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• Francisco Lorduy

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FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS SOCIALES Y EDUCACION PROGRAMA DE DERECHO

Información del Proyecto.

Datos Generales Proyecto: Aborto en Colombia Estado Semillero Área del Proyecto Investigación Tipo de Proyecto

Subárea del Proyecto

Básico

Subtipo del Proyecto

Grado Académico: II Semestre

Programa Académico: Derecho

Email: [email protected]

Teléfono : 3104293450

Información específica

Introducción 2. INTRODUCCIÓN El 14 de abril del 2005 fue interpuesta una demanda frente a la corte a la Corte Constitucional colombiana que pedía la declaración de inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal que criminaliza el aborto sin excepción. La demanda argüía que la penalización del aborto cuando se encuentra en peligro la vida o salud de la mujer, cuando el embarazo es resultado de una violación, y/o cuando existe una grave malformación del feto incompatible con la vida extrauterina; viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación; el derecho a la vida, a la salud y la integridad física; y el derecho a la dignidad, a la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad. La demanda no solo se apoyaba en una rigurosa argumentación jurídica del Derecho internacional que rescata las recomendaciones emitidas por los Comités de Monitoreo de los Tratados de Derechos Humanos, sino que estaba inscrita dentro de una serie de acciones que buscaban en definitiva avanzar en la promoción de los Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas. Se busca promover la figura de la acción pública de inconstitucionalidad como herramienta para el cambio social y, en esa medida, validarla como una expresión de las políticas públicas. En segundo lugar, el documento hace un llamado de atención sobre la necesidad de sincronizar agendas, establecer 1

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compromisos y afianzar flujos de información para construir campañas conjuntas que involucren no solo a activistas sino también académicos/as, médicos/as, políticos/as, empresario/as, etc., para diseñar políticas públicas que se transmitan, argumenten y materialicen el discurso de los derechos de las mujeres.

Planteamiento 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. PLANTEAMIENTO PROBLEMA En Colombia el aborto es un problema social, porque hay personas que están de acuerdo y en desacuerdo. Según un estudio del instituto de new york Guttmacher el 70% de las personas no están de acuerdo, porque se está vulnerando el derecho a la vida de una persona, pero pese a esta ilegalidad absoluta del aborto en Colombia, al menos en algunas de las grandes ciudades del país las mujeres tienen acceso a servicios seguros y de calidad, lo que ha determinado que el haya pasado de ser la primera causa de mortalidad materna en la década de los setenta(70) a ser la tercera causa en los primeros años del siglo XXI. Nuestra hipótesis es entonces que la condición de ilegalidad permite mantener una posición pública y discursiva de rechazo frente a la práctica del aborto, acorde con la posición dominante de la jerarquía eclesiástica, mientras que en la práctica y en el nivel de lo privado se recurre a la interrupción voluntaria de la gestación en condiciones de seguridad y confianza, al menos entre las mujeres de los estratos socioeconómicos más altos. Esta situación paraliza entonces el debate innecesario y promueve la coexistencia de leyes totalmente restrictiva con prácticas permisivas. Lo que no saben es que según el código civil y algunos doctrinarios, no es considerado persona mientras este simplemente concebido, solo es persona cuando está completamente separado de la madre, es decir, cuando no los conecte el cordón umbilical. Pero cuál es el problema que el aborto no este legalizado (excepto por los que están sujetos a certificación médica), que existen muchas clínicas clandestinas, o por decirlo en termino vulgar clínicas de garaje que no cuentan con las condiciones suficientes para tratar este tipo de procesos, y según las estadísticas en Colombia se practican aproximadamente 200.000 abortos por años que no están a las condiciones de la sentencia C-355 de 2006, y lastimosamente que no estén sujetos a estas

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condiciones ha costado la vida y la salud de muchas mujeres, en especialmente los jóvenes de 14 a 16 años que son las más vulnerables como muestran las estadísticas. A esta situación se suma hoy el acceso cada vez más generalizado al aborto con medicamentos que hace aún más privada, segura y más asequible a grupos más amplios de mujeres, la decisión de interrumpir el embarazo. Esto lleva a que se vuelvan invisible una porción importante de los embarazos no deseados y de los abortos, tranquilizando aún más las conciencias de la doble moral. Paradójicamente entonces, un avance en la técnica que facilita y simplifica el acceso de las mujeres al aborto seguro se convierte en arma de doble filo en la medida que silencia aún más la posibilidad de la discusión y el debate social para la legalización franca y abierta. Esta descripción no desconoce, sin embargo, la presencia abundante del país de una oferta de servicios de aborto que se prestan de manera insegura y sin calidad, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres, y que existen solamente gracias a la condición de ilegalidad y clandestinidad del tema en el país. Esta oferta de servicios solo agranda la brecha de inequidad a la que nos referimos más adelante. Colombia y sólo dos países más en América Latina comparten ese lugar prohibiendo el aborto en todos los casos: Chile y El Salvador. El gobierno colombiano los legisladores han hecho caso omiso de las múltiples convenciones y tratados internacionales en los que se le ha recomendado a Colombia revisar la despenalización absoluta del aborto. A esta situación de ilegalidad, se suma la realidad del aborto como un problema de salud pública que durante más de una década ha ocupado entre la segunda y tercera causa de muerte materna en el país por culpa de los abortos clandestinos (González Vélez, 2005). Según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los embarazos que terminan en aborto corresponden al 16,0% de las causas de muerte materna. El estudio La Incidencia del Aborto Inducido en Colombia muestra que el 22,9% de todas las mujeres encuestadas entre 15 y 55 años declaró haber tenido por lo menos una experiencia de aborto inducido y afirma que aunque el riesgo de aborto es alto para todos los grupos de edad "una joven de menos de 19 años embarazada tiene el doble de riesgo de aborto que una mujer mayor de 40 años: casi la mitad de estas jóvenes menores de 19 años embarazadas ha tenido una experiencia de aborto (González Vélez, 2005)

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JUSTIFICACION El aborto ha sido un problema que ha estado presente durante todas las épocas del ser humano, adquiriendo en la actualidad una gran importancia, el aborto es un aspecto muy serio, como no está legalizado el aborto muchas personas lo practican clandestinamente. La idea de este proyecto es concientizar a las personas de no practicarse el aborto de manera clandestina, ya que pueden presentar problemas al momento de realizarse este procedimiento, pensamos sobre todo en la población vulnerable, que no tiene acceso a una clínica donde brindan garantías al momento de realizarse esta práctica, ya que no poseen recursos económicos de ningún tipo.

Objetivo General 

Analizar la problemática social, jurídica y político que se presenta en Colombia en cuanto al aborto.

Objetivos específicos 

Estudiar el aborto como problema de la salud pública.



Interpretar la inconstitucional del aborto.



Examinar las diferentes posiciones de la opinión pública.

Referente Teórico 5. REFERENTE TEÓRICO El Ministerio de Protección Social vigila la mortalidad materna dentro del Sistema Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) como una de las causas de muertes evitables y según su informe, entre 1992 y 1996 y cuyas características no han cambiado a la fecha, las causas de muerte materna en Colombia fueron por orden y frecuencia: 1) Hipertensión inducida por el embarazo: 35%; 2) Complicaciones del 4

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trabajo de parto y parto: 25%; 3) Aborto: 16% y 4) Otras complicaciones del embarazo: 9%; 5) Complicaciones del puerperio: 8%, y 6) Hemorragias: 7%. En Antioquia las hemorragias superan a las otras complicaciones del parto estando en segundo lugar y el aborto en el tercero. En Medellín las adolescentes, nuestro grupo de mayor preocupación egresan de los hospitales por diagnóstico de parto como segunda causa de egreso, y por aborto como tercera causa, por lo que considera la Red de Prevención del Embarazo Adolescente, que en la mayoría de los casos, al parto y el aborto en las adolescentes son una falla en múltiples campos: en educación, en formación e información en salud sexual y reproductiva; en acceso oportuno a los métodos de planificación, en acceso económico y locativo a espacios de asesoría y distribución de los mismos, en los hombres abusadores que toman a las mujeres como objeto satisfacción personal violando sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a su libertad de elección, a sus posibilidades de desarrollo más allá de la maternidad. Las causas de muerte debidas al aborto en condiciones de riesgo: El aborto es un problema médico, pero también un problema social agravado por condiciones de pobreza y su penalización no solo compromete la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, sino que expone a las mujeres al acceso a lugares y estrategias inseguras para suspender la gestación. En cuanto a la lucha que libran los detractores del aborto en Colombia con quienes lo apoyan ha sido erróneamente enfocada, dejando a un lado la importancia del derecho a la vida de la madre, la cual debe ser protegida, como está consagrada en la constitución, ya que la cuestión no se centra en si es o no moralmente correcto practicar el aborto, si no en que es responsabilidad del Estado salvaguardar la vida de la mujer. Desde el 2006, la Corte Constitucional en Colombia abrió la puerta al IVES, permitiendo realizar el procedimiento cuando se incurre en alguna de estas tres circunstancias: 

Cuando el embarazo pone en peligro la salud —física o mental— de la mujer, o su vida.



Cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto.



Cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero.

Durante años se ha dicho que en Colombia se practican 400 mil abortos clandestinos anuales, sin ninguna justificación y contra toda evidencia. Hace décadas alguien inventó un número inverosímil de abortos en el mundo, sin evidencia a favor y 5

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varios índices en contra, la cifra fue repetida y certificada por expertos, periodistas y activistas que la convirtieron en verdad inmutable, tan arraigada que todo esfuerzo para estimar un número que nadie conoce con certeza es hoy un mero trámite ritual que la confirma. Las sospechas sobre la autoría del entuerto inicial recaen sobre la Organización Mundial de la Salud (OMS). La burocracia internacional calcula el agregado de muchas incógnitas, aun de aquellas que no se pueden estimar por separado para un país o ciudad. Esto sucede con la cifra de abortos clandestinos. Son muchos los testimonios de mujeres que abortan sin contarle a su pareja, a su familia o a sus amistades. El silencio y el afán por no dejar huella de un acto ilegal también se observa entre quienes interrumpen el embarazo: su principal preocupación es no dejar trazas. Salvo las personas detenidas o las pruebas recaudadas en los pocos allanamientos que hace la policía o en las aún más raras ocasiones en que los abortos clandestinos terminan con la muerte de la mujer, no queda rastro ni vestigio de ellos. A finales de los noventa, antes de hacer una encuesta en tres barrios bogotanos en los que se observaba una alta mortalidad materna, se comentó: "tener cifras específicas de cuántos se practican en Bogotá resulta casi imposible [...] no se sabe qué tipo de aborto es provocado o no [...] [los datos] no son confiables por tratarse de una práctica ilegal" (ET, 1998a). A pesar de esos impedimentos insalvables para saber qué ocurre a nivel desagregado, a finales de los ochenta la OMS empezó a circular una cifra de millones de abortos clandestinos en el planeta. "De acuerdo con un informe de 1987, en el mundo se practican cada año entre 40 y 60 millones de abortos" (Ladipo, 1990, 20). Este cálculo olímpico se emprendió a pesar de que años antes un grupo científico convocado por la misma OMS recomendó no hacerlo, ni siquiera para un país, dadas las dificultades de información características. Otro informe técnico de la OMS reconoció en 1992: "es casi imposible estimar con precisión las tasas de aborto" (WHO, 1992, 6). No es coincidencia que justo después de divulgar esta cifra millonaria aparecieran en los medios colombianos datos igualmente aventurados: "Cada año se practican más de 250 mil abortos en madres menores de 19 años", declaró el ministro de salud en la apertura de un seminario sobre el tema (ET, 1992). Meses después, el número fue redondeado a 300 mil por un joven periodista (Santos,1993). Al cabo de un año, esa cifra fue refrendada dando a entender que provenía de una investigación rigurosa (ET, 1994b). En esa misma época, el Gutmatcher Institute (GI) de Nueva York calculó que "por cada 6

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diez niños que nacen vivos en Colombia, cuatro han sido abortados" (ibíd.).El país escuchó que "Latinoamérica aborta por montones" y que la transición demográfica se estaba logrando "gracias al aborto inducido". Para esa sorprendente sugerencia se citaron cifras contundentes: "casi tres millones de abortos se provocan todos los años en cinco países". En 1996 la cifra mundial fue refrendada por Naciones Unidas (Reuter, 1996), y el tema pronto dejó de ser exclusivo de la OMS. "Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, anualmente por lo menos 20 millones de mujeres se someten a abortos en malas condiciones" (ET, 1996b). La Iglesia redondeó el número de abortos eliminando la distinción entre legales y clandestinos: todos eran condenable. A raíz del debate en el Senado sobre la reforma al código penal, en 1998 un asesor de Profamilia retomó la cifra mundial y endosó la cifra local (ET, 1998b), a pesar de que esa entidad ya había hecho tres encuestas en el país, con una muestra representativa, que desafiaban esa cifra. En 2000, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá emitió la "primera condena por aborto", la cifra se ajustó de nuevo hacia arriba: 350 mil abortos (ET, 2000a). Un mes después, la conocida periodista Gloria Moanack, en un balance del conocimiento sobre esa práctica, señaló las dificultades para establecer su magnitud y recordó la confusión entre aborto espontáneo e inducido, pero dejó abierta la posibilidad de que este último fuera muy superior (Moanack, 2000). Mónica Roa publicó en 2005 un excelente artículo sobre una investigación de la Universidad Externado de Colombia acerca del aborto inducido, con una perla que reflejaba fe ciega en la cifra: si había 1,5 millones de embarazos al año y 1,1 millones de nacimientos, la diferencia "no se puede explicar de otra manera"; hay 400 mil abortos. Cuando se quiere confirmar un prejuicio, ignorar las pérdidas espontáneas es un desliz menor (Roa, 2005). En 2011, el GI, contradiciendo sus trabajos anteriores, con una metodología y unos supuestos desfasados, "precisó" que los abortos clandestinos eran 398.700. Recientemente, de donde menos se esperaba llegó también una adhesión a esa cifra. Profamilia, la entidad que hace cada cinco años la encuesta nacional de demografía y salud (ENDS), un trabajo de campo impecable con muestras representativas, endosó el mito en una campaña publicitaria, a pesar de que su encuesta -aplicada ya en siete oportunidades- lo contradice. Con ese respaldo, la cifra ya es aceptada y reforzada aun por analistas serios (García, 2015), y se estiró aún más cuando se dijo que no correspondía a los abortos 7

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ilegales sino a los que ocurren en las tres circunstancias contempladas por la jurisprudencia para que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sea legal (Ruiz, 2015). Al parecer, los 400 mil abortos anuales surgieron en el país por regla de tres: el equivalente a la participación de la población en el total mundial, ajustado progresivamente al alza. Un indicio de ello es que antes de la estimación mundial nadie lanzaba números en los medios y después de difundir esa millonada, la proporción correspondiente al país fue adoptada por periodistas y activistas, hasta convertirse en coletilla obligada de cualquier referencia al tema. El trabajo que presentó la primera estimación mundial de la OMS no se consigue, pero la sexta reedición tiene una sección metodológica reveladora que hace pensar en el cuento de García Márquez (WHO, 2008, 39). Es claro que los insumos para calcular los abortos clandestinos en el mundo son los comentarios y análisis disponibles en internet, no siempre elaborados con trabajo de campo ni con encuestas, sino mediante estimaciones que, como las de los periodistas colombianos, se derivan de cálculos de funcionarios con imaginación global que ven confirmadas sus profecías. INCOHERENCIAS CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Cuando se empezó a abrir camino la cifra cercana al medio millón de abortos clandestinos anuales, ya existía en el país un estudio riguroso sobre aborto inducido, basado en una encuesta con una muestra respetable. Esta investigación, de la Universidad Externado de Colombia, no aventuró cifras anuales, pero mediante cálculos simples queda claro que la cifra era muy inferior: unos 130 mil, la tercera parte de la que pregonan medios y expertos. La proporción de 14,5 abortos por cada 100 nacimientos reportados en esa muestra difiere notablemente de los más de 40 que supone el GI al calcular 400 mil. Para una fracción más pertinente -embarazos que terminan en aborto ese estudio encontró que "el 12,37% de esos embarazos terminó en aborto inducido" (ibíd., 40). De modo que, en su apresurada estimación, Mónica Roa no solo mezcló el aborto espontáneo con el inducido sino que tampoco verificó que la proporción calculada por ella (27%) difería de la del Externado. No obstante, sin contrastar fuentes, los medios atribuyeron la responsabilidad de esa cifra fantasiosa al Externado (ET, 2000b).

Aun sin consultar ese trabajo, era evidente la discrepancia entre las cifras pregonadas y la información disponible, por ejemplo, con el número de abortos per cápita en países con alta incidencia de abortos. 8

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Durante varias décadas la Unión Soviética, donde se aprobó el aborto libre en 1920, ocupó el primer lugar en interrupción de embarazos. En 1995, un despacho de una agencia española de noticias que se publicó en los medios colombianos mencionó su "récord en abortos"(Efe, 1995). En ese entonces, la población rusa era unas ocho veces mayor que la colombiana7, de modo que en términos per cápita el nivel de abortos en Colombia era supuestamente casi igual al de Rusia. Otro país con alta incidencia de abortos es China, en buena parte debido a su estricta política demográfica y al aborto legalmente aceptado. "Uno de cada tres embarazos termina en aborto", escribió en 1993 el mismo periodista que no verificó que esa alta proporción era inferior a la que pregonaba párrafos antes (Santos, 1993). La simple comparación de las tasas de aborto per cápita de varios países habría puesto en duda la cifra de 400 mil abortos que carecía de sustento. Las estimaciones para algunas ciudades colombianas también desafiaban el mito aceptado. "En Barranquilla se reportaron 1.267 abortos en 1992". Tomando ese dato como indicador, la cifra nacional solo sería de unos 43 mil. A finales de los noventa, los medios mostraron preocupación por el alto número de legrados en el Hospital Universitario del Valle (HUV): unos 4.000 al año (ET,1998c). El HUV era el único hospital de Cali autorizado para practicar legrados, y se puede suponer que no solo llegaban casos de la capital sino de otros municipios del departamento. Ese número "alarmante" equivaldría a un total nacional de 40 mil a 80 mil abortos. En 2000, un día antes de la publicación de un informe sobre embarazo adolescente se reportó el caso de un colegio distrital de Bogotá en el que "más de 40 niñas entre 13 y 17 años están embarazadas", y ninguna pensaba abortar (ET, 2000c). Este relato contradecía la idea de que la tercera parte de los embarazos, sobre todo de jóvenes, termina en aborto, la cual habría implicado unas doce interrupciones. Pero el redactor retomó sin dudar la cifra de 400 mil abortos. LOS ANTROS INSALUBRES DONDE MUEREN POCAS MUJERES Cualquiera de las incoherencias anteriores es menor frente a la más notoria, la astronómica cifra de abortos clandestinos en condiciones de sanidad deplorables frente al bajo número de muertes provocadas por esa operación. La exagerada cifra de abortos mundiales se divulgó con otra estadística global: cientos de miles de mujeres muertas por interrupción clandestina del embarazo. "Por lo menos 200.000 mujeres mueren cada año por abortos fallidos", declaró un obstetra nigeriano en una publicación de la OMS a 9

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comienzos de los noventa (Ladipo, 1990). Oficialmente, la OMS era más cautelosa. El informe de un grupo técnico reunido en Ginebra en 1992 reconoció que era difícil determinar el número de muertes por aborto inseguro no solo por la imposibilidad de conocer la incidencia de aborto en mujeres en edad reproductiva sino porque no se sabía con precisión la proporción de casos que terminan fatalmente (WHO, 1992, 6). Ese mismo informe calculó un rango de 50 mil a 150 mil muertes y aclaró que "la eventual caída del número de muertes anuales relacionadas con abortos se puede atribuir a prácticas de cuidado más seguras" (ibíd., 7). Cuando las estimaciones de mortalidad mundial por aborto se empezaron a divulgar en Colombia la cifra ya se había ajustado drásticamente a la baja: "70 mil mujeres mueren debido a complicaciones"(ET, 1996b); cifra respaldada por una de las revistas médicas más prestigiosas, The Lancet, que estimaba entre 60 mil y 120 mil muertes por aborto clandestino. La información sobre mortalidad materna se enmarcaba en dos teorías. La primera, difícil de rebatir, es que el aborto ilegal tiene más riesgos para la salud de la mujer. Incluso para esta hipótesis razonable hay escenarios que la contradicen. Uno es India, donde el aborto es legal, pero se carece de una red sanitaria eficaz y se aborta "en un medio insalubre sin las medidas preventivas necesarias" (Efe, 1996a). Otro es Chile, donde en 1989 se derogó la ley que permitía el aborto terapéutico y, después de la ilegalización, entre 1989 y 2007, "la mortalidad se redujo de 13,7 a 1,7 por 100.000 nacidos vivos" (Koch et al., 2012). Los datos colombianos sobre mortalidad materna provocada por aborto también muestran una caída sostenida, de 264 muertes en 1983 a 70 en 2010, un fuerte descenso bajo un régimen legal prohibitivo (DNP, 1999; Prada et al. 2011). Estas experiencias sugieren que la clandestinidad no es una condición suficiente ni necesaria de alto riesgo de mortalidad por aborto, el cual depende menos de la ilegalidad que del cubrimiento y la calidad del sistema sanitario. Así empieza a reconocerlo la OMS. En la interrupción legal del embarazo -desde un aborto farmacológico en el hospital de un país desarrollado hasta la introducción de objetos en un consultorio no desinfectado de un país atrasado- hay "un espectro de riesgos, como la auto administración de misoprostol o el uso de técnicas anticuadas como el legrado, aun por médicos bien entrenados" (Ganatra et al., 2008). Con esa dispersión, sumada a la baja continua de la mortalidad por aborto, la OMS admite que sus definiciones "pragmáticas" -p. ej., considerar inseguro cualquier aborto no legal- se deben ajustar al nuevo contexto (ibíd.). 10

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La segunda teoría -contra intuitiva, poco creíble y contraria a la evidencia y a los testimonios- es que el número de abortos es mucho mayor en países donde está penalizado. Esa teoría insólita se propuso al comienzo con suma cautela, pero se convirtió en verdad a fuerza de repetirla. Nunca se intentó comprobarla, considerando por ejemplo el mayor acceso a contraceptivos en países desarrollados. Y quedó flotando una asociación bizarra: la clandestinidad como incentivo para que las mujeres aborten y para que los médicos ofrezcan ese servicio. En Colombia, ya en la primera mitad de los noventa la tasa de mortalidad materna por todas las causas (DNP, 1999) con una marcada tendencia a la baja, era inferior a 10 por cada 100 ml nacimientos (ibíd., cuadro 6, 20). Así, las cifras calculadas por las agencias internacionales eran un 60% mayor que las causadas por esa y las demás razones. El número de mujeres muertas por aborto era apenas superior a 100 y, con altibajos, la participación del aborto en la mortalidad materna venía disminuyendo. El mito de 400 mil abortos ignora esa tendencia a una mortalidad cada vez menor. La información sobre el continuo y notable descenso de las muertes por aborto no se limitaba a documentos técnicos a los que pocos tenían acceso. En 2001 el principal diario nacional anunció: "las muertes maternas bajaron el 51 por ciento en Bogotá, en los últimos 10 años" (ET, 2001a). Los medios divulgaron datos de algunos hospitales que atendían mujeres con complicaciones por aborto clandestino, que se pueden usar para calcular la relación entre muertes e interrupciones de embarazo y, con ella, el total de abortos en el país. En 1998, el jefe de la unidad de gineco-obstetricia del HUV calculó que morían 12 de cada 4.000 mujeres que allí se atendían por complicaciones de aborto (ET, 1998c). Con esa proporción, el total nacional de interrupciones de embarazo sería de 50 mil, un número no muy diferente del que indican otros datos disponibles. Las agencias internacionales nunca superaron la barrera de 200 mil y habían estabilizado la cifra de defunciones maternas por esa causa en 70 mil. Al multiplicar la tasa pregonada internacionalmente por el supuesto número de abortos colombianos se llegaba a una cifra de muertes espeluznante: "con base en los 300 mil casos que revela el Ministerio de Salud, y considerando la estadística de la Unicef, alrededor de 45 mil mujeres al año podrían morir en el país debido a abortos mal practicados" (ibíd.). En Colombia, el aborto es tema de controversia a nivel social, es bien sabido que desde la iglesia (Religión) se tiene un concepto, desde lo político otro, y desde lo netamente social existen distintas clases de conceptos sobre lo que significa el aborto. 11

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En la vida social existen distintas moralidades que chocan para conseguir un pensamiento más generalizado sobre algo, en el tema del aborto, como ya se dijo antes, la división de opiniones es notoria, la moral religiosa exige el respeto de las leyes naturales de Dios y el respeto a la vida de la criatura que está por nacer, en lo político es algo incierto, puesto que, un político busca al final simpatizar con el pueblo más que por un pensamiento que él o ella considere correcto; Y, por último, el más amplio y dividido clero moral, va en la sociedad general. A continuación, se estudiará más a fondo estas distintas corrientes morales del pensamiento social sobre el aborto.

El aborto inseguro es considerado un problema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social. A nivel global y regional se ha trabajado intensamente por parte de la comunidad internacional, incluidos los grupos de mujeres que abogan por sus derechos. Sin embargo, el aborto inseguro persiste como un problema de salud pública y justicia social vigente principalmente en el mundo en vías de desarrollo y, particularmente, en América Latina y El Caribe. De los 208 millones de embarazos estimados en el mundo por año, el 41% (85,3 millones) fueron no deseados, fuente del aborto inseguro. El aborto ha disminuido a nivel global, pasó de 45,5 millones en 1995 a 41,6 en 2003; sin embargo, el número de abortos inseguros apenas se modificó, pasó de 19,9 a 19,7 millones en el mismo periodo. El descenso en el número total de abortos se da principalmente por el descenso en la tasa de aborto seguro, que pasó de 20 a 15 por 1.000 mujeres de 15 a 44 años, mientras la tasa de aborto inseguro apenas pasó de 15 a 14 por 1.000 mujeres en edad fértil, entre los años 1995 y 2003. Se estima que cerca del 20 al 30% de las mujeres que se enfrentan a un aborto inseguro presentan infección de los órganos pélvicos, 8 millones sufren complicaciones que requieren tratamiento médico pero solo 5 millones tienen acceso al mismo–, y 47.000 mueren a consecuencia de complicaciones relacionadas con el aborto. El 98% de estas mujeres viven en países en vías de desarrollo, y se concentran en aquellos con leyes restrictivas que obligan a las mujeres a recurrir a prácticas no seguras y a personal no calificado para realizar el aborto, lo que les impone una mayor carga de enfermedad y muerte. En América Latina la razón de letalidad por aborto es de 30 por cada 100.000 nacidos vivos. En Colombia, a pesar de que la Corte Constitucional, en el año 2006, lo despenalizó, aún persiste el aborto inseguro como consecuencia de la poca información, las trabas administrativas, los retrasos en los procesos de atención, y los maltratos y las violaciones de los derechos de las mujeres. 12

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En el país hay 400.000 abortos no seguros por año, y 93.000 complicaciones evitables, que consumen los recursos del sistema de salud. Setenta mujeres fallecieron por complicaciones del aborto en 2008 y 27 en 2014, y ocuparon el quinto lugar como causa de muerte materna en este año. La salud pública como responsable de la salud y el bienestar de las poblaciones debe afrontar el tema del aborto desde una perspectiva de derechos y justicia social que contribuya al respeto de la dignidad de las mujeres y, por ende, a lograr la mejor salud y bienestar posibles. Por tanto, la salud pública debe generar las condiciones necesarias para que las mujeres sean dueñas de su autonomía reproductiva. La perspectiva de justicia social que se asuma es fundamental tanto para las mujeres como para la sociedad, por tanto, se hace necesario analizar dichas perspectivas, en el marco de los derechos, de tal forma que faciliten el avance y contribuyan a la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. en el ámbito socio-jurídico: "El artículo tiene como objetivo analizar tres corrientes de justicia distributiva: el utilitarismo, el liberalismo y el desarrollo de capacidades, y compara sus fortalezas y contradicciones; busca demostrar que el desarrollo de capacidades es el más adecuado para afrontar el tema del aborto en los países de la región de Latinoamérica y del Caribe. El utilitarismo. El enfoque utilitarista de Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806-873) sostiene que la justicia consiste en maximizar la utilidad o el bienestar, en otras palabras, la mayor felicidad para el mayor número de personas. Bentham señala que el principio mayor de la moral consiste en maximizar la felicidad, en la medida que, una vez sumado todo, el placer sobrepase al dolor. Debe hacerse aquello que maximice la utilidad, esta última entendida como cualquier cosa que produzca placer o felicidad, y cualquiera que evite el dolor o el sufrimiento. En consecuencia, la moralidad de un acto depende solo de sus consecuencias, se debe hacer aquello que produzca el mejor estado de cosas una vez considerados todos los factores. Para Bentham hay tres principios fundamentales, el primero es que el individuo es la medida de la organización social, dicho de otra forma, la sociedad o comunidad es un “cuerpo ficticio” constituido por la sumatoria de los individuos; en segundo lugar, el individuo está gobernado por el placer y por el dolor, por tanto, un placer puro e intenso, desprovisto de dolor, es la felicidad; y tercero, la búsqueda de la mayor felicidad posible es el fin último, tanto del individuo como de la comunidad; en otras palabras, la vida moral y política se basaban en el placer y el dolor, maximizando el primero y evitando el segundo. Bentham estableció la mayor felicidad de todos como su principio 13

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universal, sin embargo, la felicidad de unos puede ocasionar una disminución en la felicidad de otros. Por tanto, nuestro autor consideró como objetivo universal, no la mayor felicidad de todos, sino la del mayor número. Ante este planteamiento existen dos objeciones, la primera consiste en que este enfoque viola los derechos humanos y no respeta la dignidad intrínseca de cada ser humano. Para entenderlo de forma práctica analicemos lo que ocurriría con una mujer que quiere terminar su gestación por cualquiera de las tres causales reconocidas por la Corte Constitucional de Colombia. En una sociedad patriarcal, que considera que la razón de ser de los seres humanos es procrearse, y donde un aborto causaría mucho dolor a la mayoría de las personas y solo felicidad –o mejor, menos dolor– a la mujer que recurre a este, la posibilidad de interrumpir la gestación no sería posible. Pero el problema no está en el hecho de aprobar o no el aborto –situación que para los utilitaristas, en un país de mentalidad laica, sería adecuada para evitar pérdida de vidas humanas y efectos negativos sobre la salud–, sino en el hecho de desconocer al individuo al hacer un cálculo utilitarista grupal. En este caso, la Sentencia C-355 de 2006, de la Corte Constitucional, afecta positivamente a los grupos que están en favor del aborto y negativamente a los que están en contra, y crea un enfrentamiento entre grupos, como efectivamente ocurre. Por tanto, se puede afirmar que el respeto por los derechos y por la dignidad humana va mucho más allá de un simple cálculo utilitario de grupo, donde se invisibiliza al individuo, y, por consiguiente, la propuesta de Bentham no sería razonable. La segunda objeción consiste en que cualquier aspecto con importancia moral se puede transcribir a una escala de valor única, sin que se pierda nada en la transcripción. Esta objeción supone que con una unidad común de valor es imposible captar todos los valores necesarios que pueden estar implicados en una decisión. Por ejemplo, no es lo mismo tomar la decisión de abortar por una malformación fetal incompatible con la vida, en cuyo caso la mujer y la mayor parte de la sociedad estarían de acuerdo, que hacerlo porque la mujer se siente afectada en su salud mental o porque está en riesgo su propia vida, en donde el balance anterior sería diferente; una escala única de traducción no podría dar cuenta de estos matices y, por ende, sí se perdería mucho en la transcripción. John Stuart Mill da respuesta a los cuestionamientos realizados a Bentham. Primero, intenta reconciliar los derechos individuales con el utilitarismo al afirmar que las personas deberían ser libres de hacer lo que quieran con tal de que no perjudiquen a otras personas, y el Estado no tiene por qué intervenir en las libertades individuales, ni siquiera para proteger a una persona de sí misma, ni para imponerle la mejor manera de vivir según la 14

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mayoría; dicha persona solo tendría que rendir cuentas a la sociedad en aquellos actos que afecten a otros. Según Sandel, “las conjeturas de Mill acerca de los saludables efectos sociales de la libertad son bastante verosímiles, pero no ofrecen una base moral convincente a los derechos individuales”, pues el respetar los derechos individuales con el propósito de fomentar el progreso social deja a estos derechos sujetos a la contingencia. En otras palabras nuestra sociedad, que mayoritariamente está en contra del aborto, llegaría a la conclusión de prohibirlo, con lo cual se afectarían los derechos individuales de muchas mujeres. Podría afirmarse, además, que favorecer el aborto no fomenta el progreso social y, por tanto, el derecho al aborto quedaría abolido en aras de la mayoría. También, se pasa por alto el hecho de que violar los derechos de un individuo es causarle un mal, independientemente del resultado del bienestar general. Por consiguiente, impedir el aborto a una mujer implicaría causarle sufrimiento o incluso la muerte, y violaría los derechos individuales de elegir lo mejor para su vida, negando la dignidad y la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones, así la mayoría de la sociedad estuviera complacida. Que el placer sea placer y el dolor sea dolor es uno de los atractivos de la teoría de Bentham, pues la hace muy simple, dado que lo único que tendríamos que medir para saber si algo es mejor o peor es la intensidad y la duración del placer o del dolor. Sin embargo, Mill sí cree que se puede hacer una diferenciación más allá de la cantidad e intensidad del placer y el dolor, y evaluar la calidad de estos. Reconoce que hay placeres más valiosos que otros, para lo cual Mill propone que “de dos placeres, si hay uno que es el preferido por todos o casi todos los que han experimentado los dos, sin que medie sentimiento alguno de que se tiene la obligación moral de preferirlo, ese será el más deseable”. Sin embargo, esta argumentación se puede cuestionar basado en nuestras decisiones cotidianas, donde muchas veces elegimos cosas no tan placenteras, pero sí más cómodas o menos exigentes. Es evidente que en el caso del aborto muchas veces se toma la decisión menos placentera, e incluso la más dolorosa, situaciones que ponen a prueba la argumentación de Mill y que la desvirtúan. En conclusión, podemos afirmar que el utilitarismo niega los derechos individuales en pro de un cálculo colectivo, dejando al aborto sujeto a la decisión de la mayoría y no a la decisión de cada mujer, lo que nos dejaría en la situación actual donde muchas sociedades lo prohíben, lo que constituye fuente de aborto inseguro, complicaciones y muerte. El enfoque liberal. El enfoque liberal tiene dos corrientes, la libertaria y la igualitaria liberal. La 15

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corriente libertaria, cuyo representante destacado es Robert Nozick, defiende filosóficamente los principios libertarios y ataca la idea de justicia redistributiva, sostiene que la justicia consiste en respetar la libertad de elegir en un mercado libre. Esta corriente defiende la libertad absoluta de los mercados, no por la eficiencia económica, sino por la libertad humana. El derecho fundamental de los seres humanos es el derecho a hacer lo que quieran con lo que poseen, y la única restricción es el respeto a que los otros hagan exactamente lo mismo. El enfoque libertario no admite el paternalismo, no se deben hacer políticas para proteger la vida de nadie, pues se viola el derecho de cada individuo a tomar los riesgos que quiera; respecto a legislar sobre la moral señalan que no se puede forzar a los individuos a ser virtuosos; y sobre la redistribución de la renta o el patrimonio manifiestan que el Estado no debe obligar a los individuos a redistribuir sus ganancias, lo que se deja a la voluntad de cada individuo. La corriente igualitaria liberal (John Rawls) sostiene que la justicia consiste en las elecciones hipotéticas que se harían en una situación de partida caracterizada por la igualdad, lo que implica actuar bajo el “velo de la ignorancia”, que no es otra cosa que concebir el agente moral de modo que sea independiente de sus fines y apegos particulares. Nozick y Rawls coinciden en la necesidad de la neutralidad del Estado con respecto a los principios de la justicia que define nuestros derechos en el sentido de que no deben basarse en concepciones morales o religiosas particulares. Un Estado neutral está íntimamente ligado al elegir libremente, pues para que cada individuo pueda hacerlo requiere de un Estado que sea neutral con respecto a los fines, que no se involucre en las discusiones morales y religiosas, y que deje a cada individuo en libertad de elegir sus valores por sí mismo. Sin embargo, una crítica consiste en que el liberalismo deja en el ámbito privado, fuera del alcance de la justicia, todo lo concerniente a la procreación, la crianza, el cuidado de los enfermos y ancianos, y el trabajo doméstico, con lo cual invisibilisa el tema femenino y nos hace preguntar quién determina este límite, sino una mentalidad masculina, burguesa, patriarcal, que luchaba por su derecho de autonomía en las esferas religiosa y económica contra el Estado absolutista, y dejó a la mujer al servicio de su marido y fuera de la esfera pública. Hay que reconocer que esta situación ha cambiado, principalmente en los países desarrollados, debido a la lucha de las mujeres que han llevado al espacio público sus temas y han logrado JS, dado que la lucha por que algo sea público es la lucha por la justicia. Otra crítica proviene de los comunitaritas, pues estos defienden las ataduras, una noción más fuerte de comunidad y solidaridad, así como un papel más fuerte del 16

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Estado en las cuestiones morales y religiosas. En otras palabras, los comunitaritas se comprometen con la vida real de los seres humanos y rechazan ese mundo idealizado que proponen los liberales. Las críticas a una justicia y unas instituciones sociales ideales van dirigidas a la identificación de una justicia perfecta y a una naturaleza de lo justo, así como a hacer justas las instituciones, ya que omiten las realidades de los individuos concretos; de hecho, puede que no exista acuerdo razonado, incluso en estrictas condiciones de imparcialidad y escrutinio, sobre la sociedad justa que propone Rawls desde su posición original. Por otro lado, para hacer una elección hay que comparar entre situaciones reales y factibles de justicia y no con una situación ideal que probablemente no esté disponible. Todo lo anterior lleva a una reflexión de no quedarnos con esquemas ideales, perfectos y atender a la vida de las personas; como dice Sen: “Para la idea de la justicia resulta crucial que tengamos un fuerte sentimiento de injusticia con muchos y diferentes fundamentos, y sin embargo, que no coincidamos en un fundamento particular como razón dominante para el diagnóstico de la injusticia”. Estas dos posiciones, la libertaria y la igualitaria, interactúan permanentemente en la actualidad. Para el sistema de salud colombiano, a pesar de que la Ley 1751 de 2015 consideró la salud como un derecho, se está más cerca de los liberales libertarios, y se considera a la salud, en la práctica, como un servicio público y no como un derecho; con un mercado de salud donde los usuarios acceden a los servicios; con un Estado que interviene como regulador y no participa en la prestación de servicios, con la aspiración de que la competencia en el mercado produzca ventajas como aumentar la Calidad y disminuir los precios. En el caso del aborto podríamos asegurar, según el liberalismo, que sería una elección libre y voluntaria de la mujer, y el Estado sería neutral y evitaría las discusiones morales y religiosas con respecto este y al origen de la vida. Sin embargo, vale la pena preguntarse si en esta situación particular el Estado sí es neutral. Para la religión católica y otras, la vida inicia con la concepción y se debe proteger desde ese momento, por tanto, la neutralidad del Estado no resuelve esta situación y, por el contrario, ha tenido que intervenir clarificando que la vida antes del nacimiento es defendida por la Constitución; sin embargo, su valor no es absoluto per se y se requiere una ponderación de derechos cuando entran en conflicto el derecho a la vida del no nacido y el derecho de una persona natural. Sin embargo, esta neutralidad frente a los argumentos religiosos se podría interpretar como desestimar el argumento moral de la Iglesia y, por consiguiente, toma posición dejando de ser neutral con respecto al aborto. Adicionalmente, la argumentación de la libre elección se resquebraja por el hecho de que una 17

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mujer pobre, sin educación, sin trabajo y en lucha por la supervivencia–consecuencias del neoliberalismo económico–, no puede tomar decisiones totalmente libres. Según Sandel, esto no equivale a defender la prohibición del aborto, sino a reconocer que la neutralidad y la libertad de elección no son razones suficientes para aceptar el derecho a abortar. Un argumento a favor es que los movimientos de mujeres han llevado el tema del aborto del ámbito privado al público, centrándose en las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres que regula esa división entre lo público y lo privado, a fin de lograr el reconocimiento de la autonomía de la mujer y su dignidad, esta última entendida no desde una visión ontológica y teleológica, sino desde una perspectiva evolutiva, abierta incluso a la transformación progresiva, deliberada y libremente consentida de la “naturaleza humana” comprendida como una realidad empírica, producto de la evolución y de la historia. Por consiguiente, prohibir o aceptar el aborto está lejos de poderse abordar desde una posición neutral y, por el contrario, obedece a una lucha evolutiva filosófica,ética, moral y religiosa por hacer pública la opresión privada, situación que se puede vivir a flor de piel en el caso colombiano. Desde mi perspectiva, la mejor opción para un sistema de salud sería la JS del liberalismo igualitario, que implica que el Estado asuma la responsabilidad de la salud, la educación, el trabajo y el ingreso básico, entre otras, para permitir que los individuos decidan en libertad. Sin embargo, se debe señalar que son los individuos los que hacen posibles las instituciones, incluido el propio Estado, individuos que han cuestionado los Estados de bienestar. Por consiguiente, esta visión de JS nos dejaría en la situación actual donde grupos de derecha están accediendo al poder por decisión “libre” de los individuos, profundizando el neoliberalismo, una disminución del Estado y una pauperización de la mayoría de la población del planeta, todo en función de incrementar el capital como fin último, y en detrimento de la solidaridad y de la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos, convirtiéndolos en un medio para los dueños del capital y no en un fin en sí mismos. Las capacidades y el desarrollo humano. Amartya Sen, un economista liberal, plantea la teoría de las capacidades como desarrollo humano y las define como el conjunto de posibilidades que están a disposición de una persona respecto a lo que ella puede hacer o ser. La capacitación de la persona para un modo de ser autónomo conforma el objetivo práctico y político del enfoque de las capacidades. Las libertades individuales obtienen de esta manera una función crítico-social. En palabras de Sen, dichas libertades son la piedra angular del enfoque mismo y, en un sentido más 18

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amplio, “el éxito de una sociedad ha de evaluarse, desde este punto de vista, principalmente en función de las libertades fundamentales de que disfrutan sus miembros..."(Gómez-Dávila, Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, Vol. 69 No. 1, 2018, p.53-64)

Metodología 6. METODOLOGIA El presente trabajo es de carácter descriptivo con un auxilio en la revisión, recuperación e interpretación de datos secundarios como es el DANE e internet. Como hemos venido tratando en la realización de este queremos ver los diferentes puntos que se le ha dado en cuanto a la opinión pública, la salud pública y las partes constitucional para la despenalización del aborto. Desde abril del 2005 en Colombia se ha definido un debate ético-político sobre lo que es la despenalización del aborto, en pro de los derechos de la mujer, se plantean dos problemas serios e importantes: por un lado, la aprobación de un derecho para las mujeres, que durante tantos siglos han sido minusvaloradas, y por el otro, la violación del derecho fundamental de la vida, para otro individuo aún mucho más vulnerable, el no nacido. (Cotes, 2005, p. 88) La corte constitucional reconoce que el aborto es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres, Nuestra realidad es muy distinta a la que vivimos, los argumentos habidos en contra del aborto son abundantes ya que se hace la suposición de un grave riesgo para la salud de las madres, , el ministerio de salud y Protección Social como ente que regula el sistema de seguridad social en salud, según la jurisprudencia debe ejercer campañas, acciones para poder promover que las mujer tenga una libertad y efectivo ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos dentro del territorio nacional. Según el DANE se ha registrado unos datos catastróficos sobre abortos realizados clandestinamente, Se habla de que de una gran proporción de los abortos clandestinos hechos en hospitales y clínicas tienen como factor primario interferencias criminales, las personas que son violadas sostiene en muchas teorías que aquella madre que conceda al mundo un hijo de un violador prolongara un trauma 19

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toda su vida lo cual afectara el desarrollo de ambos (madre e hijo) en convenio con la ONG, en 2008 a 2015 se han presentado alrededor de una cifra aproximada de 400.000 abortos, el cual 322 se hicieron con propósitos legales, Frouville pidió a la delegación no solo cifras más actualizadas, sino qué hace el Gobierno para combatir esta realidad que pone en riesgo la vida de las madres, especialmente en las zonas rurales, como lo mencionamos al principio ya hace más de 15 años que el Gobierno Colombiano se encuentra en un dilema sobre la despenalización del aborto, pero a medida que ha ido transcurriendo el tiempo y el Gobierno no solucionada nada, el aborto se ha vuelto una moda en las mujeres y principalmente en las adolescentes exponiendo así su vida. En el marco del día de las madres, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entregó un reporte sobre la situación de las madres de Colombia, donde se advierte que el 20,5 % de las mujeres con hijos en el país, los tuvieron entre los 15 y los 19 años de edad, el 29 % está entre los 20 y 24 años, el 23,1 % entre los 25 y 29 años, el 16,3 % entre los 30 y 34 años, el 8,2 % entre los 35 a 39 años y el 2 % entre los 40 a 44 años de edad, esto quiero decir que más de 50% de las mujeres que han tenido hijo lo han tenido en una edad promedio de 14 a 30 años de edad (Jirecek, 2016). Una minoría busca imponer en Colombia el aborto como un derecho fundamental, además existen numerosas demanda que solicitan la despenalización de este directamente en ciertos casos, el Comité de la CEDAW y el Comité de Derechos Humanos han promovido por toda américa latina y el caribe el Derecho fundamental al aborto, ya que basan sus argumentos en que cada mujer debe ser libre al decidir dar a la luz y ser partidario de su integridad, porque no se puede primar de su libertad de querer tener a un hijo. Aquellos que tiene una gran convicción religiosa, resistencia moral promueve de gran manera la despenalización del aborto en favor de libertad que tiene un mujer embarazada lo que hace un enfrentamiento ideológico por eso se impulsa al aborto legal gratis y seguro se manifestó de acuerdo con que una mujer no sea penada por la ley que no vaya presa por haberse realizado un aborto El acuerdo crece significativamente a la medida del tiempo (Despenalización del aborto, ¿sí o no?, 2018) Para concluir el aborto se considera un problema que acata muchos ámbitos como lo son la salud pública y de justicia social esto es más que todo llevado por aquellas mujeres que viven en países en vía de desarrollo por lo que se necesita de una gran prestación de servicios de salud que fomente y mantenga en ejercicio los derechos que se tienen para que cada mujer sea autónoma de sí misma y de 20

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su autonomía.

Resultados esperados 7.RESULTADOS ESPERADO

Conclusiones 8. CONCLUSIONES.

Bibliografía 9. BIBLIOGRAFÍA 

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Ramírez, L. Palacio, B. Jaramillo, L. (2 de febrero de 2017) “Morbilidad psiquiátrica en mujeres con aborto inducido ilegal”, Vertex 2000, vol.Xl-No 41:206-211 Recuperado de: https://amp.dw.com/es/el-aborto-delito-o-problema-de-saludp%C3%BAblica/a-43904499

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Pérez Francisco Di Ruggiero Ana María Narváez Juan Camilo Tejada Isabella Bula María José

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