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• Carlos Reyes Piérola

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EJES PROGRAMÁTICOS Propuestas para el Chile que queremos

Romper desigualdad Mejor Democracia, Mejor Convivencia Crecimiento dinámico, sostenible y sustentable

ÍNDICE

-------------------------PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICO 1. Deuda Social 2. Emergencia sanitaria 3. Crisis económica 4. Crisis climática ESTRATEGIA 1. EJES: Reforma Tributaria Pensiones Educación Salud Trabajo Vivienda Descentralización Igualdad de géneros Diversidad Derechos de los consumidores 2. MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA Mejor democracia Derechos Humanos Chile plurinacional y multicultural Seguridad pública Artes y cultura Deportes

ÍNDICE

-------------------------3. CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE Crecimiento CORFO 2.0 Exportaciones Empleo Convergencia Fiscal Modelo de desarrollo Cambio climático Recursos naturales

PRESENTACIÓN Chilenas y chilenos, extiendo fraternalmente ante ustedes las propuestas centrales de esta candidatura, que invita y convoca a soñar con el Chile del mañana. Este documento de ejes programáticos es fruto del aporte de muchas y muchos profesionales, militantes del Partido Radical e independientes, de diversas regiones, y también ha sido enriquecido mediante encuentros regionales abiertos a la comunidad. En ningún caso pretende agotar la multiplicidad de tareas que debe abordar el próximo gobierno y sus sucesores, ni se trata de un texto cerrado. Seguirá en construcción mediante el diálogo con la comunidad y especialistas en diversas áreas, y serán debidamente estudiados todos los aportes que se reciban, incluyendo las propuestas de mayor desarrollo, inclusión de nuevas temáticas o mejoramiento de las propuestas ya incluidas. Como partido racionalista, no nos sentimos dueños de verdades absolutas, sino que creemos firmemente que los mejores caminos y soluciones se construyen a través del diálogo y el esfuerzo colectivo. Presentamos estas propuestas con la tranquilidad de saber que nuestras convicciones políticas; como las de un construir un país más justo con un Estado fuerte y proactivo en la provisión de bienes públicos y en la satisfacción de las necesidades sociales, son las que encarnan fielmente las aspiraciones de todo un país. Una concepción socialdemócrata auténtica es la única vía que puede permitir abrirnos las puertas al desarrollo con justicia social, donde la libertad de emprendimiento se vea fortalecida y promovida en un marco social de igualdad y equidad, donde el centro de las políticas públicas sea la dignidad del ser humano.

PRESENTACIÓN Lo hago con particular optimismo, porque más allá de las diferencias –casi irreconciliables– que a ratos exhibe la retórica del debate público, es claro para nosotros que la dicotomía entre las libertades públicas y la igualdad social no es real. No existe. No son excluyentes entre sí y son un artificio de quienes buscan dividirnos. La próxima elección presidencial no se trata de tener que elegir entre aquellos que promueven la libertad económica y el orden, en contraposición de aquellos que anhelan los cambios y mayores políticas de igualdad económica y social. En el mes de noviembre que se avecina, el verdadero desafío será superar la estridencia discursiva y convencer que el deber de la política es alcanzar fraternalmente la libertad y la igualdad de nuestro pueblo, porque no puede haber una sin la otra. La igualdad y la libertad deben ir de la mano, y eso sólo se logra con solidaridad y fraternidad. El camino a mayores estándares de bienestar social no está exento de riesgos y dificultades. La tentación de ofrecer recetas mágicas que sean incompatibles con el momento histórico, político y social están siempre a la vuelta de la esquina y de todos nosotros depende el exigir más objetividad y menos demagogia. Nos comprometemos con responsabilidad a hacer todo lo necesario para efectivamente alcanzar ese Chile que sea capaz de brindar un presente y un futuro digno para su pueblo. Es vital y prioritario para la convivencia pacífica y fructífera de nuestro país, que nos hagamos cargo de la enorme deuda social que el modelo neoliberal ha creado y que se ha venido arrastrando e incrementando con los años; para que ello suceda es urgente plantear una hoja de ruta que aborde las soluciones estructurales con seriedad, sin descuidar la estabilidad y gobernanza, con el objeto de garantizar un desarrollo económico y social sostenible y sustentable.

PRESENTACIÓN A la vez, Chile tendrá que seguir afrontando los embates de una emergencia sanitaria que se resiste a desaparecer y deberá continuar dando batalla a la crisis económica que la pandemia ha causado y que cuyas dimensiones aún son difíciles de determinar. Todo lo anterior, en un contexto global de combate contra los efectos adversos de un cambio climático, que pondrá a prueba la capacidad de los pueblos para adaptarse y encontrar, mancomunadamente, la senda para lograr una convivencia armónica y sustentable con nuestro planeta. Estamos convencidos que la única forma de navegar exitosamente en este futuro lleno de incertidumbres y riesgos es haciéndolo juntos, sin mezquindades, demostrando una inmensa capacidad de diálogo y con la esperanza intacta de que al final todos los esfuerzos y sacrificios habrán valido la pena. Todos nosotros, cada una de las fuerzas políticas y la totalidad de los actores de la sociedad debemos hacer el esfuerzo heroico de intentar lograr un entendimiento, de dar voz a los que siempre han sido silenciados o ignorados, sin vetos y sin exclusiones, trabajando unidos por Chile y su futuro. En definitiva, es fundamental transmitir a la ciudadanía un diagnóstico claro de los grandes desafíos que tienen que ser abordados por el próximo Gobierno –entre los que se destacan (1) La deuda social, (2) la emergencia sanitaria, (3) la crisis económica y climática–, y un plan de acción completo y adecuado que permita hacerse cargo, con responsabilidad y convicción, de tales retos y que permitan proyectar al país hacia un desarrollo con justicia social.

DIAGNÓSTICO LA DEUDA SOCIAL

Hace 30 años la centroizquierda alcanzó el poder tras una larga y dolorosa dictadura. Fue la capacidad de diálogo de las distintas visiones y sensibilidades que viven en ella y la grandeza de anteponer a Chile por sobre las diferencias que nos distanciaban, las que le permitieron al país recuperar su democracia. Durante ese tiempo, estas fuerzas progresistas pusieron su énfasis en combatir los altísimos índices de pobreza, que para 1990 alcanzaba cerca del 40%. Se avanzó en muchas áreas y se lograron notables cambios para el bien del país, a pesar de ataduras que dejó el régimen de Pinochet que impedían al Estado tener un rol más protagónico en el desarrollo económico del país. La pobreza bajó a menos del 10% y el PIB prácticamente se triplicó. Se hicieron grandes esfuerzos para lograr una mejor cobertura en todos los niveles de la Educación y un sistema de Salud robusto para atender las necesidades de una población cada vez más numerosa y longeva. Se hicieron reformas estructurales en Justicia y se consiguieron significativos avances en infraestructura pública. Los avances han sido muchos y en distintas áreas, sin embargo, hay que reconocer que todo lo conseguido no ha podido satisfacer las necesidades y expectativas de las grandes mayorías, que ven a Chile tocar las puertas del desarrollo, pero que se muestra incapaz de brindar estándares de bienestar social acordes al relato exitista que surge gracias a varios años de buenos resultados macroeconómicos. Si bien hemos crecido bastante como país, los altos índices de desigualdad concentran ese éxito (cada vez menores) en los segmentos más acomodados de la población, mientras que frustran los sueños y esperanzas de la inmensa mayoría.

DIAGNÓSTICO LA DEUDA SOCIAL

Esa frustración se transformó en enojo, y el enojo en estallido. Con ello, se terminó de romper la burbuja edificada por la autocomplacencia y la incapacidad de poder hacer cambios más profundos como consecuencia de un diseño constitucional antidemocrático heredado de la Dictadura. La desigualdad se transformó en el gran enemigo, uno que la derecha se negó a ver durante décadas. Hoy, con claridad prístina –e incluso en forma transversal– existe el convencimiento que ha llegado el momento de hacer transformaciones estructurales que permitan superar el modelo neoliberal que se encuentra arraigado en el corazón de la Constitución Política de la República, y erigir una nueva institucionalidad que ponga el acento en dar solución a la enorme deuda social que existe en diferentes áreas, como lo son Salud, Educación, Pensiones, Vivienda, Medioambiente, por nombrar algunas, y que se resumen en la enorme desigualdad social que existe en nuestro país. Fruto de ese despertar, es que se han generado las condiciones para arribar democráticamente a un nuevo Pacto Social por medio de la Convención Constituyente, y será tarea del próximo Gobierno viabilizar el nuevo acuerdo, que estoy seguro será más inclusivo y representativo del nuevo Chile.

DIAGNÓSTICO LA EMERGENCIA SANITARIA En el mes de febrero del año 2020 arribó a Chile la enfermedad pandémica denominada COVID-19. Un nuevo tipo de coronavirus (Sars-CoV-2) que puso en jaque los sistemas sanitarios del mundo, y que en Chile ya ha causado más de 30.000 muertes confirmadas. Eso ha obligado, a nivel global, a tomar medidas restrictivas de las libertades públicas no vistas desde antes de mediados del Siglo XX: cuarentenas prolongadas, cierre de pasos fronterizos, toques de queda, paralización de la industria y comercio no esencial, restricciones en el desplazamiento intercomunal e interregional, y un largo etcétera. La enfermedad ha estado presente en nuestro país desde entonces y parte del mundo científico han sostenido que el desafío del futuro próximo será aprender a convivir con esta enfermedad contagiosa. La emergencia sanitaria también le dio un impulso a la investigación científica que logró desarrollar –en tiempo récord– vacunas de emergencia que auspician un retorno a ciertos estándares de vida pre-pandémicos. Es deber de quienes aspiramos a gobernar prepararse para todos los escenarios posibles; transmitir adecuadamente los riesgos de la enfermedad dialogando permanentemente con todos los actores involucrados y, en especial, con la comunidad científica, velando por el cumplimiento fiel y estricto de las medidas que se implementen para resguardar a la población de un mal que nos amenaza a todos. Es posible que esta amenaza sea persistente en el tiempo, por lo que los liderazgos deben trabajar pensando permanentemente en el bien común, robusteciendo el sistema de seguridad social que se ha visto dramáticamente estresado, y en algunas ocasiones, superado.

DIAGNÓSTICO LA CRISIS ECONÓMICA La crisis económica que está azotando nuestro país es consecuencia natural de las restricciones a las libertades públicas y económicas que se hicieron indispensables para combatir la pandemia del COVID-19, que se ha agudizado producto de la precaria infraestructura en seguridad social, la tardía reacción del Gobierno vigente y varios años de desaceleración económica. Esta crisis ha provocado la contracción de la actividad empresarial que se refleja en los permanentes registros negativos del IMACEC entre 2020 y 2021, el aumento de las tasas de desempleo alcanzando el 10,2% en el primer trimestre de 2021 y un alza en los índices de pobreza, llegando el 10,9% en igual período. En cuanto al PIB, si bien se proyecta para este año un rebote de la abrupta caída que existió en 2020, los resultados estimados para los años venideros no son tan auspiciosos, por lo que se requiere una política fiscal sumamente responsable si se pretende recuperar lo perdido y aumentar el gasto público en la satisfacción de necesidades sociales. También cabe consignar que las dificultades económicas son un fenómeno transfronterizo y que ha perjudicado con especial encono a esta región, y como tal, tanto el agravamiento de sus efectos como las posibles soluciones que se implementen desde la política pública, deben analizarse y abordarse desde la perspectiva global. En ese orden de ideas, cabe constatar y reconocer que Chile es una economía abierta que alberga a un significativo y estratégico sector exportador, y estamos convencidos que es positivo que lo siga siendo y seguir impulsándolo, porque precisamente han sido esas estrategias las que han permitido que segmentos importantes de la población mejoren sus condiciones materiales y estándares en calidad de vida.

DIAGNÓSTICO LA CRISIS CLIMÁTICA El cambio climático es una realidad y sus efectos ya lo hemos podido comenzar a evidenciar empíricamente en nuestro país y en el mundo: El desprendimiento de icebergs colosales en el Territorio Antártico, el retroceso de los glaciares en el sur, el aumento de las temperaturas del Océano, son el anuncio de que inexorablemente vendrán tiempos difíciles, en donde razonablemente puede esperarse una contracción de las estaciones intermedias –como lo son el Otoño y la Primavera– y un clima más hostil para la vida en el planeta. Fenómenos como la desertificación en el Norte Chico y la Zona Central podrían recrudecer en los años venideros, con la consecuente erosión y pérdida de suelos cultivables. Largos periodos de sequía, así como un aumento en la frecuencia de incendios forestales, inundaciones y aluviones serán también el resultado natural del Cambio Climático, que se sumará en Chile a la cotidiana convivencia con otros eventos y desastres naturales como lo son los terremotos, maremotos y erupciones volcánicas. El deber de la política es evitar las consecuencias adversas que está empujando la crisis climática, escuchando a la comunidad científica nacional e internacional y actuando principalmente de manera preventiva y no reactiva.

ESTRATEGIA Como hemos dicho, la hoja de ruta que entregamos al país aborda los distintos obstáculos que hemos descrito, cuidando la responsabilidad fiscal y la sustentabilidad de las políticas públicas que se implementan. Para ello, consideramos fundamental que Chile vuelva a crecer. Ya llevamos muchos años con una economía que crece poco y muchos años en los que no nos hemos hecho cargo de los problemas que afectan un segmento mayoritario de la población, y no podremos resolver lo segundo sin hacernos cargo de lo primero. Para superar la adversidad económica y dar solución a la deuda social, necesitamos volver a impulsar la economía, poniendo el foco preferentemente nuestro sector exportador, pero con innovación y creatividad, que permita crear empleos de calidad que se proyecten en el tiempo. Necesitamos crecer, pero necesitamos hacerlo de una manera inclusiva y equitativa, en forma sustentable, respetando al medioambiente y a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, etnia y/o condición social. Una economía crece más cuando aprovecha los talentos de todas y todos, y no sólo de los más privilegiados. Nuestro país avanzará decididamente hacia el desarrollo cuando el crecimiento genere igualdad de oportunidades y sea sostenible a lo largo del tiempo. No podemos permitir la indiferencia cruel de algunas de nuestras autoridades contra quienes más lo necesitan y sufren de las desigualdades y la discriminación. Tampoco debemos tolerar los emplazamientos recíprocos de la clase política con base en información falsa o infundada, porque generan artificialmente polarización en la sociedad, lo cual, a la larga, solo sirve a los intereses y cálculos mezquinos de unos pocos. El respeto y servicio de los gobernantes hacia los gobernados, así como hacia los adversarios políticos, sientan las bases de una convivencia pacífica y fraternal, y con ello, se logra una mayor estabilidad social, política y económica.

ESTRATEGIA Tampoco podemos ser ingenuos de pensar que sólo con el voluntarismo del Estado los problemas se solucionan. Necesitamos un mejor Estado, innovador, moderno, facilitador; donde primen las buenas ideas y éstas se ejecuten con la máxima eficiencia y transparencia. Así, los ejes centrales de nuestro modelo de desarrollo serán: En lo económico, darle impulso al crecimiento en forma sostenida y sustentable, orientado hacia el exterior, facilitando la innovación y la creatividad. Necesitamos nuevos descubrimientos de exportación que tomen la posta de los sectores que ya alcanzaron su madurez. Necesitamos darle un nuevo cariz a CORFO y a PROCHILE, que permitan promover con mayor decisión y apoyo las iniciativas productivas del Estado y el sector privado. Asimismo, necesitamos un Estado moderno, facilitador de la actividad privada y con una mirada de largo plazo. En este Estado moderno se requiere de organismos autónomos que trasciendan a los gobiernos de turno y eliminen las trabas burocráticas, a veces retrógradas, que inhibe la innovación y la creatividad, como por ejemplo las que surge entre la interacción de universidades y empresas que, a diferencia del caso de Chile, es muy común en otros países. Además, Chile tiene el enorme desafío de emparejar la cancha desde la perspectiva tributaria desintegrando el sistema, debiendo ejecutar planes y adoptar medidas que impidan la elusión y evasión de impuestos. Reducir privilegios y exenciones hoy injustificadas, y capturar más recursos financieros provenientes de las actividades extractivas que se sirven de los recursos naturales de todos los chilenos, pero permitir al mismo tiempo que dicho sector de la economía siga siendo atractivo para los inversionistas. En lo social, sentaremos las bases para que Chile avance en el desarrollo de un sistema de protección social integral, ya que nuestro principal enemigo será la desigualdad y la falta de justicia social.

ESTRATEGIA Chile será un país desarrollado cuando su gente no tenga que hacer bingos o rifas para costear sus enfermedades, y no lo seremos si las familias quedan endeudadas después de sufrir la enfermedad y pérdida de un ser querido. Más aun con el dolor de su partida se suma el del endeudamiento producto de un Estado que es incapaz de garantizar el acceso a buenos planes de salud de la gente más pobre. Para ello, necesitamos diseñar implementar mejores políticas en salud que terminen con la humillación de las listas de espera. Además, es indudable que se necesitan mejores pensiones y un sistema mucho más solidario. Chile no será un país desarrollado si no es capaz de tener buenas escuelas públicas y nuestros hijos e hijas asistan a ellas, no de manera residual sino porque serán efectivamente la mejor opción. No están equivocados los países desarrollados cuando han puesto por décadas sus mejores esfuerzos en el fortalecimiento de una educación pública de calidad, a la cual se incorporan y comparten niñas y niños de todos los segmentos socioeconómicos, porque encuentran allí la mejor opción. Es perfectamente posible que la educación pública sea la educación de excelencia. En Chile, para no ir más lejos, las universidades estatales gozan de reconocida tradición y prestigio, y reciben, por ello, alumnado de toda condición social, normalmente atrayendo mucho alumnado de alto rendimiento en los procesos de selección. Por tanto, si en ese ámbito ha sido posible, quiere decir que también podemos lograr ese estándar en todos los niveles de la educación pública.

ESTRATEGIA Tendremos preocupación fundamental por la Educación Pública y de calidad, que se materialice en políticas de Estado y trasciendan los gobiernos de turnos. En esa lógica, creemos que las políticas educacionales son tanto o más importantes que la política monetaria, recordando la frase de Pedro Aguirre Cerda “Gobernar es Educar”, ya que vemos en ella un motor de desarrollo y de movilidad social que hay que empujar con fuerza y decisión. Hoy más que nunca debemos hacernos cargo de estos u otros problemas. No podemos dejar su solución al mercado, porque ya sabemos que ese espacio no resuelve la deuda social que venimos arrastrando hace años. Hoy más que ayer, es claro que escoger un plan de salud o un colegio no es lo mismo que elegir un par de zapatillas o restaurante bajo la simple ley de la oferta y demanda.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD REFORMA TRIBUTARIA, para recaudar desde donde hay más, y llevar donde hay menos.

Claramente el Estado de Chile necesita recaudar más y mejor, para mejorar la distribución del ingreso, mejorar la dinámica fiscal de ingresos versus gastos, y atender la urgente necesidad de aumentar la cobertura y calidad de las prestaciones sociales. Sobre el impacto del sistema tributario en la distribución del ingreso, cabe tener presente que Chile tiene uno de los peores índices de desigualdad de la OCDE (49 puntos, penúltimo lugar), y una de las cargas tributarias más bajas (también penúltimo lugar) y que, luego de impuestos y transferencias, nuestro Gini sólo mejora tres puntos, mientras que el promedio de mejoramiento de dicho índice en países OCDE, luego de impuestos y transferencias, es de 16 puntos. Es, por tanto, evidente que en nuestro país las personas de mayores ingresos y patrimonio pagan menos impuestos de lo que corresponde y se necesita. Según datos de la encuesta CASEN 2020, los ingresos del trabajo del 10% de mayores ingresos son 400 veces los del 10% de menores ingresos, un aumento de 10 veces comparado con datos de la misma CASEN en 2017. La desigualdad estructural de Chile se ha incrementado con la pandemia que, como suele ocurrir con las emergencias, cuando no existen sistemas robustos de protección y solidaridad, terminan golpeando mucho más duramente a los sectores de menores ingresos.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD En consecuencia, y como tarea ineludible para romper con la desigualdad estructural existente en nuestro país, analizaremos y propondremos al Parlamento un Nuevo Pacto Tributario, que contemple todas las opciones para, en coherencia con las necesidades de recaudar, redistribuir, y dinamizar nuestra economía, incrementar de manera sustantiva y más justa, la carga tributaria en el país, que actualmente bordea los 20 puntos del PIB, mientras que en los países OCDE el promedio es de 34 puntos (la diferencia efectiva es de 7 puntos considerando corrección por cotizaciones sociales). Pero la diferencia no es sólo cuantitativa sino también cualitativa, en cuanto a la composición de la carga tributaria y su impacto en los distintos sectores socioeconómicos, resultando en Chile más regresiva que en el promedio OCDE, por la composición y peso relativo de los instrumentos tributarios vigentes en nuestro país, como el IVA (con la mayor presencia en un país OCDE) que representa una carga universal y regresiva en cuanto impacta mayormente a los sectores de ingresos medios y bajos, que están obligados, en los hechos, a destinar mayoritariamente, o completamente, sus ingresos al consumo. Temas relevantes serán, como punto de partida, un sistema que dependa menos de los impuestos al consumo y más de los impuestos al patrimonio y rentas de las personas de mayores ingresos, la eliminación o restricción de exenciones tributarias que no se justifican y que distorsionan el sistema, favoreciendo, muchas veces y una vez más, a los sectores de mayores ingresos. También combatiremos con energía y nuevas herramientas legales la evasión y la elusión, que, según estimaciones, superaría los 7 puntos del PIB. Claramente hay espacio para que los sectores de mayores rentas y patrimonio contribuyan más. Por ello hemos apoyado el llamado impuesto a súper ricos, más que la fórmula específica, que puede ser perfeccionada, apoyamos el objetivo de lograr esa mayor contribución, a través de todos los instrumentos que resulten idóneos para ello.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD Del mismo modo, aliviaremos la carga tributaria que recae injustamente sobre sectores de menores ingresos, por lo cual propondremos una legislación que elimine el IVA sobre productos básicos, o que permita a las personas de los quintiles de menores ingresos obtener recuperación del IVA pagado en la adquisición de dichos productos. También, claramente, hay espacio y es justo que Chile tome mayor participación de las rentas producidas por sus recursos naturales no renovables, mediante tasas variables de contribución, asociadas al precio de tales recursos en el mercado internacional. Por eso hemos apoyado y concretaremos en nuestro gobierno, si no se legisla antes, el proyecto de royalty, con los perfeccionamientos que sea necesario introducirle para que cumpla sus propósitos de conjugar inversión con mayor participación del Estado en las rentas obtenidas. Estimamos que mediante la combinación de estos instrumentos Chile puede llegar gradualmente a recaudar hasta 10 puntos más del PIB, durante la presente década, base esencial para avanzar sustantivamente en los 3 objetivos señalados al inicio: Redistribución del ingreso, convergencia fiscal, y aumento de cobertura y calidad de las prestaciones sociales.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD PENSIONES DIGNAS

Mejorar las pensiones será nuestra prioridad inmediata. Es una deuda social impostergable de atender y solucionar. La presentación del respectivo proyecto de ley será una de nuestras medidas para los primeros 100 días, y buscaremos que la mejoría efectiva de las pensiones se inicie durante el primer año de gobierno. Vamos a presentar un nuevo proyecto de Reforma al Sistema Previsional, orientado a la reforma estructural de nuestro sistema de pensiones, para avanzar en el establecimiento de un verdadero sistema de seguridad social. Es imprescindible asegurar a toda persona un ingreso digno en la tercera edad. Para ello debemos también incentivar todas las formas de ahorro previsional y aporte del Estado a lo largo de la vida laboral, independientemente de las formas de trabajo y actividades que desarrolle cada persona, que cada vez apuntan menos a la figura del empleo tradicional. No tenemos problema con el ahorro previsional individual, al contrario, lo consideramos imprescindible. Tampoco vetamos la administración privada de los fondos, siempre que sea una administración transparente, eficiente y realmente competitiva, con buena rentabilidad y bajas comisiones, estrictamente supervisada por el Estado mediante licitaciones y fiscalización de un ente público autónomo y altamente especializado, similar al Banco Central, que también pueda invertir directamente, cuando su consejo directivo así lo determine.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD Lo más importante, es que, a todo ello, agregaremos un fuerte aporte estatal para garantizar pensiones dignas, como ocurre en todos los países de la OCDE. En nuestro modelo, más allá de las formas específicas, el sistema de pensiones tendrá tres componentes principales: a) Una base universal, garantizada por el Estado, b) Un resultante de los ahorros previsionales individuales, más la parte que corresponda de las cotizaciones de cargo de los empleadores, tanto las que vayan a cuentas individuales, como las que vayan a un fondo solidario intra e intergeneracional, y la rentabilidad obtenida por los mismos, c) Un fuerte aporte estatal que permita asociar, conforme a los años trabajados, el monto total de la pensión a determinados porcentajes de las remuneraciones que la persona recibía en actividad y, cuando no aplique ese parámetro, y a todo evento, buscaremos garantizar que hacia el final de nuestro mandato ninguna pensión sea inferior al salario mínimo legal, vigente para personas mayores de 65 años.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD EDUCACIÓN: “Gobernar sigue siendo educar” 1

Los radicales siempre hemos concebido la educación como un derecho social y un derecho humano fundamental. La palanca fundamental para el desarrollo personal y social, para igualar las oportunidad y avanzar como país hacia el desarrollo. La educación de calidad no puede ser sólo un privilegio de algunos, sino que un derecho de todos. No basta con una política de focalización o parches. A este ritmo, por ejemplo, acorde a los resultados del SIMCE, tardaríamos más de 50 años para que los colegios con resultados más bajos alcancen a los de mejores resultados, que en su mayoría son privados. En otras palabras, los estudiantes de sectores de mayores ingresos tienen dos años más de conocimientos que los más pobres. Somos uno de los países del mundo con mayor segregación socioeconómica en la escuela.. Una sociedad democrática no puede tolerar esos niveles de segregación. El valor de la democracia es la diversidad y riqueza compartiendo y aprendiendo con otro, e igualando la calidad de la formación y las oportunidades. Nosotros creemos, como Pedro Aguirre Cerda, que en el siglo XXI “Gobernar sigue siendo Educar ”; creemos en una educación pública, laica y de calidad que nos permita trazar el camino hacia el desarrollo. Una educación que permita configurar una sociedad inclusiva y democrática. Sólo con educación pública de calidad nuestros niños y niñas tendrán la libertad de elegir el proyecto de vida al cual aspiran. Sólo con educación pública de calidad el principio de igualdad de nuestros niños no se verá determinado por los recursos económicos de sus familias. Como radicales no podemos aceptar el estado de abandono de nuestra educación escolar pública. La matrícula ha descendido de manera continua de un 80% en 1973 a apenas un 35% en la actualidad.

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Fuente: Educación 2020. La Educación chilena de cara al 2030 / Informe de seguimiento de Educación en el mundo UNESCO / Plan Nacional de Educación. Educación 2020 / Ideas propias armónicas con los principios y estatutos del Partido Radical.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD Propuestas:

En pleno s. XXI el acceso a internet debe considerarse un derecho humano, así lo ha afirmado las Naciones Unidas, sobre todo si está vinculado directamente con el derecho a la educación. En los países de la OCDE, 1 de cada 10 alumnos de los que asisten a escuelas desfavorecidas carecen de conexión a internet en su casa, esta última proporción asciende a 1 de cada 4 en chile. Educación inicial: Cobertura con calidad. Chile tiene una de las tasas de cobertura más bajas de la OCDE en los niveles de 0 a 3 años. A eso se suma la baja cantidad de profesionales y técnicos disponibles por cada niño o niña. Hay que mejorar la proporción en las salas cunas y jardines infantiles actuales (por ej 1 educador/a y 2 técnicos/as para 15 niñas/os, y la misma cantidad para 25 párvulas/os). Además, hay que extender y universalizar el pre kínder de las escuelas con financiamiento público. Educación escolar: Fortalecer la educación pública. La mejor forma de vencer la segregación es con escuelas públicas de calidad. Se propone crear una institucionalidad específica con los más altos estándares profesionales y técnicos que se haga cargo de la educación pública, tanto a nivel central, como local, quitando esa responsabilidad a los municipios. El actual traspaso de las escuelas municipales a los Servicios Locales de Educación ha detectado diversos problemas. Incluso se ha hablado de extender este proceso hasta el 2030. Propugnamos que todo este proceso quede a cargo de una institucionalidad específica con poder decisorio y facultades legales expresas y con menos trabas burocráticas.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD Así como tenemos un Banco Central de nivel mundial para la política monetaria, propondremos la creación de un CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN, autónomo y de la más alta calificación técnica, para conceptualizar, dirigir, evaluar, y rendir cuenta pública y periódica, sobre nuestra política educacional, en diálogo e interacción con las comunidades. Debe aumentarse el financiamiento escolar para cubrir gradualmente el costo que implica entregar una educación de calidad. En la mayoría de los países con buenos resultados en educación su sistema público supera el 85% y es referente de calidad e inclusión democrática. Debemos crear condiciones de trabajo que fomenten el interés por estudiar y ejercer la pedagogía, especialmente orientado a incentivar la postulación y permanencia de directivos y profesorado en escuelas y liceos de sectores que presentan mayor vulnerabilidad. Centros de formación técnicas e Institutos profesionales: Proponemos la creación de una institucionalidad que acredite la calidad de las carreras técnicas de Universidades e Institutos Politécnicos. Educación superior. Investigación, Desarrollo e Innovación: Chile invierte sólo el 0,34% del PIB en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). El promedio de los países de la OCDE es 2,4%; liderando el ranking inversiones de hasta un 4%. El Estado actualmente no lidera una coordinación en busca de propósitos claros a mediano y largo plazo; más bien hay desarticulación entre diferentes organismos. Como radicales aspiramos a un plan de Estado que apunte al desarrollo del país mediante la investigación, el desarrollo y la innovación, a lo menos con el financiamiento del 1,5% del PIB. Enseñanza cívica valorando la democracia y los derechos humanos.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD La enseñanza del valor de la democracia y de los derechos ciudadanos también debe incorporarse de manera urgente en toda la etapa escolar. Es realmente peligroso para nuestra democracia que por ejemplo un 57% de nuestros niños de 8vo básico han respondido que podrían aprobar una dictadura. La educación cívica nos enseña a relacionarnos, comprendemos mutuamente, y en relación a la sociedad y las instituciones. Más allá del desarrollo conceptual obligatorio debe fomentarse la práctica de dinámicas democráticas: la enseñanza recíproca entre estudiantes, la retroalimentación permanente, el aprendizaje visible, la reflexión sobre el propio aprendizaje y la enseñanza centrada en la resolución de problemas y desarrollo de proyectos tanto a nivel de curso, como de escuela y barrio. La formación inicial de los futuros docentes requiere mejoras importantes. Los profesoras y profesoras cumplen el rol más importante de una sociedad, pues son los encargados de trasmitir la cultura e identidad de una civilización y sociedad a las futuras generaciones. Debe incentivarse a los mejores alumnos de la educación media a estudiar pedagogía, asegurándoles financiamiento gratuito en pregrado y en los mejores posgrados del mundo sobre educación si repercute sobre la educación pública del país. Respecto al presente, debe entregar herramientas y capacitación permanente y gratuita a los docentes para mejorar su desempeño en las salas de clases, acordes con las necesidades del siglo XXI. Deben mejorarse las condiciones de infraestructura de las escuelas públicas. Además de las condiciones de trabajo del profesorado, sobre todo respecto a su sobrecarga laboral, avanzando hacia una proporción más adecuada de horas lectivas y no lectivas, que permitan trabajar de manera colaborativa con estudiantes, docentes, directivos, sostenedores y familias.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD

La educación como factor de integración y cohesión social: Garantizar continuidad educativa a todos los niños, niñas y jóvenes privados de libertad. Entregar un acompañamiento integral a la población desescolarizada que permita insertarlos en una modalidad que se adecue a sus necesidades educativas, con o sin situaciones de infracción de ley y/o vulneración de derechos. Cultura, educación y ciudadanía: Las artes y el patrimonio aportan a mejorar la calidad de la educación. Crearemos planes y programas educativos que fortalezcan la formación de la ciudadanía en base a su propia historia, a la valorización del patrimonio más cercano (regional) y al impulso creativo de las artes. La educación física como factor relevante en la formación integral y en la salud: En la formación de personas, el fomento de la actividad física y del deporte es un factor significativo de aprendizaje a integrar en el currículo escolar, en todos sus niveles educativos, para una mejor calidad de vida, una vida más saludable y una mejor salud general de la población. Educación intercultural; reconocimiento y valoración a nuestros pueblos originarios: Impulsaremos una educación intercultural, reconociendo el carácter pluricultural de nuestro país y el respeto y reconocimiento a los pueblos originarios, desde sus lenguas, saberes y prácticas; integrados a una misma enseñanza y aprendizaje. Reparación: Considerando que en el último gobierno de centroizquierda se concretó el avance social fundamental de la gratuidad en la educación superior, para un amplio sector del estudiantado de menores recursos, es de toda justicia condonar la deuda de quienes, pudiendo haber accedido a tal beneficio, tuvieron que -antes de su consagración como derecho- endeudarse para poder estudiar. No es justo que si el Estado realiza y continuará realizando un importante esfuerzo solidario para garantizar, e incluso incrementar su cobertura en el tiempo, la gratuidad en la educación superior, haya quienes continúen endeudados por el mismo concepto.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD

SALUD

La pandemia ha puesto aún más de manifiesto las enormes diferencias existentes en acceso y oportunidad a una cobertura sanitaria de calidad y equitativa, entendiendo la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino que como bienestar psico y sociosanitario de las personas, en un entorno carente de contaminación, y con posibilidades de desarrollo integral del ser humano. Las dramáticas diferencias en las tasas de fallecimiento por COVID-19 entre diferentes comunas, claramente asociadas a una estratificación socioeconómica, sólo reafirma, de la manera más cruel, la validez de esta afirmación. Esperamos, por el bien de todas y todos, que la pandemia se encuentre ya en retirada al iniciar nuestro gobierno, sin embargo, estaremos preparados y vigilantes para mantener e intensificar, si fuere necesario, los planes de vacunación, incluyendo aplicación de nuevas dosis y demás medidas sanitarias que recomiende la comunidad científica y médica.

SEGURO UNIVERSAL:

Confiamos que la salud será considerada un derecho esencial en la nueva Constitución, para que los chilenos y chilenas tendrán derecho a la salud sin discriminaciones de ningún tipo, terminando con un sistema desigual, que discrimina por capacidad de pago. Con el derecho a la salud elevado a un rango constitucional, se debe avanzar a un sistema de seguro único que reciba las contribuciones actuales del 7% que van a FONASA y a las ISAPRE en un fondo mancomunado solidario, y así basado en un Plan de Salud Universal (PSU), todos los compatriotas tendrán asegurado una salud de acuerdo con sus necesidades y no a su capacidad de pago. La medicina privada seguirá teniendo su espacio en el mercado privado de la salud, y se mantendrá la libertad de poder acceder a la medicina privada con el aseguramiento por medio de seguros de salud complementarios al Plan de Salud Universal (PSU), que se denominarán seguros de segundo piso.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD INEQUIDADES Y OBSTÁCULOS A SUPERAR:

El levantarse a primeras horas de la madrugada para obtener una hora de atención en algunos de los establecimientos de la red de salud, el tener que viajar cientos de kilómetros para obtener atención de médicos especialistas, el costo de los medicamentos y la falta de resolución de los recintos sanitarios de ciudades pequeñas, son realidades que demuestran que la igualdad de acceso y oportunidad en salud se ven vulneradas todos los días para cientos y miles de personas. Este acontecer nos exige realizar un proceso transformador tan decisivo e importante que deberá ser implementado a través de políticas públicas sanitarias de corto, mediano y largo plazo. Para bajar sus costos, propondremos permitir, por ley, la libre importación de medicamentos, autorizados por la FDA o la EMA. Otro aspecto relevante que limita y en algunos casos impide la cobertura sanitaria, es la escasez de profesionales y técnicos de salud, para cubrir las necesidades básicas de atención sanitaria en muchas comunas y en particular en aquellos lugares que concentran a la población más vulnerable socioeconómicamente. De allí que deba ser implementada a la brevedad la creación de centros formadores regionales que cuenten con los recursos económicos, humanos y físicos para dicha formación, a fin de fortalecer la formación de pre y posgrado. No cabe duda que las universidades regionales están llamadas a tomar este desafío, pero deben contar con el apoyo irrestricto de toda la comunidad y de todos los actores que tienen algún grado de poder en los diferentes estamentos de nuestra sociedad.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SALUD:

Las funciones que realiza el sector salud para propender a una población sana pueden resumirse en tres ámbitos esenciales: la autoridad sanitaria a cargo del cumplimiento de normas, planes y políticas de salud, la protección de los riesgos ambientales y la vigilancia; la gestión de la red que se encarga de la articulación y desarrollo de la red asistencial con sus diferentes niveles y especialidades de atención; y la atención primaria de salud donde se implementa el modelo de salud familiar con enfoque comunitario y se llevan a cabo los controles de salud a la población en los distintos programas. Pese a que los tres están presentes sobre un mismo territorio a nivel regional, hoy día no articulan sus acciones de manera conjunta y dependen de autoridades distintas, por lo que no comparten los riesgos, tienen dificultades para garantizar la continuidad entre niveles de atención y presentan dificultades en la gestión. La creación de un organismo central que a nivel regional pueda coordinar estos tres ámbitos principales, teniendo a su cargo una población y territorio determinado, puede mejorar la gestión de salud a nivel local, aumentar la efectividad de las acciones de salud y alinear los incentivos para entregar un mejor servicio a la población. Las direcciones regionales de salud pueden orientar los servicios de salud a las necesidades de su población, entregando una oferta integrada de acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, ejecutando acciones de salud pública de impacto colectivo, a través de gestionar una red integrada de instituciones públicas y privadas, con distintos niveles de resolutividad y especialidad, organizada desde la atención primaria de salud, para dar continuidad en los servicios y hacer un uso eficiente de los recursos.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD

La regionalización de la gestión de salud en sus ámbitos fundamentales, a través de la creación de las direcciones regionales promoverá una gestión centrada en las personas, la familia y la comunidad, teniendo en cuenta las particulares culturales, y de género, así los niveles de diversidad de la población. Con esta estructura la atención primaria de salud, las oficinas de la autoridad sanitaria y los servicios de salud pasarían a depender administrativamente de la nueva entidad. Como prioridad en su gestión, esta nueva Dirección Regional deberá realizar reingeniería de procesos e integración tecnológica en áreas críticas como atención ambulatoria, farmacia, abastecimientos, ficha clínica, esterilización, pabellones, asegurando instalaciones productivas para un trabajo de 12 horas electivas y 24 horas en urgencias, asegurando a cualquier chileno con problemas de salud en cualquier región un tránsito exitoso por la red asistencial, lo que implicará eliminar las fragmentaciones hoy existentes, y solucionar los nudos de ineficiencia. Los Centros de Atención Primaria son la puerta de acceso al sistema público de salud, donde se realizan los controles y consultas básicas de 12 millones de personas. Por una serie de razones legales y financieras, la atención es muy heterogénea. Hay falta de especialistas y alta rotación de personal. Al no poder responder a sus objetivos formales de entregar una atención de cercanía y prevención, terminan derivando a los usuarios a hospitales, incrementando listas de espera. Proponemos fiscalizar aspectos técnicos, administrativos y financieros de los Centros de Atención Primaria municipales o centralizados. Generar, potenciar y financiar políticas zonales o nacionales de salud familiar. Solventar el financiamiento de políticas de salud con sentido familiar y comunitario, integrando a los pagos per cápita modificaciones epidemiológicas y sociales. Crear incentivos salariales a los equipos de APS. Coordinar acción de los servicios de salud, municipios y comunidades. Establecer una canasta de pagos a las APS desde FONASA, en patologías AUGE. Actualizar la dotación de APS según número de habitantes, número de prestaciones y ciclo vital, considerando algunas actividades en la canasta. Reestudiar indicadores de cobertura o rendimiento de las APS, hoy marcadas por su heterogeneidad.

PRIMER EJE

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SALUD MENTAL Aumentar el presupuesto de salud dedicado a prestaciones de salud mental incluyendo un plan de inversiones en establecimientos de salud mental que constituyan una red de prevención y tratamiento con especial énfasis en adicciones. El Estado debe propiciar la salud psicológica de todas las personas a la par de su salud física. La salud psicológica implica salud mental, salud emocional y salud en las conductas. Esta salud aporta al menor sufrimiento personal y al mejoramiento en las relaciones humanas, contribuyendo a una buena convivencia nacional y a una profundización de la democracia. La salud psicológica preventiva será impulsada como bien universal y por tanto impartida también a través del sistema educacional. ADULTOS MAYORES, cuidados y rehabilitación Nuestros mayores deben ser protegidos en sus derechos a cuidados dignos si presentan enfermedades discapacitantes y se hacen más dependientes. Para ello elaboraremos y promulgaremos una Ley de Protección a la Dependencia exclusiva para Personas Mayores. No basta con el marco legal para asegurar buenos cuidados a los mayores, se requiere infraestructura especializada para ellos. Construiremos en la red de salud pública establecimientos asistenciales de tipo hospitalario para rehabilitar pacientes mayores: EREAM (establecimiento de rehabilitación de adultos mayores). DISCAPACIDAD En nuestro país hemos avanzado en reconocer el problema de la discapacidad, con un grupo de leyes y decretos que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, hasta el momento dicha legislación en temas de Discapacidad no se cumple, por ejemplo, el Decreto 50 del MINVU que es la nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en donde se especifica que todos los edificios públicos o de acceso público deben tener accesibilidad universal, no se cumple. Por otro lado, está la Ley 21.015 que establece la inclusión laboral de personas con discapacidad y que tampoco se cumple, pues el Estado tiene que ser garante en este ámbito. Tampoco se cumple con la entrega de las ayudas técnicas para las personas con discapacidad. Proponemos hacer cumplir la ley, y elevar al más alto nivel el problema de la discapacidad reemplazando el actual SENADIS a nivel de Subsecretaría.

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TRABAJO

Como radicales compartimos plenamente el concepto de trabajo decente propuesto por la OIT, en el sentido que las relaciones laborales deben enmarcarse acorde a los estándares internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Las propuestas que desarrollaremos se dan el siguiente contexto: el 50% de los chilenos y chilenas tiene un sueldo igual o inferior a $400.000 mil pesos (Fundación Sol, 2019) y el 40,5% de los trabajadores se desenvuelve en la informalidad, con toda la precariedad que ello conlleva (OIT, 2019). Nuevamente hay que tener presente la brecha salarial en los trabajos formales la que asciende en promedio a un 28% menos que las remuneraciones de los hombres, lo que nos posiciona como el 5º país más desigual en materia de género (OCDE, 2020), y el 47% de las mujeres gana menos que el sueldo mínimo (Universidad de Playa Ancha, 2020). Respecto a los trabajos informales hay 3 datos relevantes: (i) un 57% corresponde a mujeres; (ii) el 68% gana menos del sueldo mínimo y (iii) en el 73% de los hogares chilenos son ellas el único sostén económico (Universidad de Playa Ancha, 2020). Desde el punto de vista de los derechos colectivos laborales sólo el 6 % de las empresas nacionales tiene organizaciones sindicales y solo un 6% de trabajadores y trabajadoras están amparados por algún tipo de instrumento colectivo del trabajo (Encuesta Laboral, ENCLA 2019).

Planteamos las siguientes propuestas:

1.Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD 2. Mutar desde un salario mínimo simple (monto único) hacia un sistema de salario mínimo complejo, que ayudaría a mejorar los índices de distribución de riqueza del país. Comprendemos las dificultades y desafíos que implica esta transición y su debida aplicación, pero la evidencia muestra que el sistema de salario mínimo simple tiende a nivelar hacia abajo en función de no afectar el empleo, el crecimiento y la capacidad de contratación de las Pymes. Por tanto, sostenemos que el salario mínimo debiera avanzar hacia una diferenciación en base a factores como tamaño y nivel de facturación de la empresa. De todas maneras, el piso, en cualquiera de los dos sistemas (simple o complejo) alcanzará los 500 mil pesos durante nuestro gobierno. 3.Para promover el trabajo para las mujeres proponemos expandir fuertemente la oferta de servicios de cuidado públicos, con horario extendido, tanto para niños, personas en situación de discapacidad física o mental, y adultos mayores no autovalentes. 4.Fomentar la flexibilidad laboral para compatibilizar la vida familiar con el empleo, pero teniendo siempre a la vista no reforzar los roles de género tradicionales. 5. Ampliar la consagración del derecho a negociar colectivamente, de tal manera de explicitar que, en términos generales, todos los trabajadores agrupados en organizaciones sindicales son titulares de él, vale decir, podrán negociar colectivamente tanto aquellos trabajadores que se desempeñan en el sector privado como en el sector público. 6. Eliminar la restricción constitucional que circunscribe la negociación colectiva sólo al nivel de empresa, reconociéndose la autonomía de las organizaciones sindicales para decidir el nivel de negociación que estimen conveniente, pudiendo ser nacional, ramal o de empresa.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD 7. Explicitar que la determinación de las materias que pueden ser objeto de negociación colectiva queda entregada a la autonomía colectiva de las organizaciones sindicales, de tal manera que sean los propios actores sociales quienes establezcan cuáles materias son de su interés negociar. 8. Reconocer expresamente a la huelga como un derecho fundamental de los trabajadores y ampliar la titularidad del mismo a los trabajadores del sector público, con excepción de las fuerzas de orden y seguridad, y FFAA, correspondiendo en este sentido al legislador definir si el régimen de ejercicio del derecho será el mismo o diferenciado, atendida la naturaleza de las funciones que se desempeñan. 9. Explicitar los límites y restricciones que legalmente pueden imponerse al ejercicio del derecho de huelga, los cuales deberán tener la característica de excepcionalidad cuando puedan verse afectados gravemente bienes jurídicos relevantes (la vida, salud y seguridad de la población).

PRIMER EJE

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VIVIENDA Y CIUDAD

Existen en Chile alrededor de 400 mil familias sin vivienda propia, incluyendo más de 80 mil familias que viven en aproximadamente mil campamentos, es decir, careciendo de los elementos materiales más básicos para llevar una vida digna, saludable y segura. Conforme a cifras de Techo Chile, el déficit podría llegar hasta 600 mil familias, si consideramos los casos de arriendos informales o abusivos, allegados, y hacinamiento. Por tanto, resulta evidente que en Chile existe un importante déficit de acceso a vivienda digna, que debe ser solucionado con sentido de urgencia. Resulta inaceptable para un país que ha tenido los avances que ha tenido Chile, y que aspira legítimamente a alcanzar en el mediano plazo el estándar de país desarrollado, que sigan existiendo decenas de miles de familias que viven en un estándar material, de salubridad y urbanización propios de la periferia de las ciudades de hace un siglo atrás. Impulsaremos un plan nacional de inversión en vivienda, que nos permita en el cuatrienio de gobierno disminuir en un 50% el déficit habitacional, y en un 100% hacia fines de la década. La inversión en infraestructura es fundamental para el desarrollo, pero no queremos modernos puentes y autopistas que se extiendan con indiferencia por sobre, o el costado, de campamentos que carecen de lo más básico. En materia de urbanismo y equidad territorial llevaremos adelante, junto con los gobiernos regionales y municipios, un plan nacional de integración urbana, que contemple accesibilidad, ciclovías, arborización, mejoramiento de plazas, espacios deportivos y localización de servicios. Aumentaremos la participación de regiones y comunas en el presupuesto nacional, y haremos más equitativa la distribución del FNDR y el FCM.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD EFECTIVA DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES Ya en 1859, se forjaban los inicios del radicalismo chileno con la “Revolución de los Gallo”; un alzamiento de mineros nortinos comandados por Pedro León Gallo que tenía como propósito precisamente terminar con el centralismo exacerbado de Santiago y el exceso de poder del Ejecutivo. Por ello, como radicales tenemos la legitimidad histórica de plantear al país propuestas claras para el fortalecimiento de la descentralización, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. En 1990 se crearon por ley los gobiernos regionales y en 1992 se estableció la elección popular de alcaldes lo que dio pie a una serie de políticas en pos de la descentralización, como, por ejemplo, la reciente elección directa de los gobernadores regionales que acaeció este año 2021. Sin embargo, el proceso de descentralización chileno ha sido totalmente insuficiente. Se propone un Estado explícitamente descentralizado, transfiriéndose responsabilidades, recursos o atribuciones desde el gobierno central a los gobiernos regionales y locales (municipalidades); dotándolos, a la vez, de mayor autonomía.

Propuestas:

1. Gobernaremos con los gobiernos regionales y los municipios, que son la expresión más directa del Estado en la relación cotidiana con la ciudadanía, y que, por lo mismo, tienen la mejor percepción de cuáles son las urgencias y preocupaciones de las personas, y la evaluación que hacen las mismas sobre las políticas y servicios públicos en el territorio. 2. Reconocer la existencia de tres niveles de Gobierno dentro del Estado Unitario (y no de mera administración), en donde la ley defina claramente las competencias y atribuciones exclusivas compartidas de cada nivel y el modo de financiamiento. 3. Establecer mediante la ley el principio de Equidad y Solidaridad Interterritorial, para promover el desarrollo equitativo de todos los territorios del país, utilizando instrumentos de compensación económico, social y de recursos humanos hacia espacios sub nacionales de menor desarrollo, mayor pobreza, más rurales y más aislados. Todos los chilenos deben acceder a un igual nivel y calidad de servicios públicos.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD 4. Otorgar compensaciones en diferentes formas a los territorios sub nacionales donde se produce la riqueza. Las comunidades en donde se explotan recursos naturales que generan externalidades negativas, deben ser compensadas mediante una serie de beneficios en favor de la ciudadanía que habita esos territorios. Los recursos provenientes de patentes de acceso a recursos naturales serán de beneficio de cada región, yendo un porcentaje a un fondo redistributivo nacional. 5. Reconocer mediante la ley la Autonomía Fiscal Regional y Local, esto quiere decir que la institucionalidad de los Gobiernos Regionales y Municipios, debe tener la necesaria independencia y autonomía financiera, traduciéndose incluso en la posibilidad de asumir ciertos niveles de endeudamiento, y establecer tributos a nivel regional y local en pos de su desarrollo. 6. Poner fin a la arbitrariedad presupuestaria de la autoridad central. La transferencia de recursos desde el gobierno central a los gobiernos regionales y locales debe realizarse conforme a criterios predefinidos, objetivos y cuantificables, poniendo fin a la discrecionalidad de la autoridad central en tales transferencias. 7. En el caso que el gobierno nacional cree, amplíe o transfiera competencias y atribuciones a los gobiernos regionales y municipalidades, aquel debe contemplar la totalidad de los recursos financieros y humanos para su buen ejercicio. 8. Implantar el principio de eficiencia del gasto, el cual busca asociar la eficiencia en la gestión de recursos públicos transferidos y generados en los gobiernos regionales y municipalidades, asociando el gasto a indicadores concretos que la ciudadanía pueda evidenciar claramente. Promoviendo, de esta manera, la confianza ciudadana en relación a la ejecución de los recursos públicos por parte del Estado.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD 9. Cada función pública debe radicarse en aquel nivel donde ésta se ejerce igual o mejor, privilegiando el nivel local sobre el regional y éste sobre el nacional. Solo aquellas funciones que no pueden ser asumidas adecuadamente por las municipalidades y gobiernos regionales deben recaer en la competencia del gobierno central. En ese sentido, el gobierno Regional junto con los Municipios son los que deberán establecer en conjunto los instrumentos de ordenamiento territorial. Y el Gobierno Regional es el que deberá certificar ambientalmente los proyectos públicos y privados relevantes. 10. Deben darse acciones comunes y colaborativas entre gobiernos centrales, regionales y las municipalidades (articulación multinivel y horizontal). Además, deben establecerse órganos permanentes de coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos regionales, y entre los gobiernos regionales y las municipalidades. Por ello proponemos crear la Dirección Nacional de Coordinación Territorial 11. El Gobierno Regional debe dirigir y coordinar en el territorio los instrumentos de fomento y emprendimiento productivo. Además del Fondo nacional de Desarrollo Regional (FNDR), crearemos otros programas de inversión pública regionales y convenios de largo plazo de programación entre Ministerios y Gobiernos Regionales. 12. El financiamiento basal municipal debe estar fundado en un per cápita igualitario para todos los gobiernos locales o municipios, independiente de sus ingresos propios, ajustándose el Fondo Común Municipal para estos fines. 13. Incentivar propuestas de iniciativas populares de ley regionales en donde si los ciudadanos del territorio reúnen una cierta cantidad de firmas en respaldo de un proyecto de ley de iniciativa ciudadana, relativo a su Región, el Congreso Nacional está obligado a discutirlo y convocar al referéndum popular para que la ciudadanía decida si efectivamente se convierte en ley. 14. Se Impulsará una ley de rentas regionales. Y a la vez, se impulsará aumentar los recursos regionales y locales, a través del aumento de ingresos propios (pago de patentes, impuestos locales, etc.), y el aumento de transferencias desde el gobierno central.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD CONECTIVIDAD FÍSICA Y DIGITAL. PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO: Impulsaremos la recuperación y expansión progresiva de la red ferroviaria nacional, urbana e interurbana, como medio de transporte, conexión y descentralización económica y poblacional. Impulsaremos el desarrollo de sistemas de metro para urbes metropolitanas y de trenes rápidos entre regiones. Los países desarrollados, a diferencia de Chile, han priorizado por décadas el modo ferroviario de transporte, por su seguridad, integración territorial, certezas horarias, y sustentabilidad ambiental. Chile necesita una red ferroviaria amplia, moderna y confiable. Haremos un plan integral de desarrollo ferroviario, contemplando diversas etapas de expansión. CAMINOS RURALES: Impulsaremos un plan especial de desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales, para garantizar accesibilidad y conexión terrestre entre comunas y localidades durante todo el año. RED DIGITAL: Consideramos el acceso a internet de calidad como un derecho humano, atendida la revolución tecnológica que ha generado un mundo virtual en el que ya se realizan tanto o más actividades que en forma presencial, incluyendo trabajo y educación a distancia. Por tanto, será deber del Estado garantizar la más amplia cobertura, realizando al efecto un plan de inversión en infraestructura digital, en alianza público privada, que permita optimizar la red de internet y facilitar su acceso en zonas rurales, localidades alejadas de centros urbanos, o sectores en que la geografía dificulta la cobertura con la infraestructura actualmente existente. A lo anterior, deberá unirse un sistma de descuento o subsidio para el consumo de internet por los sectores de menores ingresos.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD

IGUALDAD DE GÉNERO Estamos comprometidos con generar una vida en sociedad completamente libre de sesgos motivados por género. Equidad salarial, garantizada con posibilidad de tutela judicial directa, e integración paritaria de todos los estamentos colegiados y/o pluripersonales del sistema gubernamental, legislativo y judicial. Nuestro gabinete será paritario, sin puestos vedados, como, en los hechos, ha ocurrido hasta ahora. La educación y las políticas públicas serán concebidas y ejecutadas con perspectiva de género. Impondremos tolerancia cero al acoso, abuso y violencia contra las mujeres, mediante incremento de las penas, intensificación de las medidas preventivas y sanción drástica a su incumplimiento. El temor dejará de ser parte de la vida de las mujeres. Propondremos postnatal de un año. Buscaremos que, además, sea obligatorio para ambos padres durante los primeros 3 meses, y opcional para ambos hasta los 12 meses. Extender el postnatal es imprescindible, y comenzar a igualar esta normativa para hombres y mujeres no sólo es buena para los hijos y la corresponsabilidad en la crianza, sino también ha mostrado en experiencias internacionales ser uno de los elementos que más contribuye a disminuir la brecha salarial y de oportunidades laborales. Impulsaremos el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho de la mujer a decidir libre y exclusivamente, sin intervención del Estado ni de terceros, sobre la interrupción del embarazo en sus etapas iniciales. El Estado debe proveer educación sexual temprana, orientación y provisión gratuita y confidencial de métodos de prevención, y atención médica segura y gratuita en caso de aborto.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD

IGUALDAD DE GÉNERO

Es necesario invertir en infraestructura para los cuidados; servicios de calidad de guarderías y de cuidados a largo plazo para personas enfermas y adultas mayores, con el propósito de promover iniciativas de recuperación económica con perspectiva de género. La evidencia concluye que la disponibilidad de estos servicios aumenta la capacidad de las mujeres para (re)incorporarse al mercado laboral, y, a la vez, sirve para crear empleos y aumentar el bienestar de los hogares. Nos comprometemos a promover el acceso al trabajo decente. Como gobierno contemplaremos el aumento de la representación de mujeres en cargos ejecutivos y directivos, así como en el total de la nómina de personal, como una condición para extender los apoyos fiscales a las industrias que lo requieran bajo cualquier modalidad. Especialmente en sectores como los de las energías renovables, la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Lo anterior va de la mano con implantar programas de capacitación y políticas para crear lugares de trabajo más favorables a las mujeres y que fomenten el empleo de las mujeres. Consideraremos la evaluación del gasto público con perspectiva de género.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD DIVERSIDAD

Las y los integrantes de la comunidad LGTBQI+ tienen exactamente el mismo derecho a la dignidad y respeto que toda otra persona o grupo de nuestra sociedad. Ello debe ser garantizado por la legislación, eliminando toda diferencia. Coherentemente con ello, nos comprometemos a impulsar el matrimonio igualitario, con adopción y a reformar las normas sobre filiación. También fortaleceremos la ley anti discriminación. Adicionalmente, apoyaremos la no discriminación con acciones afirmativas como la integración de personas de la comunidad LGBTQI+ al Gabinete, la creación de una Subsecretaría de la Diversidad y No Discriminación, y -en el intertanto- la orientación de una fundación presidencial hacia esta misma materia.

PRIMER EJE

ROMPER LA DESIGUALDAD DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Fortaleceremos el SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR, reponiendo por vía legislativa, al alero de la nueva Carta Fundamental, las atribuciones que le entregaba el proyecto de ley de fortalecimiento de dicho servicio, y que fueron suprimidas por el Tribunal Constitucional, especialmente la de fiscalizar y sancionar directamente las infracciones a los derechos de los consumidores. También estableceremos un sistema de reconocimiento e incentivos a las empresas con mejor desempeño en su relación con los consumidores (atención presencial, virtual y telefónica, cumplimiento de plazos de entrega, aceptación de devoluciones, respuesta ante productos o servicios defectuosos o insatisfactorios, etc.)

SEGUNDO EJE

MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA MEJOR DEMOCRACIA

Participación ciudadana y mecanismos de democracia directa: En Chile, tradicionalmente, las votaciones periódicas de representantes agotan el ejercicio directo de la democracia por parte de la ciudadanía. Nuestro país necesita con urgencia refrescar su modelo democrático con más instancias de participación ciudadana vinculantes. Así, debe complementarse la democracia representativa con participación directa de la ciudadanía, a través de iniciativas legislativas y referendos impulsados por la misma ciudadanía, para decidir a través del voto universal asuntos públicos de la mayor relevancia. Lo anterior se torna urgente, si tenemos presente que el 40% de las y los chilenos considera que la democracia en Chile funciona muy mal, y otro 40% sólo regular. El 81% considera poco probable que pueda incidir individual o colectivamente en una decisión pública con la cual esté en desacuerdo (informe del proyecto de las Naciones Unidas para el desarrollo). Impulsaremos, mediante la legislación, ciertos mecanismos de participación directa de la ciudadanía, o concretaremos legislativamente los que se establezcan en la nueva Constitución. Proponemos lo siguiente: (i)Iniciativa popular de ley o de reforma constitucional. En Chile, sólo el Presidente y el Congreso están facultados para iniciar un proceso legislativo o una reforma constitucional, excluyéndose la posibilidad de una iniciativa por parte de la ciudadanía. Se propone habilitar a la ciudadanía, reuniendo una cierta cantidad de firmas, para presentar iniciativas de ley o de reforma constitucional y luego estas se sometan a referendo popular para aprobarlas;

SEGUNDO EJE

MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA ii) revocatoria de mandato. En nuestro país, resulta imposible relevar de un cargo a una autoridad elegida, antes de que termine su mandato por la vía de una votación popular; aún cuando la ciudadanía repruebe seriamente su gestión. Se propone habilitar a la ciudadanía para reclamar tal referendo si se reúne una cierta cantidad de firmas; (iii) referendo sobre asuntos políticos de trascendencia. Se propone permitir que la ciudadanía, mediante el voto sea la que resuelva temas políticos de trascendencia y altamente controvertidos, como decisiones del Estado de carácter internacional, como la entrada a un organismo supranacional o temas excepcionales de alto interés y trascendencia pública en caso de que el ejecutivo y el legislativo no se logren poner de acuerdo; (iv) referendo aprobatorio y abrogatorio. Se plantea la posibilidad que la ciudadanía sea la que se pronuncie mediante consulta popular y gracias a su activación mediante la reunión de firmas, respecto a si una determinada ley, entra o no en vigencia plena y, también, respecto a una ley ya plenamente vigente, para efectos de votar su derogación; (v) plebiscito constitucional. Se propone que para aprobar determinadas reformas constitucionales el referendo popular se torne obligatorio.

SEGUNDO EJE

MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA Respecto a la participación ciudadana en los gobiernos locales y en la Administración del Estado, acorde a los datos más recientes, existen 126 municipios que no han dictado el reglamento ni constituido los Consejos de Sociedad Civil Comunal (COSOC), mientras que en el nivel central (Ministerios y servicios públicos) existen aún 40 instituciones públicas que no han constituido Consejos de Sociedad Civil. Para potenciar la institucionalidad de la participación ciudadana y los espacios para la participación popular en el Estado, proponemos los siguiente: 1. Fortalecer la constitución y consulta a los Consejos de la Sociedad Civil sobre el cierre y diseño de nuevas políticas, planes y programas de las instituciones públicas. 2. Fomentar la realización de consultas ciudadanas, con perspectiva de género y de equidad territorial, en los procesos de diseño y modificaciones de políticas, planes y programas relevantes, en todos los niveles del Estado, es decir, central, regional y comunal. 3. Establecer por ley una línea de financiamiento de los mecanismos de participación, para garantizar su funcionamiento estable. 4. Crear una subsecretaría de participación ciudadana y transparencia que tendrá por finalidad implementar la política nacional de participación ciudadana que garantice el derecho a la participación de las personas y organizaciones en la gestión pública. 5. Transformar el Consejo Para la Transparencia y la Participación Ciudadana, otorgándolo los roles de facultades regulatorias y fiscalizadoras, para que todos los órganos de administración del Estado apliquen los mecanismos de participación en forma adecuada. 6. Establecer que el incumplimiento por autoridades y funcionarios de la obligación de hacer efectivos los mecanismos de participación, será considerado una grave falta administrativa.

SEGUNDO EJE

MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA DERECHOS HUMANOS

Hasta ahora sólo una víctima de las 2 mil 926 que denunciaron vulneraciones de derechos en 2019 ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha obtenido condena para su victimario. El mismo director del Instituto ha dicho que “estamos más cerca de la impunidad, que de la verdad y de la justicia” respecto a las múltiples violaciones de derechos humanos que se dieron en el marco del estallido social, constatadas, además, por diversos organismos internacionales. A la vez, es un hecho público la ocurrencia de diversos casos en donde imputados bajo el marco del estallido social han sido puestos en prisión preventiva por largos meses, para finalmente ser absueltos o terminar cumpliendo su pena en libertad. En los hechos, y en diversos casos, se ha utilizado la medida de prisión preventiva sin la debida prudencia, más bien como una medida tipo y no de análisis particular en cada caso derivado del denominado estallido social. Para fortalecer la vigencia, compromiso y respeto por los Derechos Humanos en nuestro país, proponemos: 1. Capacitar con los más altos estándares a las fuerzas policiales sobre el respeto irrestricto a los protocolos de control del orden público, los que deben ser definitivamente compatibles con los derechos humanos. 2. Estudiar la modificación o derechamente la derogación de la Ley de Seguridad del Estado, la cual viola la igualdad ante la ley en un proceso penal, con tipos penales en blanco y riesgo de utilizarse políticamente, más que jurídicamente. Tal ley no resiste mayor análisis desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Se propone en cambio la aplicación de un nuevo Código Penal acorde a los tiempos y a los nuevos tipos de delitos. 3. Tal como existe un defensor penal público, debe existir un defensor penal de las víctimas para los casos en donde se violen los derechos humanos, el que deberá accionar tanto penalmente como civilmente en beneficio de la víctima.

SEGUNDO EJE

MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA 4.Deben buscarse los mecanismos para acelerar las investigaciones de los procesos penales y modernizar la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público. 5. Debe existir un ente dependiente del Ministerio de Justicia que sistematice toda la información exacta, detallada y actualizada respecto a los casos donde eventualmente existan violaciones a los derechos humanos para poder implementar las medidas correctas y poder evaluar el cumplimiento de los estándares de la fiscalía, Poder Judicial, Defensoría Penal Pública y Policía. Es inconcebible que existan datos divergentes al respecto. ESTALLIDO SOCIAL, REPARACIÓN Y PACIFICACIÓN: Convocaremos a todos los actores involucrados y afectados del estallido social a una Comisión de Reparación, Búsqueda de Justicia y Pacificación, para efectos de (i) reparar material y sicológicamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos; (ii) analizar el indulto de aquellos imputados por delitos menores que, de no mediar la ley de seguridad del Estado, probablemente habrían accedido a una salida alternativa, o habrían recibido una pena remitida por mero delito de daños; (iii) reparación económica al comercio menor que sufrió graves daños y perjuicios en el contexto del estallido; (iv) Reparación a los integrantes de fuerzas de orden y seguridad que hayan sido gravemente lesionados en el mismo contexto.

SEGUNDO EJE

MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA CHILE PLURINACIONAL Y MULTICULTURAL

Confiamos que la nueva Carta Fundamental, emanada de la Convención Constitucional, y una vez ratificada por la ciudadanía, reconocerá expresamente el carácter plurinacional e intercultural del Estado de Chile. A dicho reconocimiento, deberá seguirse como lógica consecuencia, el establecimiento de derechos políticos especiales para los Pueblos Originarios, como escaños reservados en el Parlamento, tal como tienen actualmente en la Convención Constitucional. También reactivaremos el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional y Consejos Indígenas. Formaremos una Comisión del más alto nivel que proponga medidas materiales, políticas, y simbólicas, de reparación a injusticias históricas cometidas con los Pueblos Originarios. Incorporaremos la interculturalidad en todos los niveles de enseñanza, con énfasis en cada realidad regional.

SEGUNDO EJE

MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA SEGURIDAD PÚBLICA

La impunidad y las situaciones de abuso no pueden seguir en Chile. En Chile la delincuencia y la percepción de inseguridad han ido en aumento, incluso considerando el escenario de pandemia que ha disminuido la movilidad en las calles. Un 55% de los chilenos cree que el nivel de delitos en su comuna crecerá en los próximos meses y en 8 puntos porcentuales aumentó la cantidad de vecinos que se organizaron ante la sensación de inseguridad y desprotección. Casi un 70% de los encuestados dejó de salir de sus casas en ciertos horarios y muchos dejaron de usar artículos de valor en público. Estos datos recabados por el Índice Paz Ciudadana 2020 confirman que el Estado no está llegando a los lugares donde la gente es víctima de delitos. Nuestro compromiso en esta materia es atacar, por cierto y con energía, las causas sociales que inciden en el fenómeno delictual, pero también tener mano dura con quienes delinquen, para ello propondremos un nuevo Código Penal, que sancione las conductas socialmente dañinas conforme a la gravedad que la ciudadanía les asigna hoy, en el siglo XXI, para dejar atrás el Código que aún nos rige, desde el siglo XIX. Revisaremos todas las normas sobre atenuantes y penas alternativas para delitos graves, porque muchas veces su aplicación se traduce, en los hechos, en una burla y un abuso para con las víctimas y la sociedad. La impunidad no puede seguir en Chile. Queremos garantizar a la gente que viva tranquila, si fallamos en eso, fallamos en todo.

SEGUNDO EJE

MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA Combatiremos el narcotráfico con toda la fuerza del Estado, sin retroceder ni entregar barrios a su dominio. Subiremos las penas de los delitos más comunes y graves, y también a los delitos de cuello y corbata. Los coludidos y los corruptos, tanto el que corrompe, como el que se deja corromper, irán a la cárcel. En nuestro gobierno no habrá tolerancia con ningún tipo de delincuencia. Retomaremos el programa de construcción de cárceles llevado adelante por los gobiernos del ex Presidente Ricardo Lagos, y el primer gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, y que permitió a Chile dotarse de nueva infraestructura penitenciaria de alto estándar, compatible con las necesidades de seguridad de la sociedad, y de reinserción y dignidad de internos y funcionarios penitenciarios. Existe una visión errónea de que la delincuencia tiene que ver directamente con la pobreza, y no cabe duda que hay factores relacionales, pero la inmensa mayoría de las personas de escasos recursos son gente honesta y de esfuerzo, y lamentablemente es a ellos a quienes más golpea la delincuencia y el poder territorial del narcotráfico. Por eso el Estado debe actuar en los barrios con prontitud, energía y permanencia. También haremos en conjunto con los municipios, programas de prevención situacional, mediante creación, mejoramiento e iluminación de áreas verdes, plazas, espacios deportivos, etc. Propondremos una modificación a la ley orgánica del Ministerio Público para que los fiscales regionales sean elegidos por la ciudadanía, con posibilidad de reelección y disminución de las inhabilidades para postular luego a otros cargos públicos, lo cual variará el enfoque de su misión, e incentivará su acción en favor de la seguridad de las personas, mejorará la atención a las víctimas, e incrementará sustancialmente la orientación institucional hacia el mejoramiento de los resultados cuantitivos y cualitativos de su labor de dirección de la investigación, y de ejercicio de la acción penal. En simple, buscamos que disminuya sustancialmente el número de denuncias archivadas sin investigar, y, por tanto, aumenten las formalizaciones y el porcentaje de condenas. Dicho en otras palabras, DISMINUIR SUSTANCIALMENTE LA IMPUNIDAD.

SEGUNDO EJE

MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA ARTES Y CULTURA

Cautelar y revalorizar el patrimonio cultural e histórico, protegiendo el folklore, la música, el teatro, el cine, el espectáculo artístico popular y las actividades de los artistas tradicionales en todas sus formas. Promover la cooperación cultural internacional en general y en particular con nuestros vecinos. Estimular la vocación y talento artístico en todos los niveles de la educación. Defender permanentemente el inalienable derecho de pensamiento, creación y expresión. Fomentar la creación artística legislando para que, parte del presupuesto asignado a la construcción de edificios públicos, se destine a incorporar en las edificaciones las artes plásticas de artistas nacionales. Legislar para que se otorgue subvenciones a las entidades de difusión artística y gremiales de los artistas nacionales. Favorecer la difusión de las artes en regiones fomentando el desarrollo de infraestructura adecuada para museos, salas de concierto, teatros, etc. Abolición del IVA a los libros y todo gravamen al arte y la cultura.

SEGUNDO EJE

MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA DEPORTES

Nueva estructura administrativa pública para actividad física y el deporte: Impulsaremos un proyecto de ley que ajuste el marco normativo actual entre el MINDEP, IND, y otros servicios públicos, donde se armonice el funcionamiento de la política sectorial recién trabajada con la ciudadanía en el gobierno de la ex presidenta Bachelet. Fortaleciendo en el IND un área/departamento técnico metodológico de alto estándar nacional e internacional, para trabajar al menos en 6 áreas: Deporte Formativo, Deporte Social, Deporte Competitivo, Deporte de Alto Rendimiento, Infraestructura y Equipamiento para la Práctica Física Deportiva, y Desarrollo deportivo organizacional. “Deporte con la Gente” Establecer un sistema de oferta de actividad física y deporte de forma integrada y focalizado por barrios/comunidades, donde converja la oferta pública y privada de manera coordinada, entregando además herramientas para el fortalecimiento de lo organizacional, de los distintos espacios donde se implemente dicha oferta, impulsando además la utilización y adecuación de los bienes nacionales de uso público, tales como plazas, parques, cerros, cordillera, campos, bordes costeros, además de la utilización de infraestructura escolar fuera del horario lectivo, etc., para la práctica de la actividad física deportiva e inclusiva. Proponer modificaciones al código del Trabajo, para incluir la práctica de actividad física y deporte dentro del horario laboral, con las facilidades para esto por parte del empleador. Fortalecimiento del Sistema Federado del Deporte: Se establecerá un sistema de apoyo especial para las organizaciones deportivas estratégicas, tanto para el rendimiento deportivo con miras a los resultados en mega eventos deportivos, como aquellas que tengan un desarrollo deportivo para la población en general y de carácter inclusivo.

SEGUNDO EJE

MEJOR DEMOCRACIA, MEJOR CONVIVENCIA Se re-potenciarán los polos de desarrollo deportivos en cada una de las regiones o localidades que dispongan las condiciones físicas y humanas para su buen desarrollo. Se fortalecerá el apoyo directo a los deportistas de representación nacional en mega eventos deportivos, en post de la profesionalización, la posterior reinserción social y laboral de estos en nuestra sociedad. Capacitación y Ciencias del Deporte: Establecer un Sistema Nacional de Capacitación Integrado, entre el MINDEP/IND, el mundo de la Academia u otros organismos técnicos (no solamente las universidades) y el mundo Federado, que permita la certificación de las personas que van a ayudar a tener un país más activo físicamente. Este Sistema reconocerá las realidades de cada uno de los entornos donde se implementará, junto con los recursos humanos formadores, resguardando tanto capacidades técnicas como individuales, específicas e identitarias de los grupos a formar. El Sistema Nacional de Capacitación Integrado, considerará los ciclos de los proyectos (antes, durante y después) y será un apoyo permanente, especialmente a las organizaciones.

TERCER EJE

CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE El Partido Radical, desde sus orígenes ha estado integrado también por muchas y muchos emprendedores, medianos y pequeños empresarios, comerciantes, profesionales independientes y trabajadores por cuenta propia. Nunca hemos estado reñidos con el emprendimiento o el esfuerzo individual, muy por el contrario, lo consideramos motor imprescindible del desarrollo nacional. Lo que también hemos sostenido siempre es que el Estado debe jugar un rol activo en la promoción del crecimiento económico, en la diversificación de la economía, en el fomento a nuevos emprendimientos y áreas de desarrollo, así como en la regulación y control de los mercados, para garantizar su correcto funcionamiento, y proteger a las y los ciudadanos, frente a conductas monopólicas y abusivas de cualquier naturaleza. ELEMENTOS CENTRALES DE NUESTRA VISIÓN ECONÓMICA: CRECIMIENTO: Buscaremos, en nuestro gobierno, superar las actuales proyecciones de crecimiento para el periodo 2022-2025 que ha realizado la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (desde 3,5% a 2022 a 2,5% en 2025), poniéndonos como uno de nuestros objetivos centrales, el crear y propiciar todas las condiciones necesarias para que el país retome una senda de crecimiento más alta y una recuperación sostenida. Pero esto no debe realizarse solamente pensando en el periodo 2022-2025, sino que pensando en un crecimiento sostenido en el largo plazo, que incorpore como variables fundamentales la equidad, la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental. Hay varios elementos claves para dicho fin. En primer lugar debemos avanzar en lo social, que es la gran deuda del modelo actual, y que explotó en el estallido de 2019. Sin paz social, basada en una distribución mucho más equitativa de los ingresos, las oportunidades y el bienestar, es imposible sustentar un crecimiento sólido y sostenido. La incertidumbre social, la crisis, el conflicto, que empieza como social y sigue como político e institucional, claramente no son escenario favorable para un desempeño vigoroso de la economía.

TERCER EJE

CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE Otro elemento clave para el crecimiento son las herramientas y políticas públicas que se pueden promover, siendo un eje central la creación de condiciones necesarias para que exista un crecimiento alto de la PRODUCTIVIDAD, variable que no ha crecido en Chile durante los últimos años, y se requiere reimpulsar decididamente. Se hace necesario entregar los incentivos correctos a las firmas para que estas innoven y Chile se convierta en un país donde realmente exista progreso tecnológico, que no solo tiene que ver con desarrollar nuevas tecnologías, sino también con adaptar tecnologías desde el resto del mundo, considerando que antes de la crisis existía un segmento importante de empresas sin acceso a una serie de herramientas que mejoran la productividad. Para esto, el Gobierno tiene un rol clave a través de diversos programas de asistencia como aquellos impulsados por CORFO o por el Ministerio de Ciencias y Tecnología que apunten en aquella dirección. También es muy importante cerrar las brechas que se revelaron durante la pandemia, en materia de acceso a internet, computadores, sobre todo en niñas, niños, profesores. Invertir como Estado en cerrar esas brechas también es fundamental, como fin en sí mismo, pero también cimentaría aumentos futuros de productividad. CORFO 2.0: La economía chilena necesita un nuevo impulso que abra posibilidades a los creadores del futuro, que promueva la economía naranja, las exportaciones no extractivas, la industria creativa, como el desarrollo de software, servicios, industria cinematográfica, creación artística. Contamos con la generación joven con mejor nivel educacional de nuestra historia y apoyaremos sus emprendimientos, sus talentos, con capital de riesgo, para que germinen con el impulso del Estado.

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CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EXPORTACIONES: Una dimensión fundamental para lograr crecimiento sostenido tiene que ver con que Chile, al ser una economía pequeña y abierta, requiere del crecimiento de sus exportaciones, pero no solo en aquellos sectores donde se sabe que tenemos una ventaja comparativa, sino que también se requiere impulsar nuevos sectores exportadores con el Estado como eje articulador entre instrumentos de distintas agencias, para lograr una adecuada complementariedad entre los instrumentos. En este ámbito el rol de CORFO y PROCHILE es esencial para generar nuevos sectores exportadores. La experiencia previa así lo demuestra, ya que en casi todos los sectores donde Chile ha sido exitoso en aumentar sus exportaciones, el rol del sector público ha sido fundamental. EMPLEO: La mejor forma de acelerar la creación de nuevos empleos está ligada a retomar la senda de crecimiento económico. Para esto es clave el crecimiento del sector exportador, donde se encuentran los mercados más grandes, con mayor potencial de generación de empleos. Además, en aquellos sectores donde la creación de nuevos empleos es baja, se debe identificar qué política es la más adecuada en base a las particularidades de cada uno. Una receta para todo no parece ser lo más adecuado. Necesitamos políticas que faciliten la reconversión de trabajadores entre sectores, con un apoyo más decidido, como se hace en países desarrollados. Esto será de creciente preocupación dada la incorporación de nuevas tecnologías como la robótica, la digitalización y la inteligencia artificial. En materia laboral promovemos el fortalecimiento de las capacidades negociadoras de los trabajadores, para hacer más equitativa la relación entre las partes de la empresa, y mejorar así la participación del sector trabajador en las rentas producidas por la conjunción de capital y trabajo. En ámbitos más específicos, fortaleceremos la educación técnica. Debemos articular las escuelas técnico profesionales y la empresa, modernizar el currículo, ahí podemos dar un salto importante en tecnología, de minería, litio, TIC, etc.

TERCER EJE

CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE También es clave el empleo joven, pero las políticas actuales no son efectivas. Debemos crear políticas desde las perspectivas de los jóvenes, no desde las perspectivas de los economistas. Y el empleo mujer. Las políticas actuales tienen que ver con subvenciones o créditos para impulsar el empleo, pero esas no son las problemáticas por las cuales las mujeres no pueden acceder, por ejemplo el cuidado de hijos, adultos mayores postrados, etc. Entonces atacar esa dimensión es fundamental. También impulsar el trabajo no presencial, eso evita los tiempos de ida y vuelta. CONVERGENCIA FISCAL: Para reducir el déficit y la deuda no hay recetas mágicas. Se aumentan ingresos y/o se reducen gastos. Evidentemente, en Chile hay una necesidad ineludible de aumentar los ingresos, lo que ayudará a reducir el déficit. Por un lado, se deben hacer políticas en materia tributaria orientadas a obtener una mayor recaudación permanente, junto con ítems de reducción de gasto, apuntando en la misma dirección. Sin embargo, para reducir el déficit de manera sostenida, considerando que no podrá reducirse de manera sustancial de acá a uno o dos años, debe existir un plan que debe diseñarse de forma consensuada y participativa, de manera de redistribuir los costos de este ajuste. Tema central en esta materia es la propuesta tributaria que se expuso con anterioridad en este documento.

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CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE MODELO DE DESARROLLO: Chile es una economía pequeña y abierta, por lo que el modelo de desarrollo económico debe orientarse hacia los mercados internacionales, basándose en innovación y creatividad. Para ello será fundamental la revolución educativa que impulsaremos. La actividad económica será principalmente desarrollada por el sector privado, pero con regulación, orientación y apoyo decidido y eficiente del Estado, como ya hemos señalado. Un Estado eficiente, que escuchará a sus ciudadanos, que hará cumplir la nueva Constitución y que será garante de derechos sociales, subsanando las graves deficiencias que genera el solo predominio del mercado, como son la desigualdad, las bajas pensiones, desigual acceso a salud y a educación, entre otros, y que claramente son las falencias que llevaron a la crisis al actual modelo. En lo económico, un Estado orientador, promotor, apoyador y regulador, que impulse la diversificación y dinamización de la economía, que tome universalmente en cuenta las consideraciones medioambientales para que el desarrollo sea sustentable, y se ocupe de que sea inclusivo, con perspectiva de género, y preocupación especial por los grupos más rezagados. El crecimiento de Chile se ha basado principalmente en su dotación de recursos naturales y muchas naciones que hoy son desarrolladas también han basado su crecimiento en ellos, aunque lo han hecho incorporando nuevos sectores, tecnologías y productos. Chile ha escapado de la maldición de los recursos naturales, pero debe retomar con fuerza el cambio hacia nuevas ventajas comparativas, emulando lo ocurrido con otras economías como Noruega, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Para esto se requieren políticas que fomenten la creatividad, el surgimiento de ideas innovadoras, dar un gran salto cualitativo en la educación, inversión pública en internet, la remoción de trabas burocráticas y regulatorias que impiden el desarrollo de estas ideas, y mayor vinculación entre empresas y academia, lo que también se dificulta por las trabas antes mencionadas.

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CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE CAMBIO CLIMÁTICO: La mitigación del efecto invernadero y la adaptación al cambio climático son dos aristas de un mismo problema. Nuestro país es considerado uno de los territorios más vulnerables al cambio climático. Si bien Chile como país aporta emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) marginales, que se estiman en 0,3% a nivel global, somos uno de los países que más sufrirá los embates del cambio climático. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, nuestro país posee 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático.

Estos son insularidad; áreas costeras de baja altura; zonas áridas y semiáridas; zonas de bosques; susceptibilidad a desastres naturales; áreas propensas a la sequía y desertificación; zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica; ecosistemas montañosos; economía altamente dependiente del clima, en particular de los recursos hídricos; y aquellos sin litoral y de tránsito. (Se han subrayado los criterios de vulnerabilidad de nuestro país). Estas vulnerabilidades se profundizan por las debilidades institucionales, desigualdades sociales y el modelo de desarrollo. A este gobierno le tocará hacerse cargo de la preparación para el cambio que ya está aquí y seguirá acentuándose, adaptarnos para sobrevivir. La identificación e implementación de medidas de adaptación al cambio climático, requiere de un trabajo previo de análisis de los impactos actuales y previstos del cambio climático sobre los distintos sistemas humanos y naturales afectados, los riesgos asociados y la determinación de la vulnerabilidad de dichos sistemas. De esa forma se mejorará la información disponible respecto de la amenaza del cambio climático, la vulnerabilidad y el riesgo de los sistemas y poblaciones que puedan verse afectados. Este concepto no se puede desarrollar a plenitud si no se relaciona directamente con la resiliencia. Se habla de resiliencia como la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para hacer frente a un evento o tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo o reorganizándose de manera que mantengan su función esencial, la identidad y estructura, al tiempo que se mantiene la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación (IPCC 2014).

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CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE Chile vive una Emergencia Climática y es clave comenzar a desarrollar acciones y proyectos de infraestructura y adaptación a los cambios que se están viviendo cada vez más seguido, tales como marejadas, sequías, lluvias y granizadas fuera de estación, etc. Debemos actuar hoy. Propuestas: 1. Se ratificará el Acuerdo de Escazú, que fue promovido por nuestro país. 2. Debemos aumentar nuestra resiliencia al cambio climático, y esto lo haremos con más y mejores obras públicas destinadas en prevenir desastres y contener y gestionar mejor nuestra agua, protegiendo nuestros glaciares, mejorando y actualizando nuestros planes y programas, y perfeccionando nuestros sistemas de gestión de riesgos y emergencias. 3. Chile ha elaborado el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC), que cuenta con dos versiones el PANCC I 2008-2012 y el PANCC II 2017-2022. Sin embargo, ninguno de ellos hace énfasis realmente en la preparación, y educación para la adaptación, sino más bien se enfocan en la mitigación y en cumplir con lo comprometido ante la comunidad internacional. Se propone entonces hacer un PANCC en su versión 3, donde se mantengan los lineamientos de descarbonización de la matriz y de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), pero haciendo un énfasis en infraestructura pública y privada para la adaptación a desastres provocados por el cambio climático. 4. Debemos promover una educación ambiental en el Curriculum escolar, desde la educación preescolar, hasta exigir a las Universidades contemplar en sus diferentes mallas, contenidos que aborden la emergencia climática como móvil de acción del país. 5. Crearemos un Fondo de Investigación especializado en materias de estudios de emergencia climática y reducción del riesgo de desastres. 6. Fortaleceremos la economía naranja, basada en la creación de valor e innovación, que servirá para dar un impulso no solo a la reindustrialización del país, sino que con ella podemos crear una nueva economía socioambiental. Una economía que tenga en mente la adaptación al cambio climático, que lo combata y no que lo cause, una economía no extractivista, y que permita al Estado ser parte de la solución tecnológica y no meros espectadores.

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CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 7.Promover gobernanza local, en un esquema de alianzas públicas – privadas que fortalezcan la preparación local frente a emergencia climática y la reducción del riesgo de desastres. Esto significa que todos los actores de diferentes territorios, sector privado – público y sociedad civil deben trabajar en conjunto sobre la planificación territorial que permita una rápida adaptación de estos a los efectos del cambio climático. Los municipios juegan un papel clave en estos procesos.

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CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE RECURSOS NATURALES. AGUA

Nuestro país lleva enfrentando una mega-sequía desde hace décadas, esta crisis hídrica sin precedentes desde que se lleva registro, aparentemente llegó para quedarse. Tenemos que adaptarnos a vivir con este nuevo escenario, y el Estado tiene un rol fundamental en el que ha fallado, desde las obras públicas necesarias, hasta la planificación y catastro de cuencas de agua dulce. Los factores que explicarían esta disminución en las precipitaciones tienen que ver con condiciones climáticas globales atmosféricas y oceánicas que están cambiando, además de una ineficiente gestión de los recursos hídricos. No puede quedar fuera en este punto la protección de nuestros glaciares. Actualmente en Chile los glaciares solo están protegidos si están en un parque nacional (Convención de Washington); si un proyecto pretende desarrollarse sobre ellos este debe ingresar al SEIA, ello no implica que no se pueda realizar solo que será evaluado, y la prohibición de la corta de bosque en los márgenes del glaciar (Ley de bosque nativo). Esto impulsa a tomar medidas legales que permitan su regulación. Propuestas 1. Declarar el agua como un bien nacional de uso público, priorizando el uso del agua hacia la protección de la vida, los ecosistemas y el consumo humano con un énfasis en comunidades campesinas, por sobre cualquier otro tipo de actividad económica. 2. Realizar un catastro de las cuencas de agua dulce y una planificación sustentable de largo plazo para su uso frente a la emergencia climática que estamos viviendo. 3. Establecer un plan nacional de gestión hídrica que involucre a todos los actores locales en su implementación, el que será moderado por el Estado (Sector privado – público— comunidades de agua potable rural, asociaciones de regante, sanitarias y distribuidoras, etc.).

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CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE AGRICULTURA El impacto del cambio climático en los sistemas extensivos se traduce en la menor disponibilidad de alimentos, por consecuencia de la disminución de la producción agrícola. Lo que lleva a una insuficiencia de condiciones para mantener a la producción pecuaria que requiere amplias cantidades de pastizales para mantener al ganado, y ello, en suma, deriva en una dieta pobre en nutrientes para las poblaciones más vulnerables. Por esto, es que la adaptación al cambio climático también debe estar presente en la industria agropecuaria, por tanto, se deben tomar acciones orientadas a incrementar la capacidad adaptativa de los agroecosistemas y de los actores sociales del sector agropecuario. Propuestas: 1. Poner fin a los proyectos inmobiliarias en suelos siniestrados, con al menos una imposibilidad de construir sobre ellos de 5 años. 2. Recuperar los suelos de nuestro país, hacer un catastro de suelos degradados y suelos recuperables para de esa forma recuperar la producción de alimentos, que da trabajo y sustento a tantos chilenos. 3. Invertir en investigación e innovación para frenar la desertificación, que disminuye la posibilidad de producir alimentos, empeorando la calidad de vida y hace más difícil la recarga de los acuíferos. BIODIVERSIDAD Nuestro país posee características geográficas únicas que le dan la posibilidad de contar con una riqueza en biodiversidad muy importante a nivel mundial. Tenemos en nuestra larga geografía variados tipos de climas que favorecen el surgimiento de especies únicas y endémicas, contando aproximadamente con más de 30.000 especies nativas, entre plantas, animales, hongos y bacterias, de las cuales se estima que al menos el 25% son endémicas, o sea, únicas de nuestro país. Debido a esto en la zona centro y sur del país se nos considera un hotspot de biodiversidad, lo que habla de un territorio con una importante concentración de distintas especies, siendo 1 de los 35 hotspots mundiales de biodiversidad.

TERCER EJE

CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE Es por ello que, la protección de la biodiversidad en nuestro país es un tema que se abordará de forma integral. Desde la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus competencias, hasta el impulso a la investigación de nuestra gran variedad de especies. Propuestas: 1. Concluir la tramitación legal del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, e iniciar su implementación. 2. Nuestro gobierno pondrá especial énfasis en la creación y protección de corredores biológicos entre áreas silvestres, para asegurar la vida y migraciones de todos los seres vivos asociados a distintos ecosistemas y proteger la biodiversidad. 3. Cuidaremos y trabajaremos por las áreas marinas protegidas y el no retroceso de estas, también por la Zona Económica Exclusiva de Chile que alberga variados ecosistemas marinos. 4. Crearemos un fondo específico de investigación de estudios de la biodiversidad en Chile.

COBRE

Según Cochilco (2021) la demanda de cobre para el 2021 será de 24,2 millones de toneladas a nivel mundial, superando en 798 mil toneladas el año 2020, asimismo, se proyecta para el 2022 una demanda de 25,1 millones de toneladas, lo que es un aumento de un 3,8 % al presente año. Esto sitúa a Chile en una importante posición a nivel global, siendo que nuestro país es uno de los principales exportadores del metal y que cubre del orden del 30% al 35% de la demanda mundial. Estos datos son relevantes a la hora de construir propuestas de país. Chile es un país de vocación minera. Los desafíos que enfrenta el sector hoy van del orden de variadas materias, primero, avanzar hacia una minería más sostenible; segundo; mejorar la gestión de procesamiento del metal (cobre refinado); tercero, mejorar sus procesos de gestión hídrica; cuarto, mejorar sus relaciones con las comunidades y aportar al desarrollo local de manera efectiva y permanente; quinto, seguir innovando en materias de producción y rentabilización del negocio; y por último, generar mejores aportes al desarrollo público y a la riqueza del país.

TERCER EJE

CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE Propuestas: 1. Promover una gobernanza para la innovación entre los sectores públicos y privados de la gestión del cobre. Para esto crearemos un instituto para la gobernanza del cobre que esté compuesto por representantes públicos y privados vinculados a la producción de cobre y otros metales. Recuperando el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica que existió hasta el año 2013. 2. Establecer un acuerdo de ley plurianual de aportes al desarrollo social, ambiental y económico, por parte del sector minero, que apunten a mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus zonas de afectación; invertir en infraestructura pública; y apoyo a la educación local.

LITIO

Chile posee alrededor del 52% de las reservas mundiales de litio. Este se utiliza para la elaboración de diversos productos tales como baterías desechables y recargables, grasas y lubricantes, acondicionamiento de aire acondicionado, aleaciones de fierro, cerámicas y vidrios, farmacéuticos y polímeros, producción de aluminio, procesos químicos, entre otros, tales como la elaboración de productos tecnológicos, y baterías para auto con el fin de sustituir el combustible. Chile, a través de las empresas SQM y Albemarle, abastece a alrededor del 38% a 39% del mercado mundial del litio. Durante 2019 el Partido Radical apoyó en el Congreso el declarar de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio. Esto consistiría en fijar expresamente un mandato normativo que oriente la política del Estado en función del resguardo del patrimonio de todos los chilenos y el desarrollo de un horizonte estratégico a la minería de dicho recurso. Es necesario que el Estado de Chile se haga cargo, tome activa participación en la gestión y participe en mayor medida de las utilidades generadas por este recurso natural no renovable, a través del Royalty, imponiendo además mayores medidas de resguardo ambiental y mitigación y compensación de efectos adversos para el ambiente y comunidades afectadas, especialmente en materia de aseguramiento del recurso hídrico para dichas comunidades.

TERCER EJE

CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE Lo anterior, por las necesidades de crecimiento y proyección que nuestro país no puede desperdiciar. Debemos aprender del pasado, el salitre ya nos enseñó cómo debemos proyectar nuestra riqueza en los minerales. Es ahí donde podemos posicionar a Chile como un país líder mundial.

ENERGÍA

Chile poco a poco se va transformando en una potencia regional de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), las capacidades en el desarrollo y gestión de proyectos ERNC son un baluarte y orgullo de la gestión pública. Chile desde el año 2014 viene impulsado un fuerte plan de renovación de la matriz energética, a través de la denominada política energética 2050 y los planes de descarbonización de la actual matriz de producción. Sin embargo, algunos de los impulsos claves de estos documentos no han sido abordados del todo por el actual gobierno. Esto significa que, hay varias materias pendientes y que son de vital importancia para lograr un 2050 de producción total de ERNC. En este contexto, hay tres cosas pendientes que abordar las que son, producción descentralizada y gestión activa de la demanda; desarrollo energético inclusivo; y la producción de energía carbono neutral. Propuestas: 1. Potenciar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en nuestro país. 2. Potenciar la investigación y desarrollo de tecnologías para la eficiencia energética, todo edificio donde funcionen estamentos públicos trabajará en obtener la certificación en ISO 50001. 3. Crear un plan nacional de producción de ERNC local, incorporando a los municipios, comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y cooperativas en el desarrollo y beneficio de la producción energética. 4. Debemos terminar con el concepto que para producir energía debe hacerse en un “área de sacrificio” y propender a la producción de ERNC integrada con las comunidades.

TERCER EJE

CRECIMIENTO DINÁMICO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE PESCA

Creación del Ministerio del Mar, para proteger nuestros océanos, su preservación ambiental, la biodiversidad y la explotación racional y justa de sus recursos, para lo cual propondremos una nueva legislación, en reemplazo de la actual Ley de Pesca, que debe ser derogada por vicios de probidad en su tramitación, según se ha demostrado judicialmente.

Propuestas para el Chile que queremos

- Presidente-