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• Esthefani Mullo Limachi

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1. PESTAL A. ENTORNO POLITICO El rol del Estado es fundamental para crear condiciones seguras de inversión; la política juega un papel importante en la proyección de empresas constructoras, pues depende de la capacidad del Estado para poner en marcha los proyectos de inversión que tiene en cartera, para dinamizar la economía. En los últimos 20 años el país ha experimentado coherencia en el manejo de sus políticas macroeconómicas, a pesar de periodos electorales de inestabilidad política, se ha conseguido la continuidad de políticas económicas que son materia de prioridad para el Estado, entre las cuales se mencionan las siguientes políticas tomadas del Marco Macroeconómico Multianual 2015 -2017 (MEF, 2014): Política Fiscal ordenada, con bajos niveles de deuda internacional, uno de los más bajos de la región, lo cual hace posible mayor inversión pública, inyectando liquidez a la economía interna; Política social y de lucha contra la pobreza, que incluyen la implementación de programas de apoyo social a los sectores más necesitados en los ámbitos de la salud y la educación; La descentralización política del Estado, que brinda autonomía a los órganos regionales decidan los destinos de inversión de los recursos públicos asignados; y Apertura de la economía al mercado, permitiendo ampliar mercados y acceder a los beneficios de la globalización. No obstante, hay factores en los que el gobierno aún debe trabajar para fortalecer los cimientos institucionales que garanticen un entorno de condiciones óptimas para el desarrollo.

El Gobierno actualmente ha otorgado muchas facilidades en lo que es proyectos de MI VIVIENDA. En el Perú el sector construcción no solo se basa en grandes proyectos sino también en una bien social. Como por ejemplo tenemos a Mi Vivienda y Techo Propio, donde los precios máximos para obtener una vivienda están entre los 42,000 soles, y dentro de ello están las modalidades de adquisición de una nueva vivienda, construcción y/o mejoramiento de la vivienda. En el caso del crédito Mi Vivienda, este consiste en dar créditos de vivienda entre 88,750 soles hasta los 177,500 soles. Además, cabe resaltar que el gobierno cuenta con un plan ANTI-CRISIS, que tiene por finalidad otorgar facilidades a las familias de los sectores b y c, para poder adquirir departamentos a un precio cómodo y con facilidades de pago. La Industria del Cemento fue creada por empresarios peruanos, con capital de riesgo mayoritaria mente nacional, que llevó a cabo el difícil proceso de consolidación industrial y económico. La ley general de industrias promulgada por el gobierno deflactó en 1970, incluyó a la Industria del Cemento dentro de la denominada como básica que era reservada para el sector público posibilitando la participación del sector privado mediante contrato de concesión con el Estado. En 1974 el gobierno deflactó se apropió de Cemento Andino S.A. y Cementos Lima S.A., cortando las negociaciones que se llevaban a cabo en armonía con el D.L. 453, que normaba la adquisición gradual de las empresas. La confiscación se realizó sin el previo justiprecio y pago de los bienes, la gestión estatal ocasionó grave deterioro a la industria. En 1975 los accionistas privados iniciaron un juicio contra el Estado por la apropiación inconstitucional de las empresas.

En diciembre de 1973, Cemento Pacasmayo S.A., entonces 100% privada, acordó constituir con COFIDE una nueva empresa llamada Cementos Norte Pacasmayo S.A., a la que Cemento Pacasmayo S.A. aportó todos sus activos y pasivos relacionados con la producción de cemento y COFIDE una suma de dinero preestablecida. Paralelamente, Cemento Pacasmayo S.A. cambió su razón social a Inversiones Pacasmayo S.A., permaneciendo ésta última como una empresa 1001% privada, con las características de sociedad de cartera. IPSA quedó obligada, por contrato de venta gradual, a vender a COFIDE 100/o de su tenencia cada año. Este contrato se interrumpió en 1978, por incumplimiento del Estado, y fue sustituido en 1980, después de largas negociaciones, por un contrato de concesión. El propio gobierno militar, al iniciarse el año de 1980, estableció un contrato de concesión dentro del marco de la ley general de industrias con Cemento Andino S.A. y Cementos Norte Pacasmayo S.A. manteniendo el Estado el 49% del capital social. Posteriormente el mismo régimen se aplicó a Cementos Lima S.A. La Ley de Industrias 23407, dictada en el régimen constitucional, eliminó la figura de la concesión; las empresas quedaron con la facultad establecida en dicha norma, de desistir de los contratos de concesión y regirse de acuerdo a dicha ley, lo que se acordó en el caso de las empresas: Cementos Lima S.A. y Cementos Norte Pacasmayo S.A. En la actualidad el Estado participa con el 49% de las acciones de las compañías Cemento Andino S.A., Cementos Lima S.A., Cementos Norte Pacasmayo S.A. y el sector privado con el 51 %. La administración de estas empresas la maneja por lo tanto el sector privado. Las compañías, Cemento Sur S.A. y Cemento Yura S.A., pertenecen en su totalidad al sector público.

B. ENTORNO ECONÓMICO: En los últimos doce años, en base a las fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], el PBI peruano creció a una tasa promedio de 2.81% en enero del 2018 y sumó 102 meses de crecimiento sostenido, [INEI] indicó que el crecimiento de enero 2018 (2.81%) se sustentó en el avance de la mayoría de los sectores de la economía, entre los que destacaron construcción; transporte, almacenamiento y mensajería; telecomunicaciones, comercio y agropecuario, que explicaron cerca del 50% del resultado del mes. Respecto al escenario futuro del entorno económico peruano se tiene proyecciones favorables. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2018 -2021 (MEF, 2017), se proyecta que el crecimiento del PBI crecerá 2,8% este año, se acelerará a 4,0% en el 2018 y consolidará su crecimiento en torno a su potencial de 4,0% en el 2019-2021, el que se buscará apuntalar hacia tasas de 5,0% a través de una mayor simplificación administrativa, mejora de la calidad regulatoria, fomento del empleo formal y competitivo y una mayor inversión en infraestructura. Esta senda de recuperación se dará en tres fases. La primera se dará en el 2017, con el inicio de la aceleración económica a partir de una política fiscal expansiva, orientada principalmente al proceso de reconstrucción (obras de rehabilitación y prevención) y al despliegue de infraestructura para los Juegos Panamericanos. Esto permitirá que la economía peruana crezca 3,2% en el 2017 (2017: 2,3%). Cabe señalar que luego del Fenómeno de El Niño (FEN) costero la inversión pública ha empezado a repuntar. Tras una caída de 7,0% en términos reales entre enero-mayo, la inversión pública creció 3,7% en junio y posteriormente se aceleró a 10,9% en julio.

Además, esta recuperación estuvo liderada por una mayor ejecución en los departamentos que fueron totalmente afectados por el FEN costero. En ellos, la inversión creció 22,0% en términos reales en junio y 31,3% en julio, luego de caer 19,0% en el periodo enero-mayo. Esta mayor expansión fiscal, a través de los distintos encadenamientos que genera, dinamiza la actividad económica y mejora las expectativas de los agentes económicos. Por un lado, el consumo interno de cemento pasó de contraerse 5,5% entre enero-mayo a crecer 2,4% entre junio y julio, el primer registro positivo luego de 12 meses de caídas consecutivas. Asimismo, en julio las importaciones de bienes de capital acumularon su tercer mes consecutivo de crecimiento y registraron un crecimiento de 22,0% en términos nominales, su tasa más elevada desde enero del 2013. Por su parte, los indicadores de expectativas sobre la economía a 3 y 12 meses se han recuperado, lo que sitúa al Perú como la única economía en la región que se mantiene en el tramo optimista. La segunda fase de la recuperación está prevista para el 2018 y se iniciará con un fuerte impulso del 2017: el PBI crecerá 5,0% en el 2017 en términos desestacionalizados anualizados. Esta fase también se caracterizará por una aceleración de la inversión pública (17,5%) debido al proceso de reconstrucción (1,2% del PBI) y a las obras de construcción de los Juegos Panamericanos (0,3% del PBI). Ambos proyectos cuentan con marcos normativos especiales que agilizarán su ejecución. Asimismo, la inversión privada crecerá 3,5% en el 2018, debido al mayor impulso fiscal, que generará oportunidades de negocio. Este crecimiento se dará luego de cuatro años de contracción, y en un contexto de mejores precios de los metales y avance de importantes proyectos de infraestructura y mineros.

En concreto, la exploración minera se beneficiará por un marco normativo más ágil, tanto para la obtención de predios como para la aprobación de permisos ambientales. Todo esto permitirá reiniciar el círculo virtuoso de mayor inversión-empleoconsumo. Como consecuencia, el consumo privado se acelerará de 2,3% en el 2017 a 2,8% en el 2018, en un contexto de ausencia de factores climatológicos que impacten en el incremento de precios de productos de primera necesidad. El sector primario se moderará en el 2018 con respecto a años previos y mostrará dinámicas diferenciadas entre los subsectores que lo componen. La normalización de las condiciones climáticas permitirá que el agro recupere su dinamismo y estabilizará la cuota de pesca en niveles altos, similares a los del 2017. A su vez, la producción minera registrará una estabilización en su dinámica de crecimiento, ya que empresas como Cerro Verde y Las Bambas alcanzarán niveles de producción cuprífera cercanos a su máxima capacidad en el 2017. De cara a la formulación presupuestal del 2018, los riesgos externos son balanceados, con un ligero sesgo al alza. En el frente interno, es clave asegurar la ejecución oportuna tanto de la inversión asignada al proceso de reconstrucción como a los Juegos Panamericanos. Una sub ejecución de 10% del presupuesto de ambos proyectos (presupuesto total de S/ 11,3 mil millones) equivale a una reducción del crecimiento del PBI 2018 de 0,2 puntos porcentuales y, por tanto, a menores ingresos fiscales por aproximadamente S/ 250 millones. De la misma manera, resulta imprescindible asegurar el despliegue de infraestructura de proyectos importantes como la Línea 2 del Metro de Lima, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el proyecto de irrigación Majes Siguas II. De no ejecutarse esos proyectos, ceteris paribus, el crecimiento

del PBI se reduciría en 0,5 puntos porcentuales, lo que equivale a cerca de S/ 630 millones de menores ingresos fiscales. La tercera fase, que consolidará la recuperación, llegará en el periodo 2019-2021, cuando la economía peruana alcance su potencial de crecimiento de 4,0%, en un contexto de retiro gradual del impulso fiscal, mayor dinamismo del sector privado y condiciones externas favorables. Así, conforme la demanda interna se acelere y la inversión privada se expanda a tasas de 5,0% (en promedio), el crecimiento del gasto público irá reduciéndose hasta converger a tasas cercanas a 2,5%. En cuanto a la inversión pública, es importante mencionar que la desaceleración en los años 2019-2021 se deberá a la finalización gradual del proceso de reconstrucción, que se dará principalmente en el 2017 y 2018. Si se excluyeran los flujos de inversión asignados al proceso de reconstrucción, la inversión pública crecería 12,4% entre los años 2019-2021, en lugar de 3,8%. Para apuntalar un crecimiento potencial en torno a 4,0% será clave la agenda de competitividad de la presente administración, que prioriza tanto ejes transversales como verticales o sectoriales. En el primer tipo de eje destaca el impulso a la infraestructura, la mejora de la calidad regulatoria y la simplificación administrativa que reduzca costos de transacción para el despliegue de inversión privada en sectores transables y no transables. Cabe señalar que tanto la mejora de la calidad regulatoria como la simplificación administrativa serán temas abordados en mesas ejecutivas transversales con participación de diversas entidades del sector público y el sector privado. En cuanto al eje vertical, se priorizará el desarrollo de mesas ejecutivas en sectores transables con importantes ventajas comparativas y un elevado potencial de

ganancias de productividad, como el forestal, acuícola, minero, hidrocarburos y turismo. El objetivo es fomentar mayor asociatividad y encadenamiento global.

PRODUCTO BRUTO INTERNO TRIMESTRAL SECTOR CONSTRUCCION (INEI MAYO 2018) En el primer trimestre de 2018, el valor agregado bruto de la actividad construcción, a precios constantes de 2007, se incrementó en 5,1% respecto al mismo período del año anterior, explicado por la mayor ejecución de obras en viviendas, edificios, carreteras, calles y caminos y otras construcciones del sector privado y público. El incremento de la construcción en obras privadas se sustenta por la mayor ejecución de edificaciones residenciales: condominios y departamentos para vivienda; la ejecución de obras de edificaciones no residenciales: colegios, clínicas, edificaciones para oficinas, centros comerciales y obras de ingeniería civil, desarrolladas por las empresas mineras como la construcción de campamentos, canales de concreto, principalmente en las unidades mineras de Mina Justa, Las Bambas, Zafranal y Quellaveco. Asimismo, la mayor construcción de obras públicas es explicada por el incremento en infraestructura vial como carreteras, calles y caminos, vías férreas, puentes y túneles realizados por el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; así como, la ejecución de obras de ingeniería civil relacionadas a las obras de infraestructura agrícola e infraestructura en agua y saneamiento.

Por el contrario, los edificios no residenciales registraron una disminución, por la menor ejecución de obras de instalaciones educativas e instalaciones médicas en los tres ámbitos del gobierno.

C. ENTORNO SOCIAL: POBREZA Al término del año 2018, el 20.5% de la población del país —que equivale en cifras absolutas a 6'593,000 personas— se encontraba en situación de pobreza, es decir tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo

compuesto por alimentos y no alimentos, según el informe Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018 dado a conocer este miércoles por el INEI. La tasa de pobreza del 2018 reflejó una disminución de 1.2 puntos porcentuales en comparación con el resultado en 2017. Con esto, unas 313,000 personas salieron de la pobreza el año pasado.

El jefe del INEI, José García Zanabria, explicó que para medir la pobreza monetaria se consideró al gasto como indicador de bienestar, el cual fue valorizada para el año 2018 en S/344 por persona, de esta manera para una familia de cuatro miembros el costo de la canasta familiar es de S/1,376. Las personas cuyo gasto per cápita es menor a este monto fueron considerados pobres. Para medir la pobreza extrema, el funcionario dijo que se valoriza la canasta mínima alimentaria por persona en S/183 y para una familia de cuatro miembros es de S/732. Fueron considerados como pobres extremos cuando el gasto per cápita no cubre el costo de la canasta mínima alimentaria.

De acuerdo con el informe, la pobreza extrema en el Perú se redujo a 2.8% en 2018 frente al nivel de 3.8% en 2017. Con esta disminución, unos 309,000 peruanos abandonaron dicha situación de carencia durante el año pasado. En primer lugar, se encuentran dos factores que bien podrían calzar con la realidad actual: una crisis política grave y un fenómeno El Niño (ocurrido tres años antes) cuyas repercusiones seguían sintiéndose. Sin embargo, la incidencia de la pobreza aún se observa de manera diferenciada según el ámbito geográfico; con ello, los mayores niveles de pobreza se registraron en la sierra rural (48,71%), la selva rural (41,4%) y la costa rural (24,6%), según informó el INEI. Por departamentos, Cusco, Junín y Lambayeque registraron las mayores alzas del total. La pobreza en Cusco se ubicó en 25,2% -por encima del promedio de país (21,7%)- y registró un crecimiento interanual de 4,8 p.p., el mayor entre los 24 departamentos. En tanto, Junín y Lambayeque se fijaron en 21,2% y 18,5%, respectivamente. El indicador de ambos departamentos creció cada uno 3,7 p.p. en el 2017. Otros que le siguen son Pasco y Lima. Pasco es el tercer departamento con mayor pobreza (38,5%) y su indicador creció 2,7 p.p. en el 2017. Lima, en cambio, se ubica en la parte inferior de la tabla, con 13,4%. No obstante, tuvo un crecimiento interanual de 2,4 p.p. Cabe destacar que si bien Cajamarca registró la pobreza monetaria más alta del 2017 (47,5%), ésta se redujo en 0,7 p.p. frente al 2017.

De otro lado, Huancavelica, que sigue como el segundo departamento más pobre en el 2017, con 38,9%, registró una caída inter anual de 5,8 p.p. La pobreza monetaria de Amazonas, también por encima del promedio nacional, se ubicó en 34,9%, pero cayó 4,8 p.p. en el 2017. Finalmente, Madre de Dios, el departamento que se ubica en el penúltimo lugar de la pobreza monetaria en el Perú, se ubicó en 4,6% y registró una reducción del indicador de 3 p.p. DESEMPLEO Entre noviembre y enero, el subempleo por horas creció 14% en Lima Metropolitana. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la Población Económica Activa (PEA) creció 0.8% interanual entre noviembre del 2018 y enero del 2019, con un total de 5.3 millones de personas; al mismo tiempo, la Población Económica No Activa (NO PEA) creció 2.7% con 2.5 millones personas. Además, el instituto reveló que la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 6.5% con 341,700 personas que buscan un empleo activamente. Ésta fue la tasa más baja entre similares trimestres móviles de los últimos tres años. Del mismo modo, la tasa de empleo ocupado volvió a crecer y se expandió 1.7% interanual entre diciembre y enero, con un total de 81,400 trabajadores. El empleo adecuado creció 0.2%, con 4,700 trabajadores más; mientras que el subempleo creció 4.3%, con 76,700 trabajadores más. Este último aumentó principalmente por el subempleo por horas, que creció 14% con un total de 86 mil personas; mientras que el subempleo por ingresos disminuyó en 0.8% con 9,200 personas.

D. ENTORNO TECNOLÓGICO: La industria del Cemento ha incorporado de manera oportuna los nuevos avances tecnológicos obtenidos a nivel internacional, lo que ha redundado no sólo en el mejoramiento de la productividad sino además en su aporte a la economía nacional. Es así que los procesos de fabricación por vía húmeda, instalados inicialmente para obtener la mejor calidad del producto, en Cementos Norte Pacasmayo S.A. y Cemento Andino S.A. fueron transformados al proceso seco, cuando las nuevas técnicas de homogenizaci6n en silos garantizaron igual calidad. Asimismo, en la década del 60 se incorporó el proceso de recalentamiento del crudo por suspensión en los gases residuales del horno, técnica introducida en 1950 y que había demostrado su conveniencia en el lapso transcurrido. El proceso de pre calcinación, que permite optimizar la producción del horno, fue adoptado en la década del 70, por primera vez en América por Cementos Norte Pacasmayo S.A. y luego por Cemento Yura S.A. y Cementos Lima S.A. Esta técnica había comprobado previamente su efectividad en 10 plantas en Japón y otros países. También la industria del cemento adoptó las más modernas técnicas en el proceso de molienda de crudo y Clinker. Cemento Andino en 1963 instaló molinos secadores para la molturación del crudo aprovechando los gases del horno. También en esa década las empresas introdujeron molinos de Clinker de circuito cerrado, para mejorar la finura, eliminar el riesgo de falso fraguado, incrementando además la potencia de los motores. Se puede señalar que en 1970 el molino incorporado por Cementos Lima, con una capacidad de producción de 120 T/ hr. era el más grande de América.

E. ENTORNO AMBIENTAL: Ahorro de energía La Industria del Cemento mantiene una situación de avanzada en el campo de ahorro de energía. Habiendo aplicado una política de innovación tecnológica acorde con la realidad nacional, modificó en la década del sesenta los procesos de fabricación por vía húmeda, anteriormente de gran eficiencia, pasando al sistema seco. También en esa época, Cementos Pacasmayo, Cemento Andino y Cementos Lima adoptaron los sistemas de pre homogenización y de intercambio de calor aprovechando los gases de salida del horno, y optimizaron el proceso de molienda. De esta manera, la denominada “crisis de energíaencontró a la industria en inmejorable situación con los más altos niveles internacionales de eficiencia técnica. Merced a diversas investigaciones propias, la industria mejoró la molienda del crudo y obtuvo logros en el ahorro energético en los hornos. Finalmente, habiéndose agotado las posibilidades técnicas de disminuir, con economía, el consumo de energía, que se ex presa en una curva asintótica, en la cual un ahorro energético mayor representa una inversión muy alta, cementos Lima S.A. y Cemento Andino S.A. han modificado sus instalaciones para utilizar el carbón en sustitución del combustible líquido, este dejará disponible aproximadamente un millón de barriles anuales de petróleo lo que significará un importante ahorro de divisas, la empresa LAR CARBON S.A., con participación accionaria de dos empresas de cemento, inversionistas privados y capital extranjero en minoría, ha construido, con una importante inversión, una planta de beneficio de carbón diseñada por ingeniería nacional. Por otra parte, Cementos Norte Pacasmayo S.A. tiene también en desarrollo su proyecto de transformación a carbón.

F. ENTORNO LEGAL: Normalización y control de calidad Todas las empresas de cemento han incorporado en su proceso, avanzados criterios de control de calidad. Las especificaciones internas permiten obtener productos de elevadas características, que exceden los niveles normalizados. Todas las plantas cuentan con modernos laboratorios para ensayos y análisis de las materias primas calcáreas, yeso, Clinker y cemento. También, en muchos casos, poseen equipos para determinaciones sobre petróleo y refractarios. Los procesos de ensayo de rutina de carácter químico, físico y mecánico se ejecutan paralelamente a técnicas modernas como son la difracción de rayos X, la absorción atómica y la espectrofotometría. Muchas empresas tienen contratos de auditoría técnica externa para el control de calidad, que permiten a las gerencias el conocimiento cabal de la eficiencia productiva, afinar los procesos y tomar las medidas correctivas, si fuera el caso. Las normas vigentes para la industria del cemento fueron adoptadas al inicio de la década del 60 por el INANTIC, según las recomendaciones de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPANT, organismo de la LSO. Estas especificaciones han sido y son revisadas periódicamente por el ITINTEC, organismo oficial que reemplazó al INANTIC. La Industria del Cemento cumple también desde un inicio con las normas de la Asociación Americana de Ensayo de Materiales, ASTM.

ASOCEM, ha organizado ocho programas de Ensayos Inter laboratorios, en años sucesivos, con el propósito de verificar el grado de adecuación de la norma, la dispersión estadística admisible en los resultados de ensayo y permitir el autocontrol de los laboratorios participantes. En estos programas han participado todos los laboratorios de las empresas de cemento, los del sector público y de las universidades. Regulación y certificación ambiental Las licitaciones públicas y los contratos con el Estado. El marco normativo que regula la expedición de permisos de construcción se define en las siguientes normas: El reglamento nacional de edificaciones; La ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones (Ley 29090) y, en el ámbito de la regulación y certificación ambiental, la ley 27446. Se menciona que en el estudio de impacto ambiental (EIA), el cual evalúa la forma en que un proyecto de habilitación urbana o de edificación influirá en su entorno, así como evalúa las acciones para la mitigación del impacto ambiental, establece los requisitos para la obtención

de

dichas

certificaciones

ambientales.

Existen

limitaciones

relacionadas con la certificación ambiental para el sector construcción, principalmente en el mercado inmobiliario del Perú que encuentra trabas relacionadas con la expedición del estudio de impacto ambiental para la obtención de permisos de edificación y/o habilitación, que surgen por las siguientes razones: Plazo prolongado en la entrega del estudio de impacto ambiental, discrecionalidad y burocracia que dilatan los procesos, y dispersión legal que no brinda un marco legal totalmente transparente.

Ello constituye un obstáculo para la generación de negocio en el país, ya que dilata la ejecución de los proyectos (inmobiliarios) generando impacto sobre los costos del financiamiento de los mismos. De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el plazo promedio para la expedición de la certificación ambiental es de 120 días (BCRP, 2012). Sin embargo, es importante mencionar el reciente paquete de medidas para reactivar la economía, propuesto por el Ejecutivo, el cual fue aprobado por el congreso en julio del presente año, que establece modificaciones en temas tributarios, laborales y ambientales que tiene como principal iniciativa la simplificación de procesos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. En material ambiental, se establece la reducción de plazos para opinar sobre Estudios de Impacto Ambiental, a un plazo máximo de 30 días hábiles. Asimismo, se establece un plazo de tres años en que se priorizarán las medidas de prevención y corrección de las conductas infractoras de las empresas, y solo se aplicarán sanciones para situaciones excepcionales. En el ámbito de las Licitaciones Públicas y contratos con el Estado, como se mencionó anteriormente, el sistema de contrataciones con el Estado está cargo del Organismo Supervisor de Contrataciones y Adquisiciones del Estado [OSCE]. Se sostuvo una entrevista con Lelio Balarezo, presidente del consejo directivo de la 3 El 03 de julio del 2014 el Congreso aprobó El proyecto de ley 3627, titulado "Establecen medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país" 23 Cámara Peruana de la Construcción [CAPECO], quien expuso sus

perspectivas respecto a los requisitos exigidos por esta entidad para las licitaciones públicas y las condiciones contractuales que se establecen con el Estado (ver

Anexo A): La postura del entrevistado respecto del sector construcción es que se exigen demasiados requisitos en las convocatorias de proyectos públicos, generando sobrecostos e ineficiencias en los procesos de licitación que retraen a los inversionistas. Asimismo, comenta que en los órganos supervisores como la OSCE predomina la burocracia, ésta se refleja en la recepción de quejas y consultas cuya atención extiende el proceso, retrasando la puesta en marcha de la ejecución del proyecto. Mencionó que los inversionistas requieren simplificación y modernización de los procesos de licitación convocados por el Estado y que las condiciones contractuales sean equitativas entre las empresas nacionales y extranjeras. Las empresas extranjeras tienen mayor capacidad de contratación que las nacionales, su acceso al mercado peruano es más sencillo y tienen menor riesgo pues su capital está en otro país y al darse el caso de incumplimiento de contrato no se puede ejecutar bienes tangibles de la empresa extranjera, lo cual no sucede con la empresa nacional, ya que la ejecución procede de forma inmediata. Las dificultades burocráticas en el sector, son identificados como riesgos relacionados a los contratos con el estado, tal como manifiesta José Graña Miró Quesada, presidente del grupo Graña y Montero, quien precisó que uno de los principales riesgos que enfrentará la empresa constructora es el retraso en la aprobación de los proyectos. Asimismo, resalta que los problemas sociales no son el eje del problema, sino la complejidad de las normas, haciendo más lento el flujo

de toma de decisiones y afectando los plazos en la ejecución de proyectos según Revista G de Gestión (agosto del 2013). A pesar de las dificultades burocráticas mencionadas, el entorno político-legal es favorable para las empresas del sector

porque establece un marco legal que brinda seguridad jurídica, hay coherencia en la continuidad de políticas económicas y una política fiscal ordenada. No obstante, se debe atender la mejora de procesos para agilizar la emisión de certificados y estudios ambientales, licitaciones y aprobaciones de los proyectos.