Brasil, con lo que les obligó a asumir riesgos en el mercado mundial, así como sucede con todas las empresas que practican lo que se llama ‘neoliberalismo’. Ese fue el límite de aceptación de sus bases de apoyo electoral, teniendo en cuenta el fin de los privilegios que interesaban especialmente a grupos como la Rede Globo, Editora Abril y todos los medios que incurrieron en grandes deudas y que dependían de la financiación estatal como garantía. Con la implementación del denominado ‘Plan Collor’, que tiene por objeto congelar los ahorros y reducir el flujo de las inversiones públicas en el mercado nacional –incluyendo la reducción del financiamiento de compañías y de las deudas por parte del bndes (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social)–, se redujeron los incentivos para la agricultura, la industria y los servicios, lo que produjo la reducción de la inflación y también de la producción y del consumo interno del país. Al afectar directamente a los grandes inversores, Collor se declaró su enemigo y con ello dio fin a su gobierno. A partir de este momento, los medios de comunicación brasileños se tornaron hacia los intereses de las empresas. En consecuencia, poco más de dos años después de su elección, la imagen del salvador se transformó en la de un político conspirador y corrupto, tal como sucedió con muchos ya conocidos de la política nacional. La revista Veja, que al principio había producido la imagen de buena reputación de este político, publicó en coberturas consecutivas los escándalos personales y familiares reprimidos hasta ese entonces, una avalancha de datos omitidos pero ahora necesarios para que la población pudiera conocer a la persona que estaba destruyendo el proyecto de un Brasil democrático. Del mismo modo, los noticieros de Jornal Nacional publicaban artículos cada vez más extensos sobre la corrupción de su familia, incluidos los informes de su hermano Pedro Collor y su campaña política (entre otros, la misteriosa muerte de su tesorero de campaña Paulo César Farías). Por conveniencia inexplicable, todas estas irregularidades que sirvieran de apoyo al juicio político del presidente Collor solo surgen en las

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noticias después de que sus acciones dañaran directamente los intereses de los grandes inversores y de los mismos canales de comunicación. El fin de los privilegios de las oligarquías tradicionales fue el punto final de este modelo democrático, el quiebre del primer gobierno elegido por el pueblo. Este evento marcará la fragilidad de la importancia electoral del voto popular, cuando un grupo de políticos cuestiona la inversión de la elección de la sociedad y dicho grupo tiene el poder de eliminar a un candidato elegido directamente por votación. Esta ruptura de la plataforma política de Brasil será la primera conmoción y la condición precedente para lo que vendrá después, para lo que estamos viviendo ahora. Por un lado, esta fragilidad resta importancia al votante y también produce la sensación de exonerarle de toda culpa por el proceso, sin tener en cuenta que fue el mismo votante quien escogió a los congresales. Lo que vemos hoy es el reflejo de aquel tiempo de Collor: un gobierno elegido democráticamente con políticas impopulares y que perderá el apoyo de las masas electorales bajo su aprobación. En consecuencia, será la víctima del vaciamiento político de los estratos de coalición. No es casualidad que las dos veces esté presente la base de aliados compuesta por el pmdb, el primer partido en número de diputados y senadores y numéricamente necesario para constituir este modelo de coalición funcional. En ambos casos, tenemos a un partido que hereda el poder y que reanuda las direcciones conservadoras de la política. En ambos casos también veremos el apoyo mediático para construir la campaña y, más tarde, para concretar la ruptura del gobierno. La falta de memoria de la sociedad y la profundización de la industria cultural provocan que la sociedad no reflexione sobre sus errores, cada vez en intervalos de tiempo más cortos, con lo que construye una etapa definida por los intereses de aquellos que producen estas informaciones. La sensación que tenemos es que no importa a quién se elija democráticamente, pues, o se somete a los intereses de las elites o se manipula a la gente para convencerla de su error al elegirlo, con lo cual se crea una especie de ataque por la espalda, un hecho común de agentes cobardes y traidores.

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El fuego amigo ¿Qué razones llevaron a muchos grupos de intelectuales y agencias de noticias independientes a informar de un golpe político en curso en Brasil? La respuesta se encuentra precisamente en las bases aliadas del gobierno de coalición, en este caso el pmdb. El vicepresidente, Michel Temer, fue el operador político que mantuvo la base aliada con Rousseff y con el pt para mantener la gobernabilidad del país. Aquí viene la crítica de este modelo de coalición, donde la ideología política ocupa un papel de fondo de los objetivos comunes para convertirse solo en un alistamiento del número de diputados y senadores que representan a la mayoría en el Congreso para la aprobación de leyes. De este modo, el poder ejecutivo depende directamente del legislativo, se produce una interdependencia de los dos poderes, con lo cual se lesiona el principio máximo de independencia de las esferas de poder. Esta será la motivación para el intercambio de influencias y puestos políticos y, como resultado, se dan pretextos para la corrupción institucional. La subasta de cargos a cambio de apoyo político generará este comercio contaminado por intereses personales –por encima de la política y de la nación–, con lo que ya está servida la corrupción sistémica de la política brasileña. Por lo tanto, podemos decir que se trata de un modelo de política impuesto desde la recuperación de la democracia post-dictadura, un modelo que nació con la base dañada. Sin embargo, dentro de estas lagunas existentes en la política de la coalición, se aprecia la inclusión de otros agentes corruptibles en busca de beneficios por encima de los intereses de la nación –agentes de todo tipo, como empresas en varias áreas, incluidos los grandes medios de comunicación. El Estado se convirtió en el mayor financiador de las deudas de los grandes grupos de comunicación, y no es casualidad que pasaran a estar en manos de los propios políticos. Cuando hablamos de la corrupción, nunca se analizan los méritos de los políticos que hacen uso de la máquina de la información en provecho propio, una conducta condenada en la Constitución brasileña.

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El sector de las comunicaciones maneja astutamente los conceptos del bien y del mal, en defensa de sus dueños y en contra de sus enemigos. Collor simbolizó uno de estos objetivos. Ahora que Dilma también fue retirada del poder, este vuelve a las manos experimentadas del pmdb: los titulares del lastre político del país. Este partido simboliza claramente el llamado ‘fuego amigo’ en la guerra, cuando un combatiente sale herido –a propósito o no– a manos de su propio compañero de ejército. En este caso, tenemos como la intención declarada –y apoyada– de Temer y sus aliados para deshacerse de un gobierno elegido democráticamente mediante turbias maniobras legales. Los cargos requeridos para expulsar a un político de su cargo público presuponen reglas incomprensibles y que no se divulgan a la sociedad. Las verdaderas razones de tal movimiento no importan, al igual que no fueron importantes en el caso de Collor, ya que la población está convencida de la necesidad de retirar a ese político de su cargo. Las construcciones simbólicas, en ambos casos, son favorables en el momento en que se realizan medidas satisfactorias para la elite económica, al igual que los medios de comunicación nacionales sacarán a luz su lado malo. La diferencia en el caso actual de Dilma fue la falta de apoyo de los principales medios de comunicación para su reelección. En su primer término de gobierno, vemos que el apoyo de Globo a su plataforma de gobierno que tiene un atractivo popular, pero ya con un programa económico conservador llevado a cabo por el Banco Central y el Ministerio de Finanzas. Se toleraban las pequeñas migajas para los programas sociales, en contraste con las elevadas tasas de utilidades cosechadas por los grandes bancos y las compañías durante ese período. La reducción del escenario externo favorable para el modelo de gobierno ‘neodesarrollista’, dependiente de las exportaciones primarias a China para invertir en la economía, causó la reducción de las inversiones en todas las áreas, pero sin afectar a las áreas sociales. Este es el punto incómodo para estas elites, cuando el entorno económico ya no es favorable y comienza a afectar a los inversores especulativos. Los medios de comunicación difundirán esta crisis económica

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como si tuviera un gran peso para toda la sociedad. En esa narrativa, las pérdidas afectan directamente a la clase media y se culpa a los programas sociales como los principales responsables de la crisis, en una inversión de valores. En contradicción con esta teoría, ipea llevó a cabo un análisis que muestra que cada R$ (real) invertido en la Asignación familiar (Bolsa Família) causaría la devolución de R$ 1.78 al pib de Brasil. En contradicción con el escenario de gastos en programas sociales, este estudio aporta una imagen diferente no solo en este aspecto, sino también en el estudio del nivel de mejoramiento y en la reducción de la tasa de natalidad de los sectores más pobres. En otro sentido, no hay una descripción clara de las grandes fortunas ni de los beneficios económicos crecientes de las elites, quienes –de hecho– resultaron realmente perjudicadas por las políticas sociales, pues la inversión de estos fondos podría hacerse en otras áreas de intereses colectivos. Se propone unilateralmente la iniciativa de un Estado mínimo, para eliminar la seguridad social de los estratos inferiores de la sociedad y así no eximir el auxilio al mercado de inversiones de riesgo o de innovación. Los medios brasileños siempre presentaron a las grandes empresas y a los bancos como víctimas de un Estado con proyectos onerosos, sin siquiera hacer un análisis racional de las utilidades. En esta área, la similitud entre Collor y Dilma es casi idéntica. Con la aparición del primer indicio de debilitamiento en el sector económico, perdieron todo su apoyo a expensas del conservadurismo político (la mejor imagen del pmdb, independientemente de la idoneidad de la base del gobierno). Uno de los argumentos proferidos por los medios de comunicación –sobretodo por la Rede Globo– fue la inundación de la corrupción que afectó al gobierno de Dilma, sin tener en cuenta que el propio pmdb fue parte de este gobierno. Políticos vinculados directamente al pt y al gobierno del presidente informaron de numerosos casos, pero en ningún momento llegó una evidencia directa de corrupción de la propia Dilma. Las acusaciones o sospechas fueron suficientes para cuestionar su man-

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dato e incluso antes de poner a prueba la evidencia, Dilma fue expulsada del poder. Por otro lado, en respuesta a diversas investigaciones por antecedentes penales, Temer termina siendo inelegible para participar en las próximas elecciones. Igualmente, la Policía Federal somete a investigación a siete de sus ministros, precisamente en conexión con la operación Lava Jato34 que investiga al gobierno de Dilma. En ningún momento se difundieron estos cuestionamientos por los canales de televisión, especialmente en Globo. Esto demuestra el sesgo de los implicados y de los grandes medios, que encubren a unos y acusan a otros. Esto no solo era un proyecto para eliminar al gobierno del poder, sino también un proyecto de destrucción de la ideología del gobierno de centro-izquierda en Brasil, en pos de un retorno a la derecha.

La justicia es más ciega para algunos La imagen construida sobre la base de los símbolos políticos en Brasil es enorme desde la primera elección directa para presidente de 1989 –como vimos en el caso de Collor–, tanto positiva como negativamente. La impunidad o inocencia de los acusados en los delitos del gobierno de Collor de la época carecen de importancia, como es evidente en el pensamiento actual de la sociedad, teniendo en cuenta que el político es actualmente senador por el ptb (Partido Laborista Brasileño) en Alagoas, la cuna de su familia. El capital político acumulado durante décadas fue capaz de superar, no solo sus escándalos, sino también los de su padre y abuelo en el Congreso Nacional. 34 Operación Lava Jato: Comenzada el 17 de marzo de 2014, es la mayor investigación criminal de contexto político realizada en Brasil en su historia. Investiga las desviaciones de fondos y corrupción en las empresas estatales y la influencia política que vendían en beneficio de grupos empresariales específicos en los procesos de competición pública. Unos de sus principales objetivos son las cuentas de Petrobrás, pues se estima que dicho cártel movió más de 10 millones de reales (unos 3 millones de dólares).

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Aparte de ello, como relata Carolina Brígido en el diario O Globo –el mismo grupo de medios de comunicación que ayudó a construir y destruir la carrera presidencial de Collor–, el 24 de abril de 2014 Collor fue absuelto de todas sus acusaciones, cuando el siguiente Congreso brasileño le impidió continuar como Presidente. El juicio se llevó a cabo ‘solo’ 22 años después de su destitución, haciendo patente la falta de importancia jurisdiccional tras su retirada del poder. La preocupación con la que los medios han tratado el hecho también demuestra cómo cobra forma el sentido común político en Brasil. Independientemente de sus delitos y de la veracidad de las alegaciones, Collor siempre representará la imagen de la corrupción ante la sociedad brasileña, aunque los miembros de su gobierno continúen circulando libremente en Brasilia con cargos políticos. Al igual que el expresidente de la década de 1990, Rousseff también fue expulsada del poder por indicios de crímenes vinculados a su persona, aunque no sean compatibles con todas las investigaciones. La Policía Federal de Brasil aún sigue su investigación de la Operación Lava Jato, pero el impulso de noticias y difusión de las acciones ha caído en picado desde su salida, lo que algunos politólogos ven como el fin último de todo este proceso legal. Una vez más, los medios, y la sociedad influida por estos canales de comunicación, no exigen pruebas directas de la participación del presidente en ejercicio en estas investigaciones, lo que puede conducir a la sociedad brasileña a cometer el mismo error de hace 24 años. Dado el tamaño error de este tipo de acciones en el análisis posterior de la caída de la presidenta Dilma y la solidificación del gobierno de Temer, Barros (2016) analiza las variaciones en la plataforma operativa que produciría los cambios reclamados para mejorar la sociedad brasileña, para encontrarse, sin sorpresa alguna, que este cuerpo político está compuesto por las mismas personas que participaron en los gobiernos anteriores, desde Fernando Henrique Cardoso (1994-2001) hasta Lula (2002-2009). De hecho, nada ha cambiado, excepto la retirada del mando de Dilma, pues la base de operaciones sigue estando bajo la influencia directa del pmdb y de los políticos tradicionales de Brasil.

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La imagen que las grandes redes de comunicación venden es la de esperanza en los cambios realizados desde el primer día del nuevo gobierno. Sin embargo, en términos concretos se ve un retroceso que afectará precisamente a la clase que fue influenciada y manipulada por estos medios de comunicación. La mística de la crisis económica sobre la base de la falta de fondos del Estado, en cualquier momento dado, plantea la falta de fondos de la gran riqueza (200 millones de dólares que no se obtienen de 71 millonarios brasileños) y también la exención impositiva de iglesias y entidades religiosas.35 Existe en Brasil una ley de exención en el cobro de utilidades y dividendos: solo Brasil y Estonia tienen este tipo leyes que eximen a las grandes fortunas de contribuir al tesoro de la ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Este no es el discurso visto en la televisión. Por el contrario, las grandes empresas y el comercio se quejan al público, a través de este medio, de la elevada presión fiscal a la que el gobierno federal los somete. Dentro de este grupo, como lo expresa Grazielle Custodio David del idesc (Instituto de Estudios Socioeconómicos), los que viven con utilidades patrimoniales y dividendos pagan impuestos de alrededor del 3 %, mientras que el promedio mundial es de entre el 8 y el 12%. Lo que se construye como propaganda en este caso es vender el discurso fácil de que todos sufren los altos impuestos, aunque sean las clases medias y bajas de la población las que pagan las cuentas estatales de Brasil. Se crea, por consiguiente, el mito de que los altos impuestos generan la falta de innovación y de crecimiento de la industria. A este grupo pertenecen precisamente las principales radioemisoras y las estaciones televisoras del país, así como sus propietarios, que participan directamente en la política. Es un círculo vicioso de beneficio a particulares a expensas de la sociedad, lo cual deja en segundo plano todo intento de formular un Estado de derecho. Cuando los intereses de estos grupos influyentes son sacudidos por las propuestas que pueden

35 Datos proporcionados por la Receta Federal del Brasil, 2016.

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beneficiar más a la sociedad que a ellos mismos, producen noticias para apoyar sus argumentos distorsionados y divorciados de la realidad. Volviendo a la operación Lava Jato, un centro de investigación nacional de espectro nacional y con intervenciones internacionales, esta tiene dos fases de visibilidad clara en las cadenas de televisión –y, en especial, de la Rede Globo–, divididas entre el proceso de juicio político de Dilma y tras la votación en el Congreso nacional. Durante las noticias de Jornal Nacional, con las que se intenta vincular a Dilma a la investigación penal, Sergio Moro y Lava Jato obtenían áreas significativas del noticiario principal de la Rede Globo en horario de máxima audiencia, con períodos de alrededor de 9 minutos en algunos días. Teniendo en cuenta que un programa televisivo de noticias completo dura, como promedio, 30 minutos, se dedicó casi una tercera parte del tiempo para informar de todos los delitos del gobierno de la política vinculada al pt. En la segunda etapa, después de la votación de la Cámara de Representantes y la aprobación de la solicitud de remoción de Dilma de su cargo –encabezada por (sic) Eduardo Cunha, político del pmdb acusado de numerosos crímenes jamás enjuiciados–, el asunto fue perdiendo gradualmente importancia, reflejada en el tiempo dedicado a las investigaciones de Lava Jato; algunos días ni siquiera aparece en las noticias de televisión. Tal como le pasó a Dilma después de la votación, le tocó a Eduardo Cunha ser removido de la presidencia de la Cámara de Representantes después de cumplir su función en todas las maquinaciones políticas del pmdb –que ahora tiene la intención de eliminar estos cabos sueltos. En otro orden de cosas, el Tribunal Supremo Federal –el órgano superior judicial del país y responsable de la realización de los procedimientos legales contra un presidente de la República elegido por el pueblo– espera la llegada del proceso de juicio político para que sea juzgado en su esfera. Sin embargo, cuando se trata de un régimen de coalición política entre pt y pmdb, debemos cuestionar la validez de separar convenientemente esta placa electoral durante el proceso judicial. Además, ¿qué validez tiene juzgar a Dilma por sus referidos fracasos económicos

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de responsabilidad fiscal en los documentos no aprobados por el Congreso Nacional y no juzgar a Temer, el presidente actual que, en ocasiones, también los firmó? ¿Cuál es la legalidad y validez de todo el proceso si está marcado por momentos y no por las circunstancias? En ningún caso la sociedad brasileña se cuestionó este corto período democrático después de la dictadura militar (poco más de 30 años), en el que la validez del proceso electoral fue puesta en tela de juicio en dos de las cuatro elecciones presidenciales en las que pudo votar directamente a sus representantes. ¿Cómo se armó este cuerpo electoral y cómo fue elegido? ¿Cómo es que las campañas electorales televisadas, sin presentar propuestas coherentes de gobierno, influyen o crean imágenes distorsionadas de estos políticos? Collor fue elegido en 1989 por representar, en gran medida, el estereotipo de un político guapo y elegante, en contraposición a un Lula que todavía lleva colgada la imagen de una planta de fábrica. En las últimas elecciones, Aécio Neves también basó su campaña en una figura personal elegante y de familia tradicional frente a una mujer que era vista como una guerrillera. En 2012, la Rede Globo, que se opuso abiertamente a la continuidad del pt en el poder y que deseaba ampliar los préstamos personales para negociar sus deudas, lanzó una miniserie llamada O Brado Retumbante36 para crear un escenario favorable a Neves en la contienda electoral de 2014. La imagen y las circunstancias políticas son similares a un escenario en el que el Presidente y el Vicepresidente de Brasil desaparecen en un accidente. Ya se ponía en marcha la idea de, si no fuera posible elegir a Aécio Neves, cómo podría aceptarse que él asumiera el cargo de presidente indirectamente en el caso de retirada de Dilma. Este tipo de maniqueísmo, así como otros representados en sus novelas y miniseries, es el que lleva a la media de la población a transitar por senderos poco centrados en los intereses de la sociedad. Son ideas pautadas por el tradicionalismo y el conservadurismo patriarcal here-

36 “El Brado Rotundo”, estrofa del himno brasileño.

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dados de Portugal. Se modifican las figuras emblemáticas de políticos tradicionales para adaptarlas a cada momento histórico de Brasil, lo que conlleva un perfil adecuado a las necesidades del país, pero siempre de acuerdo con la norma de calidad de la Rede Globo.

¿Quién transmite la democracia? Por último –y este aspecto debe ser el centro del debate político en Brasil–, ¿quién defiende los derechos primordiales de la democracia en una nación frágil y de baja representatividad? ¿Cuáles son las propuestas y las necesidades de la sociedad brasileña en medio de una crisis política? ¿Es Temer la respuesta adecuada a los cambios necesarios en la economía? Si es así, ¿serán favorables los cambios económicos a un grupo en particular, a la gran masa de la población o al pequeño grupo de élite? Son cuestiones que también los medios brasileños de comunicaciones deberán plantearse, noticias que siguen apareciendo en pequeños destellos sin merecer la debida consideración. Internet ofrece un contrapunto importante a la falta de información o a la manipulación de datos, lo cual no permite las condiciones de control absoluto por parte de la Rede Globo como sucedía en décadas pasadas, pero todavía hay que conducir esta alternativa a lograr la misma proporción que la televisión. La difusión de desinformación en el panorama de los medios varía de acuerdo con las necesidades y oportunidades que se presenten. Las manifestaciones callejeras continúan, así como en las redes sociales, y las investigaciones de la Lava Jato, aunque con menos noticias. Solo cabe preguntarnos hasta qué punto la sociedad está interesada en independizarse y cortar el cordón umbilical con las grandes empresas de comunicación de Brasil.

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Golpe de Estado en Paraguay. El rol de la prensa durante el derrocamiento de Fernando Lugo Arlenin Aguillón

Introducción El ascenso de Fernando Lugo, en 2008, a la Presidencia de Paraguay, representó, aparentemente, un corte del dominio impuesto por la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (anr-pc) en ese país. Tras la caída del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) por medio de un golpe de estado –voces muy calificadas no lo consideraron un golpe, sino una negociación–, poderosas cúpulas ultraconservadoras describieron el nuevo período como una ‘transición democrática’. Esa transición, sin embargo, se instauró para legitimar un sistema político controlado, fundamentalmente, por los colorados, agrupación política que acumula ya 21 presidentes, incluyendo al actual gobernante, Horacio Cartes. Lugo, un obispo católico conectado simbólicamente con el pueblo, llegó al poder en medio de un sólido avance de gobiernos de izquierda en la región y rompió con 60 años de dominio colorado en el Palacio de los López (el palacio presidencial).

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El kirchnerismo en Argentina inició su ruta desde 2003; Evo Morales ganó la presidencia de Bolivia en 2005; Luiz Inácio Lula da Silva gobernó en Brasil a partir de 2003; Daniel Ortega lideró el regreso al poder en Nicaragua del frente sandinista en 2007; ese mismo año, Rafael Correa ganó la Presidencia en Ecuador; antes de concretarse este panorama político, ya en Venezuela gobernaba el presidente Hugo Chávez desde 1999. Paralelamente, y de manera estratégica, fueron surgiendo, en la región, bloques de integración que chocaban con las pretensiones de Estados Unidos, que intentaba mantener el control de los países del Sur. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (o alba-tcp), surgió en 2004; en junio de 2005, se activó Petrocaribe, una instancia de integración energética que reúne a los países del Caribe y Centroamérica con Venezuela; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) fue creada en 2010 y constituida en 2011; la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) surgió en 2007. En torno a Lugo se conformó una alianza que acabó con la hegemonía presidencial colorada, de 60 años, incluidos los 35 años de dictadura stroesnerista.37 La constitución de gobiernos y bloques integracionistas de izquierda no convenía a Washington. En 2009 el 60% de la población latinoamericana aprobaba la gestión de sus gobiernos (Latinobarómetro, 2015, p. 18). En 2010, continuando con la consolidación de un bloque de izquierda en la región, alcanzó el poder, Pepe Mujica, en Uruguay. La concreción de un mundo multipolar y pluricultural se afianzaba desde América Latina. No se trataba solo de una época de cambios, sino de un cambio de época. 38 37 Alfredo Stroessner fue un militar de origen alemán que estuvo al frente de la dictadura más sangrienta de Paraguay. Un informe final de la Comisión de Verdad y la Justicia, divulgado en 2008, concluyó que durante la dictadura de Stroessner fueron ejecutados o desaparecieron 425 personas, hubo casi 20.000 detenidos y 20.814 exiliados. 38 Rafael Correa a rt: «América Latina no vive una época de cambios, sino un cambio de época». Disponible en . 39 El promedio de la participación electoral en América Latina se sitúa en un 67% (Latinobarómetro, 2015, p. 31), tomando en cuenta la población en edad para votar (pev). Siendo Honduras (64,1%), El Salvador (63,4%), México (62,6%), Costa Rica (62,2%), Chile (60,1%), Paraguay (52,7%), Colombia (46,9%) y Guatemala (41,3%) los únicos países que se ubican por debajo del promedio.

Lugo promovió cambios que impulsaban la recuperación de unas tierras que, en su mayoría, estaban en pocas manos. Según Oxfam (2015), el 2,6% de la población, a los que en el informe llamó propietarios, poseía el 85,5% del territorio paraguayo. Una situación de inequidad, incluso, advertida por la fao.40 Los poderes fácticos en Paraguay, uno de los países con mayor concentración de tierras del mundo, no aceptaban las políticas de igualdad social que pregonaba Lugo. En 2010, Paraguay tuvo un crecimiento del pib del 15% (Cepal, 2014, p. 93), pero la pobreza no disminuyó ni el 1%. El mandatario paraguayo inició líneas políticas con el fin de reducir esa brecha de desigualdad social, pero su proyecto político se sustentó en alianzas con organizaciones de derecha que luego lo traicionaron.41

La prensa como factor político Tras la caída de la dictadura, en 1989, los medios de comunicación se consolidaron como uno de los poderes fácticos. Durante el golpe de Estado contra Lugo, existían 701 medios de comunicación paraguayos en todas sus plataformas, incluyendo 78 repetidoras para los medios audiovisuales. Estas 700 empresas de comunicación estaban controladas por tres centros de poder, que también dominaban el ámbito político, económico y social del país. No obstante, en 2012, era el diario abc Color, el que imponía la agenda política y, además, lograba controlar la mayor parte de la opinión pública. Los medios de comunicación, junto con la Iglesia y los movimientos juveniles, forman parte de las tres instancias de mayor credibilidad en América Latina, un comportamiento que constatamos en Paraguay. La

40 Ver informe 2014 de la fao: “Reflexiones sobre la concentración y extranjerización de la tierra en América Latina y el Caribe”. 41 Federico Franco, del Partido Liberal, era vicepresidente de Fernando Lugo y su partido fue uno de los artífices del golpe de Estado.

Iglesia (69%), los movimientos juveniles (62%), la radio (49%) y la televisión (47%) lideran el listado de instituciones con mayor confianza en la Región (Latinobarómetro, 2015, p. 8-b). La elevada confianza en la Iglesia le dio un importante soporte a Lugo, que en ningún momento se deslastró completamente de su imagen como sacerdote, ni siquiera de su vestimenta. Aunque la radio y la televisión gozaban de alta credibilidad, según el estudio de Latinobarómetro, entre 2006 y 2011 dicho aspecto se desmoronó. La confianza en la radio bajó de 69% a 51% en ese período, mientras que la televisión se desplomó, de un 63% a un 46%. A diferencia de estas dos plataformas, la confianza en la prensa escrita mantuvo un comportamiento más plano, incluso subió tres puntos porcentuales, entre 2006 y 2011, al ubicarse de un 46% a un 49%. abc Color se fundamenta en el poderío económico del empresario Aldo Zuccolillo, antiguo colaborador stroesnerista.42 Un documento gubernamental, al que tuvimos acceso,43 describe a ese periódico como el principal desarticulador de las fuerzas políticas y el mayor extorsionador de la sociedad paraguaya. El diario abc Color –según el mismo documento– promulga un discurso fascista dirigido a los políticos, a la clase media urbana y a los propietarios rurales, con elementos nacionalistas, católicos y neoliberales. Es tan marcado el poder fáctico de este medio de comunicación, que toda la estructura de mando de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (anr-pc), antes del golpe de Estado, tomaba sus decisiones dependiendo de las editoriales y publicaciones del abc Color.

42 Aldo Zuccolillo hizo su fortuna durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dueño del abc Color fue cooperador del dictador. Fundó el diario abc Color en 1967 y 40 años después, gracias al poder dado por el medio, el Grupo Zuccolillo es un emporio que lidera el negocio de la tierra en Paraguay en todas sus formas: inmobiliaria, agroindustrial, bancos. 43 En 2012, en pleno golpe de Estado, pudimos corroborar varios papeles oficiales, que no pueden ser divulgados, para esta investigación. No obstante, garantizamos su absoluta autenticidad.

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Ángel Ramón Barchini, miembro del Parlasur y del partido Colorado paraguayo en 2012, admitió que el Partido Colorado se basaba en las publicaciones de la prensa paraguaya, específicamente del abc Color, para hacer sus análisis del entorno político y tomar decisiones.44 La Embajada de los Estados Unidos en Asunción, responsable de la capacidad de influencia que tiene el abc Color, incide de manera directa en la política editorial de este medio de comunicación, para manipular y limpiar la imagen de los grupos de poder que están bajo su control.45 La alianza entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el abc Color y el Partido Colorado se constata a través de los siguientes datos: • El 61% de los paraguayos siente cercanía hacia algún partido político. La tercera cifra más alta en la región (Latinobarómetro 2011, p. 75). Este dato cobra mayor relevancia si recordamos que agrupaciones políticas, como el Partido Colorado, analizan y toman decisiones basadas en lo que se publica en el abc, y no en la realidad. • Solo el uno por ciento (1%) de los paraguayos piensan que eeuu tiene influencia en América Latina (Latinobarómetro 2011, p. 100). Este dato tiene dos lecturas directas: a) que los paraguayos no creen en la conducta injerencista de eeuu, ante temas de la región; b) que los paraguayos, debido a la influencia mediática, no ven esa actitud del gobierno estadounidense. • El 78% de los paraguayos tienen una muy buena opinión, o una buena opinión, de eeuu (Latinobarómetro 2011, p. 102). Representa la quinta cifra más alta en la región. A este dato le debemos agregar que eeuu tiene en Asunción, siendo Paraguay un 44 Ángel Ramón Barchini admitió tal comportamiento del partido Colorado, en una reunión de trabajo a la que asistimos. 45 Un agente de inteligencia, consultado en abril de 2012, detalló que funcionarios de la Embajada de eeuu en Asunción revisaban a diario las principales informaciones que se publicarían en el abc Color.

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país muy pequeño, una de las Embajadas más grandes de Sudamérica.46 Fernando Lugo inició su gobierno con un 86% de aprobación, la más alta en la región (Latinobarómetro 2011, p. 23), sin embargo, tres años después, se sostenía con un 49% de aprobación, una cifra que, aunque no era despreciable, lo ubicaba como el sexto mandatario peor evaluado en Latinoamérica (Latinobarómetro 2012, p. 01). La caída de 37 puntos porcentuales representó la disminución más significativa entre los presidentes latinoamericanos que gobernaban en ese período (2008-2011). En otras palabras, tras la llegada de Fernando Lugo al poder, 9 de cada 10 habitantes lo aprobaba, pero, tres años más tarde, el Presidente era reprobado por poco más de la mitad del país. Una tendencia similar se precisó en la confianza hacia Lugo, que cayó de un 84%, en 2008, a solo un 37% en 2011 (Latinobarómetro 2012, p. 02). ¿Qué ocurrió durante esos tres años para que el panorama de aceptación cambiara en esas proporciones? Poderes fácticos influyeron en la opinión pública, para moldear la realidad perceptiva,47 de acuerdo con sus propios intereses. Los medios de comunicación crearon, en el imaginario colectivo, las condiciones objetivas para impulsar, avalar, legitimar y justificar un golpe de estado en contra del presidente Fernando Lugo. ¿Cómo cumplieron los medios con esa tarea? La presente investigación precisará la estrategia discursiva, empleada por la prensa paraguaya, para promover la ruptura del hilo constitucional. No pretendemos que los resultados de esta investigación sean los definitivos. Al contrario, las conclusiones deben ser vistas como bases para nuevas líneas de investigación en diferentes áreas de las ciencias sociales. Un análisis semiolingüístico permitió precisar la estrategia discursiva de la prensa paraguaya, antes, durante y después del golpe de Estado. 46 La Embajada de eeuu en Asunción utilizaba 120 carros diplomáticos, según precisó una fuente de inteligencia consultada en abril de 2012. 47 En la Guerra de Cuarta Generación, la realidad perceptiva se impone a la realidad real.

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El análisis se fundamentó en los aportes teóricos de Pottier (1992, 1993), Molero, (1998, 2003), Franco (2002 y 2006), Van Dijk (1989, 1994, 1998, 2001, 2006), Vilches (1987), Orozco (2003) y Barthes (1977). La muestra se tomó de los diarios abc Color, Última Hora y La Nación. Se analizó el componente pragmático, el semántico y el sintáctico.

Golpe parlamentario: el nuevo guion Cinco grandes campañas mediáticas sirvieron para armar los cinco puntos del libelo acusatorio que se empleó en contra del presidente Fernando Lugo para expulsarlo del poder. El libelo acusatorio,48 que presentó el Parlamento paraguayo para justificar la destitución del Presidente Lugo, se armó con los siguientes casos: Acto político en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas En el año 2009, con autorización del presidente Lugo, se realizó una concentración política de jóvenes en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, que fue financiado por instituciones del Estado, incluyendo a la Entidad Binacional Yacyreta […]. Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de los jóvenes, quienes colgaron banderas con alusiones políticas, llegando a izarse una de ellas en sustitución del pabellón patrio. Ese acto de naturaleza netamente política, y con los ‘exabruptos ampliamente difundidos y magnificados por los medios de prensa’, solo pudo ser realizado con la autorización del Comandante en Jefe.

48 Una fuente vinculada a la defensa de Fernando Lugo aportó el libelo acusatorio. Se corroboró su autenticidad, antes de incluirlo en esta investigación. Por su extensión, no podemos colocarlo de forma íntegra en el cuerpo del trabajo.

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Caso Ñacunday Se acusó al gobierno del presidente Lugo de ser el único responsable, como instigador y facilitador, de las recientes invasiones de tierras en la zona de Ñacunday. El presidente Lugo ha utilizado a las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en toda esa región […], mientras esas invasiones se producían y se daban a conocer amenazas de otras más, en otros departamentos de la República, el presidente Lugo se mostraba siempre con puertas abiertas a los líderes de esas invasiones […], dando un mensaje claro a toda la ciudadanía sobre su incondicional apoyo a esos actos de violencia. Creciente inseguridad El presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana. En estos 4 años de gobierno, a pesar de los importantes recursos financieros que le fueron proveídos por el Congreso Nacional para potenciar a la fuerza pública, los resultados han sido, no solo insatisfactorios, sino también ‘ha quedado, por demás demostrada’, la falta de voluntad del gobierno para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo,49 que se ha convertido, al amparo y con la complicidad del gobierno, en el azote de los ciudadanos de los departamentos de Concepción y San Pedro. Protocolo de Ushuaia II Este documento constituye ‘un atentado contra la soberanía’ de la República del Paraguay, y ha sido suscrito, por el presidente ‘Fernando Lugo Méndez’, con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático

49 Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP): Elemento político-mediático con orígenes en la infiltración de la base popular a inicios de los noventa. Se le conoce como grupo subversivo de características terroristas. Es un producto creado para justificar la presencia militar y de inteligencia estadounidense, israelí y colombiana en la zona norte del país.

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de la República. Dicho documento ya ha motivado un pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, destacándose la falta de transparencia en el procedimiento que dio lugar a la firma del documento y a su contenido, al punto que hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no lo ha remitido al Congreso para su conocimiento y consideración. A través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay. Caso Matanza de Curuguaty ‘Ha quedado demostrado’, con los hechos acaecidos en los Campos Morombi, Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno, liderado por presidente Fernando Lugo Méndez […] ‘No cabe duda’ de que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados el 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos, entre policías y campesinos, recae en el Presidente de la República, Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos acaecidos, de conocimiento público, ‘los cuales no necesitan ser probados’, por ser hechos públicos y notorios. Debemos destacar varios elementos del documento oficial que acabamos de leer, de manera resumida: • En primer lugar, el punto tres del libelo acusatorio dice, de manera textual, que “todas las causales mencionadas más arriba (las 5 acusaciones que leímos), son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas”. Es decir, las publicaciones del abc Color, Última Hora y La Nación, fueron prueba suficiente para montar el expediente acusatorio, utilizado por el Senado paraguayo para sentenciar a Lugo y apartarlo del poder. • La Resolución N° 881, que sentenció la salida de la Presidencia de Fernando Lugo, expuso que se basaron en “todas las pruebas presentadas por la parte acusadora”. Sin embargo, el equipo ju-

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rídico50 que defendió al presidente Lugo, develó que las pruebas presentadas consistían en fotocopias de recortes de prensa y otras informaciones similares. • En el texto de la defensa se lee lo siguiente: “En ninguna parte del escrito de denuncia [el libelo acusatorio] se citó un artículo de carácter penal, no se realizó tipificación alguna, no se describió la comisión del delito alguno”. • La decisión se fundamenta, únicamente, en una decisión política tomada por el Senado paraguayo, amparada en las publicaciones de los medios de comunicación. El rol de los medios El Senado paraguayo concluyó que las acusaciones no necesitaban ser probadas porque los hechos fueron de pública notoriedad, divulgados a través de la prensa nacional. Tomando en cuenta tal decisión, a continuación explicaremos cuál fue el comportamiento de la prensa paraguaya, antes, durante y después del golpe de Estado. Aislar a Paraguay Previamente al golpe, existió una marcada descalificación, fundamentalmente, de Brasil y Argentina, las dos principales economías del Mercosur. En el siguiente cuadro podemos precisar algunas caracterizaciones de ambos países:

50 Uno de los abogados del presidente Fernando Lugo nos facilitó el documento que se empleó en la defensa. La autenticidad del documento se corroboró con fuentes diplomáticas y de inteligencia.

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Brasil

Argentina

Una fuente de las Fuerzas Armadas del Brasil no descarta la acción militar de su país por el conflicto de tierras con brasiguayos, ante la debilidad del Gobierno de Fernando Lugo (Última Hora, 2012).

Las inadmisibles y perjudiciales medidas proteccionistas que adoptó este país, a partir del pasado 1 de febrero, están afectando muy severamente el comercio exterior de Paraguay y Uruguay (abc Color, 2012).

El diputado paraguayo José López Chávez planteó reforzar la presencia militar en la frontera con Brasil, ante la versión de una supuesta posibilidad de una intervención del vecino país en Alto Paraná (abc Color, 2012b).

El Mercosur de ninguna manera debe permanecer impasible ante el grave avasallamiento que la República Argentina viene haciendo contra la letra y el espíritu de la integración regional (abc Color, 2012).

El Gobierno de Dilma Rousseff, con el argumento de proteger su industria, de la inundación de productos asiáticos –especialmente chinos–, decidió ampliar drásticamente las exigencias a la mercadería importada, en textiles, juguetes, confecciones en cuero, y otro tipo de prendas (La Nación, 2012).

Las restricciones y trabas comerciales que impuso la Argentina, no solo afectan al Paraguay, sino que también a Perú, Chile, Colombia y a Uruguay, miembro pleno del Mercosur (abc Color, 2012c).

Es menester dejar de seguir aceptando, con la cabeza gacha, las arbitrarias y unilaterales disposiciones que se adoptan en Brasilia y Buenos Aires […]. Sería preciso que dejaran de lado su acostumbrada hipocresía, sus poses artificiales y su retórica evocadora de una falsa hermandad (abc, 2011).

La deslegitimación de la imagen-país se dio de manera directa (como lo vimos en el cuadro anterior) o indirecta (cuando se habla de ‘vecinos’ sin mencionar a Brasil o Argentina). Paralelamente, la prensa paraguaya descalificó toda posibilidad de integrarse en el bloque Bolivariano, impulsado desde Venezuela. El tratamiento a los presidentes y gobiernos de izquierda fue, sistemáticamente, de deslegitimación. Crearon en el imaginario colectivo un escenario de ‘vecinos enemigos’.

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La prensa paraguaya presentó la Integración Bolivariana como un retroceso a la dictadura stroesnerista. Tergiversaron la realidad e impusieron, en el imaginario colectivo, un escenario de aliados conflictivos, para justificar el aislamiento de Paraguay de esos ‘diabólicos’ vecinos. Veamos los descriptores empleados, para referirse a los gobernantes latinoamericanos:51 • Miembros del ‘club bolivariano’ latinoamericano; club bolivariano; Hugo Chávez y otros; la mayoría de estos dictadores bolivarianos; inescrupulosos, aprovechadores, arrasadores, hostigadores, sometedores, arbitrarios, represores, perseguidores; iguales a Stroessner; gobernantes mentirosos, autoritarios, corruptos; mandatarios fallidos, abusivos, negligentes o excedidos en sus ambiciones de poder; dictaduras disfrazadas y semidictaduras de corte ideológico castro-bolivariano-marxista; los actuales gobernantes del club bolivariano de Latinoamérica; gobernantes que desprecian la institucionalidad; descalificadores, despotricadores, guerrilleros, terroristas, golpistas, antidemócratas; actual club bolivariano; mentirosos y violadores de la libertad de expresión; estos personajes; estos tipos; autoritarios y antidemócratas; actitud autoritaria y excluyente; estos tipos, falsos, mamarrachos, bolivarianos totalitarios. Antes del golpe de Estado, la prensa consolidó la idea de que no hacía falta pertenecer al Mercosur, porque ese grupo deseaba destruir al pueblo paraguayo. Los países del bloque fueron presentados, constantemente, como enemigos. A continuación, precisaremos, cómo la prensa recalcó la separación ‘ellos-nosotros’. Bajo ninguna circunstancia hablan de un ‘nosotros’ incluyendo a Paraguay. Al contrario, cuando hablan de socios le colocan

51 Estos descriptores, o lexías asociadas, fueron precisadas entre marzo, abril y mayo de 2012. Acá solo se publica una muestra.

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las comillas, como argumento retórico para deslegitimar el significado real del término. Veamos: • Estos, ellos, nuestros ‘socios’ (las comillas son una estrategia retórica que le cambia el significado al término), (ellos) sostienen, por ellos, nosotros (se separan de ellos), por ellos, que ellos, los países miembros del Mercosur (pero no Paraguay), y ‘socios’. Un dato muy particular es que el idioma guaraní tiene la potestad de utilizar el nosotros incluyente y el nosotros excluyente. Los expertos en el manejo del discurso saben emplear todo este tipo de tácticas, al conocer el objetivo del mensaje que se va a desarrollar. Además de la descalificación y la criminalización de los países aliados, la prensa paraguaya le restó valor político al Mercosur e instó a salir del bloque. Veamos: • Lo que hasta ahora salta a la vista es que el Mercosur no es ni la sombra de lo que sus fundadores habían proyectado que fuera […]. El esquema regional atraviesa una severa crisis de identidad y carece de los más básicos principios que deben animar todo proceso integrador (abc Color, 2011). • El senador liberal, Alfredo Jaeggli, aseguró que Mercosur no le conviene a Paraguay. Agregó que las trabas que impone Argentina a las importaciones hacen que se deba rever la utilidad del bloque regional para el comercio. A Paraguay no le conviene estar en Mercosur. • El Presidente de la Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay (aicp), Roberto Eguía, dijo: “Es la guerra de la doble alianza de Brasil y Argentina contra Paraguay, entonces, vamos a salir o renegociar nuestra permanencia dentro del Mercosur hasta que revean las trabas […], se debe analizar la posibilidad de retirarnos del Mercosur, ahora que Argentina está en la presidencia pro témpore” (Mercosur Radio, 2012).

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• El presidente de la industria Maahsa, Esteban Morábito, consideró que salir del Mercosur no era mala idea. “Si estamos fuera, podemos aplicar aranceles. Es mejor, porque aquí vienen productos argentinos y entran como quieren, ni siquiera les aplicamos las normas permitidas. Eso nos resta puestos de trabajo”, insistió (Última Hora, 2012). En todo proceso comunicacional, que involucra a dos o más actuantes, se establece una relación de agente-paciente. El agente causa cambio en el paciente. En otras palabras, es una relación atacante-atacado. En el caso paraguayo, la prensa describió, como ‘agentes’, a los países del Mercosur y otras naciones de la región. El atacado, en todo momento, fue Paraguay. Esta táctica genera en el colectivo la necesidad de defenderse o, al menos, aprobar cualquier acción política que proteja los intereses del país. En el caso analizado, defenderse es aislarse de los países vecinos. Imponer la agenda política Ángel Ramón Barchini, miembro del partido Colorado paraguayo, corroboró que el Partido Colorado revisa la prensa paraguaya, específicamente el abc Color, para analizar el entorno político y, posteriormente, tomar decisiones como factor político. Su declaración concuerda con lo precisado en el siguiente cuadro. En la columna izquierda, colocamos ideas centrales difundidas por la prensa y, a continuación, hacemos una comparación con los comunicados oficiales del Partido Colorado. Noten la similitud en las ideas y hasta en los términos empleados. En este caso, tomamos en consideración, solo algunas de las ideas difundidas en torno a la firma del Protocolo de Ushuaia II:

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Prensa Paraguaya

Comunicados Partido Colorado

Las formulaciones del citado Protocolo son confusas, ambiguas e inexactas.

Contiene términos vagos sin definición concreta que se prestan a interpretaciones subjetivas.

El pérfido acuerdo regional [es] una patética y burda reedición del oprobioso y genocida Tratado Secreto de la Triple Alianza [suscrito] con la siniestra intención de borrar al Paraguay del mapa y aniquilar a su población.

No nos engañemos, desean que nosotros mismos nos coloquemos el dogal al cuello.

El único objetivo del Protocolo es precautelar el poder presidencial y no preservar las instituciones democráticas. Es evidente, pues, que dicho instrumento regional fue concebido con el único objetivo de preservarle a Lugo el poder presidencial, y no para custodiar a las otras instituciones de la República.

Si por si acaso se le inicia un juicio político a Lugo, este, inmediatamente, va a denunciar la ‘ruptura del orden democrático’.

Paraguay es el único destinatario de las extremas y graves medidas adoptadas por el Protocolo de Montevideo.

¿Cuáles serán los países sujetos a esta medida? ¿Acaso Argentina o Brasil? ¡Jamás! Seremos nosotros.

El comunicado en cuestión es la más fehaciente muestra de la grosera y alevosa hipocresía que rige en las relaciones existentes entre los miembros del proceso de integración regional.

Es notorio que, para estos poderosos Estados, parte de la integración regional se circunscribe a la retórica vaciada de contenido y repleta de incumplimientos de los convenios firmados y de la constante hipocresía de los discursos pletóricos de promesas y buena voluntad.

Siguiendo un libreto ya habitual, Argentina vuelve a burlarse del Mercosur al poner trabas para-arancelarias a las exportaciones paraguayas. De este modo, convierte en cenizas el proyecto integrador regional, ya que, a la hora de activar mecanismos proteccionistas, los poderosos utilizan esquemas de protección que afectan a los países de menor desarrollo.

Atravesamos un nuevo capítulo de las desmesuradas trabas que imponen la Argentina y el Brasil al comercio de importación y exportación de cualquier naturaleza –que perjudica, de manera insoportable, al Paraguay.

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Nuestro país podría convertirse en víctima de un ignominioso bloqueo político, económico y comercial cuando los países vecinos, con la excusa de ‘defender la democracia’, intervengan en Paraguay para defender sus propios intereses nacionales.

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En su oportunidad advertimos a nuestros legisladores la inconveniencia de la ratificación del tratado del  Unasur por contener –un presente griego o Caballo de Troya– una cláusula que, de aprobarse, nos dejaría a merced de los grandotes del grupo, en la actualidad, muy afectos al socialismo del siglo xxi. Pero, aun así, pisamos la trampa.

El doble discurso argentino persiste: en las Seguir en el Mercosur en estas condicioreuniones del organismo se deshace en loas a nes es atentar contra los reales intereses favor de la solidaridad y la necesidad de estar del Paraguay. unidos para ser más fuertes y, sin embargo, a la hora de aplicar las palabras a la realidad, para facilitar el intercambio comercial entre sus miembros, implementa medidas que perjudican a sus socios supuestamente igualitarios. Esa actitud solo tiene una calificación: cinismo.

La firma del Protocolo Ushuaia II se concretó en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, el 20 de diciembre de 2011. La rúbrica provocó un ataque frontal de la prensa, en contra del presidente Fernando Lugo. Incluso, este fue uno de los cinco puntos del libelo acusatorio en contra del mandatario. Existen varios tipos de discursos y, a su vez, cada uno de esas categorías discursivas, cuentan con una serie de funciones que cumplen objetivos específicos. En el discurso político es fundamental la legitimación del ‘yo’, y la deslegitimación del ‘otro-oponente’. En el caso paraguayo, la prensa se encargó de legitimar al ‘yo-oposición’, y de deslegitimar al ‘otro-gobierno’. Toda acción política que decidía el gobierno era satanizada. Veamos, por solo citar un ejemplo, algunas evidencias lingüísticas detectadas para descalificar el Protocolo Ushuaia II, tomando en cuenta varios editoriales del abc Color:52

52 Ver los siguientes editoriales del abc Color: “Descarado cinismo de los ‘socios’ del Mercosur” (20-01-2012). “La violencia de los carperos y el Protocolo de Montevideo” (25-01-2012). “Somos un país indefenso” (30-03-2012). “A las Malvinas no se las puede bloquear, al Paraguay sí” (02-04-2012).

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• Adefesio legal, documento injerencista, instrumento violento, documento de marras, documento indecente, documento confuso, documento impreciso, documento golpista, documento mentiroso, comunicado grosero, comunicado hipócrita, el pérfido acuerdo, documento patético, documento burdo, documento extremista, documento grave, ambiguo, inexacto, confuso, oprobioso, tratado genocida, documento siniestro, protocolo antidemocrático, protocolo inicuo, protocolo descarado, protocolo cínico. Es muy importante destacar que todas estas características arrojadas sobre el Protocolo se le atribuyen, de inmediato y de forma implícita, a los firmantes del documento; es decir, al ‘otro-oponente’. Todos los países miembros del Mercosur firmaron el texto. Por lo tanto, si el Protocolo es injerencista, violento, ambiguo, confuso, descarado, cínico, extremista, entre otros descalificativos, entonces, los países firmantes de dicho Protocolo adquieren la misma caracterización. Ese proceso de asociación lo ejecuta el receptor, sin necesidad de verlo explícito en un medio de comunicación. Condiciones objetivas para el golpe de Estado La prensa creó un constante escenario de inestabilidad interna, previo al golpe de Estado. Activaron, en paralelo, varios casos que, durante días, se difundieron para elevar la histeria colectiva. Estos hechos noticiosos coparon la agenda política y, posteriormente, se constituyeron en los argumentos presentados por el Senado paraguayo para sentenciar y tumbar al Presidente Lugo. Desde inicios de 2012 se constató una clara y peligrosa criminalización de Lugo. La prensa lo describió como un genocida, que justificaría cualquier accionar en su contra para perpetrarse en el poder.53 Se tildaba 53 La acusación de “querer perpetrarse en el poder” se utilizó, en Venezuela, en contra del presidente Hugo Chávez. Ha sido utilizada, también, en Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Argentina y Brasil.

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a Lugo de asesino. Observemos las ideas principales, implícitas, con las que abc caracterizó a Lugo: • El plan del gobierno es asesinar para justificar su perpetuación en el poder. • El plan del gobierno es asesinar y protegerse, mediante tratados internacionales firmados recientemente (Protocolo de Ushuaia II).  • El gobierno estructuró un plan para las confrontaciones. • Hay pruebas de la existencia del plan. • El gobierno ordenará un asesinato para ejercer el poder. • Se debe enjuiciar a Lugo. • Gobierno nacional manipula los hechos. • El plan de generar caos para perpetuarse en el poder está milimétricamente pensado. • El objetivo es generar caos, hasta tener el poder absoluto del país. Todo este escenario de inestabilidad interna propició que Lugo fuese amenazado, de abrírsele juicio político, en 23 ocasiones, durante su mandato. En la oportunidad 24, la derecha logró lo que se propuso: dar un golpe de Estado y disfrazarlo de juicio político. El escenario post-golpe Luego del golpe de estado, la prensa en Paraguay continuó el guion establecido por la derecha internacional. Legitimar al golpista y criminalizar al presidente derrocado. Veamos algunos ejemplos: • No hubo golpe de Estado. La prensa suprimió el término ‘golpe de Estado’, y se dibujó de la siguiente manera: –– No es golpe de Estado, se trata de un ‘proceso político singular’. –– Es preciso puntualizar que nuestro país se ciñó estrictamente a las disposiciones constitucionales que estable-

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cen la ‘sucesión presidencial’ y garantizan la preservación del orden democrático. En el Paraguay no se produjo ninguna ruptura del orden constitucional. La ‘decisión del Senado’ fue resuelta de un modo ordenado, pacífico y ‘respetuoso de la legalidad’, la institucionalidad y los esenciales criterios de equidad que deben presidir procesos tan delicados, como el que acaba de ser llevado a buen término. Lo que ‘el Congreso paraguayo hizo’ con Fernando Lugo, con pleno respaldo de la inmensa mayoría de la ciudadanía y ‘en estricto marco de lo plenamente legal’, bien podrían hacerlo también otros congresos latinoamericanos regidos por dictaduras disfrazadas y semidictaduras de corte ideológico castro-bolivariano-marxista. ¡He aquí el problema! La ‘deposición legal’ de mandatarios fallidos, abusivos, negligentes o excedidos en sus ambiciones de poder, siempre será un recurso justo de los pueblos y legítimamente aplicable por las autoridades republicanas que, constitucionalmente, estén facultadas para ello. La ‘destitución constitucional’ de Fernando Lugo constituye una lección política, ética e histórica que los demás pueblos latinoamericanos sabrán valorar. Es una demostración práctica de que las medidas democráticas extremas, de corrección de los rumbos desviados de gobernantes abusivos, no son meras declaraciones retóricas, sino ‘disposiciones constitucionales’ que sí es posible hacerlas valer plenamente.

• La prensa criminalizó a las instancias y a los factores políticos internacionales que solicitaron restablecer el hilo Constitucional: –– Países de Unasur violan estatutos de la onu, de no intervención en asuntos internos.

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–– El Canciller venezolano, Nicolás Maduro, se tilda de arrogante, descarado, presumido. –– Unasur es una bravata reforzada por Alí Rodríguez, otro venezolano y bolivariano.54 ¡Ojo! Se emplea el término ‘bolivariano›, como insulto. –– Hugo Chávez, uno de los peores gorilas violadores de las libertades y derechos humanos en su país, quien en el año 1992 organizó y comandó dos golpes de Estado contra presidentes democráticamente electos, fracasando ciertamente, pero dejando más de 300 víctimas fatales e incontable número de heridos y lesionados de por vida. • La prensa tuvo, como aliado estratégico, a la Organización de Estados Americanos. La prensa paraguaya legitimó la presencia de la oea y magnificó una visita que hiciese ese organismo, después del golpe. Expuso que la Organización tenía ‘ojos neutrales’, a diferencia de los países miembros del Mercosur y de la Unasur, que fueron tildados de ser manipulados por el dictador Chávez. Advertimos que la legitimación de la oea fue una táctica de reciprocidad. Legitiman a la oea y este organismo, a su vez, legitima el golpe de Estado. Describieron a la oea como neutral, y a Mercosur, como “atajo de socios que castigaron a Paraguay”. Veamos: –– La República del Paraguay fue víctima de una de las más graves arbitrariedades jamás cometidas en su perjuicio, cuando, sin siquiera otorgarle el derecho a ejercer su legítima defensa, se le suspendió injustamente su participación en el Mercosur. –– En suma, se condenó al Paraguay sin escucharlo, negándosele el derecho a la defensa. –– Esta caprichosa forma de proceder del Mercosur, que 54 La prensa paraguaya, constantemente, utilizó el concepto del ‘bolivarianismo’ como insulto.

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como se vio tenía por fin último asegurar la incorporación forzada, y por la ventana, del gorila bolivariano Hugo Chávez al bloque, más que cualquier otra cosa, indigna con justa razón a las paraguayas y los paraguayos. En este sentido, es de esperar que este tipo de actitudes cerriles y atentatorias del derecho internacional no sean seguidas por otros organismos internacionales de los que el Paraguay es miembro, tales como la Organización de los Estados Americanos (oea). Sin duda, los integrantes de la comitiva podrán constatar, de manera personal, que en el Paraguay no se ha producido ninguna alteración del orden democrático, ni mucho menos, una ruptura constitucional. Cabe esperar, pues, que en la oea primen la racionalidad y la sensatez, que en el Mercosur y la Unasur brillaron por su ausencia. La altanería, la prepotencia y el secretismo en el trato [que Mercosur dio] a nuestro país no harán más que despertar sospechas y crear un sentimiento de rechazo en la inmensa mayoría del pueblo paraguayo, harto de que se cometan en su perjuicio injusticias y atropellos sin cuento.

• Bloqueo informativo. Las voces que criticaron al gobierno de facto fueron anuladas. Y los pocos voceros de izquierda que tuvieron acceso a los medios, fueron criminalizados. Todo lo contrario ocurrió con las múltiples reacciones de factores conservadores en la región. Veamos, a continuación, algunos hechos relevantes: –– El diario abc, al oficializarse el ingreso de Venezuela al Mercosur, tildó el momento histórico como un “humillante trato de la renovada triple alianza”. Paralelamente, divulgó que se excluía a un ‘socio pleno’ para sentar al “Canciller de Chávez y comitiva”. Este diario reclamó que,

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a Paraguay no se le concediera el debido derecho a la defensa ante los representantes del Mercosur. Nunca publicaron que la suspensión se hizo como consecuencia del golpe de Estado. –– El senador Miguel Abdón Saguier describió de hipócritas y golpistas a los miembros del Mercosur: “Todo este teatro hipócrita del Mercosur era para suspenderle a Paraguay, y para que entre Venezuela. El golpe lo dieron ellos, el Protocolo de Ushuaia, en el artículo 4º dice que, en caso de ruptura democrática, los países tienen que hacer consultas, y nunca hicieron consultas. Siempre nos han juzgado, por mala ley, esta gente. Tenemos que estudiar en frío esta cosa, estos son taimados, y debemos jugarle con las mismas armas de hipocresía y astucia”. –– El Presidente de facto se mostró cauteloso en sus declaraciones pero adelantó la posibilidad de negociar un tratado con eeuu. “La situación del Paraguay con respecto al Mercosur se tiene que ir revirtiendo, el Canciller paraguayo tiene instrucciones claras y precisas de actualizar las relaciones con los países vecinos. Al ser suspendido, Paraguay está liberado para tomar decisiones. Podemos analizar. Vamos a sopesar costos, beneficios. Vamos a hacer lo que más convenga a los intereses del Paraguay.” Al ser consultado sobre la posibilidad de negociar acuerdos comerciales con eeuu, China u otros países, Franco señaló que “es una posibilidad”. –– Observen el sincronismo de la derecha internacional. El expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, dijo que la decisión del Mercosur de suspender a Paraguay y sumar a Venezuela fue un golpe de Estado por parte del bloque. Condenó lo que llamó una intromisión, de los demás países, en cuestiones internas del país. Lacalle asumió la misma postura de Miguel Abdón Saguier. De-

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clararon en diferentes sitios, y ante diferentes medios, pero con un mismo concepto. –– Otro ejemplo del sincronismo de los factores conservadores lo precisamos en las siguientes declaraciones de Jorge Azar Gómez, ex-representante de la República Oriental del Uruguay ante la onu: “El Mercosur tomó la resolución en tiempo récord; jamás se dieron las garantías institucionales de legítima defensa al Gobierno de Paraguay”. –– La derecha uruguaya tuvo un mayor centimetraje. Además de Lacalle y Azar, en Paraguay se divulgaron las palabras de Jorge Batlle, otro expresidente de la República Oriental del Uruguay. “Es una arbitrariedad. La integración de Venezuela es ilegal, absolutamente ilegal. No traerá paz al Mercosur y creará serios problemas políticos y sociales”. –– La prensa paraguaya insistió en insertar, en el imaginario colectivo, el concepto de la ‘Triple Alianza’. Tildaron de enemigos a los países vecinos. Esto, para justificar la ruptura de relaciones comerciales con Brasil, Uruguay y Argentina. Veamos unos ejemplos de lo aquí expuesto:

Diario ABC Color

Diario La Nación

Infamia de la Triple Alianza contra el pueblo paraguayo: meten por la ventana a Venezuela en el Mercosur.

Nueva “Triple Alianza” suspende a Paraguay e incluye a Venezuela.

Suspenden ilegalmente a Paraguay y Argentina, Brasil y Uruguay, de la mano de aprueban ingreso venezolano, a espal- Chávez. das de nuestro país.

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Atropello a la dignidad, a las instituciones y a los derechos internacionales de la República. Dicen que no es contra el pueblo, lo mismo que manifestaba el funesto tratado de 1865

–– Se buscó generar dos escenarios en el imaginario colectivo: 1) que todo estaba tranquilo, y que el país seguía su rumbo con el gobierno de facto; 2) se creó una apatía generalizada para que el sector de la población que pedía la restitución del orden democrático pensara que “no valía la pena protestar, porque nadie estaba en la calle”. La prensa paraguaya cubrió algunas protestas contra el golpe, pero con una visión de burla y minimizando su alcance. –– Se fustigó duramente el ingreso de Venezuela a Mercosur. Veamos cómo fue la cobertura del caso: § Tal como lo habían planeado, Argentina, Brasil y Uruguay decidieron, desvergonzadamente y en un mismo acto, suspender al Paraguay del Mercosur, hasta la celebración de nuevas elecciones generales, e incorporar a Venezuela al bloque, a partir del próximo 31 de julio. § Vendieron al cuarto socio para entregarle la membresía plena del grupo al gorila Hugo Chávez que, con sus petrodólares, se encargará de ‘agradecer’ oportuna y generosamente el ‘gesto’ de sus deudores, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y José Mujica. § El circo estaba preparado de antemano para meter a Chávez, por la ventana, al proceso de integración regional. § Entregaron al Paraguay a cambio de la petrochequera del gorila caribeño.

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Consideraciones finales Esta investigación no abordó, en profundidad, todos los factores políticos, internos y externos que se articularon en Paraguay para tumbar al Presidente Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012. El trabajo apenas se limitó a describir el rol que cumplieron los medios de comunicación durante el proceso que rompió el hilo constitucional en Paraguay. Los resultados pudieran funcionar como base, para otras investigaciones en diferentes áreas de las ciencias sociales. Aclarado este punto, pasamos a precisar el rol que cumplieron los medios de comunicación en Paraguay, antes, durante y después del golpe de Estado. El golpe contra el Presidente Fernando Lugo debe ser analizado desde una dimensión global: la política. Para captar el fondo del asunto, es importante comprender que hubo un conflicto político interno, que abarcó mucho más de lo ideológico, lo simbólico, e incluso, de lo económico. Paraguay es un país de elevada relevancia geoestratégica para la política exterior de los Estados Unidos. Entendiendo este asunto, podemos comprender el resto de los factores que intervinieron. Para las consideraciones finales de la investigación, nos centramos en solo dos de los factores: • Elemento político: –– La decisión del Senado paraguayo no tuvo sustento jurídico. Se trató de una sentencia basada en elementos políticos. En 23 ocasiones intentaron proceder a la apertura de un juicio contra el Presidente Fernando Lugo.55 –– Los medios de comunicación, guiados desde Washington, armaron el expediente utilizado por el Senado para 55 El portal Cooperativa.com.py divulgó, una a una, las 23 ocasiones en que intentaron abrirle un juicio político al presidente Fernando Lugo. Léalo en el siguiente enlace: .

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concretar el golpe. Cinco grandes campañas de comunicación sustentaron el libelo acusatorio. Los hechos, al ser de pública notoriedad, no necesitaron ser demostrados. El golpe no afectó a las instituciones del Estado, como el Congreso o el Poder Judicial, ya que su nivel de legitimidad, ante la población, era bastante bajo. eeuu cumplió su táctica de aislar a Paraguay y convertirla en su bunker. Como ejemplo, citamos el tratamiento que le dieron al Mercosur. Para cumplir su objetivo, la prensa mantuvo sendas campañas impulsando dos ideas en común: no necesitamos estar en Mercosur y Mercosur no es un espacio político relevante. eeuu sabía que, al dar el golpe, Paraguay sería expulsada del bloque comercial. Por eso, se inició, previamente, una campaña de satanización en contra del Mercosur y sus países miembros. La prensa insertó en el imaginario colectivo, la necesidad de defenderse de los ‘diabólicos vecinos’. En el caso paraguayo, defenderse significó separarse o aislarse de sus socios comunes. Se satanizó el ‘bolivarianismo’. El concepto de integración regional se comparó con la guerra de la ‘Triple Alianza’, un conflicto bélico desarrollado entre 1864 y 1870 que provocó la muerte del 60% de la población, incluyendo el 90% de los hombres. La integración se describió como “la senda del bolivarianismo chavo-marxista” o la “vulgata chavista del socialismo del siglo xxi”. Previo al golpe, la prensa construyó las condiciones objetivas para tumbar a Fernando Lugo. Veamos: ü Creó un ambiente de inestabilidad política. ü Provocó un conflicto interno a través de varias campañas mediáticas. ü Criminalizó las acciones políticas de Fernando Lugo, a lo interno y a lo externo del país. Luego, tildó de cri-

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minal al propio mandatario paraguayo y lo describió como un presidente ilegítimo. • Conflicto por las tierras: –– Un documento oficial,56 al que tuvimos acceso, concluyó que el conflicto por las tierras en Paraguay fue uno de los elementos de fondo para iniciar el proceso de desestabilización que, finalmente, logró sacar del poder al Presidente Fernando Lugo. El texto expuso lo siguiente: ü El proceso de demarcación, revisión y mensura de las tierras en Paraguay, trajo serios conflictos a nivel social, político y económico […]. Desde el anuncio de las mensuras,57 los medios de prensa y los grupos económicos desarrollaron una campaña mediática y política, en contra de la revisión de la propiedad de las tierras, a nivel nacional; la campaña mediática, liderada por abc Color, llamó a la conformación de autodefensas, al legítimo derecho a la defensa de la propiedad privada y a culpabilizar al gobierno por cualquier conflicto que surgiera en torno al tema de las tierras.58 ü En el caso específico de los territorios del Este del Paraguay, la designación de una comisión de efectivos del Instituto Geográfico Militar (igm) de las Fuerzas Armadas paraguayas (ff.aa.), activó, como respuesta, una campaña mediática en contra del Ejecutivo, buscando implantar la matriz del juicio político a Fernando Lugo por “atentar contra la propiedad privada”

56 Por ser un documento de carácter oficial, no podemos revelar la identidad del autor. 57 Septiembre de 2011. 58 Para profundizar sobre el tema se pueden revisar los editoriales del abc Color publicados en las siguientes fechas: 30/10/2011; 23/01/2012; 24/01/2012

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e instigar a la violencia entre los grupos de campesinos sin tierras, y los grupos de terratenientes “brasiguayos”59 […]. El caso concreto se conoció como las “Tierras de Ñacunday”, o las “tierras de Favero”, por pertenecer, supuestamente, a Tranquilo Favero, empresario brasileño que se convirtió en uno de los mayores productores de soja del Paraguay, llamado también el ‘rey de la soja’. Desde inicios del 2012, la prensa paraguaya intensificó su ataque en contra de la institucionalidad del país y, más específicamente, en contra del gobierno de Fernando Lugo. El gobierno no supo responder de manera eficiente y eficaz a los sistemáticos ataques de la prensa. Advertimos que no se trataba de ser eficaz y eficientes al momento de ejecutar obras de gobierno, sino de comprender que, en la guerra de cuarta generación, o en un conflicto de baja intensidad, la percepción de la realidad es mucho más ‘real’, que la ‘realidad real’. El Presidente Lugo no observó que los operadores políticos que lo adversaron, trabajaron en el plano simbólico y fueron construyendo referentes muy diferentes a los que pretendía su gobierno. En otras palabras, las operaciones psicológicas difundidas por la prensa, acompañadas por una serie de estrategias no convencionales de comunicación política, impidieron que el pueblo paraguayo se mantuviera conectado con el gobierno. ¿Resultado? La confianza hacia Lugo cayó de un 84% a un 37%, entre 2008 y 2011. Al siguiente año, el Presidente fue derrocado.

59 Colonos brasileños radicados en Paraguay.

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Banderas negras, redes sociales y agitación contrarrevolucionaria en Ecuador Daniela Favaro Garrossini Francesco Maniglio Francisco Sierra Caballero

Introducción. De la guerra de movimientos a la guerra de posiciones Cuando hablamos de procesos tecnopolíticos lo hacemos en los términos de lo que Gramsci definió como “guerra de posiciones” (Gramsci, 1999), es decir, procesos de confrontación donde las fuerzas económicas, políticas y sociales no se enfrentan ‘militarmente’ sino que actúan para reforzar, parar o derrumbar a las fuerzas hegemónicas en un determinado contexto temporal. Con esta análisis queremos contribuir al debate general sobre la tecnopolítica y, específicamente, al debate latinoamericano, abarcando algunos aspectos específicos que han caracterizado a los procesos tecnopolíticos ocurridos en Ecuador durante la ultima década. Principalmente, perseguimos subrayar la dimensión histórica de la transformación del Estado durante los gobiernos de Rafael Correa. Se trata, ante todo, de denunciar las perspectivas de marca neocoloniales,

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presentes, por ejemplo, en las continuas evaluaciones de los sistemas democráticos de la región o en la definición de estos como ‘regímenes híbridos’ (Morlino, 2008; Diamond, 2002), en tanto que funcionales a las mismas lógicas de dominio que se han impuesto históricamente con la teoría de la dependencia y del subdesarrollo. En efecto, estas posturas han ido reforzando una visión neoliberal de la democracia, el sustento de un paradigma de derechos liberales (pensemos en la encrucijada de los derechos fundamentales, encabezada por la defensa de las libertades de expresión, de movimiento, etc.) como base de un sistema político de Estado. En Ecuador, esta hibridez ha significado que el Estado ya no se construye siguiendo modelos puros –impuestos por los aliados norteamericanos y funcionales a las doctrinas neoliberales–, sino dirigidos por las exigencias de la transformación social demandada por aquellos problemas históricos –como la desigualdad socioeconómica estructural, la concentración de poder económico, la debilidad de los aparados del Estado– que nunca habían ocupado las agendas públicas de los puristas democráticos. En este sentido, estamos convencidos de que cuando “el problema del poder se resuelve únicamente en las urnas, se oculta la fuerza de los que no necesitan ganar las elecciones para incidir en la toma de decisiones públicas” (Ramírez, 2012, p. 108). Desde los años noventa y hasta la primera década de 2000, el poder del Estado en Ecuador se ha legitimado a raíz de una sociedad civil criolla, ligada a los intereses de las castas (prevalentemente) urbanas y de las fuerzas armadas. Estas correlaciones de fuerzas han sido las protagonistas de la guerra de movimientos que podemos fácilmente identificar en los golpes de Estado de Bucaram (en 1997), de Mahuad (en 2000) y de Gutiérrez (en 2005). Fueron, sin duda, parte de una estrategia militar internacional (Operación Cóndor) que perseguía establecer regímenes políticos que erradicaran de la región todos los espacios y campos relacionados con una perspectiva social de la gestión política del Estado. En Ecuador, el ultimo acto de esta estrategia se ha vivido el día 30 de Septiembre de

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2010, con el intento repentino y violento de derrocar al gobierno elegido, perpetrado por una parte del cuerpo policial y otros aparados militares. Los hechos del 30 de septiembre se desenvuelven en un nuevo escenario, ya no de crisis, sino de ‘refundación’ del Estado y del régimen; ya no frente a gobiernos des-prestigiados sino con una administración que cuenta con el respaldo de la población, refrendado en cinco procesos electorales; ya no con un sistema de partidos fragmentado sino con una fuerza política que logró captar el ejecutivo, el legislativo y tiene influencia en las funciones electoral y de control (Ortiz, 2011, p. 21).

En efecto, en el temblor que estaba viviendo el Estado de Ecuador el 30S se podía entrever una sociedad civil finalmente presente. El Estado había creado una cadena de poder y fortalezas en la sociedad que le permitieron enfrentarse a una guerra de movimiento, a un intento de golpe militar. Sin embargo, con la crisis del 30 de Septiembre de 2010 terminó una táctica de guerra, pero no la guerra. No solo porque inaugurara una nueva estrategia de control civil sobre las fuerzas armadas,60 sino más bien porque el 30S ocurrió durante un proceso de democratización que empezó en Ecuador en 2007, en el que la acción política del gobierno estaba marcada por una lógica de la ampliación del rango de legitimación de los gestores del Estado. En este proceso político, la adopción de una ideología post-neoliberal en el discurso del gobierno de Ecuador, sobre todo respecto al posicionamiento político-económico internacional, ha jugado un papel fundamental para la consecución de las políticas de equidad social que se han venido implementando desde 2008.

60 Cfr. (Ramirez, 2012, p. 128).

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Coeficiente de Gini de los ingresos 2003-2013 0,63

0,65 0,62 0,60

0,54

0,55

0,51 0,50

0,55 0,55

0,51

0,52

0,51

0,50

0,48 0,50

0,48

0,46

0,46

0,44

0,44

0,45

0,44

2009

2010

2011

2012

2013

Urbana

Rural

0,48 0,48

0,45

0,49

0,47

0,50 0,46

0,49

0,47

0,40 2003

2006

2007

2008 Nacional

Fuente: Banco Central Ecuador, 2013 (Muñoz Jaramillo, 2014).

La relación entre los procesos de democratización y la disminución de la pobreza en Ecuador demuestra el intento político de sustentar socialmente el progreso del Estado. En palabras de Gramsci, construir una sociedad civil que se haga Estado. La guerra, entonces, no acabó sino que se pasó de ser una guerra de movimientos hacia un estado débil e históricamente frustrado a convertirse en una guerra de posiciones hacia un estado socialmente más fuerte. En efecto, en términos hegemónicos, las fuerzas sociales que lucharon para derribar los regímenes autoritarios han acortado la distancia entre lo que comúnmente se ha entendido como sociedad política en la región (o sea las elites criollas) y la sociedad civil (partidos, organizaciones y movimientos). Este hecho inaugura nuevas características en las formas de legitimación del Estado, a la par que nuevas tácticas de guerra que, si bien no conllevan inmediatamente una irrupción violenta por parte de las fuerzas armadas, sí intervienen con acciones tácticas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad civil. Los movimientos de oposición al gobierno de Correa en Ecuador en Junio de 2015 van en este sentido: desarrollar intensas campañas

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mediáticas para acusar al gobierno de totalitarismo, promocionar intrigas, divulgar falsos rumores, minar la reputación económica del país amenazando con agudas recesiones, con desinversiones y pérdidas de empleo. El objetivo es provocar el debilitamiento gubernamental, su desestabilización, hasta llegar a la fractura institucional. En este sentido, entendemos que la relación entre Estado y sociedad civil está supeditada a la relación entre producción y política y aclara la imposibilidad de concebir la revolución ciudadana como un proceso ‘puramente democrático’.

Contextos transmediáticos y lucha tecnopolítica En las últimas dos décadas, en los diferentes contextos regionales y globales, el campo de la tecnología de la comunicación ha sido testigo de un cambio radical hacia nuevas formas de uso y apropiación políticas y sociales, como las inauguradas a raíz de la denominada ‘democracia digital’. Los procesos participativos en la producción de mensajes informativos se han disparado. En este contexto, se han disuelto las líneas divisorias entre medios tradicionales (tv, radio, prensa) y las nuevas tecnologías de la comunicación e información. La producción y circulación de informaciones a través de plataformas y redes sociales se han convertido, de hecho, en fundamentales para la construcción de la opinión pública, en tanto que los mismos ciudadanos se han vuelto actores comunicacionales activos. Sin embargo, la ciudadanía no es un medio. Nuestra participación en los procesos mediáticos se conforma al comenzar a ser co-productores de noticias, dejando de ser simples receptores. Por esto, defendemos la importancia de una estructuración coherente de los mensajes informativos en las redes sociales, con la convicción de que esto afecta de forma bidireccional y tiene un papel protagonista en los medios tradicionales para la conformación de la opinión pública. En las siguientes páginas abordaremos un ejemplo ilustrativo de lo que sucede con las formas tecnopolíticas contemporáneas en la región latinoamericana. Es el caso de las manifestaciones de junio de 2015 en

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Ecuador, en las que el volumen de las comunicaciones políticas en las redes sociales se multiplicó exponencialmente. Este trabajo analiza propiamente el estado de correlación de fuerzas en las redes sociales, para evidenciar, en este campo, los logros tácticos de la comunicación política de los movimientos opositores y la vulnerabilidad del gobierno de Ecuador en esta materia. Se han identificado las estrategias que afectan a dicha comunicación, las deficiencias y las malas prácticas comunicativas y la insociabilidad emergente de la creación de estrategias de participación ciudadana. En esta fase es importante especificar que la utilización de las redes sociales para fines específicos –como campañas políticas o la construcción de la imagen de diversos personajes públicos, entre otros objetivos– se determina a través de dinámicas y estrategias particulares. Las estrategias dependen en la misma medida de ‘personas’ o ‘perfiles’ (formadores de opinión e ‘influenciadores’) que utilizan los vínculos e interacciones entre los usuarios comunes y las herramientas capaces de monitorear, gestionar y difundir informaciones, con el objetivo final de vincular ideas a usuarios y provocar, de esta manera, el logro de los objetivos y cambios pretendidos. La utilización de estrategias vinculadas a la creación de perfiles de usuarios en las redes sociales para influenciar en la adhesión a las campañas o ideas y opiniones, va más allá del uso de ‘trols’, conocidos como grandes ‘enemigos’ por su capacidad de recurrir a un discurso agresivo para atacar a personajes públicos o ideas. En realidad, cabe afirmar que estos son solo una parte muy restricta de ese aparato de ciberguerra. Las estrategias tácticas destinadas a las redes sociales son más sofisticadas y los ‘influenciadores’ de opinión no son solo trols, se trata de perfiles creados y construidos por organizaciones especializadas, basados en investigaciones comportamentales y en análisis de estratificación social. Los perfiles de los ‘influenciadores’ exigen tiempo y esfuerzo para su creación y manutención, y no son creados exclusivamente para el uso de una campaña sino que son mantenidos durante años, mezclándose con personas reales, con gustos, miedos, preferencias, preconceptos y

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virtudes. No son aleatorios, están desarrollados a partir del análisis de grupos sociales para ser introducidos dentro de estos mismos grupos. Cado uno de esos perfiles es responsable de alcanzar a otros equipos de ‘influenciadores’ para lograr la mayor cantidad de personas posibles. Ellos utilizan, como forma de monitoreo, un aparato tecnológico capaz de detectar la difusión de opiniones en la web, tomando las actitudes necesarias para ampliar y cambiar el camino y/o alcance de las informaciones. Esos perfiles son construidos a partir de estudios profundos divididos en distintos grupos, para trabajar en dos frentes: uno de construcción y otro de deconstrucción. En una campaña política, por ejemplo, los ‘influenciadores’ son los responsables de construir la reputación positiva de un personaje público. En contraposición, el grupo de deconstrucción utiliza la discreción y otros artificios para la derribar el discurso de sus opositores. Los dos tipos de perfiles actúan de manera independiente y, generalmente, por separado. En el primer caso, los perfiles son reales y, en el segundo, son perfiles ficticios creados especialmente para entrar en comunidades o grupos –como si compartiesen ideas de ese grupo– y posteriormente implantar dudas con el objetivo de generar desconfianza y desequilibrar el discurso previamente construido. No siempre vamos a encontrar un combate directo de los ‘influenciadores’, pueden mezclarse con grupos que apoyen una campaña determinada o unas ideas específicas, concordar con las ideas que ese grupo tiene y utilizar todo el aparato de informaciones para garantizar el éxito de una campaña de deconstrucción de estas mismas ideas de forma organizada, estratégicamente, según objetivos jerárquicos. Los ‘influenciadores’ empiezan por apoyar, a veces durante meses, una determinada campaña, continúan atacando al grupo por el que normalmente fueron contratados y, en siguiente lugar, en un determinado momento, inician un proceso de ‘reflexiones’ y planteamiento de ‘dudas’ sobre las ideas que hasta entonces estaban apoyando. Es notable que el sentimiento de manada existe y que con facilidad consiguen modificar la opinión de

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gran parte de los participantes de estos grupos a favor de otra perspectiva, utilizando la deconstrucción del discurso. Es la relación humanizada, entre personas comunes, la que convierte en eficaz la percepción de que la información y la noticia fueron construidas por ellos mismos y de que dicha difusión de información por parte de otros perfiles es verdadera, por no tratarse de medios de comunicación institucionalizados. Esas personas están en un espacio que promueve la ‘sensación’ de construir colectivamente el discurso, donde los miembros pueden exponer sus opiniones, debatir, cuestionar, dudar o concordar desde arriba tales informaciones. Además de esta estrategia de vincular a los ‘influenciadores’ a los perfiles de personas comunes, utilizan los mapeos y vínculos con medios de comunicación y personas formadoras de opinión, intelectuales o grupos de interés, para estudiar las tendencias e influencias de ellos y de qué manera pueden ser utilizados como ‘influenciadores’. No necesariamente utilizan noticias falsas, tan solo abordan la noticia o la opinión de esos grupos como aporte positivo para lograr añadirle una idea que desean difundir, alcanzando un número de voces cada vez mayor. Además, estas tecnologías posibilitan una distribución exponencial (grupos, listas de usuarios y medios de comunicación tradicionales) de un determinado ‘comentario’ de Facebook o de un Tweet construido por estos ‘influenciadores’. Obviamente es posible detectar la repetición de posts en los perfiles semejantes y, a través del rastreo de IP, conocer la tipología de los perfiles construidos. Sin embargo, el proceso de denuncia y eliminación de determinados usuarios de las redes sociales es complejo, en tanto que normalmente los ‘influenciadores’ actúan por la vía del acceso remoto, a través de máquinas virtuales, dificultando el registro y garantizando el anonimato. La pertinencia del tema es de fundamental relevancia para la actualidad. Lo que presentamos aquí es apenas una pequeña parte de un inmenso arsenal que sirve para la construcción o deconstrucción de una campaña basada en internet. El impacto puede ser altamente ampliado, desde el momento en que se recurre a tácticas y técnicas particulares

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y con un costo mucho menor que el que tendría una campaña en los medios de comunicación tradicionales. La construcción de este tipo de estrategias se aplica en diferentes contextos políticos, sea en pequeñas, medias y grandes escalas. No existe, en efecto, una sola forma de planificación táctica. En América Latina, por ejemplo, podemos citar diversos casos que son conocidos como el ‘gran despertar’ de la población que, cansada de los procesos de ‘corrupción’ o de la ‘retirada de derechos’, o incluso de la ‘crisis económica’, se ‘autoconvoca’ en grandes manifestaciones ‘populares’. No son estrategias construidas del día para la noche, son movimientos, grupos, ‘influenciadores’ muy bien formados, entrenados, capacitados y financiados que inician, en tiempos determinados, ataques y campañas contra gobiernos, como en los casos más recientes de Brasil y Ecuador. En el caso de Ecuador, analizamos los hechos ocurridos en 2015, al margen de la promoción por parte del gobierno nacional de un paquete de leyes para la redistribución de la riqueza (ley de herencia y plusvalía): la ‘autoconvocación popular’ culminada en las denominadas “Marchas de Junio”.

Metodología: análisis de redes sociales mediante la utilización de la herramienta Scup® En el mes de junio de 2015 se inicia un movimiento de protesta, definido por los medios informativos tradicionales como ‘autoconvocado’, de oposición al gobierno del país. Las marchas identificadas como ‘de oposición’ comienzan a convocarse a partir de la propuesta de la Ley Orgánica para la Justicia Tributaria para la Redistribución de la Riqueza (conocida como ley de herencia y plusvalía). La ley pretendía “incluir mecanismos de equidad para promover la redistribución de la riqueza, mecanismos que prevengan y eviten la elusión fiscal del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones, y establece incentivos para la democratización del capital a favor de los trabajadores” (Presidencia de la República de Ecuador, 2015). La reacción de la oposición al gobier-

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no fue inmediata e inicia los ataques en los medios tradicionales (prensa, televisión, radio) y, a la vez, en las redes sociales. En un primer momento, estos ‘medios’ comenzaron a dar voz a los partidos opositores y, junto con ellos, establecieron espectáculos político-mediáticos cuyo objetivo fue debilitar al Presidente Rafael Correa, acusándolo –junto al movimiento Alianza País y a sus ministros– de corrupción y malversación de fondos públicos. El discurso de la oposición vinculaba así la presentación de una ley de manera impositiva y sin apertura al diálogo. Aprovechando la oportunidad, la oposición, con ayuda de los medios de comunicación tradicionales, amplia y conecta el asunto a otras insatisfacciones de la población, como salvaguardias, prepotencia del mandatario, libertad de expresión, acceso a servicios, ley de aguas, fondo de cesantía de los jubilados, entre otros temas. Se inician, de este modo, las grandes convocatorias de las manifestaciones del mes de junio de 2015, en el marco general de que “hay un gobierno inestable que está haciendo las cosas mal y a espaldas de la ciudadanía”. Este trabajo es una evaluación de las estrategias utilizadas por los movimientos de oposición para la desconstrucción de la imagen del gobierno de Ecuador. Sus consecuencias emergentes describen los modos de articulación del nuevo golpismo, mediación que usa el potencial político de las redes sociales como herramienta de organización, conducción e influencia. Para llevar a cabo el análisis hemos elegido utilizar la herramienta Scup Analytics de Sprinklr. Scup es una api (Application Programming Interface) que nos permite el monitoreo, análisis, crm Social, sac 2.0 y una serie de funciones automáticas para la diferenciación y clasificación de cada mención, según los objetivos del análisis. En efecto, este rastreador y analizador de contenidos nos permite la búsqueda por palabras claves, el recuento de menciones, la identificación de fuentes y usuarios. La aplicación Scup Analytics es considerada una herramienta oportuna para este tipo de análisis, pues nos permite una claridad en los resultados y unas representaciones graficas relevantes, teniendo en cuenta:

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• la fidelidad de los resultados; • la coherencia interna; • la representatividad de los datos en forma detallada: permitir inferencias comparativas. Este estudio se ha estructurado según unas etapas principales: • Planeación: seleccionar qué redes sociales monitorear, el período de tiempo y el alcance del público. • Análisis: identificar cuáles son los contenidos relevantes para los objetivos políticos del gobierno. • Clasificación: identificar el contenido respecto a parámetros cualitativos. • Consolidación de resultados: estructurar los datos obtenidos según la clasificación en gráficos para una interpretación óptima.

Principales resultados: el ataque al gobierno Correa entre los días 13 y 15 de junio de 2015 Entre los días 13 y 15 de Junio de 2015, el grupo de investigación de Ciespal en Comunicación Estratégica empieza un monitoreo y análisis de redes sociales, seleccionando una muestra representativa del flujo de comunicación política en las redes sociales (Twitter y Facebook). Se recopilaron 3.777 ítems comunicativos (posts y mensajes), de los cuales 1.000 fueron clasificados en positivos (para el Ejecutivo), negativos (contra el Ejecutivo) y neutrales. La muestra fue seleccionada basándonos en criterios cualitativos: hashtag (#), mensajes, posts y usuarios representativos (por actividad).

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Figura 1: muestra (selección de la muestra siguiendo filtros cualitativos).

Fuente: elaboración de los autores -Scup Software- (junio de 2015).

Los movimientos de oposición organizaron la comunicación política 2.0 por medio de ‘influenciadores’ claves, personas estratégicas que generaron información y la reprodujeron en grandes redes y medios tradicionales, y que, mediante una red piramidal, llegaron a alcanzar de forma masiva a cada uno de los diferentes sectores de la población. Fueron identificados los principales 200 ‘influenciadores’, directos y conectados entre ellos. En la próxima imagen presentamos algunos.

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Figura 2: opositores (selección de la muestra según filtros cualitativos).

Fuente: elaboración de los autores -Scup Software- (junio de 2015).

En pocos días, la imagen del Ejecutivo –medida por las citas y discursos en las redes sociales positivos (a favor) y negativos (en contra)– resulta enormemente debilitada. La imagen positiva es de un 24%, con una tendencia decreciente en esos días, frente a una oposición del 75,40% (fig. 3). La red configurada por la oposición al gobierno se presenta con un alto poder de organización, tanto en la distribución de la información como en la influencia ejercida sobre los ciudadanos, ya que, hasta esa fecha, la aceptación del gobierno de Ecuador estaba en aproximadamente un 70%. Además, la imagen del Ejecutivo medida en virtud del alcance –es decir, por el número de personas que han sido alcanzadas por la ola mediática 2.0– y diferenciadas en positivas (a favor) y negativas (en contra), resulta aún más debilitada (18%) (fig. 4).

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Figura 3: imagen del ejecutivo por numero de citaciones (selección de la muestra según filtros cualitativos).

Fuente: elaboración de los autores -Scup Software- (junio de 2015).

Figura 4: imagen del ejecutivo según el alcance de personas.

Fuente: elaboración de los autores -Scup Software- (junio de 2015)

En efecto, resulta evidente que a las 23 horas del día 14 de Junio de 2015, mientras que los mensajes de los movimientos de oposición llegaban a tener influencia sobre 584.221 usuarios, el Ejecutivo solo alcanzaba a 136.783, generándose una relación en contra de cinco sobre uno (fig.5). Si tomamos como ejemplo los hashtag, mensajes y posts más utilizados

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por los movimientos de oposición (#fueracorreafuera, #domingonegro), y por el Ejecutivo (#somosrevolución, #somosmuchísimosmás), podemos afirmar con rotundidad que el alcance político de los mensajes enviados por el Ejecutivo han tenido unos resultados bastante deficitarios, mientras que los movimientos de oposición han logrado penetrar en la mayoría absoluta/virtual de los usuarios (fig. 6). Resulta evidente que los movimientos de oposición emplean, en ese momento, una estrategia estructurada de forma piramidal, similar a la que fue utilizada por los movimientos de protestas en otras latitudes –pensemos en la famosa Primavera Árabe o, con diferente alcance y filosofía, en la campaña del presidente de Estados Unidos en la penúltima contienda electoral–, lo mismo que pasó en Brasil en las marchas de junio de 2013, donde se utilizaron las mismas ‘banderas de protesta’, basadas en el mal uso del dinero público o en la mala administración. Figura 5: alcance total en el día 14 de junio de 2015.

Fuente: elaboración de los autores -Scup Software- (junio de 2015).

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Figura 6: representación del alcance total en el día 14 de junio de 2015.

Fuente: elaboración de los autores (junio de 2015).

Otro resultado verificado fue la centralidad del discurso, basado fuertemente en el ataque al Presidente de Ecuador, Rafael Correa. Tal y como se observa en la figura 7, los mensajes de oposición resultan muy próximos entre ellos, lo que indica una estructura organizada con una cumbre bien definida. Están dispuestos en el espacio de forma horizontal, lo que les permite fortalecerse mutuamente (así se amplifica la noticia), indicando un grado de difusión óptimo. Por otro lado, los mensajes del Ejecutivo resultan distantes entre sí, lo que indica una desestructuración a un nivel comunicativo central, y ocupan el espacio de forma aleatoria, lo que no permite su fortalecimiento: la noticia se pierde, indicando un pésimo grado de difusión y organización. Figura 7: estructura de significación.

Fuente: elaboración de los autores (junio de 2015).

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De manera paralela a esos resultados, se realizaron análisis sobre la calidad y adecuación del contenido comunicacional, distribuido por el Ejecutivo, en redes sociales o medios tradicionales. En general, los mensajes comunicativos en las redes 2.0 producidos por parte del Ejecutivo de la República de Ecuador, fueron deficitarios en lo referente a la estructura de producción y difusión, y de muy poco impacto en la estructura de significación (fig. 7). En este sentido, debemos señalar que incluso algunos casos provocan un contraataque de la oposición, que utilizó el discurso del Ejecutivo contra él mismo. Estos tipos de mensajes tienen un significado fácil de atacar por parte de los movimientos de oposición, puesto que abren el espacio a interpretaciones y respuestas de contraataque, utilizando los mismos datos. En este sentido, la estrategia del Ejecutivo basada en el tema «#estuvesacandocuentas» –que fue utilizada en referencia a la oposición para evidenciar las malas prácticas de algunos personajes políticos– evidencia las consecuencias nefastas de este tipo de contenidos: se ha permitido generar una polémica ineficiente para el Ejecutivo y muy rentable para los movimientos de oposición. Abajo vemos los posts del perfil del Presidente Rafael Correa y las respuestas, utilizando los mismos tags en contra. Entendemos que la estrategia de sacar estas informaciones no fue propicia, en un momento en el que la población esperaba más detalles sobre un tema que no estaba claro: la Ley de Herencia (fig. 8 y 9). Figura 8: estructura de significación.

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Fuente: elaboración de los autores (junio de 2015). Figura 9: reacción del hashtag #EstuveSacandoCuentas.

Fuente: elaboración de los autores (junio de 2015).

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Los movimientos de oposición efectivamente emplearon el tema #estuvesacandocuentas para sacar ‘sus propias cuentas’, no solo en un campo específico, sino en todos los campos en los que han podido atacar, generando –de esta forma– un proceso de noticiabilidad de alto impacto. Las consecuencias fueron nefastas para la imagen comunicativa del Ejecutivo y para la imagen del Presidente de la República, incluyendo nuevas convocatorias de manifestaciones por parte de los grupos opositores. En relación con los discursos promovidos por la comunicación del gobierno, entendemos que casi en todas las instancias se encontraron diversos problemas, que evidencian una falta de estrategia referida a la comunicación institucional, en la medida en que presenta poca significación y aproximación a la ciudadanía. El discurso creado en un momento de crisis debería ser más claro y objetivo, explicando a la ciudadanía exactamente el contenido de la ley y ofreciendo explicaciones y apertura de diálogo, siguiendo las demandas de los ciudadanos. Pero el Ejecutivo y los grupos afines presentan otra vez una (des)organización sin estrategia. Crean hashtags para el contraataque que estaban sufriendo en aquel momento como, por ejemplo, #DefenderemosLoLogrado o #EcuadorYaCambió –si “Ecuador ya cambió” entonces no hace falta mantener al Gobierno, parece evidente el fallo comunicativo: si ya se ha logrado todo, nuestro futuro solo se limita a la defensa de lo existente. En fin, no hay futuro. Otro ejemplo, #PorQuéMientesPaez: este hashtag contiene una clara referencia a un personaje de la oposición, lo que en un nivel de impacto comunicativo, está posicionando y amplificando (dando fuerza) a este personaje y no al Ejecutivo –y, menos aún, atiende a las demandas emergentes. Este tipo de estrategia comunicativa destruye el capital político del Ejecutivo, minimizando los logros, sus objetivos de futuro y el alcance real de los cambios ideológicos y políticos que se están dando en Ecuador, bajo una metodología comunicativa deficiente en su ámbito estructural y en el ámbito de la significación estratégica. Los movimientos de oposición, por su parte, han estructurado lo que se denomina un task force comunicativo bastante efectivo. Si observamos los hasthags de gran im-

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pacto que han generado: #fueraCorreafuera y #domingonegro, los dos ítems son claros en términos de contenidos, por lo que no precisaron más de dos tags para la difusión de la información (la única complementariedad fueron hashtags como #15J, marcando las fechas de encuentro de la oposición). Los ataques actuales, la convocación de las marchas y campañas que utilizan banderas como la ‘corrupción’ en los países latinoamericanos con gobiernos progresistas, están fuertemente estructurados y articulados en relación con las estrategias comunicativas. Incluyen, en sus redes, medios tradicionales y redes sociales, cuentan con financiamiento de capital extranjero, años de planeamiento y formación de ‘influenciadores’ de opinión. Generalmente, los gobiernos no están preparados para este tipo de confrontaciones, es decir, no están organizados a partir de una red de comunicación política fuerte. Es posible revertir esta situación utilizando una metodología estructurada de comunicación política 2.0, con la finalidad de crear una red comunicativa fuerte que sea difícilmente atacable (sin fragilidad). En esta dirección, una estrategia de comunicación efectiva es aquella que implica e involucra a los ciudadanos, a ‘influenciadores’, medios tradicionales y medios alternativos, entre otros actores sociales. La estrategia debe estar articulada con las campañas de comunicación integral, con las áreas de proyectos políticos; siguiendo la misma dirección en la producción y retransmisión de los ‘influenciadores’ políticos.

Conclusiones: las redes comunicativas como espacios políticos de la ciudadanía Ciudadanía, democracia y participación política, derechos civiles, políticos y sociales son conceptos que se articulan para formar una idea de inclusión enfocada en la participación social en el gobierno. Considerando que la esencia de la democracia está en la participación, es necesaria la adquisición de derechos fundamentales, pasando prioritariamente por

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el debate de cómo la inserción de nuevos canales puede llevar al ejercicio de la práctica democrática, ampliando y configurando el proceso de aproximación del ciudadano en la elaboración de las políticas públicas actuales en Ecuador. Es notorio que todos los países que pasaron por los procesos de ataques mediáticos no presentan espacios participativos suficientes para lograr la aproximación a los ciudadanos. Las bases actuales siguen estructuras básicas, frágiles, por tanto, en el sentido de ampliación de los vínculos. Algunas características comunes en ese tipo de redes son: el uso de redes sociales para la difusión; el espacio de producción de la noticia o información restringido al equipo de medios sociales; y están monitoreadas solamente por relatorías y mensuraciones que usan indicadores de medios, como por ejemplo los re-tweets. En una perspectiva a medio y largo plazo, la configuración debe caminar en dirección a la construcción de redes fuertes o anti-frágiles, presentando otras características importantes y complementarias a las anteriores, como facilitar estrategias de dialogo; posibilitar que las redes sean ambientes de enseñanza de la institución en relación con las necesidades del colectivo; incentivar el trabajo con redes sociales para mejorar la aproximación con las personas; considerar que las informaciones que circulan en las redes sociales pueden impactar en otras áreas de las campañas y proyectos; provocar cambios en los caminos de las campañas o proyectos; y, por fin, alcanzar la ampliación de ‘influenciadores’ del gobierno, por ser parte del proceso. Sabemos que crear una red de comunicación política fuerte no es un trabajo sencillo. Demanda de los gobiernos tiempo, formación, esfuerzo, herramientas tecnológicas que faciliten las interacciones y, principalmente, estrategias comunicacionales que consideren la inserción de la participación ciudadana como parte indisoluble del proceso. Es prioritario desarrollar estructuras que faciliten la creación de vínculos entre los actores sociales, minimizando los ataques, la falta de información accesible y transparente para, por fin, abrir espacios en los que los ciudadanos se sientan partícipes y responsables de la construcción del

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país. Para eso es necesario que las interacciones en las redes sociales no sirvan solo para difusión de ideas o campañas, sino para que la escucha activa de los ciudadanos allí presentes pueda hacer cambiar campañas y proyectos. Las redes políticas pueden ser definidas según diversas tipologías. Podemos destacar: tipologías que utilizan la teoría del Estado tradicional para identificar sus modelos ideales –encontrándose, entre los más influyentes, Atkinson & Coleman (1989) y Van Waarden (1992)–; tipologías que utilizan conceptos nuevos, cuyo análisis más influyente fue realizado por Phoedes & Marsh (1992) en Gran Bretaña. Según los autores, las clasificaciones en su modelo son la comunidad política y la red temática. La comunidad política se caracteriza por ser un tipo de red con un número restringido de participantes, que frecuentemente intercambian información y recursos acerca de un interés común, sobre el cual se tiene un alto grado de consenso en torno a las normas que articulan la intermediación de intereses entre los actores envueltos. El consenso también permite determinar los problemas que serán tratados (su contenido), así como su resolución. Todos los participantes poseen recursos en el proceso de elaboración de las políticas, basados en la negociación. En consecuencia, se presume la capacidad de los grupos de asegurar que sus miembros se sometan a una decisión. Esta clasificación es una forma institucionalizada de relación que favorece algunos intereses y excluye a otros. Una comunidad política puede comprender instituciones formales (consejos sectoriales, órganos consultivos) o informales (contrato informal, día a día), así como un conjunto de creencias que abrigan un acuerdo de las opciones políticas disponibles. Funciona con un alto grado de autonomía con respecto a los intereses que son considerados ajenos a la red. Ese tipo de redes es propio de aquellos sectores o subsectores en los cuales se combina la representación de una acción centralizada y de amplio alcance del Estado. La red temática es definida como una red con un amplio número de participantes que mantienen relaciones constantes (fluctuantes) y con poco valor. Se basa más en la consulta que en la negociación sobre

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la definición de las políticas. Los bajos niveles de cohesión existentes entre los actores de la red favorecen la ausencia de consenso y la presencia del conflicto. El gobierno, por su parte, queda reducido al papel de garantizar las reglas formales, abstractas y universales que cada cual debe respetar cuando persigue sus propios objetivos. Este tipo de redes se da principalmente en aquellos escenarios en los que los intereses privados privilegian la acción individual sobre la colectiva en áreas donde el recurso a la competencia es, básicamente, algún tipo de regulación. Asimismo, se desenvuelven generalmente en áreas nuevas en las que ningún grupo tiene un dominio establecido o donde no existen instituciones establecidas que posibiliten la exclusión. Las principales características de las dos tipologías presentadas son definidas por sus dimensiones y su relación entre la comunidad política y las redes temáticas. Las dimensiones principales se encuentran relacionadas con los miembros que componen la red o comunidad, la integración y los recursos disponibles. En las figuras 10 y 11 presentamos las dimensiones y diferencias de las características de cada tipología. Figura 10: tipología de Comunidad Política.

Fuente: elaboración de los autores (Marsh & Rhodes,1992; Porras,2003).

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Figura 11: tipología de Red Política.

Fuente: elaboración de los autores (Marsh & Rhodes,1992; Porras, 2003).

La tipología propuesta por Atkinson y Coleman (1989), identifica seis tipos ideales de redes políticas a partir de tres dimensiones distintas: concentración del poder dentro del Estado; autonomía del Estado con relación a los grupos sociales; grado de movilización de los grupos sociales. A partir de las tres variables se identifican seis tipos de redes, que se configuran como estructuras políticas distintas. Por ejemplo, una red de carácter pluralista se caracteriza por la competencia continuada de los grupos de interés, que intentan monopolizar la representación de los intereses privados frente al Estado. El grado de concentración de poder es bajo y existe competencia entre las agencias estatales, lo que facilita el acceso al campo político de los grupos de interés. Una red corporativista se caracteriza por el carácter cerrado de las negociaciones entre el Estado y unos pocos grupos de interés en la formación, en la decisión y en la gestión de políticas públicas. La tipología presentada por Atkinson y Coleman enfatiza el carácter estructural de la relación de poder entre el Estado y los grupos sociales. Presentan hipótesis concretas sobre el tipo de red y la dimensión de

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estilo de las políticas públicas. Para los críticos de este modelo, el principal fallo es la falta de diferenciación de las dimensiones utilizadas para definir las relaciones Estado-sociedad, así como las consecuencias de un determinado tipo de relación. Para Van Waarden, que propone otro modelo, el objetivo es ofrecer una versión sistemática y organizada de las dimensiones que deben ser consideradas para definir una red política. Su objetivo es incluir en el análisis de las redes todas las variables que determinan el proceso de elaboración de las políticas públicas, superando el carácter conciso de las tipologías anteriores. Sería un camino alternativo a las versiones anteriores, en el que se detallan de forma sistemática las dimensiones y las propiedades de cada red política, para que se puedan explicar las relaciones y establecer las comparaciones entre sí (Van Waarden, en Bonafont, 2004). La tipología propuesta por Van Waarden presenta siete dimensiones que considera esenciales, aunque casi imposibles de aplicar a los estudios de red empíricamente. El cuadro de abajo (fig. 12) presenta las dimensiones y las características propuestas por el autor. De las siete dimensiones, seleccionamos las tres que consideramos especialmente relevantes para la comprensión del tipo de red de que se trate. La primera dimensión es la que trata del número y del tipo de participantes, siendo las agencias gubernamentales, el grupo social dominante, los grupos en conflicto, los partidos políticos, un número ilimitado de participantes. Se observa aquí una diferencia importante comparada con el modelo de Rhodes, que propone el análisis de una red política como un grupo cerrado con el número de participantes limitados. La segunda dimensión de Waarden incluye las funciones que la red realiza, dependiendo del acceso de la formulación y también de la implementación de las políticas. Por último, la dimensión de las relaciones de poder gobierno-sociedad.

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Dimensión

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Características

Actores

Número: determina el tamaño de la policy network. Tipo: individuos u organizaciones, públicas o privadas. Características: necesidades e intereses, recursos y tipo de actuación; grado de profesionalismo, formación.

Funciones

Canalizar el acceso al proceso decisorio. Consulta e intercambio de informaciones. Negociación y movilización de recursos. Coordinación de actuaciones independientes. Cooperación en la formulación, implementación y legitimación de la política.

Estructura

Tipos de relaciones entre los actores definidos por: Tamaño. Limites: abiertos, fluidos, cerrados o monopolios. Afiliación: voluntaria u obligatoria. Tipo de relación: caótica u ordenada; duración, intensidad, simetría y reciprocidad de interrelación. Grado de centralización. Tipo de coordenación: jerárquica, horizontal, consulta, negociación. Naturaleza de las relaciones: conflictivas, cooperativas, competitivas. Estabilidad relativa a los participantes y a las relaciones entre ellos.

Institucionalización

Carácter formal o informal de la estabilidad de la estructura a lo largo del tiempo. Es mayor si el acceso es restringido, tiene adhesión obligatoria, relaciones jerárquicas e intensas.

Normas de conducta

Reglas básicas que gobiernan los intercambios de la policy network. Las percepciones, actitudes, intereses, la formación intelectual y social, crean una cultura específica. Debe considerarse: Tipo de relación que prevalece entre grupos rivales (el oportunismo, la negociación entre intereses en conflicto o la búsqueda de consenso y compromiso entre visiones diferentes a problemas sociales). El objetivo de los participantes se centra en la búsqueda del interés general y el bienestar social, o del interés particular. Las decisiones son tomadas en un ambiente de secretismo, opacidad o transparencia. Grado de politización. Segmentación de naturaleza pragmática o ideológica.

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Relaciones de poder

La distribución de poder depende de los recursos y necesidades de los participantes y, en el caso de la estructura organizacional, del tamaño, grado de centralización y fragmentación de la representación. Las relaciones de poder pueden ser: Captura o colonización del Estado por parte de los grupos de intereses (clientelismo). Autonomía del Estado frente a los grupos empresariales (estatismo). Instrumentación de los grupos de intereses por parte del Estado (corporativismo estatal). Simbiosis o equilíbrio de poder (pluralismo).

Estrategias de los actores

La estrategia depende de: Acceso de los grupos privados al proceso de elaboración de políticas públicas. Ventajas comparativas para ciertos grupos de intereses, con acceso privilegiado frente al resto. Inclusive puede ser garantizado el poder de monopolio en la representación de determinados grupos. Dependencia del Estado sobre los recursos de grupos privados. Voluntad de crear estructuras estables que reduzcan la incertidumbre del proceso de elaboración de políticas públicas.

Figura 12: tipología de red propuesta por Van Waarden. Fuente: Bonafont, 2004.

Uno de los principales aspectos observados en el modelo de Waarden es que elimina como variable de análisis la autonomía del gobierno e identifica al actor que domina la relación (gobierno, partidos o grupo social), en función de su papel en la red. En el contexto de este modelo, las funciones de cada actor son una variable explicativa, lo que permite diferenciar entre un modelo de red pluralista o un modelo corporativista. En el modelo de red pluralista, la red desempeña funciones al inicio de la formulación de los problemas y en la toma de decisión. Con el modelo corporativista no se resuelve la formulación del problema con la toma de decisión, en tanto que reproduce funciones limitadas a la gestión funcional de los problemas. Las tipologías desarrolladas y presentadas para los estudios de redes políticas son instrumentos útiles y efectivos para describir el proce-

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so de aceptación, comunicación y elaboración de las políticas públicas. A partir de la definición de las variables específicas (de cada modelo) se puede describir la diversidad de procesos de intermediación de intereses en áreas de actuación concretas. Sirven para desarrollar un modelo de interacción y se pueden utilizar como un modelo base, en el sentido de búsqueda de un mejor desarrollo y prácticas que lleven a la mejoría del proceso comunicacional. De otro modo, se percibe que algunos modelos se limitan apenas a describir el estilo de la política sin exponer las relaciones causales entre la red y el resultado final. Supone un buen instrumento de partida para identificar el tipo de red que es necesario construir y mantener. Por medio de esta identificación y de los análisis de redes sociales basados en sistemas complejos de interacción, podemos clasificar una red, mapear los actores y comprender ‘quién gobierna’, ‘por qué gobierna’ y bajo el interés de ‘quién gobierna’. Podemos incluir cuestiones que definan la red y, mediante el análisis, comprender los equilibrios, las centralidades, las conexiones entre otros factores primordiales para la estabilidad del sistema social, como: ¿cuáles son los actores que participan del proceso? ¿Qué tipo de relaciones se establecen entre ellos? ¿Qué factores determinan el comportamiento entre ellos? ¿Quiénes son los formuladores de los procesos comunicacionales? ¿Quiénes deberían ser? ¿Los afectados por las decisiones legitiman estos procesos? Estos análisis sirven como base para comprobar hipótesis sobre los factores determinantes de continuidad y de cambios en el proceso de estructuras comunicacionales, así como para identificar la distribución de poder existente en los sistemas políticos. Debe resaltarse que el objetivo central de todas las tipologías es definir un conjunto de variables a partir de las cuales se describan las formas de integración entre los actores que formen parte de ella. Existen, además, problemas en el análisis de redes, como por ejemplo las diversas terminologías y variables que lo componen. No siempre existe un acuerdo acerca de los conceptos que explican las variables. El resultado de esto es una enorme proliferación de nuevos conceptos que explican las realidades estudiadas.

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El conocimiento sobre las tipologías de redes políticas abre el espacio para nuevas concepciones y formatos en el uso de las redes políticas como instrumentos de formulación de políticas públicas. Pensar los mecanismos participativos como instancias integradas en el proceso decisorio, demanda la elección de un camino que abarque un análisis profundo de tales cuestiones.

Consideraciones finales El estudio emprendido en relación con los ataques sufridos por los gobiernos progresistas en América Latina –en ese caso particular, las Marchas de Junio en Ecuador–, sumado a los estudios estratégicos de redes sociales y estructuración de redes políticas deja ver claramente la ausencia de acciones coherentes, articuladas y eficientes en lo que concierne a la comunicación 2.0 y a las prácticas de participación ciudadana. Se puede apreciar una deficiencia –en términos de estrategia de la información y comunicación a nivel central– por parte del gobierno, configurando una estructura vulnerable en la elaboración de la significación de los mensajes e informaciones generadas, poca accesibilidad, comprensión e información. Corremos el riesgo de estar viviendo una realidad concreta de analfabetismo funcional, es decir, una dificultad de la ciudadanía en los niveles de interpretación de la realidad político-social. Las malas prácticas comunicativas en red dejan en evidencia el desgaste acelerado del capital político, por la falta de acciones prácticas y planes estratégicos que tengan en el foco de todo proceso comunicacional al ciudadano. En el caso específico de Ecuador, a partir del análisis expuesto, queda demostrado que el contexto generado por la oposición en las redes en el mes de junio, debe ser considerado en términos de ciberguerra, pues la imagen del gobierno ha sido debilitada en la esfera de las redes sociales, afectándole, al mismo tiempo, en los medios tradicionales. Las menciones positivas al gobierno representaron en junio apenas el 24%, el alcance de mensajes positivos con relación al gobierno

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llegaba a tan solo el 18% de los usuarios de internet, lo que representa un fuerte distanciamiento entre el gobierno y la ciudadanía o sociedad civil. En este contexto de ciberguerra, el proceso de reversión de las tendencias negativas en los planos simbólico, ideológico y político, se basa en la conformación de estrategias de comunicación tácticas. Primero, la creación de estrategias comunicacionales integradas no para responder a ataques, sino para generar acciones en las que los ciudadanos sean partícipes del proceso de coproducción y expansión de las informaciones, al considerar que el fortalecimiento de la red es parte indisociable de la participación ciudadana. Segundo, comunicar para la ciudadanía y considerar áreas de producción de la comunicación integradas, con la generación de estrategias articuladas entre los diferentes actores relacionados con el proceso político. Tercero, la producción y articulación de sentidos y contenidos de mensajes específicos debe conformarse a partir de cuatro actores principales: el gobierno, los partidos, los formadores de opinión y los movimientos sociales, comunidades y ciudadanos. Considerando esos puntos, una estructura de difusión ampliada es aquella que permite generar información de manera integrada, articulada y políticamente coherente, mediante una red de ‘influenciadores’-productores, que sean capaces de implicar a un mayor número de ciudadanos. Una estrategia de comunicación efectiva es aquella que involucra a los diversos actores– tanto políticos como de la sociedad en su conjunto–, articulados alrededor de una campaña de información y comunicación permanente, que tiene la capacidad de organizar y maximizar las acciones del gobierno y, finalmente, formar una opinión pública robusta capaz de anular los posibles ataques de movimientos de oposición con fines golpistas. Más allá de las herramientas tecnológicas, conexiones, velocidad, interacciones y vínculos, merece la pena recordar las ideas del educador Paulo Freire que inspiran los movimientos de comunicación dialógica y participativa, ejercitando la dimensión política de la comunicación, donde el oprimido tiene derecho a hablar; por lo tanto, es imprescindi-

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ble trabajar de manera integrada las dimensiones crítica, libertadora, participativa, horizontal y dialógica de la comunicación. Finalmente, en la región vivimos una serie de transformaciones de los vínculos sociales en el ciberespacio, que anticipan nuevas formas de actuación política. Por ello, los movimientos políticos y la sociedad civil deben asumir la centralidad de la tecnopolítica y definir estrategias –en la medida en que toda máquina “es una concatenación no solo de tecnología y saber, sino también de órganos sociales, llegando al extremo de ejercer una coordinación de los trabajadores y las trabajadoras individuales” (Raunig, 2008, p. 28). En este proceso de construcción política debemos ser claros: la visión matricial en red implica, por un lado, mayor flexibilidad, interconexión, horizontalidad y cercanía; y, por otro, más comunicación y menos información, de acuerdo al paradigma o enfoque de la mediación. La cuestión, pues, es ver si las redes digitales nos permiten articular espacios políticos socialmente abiertos, innovadores y autónomos; si contribuyen a establecer reglas y procedimientos, contrapoderes y espacios de interlocución y empoderamiento; o si, por el contrario, actualizan las viejas lógicas de dominio, tal y como se esta observando en muchas estrategias contrarrevolucionarias de la región (es el caso de Bolivia, Venezuela y Brasil, entre otros). Por ello, quizás hemos de volver a transitar el desplazamiento de lo tecnoinstrumental a lo sociopolítico, aprendiendo de nuevo a politizar críticamente la generación social de la comunicación y la cultura en una época de creciente disgregación y mercantilización del universo simbólico por las lógicas de mercificación de la innovación tecnológica y social. De no hacer, como viene planteando Mattelart, una crítica al cibercontrol, los procesos de cambio que vive América Latina corren el peligro de ser presas de la jaula digital y las estrategias de dominio de lo que antaño se denominara cultura tecnotrónica.

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Este libro se terminó de imprimir en noviembre de 2016, siendo Director General de CIESPAL Francisco SIERRA CABALLERO