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GOBIERNO DE JUAN VELASCO ALVARADO

El gobierno de Juan Velasco Alvarado, conocido también como primera fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, fue un régimen militar en el Perú que se inició el 3 de octubre de 1968 con un golpe de estado institucional y terminó el 29 de agosto de 1975 con el Tacnazo (golpe militar realizado por Francisco Morales Bermúdez). En este período, Juan Velasco Alvarado ocupó de facto la Presidencia de la República del Perú como Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno.

ANTECEDENTES El acuerdo con la International Petroleum Company (IPC) era el último tramo del camino para que el gobierno de Belaunde concilie los intereses burgueses con las clases populares. Sin embargo, una vez resuelto, las condiciones del arreglo de la IPC se conocieron a través de El Comercio lo que desató una ola generalizada de protestas desde los sectores radicalizados y las universidades. Este contrato estipulaba que la IPC entregaba los pozos casi agotados al Estado, a cambio se anulaban todos los reclamos hacia la compañía y se le otorgaba la refinería con la condición de que la modernizara, a cambio la Empresa Petrolera Estatal le vendería toda su producción a la IPC. Un contrato a todas luces desigual y perjudicial para el Estado Peruano. Además, el presidente de la Empresa Petrolera Fiscal denunció que se había perdido la página 11 del contrato conocido como el Acta de Talara que contenía el precio que la IPC se obligaba a pagar a la Empresa Petrolera Fiscal por los crudos que estaba obligada a venderle. La reacción frente al contubernio del gobierno y la IPC degeneró en el rompimiento de las alianzas con las agrupaciones que darían estabilidad al gobierno y quedó aislado. En un primer momento las Fuerzas Armadas en representación del Ministro de Guerra expresaron que no intervendrían. Sin embargo, el jefe del Comando Conjunto, general Juan Velasco Alvarado se apresuró a afirmar “las declaraciones del ministro Gagliardi no tienen validez. Ni las Fuerzas Armadas, ni el Comando Conjunto dependen de un ministro”. Esta declaración mostraba el carácter autónomo con el que se conducía una facción de las fuerzas militares. Así, el golpe ya se estaba organizando desde febrero y para la fecha que instauró el nuevo gabinete era demasiado tarde. El golpe se dio el 3 de octubre aprovechando la debilidad del gobierno

EL GOLPE DEL 68 En la madrugada del 3 de octubre de 1968, las Fuerzas Armadas, al mando del general de división E.P. Juan Velasco Alvarado, se levantan en armas, tomaron el

Palacio de Gobierno y derrocaron al Presidente Constitucional Fernando Belaúnde Terry; además otros tanques tomaron el local del Congreso, la prefectura, los locales de los partidos políticos Acción Popular y APRA, Radio Nacional, el Ministerio del Interior y las estaciones de Televisión. En la tarde del mismo día se dio el Estatuto del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, firmado por el General de División Ernesto Montagne Sánchez, como Comandante General del Ejército, el Vice-almirante Raúl Ríos Pardo de Zela en su condición de Comandante General de la Marina y el Teniente General Alberto López Gausillas como Comandante General de la Fuerza Aérea. A las 6 de la tarde, Velasco se presentó como Presidente del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y realizó la ceremonia de juramentación de los ministros de estado; el gabinete fue presidido por Ernesto Montagne Sánchez y militares como Edgardo Mercado Jarrín en Relaciones Exteriores, Francisco Morales Bermúdez en Economía, Jorge Fernández-Maldonado en Energía y Minas y Armando Artola Azcárate en Interior. A los seis días de instalado el nuevo gobierno, se anuló el Acta de Talara y se nacionalizó lo que detentaba 3 la International Petroleum Company; el 9 de octubre fue declarado el día de la Dignidad Nacional.

ASPECTO POLITICOS PARTICIPACION POLITICA Entre 1968 y 1975 un régimen militar gobernó el Perú, este salto a la vida pública de los militares estaba motivado por la idea de que podían revertir la situación de inequidad mejor que los políticos civiles. En ese momento se vivía el descalabro del gobierno de Fernando Belaunde con inflación, endeudamiento y la escalada de violencia de las guerrillas. El gobierno de Velasco fue reformista y experimental. Buscaba cambiar las condiciones estructurales que generaban pobreza y desigualdad vistas desde una perspectiva de la dependencia y el subdesarrollo. Equiparando el fortalecimiento de la economía interna con seguridad nacional como objetivo principal del Estado. Así, se montó un gobierno de tipo autoritario y populista cuyas medidas se enfocaron en la planificación y una mejor distribución de los recursos económicos en la población subordinada por tantos años bajo el dominio de una pequeña oligarquía. Su base de legitimación fueran las cooperativas que permitían una participación política de la masa popular más pobre articulada por el gobierno militar. Para el gobierno de Velasco una preocupación primordial fue incentivar la participación política de los sectores más pobres, ya que antes del régimen habían sido excluidos del proceso político y así lograr una “revolución social de participación plena”. Podemos examinar la interacción entre la población de los diversos sectores de Lima y el gobierno de Velasco, en tanto la población es afectada por un gobierno de tipo autoritario y popular, pero, éstos también pueden ejercer influencia sobre el régimen, haciendo sentir la presión de sus demandas o en la participación en la

formulación de políticas. Así, dado que los militares concentraban todo el poder y los instrumentos de representación electoral no tenían efecto la relación entre la población y la burocracia cobra gran importancia. La participación política en ese sentido se dio con la incorporación de los sectores populares en el sistema político y en la búsqueda de estos sectores por influir en el gobierno para una mejor distribución de los bienes públicos. Asimismo, la participación política también podían ser acciones orientadas a la solución de problemas dentro de su comunidad. En Lima esta participación se dio desde una perspectiva del barrio o de la comunidad a la que pertenecías, en tanto definía en gran parte el apoyo o la oposición al régimen, además, de las opciones que se tenían de acceder a un tipo de recurso del Estado. Así, el gobierno de Velasco trato de ayudar a los sectores de bajo ingreso diferenciándolos de otros. Además, la migración a las ciudades dio lugar a tugurios, invasiones y asentamientos que tenían demandas insatisfechas debido a la situación de subdesarrollo, como realidad de fondo, en el que se encontraba el país al momento del golpe. Estas necesidades desde los esfuerzos comunitarios exigían recursos básicos, infraestructura, servicios, regulación de tenencia de tierras, etc. Las formas innovadoras de participación política creadas durante el gobierno de Velasco consistían en estructuras de organización políticas que tenían un control fuerte del Estado y establecían una relación de arriba hacia abajo. Aquí surge el carácter corporativista del gobierno, al momento de representar los intereses de las masas, se tenía bajo control y se trataba de reducir los niveles de movilización y demanda. Podía ser de dos maneras: un control por medio de estructuras verticales e incorporar a los ciudadanos, y, a través de un aparato burocrático para atender las demandas. El populismo también formó parte del gobierno, dado que, se eliminaron los medios de representación partidaria o electoral, los mismos militares debían buscar el respaldo y acercarse a las masas, a través, de la retórica, las visitas a asentamientos y otros actos personales. El modelo de la democracia social de participación plena que propuso Carlos Delgado, funcionario de SINAMOS, y su equipo junto con muchos más dirigentes que aportaron al desarrollo de este concepto tiende a buscar complementar la autogestión de las organizaciones con la colectivización de los medios de producción, a la vez que se rechaza sistemas individualistas o estatistas de la propiedad. Es decir, un socialismo auto-gobernante. Este modelo de democracia social no es un corporativismo simple, sino que es izquierdista y participativo donde el desarrollo se expresa en el auto-gobierno con igualdad económica, la participación es concebida como instrumento de desarrollo personal y social. Además, se reconoce la condición política de todas las organizaciones.

PERIODO DEL GOBIERNO DE VELASCO 1968-1970

Durante el inicio del gobierno de Velasco el objetivo era la distancia con l atracción hegemónica que sería el signo distintivo del gobierno respecto a los anteriores. Aquí es posible identificar dos tendencias: la primera es la criollización que hace referencia a tomar las posiciones oligárquicas y defenderlas. Es una postura o un acriollarse cuando los caudillos que tomaban el poder solían romper el status quo, para luego acomodarse a los grupos de poder y resultar defendiendo intereses particulares. La segunda postura es la radicalización que hace referencia a los militares que radicalizaban sus posturas, alejándose del consenso. Lo que más resalta es la posición nacionalista y anti oligárquica. La tendencia que logró mantenerse fue la tenencia radical con Velasco en la Presidencia, la resistencia frente al poder de la IPC y el emprendimiento de la reforma agraria

1970-1974 El gobierno empieza a desarrollar diversas reformas sentando su legitimidad. Surge la tendencia de la burguesía liberal (industrial y agroexportadora) que pretendía el final de los grupos oligárquicos y podía optar por trabajar con el gobierno que estaba más cerca de practicar un capitalismo de Estado. El conjunto de reformas conocido como Plan Inca saldrá en 1974, mientras tanto el gobierno ejecuta ciertos cambios que son más el resultado de una lucha política interna. De 1970 a 1972 es el periodo de mayor actividad del gobierno y, también, de conflicto político. Primero la ejecución de la reforma agraria genera enfrentamientos con la burguesía, sobre todo por la cooperativización de la costa. Después, la reforma industrial enfrenta las protestas del sector burgués debido a la nueva Ley de Industrias que impone la Comunidad Laboral y la separación de la industria básica para el Estado, así como, la reforma educativa y los conflictos directos con la prensa. Si bien el gobierno parecía enfrentar a la burguesía liberal, lo real es que luchaba con una fracción de ésta y se expresaba al interior del gobierno. Debido a esto hubo muchas burlas de la ley y su incumplimiento generaba ganancias a corta plazo para los industriales. En este periodo también surge la idea de combatir la oposición e inestabilidad con nuevas fuerzas como las organizaciones políticas bajo su control ligando órganos del Estado con ellas como SINAMOS. La segunda etapa de 1973 a 1974 abarca la construcción del proyecto creado por los militares con la consolidación del velasquismo con todo el peso de su liderazgo y la derrota del reformismo liberal. Sin embargo, también se inicia una crisis generada por los medios de prensa y la decisión del gobierno de no debatir con la oposición. Aquí surgen dos tendencias la del “no partido” y la tendencia de la “Misión” en medio de una compleja red de luchas internas que esperan una definición para actuar.

1974-1975 El almirante Vargas Caballero pasa al retiro y con él toda la parte de la cúpula del gobierno que tenía una tendencia conservadora y representaba a la burguesía liberal. Su salida también significó la derrota de un proyecto político del reformismo

liberal. Sin embargo, esta tendencia luego regresaría con el fin del gobierno militar. Un signo de que seguía latente fue la reacción de los oficiales de la Marina que con un fuerte espíritu de cuerpo se enfrentó al Gobierno por la destitución de su jefe. Lo que demuestra la oposición de la Marina hacia Velasco es también el inicio de una profunda crisis institucional que tuvo su centro en el manejo autoritario del presidente y en el manejo de la movilización popular. El desgaste del gobierno era visto por los empresarios desde fuera del juego político ya que no tenían representantes, pero esperaban que dado que el espacio político se estrechaba se resolviera solo. La conducción del proceso de revolución donde solo una cúpula gobernaba y no permitían las infiltraciones impedía articular una apertura para la participación popular. La crisis económica empujó al gobierno a medidas pragmáticas como reducir el consumo popular e incentivar la inversión privada, además del aislamiento internacional con toda la represión aumentó. El proceso revolucionario no podía cambiar en su forma sustantiva y sólo produjo políticas para no cambiar o transformar la sociedad como era su objetivo inicial. La lucha política entre los miembros de la “Misión” con un marcado anticomunismo y que representaban a los empresarios que pedían mayor protección y, los militares progresistas sin Velasco a la cabeza finalizó con el golpe institucional del 29 de agosto de 1975 que es punto culminante de una lucha de tendencias llevada al límite de la ruptura.

MOVILIZACION SOCIAL EL SINAMOS En junio de 1971 el gobierno da el Decreto de Ley 18896 que crea el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS). El SINAMOS fue un organismo transitorio que tenía como misión estimular el surgimiento de organizaciones populares a las que progresivamente debería transferirse poder de decisión en todas las esferas de la vida de país. Se quería lograr una participación consciente y activa de la población nacional en las tareas que demande el desarrollo económico y social. El SINAMOS era una identidad canalizaba las demandas de los sectores mayoritarios “de abajo hacia arriba” por lo que tuvo una relación de competencia y conflicto con los partidos. Fue un organismo descentralizado que poseía oficinas a nivel nacional, regional y local. Dada la enorme dimensión de la organización, la diversidad de sus tareas y la heterogeneidad del personal, fue muy difícil construir un organismo ágil y mejor dispuesto para cumplir con su objetivo. Hubo además disparidad entre el SINAMOS y los sectores de la administración que se resistían al cambio, así como entre quienes promovían una autentica participación de la población y jefes miliares que buscaban encuadrar a las organizaciones populares para subordinarlas y volverlas herramientas del gobierno. Aunque el gobierno iniciara la implementación de una política participativa, la mayoría de los sectores aliados al régimen no estaban de acuerdo con el proyecto. Solo una minoría con poder lo apoyaba, por lo que la presencia de Velasco tuvo un

carácter decisivo. Cuando Velasco sale del poder el SINAMOS es desactivado, siendo la institución eliminada en 1978. El legado más importante del SINAMOS fue probablemente su crítica a los planteamientos convencionales sobre la participación. Demostró que es posible desde el gobierno desarrollar una acción de promoción de la participación en gran escala, respetando a las organizaciones de base. Esta institución jugó un papel fundamental para que las organizaciones populares nacidas entre el 68 y el 75 no fueran ni parte del aparato estatal, ni objeto del encuadramiento del gobierno.

EL PENSAMIENTO Y LAS TENDENCIAS DE LOS MILITARES El pensamiento de los militares estuvo influenciado por diversos factores que nutrieron una visión de sus actividades que implicaba ver el desarrollo socioeconómico como una necesidad para la seguridad nacional. Un factor que contribuyó a tal visión fue la creación del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), en el cual se creó un curso en 1951 con una serie de contenidos orientados estudiar los riesgos de la dependencia y el subdesarrollo para la seguridad nacional. También, los militares participaron en el programa Acción Cívica, financiado por los EEUU, donde, tomaron acciones en la alfabetización, construcción de escuelas, de caminos. Además de lograr la eliminación de las guerrillas de 1965. Todo esto fortaleció la conciencia de que la realidad de la pobreza y la desigualdad podrían generar una guerra interna si no se resolvían. Lograr un desarrollo interno autónomo era la condición para la lograr la seguridad nacional. De este modo, la vía consistía en resolver la pobreza y alcanzar un desarrollo nacional. El carácter reformista y autoritario del gobierno se forjó bajo la convicción de que debían ser los organizadores políticos y tomar control de los procesos políticos y sociales, para lograr los cambios que los partidos y las estructuras tradicionales fueron incapaces de realizar. Así, buscando penetrar en la población y de legitimar el Gobierno Revolucionario se llegó a desechar las formas antiguas de participación y se propició la movilización del pueblo para crear “una democracia social de participación plena”. Asimismo, la perspectiva de la dependencia es la que más utilizo el régimen de Velasco dentro de su visión y planificación del gobierno, presentada como una realidad que debía enfrentarse y buscando responder a esta situación de subdesarrollo general que marcaba la vida en la ciudad y que generaba pobreza, desigualdad, migraciones del campo a la ciudad.18 La dependencia tanto del exterior en las relaciones que tenía el país con las metrópolis imperialistas, como la dependencia de una élite sobre las clases populares al interior que debía enfrentarse a través de una política de redistribución de los bienes dentro de una sociedad tan desigual. Se puede trazar una línea de tiempo de acuerdo a cómo iba desarrollándose las ideas al interior de la cúpula de gobierno y los demás dirigentes que apoyaron a Velasco a dar el golpe. Durante su gobierno hubo distintas tendencias políticas que

trataban de ganar relevancia durante la gestión de Velasco. En general, la mayoría se identificaba con la idea de la participación política de las masas, y unos pocos, querían una estructura del Estado corporativista y fascista. Los retintes fluctuaban entre ideas liberales, intervencionistas del Estado, y estaban opuestas a medidas para organizar al pueblo. Así surgieron coaliciones que se batían para tratar de decidir sobre estos asuntos políticos con cambiantes tendencias. Se pueden identificar dos etapas con las opciones o propuestas básicas que tomó el proceso: la primera de 1968 a 1970.

ASPECTOS ECONOMICOS ANTECEDENTES La economía peruana estaba constituida por: a) un sector agrícola primitivo, estancado y sobrepoblado; b) un sector manufacturero que a su vez se componía de dos subsectores desiguales ambos urbanos: uno pequeño, moderno y con un alto grado de inversión de capitales; y otro tradicional, de mayor tamaño, compuesto de trabajadores independientes y de un gran número de pequeños artesanos. c) un floreciente sector de servicios, que también se componía de elementos modernos y tradicionales muy divergentes como profesionales y propietarios o gerentes de industrias, junto a trabajadores de los mercados, personal de servicio sin habilidad especial y vendedores ambulantes

LA ECONOMIA El objetivo económico del Gobierno era el “promover a superiores niveles de vida, compatibles con la dignidad de la persona humana, a los sectores menos favorecidos de la población, realizando la transformación de las estructuras económicas, sociales y culturales del país.” Si bien el gobierno de Velasco definió una nueva forma de Estado que poseía poder económico efectivo, este seguía siendo dependiente del sistema capitalista. Ya que las reglas de juego del capitalismo aún persistían en el sistema, los sectores industriales pudieron incrementar su poder económico y conservar su capacidad de influencia. Para los militares el estancamiento económico se debía a la monopolización y mala distribución de los recursos económicos que estaban a merced de los oligarcas y los inversionistas extranjeros. El objetivo que se proponían era lograr un crecimiento que estuviera determinado por exportaciones con valor agregado y mayor integración de la economía local. Las actividades de las empresas extranjeras debían ser limitadas y reguladas, luego, la economía nacional podría obtener ganancias de un modelo de sustitución de importaciones por productos intermedios, a través del desarrollo de la industria nacional mediante el incentivo a la importación de bienes de capital y la restricción de las importaciones de

manufacturas. El proteccionismo tuvo como efecto una disminución de la competitividad de la producción nacional que fue destinada casi exclusivamente a abastecer un pequeño mercado interno y no a la exportación. La intención de los militares era permanecer en el poder hasta que el proceso revolucionario fuese irreversible, para ello introdujeron una serie de reformas que afectaron casi todas las esferas de la sociedad. Para que la propuesta funcionara, el estado debía tener un rol activo para promover y guiar el desarrollo nacional a través de su intervención en la actividad económica, sociocultural y política. Las reformas que realizó el gobierno junto con la estatización de varios sectores de la producción hicieron que varios servicios públicos pasaran a manos del Estado.24 Sin embargo, las nacionalizaciones y la nueva legislación dieron paso a un panorama de incertidumbre económica que hizo difícil convencer a las firmas extranjeras para que inviertan el capital que se necesitaba. El propósito de la reforma industrial fue lograr desarrollo industrial permanente, la autonomía económica nacional significó que los industriales peruanos fueran los principales beneficiarios del crecimiento industrial, así se dieron incentivos generosos a las industrias para alentar la reinversión e importación de bienes de capital e insumos. La Ley General de Industrias dio a los empresarios exenciones tributarias y protección en el mercado. Si antes de la nacionalización las empresas públicas obtenían beneficios y pagaban impuestos, después de la nacionalización dejaron de hacerlo, algunas ni siquiera integraron sus actividades al plan de desarrollo nacional. Para 1975, el sector público era grande y estaba en bancarrota.

REFORMA AGRARIA En su discurso con motivo de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria el 24 de junio de 1969, el general Juan Velasco Alvarado precisó los objetivos de la misma, plasmados en los considerandos de la ley. En uno de los pasajes enfatizó que la reforma agraria debería «poner fin a un injusto ordenamiento social que ha mantenido a la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos» y que debía cancelar los sistemas de latifundio, reemplazándolos «por un régimen justo de tenencia de la tierra que haga posible la difusión de la pequeña y mediana propiedad en todo el país». La reforma agraria se incluía en una propuesta estratégica más amplia: «la reorientación de los recursos de capital hacia la industria…cuyo futuro depende decisivamente de la creación de un cada vez mayor mercado interno de alto consumo diversificado», conscientes del «inevitable destino industrial de nuestra patria». La reforma agraria es considerada como la culminación de una larga lucha de los campesinos por la tierra. El ideal que seguía era dar en propiedad a cada familia campesina un área de cultivo que le sirviese para mantenerse y además producir para el mercado nacional. La aplicación general de la reforma agraria consistía en estatizar las tierras más productivas; expropiar, repartir y formar cooperativas con

las tierras de importancia secundaria. La necesidad de mantener los niveles de producción demandaba que tras la expropiación de las tierras se continuara con las economías de escala, la parcelación de las haciendas hubiera conducido a la ruina de una industria agrícola. La reforma llevada a cabo por Velasco fue más radical, rápida y avanzada que los planes de reforma que habían sido previamente planteados por los partidos políticos. Fue esa radicalidad la que impactó en la capacidad de decisión campesina. En general, no se tomó en cuenta la heterogeneidad de la situación en el campo, la falta de una conciencia global campesina y la realidad cultural del campesinado donde las relaciones de poder se habían naturalizado. La reforma agraria fue aplicada en la costa y en la sierra. Aun cuando no alcanzó a ser aplicada en la selva, en los años del gobierno militar se dieron dos normas importantes desde el punto de vista del acceso a la tierra y de seguridad de la tenencia. En 1974 el gobierno militar promulgó la Ley de Comunidades Nativas y Promoción Agraria de las Regiones de la Selva Alta y Selva Baja, para regular el acceso a la tierra en la región amazónica. La mayor contribución de esta ley fue el reconocimiento del derecho de los asentamientos indígenas a la propiedad legal de sus tierras. Esta ley (DL 20653) declaraba la tierra comunal indígena como inalienable, imprescriptible e inembargable. Sin embargo, reconocía derechos sobre la tierra solo a las comunidades nativas, es decir, a los asentamientos locales y no a los pueblos indígenas en tanto pueblos originarios. Pese a todos los problemas, la implementación de la reforma logró quebrar la dominación tradicional de los terratenientes sobre las comunidades, que era el mayor factor que jugaba en contra de estas. Es difícil evaluar el avance experimentado por los campesinos de manera cualitativa ya que la reforma abrió ámbitos de decisión que habían estado fuera del alcance de las comunidades; lo mismo ocurre con una comparación entre los salarios percibidos antes y después de la reforma. Sin embargo, se puede ver que hubo una ampliación de los servicios sociales de salud, educación y vivienda proporcionados por las empresas. Una de las críticas más duras a la reforma es que fue ‘anti comunera’, porque formó empresas cooperativas con los antiguos trabajadores de hacienda en vez de devolver la tierra a las comunidades campesinas que habían sido desplazadas hacia tierras más pobres.

ASPECTO INTERNACIONAL LA POLITICA EXTERIOR Durante el gobierno de Velasco hubo una variación en la actitud tradicional del Perú en cuanto a acción internacional e iniciativas. El gobierno revolucionario logró revalorizar la imagen internacional del país, rompiendo el aislamiento tanto político como diplomático en el que se había encontrado el país y enfrentándose al

imperialismo, aunque sin terminar de romper las relaciones de dependencia que había con Estados Unidos. Las tensiones con los Estados Unidos no se limitaron a la controversia de la IPC, también hubo desacuerdos en torno a la tesis de las 200 millas. LA nueva política exterior apuesta por el no alineamiento y el tercermundismo. Siguiendo la línea de autonomía que era promovida por el gobierno, se establecen relaciones con los países socialistas. La política intervencionista del Estado, si bien extiende las capacidades de negociación del Estado, afectarán a la inversión extranjera. Según se iban obteniendo reacciones positivas en el exterior y la aprobación del pueblo favorecía al proyecto nacionalista, las medidas en política exterior comenzaron a radicalizarse. La posición antiimperialista del gobierno se complementó con una mayor acción regional. La posición que asume Perú frente a los poderes imperialistas es respondida con progresivo un aislamiento político en la región. Desde la caída del régimen de Allende en 1973, evento que afectará los lazos bilaterales entre ambos países, Perú se ve asilado en medio de gobiernos totalitarios de derecha. El contexto latinoamericano de entonces sirve para alimentar los miedos a un conflicto bélico que se traducirán en el armamentismo del gobierno de Velasco, aún en medio de una situación económica desfavorable.

LA INTERNATIONAL PRETROLEUM COMPANY A fines de los 50 se había reabierto el viejo conflicto que el Estado tenía con la International Petroleum Company, puesto que la empresa pretendía tener la propiedad sobre el suelo y subsuelo de los yacimientos petrolíferos que explotaba. Si bien hubo intentos de resolver el conflicto, ni el gobierno Prado ni de Belaúnde fueron capaces de darle una salida real al problema. La promesa del gobierno de Belaúnde de dar solución al caso de la IPC dentro de los primeros 100 días de gobierno dio paso a que las empresas extranjeras pudieran establecer un sistema de chantaje que se mantuvo durante todo el gobierno. El poder de las empresas extranjeras, especialmente aquellas que controlaban la producción minera y petrolera, presionó al gobierno para que cediera a sus demandas, esto concluyó en el Acta de Talara. En la coyuntura política de 1968, el Gobierno Revolucionario apuesta por una opción radical al no ceder ante los intereses de la IPC. Esta postura es un cuestionamiento al régimen anterior y sus políticas. La nacionalización de la IPC dentro de los 10 días que siguieron al golpe fue una medida que consolida al gobierno y le da legitimidad. La IPC, más allá de su significado económico, era un símbolo viviente del imperialismo; su nacionalización sentó un precedente para que se recuperaran los demás recursos naturales mediante la expropiación. La negativa inicial del gobierno a pagar una indemnización abre las puertas a una política externa más agresiva.

Ante la nacionalización de la IPC sin compensación, Estados Unidos llevó a cabo un bloqueo económico informal con una estrategia de “presión económica encubierta” en donde no se autorizan nuevos préstamos al Perú, ello dificulta las renegociaciones de la deuda pública y desincentiva al sector privado de invertir. La presión crediticia sobre el gobierno hizo que se llegara al acuerdo Greene en 1974, donde el Perú se comprometió a pagar una compensación por las expropiaciones de compañías extranjeras que siguieron a la IPC

FIN DEL GOBIERNO A fines de los 50 se había reabierto el viejo conflicto que el Estado tenía con la International Petroleum Company, puesto que la empresa pretendía tener la propiedad sobre el suelo y subsuelo de los yacimientos petrolíferos que explotaba. Si bien hubo intentos de resolver el conflicto, ni el gobierno Prado ni de Belaúnde fueron capaces de darle una salida real al problema. La promesa del gobierno de Belaúnde de dar solución al caso de la IPC dentro de los primeros 100 días de gobierno dio paso a que las empresas extranjeras pudieran establecer un sistema de chantaje que se mantuvo durante todo el gobierno. El poder de las empresas extranjeras, especialmente aquellas que controlaban la producción minera y petrolera, presionó al gobierno para que cediera a sus demandas, esto concluyó en el Acta de Talara. En la coyuntura política de 1968, el Gobierno Revolucionario apuesta por una opción radical al no ceder ante los intereses de la IPC. Esta postura es un cuestionamiento al régimen anterior y sus políticas. La nacionalización de la IPC dentro de los 10 días que siguieron al golpe fue una medida que consolida al gobierno y le da legitimidad. La IPC, más allá de su significado económico, era un símbolo viviente del imperialismo; su nacionalización sentó un precedente para que se recuperaran los demás recursos naturales mediante la expropiación. La negativa inicial del gobierno a pagar una indemnización abre las puertas a una política externa más agresiva. Ante la nacionalización de la IPC sin compensación, Estados Unidos llevó a cabo un bloqueo económico informal con una estrategia de “presión económica encubierta” en donde no se autorizan nuevos préstamos al Perú, ello dificulta las renegociaciones de la deuda pública y desincentiva al sector privado de invertir. La presión crediticia sobre el gobierno hizo que se llegara al acuerdo Greene en 1974, donde el Perú se comprometió a pagar una compensación por las expropiaciones de compañías extranjeras que siguieron a la IPC.

MINISTROS Ministerio

Ministros

3 de octubre de 1968 - 31 enero de 1973 31 de enero de 1973 - 1 febrero de 1975 1 de febrero de 1975 - 30 agosto de 1975

de

3 de octubre de 1968 – 31 Edgardo Mercado Jarrín diciembre de 1971 Miguel Ángel de la Flor 1 de enero de 1972 – 30 agosto de 1975

de

Ernesto Montagne Sánchez Presidencia del Consejo de Edgardo Mercado Jarrín Ministros Francisco Morales Bermúdez Cerrutti

Relaciones Exteriores

Agricultura

Trabajo

Periodo

de de

de

3 de octubre de 1968 - 12 setiembre de 1969 12 de setiembre de 1969 - 27 setiembre de 1971 27 de setiembre de 1971 - 31 diciembre de 1974 31 de diciembre de 1974 - 2 enero de 1975 2 de enero de 1975 - 30 agosto de 1975

de

3 de octubre de 1968 - 4 octubre de 1968 Rolando Giraldi 4 de octubre de 1968 - 28 Rodríguez setiembre de 1970 Jorge Chamot Biggs 28 de setiembre de 1970 - 28 Pedro Sala Orosco noviembre de 1974 Dante Poggi Morán 28 de noviembre de 1974 - 30 agosto de 1975

de

José Benavides Benavides Jorge Barandiaran Pagador Enrique Valdéz Angulo Rafael Hoyos Rubio Enrique Gallegos Venero

Hacienda y Comercio

Ángel Valdivia Morriberon

Economía y Finanzas

Francisco Morales Bermúdez Guillermo Marcó del Pont Santisteban Amilcar Vargas Gavilano

de de de de

de de de

3 de octubre de 1968 - 13 junio de 1969

de

13 de junio de 1969 - 2 enero de 1974 2 de enero de 1974 - 18 julio de 1974 18 de julio de 1974 - 30

de de de

agosto de 1975

Transportes Comunicaciones

Vivienda y Construcción

Salud

Alberto Maldonado Yañez y Anibal Meza Cuadra Cárdenas Raúl Meneses Arata

3 de octubre de 1968 - 1 abril de 1969 1 de abril de 1969 - 30 diciembre de 1972 31 de diciembre de 1972 - 30 agosto de 1975

1 de abril de 1969 - 4 enero de 1972 Luis Vargas Caballero 4 de enero de 1972 - 31 Ramón Arróspide Mejía mayo de 1974 Augusto Gálvez Velarde 31 de mayo de 1974 -25 Isaías Paredes Arana junio de 1975 25 de junio de 1975 - 30 agosto de 1975

Eduardo Montero Rojas Rolando Caro Constantini Fernando Miró-Quesada Bahamonde

10 de octubre de 1968 - 30 diciembre de 1969 31 de diciembre de 1969 - 27 abril de 1971 28 de abril de 1971 – 30 agosto de 1975

de de de

de de de de

de de de

Justicia y Culto

10 de octubre de 1968 - 1 Alfonso Navarro Romero abril de 1969 Luis Vargas Caballero 1 de abril de 1969 - 30 agosto de 1975

Energía y Minas

Jorge Fernández 3 de octubre de 1968 - 30 Maldonado Solari agosto de 1975

de

de

Educación

3 de octubre de 1968 - 27 abril de 1971 Alfredo Arrisueño Cornejo 27 de abril de 1971 - 1 Alfredo Carpio Becerra febrero de 1975 Ramón Miranda Ampuero 1 de febrero de 1975 - 30 agosto de 1975

3 de octubre de 1968 - 18 Armando Artola Azcárate mayo de 1971 Pedro Richter Prada 18 de mayo de 1971 - 30 agosto de 1975

de

Interior

de de

de de

de

Pesquería

Industria, Turismo

Javier Tantalean Vanini

Comercio

3 de febrero de 1970 - 30 agosto de 1975

de

1 de abril de 1969 - 16 de Jorge Camino de la Torre octubre de 1969 y Jorge Dellepiane Ocampo 16 de octubre de 1969 - 27 de Alberto Jiménez de Lucio abril de 1971 27 de abril de 1971 - enero de 1974

Comercio

enero de 1974 - 16 Luis Barandiarán Pagador octubre de 1974 Luis Arias Graziani 18 de octubre de 1974 - 30 agosto de 1975

Industria y Turismo

Alberto Jiménez de Lucio

Aeronáutica

3 de octubre de 1968 - 24 Alberto López Causillas octubre de 1968 Eduardo Montero Rosas 24 de octubre de 1968 - 4 Rolando Gilardi noviembre de 1968 Rodríguez 4 de noviembre de 1968 - 30 agosto de 1975

enero de 1974 - 30 agosto de 1975

Marina

Raúl Ríos Pardo de Zela 3 Alonso Navarro Romero Enrique Carbonel Crespo Manuel Fernández Castro Fernando Elías Aparicio Luis Vargas Caballero José Arce Alarco Guillermo Faura Gaig Augusto Gálvez Velarde

Guerra

Ernesto Montagne Sánchez Edgardo Mercado Jarrín Francisco Morales Bermúdez Cerrutti

de

de de

de

de de de

octubre de 1968 -

3 de octubre de 1968 - 31 enero de 1973 31 de enero de 1973 - 1 febrero de 1975 1 de febrero de 1975 - 30 agosto de 1975

de de de

EMPRESAS PÚBLICAS CREADAS DURANTE EL GOBIERNO DE VELASCO            

Petro Perú Minero Perú Electro Perú Entel Perú (Telecomunicaciones) Pesca Perú (extracción de anchoveta) EPCHAP (comercialización de harina de pescado y de algodón) EPPA PERU (Artesanías) INDU PERU (industrias básicas) SIDEAPERU (siderurgia) SIMA PERU (construcción naval) EPSA (comercialización de productos agrícolas) CENTROMIN PERU (antigua Cerro de Pasco Mining Company)