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• Jóvenes x Trabajo Digno

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PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA LEY 30288 Y POR UN VERDADERO DESARROLLO DEL PERÚ La Ley 30288, que establece un régimen laboral especial para jóvenes de entre 18 y 24 años, se presenta como promotora del empleo e incentivadora de la formalización juvenil. Sin embargo, a partir de la lectura de la ley, consideramos necesario rechazarla por las siguientes razones: 1. Es falso que la Ley 30288 cree más empleo. El empleo se genera con inversiones públicas o privadas. Reducir el costo de contratar trabajadores jóvenes no es un incentivo para generar nuevas inversiones, sino para aumentar la ganancia entre quienes ya tienen empresas formales funcionando. Además, si bien la norma prohíbe reemplazar a trabajadores despedidos por jóvenes bajo el nuevo régimen, el 73.2% de los trabajadores formales en el país tiene contratos temporales (MTPE, 2012), así que solo bastará con que la empresa no les renueve el contrato para poner, en su lugar, a jóvenes bajo el nuevo régimen. Lo que se tendrá al final es que las mismas empresas encontrarán más barato contratar a los trabajadores jóvenes hoy empleados, a aquellos próximos a reintegrarse al mercado y a quienes recién buscarán empleo. 2. La Ley 30288 elimina derechos conquistados por los trabajadores y es discriminatoria. La norma plantea para un trabajador entre 18 y 24 años un régimen laboral sin Compensación por tiempo de servicio (CTS), sin gratificaciones de julio y diciembre, sin seguro de vida, sin asignación familiar, sin acceso a las utilidades de la empresa y con 15 días de vacaciones al año en lugar de 30. Por tanto, esta ley es contraria a la Constitución Política del Perú, que reconoce en su artículo 26 que las relaciones laborales se deben dar siguiendo el principio de “igualdad de oportunidades sin discriminación”. Incluso, un representante de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, la OIT, se ha pronunciado condenando el recorte de los derechos laborales del nuevo régimen. 3. Es falso que la Ley 30288 busca resolver la informalidad. La informalidad es un problema de escasez de puestos de trabajo: más de un tercio de los peruanos debe inventarse uno. Desde los años noventa a la actualidad, la informalidad laboral supera el 70%: no ha cambiado. Las políticas de "flexibilización" y recorte de derechos desde esa década han tenido como efecto que el empleo ahora sea más precario, inestable y peor remunerado. Los regímenes "especiales" tampoco han aumentado la formalidad. Un claro ejemplo es la Ley Mype, que plantea un régimen más flexible para estas empresas. Hoy la tasa de informalidad entre las

microempresas sigue sobrepasando el 80%, (INEI, 2014). Por tanto, no hay evidencia de que recortar derechos y reducir estándares de calidad en el trabajo para formalizarse disminuya la informalidad. 4. La Ley 30288 no incentiva el desarrollo y dinamización de la economía. Durante más de 10 años de bonanza económica, el empresariado y el Estado peruano no han hecho crecer el mercado interno ni han aumentado las inversiones en los sectores que dan más trabajo, como el agro y la manufactura (que emplean juntos al 45% de los peruanos). Tampoco ha habido mejoras sustanciales en la educación. Lo que sí se ha acentuado es nuestra dependencia de las exportaciones de materias primas (que no emplea ni al 2% de los peruanos). Ahora que el crecimiento se desacelera, se pretende que los trabajadores paguen las consecuencias. Es más, esta medida es contraria a la dinamización de la economía: si hay menos ingreso, entonces hay menor capacidad de gasto, menor liquidez en el mercado, menor capacitación, menor crecimiento de empresas, menos empleo, menor desarrollo en educación y mayor endeudamiento. 5. Es falso que haya interés por la fiscalización laboral. Si hubiera un verdadero interés en la situación vulnerable de los trabajadores jóvenes, habría un fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Pero la SUNAFIL está en crisis luego de la renuncia de sus dos últimos presidentes, y su tarea principal ya no será fiscalizar sino solo aplicar multas preventivas y educativas. Esto es así gracias a que el gran empresariado se ha quejado por su eficiencia en la fiscalización laboral. Por lo tanto, esta ley se formula desde el interés empresarial, y busca legalizar y promover una mayor explotación de los jóvenes. Esta no es una ley más: es el cuarto paquete de "reactivación económica" que va del año, uno de los cuatro que recortan derechos laborales, reducen protecciones ambientales y dan facilidades tributarias. Reformas hechas a la medida de los grandes empresarios. El gobierno de Humala está radicalizando las medidas que Fujimori, Toledo y García vienen impulsando desde los años noventa bajo la mentira de que todos crecemos cuando solo crecen los mismos de siempre con nuestro trabajo. Para ellos nuestros derechos y calidad de vida son "sobrecostos laborales". En el Congreso, los partidos que los representan ahora dicen ser "de oposición" solo porque atacan al gobierno luego de ver nuestra protesta en las calles, cuando ellos aprobaron la ley, y sus presidentes impulsaron medidas similares. El oportunismo es la política de hoy. Por estas razones, hacemos un llamado a todos los jóvenes y a todos los

sectores trabajadores, a marchar otra vez pacíficamente, demostrando que somos millones en todo el país quienes estamos en contra de estas nefastas medidas, contrarias a todos los peruanos y peruanas trabajadores; contrarias a la propia economía del país y de nuestras familias. Marchemos juntos para defender el Perú. ¡Derogatoria de la Ley 30288, ahora! ¡Contra la mentira de la reactivación, que sólo favorece las grandes empresas! ¡Por una economía al servicio del país y de los trabajadores!

Los millones de jóvenes que queremos trabajo digno. Lima, lunes 29 de diciembre de 2014.