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Clase Nº 4 La presente clase ha sido elaborada por María Gabriela Merlinsky exclusivamente para ser dictada en el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), en la Clase 4: “Conflictos ambientales y territorio’’ del curso: “Ecología política en el capitalismo contemporáneo”, Junio de 2009. Av. Corrientes 1543 (C1042AAB), Ciudad de Buenos Aires, Argentina Informes: (54-11) 5077-8024 [email protected]

Cómo citar: Merlinsky, María Gabriela: ‘’Conflictos ambientales y territorio‘’ [CLASE], en el curso:

“Ecología

política

en

el

capitalismo

contemporáneo”.

(Programa

Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires, Junio 2009).

Conflictos ambientales y territorio

María Gabriela Merlinsky 1 INTRODUCCION La irrupción de la naturaleza en el campo de las ciencias sociales constituye uno de los fenómenos más destacables de la cultura de nuestro tiempo. A partir del creciente cuestionamiento al pilar del pensamiento moderno europeo, representado por el par dicotómico naturaleza-cultura, en los últimos años se han ampliado progresivamente las fronteras del debate público, la investigación social y la acción

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Investigadora del Instituto de Investigaciones “Gino Germani”. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.

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política en torno a la resignificación y la inscripción de la naturaleza en la vida social. Asimismo, han surgido nuevas formas de cooperación entre disciplinas intentando dar respuesta a las nuevas preguntas que nos reclama nuestra época. Como ha señalado Harvey, la expansión del capital entraña un proceso de acumulación por desposesión: esto lleva consigo un constante deterioro social y ambiental, un aumento creciente de la tasa de explotación de los recursos naturales y todo ello se expresa en una crisis ambiental. Esta crisis ambiental es inédita, ya que en virtud de su carácter global, afecta a todas las sociedades del planeta; y porque se ha venido gestando con intensidad creciente en los últimos doscientos años. En el último medio siglo, da muestras de haberse transformando en una crisis eco-ambiental, pues se ha constatado el debilitamiento de procesos ambientales que no pueden simplemente ser sustituidos por otros. Asimismo, esta crisis hace más visible la estrecha vinculación existente entre las relaciones que los seres humanos establecen entre sí en la producción de sus condiciones de vida, y las que como especie establecen con el conjunto del mundo natural. Se inaugura así, una nueva época en que lo ambiental no puede reducirse a un problema demográfico, tecnológico, o meramente económico, para dar paso a una visión de creciente complejidad, que nos demanda nuevas formas de colaboración e interacción entre las ciencias humanas y las naturales. Desde las ciencias sociales aún estamos poco equipados teórica y científicamente para dar ese gran salto, sin embargo, no cabe duda de que nos corresponde hacerlo. La comprensión de las implicancias de la crisis ecológica (escasez de recursos) y de la crisis ambiental (escasez de depósitos "contaminables"), se relaciona con los sistemas institucionales, de poder y de distribución de bienes, en tanto las consecuencias ecológicas de la forma en que la población utiliza los recursos de la tierra están asociadas con el patrón de relaciones entre los propios seres humanos. En esos términos las preguntas se multiplican y reclaman ir más a fondo en el análisis de las formas de apropiación social de la naturaleza, las diferencias de poder en el acceso a los recursos naturales, los sistemas institucionales que regulan al disponibilidad, aprovechamiento y conservación de los mismos, el problema de la gobernabilidad de regiones (tales como las cuencas) que están delimitadas por razones naturales, la creciente politización del cuestión ambiental considerada como asunto público, entre otros tantos temas. Es importante destacar, sin embargo, que la emergencia de la cuestión ambiental como asunto socialmente problematizado no se manifiesta de una sola manera y adquiere significados muy diferentes en cada cultura, en cada región, en cada país y en función de las diferentes posiciones, disposiciones e intereses de los actores sociales que participan en la definición de la cuestión ambiental. En Argentina, la historia de esta relación no va más allá de un par de décadas y ha ganado visibilidad social en el espacio público en un período aún más reciente.

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En esta presentación voy a sostener que los conflictos ambientales juegan un papel fundamental en la problematización de la cuestión ambiental y en la selección social del riesgo en diferentes sociedades. Así, el proceso de construcción social y política de la cuestión ambiental no es espontáneo, sigue los pasos de la historia ambiental de cada región y es consecuencia de la dinámica social de los conflictos por la apropiación de los recursos de la naturaleza en diferentes espacios geográficos. Todo ello da lugar a diferentes formas de inscripción territorial de los conflictos y a un proceso en que los actores sociales valorizan los bienes de la naturaleza que pasan a ser considerados como bienes públicos. En el desarrollo del tema buscaré acercar algunas reflexiones elaboradas a partir de mi investigación sobre dos conflictos ambientales de singular repercusión pública en Argentina: el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay y el conflicto por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Si bien no abordaré específicamente el análisis de dichos conflictos, buscaré exponer el andamiaje teórico y conceptual que he desarrollado para abordar el estudio de estos casos. Espero someter algunas de las categorías analíticas empleadas en la investigación a la crítica y el exámen de todos ustedes y asimismo, proponerles una reflexión con respecto a su aplicación en otros estudios de caso. Un ejercicio comparativo, incorporando nuevos casos, permitiría refinar las categorías, agregar otras nuevas en un ejercicio de investigación que considero que aún no ha finalizado. Antes de avanzar en la exposición quiero destacar la enorme productividad del análisis del conflicto para la investigación social. Los análisis más penetrantes de las ciencias sociales permiten ver al conflicto como el modo concreto en que se produce la sociabilidad en la que estamos insertos (Mouffe, 1996) o como un elemento constitutivo ineludible de las relaciones sociales (Simmel, 1939; Marx y Engels, 1974). Así, explorar la constitución de conflictos que ponen en cuestión un nuevo orden de problemas transformándolos en asuntos públicos permite rastrear -a partir del análisis de un campo social concreto- la forma en que los actores sociales piensan sus ámbitos cotidianos de vida. Por lo tanto, es importante decir que los conflictos ambientales son momentos de socialización y, en tanto tales, representan puntos de inflexión en la comprensión material y simbólica de la cuestión ambiental. En mis recientes investigaciones he querido abordar el conflicto de una manera empírica buscando ubicarlo en el marco de ciertas condiciones históricosociales concretas y no únicamente en función de condiciones sociales abstractas, ideales o imaginadas. Antonio Azuela ha señalado que la tecnología existente para la “mediación de los conflictos” (que no es más que un emergente de la creciente multiplicación e “ingobernabilidad” de los mismos) genera la imagen de que “algo debe hacerse con ellos”, de modo que se construye una visión orientada por la necesidad de hacer una intervención. “El punto crítico no es la preocupación por solucionar las diferencias de intereses y posiciones, sino que en la persecución de esta meta se pierden de vista aspectos y dimensiones altamente significativas y sustanciales” (…) “Cuando de lo que se trata es de intervenir, se tienen que poner entre paréntesis al menos algunas de las condiciones del propio conflicto, y muchas veces en dichas condiciones está la clave de su comprensión”(Azuela y Mussetta, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 3

2008: 14-15). Tomando en serio esta advertencia, les propongo que nos situemos en la tradición de las ciencias sociales que valora la potencialidad del análisis del conflicto para la exploración de las dimensiones más significativas del proceso de formación y transformación del orden social. Los conflictos ambientales son, en esencia conflictos territoriales distributivos y políticos que generan tensiones en las líneas de desarrollo histórico de cada comunidad o región y ponen en cuestión los mecanismos de expropiación y apropiación de los recursos naturales. En esos conflictos no están en disputa sólo los impactos ambientales, sino también los impactos económicos, sociales y culturales, por esa misma razón, estas disputas generan una fuerte colisión entre el espacio económico y el espacio vital (Sabattini, 1997). Los conflictos ambientales dan lugar a la formación de nuevos actores colectivos que expresan sus demandas durante el proceso contencioso y que, a partir de desarrollar saberes “contra-expertos”, empujan hacia el reposicionamiento de otros actores sociales que participan en la controversia. Los actores colectivos que surgen junto al conflicto se movilizan en defensa de un espacio vital y en oposición a lo que considera una amenaza a la estructuración de dicho espacio. En la trayectoria de confrontación se redefine y resignifica el lugar del territorio como ámbito político: en ese proceso de construcción social se atribuye valor ambiental a un sub-ensamble espacial y de ese modo se territorializa el conflicto (Melé, 2006). Por lo tanto, en mi definición del conflicto ambiental la consideración del territorio como ámbito social cargado de valor es muy importante ya que una mirada centrada en las disputas territoriales tomando en perspectiva la historia ambiental permite entender que es lo que está en juego en cada caso. Asimismo, es importante adelantar que los conflictos ambientales además operan en mútliples escalas lo que implica escenarios de deliberación diferentes: locales, regionales, metropolitanos, nacionales, globales, transnacionales, etc. Cuando los conflictos ambientales logran traspasar las arenas locales y proyectarse hacia las arenas de debate nacional es cuando empiezan a tener consecuencias en términos de la construcción social y política del medio ambiente, es decir en términos de generar debates públicos de alcance nacional, dando lugar a momentos de inflexión institucional. En consecuencia, siguiendo las líneas que ya han quedado esbozadas, cuatro serán los ejes de mi exposición: en primer lugar, reflexionando junto con otros autores, me quiero concentrar en un repaso de las principales razones que expican la reciente ebullición de la conflictividad ambiental en América Latina; en segundo lugar, a partir de un ejercicio comparativo que espero que ustedes completen, buscaré dar cuenta de las principales características de los conflictos ambientales tal como aparecen enunciadas en diferentes investigaciones; en una tercera instancia avanzaremos en una definición de la inscripción territorial de los conflictos ambientales, acercando categorías analíticas que se concentran en el análisis espacialidad de la producción social del espacio; finalemente, quiero entrar en un campo más politológico referido al papel de los conflictos ambientales en la conformación de arenas públicas de deliberación sobre el medio ambiente. Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 4

ACERCA DE LA MULTIPLICACIÓN DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EN ARGENTINA Como fue señalado en la introducción, la perspectiva que quiero introducir en esta exposición se aleja diametralmente de la mirada que ve a los conflictos como episodios excepcionalmente dramáticos que será necesario evitar, prevenir o desactivar lo más rápidamente posible. Los conflictos son verdaderos medios de expresión y de toma de la palabra, una modalidad de intercambio entre los actores, una manera de confrontar discursos y también una forma de inscripción de las prácticas sociales en la esfera pública. El hecho de que la dinámica de los conflictos ambientales apunte a la larga duración 2indica que estamos frente a un fenómeno complejo, ligado a procesos sociales de mayor alcance, estrechamente asociados con la producción y transformación del orden social. La primera pregunta que varios autores se han planteado se refiere a los motivos que explican la multiplicación de los conflictos ambientales tanto en América Latina como en otras regiones del planeta. Una primera respuesta que podemos esbozar, desde una mirada global, se refiere a la multiplicación de situaciones de incertidumbre con respecto a las consecuencias del desarrollo industrial, el malestar en torno a la multiplicación y globalización de los riesgos y - en términos generales-, el reconocimiento social de la cara oscura de la modernizacion civilizatoria. “El tipo de civilización con el que nos enfrentamos ha llegado a un punto en el que sufre los frutos envenenados y los resultados no esperados y no deseables de, fundamentalmente, los procesos de invención técnica y la globalización económica. (Sádaba Rodríguez, 2002:5). En “Agir dans un monde incertain”, Callon, Lascoumes y Barthe han desarrollado un sugerente análisis de la forma en que se vincula la percepción de incertidumbre con la emergencia de conflictos ambientales (controversias sociotécnicas, en la definición de los autores), así, los investigadores plantean como punto de partida la distinción entre los conceptos de riesgo e incertidumbre. En las últimas décadas el desarrollo mismo de la ciencia y de la técnica ha ido generando la convicción de que existen campos de aplicación cuyos escenarios de riesgo no pueden anticiparse con claridad. Las consecuencias de las decisiones que son susceptibles de tomarse no pueden ser anticipadas: las opciones descriptibles no son conocidas de manera suficientemente precisa, el análisis de la constitución de mundos posibles se nutre de nociones muy ambiguas y los comportamientos e interacciones de las entidades que las componen devienen enigmáticas. Si las Este es un punto destacado por varias investigaciones que analizan conflictos ambientales. Ver por ejemplo: Santandreu y Gudynas (1998). Los autores señalan que los conflictos ambientales finalizan mediante una negociación entre las partes, por un acuerdo forzado por un tercero (por ejemplo el Estado) o una resolución judicial. Pocas veces terminan disolviéndose porque una de las partes abandone el conflicto. Asimismo, Francisco Sabattini (luego de revisar de una gran cantidad de investigaciones sobre conflictos ambientales en la región) señala que habitualmente los conflictos ambientales pasan por una etapa inicial de judicialización, continúan en un escenario de negociación informal. En muy pocos casos, la salida del conflicto es democrática en el sentido de inaugurar una mesa de negociación formal. (Sabattini, 1997:79).

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condiciones requeridas para definir escenarios de riesgo no se reúnen, en estos casos se puede hablar de incertidumbre. En contextos de incertidumbre, los actores sociales que pueden verse afectados por las decisiones que se van a tomar irrumpen en el debate sobre “escenarios futuros” o “estados del mundo posibles” y con su intervención amplían el campo de las decisiones técnicas, para transformarlas en cuestiones políticas. El debate en torno a las consecuencias futuras de emprendimientos productivos, proyectos de infraestructura, instalaciones peligrosas (como las plantas nucleares), innovaciones tecnológicas relacionadas con la salud (medicamentos, alimentos), proyectos de transporte que modifican los usos del suelo, etc. plantea situaciones de naturaleza conflictiva, forzando una “reconfiguración social” mediante la cuál los “legos” consiguen entrar en el campo de debate. Los conflictos cumplen así el papel de extender la discusión sobre “estados de mundos posibles” al tiempo que amplían la exploración de argumentos, tomando en cuenta una pluralidad de puntos de vista, demandas y posibles respuestas. Se constituyen así, en “dispositivos de exploración y de aprendizaje colectivo” (Callon, et al., 2001: 50). Una segunda respuesta a la pregunta, puede rastrearse en la revisión de la literatura sobre conflictos ambientales en América Latina (Lopez, et.al, 2004; Sabatini, 1997; Alonso y Costa, 2002; Fuks, 1996; Pacheco, et al. 1992). Estos trabajos analizan la emergencia y multiplicación de conflictos ambientales, situándolos en el marco de procesos sociales e históricos específicos ligados a las características propias de nuestras sociedades. Uno de los más agudos observadores y analistas de estos conflictos, Francisco Sabattini, ha señalado cuatro factores que explican la multiplicación de los conflictos ambientales en nuestra región: la expansión exportadora de los recursos naturales, las tendencias a la renovación de la urbanización, un aumento en la conciencia ambiental y la consolidación de las libertades democráticas (Sabattini, 1997). 3 En referencia a la expansión exportadora de los recursos naturales, este es un tema central de debate en la región. La cuestión aquí es la creciente concentración de servicios avanzados, actividades financieras y funciones de comando y control en los países centrales a expensas de una creciente “reprimarización” de las economías latinoamericanas que se ubican en el rol de proveedoras de recursos naturales y energía. Durante la década del 90, la incorporación de los países latinoamericanos a un proceso de apertura indiscriminada de sus mercados, con la consiguiente pérdida del poder contrabalanceador del Estado en el proceso de desarrollo han tenido como consecuencia no sólo la elevación de las tasas de desempleo y el 3 En el trabajo de Lopez et.al. se señalan cinco factores que explican el proceso de “ambientalización de la cuestión social”, que es considerada una nueva cuestión social y una nueva cuestión pública: el crecimiento de la importancia de la esfera institucional del medio ambiente entre los años 70 y el final del siglo XX; los conflictos sociales en el nivel local y sus efectos en la interiorización de nuevas prácticas; la educación ambiental como nuevo código de conducta individual y colectiva; la cuestión de la participación; finalmente, la cuestión ambiental como nueva fuente de legitimidad y de argumentación en los conflictos. (Lopes, J. (coordinador); Antenaz, D. Prado, R.; Solva, G. (editoras) (2004); A ambientalizaçao dos conflitos sociais. Río de Janeiro; Relume Dumará: Núcleo de Antropología da política/UFRJ. Págs. 19 a 20).

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aumento de la pobreza, sino también una pérdida del control social en el manejo de los recursos naturales (agravada en algunos casos por la privatización de recursos esenciales). Es importante considerar además, que la consiguiente disminución del poder fiscalizador del Estado tiene implicancias críticas en razón de las mayores presiones ambientales originadas en el traslado de actividades contaminantes desde los países centrales a los periféricos. Las consecuencias de esos procesos se hicieron visibles iniciado el presente milenio y en la actualidad asistimos a una multiplicación de los conflictos generados por actividades extractivas (actividades mineras), uso de recursos naturales (usos alternativos y múltiples del agua, conflictos por explotaciones petroleras y gasíferas), reclamos por afectación de la biodiversidad de los ecosistemas (lo que significa la pérdida de la base natural de comunidades agrarias o étnicas), conflictos en torno a la deforestación y destrucción de bosques nativos y disputas en torno a la expansión de la frontera agropecuaria (apropiación para usos mercantiles de tierras anteriormente utilizadas por comunidades campesinas o indígenas). (Alimonda, 2005; Vacaflores y Lizárraga, 2005; Castro Soto, 2005; ). Con respecto a las tendencias a la renovación de la urbanización y su impacto en la multiplicación de los conflictos ambientales, es importante resaltar que la crisis de la planificación urbana (crisis de los códigos de planificación urbana, en tanto mecanismo de segregación urbana) ha dado lugar a la emergencia de un urbanismo flexible que deja abierto un espacio de negociación entre la autoridad territorial y los inversionistas y agentes de desarrollo urbano. Esto permite a quienes ocupan los barrios y áreas consolidadas de las ciudades, exportar hacia el exterior de ellas (o hacia áreas segregadas) las externalidades negativas, tanto ambientales, funcionales, como sociales. (Sabattini, 1997). Este proceso ha dado lugar a situaciones de degradación ambiental que se fueron intensificando junto con la expansión urbana no planificada. Los conflictos ambientales urbanos expresan el descontento y movilización de grupos de ciudadanos que no aceptan una distribución de externalidades basada exclusivamente en la lógica de la renta urbana. Conflictos como la resistencia a la instalación de nuevos rellenos sanitarios, las manifestaciones reclamando el cierre de otros que están colapsados, las demandas por la expansión de los servicios de agua potable e infraestructura o la resistencia al peligro tóxico derivado de la convivencia de asentamientos urbanos con áreas de riesgo tecnológico, son evidencias más que palpables del impacto de la “crisis de la planificación urbana” en la emergencia y multiplicación de conflictos ambientales. En relación a la incidencia del aumento de la conciencia ambiental en la emergencia de conflictos ambientales, hay múltiples miradas y una más que interesante discusión con respecto a las diferentes formas que asumen “los ambientalismos” en América Latina y en referencia a la cuestión del signo valorativo que los impulsa (Gudynas, 1992; Ferreira, 1999; Viola, 1987; Leis y Amato, 1995). Aún cuando no hay una respuesta cierta a la cuestión de si los conflictos ambientales alientan una cosmovisión diferente de la relación sociedad-naturaleza o se trata de conflictos sociales policlasistas que asumen un argumento ambiental Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 7

(Azuela y Mussetta, 2008), lo importante es resaltar que los “argumentos ambientales” han pasado a formar parte de los esquemas de percepción, pensamiento y acción en las sociedades contemporáneas en América Latina. Este es un cambio ocurrido en los últimos veinte o treinta años (según los países que analicemos) que vino junto con la consolidación de un movimiento social que incorpora crecientemente la dimensión ambiental en su escala de acción, organización y demanda. Finalmente, un elemento que explica la emergencia y multiplicación de conflictos ambientales en América Latina, se refiere a las transformaciones en la sociedad civil, especialmente en lo que hace a su recomposición a partir del efecto combinado de experiencias autoritarias militares y civiles, transiciones inacabadas de democratización política y reformas económicas neo-liberales. La sociedad civil que emerge de esos procesos, tiene una relación paradojal con la democracia: por un lado otorga un respaldo casi sin precedentes a este sistema de gobierno –como fruto de un aprendizaje doloroso- por el otro, plantea una creciente insatisfacción con el carácter marcadamente instrumental de las democracias latinoamericanas, lo que se expresa en un gran distanciamiento de la política formal. Esto ha dado lugar a la emergencia de movimientos ciudadanos que expresan el conflicto (para nuestro caso el conflicto ambiental) como un intento de redefinir derechos de matriz ciudadana. 4 Es importante destacar que, aún cuando estos conflictos tienen un fuerte contenido re-democratizador (especialmente en su relación con los usos del territorio), cuando se expresan el espacio público, -esta es una constatación de no pocas investigaciones- se obturan los mecanismos institucionales que permitirían avanzar en modelos más inclusivos de participación ciudadana. En Argentina, las recientes investigaciones que abordan la conflictividad ambiental lo hacen a través del estudio de los “conflictos ecológicos distributivos” (Pengue, 2008), las disputas en torno a los recursos naturales (Giarraca, 2006) o los movimientos socioambientales (Svampa, 2008). La reciente compilación de trabajos realizada por Walter Pengue, asigna una relevancia central a los conflictos ecológico distributivos generados por la creciente concentración de la propiedad de la tierra, la agriculturización de las Pampas y su especialización en el cultivo de oleaginosas, modelo que se ha extendido incluso fuera de la región pampeana (Pengue, 2008:47). Asimismo se señala una lista adicional de problemas portadores de conflictos ecológicos distributivos en Argentina: la deforestación, la degradación y erosión, la pérdida de biodiversidad, los Un reciente estudio comparativo sobre movimientos sociales, sociedad civil y democracia en cinco países del Cono Sur arribó a las siguientes conclusiones: (a) han emergido "nuevos" actores políticos en las últimas décadas, como ambientalistas, mujeres, indígenas o vecinos de la periferia urbana popular; (b) han surgido nuevos espacios de acción política centrados en temas que movilizan a distintas clases sociales, como el medio ambiente, la exclusión territorial y las discriminaciones de género y raza; (c) se ha iniciado la construcción de una nueva cultura centrada en los derechos de los ciudadanos y en la participación, en reemplazo de la matriz discursiva asociada a propuestas de transformación social de tiempo atrás; (d) se han abierto camino nuevos estilos de hacer alianzas políticas en torno a la búsqueda de resultados concretos, aun cruzando diferencias ideológicas; y (e) se han afirmado, como valores de los nuevos actores sociales, la autonomía frente al Estado y los partidos políticos. Albuquerque, M. (2004). "Movimientos sociales y sociedad civil en la construcción de la democracia en los países del Cono Sur". Albuquerque, M. (ed.), La construcción democrática desde abajo en el Cono Sur. Sao Paulo: Instituto Polis. 4

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problemas de contaminación de los acuíferos, el acceso a fuentes de agua y su utilización, la sobreexplotación de los recursos forestales y la pesca, la contaminación agroquímica y la contaminación y depredación provocada por las minas a cielo abierto. (Pengue, 2008:48-49). Por su parte, Giarraca afirma que las protestas de los indígenas por la tierra, el rechazo a las minas, a las empresas papeleras o petroleras, tienen en común que se trata de disputas en donde están en juego los bienes naturales que son los grandes generadores de riqueza junto con el trabajo y las tecnologías adecuadas. Asimismo, según la autora se trata de disputas entre los actores sociales y el gran capital prácticamente sin (o con débiles) mediaciones estatales. Por su parte, remarca la composición multisectorial de estas protestas. Los actores son múltiples: indígenas, sectores medios profesionales, amas de casa, desocupados, etc, Esto explicaría la diversidad de formato de acciones. (Giarraca, 2006). Los recientes trabajos de Maristella Svampa, han identificado seis características comunes de los movimientos socioambientales que hoy se multiplican en América Latina: la territorialidad, como forma de potenciación de un lenguaje de valoración divergente enfrentado a la lógica económica extractiva; la acción directa, que implica el uso de medidas de presión directa combinadas con demandas legales e incluso la utilización de mecanismos constitucionales (plebiscitos); la democracia asamblearia, que implica la formación de espacios políticos horizontales encargados de proponer un saber contraexperto; la demanda de autonomía, que se observa en la formación de organizaciones auto-convocadas sin lazos explícitos con el sistema político, el carácter intersectorial de su composición que incluye diferentes clases sociales, grupos profesionales, diversidad de filiaciones culturales y étnicas y, finalmente, la multiescalaridad, pues en los conflictos en torno a la implantación de economías de enclave se genera un cruce de actores que operan en diferentes escalas. (Svampa, 2008:100). La autora sostiene que la potenciación de lenguajes de valoración divergentes acerca del territorio es más visible y explícita en pequeñas localidades y en el caso de los conflictos protagonizados por comunidades campesinas e indígenas. En estos conflictos, el vínculo más estrecho con el paisaje, la tierra y un conocimiento del entorno natural permiten construir mediaciones en torno a la idea de “comunidad de vida y territorio” que se expresan en lenguajes de valoración territorial. (Svampa, 2008:99). HACIA UNA CARACTERIZACION DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES Los conflictos ambientales movilizan una gran variedad de actores que articulan demandas sociales, económicas y políticas que, asimismo, pueden variar en función de la naturaleza de los problemas, involucrando diferentes pertenencias de clase, territoriales, culturales, en distintas configuraciones contenciosas. Es importante tomar considerar un conjunto de aspectos estructurales, grupales e individuales que condicionan la acción. Así es posible dar cuenta de conflictos de intereses, conflictos en torno a dimensiones culturales o estilos de vida. (Pacheco, et Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 9

al., 1992:48). El foco analítico, entonces, se vuelve hacia la esfera pública, simultáneamente arena de conflicto y negociación entre actores. Por lo tanto, los conflictos ambientales incluyen tres componentes centrales: acción (actores involucrados), determinación (procesos estructurales) y mediaciones (políticas y culturales) (Pacheco, et al.,1992:49). En consecuencia, se los puede considerar en su naturaleza socio-ambiental y en la literatura hay varios autores que proponen esta definición, que es la que se toma en cuenta aquí, sin embargo, me ha parecido redundante la distinción porque, efectivamente, todo conflicto que involucra actores sociales es inherentemente social. A continuación, quiero esbozar una lista no exhaustiva de las principales características de los conflictos ambientales, a partir de una revisión de diferentes experiencias en América Latina. A) Los conflictos ambientales ponen en juego sistemas de valoración diferentes en relación a los bienes naturales y al tipo de relación que se quiere establecer con ellos. En las controversias en torno a la extracción o transporte de materias primas, por las consecuencias de la contaminación o por la instalación de nuevas actividades en el territorio se ponen en juego diferentes lenguajes de valoración. Habitualmente las empresas – y en algunos casos los gobiernos- que promueven los proyectos utilizan un lenguaje económico que se refiere a un análisis costo-beneficio con todas las externalidades traducidas a dinero, y a partir de una evaluación de impacto ambiental, que permitirá decidir la viabilidad del proyecto. Sin embargo, los afectados, aunque entienden el lenguaje económico y aunque piensen que es mejor recibir alguna compensación económica que ninguna, acuden a otros lenguajes que están disponibles en sus culturas. (Martinez Alier, 2004:16). “¿Vale argumentar en términos de la subsistencia, salud y bienestar humanos directamente, o hay que traducirlos a dinero? ¿Qué valor tiene el valor estético de un paisaje, no traducido en dinero sino por sí mismo? ¿Cuánto vale la vida humana, no en dinero sino en sí misma? Son preguntas que nacen de la observación y participación en conflictos ambientales en diversos lugares del mundo” (Martinez Alier, 2004:17). B) En los conflictos ambientales se combinan de múltiples maneras las dimensiones cognitivas y de intereses. (Alonso y Costa, 2002; Pacheco, et.al., 1992). Así como hay que tomar en cuenta los componentes culturales y lenguajes de valoración, asimismo es necesario trazar una línea que conecta a los conflictos ambientales con las relaciones de fuerza predominantes en cada territorio. Estos conflictos suelen reabrir “capítulos” de las conflictivas dinámicas históricas de la constitución de las sociedades. Sin embargo, lo que está en juego “en términos de intereses” no puede ser analizado exclusivamente con las herramientas analíticas existentes para analizar los conflictos entre capital y trabajo (Fuks, 1996; Giuvant, 1998). En los conflictos ambientales, el medio-ambiente es el catalizador de una disputa que puede tener focos-objetos tan importantes como: la discusión sobre formas de propiedad de la tierra y los usos del suelo urbano, la contradicción entre diferentes sistemas de producción en una región, la resistencia a formas de gobierno centralistas del Estado nacional, la cuestión de los derechos de pueblos originarios, los significados religiosos y culturales asignados al territorio, etc. Por lo tanto, si Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 10

bien hay un conflicto ambiental cuándo un conjunto de actores sociales plantean una demanda que se inscribe en el terreno político y en la que está en juego la apropiación social de bienes de la naturaleza, ese reclamo, habitualmente está mediado o articulado con otras demandas sociales y económicas. C) La dinámica de los conflictos ambientales da lugar a la formación de espacios públicos intermedios o arenas públicas del conflicto. Aquí se producen transformaciones en las formas de deliberación pública en las que los conflictos son socialmente procesados. Considerando el ámbito local, regional, nacional y trasnacional o global, puede ocurrir que unos sentidos asignados al conflicto predominen sobre otros según la escala de análisis que abordemos y la forma en que los actores estén expresándose como sujetos políticos en ese nivel. En cada escala puede variar el peso que pueda tener uno u otro actor dentro de las diferentes alianzas (regionales y globales) y según la dinámica que vaya adquiriendo la protesta a lo largo del tiempo. (Arach, 2002; Brossius, 1999). D) Los conflictos ambientales desafían los arreglos pre-existentes entre diferentes niveles de gobierno. Esto ha sido muy bien analizado en la literatura mexicana, donde se ha podido mostrar, a partir del análisis comparativo de varios conflictos ambientales, que éstos producen importantes erosiones en los modos de relacionamiento entre niveles de poder (federal, estadual/provincial, municipal) y que, en no pocas ocasiones las resistencias locales a nuevas instalaciones, proyectos, e inversiones que implican algún tipo de impacto ambiental, tienen una dimensión de oposición al gobierno federal. (Melé, 2006:291). Por otra parte, desde hace bastante tiempo la investigación sobre políticas públicas y gobiernos locales ha demostrado que estos últimos son el punto más débil en los acuerdos entre diferentes jurisdicciones, de este modo, el gobierno municipal, suele ser una importante caja de resonancia del conflicto. E) En los conflictos ambientales se modifican las representaciones mediante las cuales las comunidades locales construyen su relación con el territorio, de este modo se ponen en contradicción el “espacio de representación” (prácticas espaciales asociadas a la experiencia de la vida cotidiana y la memoria colectiva) con la “representación del espacio” (procesos de comodificación y burocratización de la vida cotidiana, que colonizan un espacio concreto sedimentado) (Lefebvre, 1991). Patrice Melé propone, asimismo, analizar las situaciones de conflicto como “momentos de territorialización”: para poder preservar el espacio y transformarlo en objeto de negociación el “cuadro de vida” debe ser objeto de una definición territorial, y de una cualificación jurídica. Los discursos y procedimientos de justificación en torno a la legitimidad de las reivindicaciones movilizan visiones del territorio y ponen en cuestión las modalidades de inserción y las posiciones espaciales ocupadas por los habitantes. De ese modo, ciertas reivindicaciones reposan sobre la percepción o la construcción del riesgo y vulnerabilidad ligados a espacios particulares. (Melé, 2003: 23). F) Sin ser una característica constitutiva de los conflictos ambientales, un elemento en común identificado en varias investigaciones refiere a su amplificación a través de procesos de judicialización. En consecuencia, cuando los conflictos son Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 11

llevados al terreno del derecho, se genera un proceso de juridificación, que los resignifica. De este modo, los especialistas del derecho se vuelven un grupo más de los actores del conflicto y la cantidad de preguntas se multiplica (Azuela, 2006). Se produce así una “actualización local del derecho”, que permite ver cómo son traídas las normas jurídicas (que normalmente resultan “distantes” en el tiempo y en el espacio) a la situación concreta y la experiencia cotidiana. Esto le agrega valor heurístico a los casos bajo análisis, pues permite focalizar el análisis en la producción de reglas y de normas que construyen o transforman ordenes locales, y por lo tanto, dar un papel privilegiado en la investigación al estudio de las dimensiones espaciales y territoriales del derecho. (Melé, 2007). EL TERRITORIO COMO ESCENARIO DE MANIFESTACIÓN Y COMO ESPACIO “VALORIZADO” POR EL CONFLICTO Como ha señalado Porto Gonçalves, el conocimiento científico moderno, en tanto se pretende un saber universal y no un saber histórica y geográficamente situado tiene como marca de orígen el ocultamiento del territorio. Esconder la provincia es la primera condición para un saber que se pretende universal. Es un pensamiento que se coloca a sí mismo como saber superior en el mismo movimiento en que califica a todos los otros saberes como locales, regionales o provincianos. Se trata asimismo de un pensamiento que construye una geografía imaginaria donde las diferentes cualidades de los pueblos y culturas serán dispuestas en un continuum lineal que va de la naturaleza a la cultura, o mejor, de América y de Africa, donde están los pueblos primitivos más próximos a la naturaleza, a Europa donde está la cultura, la civilización. (Porto Gonçalves, 2002: 218) De ese modo la subordinación de la naturaleza a la cultura implica también la subestimación del significado de la naturaleza y la invisibilización de los pueblos que han constituído sus prácticas en una relación con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Las muy variadas teorías apocalípticas acerca del fin del espacio que son características del discurso de la globalización han conllevado coincidencialmente a la difusión de una gran cantidad de textos re-espacializadores. El redescubrimiento del territorio en el debate de las ciencias sociales es un punto central en la revelación del origen social conflictivo de la espacialidad, su producción y reproducción problemática. Se trata fundamentalmente de desmitificar y politizar la producción social del espacio. Hasta los años sesenta, el espacio había sido tratado como una categoría absoluta, es decir como un contenedor de paisajes y de objetos en interacción, es a partir de los trabajos de Henri Lefevbre que se empieza a consolidar una contribución original en la desmitificación de la comprensión de la espacialidad en la vida social. Debemos a él la idea según la cual el dominio sobre el espacio constituye una fuente fundamental y omnipresente del poder social sobre la vida cotidiana. Lefebvre pretendió además crear una teoría multidimensional del espacio que tomara en cuenta los aspectos físico, cognitivo y social. En esos términos, la Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 12

producción del espacio comprende tres momentos interrelacionados: 1) las prácticas espaciales, 2) las representaciones del espacio y 3) los espacios de representación. Las prácticas espaciales se refieren a las formas en que los actores sociales generan, utilizan y perciben el espacio. Las representaciones del espacio se refieren a los espacios concebidos, que están derivados de una lógica particular y de saberes técnicos y racionales. Estos saberes están vinculados con las instituciones del poder dominante y con las representaciones normalizadas generadas por una ‘lógica de visualización’ hegemónica. 5 Los espacios de representación refieren a las prácticas espaciales que están asociadas con las experiencias de la vida cotidiana y las memorias colectivas de formas de vida diferentes, más personales e íntimas. Por eso llevan también un potencial para resistir la colonización de los espacios concretos. El gran valor analítico del enfoque de Lefebvre está en pensar estas categorías como momentos interconectados en la producción del espacio. No se puede pensar el “espacio de representación” sin la “representación del espacio” y viceversa. Esta perspectiva de análisis implica considerar el territorio como una relación social mediada y moldeada en y por la materialidad del espacio: son las relaciones sociales las que construyen el territorio y las que definen su significado y función. La relación social en su intencionalidad crea una determinada lectura del espacio, que conforme al campo de fuerzas en disputa puede ser dominante o no. El territorio es el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder, de esa manera la definición de los límites de un territorio implica un proceso conflictivo. David Harvey señala como hipótesis central en sus trabajos que en las economías monetarias en general y en la sociedad capitalista en particular, el dominio simultáneo del tiempo y el espacio constituye un elemento sustancial del poder social que no podemos permitirnos pasar por alto. Así, “la capacidad de influir en la producción del espacio constituye un medio importante para acrecentar el poder social. En términos materiales, esto significa que aquellos que pueden influir en la distribución espacial de las inversiones en el transporte y las comunicaciones, en las infrestructuras físicas y sociales, o en la distribución territorial de los poderes administrativo, político y económico, a menudo pueden obtener beneficios materiales”. (Harvey, 1998: 259). Los conflictos ambientales en América Latina, en no pocas ocasiones toman la forma de un conflicto de implantación, que se desencadena a partir de la contradicción entre el avance de la denominada frontera global del capital (por la Muchas veces la representación del espacio se presenta como un “espacio legible” - por ejemplo mapas, estadísticas, etc. - de visiones y representaciones normalizadas que existen en las estructuras estatales, en la economía, y en la sociedad civil. Esta legibilidad funciona como una simplificación del espacio a una superficie transparente. De esta manera se produce una visión particular normalizada que oscurece luchas, ambigüedades, y otras formas de ver, percibir e imaginar el mundo. Asimismo, la capacidad de influir en la representación del espacio implica un reforzamiento de las relaciones de poder. Harvey utiliza un ejemplo que puede ayudarnos a aclarar este punto: “Si se logra convencer a los trabajadoresde que el espacio es un ámbito abierto al juego del capital y un terreno clausurado para ellos, esto redunda en beneficio de los capitalistas. Los trabadores, al adjudicar más poder a la movilidad del capital, se inclinarán más a ceder ante la amenaza de la huida del capital que si estuvieran convencidos de que los caspitalistas no pueden moverse” (Harvey, 1998:259). 5

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deslocalización del centro a la periferia de empresas procesadoras de recursos agrícolas y recursos naturales) y la resistencia de la población local a esos impactos. Esto genera un conflicto entre múltiples territorialidades donde se confrontan “representaciones dominantes del espacio” (como territorio a controlar y subordinar a la lógica mercantil) y los “espacios de representación” que son espacios dinámicos, delineados por formas de conocimiento local informal, que están saturados con significados, y han sido construidos y modificados en el transcurso del tiempo por los actores sociales. Desde el punto de vista de la confrontación entre el espacio global y local no se trata, siguiendo a Haesbaert (2004) de considerar tan sólo un conjunto de situaciones locales que sufren la interferencia de lo global: no es simplemente una sobreposición en escalas distintas, ni una imposición unilateral de eventos que ocurren en una escala sobre otra. Haesbaert designa el concepto de glocalización para dar cuenta de la combinación de elementos que forman una nueva dinámica donde ellos no pueden ser más reconocidos estrictamente como globales, ni locales pero sí como un amalgama cualitativamente distinta: global y local combinados al mismo tiempo como un nuevo proceso. Por lo tanto, estas nuevas estructuraciones de lo global dan cuenta de una multiterritorialidad que puede reconstruirse a partir de identificar las diferentes escalas en las que opera el conflicto. Lo importante es entender que no hay una relación lineal entre los acontecimientos y las formas en que son interpretados en una escala y en otra. Para entender la relación entre conflictos ambientales, las construcciones territoriales pre-existentes y la forma en que diferentes escalas del conflicto intervienen en la definición de nuevas formas de identificación con el espacio, los conceptos de localidad, ubicación y sentido de lugar, constituyen una herramienta analítica importante (Agnew, 1987). La localidad refiere a marcos formales e informales dentro de los cuáles están constituidas las interacciones sociales cotidianas. De esa manera se pueden identificar ciertas localidades como escenarios físicos asociados con las interacciones típicas que componen las colectividades como sistemas sociales. La ubicación refiere al espacio geográfico concreto que incluye la localidad que está afectada por procesos económicos y políticos que operan a escalas más amplias en lo regional, lo nacional y lo global. El sentido de lugar, o la estructura de sentimiento local (Raymond Williams, 1977) se refiere a la orientación subjetiva que se deriva de la experiencia de vivir en un lugar particular, respecto del cuál los individuos desarrollan sentimientos de apego a través de sus experiencias y memorias. Los tres componentes actúan como momentos fluidos cuyas interacciones se influencian y forman entre sí. En los conflictos que he analizado he observado que la dinámica contenciosa redefine el sentido de lugar articulando de diferente manera la localidad y la ubicación: en el conflicto por el saneamiento de la cuenca MatanzaRiachuelo hay una redefinición de la localidad en función de una nueva ubicación (la cuenca) ampliando de ese modo el sentido de lugar hacia una referencia geográfica que incluye el río y su ámbito continente de relaciones sociales. En el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 14

conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay, la ubicación -considerando los procesos económicos y sociales que operan a escala más amplia- constituye un objeto privilegiado de análisis, pues la “situación conflictiva” es consecuencia de un cambio de escala en la ubicación, pues el avance de la frontera global del capital pone en cuestión la forma anterior en que se construía la relación del sentido de lugar con referencia a la localidad. En tanto estos conflictos constituyen procesos abiertos, se relacionan con dinámicas de territorialización (algunos autores las denominan de reterritorialización) que permiten el anclaje de la población en su ambiente circundante a partir de una política de proximidad. Cuando se trata de movimientos sociales que se movilizan en torno a la defensa de sus territorialidades y es el espacio material y físico el que está en el centro de sus actividades, la lucha por el territorio está explícitamente vinculada a una re-interpretación del espacio y su significado para los actores locales (Oslender 2002:5). Finalmente, el territorio juega un papel muy importante en los procesos espaciales de organización política. Las dinámicas de movilización que se despliegan a partir de estos conflictos pueden ser analizadas en sus dimensiones espaciales. Los actores movilizados saben bien que hay ciertos espacios que son más propicios para la movilización territorial: cortes de ruta, organización de eventos en “el puente”, diferentes usos del río como elemento de simbolización de las protestas, manifestación en las calles y en los ambientes cotidianos; todos ellos implican la utilización estratégica del espacio en la definición de repertorios de acción colectiva. En este contexto “el espacio, visto como un ámbito de confrontación produce una geografía simbólica (Tilly 2000: 137) que se establece y otorga sentido a los itinerarios y lugares a través de los cuáles y en donde, las organizaciones expresan una nueva demanda”. (Armesto, 2005: 125). La historia argentina reciente, da cuenta de la emergencia de formatos de protesta estructurados como prácticas territoriales, cuya eficacia se basa en la posibilidad de alterar otras rutinas espaciales. Durante la década del 90, la desocupación masiva y los procesos de desafiliación ligados a cambios en el mundo del trabajo, redefinieron las limitaciones y oportunidades de utilización de los formatos clásicos de protesta de los trabajadores ocupados, y a la vez facilitaron la innovación espacial en las confrontaciones (Merklen 2004). El desplazamiento de las protestas desde el ámbito laboral hacia el ámbito territorial, expresado en los “cortes de ruta” y en la imbricación de estas manifestaciones con patrones espaciales de movilización en el espacio vivido (la ruta y el barrio) representan un antecedente importante a tener en cuenta en el análisis de los procesos espaciales de organización política que abordaremos en esta investigación. (Schuster y Pereyra 2001; Svampa y Pereyra 2003; Delamata, 2004; Auyero, 2002; Auyero, 2003). En los conflictos ambientales, estos repertorios aparecen bajo nuevas formas en las confrontaciones en las que actores están situados espacialmente (en este caso localidades, regiones, habitantes de la cuenca, etc.) y demandan por afectaciones ambientales territoriales. En mis investigacioens he podido dar un giro adicional a esta cuestión focalizando la mirada en la formación de colectivos territorializados. Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 15

Denominaciones, tales como “espacio intercuencas”, “autoconvocados por la defensa del río Uruguay”, “vecinos afectados por el CEAMSE”, “foro hídrico”, refieren a un reagrupamiento colectivo (entre redes, grupos y organizaciones) a partir de una coalición de intereses con un anclaje espacial que supera la identificación en referencia a un grupo o clase social específica y que se sitúa en una revalorización de los bienes de la naturaleza como bienes comunes a preservar. Asimismo, durante el transcurso del conflicto, la definición misma del territorio de la controversia, lleva a una ampliación de la constitución del colectivo y a una re-definición de su campo de acción territorial. LOS CONFLICTOS AMBIENTALES.

Y

LA

FORMACIÓN

DE

ARENAS

PÚBLICAS

Se ha señalado el carácter histórico de la formación de un ámbito de problemas relativos a la cuestión ambiental como parte del proceso mismo de definición de nuevos campos de dominio de acción social. La maduración de un campo específico en torno a la cuestión ambiental en las sociedades del siglo XX (cuyas principales expresiones son la emergencia de un dominio específico de políticas públicas, legislación ambiental y multiplicación de los debates públicos en torno al tema) juega un papel similar a la emergencia de otros dominios de problematización de la cuestión social, tales como la cuestión socio-sanitaria en el siglo XIX. (Lascoumes, 1994). Algunos autores han denominado “ambientalización de lo social” a este proceso de proliferación de significados en torno al medio ambiente. Se trataría de “un proceso histórico de construcción de nuevos fenómenos, asociados a un proceso de interiorización por las personas y los grupos sociales”(..)“la “ambientalización”, sería una interiorización de las diferentes facetas de la cuestión pública del “medio ambiente”. Esa incorporación y esa naturalización de una nueva cuestión pública podrían ser notadas por la transformación en la forma y lenguaje de los conflictos y su institucionalización parcial”. (Lopes, et.al., 2004:17). Sin tomar posición con respecto a si la cuestión ambiental ha alcanzado a conformarse como un campo con autonomía e influencia sobre otras esferas, planteamos como hipótesis que los conflictos ambientales dan lugar a la formación de arenas públicas intermediarias, que ejercen influencia en la selección social de los problemas ambientales y asimismo, impactan sobre el campo de acción institucional de la política ambiental. El estudio de la trayectoria de los conflictos ambientales muestra que hay un punto de inflexión en que los actores toman en cuenta situaciones que perciben como problemáticas en el sentido de una conmoción, una alteración el curso de los acontecimientos tal cómo se percibían hasta el presente y que amenaza con transformar las certidumbres de la vida cotidiana. Es esta comprobación de la

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alteración en el curso de las cosas lo que hace percibir y definir una situación como problemática. Esto lleva a un trabajo colectivo de identificación y reconocimiento, de categorización y de estabilización en la definición de lo que constituye el problema público. El problema se configura en simultaneidad o sucesión sobre diferentes escenas públicas más o menos institucionalizadas. Para lograr atención pública, el problema debe inscribirse en la agenda mediática y lograr una inscripción en las agendas gubernamentales, legislativas o administrativas. Distintos autores que han investigado las acciones de protesta y resistencia a grandes proyectos de desarrollo (por ejemplo las represas) han acuñado la idea de que en torno a estas grandes inversiones se genera un campo de actores y de alianzas entre actores, que comienzan a formar parte de una arena política común de disputa donde se genera un espacio de cooperación, competencia y/ o conflicto entre instituciones y actores sociales involucrados en su planificación y ejecución. Ese campo de poder excede el campo de emplazamiento del proyecto y de los Estados que la llevan adelante, y pone de relieve un complejo entramado político, económico y cultural, de alcance trasnacional vinculado al “desarrollo” (Arach 2002; Ribeiro, 1999; Escobar, 1995). De ese análisis se deriva una constatación importante referida a la existencia de múltiples arenas del conflicto. Lo propio de los problemas públicos es su propagación en diferentes arenas públicas. Estas se pueden identificar en los procesos de deliberación por medio de canales de expresión observables y descriptibles, que dan cuenta de la elaboración de opiniones públicas y acciones colectivas, generando como resultado la elaboración de bienes comunes y causas públicas. (Cefai, 2002). El concepto remite a la doble connotación de “lugar de combate” y de “escena de actuación o dramatización” y permite entender la constitución misma de tal espacio como un trabajo de experimentación en torno a los asuntos públicos. Un elemento central de análisis en la investigación sobre conflictos ambientales, refiere a la posibilidad de hacer conexiones entre las arenas públicas de los conflictos. El “contagio” de los públicos es correlativo a la migración de los sentidos y la extensión de las disputas. Callon y Lascoumes han descripto operaciones de traducción (Callon, 1986) y de transcodificación (Lascoumes, 1994), se trata de ejercicios mediante los cuales se reagrupan puntos de vista anteriores, se reciclan las ideas y se agrupan las actividades bajo nuevas formas de respuesta social a los problemas. La definición de la situación problemática es así comandada por la transferencia de esquemas de comprensión y stocks de información. En tanto los actores, sus competencias y sus reivindicaciones circulan de una escena a la otra, los recursos de los activistas se movilizan en torno a diferentes sentidos, los procedimientos se someten a sucesivos encuadres y se abren nuevas ventanas de oportunidad política. En mi investigación este concepto ha jugado un rol central pues a partir de la resonancia del conflicto por las plantas de celulosa en el Río Uruguay, se han gestado las condiciones para el reagrupamiento de un público en formación en torno Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales PLED-CCC Página 17

a la cuestión ambiental en Argentina. Esto define un punto de inflexión en la comprensión del problema. El conflicto mencionado generó las condiciones para que el conflicto por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo se resignificara públicamente en tanto caso judicial. Es importante entender entonces, que no existe una arena pública sino varias. Cada una de ellas tiene una articulación diferente en relación a la constitución de asociaciones, coordinaciones y movimientos, a su influencia en la agenda mediática, a su transformación en tema de interés por la opinión pública y su inscripción en la agenda gubernamental, legislativa y administrativa. Lo importante es pensar las arenas públicas como un “espacio de intervalos”. Los problemas, repertorios de soluciones, movilización de demandas que fueron planteadas en una arena pública, pueden trasladarse a otro espacio de problematización pública trascendiendo el anclaje local o regional. Esto trae interesantes interrogantes para pensar las formas de coordinación espacial entre las arenas públicas y el despliegue de diferentes temporalidades, en tanto el establecimiento de “puentes” entre problemas no es necesariamente sincrónico. Una mirada comparativa centrada en la dinámica de formación de los conflictos ambiéntales, confirma que no existe relación directa entre el nivel de peligrosidad de un evento y el proceso social de atribución de significado que lo define como riesgoso. Es el proceso mismo de “selección social” de los riesgos en cada sociedad, cultura, territorio, localidad, grupo social, lo que permite entender que es lo que hace que un grupo determinado accione para colocar una cuestión ambiental debe ser objeto de preocupación pública. Lo importante a destacar es que en los conflictos ambientales el territorio forma parte de un proceso de movilización que continúa abierto, incluso cuando la fase más activa de la protesta se desactiva. El conflicto contribuye a la elaboración de “espacios de representación” que incluyen a los bienes de la naturaleza como activos importantes a valorizar. A partir de la puesta en marcha de modelos de justificación que no aceptan la subordinación de los bienes de la naturaleza a la lógica mercantil, los significados construidos al calor de los conflictos indican que las empresas, especialmente las industrias, han perdido la legitimidad que otrora tenían en el ejercicio de diferentes formas de extorsión subordinada planteando el canje de empleos por contaminación. Hoy en día estos actores económicos son objeto de cuestionamiento, y también lo son ciertas concepciones del desarrollo que consideran los territorios como objetos vaciables. En suma, es importante entender que los desplazamientos de las cualidades objetivas de espacio y tiempo pueden realizarse, y a menudo lo hacen, a través de la lucha social. BIBLIOGRAFIA Agnew, J. (1987); Place and Politics: The Geographical Mediation of State and Society. Londres y Boston; Allen and Unwin.

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