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Caso Stefan Golab Luego, en 1985, llegó el caso corporativa crimen seminal de los últimos tiempos, Pueblo del Estado de Illinois v. Cine Recovery Systems Inc. Cine Recovery Systems hubo up-and-coming compañía de crecimiento en una industria glamorosa. Funcionamiento de una sola planta en Elk Grove Village, Illinois., Cine Recuperación extrae plata usada de rayos X del hospital y la película fotográfica. La mayoría de los empleados de la planta eran mexicanos o polaco, no poseer documentos de trabajo legales, y hablaba poco o nada de Inglés. Para extraer la plata, tenían primero en arrojar la película en cubas abiertas de cianuro de sodio en solución y luego transferir los restos lixiviados a otro tanque. La planta no se ventiló, y los visitantes se quejó rutinaria de mareos y náuseas. El 10 de febrero de 1983, uno de los empleados de Cine de recuperación, de 59 años de edad, inmigrante polaco Stefan Golab, hizo más que quejarse de los humos. Golab tambaleó fuera y se derrumbó, inconsciente. Después de los esfuerzos por reanimarlo fracasaron, fue declarado muerto a lo que un médico forense local de la etiqueta "toxicidad aguda por cianuro." . Durante los próximos seis meses, una investigación intensiva por el Condado de Cook, Illinois, los abogados estableció una larga lista de incriminatorias detalles, incluyendo el hecho de que (1) los trabajadores de Cine de recuperación rara vez llevaban incluso el equipo de seguridad más rudimentaria; (2) Los trabajadores estaban trabajando en lo que equivalía a una cámara de gas industrial (un fiscal llamado condiciones allí "positivamente Dickens"); y (3) los ejecutivos de la compañía no sólo restaron importancia a los peligros de la exposición al cianuro, pero eliminan etiquetado que lo identificó como venenosa en el primer lugar.

Los fiscales se movieron bajo un estatuto de homicidio Illinois focalización cualquier persona que a sabiendas cometa actos que "crear una fuerte probabilidad de muerte o lesiones corporales graves." Tres gerentes de Cine de recuperación - el presidente, el gerente de la planta, y el capataz - fueron declarados culpables de asesinato. Al sentenciar a cada uno a 25 años de prisión, el juez Ronald JP Bancos comparó sus acciones a las de un terrorista que "deja una bomba de tiempo en un lugar público."