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Tráfico ilegal de flora y fauna Colombiana Colombia es uno de países con mayor biodiversidad, certificando un 10% de la población mundial, sin embargo, la sobreexplotación o aprovechamiento no sostenible de especies silvestres de fauna para el consumo doméstico o la comercialización, tiene graves efectos sobre la biodiversidad, como la erosión genética, la reducción de los tamaños de poblaciones y la vulnerabilidad frente a procesos de extinción (MMA et al. 1995). La exportación debiera realizarse de tal manera que la cantidad de especies exportadas se equilibrara con la cantidad de especies retornadas a su medio ambiente. Pero lastimosamente en Colombia este tipo de comercio se considera como el tercero del cual se puede obtener altas ganancias. El hecho de que esta biodiversidad sea llamativa por personas u organizaciones nacionales e internacionales ha producido este problema, reconocemos que tenemos tanto pero queremos más (pero no bienestar medioambiental) y no nos importa si nos llevamos por delante el futuro del planeta. Una alternativa a esta situación ha sido la zoocría que es un comercio legal, mediante la cría en cautiverio, y aunque la legislación colombiana cuenta con muchas normas para intentar regular estos comercios, no se ha conseguido nada, se supone que por cada cierta de cantidad de individuos criados en cautiverio se debieran entregar (para devolver a la fauna silvestre) una cantidad determinada, sin embargo los zoocriadores se saltan esta normativa dando a las CAR1 un estimativo en dinero de lo que debían entregar en especies, consiguiendo solamente que la fauna ya disminuida no se pueda reponer. Es lastimoso que organizaciones como CITES2 incluya en sus listados un total de 447 especies colombianas distribuidas en: 49 especies en peligro de extinción, 380 especies que aunque en la actualidad no se encuentren en peligro de extinción, pueden llegar a estarlo a menos que el comercio esté sujeto a reglamentación estricta, y 18 Especies de importancia económica, que pueden convertirse en especies amenazadas si no se regula su explotación. (Gómez, 2000). Demostrando que a pesar que se cuentan con las normas, no son ejecutadas como debieran o se obvian restándole importancia a este tema. Y aunque es un delito tipificado en la normatividad ambiental y penal colombiana, parece ser que las ganancias son suficientes para renunciar al bienestar de los ecosistemas y en general de la humanidad, dado que estos desbalances solo consiguen que los niveles de vida vayan en descenso. Por esto se debieran idear formas de enseñar, sobre los daños que esto ocasiona. Además se debieran imponer castigos más serios para las personas que trafican, también realizar mayores y mejores acciones que conlleven a la captura y judicialización de estas personas, poniendo en funcionamiento todas las leyes destinadas a este tema, buscando una

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Corporaciones autónomas regionales La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

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reducción a este problema que cada día acaba más con nuestra biodiversidad, (característica tan anhelada por otros).