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• Alejandro Ramírez Orozco

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El conflicto armado en Colombia La noción de conflicto hace parte fundamental de la experiencia humana de la vida en sociedad, que tiene lugar tanto en las relaciones interpersonales como inter estatales. Por ello para aproximarnos a la noción de conflicto armado en Colombia, vamos a partir de la concepción de ‘conflicto’, propuesta el por profesor e investigador Christopher Mitchell1, quien es conocido por sus aportaciones en temas relacionados con el análisis y resolución de conflictos. Para quien, desde una perspectiva antropológica, los conflictos se producen porque las partes involucradas tienen objetivos e intereses incompatibles, que en situaciones de escasez por recursos, ya sea materiales o posicionales, llevan a la competencia por la realización de los mismos. Por lo cual, las guerras pueden ser entendidas como una categoría al interior de la noción de conflicto pero no la única, ya que la existencia de un conflicto no implica necesariamente el uso de la violencia para tramitarlo (Mitchell C. R., 1981). En su texto Structure of international conflict (1981), Mitchell señala que alrededor del término de ‘conflicto’ existen muchas ambigüedades, que desde el uso cotidiano suelen ser interpretadas como una disputa, donde las partes hacen uso de la violencia como un medio para ganar. Lo cual, como hemos advertido al

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Entre las publicaciones más destacadas del autor resaltamos las siguientes: The Nature of Intractable Conflict: Resolution in the Twenty-First Century publicado en 2014 por la editorial Palgrave Macmillian; Conflict resolution and human needs: linking theory and practice en 2013 por Routledge; Local peacebuilding and national peace: interaction between grassroots and elite processes editado por Paradigm Publishers en 2012; Zones of peace de Stylus Publishing en 2007; Gestures of conciliation: factors contributing to successful olive branches publicado en el año 2000 por St. Martin’s Press y Palgrave Macmillan; Handbook of conflict resolution: the analytical problemsolving approach editado por The Continuum International Publishing Group en 1996 y Structure of international conflict publicado en 1981 por Palgrave Macmillian, que es el texto sobre el cual haremos referencia.

comienzo no es necesariamente cierto. Teniendo en cuenta esto, el autor propone una triada para distinguir las diferentes relaciones entre los componentes de un conflicto, a saber: (i) la situación conflictiva, (ii) el comportamiento conflictivo y (iii) las percepciones y actitudes conflictivas (pág. 15). Las situaciones conflictivas deben ser entendidas como: “Any situation in which two or more social entities or ‘parties’ (however defined or structured) perceive that they possess mutually incompatible goals” (1981, pág. 17), es decir, que los conflictos tienen lugar cuando las partes poseen objetivos mutuamente incompatibles y esto se debe principalmente a la falta de correspondencia en la interacción entre las estructuras y los diferentes valores sociales, lo que produce conflictos. Por objetivos, el lector deberá comprender, de acuerdo a lo planteado por Mitchell, los deseos y resultados futuros a los que aspiran las partes en medio de la situación conflictiva. Por actitudes debemos entender la dimensión psicológica del conflicto que el autor define de la siguiente manera: “(…) consists of those psychological states or conditions that accompany (and frequently exacerbate) both conflict situations and resultant conflict behavior. (…)” (Mitchell, 1981, pág. 25), las cuales pueden incluir orientaciones emocionales y procesos cognitivos, como prejuicios y estereotipos. En cuanto al comportamiento conflictivo este puede ser definido como: “(…) Actions undertaken by one party in any situation of conflict aimed at the opposing party with the intention of making that opponent abandon or modify its goals” (1981, pág. 29). Fragmento en el que señala que los comportamientos son las acciones que se llevan a cabo en medio de una situación conflictiva para que la contraparte abandone o cambie sus objetivos.

De esta manera la triada propuesta por Mitchell contribuye al entendimiento de los conflictos a partir de las interacciones entre los diferentes componentes que lo estructuran. Si bien la triada se encuentra más orientada al estudio de los conflictos internacionales, esta puede ser utilizada a modo de esquema para el aproximarse a cualquier conflicto. En este caso la tomaremos como referencia para abordar el conflicto armado en Colombia. Para ello ubicaremos en la situación conflictiva los orígenes y factores de persistencia del conflicto, como expresión de las percepciones y actitudes, la cultura política; y como comportamiento

conflictivo

las

dimensiones

y

modalidades

de

violencia

perpetradas por los distintos actores armados. Elementos que desarrollaremos más adelante. Por su parte, desde una perspectiva jurídica, es decir, desde el marco del Derecho Internacional Humanitario, amparado bajo la figura de Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales2, el caso colombiano es entendido como un conflicto armado no internacional. Hay que recordar que el objetivo de estos tratados es limitar los alcances de la barbarie de las guerras, con la finalidad de brindar protección a quienes no hacen parte de la confrontación bélica. En dichos convenios se ofrece una clasificación de los conflictos armados, entendidos como:

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Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos son siete tratados, los cuales constituyen la piedra angular del derecho internacional humanitario, que constan de cuatro convenciones y tres protocolos. Los cuales están abiertos y a que de manera individual, los Estados soberanos, manifiesten su ratificación o adhesión a cada uno de ellos.

conflictos armados internacionales3 y conflictos armados no internacionales. Los cuales a grosso modo se diferencian esencialmente por los actores enfrentados. En el caso de los primeros solo aplica si las partes en conflicto son Estados contratantes. En tanto para los segundos, se refiere a los conflictos que tienen lugar en el territorio de un Estado contratante, siendo situaciones donde las fuerzas oficiales se ven enfrentadas a fuerzas disidentes o subversivas (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008). Para comprender mejor a estos últimos es fundamental contar con dos fuentes de derecho (Vité, 2009, pág. 7), a saber: el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 19494, y el artículo 1 del Protocolo II de 19775. En los cuales se establecen criterios para la identificación de los mismos, como lo son la intensidad de las hostilidades y el nivel de organización de las partes enfrentadas, las cuales son valoradas de acuerdo a cada caso en particular. Por ejemplo, en relación con el criterio de intensidad 3

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 común a Los Convenios de Ginebra de 1949, un conflicto armado internacional tiene lugar, cuando: “Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar. (…)” 4 Este artículo inicia de la siguiente manera: “En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: (…)” 5 Este artículo dice: “1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo. (…)”

algunos autores se refieren a este como: “(…) la naturaleza colectiva de las hostilidades y el hecho de que el Estado tenga que recurrir a las fuerzas armadas porque la policía no está en condiciones de controlar la situación. (…)” (Vité, 2009, pág. 9). Por su parte el criterio de organización obedece más a la existencia de una estructura jerárquica y una unidad de mando. Dado lo anterior por conflicto armado no internacional lo podemos comprender como los: (…) enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima. (CICR, 2008, pág. 6) Es importante anotar que por medio de la Ley 171 del 20 de diciembre de 19946, fue incorporado a la legislación colombiana el Protocolo II de 1977. Lo cual implica el reconocimiento y la aplicación del concepto de conflicto armado no internacional, así como los diversos mecanismos de protección para la población no combatiente, siendo entonces, la anexión a la normatividad interna criterios igualmente reconocidos por otros Estados. Entrando a ser parte del bloque de

Ley 171. Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Diario Oficial 41.640, Bogotá, Colombia, 20 de diciembre de 1994. La cual fue declarada como exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-225-95, del 18 de mayo de 1995. 6

derechos reconocidos por la Constitución7. Ahora bien, el conflicto armado colombiano es más complejo que su definición o el tratamiento jurídico del mismo. Si bien es cierto que la concepción jurídica surte unos efectos, en cuanto a su manejo, esta sigue siendo una dimensión explicativa limitada para la comprensión de su complejidad. El conflicto armado en Colombia se ha caracterizado por su larga duración y los niveles de degradación de la violencia en contra de la población civil. Lo que lo ha llevado a ser reconocido como el conflicto activo más violento de la historia contemporánea de América Latina. Que en palabras de Martha Nubia Bello (2013), coordinadora del informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad8: (…) Se trata de una guerra difícil de explicar no solo por su carácter prolongado y por los diversos motivos y razones que la asisten, sino por la participación cambiante de múltiples actores legales e ilegales, por su extensión geográfica y por las particularidades que asume en cada región del campo y en las ciudades, así como por su imbricación con las otras violencias que azotan al país (pág. 19). Por lo cual, dadas sus dimensiones y complejidad, implica un enorme esfuerzo la sola revisión de fuentes bibliográficas en razón a la abundancia y 7

Como normas de ius cogens, es decir, como normas imperativas del derecho internacional estas exigen que su asimilación sea tal cual ha sido su redacción inicial. 8

El informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerras y dignidad es el resultado del trabajo realizado por Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el marco de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz. El cual fue consolidado en el Centro Nacional de Memoria Histórica, adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, creado a partir de la Ley 1448 de 2011.

multiplicidad de autores. Es por ello, que en el presente trabajo, se tendrán en cuenta principalmente los informes realizados a partir de la coyuntura de los más recientes procesos de paz9; como el elaborado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas10 a partir de la Mesa de Paz en La Habana, Cuba. Así como los publicados por Grupo de Memoria Histórica, en el marco del proceso de paz con los grupos paramilitares, congregados alrededor de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-. En vista de que estos recopilan y concentran el trabajo intelectual de diversos autores, son expresión de una lectura pluralista del conflicto, contrario a la construcción de un mono relato o una memoria oficial. La caracterización del conflicto armado en Colombia ha sido asunto que ha suscitado enorme debate, a nivel jurídico como académico, sin que exista sobre la cuestión el más mínimo concenso (Pizarro Leóngomez, 2015, pág. 43). Al punto de que algunos autores como Alfredo Molano (2015) y el sacerdote jesuita Javier Giraldo (2015, pág. 13) se refieren al mismo como un conflicto social y armado, haciendo alusión a una serie de inequidades sociales que durante la década de los 20s, sirvieron de caldo de cultivo a La Violencia11 de los años 40s y que ha tenido sus efectos hasta hoy día. En cambio, autores como Francisco Gutiérrez (2015, págs. 1-2) hacen uso del concepto de guerra civil, que en su caso particular

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En la historia del conflicto armado colombiano se han creado varias comisiones para el esclarecimiento de las causas del conflicto y sus dimensiones. Como lo es el antecedente de la Comisión de Paz, creada durante el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962). 10 La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), fue creada por la Mesa de Paz en el marco del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito por el gobierno nacional y las FARC el 26 de agosto de 2012. La cual se compone por doce expertos nombrados por mutuo acuerdo entre las partes participantes del proceso de negociación de paz en La Habana, Cuba. Cuyo informe consiste en ensayos individuales y dos relatorías. 11 La Violencia, con mayúscula, hace referencia a un período de la historia del conflicto armado en Colombia, que tiene lugar durante las décadas de los 40 y 50. Para mayor información consultar:

la diferencia en dos oleadas; el período de La Violencia y la violencia insurgente de los años 60s hasta hoy día. Retomando la triada propuesta por Mitchell, podríamos ubicar en el centro de la situación conflictiva dos problemáticas asociadas a los orígenes del conflicto armado, que a su vez han contribuido a su continuidad, a saber; el problema de la tierra y la precariedad institucional del Estado colombiano, a lo cual Alfredo Molano (2015, pág. 1) nos dice: “El conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado (…)”. En este mismo sentido la investigación realizada por el Grupo de Memoria Histórica señala que las principales motivaciones y transformaciones de la guerra se encuentran los conflictos agrarios asociados a la apropiación, uso y tenencia de la tierra: “(…) Todos los informes ilustran la gradual convergencia entre la guerra y el problema agrario (…)” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 21). Problemática a la cual se le sumarían con el paso del tiempo las dinámicas del narcotráfico, la explotación minera y energética, los modelos agroindustriales, la ampliación de la frontera agraria, la alta concentración de la tierra12 y las alianzas criminales entre grupos paramilitares y las élites locales. Frente a lo cual se revela uno de los rasgos más distintivos de conflicto armado, siendo el campo como principal escenario de la guerra.

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La desigualdad en la tenencia de las tierras en el campo, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, medida por el coeficiente Gini es en promedio del 89,7%. En Colombia existen alrededor de 3.552.881 de propietarios dueños de 61,3 millones de hectáreas, donde al 25% de los propietarios les pertenece el 95% del territorio. Según el DANE el 64% de los hogares rurales no tiene acceso a la tierra.

La cuestión agraria ha sido el trasfondo de las tensiones sociales, desde 1920 hasta la actualidad, por lo cual esta tiene un carácter estructural en relación con el conflicto armado, donde las luchas por la tierra han sido un factor de continuidad al conflicto. Las cuales se han manifestado entre 1920-1936 en importantes movilizaciones campesinas, que se volverían a encontrar en el centro de la Violencia de 1940-1950. Para el período correspondiente a los años de 1960 a 1975 se darían nuevas movilizaciones, a la par que nacerían los movimientos guerrilleros, que como las FARC construiría en 1964 su programa en referencia a las injusticias propias de las estructuras agrarias (Pécaut, 2015, pág. 3). Alfredo Molano (2015), señala que la Ley 200 de 1936 emitida por el gobierno de Alfonso López Pumarejo, ha sido el eje sobre el cual han girado los conflictos agrarios, sobre los que “(…) echaría raíces la lucha armada.”, en dicha ley queda reconocida la función social de la tierra. La debilidad de la reforma agraria correría pareja con el fortalecimiento de organizaciones campesinas, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC- y de los movimientos armados. De ahí en adelante las normativas concernientes al tema agrario consistirían en un desmonte de los avances consignados en la Ley 200. Para la década de los 80s además de los cambios producidos a nivel socio cultural y económico, se transformarían profundamente las dinámicas de la guerra a partir del surgimiento del paramilitarismo y de la inserción de la economía del narcotráfico a las lógicas del conflicto, permitiendo el fortalecimiento de guerrillas y paramilitares. La economía del narcotráfico entraría a sumarse al complejo

problema agrario, en razón de la adquisición de enormes extensiones de tierras por los narcotraficantes. La economía del narcotráfico además: (…) Le dio organicidad y potenció las llamadas violencias urbanas, juveniles, delincuenciales, comunes y vecinales, anudando milicias y bandas a sus estrategias de distribución y mercadeo de estupefacientes, así como a las guerras privadas en contra de una gama muy amplia de enemigos

y

contradictores;

y,

al

mismo

tiempo,

produjo

efectos

desorganizadores y dislocadores en algunos sectores de la burocracia estatal de las diversas ramas del poder público, de las fuerzas de seguridad y de ciertos actores de la política partidista, (…) (Uribe de Hincapié, 1998, pág. 26) En cuanto al surgimiento del fenómeno del paramilitarismo varios autores consideran que la hipótesis de que este es una respuesta ‘natural’ a las acciones de la guerrilla contra las élites rurales, como el secuestro, no es suficiente para explicarlo. Tanto Alfredo Molano (2015) como Javier Giraldo (2015) señalan, a partir de evidencia documental, que el paramilitarismo es expresión de una estrategia

contra

insurgente;

coincidiendo

en

establecer

el

origen

del

paramilitarismo en 1962 a partir de la Misión Yarborough realizada por oficiales norteamericanos, quienes recomendaban la creación de grupos mixtos de civiles y militares para los casos en que la seguridad nacional así lo requiriese (Giraldo, 2015, pág. 37). Desde entonces el paramilitarismo ha contado con el respaldo de Estado de manera legal hasta 1989 y desde 1994 a 1999 se configuró bajo una

nueva figura legal por medio de Cooperativas de Seguridad, más conocidas como CONVIVIR. Por otro lado la precariedad de las instituciones y la debilidad del sistema democrático, que a lo largo de la historia ha tenido expresiones autoritarias, el régimen político se ha caracterizado por ser excluyente y por desarrollar pactos por medio de los cuales se garantizaba la permanencia y alternancia de los partidos políticos tradicionales en el poder, cerrando las puertas a que fuerzas disidentes u opositoras participasen en la escena pública (GMH, 2013, pág. 22). Un ejemplo de lo anterior fue el Frente Nacional, el cual fue un pacto entre los partidos tradicionales, por medio del cual se pretendía pasar la página de la Violencia partidista de los 40s y los efectos del Golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla de 1953. Con la formula del Frente Nacional las élites políticas se endosaban el reparto milimetrico del botín burocrático y donde el sistema polítco entra a ser conformado por un formato de redes clientelares locales (Molano Bravo, 2015). Entre los aspectos a resaltar del Frente Nacional está el hecho de que este contribuyó a la pacificación de las hostilidades entre liberales y conservadores, que en contrapartida “(…) se cuidan de evocar su responsabilidad en la tragedia de la Violencia y su reconciliación produce la sensación de que se trata de un pacto de olvido. (…)” (Pécaut, 2015, pág. 18) En este sentido Eduardo Pizarro Leóngomez (2015, pág. 62) en su relatoría del informe Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia,

haciendo refencia al ensayo presentado por Jorge Giraldo13, indica que la precariedad del Estado reside en tres elementos, que son; la eficacia para la obtención de recursos necesarios, el tamaño y la calidad del fuerza pública y la integración efectiva del territorio. La debilidad en estos tres elementos ha toma forma en las distintas modalidades de violencia, donde la comibinación de las armas y las urnas ha permitido la instrumentalización de la democracia por parte de los actores armados. Por ello no es extraño encontrarnos con fenómenos como la parapolítica, el cual ha consistido en: “(…) el matrimonio entre las élites políticas regionales con los grupos paramilitares (…)”, como expresión de los sectores de derecha; así como la tesis de la combinación de todas las formas de lucha, por parte de los sectores de izquierda (2015, pág. 58). De igual modo la guerra ha sido un: “(…) recurso para impedir la democracia y la violencia el medio para acallar a críticos y opositores (…)” (GMH, 2013, pág. 23), siendo uno de los casos más destacados el exterminio del partido político Unión Patriótica14, cuyo politicidio se dio a la vista de todos y sin mayores impedimentos para sus perpetradores (Gutiérrez Sanín, 2015, pág. 39). Para Daniel Pécaut (2015, pág. 10) “La débil institucionalización de las relaciones sociales tiene numerosas consecuencias duraderas. (…)”, entre las que destaca el mantenimiento del orden social; del statu quo, en favor de las élites políticas y económicas tradicionales como emergentes. En tanto que para Francisco 13

Véase: Giraldo, J. (2015). Política y guerra sin compasión. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. 14 La Unión Patriótica nace producto de un proceso de paz –frustrado- entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en 1985 como una iniciativa que recoge la propuesta política legal de varios movimientos guerrilleros (ADO, dos frentes desmovilizados del ELN y las FARC). El partido comunista también haría parte de su conformación, cuyos militantes objeto de un exterminio físico y sistemático. Algunas fuentes hablan que fueron asesinados entre 2500 y 5000 militantes.

Gutiérrez (2015, pág. 10) el conflicto ha significado el menoscabado de la soberanía del Estado, reforzando a su vez grandes exclusiones sociales. Por su parte, la profesora María Teresa Uribe (1998, pág. 18), nos señala que para muchos autores la debilidad endémica de la soberanía estatal es interpretada como ausencia del Estado, ante el fracaso del consenso y de los intrumentos legales, así como su incapacidad para monopolizar el uso de las armas y de la violencia. Es por ello que la duda sobre la legitimidad de las instituciones del Estado abrió la puerta a la invocación al derecho a la rebelión, y de ahí a que se diera el surgimiento de los movimientos guerrilleros de corte marxista en la década de los 60s (Pécaut, 2015, pág. 11). El Estado ante el incumplimiento de sus deberes, como el proveer de las necesidades básicas de la población, así como la falta de garantía para el ejercicio de sus derechos civiles como políticos, permitió la gestación de la violencia insurgente que se ha legitimado en el derecho a la rebelión (Giraldo, 2015, pág. 20). A lo cual de manera crítica Javier Giraldo Moreno, quien se ha desempeñado como coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP15, puntualiza: Al arribar a los actuales diálogos de paz, es claro que ninguna de las estrategias antidemocráticas de la guerra del Estado contra su “enemigo interno" se han modificado: el Estado sigue utilizando su potencial bélico, cada vez más fuerte y poderoso, para forzar las opciones políticas de sus 15

El CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular es una institución fundada por la Compañía de Jesús, que tiene por objetivo la construcción de una sociedad más justa y equitativa, mediante la promoción del desarrollo humano integral y sostenible. Link página web: http://www.cinep.org.co/

ciudadanos en beneficio de los intereses de la élite dominante, y continúa combinando todas las formas de lucha, incluyendo el terror militar y judicial contra los más vulnerables, para aniquilar las opciones alternativas de sociedad. (Giraldo, 2015, pág. 39) En relación a las actitudes y percepciones, las cuales comprenden el componente subjetivo de los conflictos, haremos mención de los elementos que han configurado y caracterizado los imaginarios y la cultura política colombiana, y de su relación con el conflicto armado. En dicho sentido Pécaut nos dice que, Colombia, ha diferencia de otros paises de la región, se ha caracterizado por su civilismo y la precariedad simbólica nacional, rasgos que se fueron consolidando a través de la incorporación de la población a los partidos políticos tradicionales y de la adhesión de las élites al modelo económico liberal (2015, pág. 7). Los partidos políticos se conformarían como dos culturas políticas opuestas, donde el modelo de articulación de población-partido ha producido la conformación de una cultura política sectaria. Citando a María Emma Wills16, Eduardo Pizarro Leóngomez (2015, pág. 9) nos dice: (…) la particularidad de Colombia surge de un hecho clave: los partidos Liberal y Conservador se forjaron antes de la consolidación del Estado y se constituyeron en actores centrales del proceso de imaginación e inculcación de una comunidad nacional (…).

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Véase: Wills Obregón, María Emma. (2015). Los tres nudos de la guerra colombiana. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia.

La fragilidad de la soberanía del Estado, ha contribuido a la persistencia de la tentativa de ejercer la violencia hacia el contradictor, para la consecución de los propios intereses. En la soberanía reside el núcleo del poder político, a partir de la cual resulta la construcción histórica del Estado nación. Siguiendo estos planteamientos la profesora María Teresa Uribe (1998, pág. 14), nos indica que ante un estado de guerra, la soberanía queda en entredicho, ya que es una situación donde los actores tienen el poder que les da la violencia. Por lo cual esta autora considera que la soberanía ha sido puesta en vilo en razón, desde un estado de guerra indefinido en el tiempo, de la conformación en varias regiones de órdenes alternativos de facto con pretensiones soberanas (pág. 19). Lo cual nos lleva a una competencia de soberanías. Así pues, se hace innegable el revestimiento ideológico de la confrontación de las décadas de los 40s y 50s, donde la condición subjetiva se ubica en la disputa partidista y como condición objetiva, en la lucha por el acceso a la tierra. En este punto, es necesario hacer un alto, para referirnos a la influencia del contexto internacional en la configuración del conflicto interno colombiano. Las fuentes consultadas coinciden en señalar la importancia de la influencia de eventos como la revolución cubana de 1959 y la revolución en Nicaragua en 1973. De igual modo destacan la influencia y el papel preponderante de los EE.UU., ya que Colombia, se ha adherido varias estrategias de seguridad propuestas por los norteamericanos como la Doctrina de la Seguridad Nacional, elaborada por el Departamento de Estado y el Pentágono, cuyo eje es la lucha contra el ‘enemigo

interno’ y el ‘comunismo’, la cual se aplicaría en el marco de la seguridad y de la lucha anticomunismo en todo el hemisferio (Giraldo, 2015, pág. 36). En cuanto al comportamiento conflictivo, podemos ubicar las diferentes modalidades de violencia perpetradas por los distintos actores armados y de los impactos sobre la población civil no combatiente. De acuerdo al Grupo de Memoria Histórica (2013), se han identificado trece modalidades principales de victimización sobre la población civil, a saber; el desplazamiento forzado, despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento de menores de edad, tortura, homicidio en persona protegida –bien sea asesinatos selectivos o masacres-, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersona y munición sin explotar, ataques y pérdidas de bienes civiles y atentados contra los bienes públicos. Las víctimas en total suman 8.679.002 de acuerdo a los reportes del Registro Único de Víctimas17. El conflicto armado ha dejado un saldo de 267.388 muertes según el RUV reportadas hasta el 1° de mayo de 2018. En tanto que para las bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) han sido alrededor de 220.000 muertes entre 1958 a 2012, de las cuales el 81,5% corresponden a civiles y un 18,5% a combatientes. En Colombia se han reportado 1982 casos de masacres, de las cuales 1166 fueron ejecutadas por grupos paramilitares, con un saldo total de 11.751 víctimas mortales, según CNMH. Cabe destacar que las masacres han sido un mecanismo 17

El Registro Único de Víctimas, administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, fue creado en el artículo 154 de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como un mecanismo para garantizar la atención y la reparación efectiva de las víctimas. Debido a su marco legal este registro solo tiene en cuenta las víctimas a partir del 1° de enero de 1985 y excluye las muertes de combatientes durante acciones bélicas. Para mayor información consultar el siguiente link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimasruv/37394

recurrente para forzar el desplazamiento de la población civil y perpetrar el despojo de tierras. La modalidad de violencia que mayores víctimas ha producido ha sido el desplazamiento forzado con 7.379.975 reportadas en el RUV. Según las estadísticas del Centro Nacional de Memoria Histórica18 entre 1985 a 2012 se han desplazado 5.712.506 víctimas. Desde la década de los 80s se ha venido dando una intensificación de este fenómeno, por causas conexas al conflicto, donde cerca de 6 millones de colombianos y cerca de 8 millones de hectáreas de tierras han sido usurpadas por el narco paramilitarismo (Giraldo, 2015, pág. 18). El Grupo de Memoria Histórica a través de los relatos recopilados, exponen y analizan los principales daño e impacto, entre estos se identificaron: daños emocionales, psicológicos, morales, políticos y socioculturales. Esta última categoría ilustra los daños e impactos sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas. A su vez se identifican daños materiales y ambientales. Cada una de estas categorías tiene implicaciones individuales, familiares y colectivas. (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 259). La violencia produce enormes fracturas en el tejido social, al tiempo que deja huellas e impactos en los cuerpos como en la mente de las víctimas, pues: (…) la desconfianza termina por afectar también todas las relaciones sociales ordinarias: cada cual tiene razones para sentir temor de las indiscreciones de los vecinos o de la familia. La ley del silencio que se

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Para mayor información consultar: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html

instala es la manifestación de la dislocación de las solidaridades, ya que cada uno se repliega en la necesidad de sobrevivir. (…) (Pécaut, 2015, pág. 47) Si bien hasta ahora hemos hecho mención de las víctimas, es necesario tener en cuenta que en muchos casos los victimarios hacen parte de las comunidades flageladas, por lo cual su perfil social es idéntico al de sus víctimas: El perfil social de los combatientes de base de los diversos campos no es muy diferente por lo demás: se reclutan a menudo en regiones diferentes pero provienen de manera similar de los medios sociales más miserables. Algunos tienen carreras sinuosas que los han llevado a vincularse con grupos diferentes. (Pécaut, 2015, pág. 45) Como hemos visto hasta ahora los escenarios de la guerra y sus consecuencias son diversos y aun hoy en día inestimables, dado que el conflicto sigue activo. A pesar de esto, en el país han tenido lugar varios procesos de paz a lo largo de las últimas décadas, siendo la Constitución Política de 1991 producto de un nuevo pacto social a partir de la desmovilización del M-19 en 1990, a partir de la cual se instauraría un Estado Social de Derecho. Vicenç Fisas (Fisas, 2010) en un ensayo presentado en lo Quaderns de Construcció de Pau de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, realiza un repaso sobre los intentos de encuentro alrededor de una salida negociada del conflicto armado, a lo largo de las últimos años, donde presta especial atención al caso de las FARC y el ELN, en perspectiva de analizar las posibilidades de diálogo del gobierno colombiano.

A lo largo de la historia política de Colombia se pone en evidencia que como parte de la dinámica de confrontación que suponen los movimientos guerrilleros, estos han contemplado la solución política, pero la mayoría de estos intentos terminan en fracasos que pueden significar a futuro una acumulación de experiencia, que puedan servir para el establecimiento de diálogos futuros más asertivos (Fisas, 2010). Un ejemplo de ello han sido los múltiples acercamientos que precedieron al proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional firmado en 2016, entre dichos acercamientos los que más destacan realizados los durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Durante el gobierno de Pastrana, se negoció en medio del conflicto con las FARC en 1998 en tiempos del mayor recrudecimiento de la violencia guerrillera como paramilitar. En el marco de estas negociaciones se permitiría lo que se conoció como una “zona de despeje” en el sur del país, para facilitar la concentración de la guerrillerada. Producto de esto se llegó a una Agenda de 12 puntos (Agenda Común para el cambio hacia una nueva Colombia, o Agenda de La Machaca, de mayo de 1999). Estos acercamientos finalizaron no llegarían a buen puerto. En tanto que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se dieron varios momentos de acercamiento con la guerrilla de las FARC, que no se concretaron, pero que demuestran que la salida negociada era una opción sobre la mesa para la terminación del conflicto (Fisas, 2010, pág. 7). Todos estos acercamientos fueron fallidos, ya que en el transcurso de 2008, se daría la muerte del líder fundador de las FARC, Manuel Marulanda alías "Tirofijo" y personas importantes

al interior del secretariado como Raúl Reyes e Iván Ríos. Sin embargo en 2009 Alfonso Cano aún expresaba la voluntad del movimiento de dialogar, sobre una plataforma bolivariana expresada en 11 puntos. Por su parte el gobierno de Juan Manuel Santos lograría llevar a buen puerto un acuerdo de paz con esta guerrilla en 2016, donde las negociaciones se dieron sin dejar las hostilidades y por fuera del país. El caso del ELN, se venían presentando acercamientos desde los principios de los 90s entre el gobierno y el ELN, como Caracas y Tlaxcala, de igual modo el gobierno en 1999 autorizaría una zona de encuentro en el sur de Bolívar con acompañamiento internacional de países como Cuba, España, Francia, Noruega y Suiza. Sin embargo en junio del 2000, Pastrana daría por finalizados dichos intentos. En 2002 el Alto Comisionado para la Paz iniciaría nuevas rodas exploratorias con este grupo. Estos encuentros lograron ocho rondas exploratorias en Cuba, siendo en la última entre el ELN y Cuba, donde participó por primera vez el Consejo Nacional de Paz, teniendo en cuenta que la principal controversia de esta ronda giro en torno a la concentración y la localización de los miembros del ELN, lo cual fue enfáticamente rechazado por esta guerrilla., sin lograr concretar una agenda en común. Actualmente el ELN sostiene una mesa de diálogos, que inició bajo las mismas condiciones del proceso de negociación con las FARC; en medio del conflicto y en el extranjero. La mesa fue instalada en Ecuador, pero ha sido trasladada a Cuba. Una tendencia de estos acercamientos y tentativas de paz, es que la posibilidad de hacer la paz ha dependido de la capacidad bélica de cada actor de

propinarle golpes al enemigo para obligarle a negociar, lo que denomina María Teresa Uribe (1998) como una suerte de diplomacia armada. Al mismo tiempo estas negociaciones han servido a los distintos actores para situar un discurso y una agenda política ante la opinión pública nacional e internacional, lo que viene a ser interpretado por María Teresa como una dinámica propia de un proceso de construcción nacional. Referencias Comité Internacional de la Cruz Roja. (2008). How is the Term "Armed Conflict" defined in International Humanitarian Law? Obtenido de International Committee of the Red Cross: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf Fisas, V. (2010). El proceso de paz en Colombia. Quaderns de Construcció de Pau. Giraldo, J. (2015). Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá. Grupo de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. Gutiérrez Sanín, F. (2015). ¿Una historia simple? En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribuación al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Mitchell, C. R. (1981). The structure of international conflict. Londres: Palgrave. Molano Bravo, A. (2015). Fragmentos de la historia del conflicto armado (19202010). En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Pécaut, D. (2015). Un conflicto armado al servicio de status quo social y político. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Pizarro Leóngomez, E. (2015). Relatoría: una lectura múltiple y pluralista de la historia. En C. H. Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia.

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