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• Junior Loor

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¿Cuáles son las principales normativas que rigen los procesos de Gerencia en Ecuador (Leyes, Decretos, Regulaciones, Reglamentos, etc.)? ¿Qué aspectos se consideran? En el Ecuador, las principales normativas que rigen los procesos de gerencia o procesos administrativos dentro de una entidad o institución son. - Código Orgánico Administrativo (COA). Este Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público. Las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código. Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente [ CITATION Var17 \l 2058 ] - Ley Orgánica de Servicio Público. La Ley Orgánica de Servicio Público, mejor conocida por su acrónimo LOSEP, es una ley que regula cómo funciona la administración del talento humano en el sector público en Ecuador. Se aplica sobre todas las instituciones del sector público, incluyendo todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobierno, todas las empresas públicas y toda la banca pública [ CITATION Asa16 \l 2058 ]

-

Decreto

No.

2428.

Estatuto del Régimen Jurídico y

Administrativo de la Función Ejecutiva El presente Estatuto instituye principalmente la estructura general, el funcionamiento, el proce dimiento administrativo común y las normas sobre responsabilidad de los órganos y entidades que integran la Administración Pública Central e Institucional y que dependen de la  Función Ejecutiva [ CITATION Nob15 \l 2058 ]. - Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos Esta Ley tiene por objeto disponer la optimización de trámites administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos de gestión, con el fin de facilitar la relación entre las y los administrados y la Administración Pública y entre las entidades que la componen; así como, garantizar el derecho de las personas a contar con una Administración Pública eficiente, eficaz, transparente y de calidad [ CITATION Asa18 \l 2058 ].