Caso Doe Run

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE ING. INDUSTRIAL MATERIA: ETIC

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UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE ING. INDUSTRIAL

MATERIA: ETICA Y AXIOLOGIA INGENIERA: TANIA ECHEGARAY ALUMNOS: -Alvarez Vargas Fernando -Barreto Vargas Melani -Mar Salas Gabriela -Román Cornejo Jhomira CUSCO-PERU 2018

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA DOE RUN Incumplimiento de obligaciones ambientales y graves impactos en la salud de la población de La Oroya Doe Run Perú (DRP) se ha caracterizado por ser una empresa que ha incumplido sistemáticamente sus compromisos ambientales, generando altos niveles de contaminación que han afectado el ambiente y la salud de la población de La Oroya. Sus actividades colocaron a esa ciudad entre las 10 más contaminadas del mundo (según el Instituto Blacksmith en el 2007). A ello hay que sumarle los incumplimientos financieros que terminaron en un proceso de liquidación en marcha ante el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Desde que la empresa DRP asumió la administración y control del complejo, sus actividades afectaron sistemáticamente el medio ambiente de La Oroya y la salud de su población. Ninguno de los gobiernos de turno, en todos los años en los que DRP administró el complejo, adoptó alguna medida efectiva para salvaguardar el derecho a la salud de la población. El problema de afectación a la salud llegó hasta instancias del propio Tribunal Constitucional que emitió la sentencia recaída en el Expediente 20022006-PC/TC emitida en mayo de 2006, y al no existir una respuesta efectiva del Estado, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En noviembre de 2010, 11 denuncias fueron aceptadas por el Vigésimo Segundo Juzgado de St. Louis, Missouri, contra el Grupo Renco, accionista mayoritario de DRP, por ser responsable de la intoxicación con plomo de 107 niños en La Oroya, durante las operaciones de la empresa (1997-2010). Esta decisión judicial tomó por sorpresa a DRP y al Grupo Renco. En efecto, las empresas confiaban en que, dado que los hechos motivo de la denuncia se habían producido en el Perú, quien debía resolver el tema era un tribunal peruano. Sin embargo, la evaluación fue diferente. En efecto, señalaron que si bien los hechos se habían producido en el Perú, la relación y conexión entre DRP y su casa matriz era muy cercana y que debido a esta proximidad, el Grupo Renco tenía conocimiento de las acciones que afectaron la salud de la población de La Oroya. Fue en base a este razonamiento que admitieron la demanda en el Tribunal. Frente a este hecho, el miércoles 05 de enero de 2011, el Grupo Renco hizo público el aviso de intención al gobierno peruano, para iniciar un arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y nuestro país. De manera paralela, inició una campaña mediante la cual buscó responsabilizar al Estado por estos daños, alegando que el contrato de transferencia del complejo metalúrgico así lo

establecía y que eran ellos quienes debían asumir la responsabilidad en ese proceso judicial. En efecto, DRP y el Grupo Renco iniciaron una ofensiva en el Congreso de Estados Unidos en contra de nuestro país. Invirtieron más de USD 300,000 en contratar servicios de lobby. Lograron que ocho congresistas dirigieran cartas al Departamento de Estado y Departamento del Tesoro, apoyando la posición de ambas empresas. Renco Group y Doe Run Perú buscan obtener una indemnización de USD 800 millones por el proceso de arbitraje que le iniciaron al Estado peruano en el marco del TLC Perú Estados Unidos, siendo este el primer caso de un inversionista en contra de un Estado, amparado por este tratado. Lo que aducen es que el Estado peruano ha incumplido una serie de obligaciones como es la remediación de los suelos de La Oroya y el asumir la responsabilidad por las demandas interpuestas por un grupo de pobladores de La Oroya en Estados Unidos. El Grupo Renco considera haber recibido un trato injusto e inequitativo por parte del Gobierno del Perú, que además no ha cumplido con brindarle seguridad y total protección a sus inversiones.

MESA TÉCNICA La Oroya MOSAO Movimiento de la salud por La Oroya ¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA DE ARBITRAJE? En primer lugar, alegan no haber recibido un Trato Justo respecto a la ejecución del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental). Indican que el gobierno les exigió responsabilidades adicionales, lo que en la práctica los obligó a solicitar varias prórrogas y que debido a la negativa del gobierno de extender el PAMA una vez más, no pudieron terminar con la construcción de la planta de ácido sulfúrico. Según el Grupo Renco, estas acciones vulneran el artículo 10.5 del Capítulo de Inversiones del TLC Perú – EE.UU. (Nivel mínimo de trato). Un segundo argumento, es que el gobierno ha tratado más duramente a DRP que a Activos Mineros -empresa peruana que se dedica a la remediación ambiental minera- a pesar que esta última tampoco ha cumplido con las obligaciones que le correspondían del PAMA. Para el Grupo Renco y DRP, ello constituye trato discriminatorio y vulnera el artículo 10.3 del mismo acuerdo comercial (Trato Nacional). El tercer argumento es que DRP se encuentra con problemas de financiamiento, lo que la ha llevado a un proceso concursal ante el Indecopi. Señalan que se encuentran en la búsqueda de financiamiento, lo que les permitirá pagar a sus acreedores. Indican que el hecho de que el gobierno peruano pretenda ser reconocido como el mayor acreedor en la junta ante el Indecopi, debido al incumplimiento del PAMA, constituye en la práctica un intento de expropiación que vulnera el artículo 10.7 del TLC. (Expropiación Indirecta).

El último argumento indica que el gobierno peruano y Activos Mineros deben asumir cualquier responsabilidad por las denuncias presentadas por los daños a la salud y el ambiente, ya sean presentadas en el Perú o en Estados Unidos. Ello se traduce en la denuncia contra el Grupo Renco admitida en un Tribunal de Missouri, y que según la empresa, es de entera responsabilidad del gobierno peruano. Ello vulneraría el artículo 10.4 del TLC (Trato de nación más favorecida).

El Grupo Renco y DRP están aprovechando las extraordinarias ventajas que les brinda el Capítulo de Inversiones del TLC Perú – EE.UU. Para nadie es un secreto que DRP ha tenido una conducta reprochable durante todo el tiempo que ha venido operando en el Perú. Las reiteradas prórrogas del PAMA han sido consecuencia de sus incumplimientos y de la falta de compromiso en remediar los impactos en la salud de la población de La Oroya y mejorar los estándares ambientales. Lejos de haber recibido un trato injusto como alegan, el Grupo Renco y DRP han sido más bien beneficiados, ya que han recibido modificaciones y prórrogas que ninguna otra empresa ha obtenido en el país. Los problemas financieros de DRP en el Perú solo se explican por una gestión ineficiente y las transferencias que han hecho permanentemente a su casa matriz en los Estados Unidos. Además, la situación de crisis actual pudo ser evitada cuando el propio gobierno peruano obtuvo para la empresa un financiamiento de USD 175 millones de parte de un grupo de empresas privadas. DRP no cumplió con los compromisos asumidos y no pudo obtener el financiamiento. Por otro lado, la participación del Estado en la junta de acreedores es la única manera de garantizar el cumplimiento del PAMA. Que el Estado peruano intente cumplir con su rol de garante de derechos no puede ser interpretado de ninguna manera como expropiación, tal y como pretenden alegar el Grupo Renco y DRP. El proceso se ha iniciado y tendrá una duración aproximada de 4 años. Otros antecedentes en casos similares no resultan muy alentadores para el Estado peruano.

• Casos como el de DRP nos llevan a analizar si las reglas de juego establecidas en el capítulo de inversiones no merecen ser revisadas para evitar que las decisiones estatales frente a empresas extranjeras en el país no se vean condicionadas.

EL PROBLEMA DE LA OROYA Son conocidos los efectos nocivos del plomo en la salud de la población de La Oroya, sobre todo de los niños y niñas de esta ciudad que han alcanzado un promedio de 33.6 microgramos por decilitro (ug/dl) de sangre (Estudio de Plomo en Sangre en una Población Seleccionada de La Oroya – DIGESA – 1999), más de tres veces el límite máximo permisible establecido por la Organización Mundial de la Salud. Otras sustancias o elementos presentes en el ambiente y en las personas de La Oroya son el dióxido de azufre, el arsénico y el cadmio. La presencia de estos dos últimos elementos, a pesar de ser igualmente peligrosa, ha sido poco estudiada, por lo que actualmente se desconoce el nivel de su impacto en la salud de la población. Si bien la problemática ambiental de La Oroya está referida principalmente a las operaciones metalúrgicas, los pasivos ambientales (aquellos generados por las emisiones pasadas) también son un grave problema. A los que se suman la carencia de servicios básicos y la ubicación geográfica de la ciudad. Todo ello, exige soluciones integrales y consensuadas, que partan de la necesidad de hacer vigente los derechos de las poblaciones afectadas.

UBICANDONOS La ciudad de La Oroya tiene una superfic de 388,420 Km 2, se encuentra a 125 Km. d Huancayo y a una altura de 3,745 m.s.n.m. La población total de La Oroya es de 33,04 habitantes, de los cuales son trabajador del Complejo Metalúrgico un promediod 3,500

DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE CONTAMINACIÓN La Oroya es el centro metalúrgico de fundición y refinación más grande y antiguo del Perú. La población de esta ciudad ha estado y está expuesta a las partículas emitidas durante el proceso de fundición y refinación. En La Oroya, la principal fuente de contaminación atmosférica es la Planta Metalúrgica, que pertenece a la empresa Doe Run. Según la evaluación de aire realizada por DIGESA en 1999 los niveles de plomo, que proviene principalmente de las emisiones del mencionado complejo metalúrgico sobrepasan 17.5 veces el límite permisible de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica.

Pero al hablar de contaminación, no sólo nos estamos refiriendo al tema del aire, otros recursos de igual importancia como el agua se ven también afectados. En el río Yauli, se ha encontrado presencia de plomo hasta 70 veces el límite máximo permisible (DIGESA – 1999). El suelo es un recurso también afectado por la contaminación. En él se depositan los elementos tóxicos que están presentes en el agua y en el aire dando inicio a una cadena contaminante de la que forman parte las plantas, al absorber éstas los minerales presentes en el suelo. Expertos internacionales han propuesto controlar de inmediato las emisiones fugitivas que se producen en el centro metalúrgico y reducir las emisiones actuales de su chimenea central, como un plan concreto para disminuir la contaminación de la atmósfera. Los pasivos ambientales y las emisiones actuales de plomo, cadmio, arsénico, dióxido de azufre y materiales particulados deben ser tomadas en cuenta en los planes de reducción de la contaminación que se propongan.

HISTORIA DEL COMPLEJO METALURGICO 1ª Etapa: Cerro de Pasco Copper Corporation (1922-1974) La Oroya es una ciudad metalúrgica desde el año 1922. El Complejo Metalúrgico generó puestos de trabajo, actividad comercial y desarrollo económico en la región. Sin embargo, con él se inició también una situación grave de contaminación ambiental. 2ª Etapa: CENTROMIN PERU (1974-1997) En 1974 el Estado Peruano nacionalizó la Cerro de Pasco Copper Corporation y creó la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. (CENTROMIN PERU) que administró el Complejo Metalúrgico hasta el año 1997. Respondiendo a las exigencia de la nueva normatividad ambiental CENTROMIN PERU elaboró el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para el Complejo Metalúrgico, el cual fue aprobado en agosto de 1996. 3ª Etapa: Doe Run del Perú (desde el año 1997) En 1997 la Empresa Doe Run adquirió el Complejo Metalúrgico de la Oroya en subasta pública y con ello asumió el compromiso de ejecutar el PAMA, teniendo como plazo límite para hacerlo enero del 2007. El cumplimiento del PAMA debía tener implicancias favorables en el medio ambiente y en la salud de los pobladores de la Oroya y de la región central.

La empresa Doe Run, cuya casa matriz se encuentra en el Estado de Missouri en los Estados Unidos, es una antigua empresa minero metalúrgica que opera desde 1864. Representa una de las principales productoras de plomo en Norteamérica -su producción en mina equivale al 85% del plomo que se produce en los Estados Unidos- con seis minas, concentradoras, fundiciones y recicladoras. Como algunos de sus antecedentes en materia ambiental, podemos señalar que en los Estados Unidos, y muy especialmente en la zona del viejo cinturón del plomo (Old Lead Belt), donde esta empresa tiene una antigua presencia, su actividad al parecer no ha estado exenta de cuestionamientos, como lo señalan organizaciones ambientales norteamericanas como la Missouri Heartwood. En el Perú, luego de la compra del Complejo Metalúrgico de La Oroya, la Doe Run adquirió el yacimiento de Cobriza en junio de 1998, y mantiene el derecho preferencial para la compra de la mina de Cerro de Pasco. De esta manera esta empresa estaría recomponiendo pa rte de la integración minero metalúrgica que tenían sus antecesoras, y sus acciones futuras revestirán de un gran interés para la región central, entre otros aspectos, en el tema ambiental. Boletín Actualidad Minera del Perú - 1999 emcbc. miningwatch. org

EL PAMA El PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) se encuentra contemplado en el Decreto Supremo 016-93-EM. El mencionado Decreto Supremo señala que los PAMAs son un paquete de proyectos de mejora de instalaciones que las empresas mineras se comprometen a ejecutar, con el fin de que sus efluentes líquidos y emisiones al ambiente cumplan con determinados valores máximos de concentración de contaminantes, llamados límites máximos permisibles (LMP). Los PAMAs tienen que cumplir con dos requisitos para ser aprobados: el plazo de ejecución no puede ser mayor de 10 años, si es que la operación incluye procesos de fundición o sinterización (como es el caso de La Oroya), ni mayor de 5 años cuando la operación no incluya los mencionados procesos. El otro requisito es que las inversiones anuales en la ejecución del PAMA no sean menores al 1% de las ventas anuales de la empresa.

LA POSIBLE EXTENSION DE LOS PLAZOS DEL PAMA PARA DOE RUN En febrero del 2004 la empresa Doe Run, mediante la presentación de un plan operativo ante el MEM planteó la necesidad de la ampliación del plazo para la ejecución de su

PAMA por 5 años más (del 2007 al 2011), aduciendo tener dificultades financieras para el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales. Luego de una fuerte presión social incentivada por la empresa minera, en diciembre de 2004 mediante decreto supremo, se establecen condiciones para la prórroga de plazos para el cumplimiento de proyectos contemplados en los PAMAs . Anteriormente, DOE RUN ha obtenido tres modificaciones de su PAMA. La primera realizada en octubre de 1999, siendo lo más resaltante el que se redujera su compromiso de construir dos plantas de ácido sulfúrico a sólo una. Las otras dos modificaciones se realizaron en abril de 2001 y en enero de 2002, y se referían a cambios en plazos para la ejecución de los proyectos. Sobre la posibilidad de modificación de los plazos para el cumplimiento de los proyectos contemplados en los PAMAs, Juan Aste, Coordinador de la Mesa Técnica de Apoyo al Movimiento por la Salud de La Oroya – MOSAO, considera que tal decisión constituye una violación al Estado de Derecho e incentiva el incumplimiento de los PAMAs. COMPROMISOS DEL PAMA DE DOE RUN EN LA OROYA Los compromisos que debe cumplir la empresa Doe Run a enero de 2007 son los siguientes. 1. Una planta de ácido sulfúrico de un solo contacto. Su construcción fue postergada a los dos últimos años de ejecución del PAMA. 2. Una planta de tratamiento de agua madre de refinería de cobre 3. Una planta de tratamiento de aguas industriales. 4. Manipuleo de escorias de Cu y Pb. 5. Remediación del depósito de escorias de Huanchán. 6. Remediación del depósito de ferritas de Huanchán. 7. Manipuleo de trióxido de arsénico. 8. Sistema de desagüe y depósito de basura. 9. Estaciones de monitoreo

Los 9 proyectos requieren de una inversión de US$173.95 millones, habiéndose invertido a diciembre de 2003 la suma de U$40.46 millones PLANTA DE ACIDO SULFURICO

Complejo Metalúrgico de La Oroya procesa concentrados sulfurosos de plomo, zinc y cobre. durante el procesamiento metalúrgico el azufre es eliminado como SO2. proyecto se refiere a la instalación de una Planta de Ácido Sulfúrico para la fijación del azufre.

LOS PRODUCTOS TÓXICOS Y SUS EFECTOS. Ejemplo: el plomo y el ácido sulfúrico EL PLOMO Los compuestos del plomo son tóxicos y han producido envenenamiento de trabajadores por su uso inadecuado y por una exposición excesiva a los mismos. Sin embargo, en la actualidad el envenenamiento por plomo es poco común en virtud de la aplicación industrial de controles modernos, tanto de higiene como relacionados con la ingeniería. El mayor peligro proviene de la inhalación de vapor o de polvo. En el caso de los compuestos orgánicos plúmbicos, la absorción a través de la piel puede llegar a ser significativa. Algunos de los síntomas de envenenamiento por plomo son dolores de cabeza, vértigo e insomnio. En los casos agudos, por lo común se presenta estupor, el cual progresa hasta el coma y termina en la muerte. El control médico de los empleados que se encuentren relacionados con el uso de plomo comprende pruebas clínicas de los niveles de este elemento en la sangre y en la orina. Con un control de este tipo y la aplicación apropiada de control de ingeniería, el envenenamiento industrial causado por el plomo puede evitarse por completo. El Plomo puede causar: · Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia · Incremento de la presión sanguínea · Daño a los riñones · Abortos · Perturbación del sistema nervioso · Daño al cerebro · Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma · Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños · Perturbación en el comportamiento de los niños, como agresividad, comportamiento impulsivo e hipersensibilidad.

El Plomo puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre, pudiendo causar serios daños al sistema nervioso y al cerebro de los niños que están por nacer. EL ÁCIDO SULFÚRICO Mucho del ácido sulfúrico presente en el aire se forma del dióxido de sulfuro lanzado cuando se quema el carbón, el aceite, y los gases para combustión. El SO3 se forma cuando el dióxido de sulfuro (SO2) reacciona con agua en el aire. El ácido sulfúrico se disuelve en el agua, aunque puede seguir suspendido en el aire durante largos períodos de tiempo.. Cuando esta sustancia cae lo hace en forma de lluvia y puede contribuir a la formación de lluvia ácida. El ácido sulfúrico al contacto puede quemar la piel, su inhalación puede dar lugar a la erosión de los dientes y a la irritación de las vías respiratorias. Beber ácido sulfúrico puede quemar la boca, la garganta, y el estómago y puede originar la muerte. Si el ácido sulfúrico alcanza los ojos, puede causar quemaduras. La gente que ha respirado cantidades grandes de ácido sulfúrico en el trabajo ha demostrado un aumento en los cánceres de la laringe. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha determinado que la exposición ocupacional a las nieblas ácidas inorgánicas fuertes que contienen ácido sulfúrico es cancerígena para los seres humanos. LA SITUACIÓN ACTUAL. ¿QUÉ DICE LA POBLACION? A pesar que ya se conoce algunas de las consecuencias en la salud ambiental de las operaciones metalúrgicas en la Oroya, poco se ha avanzado para remediar los efectos de la contaminación. No obstante que los residentes de la Oroya han tomado conciencia sobre los daños del envenenamiento por plomo, pocos se han organizado para hacer frente al problema. Esto se ha debido principalmente a que la empresa Doe Run es el principal empleador de La Oroya, y a que los trabajadores temen perder sus empleos si se cuestiona el manejo ambiental de la empresa minera. En este contexto el Movimiento por la Salud de la Oroya viene denunciado desde hace varios años la grave situación de la salud ambiental en esta zona del país y propone: · La reducción de las emisiones atmosféricas, efluentes y residuos · La implementación de un programa de salud integral · La restauración ambiental, que incluye el tratamiento de los pasivos ambientales

NIÑOS CON PLOMO En 1999 DIGESA realizó un estudio de plomo en sangre en una muestra representativa de la población de La Oroya. Este estudio determinó que el 67% de los niños menores de 10 años tenían entre 20.1 y 44 ug/de plomo en la sangre, siendo 10 ug/dl lo máximo permisible para la OMS. Esta situación era más grave en un 18% de los niños, quienes presentaban más de 44 ug/dl de plomo en la sangre. Otros estudios realizados posteriormente sobre plomo en la sangre, incluido uno realizado por la propia empresa en el 2001, arrojan promedios en los niños muy superiores a los límites máximos permisibles establecidos por la OMS. En el mes de Marzo del 2005, el Director Regional de Salud de Junín dio a conocer un nuevo estudio sobre la presencia de plomo en sangre, realizado el 2004, a 788 niños de La Oroya. El estudio reveló que la situación de la salud ambiental no ha mejorado; el 99.9% de los niños presenta niveles de plomo en sangre mayores a los limites permisibles establecidos por la OMS. Nivel de plomo en sangre en niños de La Oroya según estudios realizados por DIGESA No sólo aquí La emisiones tóxicas de la fundición de plomo que Doe Run tiene en Herculaneum (USA), hizo que esta empresa apareciera como la peor contaminadora del estado de Missouri. Las emisiones han causado envenenamiento de plomo en el 30% de los niños del lugar. En 2000, la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA) ordenó a la compañía que limpiara la contaminación de plomo y pagara por la relocalización de las familias que vivían en las zonas más polucionadas. Los ejemplos paralelos de las operaciones de Doe Run en Herculaneum y La Oroya muestran cómo las compañías no siempre respetan la salud y la seguridad de las comunidades. La diferencia entre ambas ciudades radica en que la autoridad ambiental es más exigente y en que los residentes de Herculaneum manejan mayor información. Siendo el problema de contaminación mucho más grave en La Oroya, mínimamente se deberían adoptar medidas similares, la población de La Oroya no se merece menos.

CASO DOE RUN EN LA OROYA EN LA ACTUALIDAD

Por problemas ambientales y financieros, Doe Run Perú actual propietario de la Fundición ha dejado de operar desde el año 2009, sin embargo los pasivos ambientales aún persisten. Como resultados del trabajo de investigación se ha comprobado que los suelos de la ciudad de La Oroya Antigua que están frente al Complejo Metalúrgico esta impactada con plomo llegando a valores tan altos que en algunos casos puntuales sobrepasan los 9000 mg/Kg. superando en todo sentido el Estándar de Calidad del suelo Peruano para vivienda y para suelos comerciales, industriales y extractivos que son de 140 mg/Kg, y 1200mg/Kg. Respectivamente. El contenido de plomo en el agua del rio Mantaro llega hasta valores máximos de 1 mg Pb/L en la zona adyacente al depósito de escorias de Huanchan, luego de una fuerte precipitación pluvial, lo que indica que hay impacto de los suelos hacia el río, el cual estaría imposibilitando la vida en este medio acuático ya que el Estándar de Calidad Agua Peruano es de 1 ug Pb/L. Dada la capacidad de dilución del río por su gran caudal los contenidos de plomo en el río bajan a valores casi normales, sin embargo el daño ambiental se da de cada vez que se presentan las lluvias. La Oroya necesita una urgente remediación de suelos para ser considerado apto para vivienda y para que el rio recupere su capacidad de vida acuática, y/o sea apta para riego. Por poco menos de un siglo, una fundición ha arrojado nubes tóxicas llenas de metales pesados sobre la densamente poblada ciudad de La Oroya, en los Andes peruanos. Casi todos los habitantes de la ciudad tienen plomo y otros metales pesados envenenando sus cuerpos, y muchos otros sufren enfermedades respiratorias crónicas. De cumplirse las normas de salud internacionalmente aceptadas, las personas de La Oroya recibirían atención médica inmediata e intensiva. Pero la mayoría no la recibe y los que sí, no tienen el cuidado adecuado. Debido a que el plomo inhibe el desarrollo del cerebro, los niños y niñas de La Oroya están en la situación más vulnerable y es probable que estén afectados de por vida.

Lo que se está haciendo al respecto AIDA es una organización regional que fortalece y hace cumplir el derecho internacional, con oficinas que van desde Estados Unidos hasta Chile. AIDA se involucró con La Oroya en 1998 y desde entonces se ha empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes. A pesar de los llamados a la acción de tribunales nacionales y autoridades internacionales, las partes responsables —incluyendo el Gobierno peruano, Doe Run Perú y su empresa

matriz, Grupo Renco de Estados Unidos— no han estado dispuestas a responder enérgicamente ni con la urgencia apropiada. ¿Qué Hace AIDA?: 

AIDA está usando el derecho internacional en su esfuerzo para obligar al gobierno a: controlar adecuadamente las operaciones de la fundición para limitar la exposición pública a los contaminantes llevados por el aire; asumir responsabilidad por las violaciones de derechos humanas causadas a las personas de La Oroya; y educar a sus habitantes sobre los riesgos sanitarios.



Desde 2005, AIDA ha representado a los habitantes de La Oroya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2007, en respuesta a la solicitud, la Comisión otorgó medidas cautelares para evitar daños a la salud, integridad y vidas de las personas de La Oroya. En 2016, la Comisión amplió el alcance de las medidas cautelares a otros 14 moradores.

Doe Run en 2018 Con el paso del tiempo, la Producción de La Oroya se convirtió fundamentalmente en Metalúrgica (no está bien dicho “minera” pues la clasificación industrial de metalurgia no corresponde a minería sino a industria-manufactura); sin embargo, el año 1997 en que se privatizó tanto el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) como la Mina Cobriza, la nueva propietaria, Doe Run Perú (DRP), solicitó por voluntad propia la firma de un Contrato de Estabilidad ante el MINEM (30/dic/1997) donde a puño y letra ofrecía “Mejorar los procesos y el medio ambiente dentro del circuito de cobre del complejo metalúrgico de La Oroya”. Es decir, esperaban “producir 72,500 toneladas de cobre refinado al año; además de instalar una planta para producir ácido sulfúrico en un volumen de 235,000 tons/año”. Ninguna de estas ofertas fue cumplida, y no sólo ello, sino que Doe Run Perú (DRP) optó por gradualmente reducir la capacidad de tratamiento del circuito de cobre. La explicación de este comportamiento es que en algún momento se tomó la decisión estratégica de no construir la planta de ácido sulfúrico pues consideraban que era un “costo ambiental”, sin prever que su precio se iba a elevar tanto debido a la gran demanda de yacimientos de óxidos de cobre que lo requieren para lixiviación. Y más bien en su lugar se decidió explotar la gran cualidad del Complejo Metalúrgico: procesar concentrados sucios (extremadamente sucios), pues en algún momento se llegó a procesar concentrado de cobre con contenido de arsénico donde más del 50% de arsénico que ingresaba al circuito provenía del extranjero. Para tener una referencia, el Trióxido de Arsénico es el más contaminante luego de los residuos nucleares, y la fuente era un concentrado que provenía del extranjero. A raíz de la contaminación por plomo a la población local se llevó el caso de 65 personas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora las víctimas están

protegidas por medidas cautelares que resguardan su salud integral. Este año el número aumentó a 79 personas. También hay una exigencia laboral de los más de 2000 trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que no reciben su sueldo completo porque se han paralizado las operaciones del centro minero debido a la remediación ambiental que se solicitó y que hasta el momento no se ha desarrollado. Según el representante del Sindicato de Trabajadores de Doe Run, Luis Castillo, la junta de acreedores que integra tiene como límite hasta el 27 de agosto para conseguir un nuevo comprador. La compañía paralizada vale 175 millones de dólares, de acuerdo a un reporte que elaboró a fines del 2014 PricewaterhouseCoopers a los acreedores que querían comprar la empresa minera.

SOLUCIONES Proyectos de Infraestructura. A través de ellos se impulsa la implementación de proyectos empresariales generadores de empleo al mejorar la accesibilidad a las zonas y la disponibilidad en ellas de suelo industrial bien dotado. La ayuda sólo es aplicable a las zonas que se encuentren en el anexo del Plan de la Minería y/o en los anexos de los protocolos firmados con las comunidades autónomas. Existen prioridades a la hora de la concesión de ayuda económica para proyectos de desarrollo de infraestructura, tales como: transportes y comunicaciones; suelo industrial; ordenamiento del territorio; educación; medio ambiente; abastecimiento y saneamiento de aguas; infraestructuras agrícolas, ganaderas y turísticas; vivienda y urbanismo.

¿Cuáles son algunas conclusiones que nos deja el caso? • El capítulo de inversiones del TLC brinda grandes ventajas para los inversionistas extranjeros, sin que prime el cumplimiento de estándares ambientales y sociales por parte de los mismos. • El caso de la empresa DRP es un claro ejemplo: una empresa que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones ambientales y que ha generado graves impactos en la salud de la población de La Oroya puede hacer uso del mecanismo de arbitraje establecido en el TLC. • Si consideramos además que los criterios de evaluación no toman en cuenta el comportamiento de la empresa y solo el cumplimiento de los principios establecidos en el capítulo de inversiones, la empresa tiene serias posibilidades de ganar la demanda. • La firma de tratados de esta naturaleza limitan seriamente las acciones que pueda emprender el Estado peruano frente a empresas con cuestionables comportamientos que operan en el país, pues existe el riesgo permanente de ser demandados en un proceso de arbitraje internacional.