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• Lourdes Gutierrez

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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es una base que provee las rutas estratégicas donde se apoya el presidente de la Republica y su equipo de Gobierno para llevar a cabo las metas propuestas para el mejoramiento y crecimiento del país, El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la evaluación de su gestión. La responsabilidad y seguimiento del cumplimiento, socialización y evaluación es del DNP (Departamento Nacional de Planeación). En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus fuentes de financiación. El marco legal que rige el PND está consignado dentro de la Ley 152 de 1994, por la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ésta incluye, entre otros, los principios generales de planeación, la definición de las autoridades e instancias nacionales de planeación y el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de desarrollo. En el gobierno de Juan Manuel Santos del año 2014 al 2018 en PND “TODOS POR UN NUEVO PAIS” tenía por enfoque, Lineamientos que para el logro de los objetivos del Plan, se plantean cinco estrategias transversales como: Infraestructura y Competitividad Estratégicas, Movilidad Social, Transformación del Campo y Crecimiento Verde, Consolidación del Estado Social de Derecho y Buen Gobierno. Estas cinco estrategias, insistía el Gobierno, unidas a una estrategia envolvente de crecimiento verde, trazaban los lineamientos de política que nos permitirían avanzar hacia la construcción de un país en paz, equitativo y

educado. Cada estrategia transversal planteaba objetivos específicos guiados hacia el alcance de estos tres grandes pilares. Todo ello era complementado con un ambicioso programa de infraestructura de transporte Cuarta Generación, en el que el Gobierno Nacional, pero no son solo carreteras lo que debe hacerse y la responsabilidad no compete solo al Gobierno nacional, tenemos problemas de competitividad que van desde la articulación de nuestro sistema de ciencia, innovación y tecnología con la empresa privada hasta la eficiencia del sistema judicial. No dejaron de lado el enfoque rural, las brechas entre el campo y la ciudad en materia de indicadores sociales que eran demasiado grandes, ya que en el campo se concentraban los principales problemas de pobreza, falta de educación y falta de infraestructura, entre otros. Otros enfoques era la visión de una Colombia en paz en el Plan Nacional de Desarrollo está soportada en cuatro enfoques básicos: De derechos: entendido como la garantía del goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en ejercicio pleno de su ciudadanía. Territorial: que implica la atención diferenciada de los territorios con el fin de cerrar las brechas existentes entre los ámbitos urbano y rural, especialmente en aquellos que se han visto más afectados por los efectos del conflicto armado interno y que tienen un mayor rezago en su desarrollo. Participativo: entendido como la profundización de la democracia y la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que les incumbe. Reconstrucción: de la confianza entre los ciudadanos y entre la ciudadanía y el Estado como base para la reconciliación. Ello se complementaba con el garantizar la igualdad de oportunidades en el goce efectivo de los Derechos Sociales Fundamentales, promoviendo los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición.

Buscaba integrar el territorio y sus comunidades para contribuir al cierre de brechas poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e información. Para ello se incrementaban los esfuerzos para la integración institucional y territorial y se avanzaba en la conectividad física y digital para el cierre de brechas. También el reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de oportunidades. Para ello se debe garantizar el bienestar de las comunidades rurales ya fueran campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palanqueras o raizales, promoviendo el desarrollo local sostenible de las zonas más afectadas por el conflicto.

En el gobierno de Ivan Duque 2018-2022 Este “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad” está basado en la ecuación del bienestar: Legalidad + Emprendimiento = Equidad. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 trazará el curso de acción para remover obstáculos y transformar las condiciones que hagan posible acelerar el crecimiento económico y la equidad de oportunidades, el cual implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en donde concurren las inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, como Estado, definamos el conjunto de prioridades, que generarán la verdadera transformación. El Plan Nacional de Desarrollo no es la acción desarticulada de los diferentes ministerios y sectores que conforman el Gobierno. Sí es, en cambio, la creación de espacios de coordinación que permiten sumar esfuerzos, remar para el mismo lado y generar de esta manera el verdadero cambio social, dinamizar el crecimiento económico y alcanzar el mayor desarrollo del país y de sus regiones.

Este Plan es una apuesta por la equidad de oportunidades para que cada colombiano pueda elegir libremente aquello que quiere ser y hacer con su vida y disfrutar de una vida digna. Los elementos novedosos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que permitirán alcanzar dicho objetivo son el incremento en la productividad, liderada por una profunda transformación digital y una apuesta por la agroindustria que vincule a los pequeños y medianos productores; una mejora regulatoria y tributaria que promueva el emprendimiento y la actividad empresarial; una mayor eficiencia del gasto público; una política social moderna centrada en la familia que conecta a la población pobre y vulnerable a los mercados; y el aprovechamiento de las potencialidades territoriales al conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Este es un gran pacto en el que los ciudadanos tienen derechos, pero también deberes para ayudar a construir la Colombia que todos queremos y necesitamos. El Pacto por la Legalidad va de la mano de la seguridad efectiva y el acceso a la justicia eficaz para garantizar la convivencia, que permita a los colombianos vivir con libertad y en democracia. El Pacto por el Emprendimiento y la Productividad hará posible la transformación productiva del país y aumentará la formalización laboral y empresarial, para avanzar a una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos los talentos. El Pacto por la Equidad se ampara en una política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar igualdad de oportunidades para todos los colombianos. El valor del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan Nacional de Desarrollo se estima en $1.096 billones a precios de 2018. El 47%, es decir, unos $510 billones, serán orientados al Pacto por la Equidad. Las principales metas del PND son aumentar el PIB potencial del 3,3 al 4,1%; crear 1,6 millones de empleos adicionales; sacar a casi 3 millones de colombianos de la pobreza, a 1,5 de personas de pobreza extrema y a 2,5

millones de personas de pobreza multidimensional; alcanzar una mayor productividad (pasar del 0,65 al 1,1%) y una mayor inversión (pasar del 22 al 26,1%). Las regiones que van a tener atención especial en este plan, además de San Andrés y Océanos, tiene un enfoque especial para todas las regiones según su vocación y potencial. Por eso, se trabajaron nueve pactos regionales, en los que se registran proyectos e iniciativas para generar un mayor desarrollo en cada una de ellas. Adicionalmente, en los pactos temáticos se tienen contemplados enfoques regionales para su desarrollo e inversión durante los próximos años, beneficiando, en mayor medida, a aquellos departamentos que tienen indicadores sociales y económicos bajos como La Guajira y Chocó y la ciudad de Buenaventura. Para los pueblos indígenas se acordó que se desarrollaron los escenarios de Consulta Previa de la Mesa Permanente de Concertación con todos los pueblos, a la que asistieron 5 organizaciones nacionales, 4 pueblos indígenas (Kogui, Yukoas, Cofanes, y Wayuu), y el Consejo Regional Indígena del Cauca. En esta mesa, se alcanzaron un total de 216 acuerdos en los 6 ejes propuestos, con una inversión equivalente a $10 billones, que se distribuirán en las diferentes propuestas aprobadas. Los recursos se destinan para la construcción del Pacto por la Paz el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz asciende a $37,1 billones. Los recursos serán focalizados en las víctimas, el proceso de reincorporación y sustitución de cultivos ilícitos, así como en la población y territorios con mayores índices de pobreza extrema, economías ilegales, debilidad institucional y violencia, especialmente en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. El presupuesto de inversiones para el sector rural en el Plan Nacional de Desarrollo es que de los 1.096 billones de pesos que vale el plan de inversiones 2018-2022 del Gobierno Nacional, $227,4 billones se destinarán a

programas y proyectos transversales para apoyar el desarrollo económico y social de la ruralidad colombiana. Uno de los grandes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es elevar del 2 al 4 por ciento el crecimiento anual del sector agropecuario. Con ese fin, se prestará asistencia técnica a 550.00 productores, se vincularán 300.000 campesinos al programa ‘Agricultura por Contrato’ y se incrementará en un 22 por ciento las exportaciones agropecuarias. El Pacto por la Equidad de la Mujer, en el ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ las mujeres tienen un lugar privilegiado, con el que se logrará un cierre de brechas históricas y, así mismo, la generación de más oportunidades para su desarrollo y bienestar. Se incluyó un Plan de Acción Integral para garantizar que las mujeres no sean víctimas de violencia y promover un mayor acceso y participación, con mejores condiciones en el mercado laboral. El monto de recursos que se destinarán a la inversión social, al Pacto por la Equidad asciende a $510,1 billones, un monto histórico, que equivale al 47% del valor total del Plan Nacional de Desarrollo. Dentro del Pacto por la Equidad están financiadas inversiones relacionadas con los sectores de educación, salud, inclusión social y reconciliación, vivienda, trabajo, deporte y recreación, entre otros. En materia de educación, qué beneficios encuentran los jóvenes en el Plan Nacional de Desarrollo Las metas son puntuales, por ejemplo: - Pasar de 1,2 a 2 millones de niños beneficiados con educación inicial, en el marco de la atención integral para la primera infancia. - Beneficiar a 320.00 jóvenes con un avance gradual en gratuidad de los sectores más vulnerables de la población. - Llegar a 500.000 jóvenes colombianos con el programa ‘Jóvenes en Acción’ y programas de formación tecnológica.

Allí también se da respuesta a los acuerdos con la comunidad educativa, relacionados con el fortalecimiento de la educación superior pública, en el que figuran recursos adicionales para incrementar la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior (IES) y la asignación de recursos para inversión, con el fin de mejorar las condiciones de calidad de estas. En salud, los avances que se proponen son mejorar el acceso a los servicios de salud con mayores recursos humanos y de infraestructura, en particular en zonas apartadas. Con la participación ciudadana, se definirá un marco de calidad que tenga en cuenta el punto de vista de los usuarios, para así valorar el funcionamiento de IPS y EPS. Se llegará a un acuerdo para saldar las deudas entre EPS, hospitales y otros actores, de manera que la salud en Colombia sea sostenible. Habrá subsidios parciales para población no pobre, pero que no tiene capacidad de pago para cotizar en el régimen contributivo. La población clasificada como pobre y vulnerable en la base del Sisbén tendrá pleno aseguramiento en el régimen subsidiado de salud.