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Problemas y desafíos en el Perú actual

Tema Logro de la sesión

El Fujimorato 1990 – 2000: Régimen económico y corrupción Al finalizar la sesión, el estudiante analiza las principales características de la política económica del gobierno de Fujimori y de la corrupción que se produjo en el mismo.

Actividad 1. A partir de lo trabajado y la lectura del texto de Campodónico contesten a las siguientes preguntas:  ¿En qué consistió el shock de precios de agosto de 1990?  ¿En qué consistió la reforma neoliberal del gobierno de Fujimori? “En agosto de 1990, Alberto Fujimori ganó las elecciones con un programa que negaba la aplicación de un shock de precios. Sin embargo, al poco tiempo de ganar las elecciones, cambió de política y aplicó un programa típico de reducción de la demanda interna –que se conoció como ´fujishock´– para enfrentar la hiperinflación. El diagnóstico básico del programa de estabilización era que los precios dependían de la oferta monetaria: la inflación estaba determinada directamente por el enorme crecimiento de la cantidad de dinero. Esta concepción tomó cuerpo en un shock aplicado para revertir los principales desequilibrios macroeconómicos: déficit fiscal, baja presión tributaria, déficit de la balanza de pagos, hiperinflación y desorden de los precios relativos. Dancourt y Mendoza nos dicen que vinculados con el mencionado desequilibrio existían atrasos en los precios básicos de la economía: tipo de cambio y tarifas de los servicios públicos (agua, electricidad, gasolina). Este shock tuvo un impacto duro y devastador, generando condiciones de elevada anomia social. Los programas sociales asistencialistas recién fueron creados dos años después, cuando la situación había comenzado a mejorar. En marzo de 1991, una vez estabilizada relativamente la economía, Fujimori puso en marcha el denominado Programa de Ajuste Estructural (PAE), aplicación del Consenso de Washington. (…) Los PAE afirman que los problemas de América Latina tienen un origen endógeno, vale decir que su causa radica en las políticas intervencionistas del Estado en la economía bajo el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Por tanto, plantean una política integral que otorgue prioridad al mercado en la asignación de los factores de producción. Así, los llamados diez mandamientos del Consenso de Washington fueron: 1. Disciplina fiscal 2. Reorientación del gasto público 3. Reforma tributaria: se priorizan los impuestos indirectos (impuesto general a las ventas [IGV]) 4. Liberalización financiera: apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos 5. Tipos de cambio reales unificados y competitivos 6. Liberalización comercial: baja de aranceles 7. Apertura a la inversión extranjera directa (IEI) 8. Privatización de las empresas estatales 9. Desregulación 10. Mercados laborales flexibles En consonancia con estos principios, los gobiernos latinoamericanos privatizaron las empresas estatales, desregularon los mercados y abrieron las cuentas de capitales. Asimismo, se liberalizaron el tipo de cambio, las tasas de interés y los mercados laborales, y se terminó con la reforma agraria. Se crearon nuevas instituciones basadas en la libre competencia (Indecopi), se crearon las llamadas «islas de eficiencia» -Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú (CONASEV), SUNAT, PROMPERÚ, PROMPEX, entre otras-, así como organismos reguladores para las políticas de precios de los servicios públicos, casi todos basados en el enfoque de los costos marginales (electricidad y gas, Osinergmin; telefonía, Osiptel; agua potable, Sunass). La privatización El escenario hiperinflacionario y recesivo que prevaleció en el Perú y en el resto de la región a fines de los ochenta, legitimó un planteamiento fuertemente negativo sobre la pertinencia de la actividad empresarial del Estado. Esto, unido a la caída de la Unión Soviética y al escenario de guerra interna, fue aprovechado para generar un consenso en torno a la privatización de empresas públicas como solución para la inflación, lo que proporcionó elementos para una privatización sin mayor resistencia. Así, el presidente Fujimori inició la reestructuración del

Estado, dando curso a una importante transformación de las relaciones con la sociedad, que a su vez condicionó los vínculos entre los distintos grupos sociales y actores políticos en el Perú. La privatización constituyó un componente esencial del programa de reformas. El gobierno consideró que era una herramienta a través de la cual el Estado dejaba en el sector privado la iniciativa empresarial, con el fin de tornar eficiente la acción pública en aquellas áreas donde había perdido presencia en las últimas décadas: educación, salud, seguridad y administración de justicia. Por tanto, en el modelo correspondía al sector privado encargarse directamente de la actividad productiva y constituirse en el motor del desarrollo del país. Así, la privatización no fue considerada como un fin en sí misma, sino como un medio para reasignar los roles del Estado y el sector privado, a fin de conseguir una mayor eficiencia en la asignación de recursos y en la producción de bienes y servicios. El dinero obtenido por el Estado gracias a la privatización no fue bien empleado. Casi un tercio de los ingresos fue gastado en programas sociales asistencialistas a los sectores pobres, llamados también de “focalización”. Esa ayuda social también fue funcional al desarrollo de un extenso clientelismo que subordinó las ilusiones populares a los designios del poder político. Un segundo tercio de los ingresos fue empleado en adquisiciones de bienes del extranjero, principalmente en compra de armas. En estas compras el gobierno no cumplió con los procedimientos administrativos, debido a la formación de una amplia red de corrupción. Cabe señalar, además, que buena parte del armamento que se compró era obsoleto y de mala calidad y fue comprado a precios elevados pagando enormes sobornos a funcionarios del gobierno peruano. Finalmente, el último tercio de los ingresos sirvió para el pago de la deuda externa, sobre todo en los años 1999 y 2000, a los acreedores de la banca multilateral. Así, se logró “aliviar” la difícil situación del presupuesto de la República, al no requerirse ingresos internos para atender el servicio de la deuda. El dinero de la privatización utilizado para gastos sociales pudo mitigar los niveles de pobreza –con políticas de corte populista–. No sucedió lo mismo con el dinero gastado en armas, como ya hemos visto, mientras que el pago de la deuda externa puso menos presión a las cuentas fiscales. Así, la venta de los activos del Estado produjo una ilusión poco duradera por definición, ya que estos solo pueden venderse una vez, por lo que no generan ingresos sostenibles”. (Campodónico 2015: 189-195, 202-207 En: Zapata 2015)

Actividad 2. A partir de lo trabajado en clase y la lectura de texto de Quiroz, contesten a la siguiente pregunta:  ¿Se puede hablar de una red de corrupción durante el gobierno de Fujimori? Justifiquen su respuesta. “En el quincuagésimo tercer cumpleaños de Montesinos, el 20 de mayo de 1998, había bastante que celebrar en las lúgubres habitaciones y corredores del SIN. El régimen estaba consolidado en el poder, la maquinaria corrupta venía operando con pocos problemas y la campaña para la segunda reelección de Fujimori marchaba viento en popa. A la extraña reunión festiva acudió un grupo selecto de parlamentarios, ministros, generales de las fuerzas armadas y de la policía, jueces, fiscales y empresarios. Esta y otras celebraciones secretas eran una muestra representativa de las vastas redes y ramas de corruptela en la década de 1990. Las redes de corrupción tenían, al centro, la íntima e intrincada alianza entre Fujimori y Montesinos. El primero se ocupaba fundamentalmente de la política y actuaba como imagen mediática populista; y el segundo negociaba secretamente con el alto comando militar y reunía fondos ilegales en medio de múltiples otras tareas de inteligencia desde el SIN, su cuartel general de espionaje. Durante la fase final del régimen de Fujimori, Montesinos mantenía enlaces con casi todas las ramas de la estructura de corruptela que controlaba el poder, manipulaba la información pública, saboteaba a la oposición y daba el mal ejemplo a los rangos inferiores de funcionarios y a la sociedad en general. El tamaño, alcance y composición de esta red fueron asombrosos (...). Fujimori contaba con un núcleo interno de parientes a cargo de los intereses familiares que giraban alrededor de su poderoso cargo. Víctor Aritomi Shinto, casado con Rosa, hermana de Fujimori, fue nombrado embajador del Perú en Japón en 1991, un puesto clave que mantuvo hasta los últimos días del régimen. Hábilmente, Fujimori y Aritomi utilizaron la nacionalidad japonesa, que podía otorgarles protección e impunidad. Entre otras varias operaciones, Aritomi usó su inmunidad diplomática para transportar con regularidad los ingresos ilícitos de Fujimori al Japón, en montos manejables como para lavarlos sin dejar huellas evidentes. Además, la secretaria personal de Fujimori hizo transferencias bancarias a Aritomi de los fondos ilegales que el presidente recibía en el Perú. Aritomi también solicitó donaciones y fondos de socorro humanitario que se canalizaron a la familia Fujimori. Además, el poder y la influencia corruptora ejercida por Montesinos en el poder judicial se hicieron casi absolutos después de 1992. Los jueces de la Corte Suprema y de los juzgados superiores y provinciales conformaron una red de prevaricación y cohecho que otorgaba decisiones y sentencias a favor de intereses

privados y políticos protegidos por Montesinos. Un aliado principal de Montesinos en la Corte Suprema fue el juez Alejandro Rodríguez Medrano, quien convocaba a otros jueces para presionarles a dictaminar según lo requerido por el asesor presidencial. En un caso particularmente vergonzoso, Montesinos le entregó al presidente de la Corte Suprema el borrador de una resolución favorable a la apelación de Fujimori para postular a la presidencia del país por tercera vez, no obstante los impedimentos constitucionales. El juez en cuestión y los miembros de la sala constitucional de la Corte Suprema se reunieron con Montesinos en el SIN para tratar sobre dicha resolución, que luego aprobaron oficialmente. Desde su supuesta reforma en 1992, todo el sistema judicial estaba plagado de «innovaciones» institucionales que servían como incentivo para los jueces mediocres y corruptos, y como castigo para los honrados. Aproximadamente cincuenta jueces de cortes superiores y provinciales colaboraron en la red judicial de Montesinos. En otro caso notorio, Blanca Nélida Colán, la fiscal de la Nación y cabeza del Ministerio Público, desestimó diversas acusaciones formales contra Montesinos. Durante su larga permanencia en el cargo (19922001), la fiscal accedió a una vida de considerable lujo que luego no pudo justificar al ser encausada judicialmente. El soborno de las autoridades electorales para que llevaran a cabo el fraude fue particularmente escandaloso. En diciembre de 1999, José Portillo, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y aproximadamente cuarenta asociados vinculados a los congresistas Absalón Vásquez y María Jesús Espinoza falsificaron parte de las miles de firmas necesarias para la inscripción de Perú 2000, el rebautizado movimiento político de Fujimori. El fraude fue expuesto por informes de investigación publicados en El Comercio. Para la falsificación se usaron padrones confidenciales de votantes de elecciones anteriores. Además, un aparato sofisticado de espionaje telefónico masivo, que suministraba información directamente a Montesinos, fue instalado en la sede central de la ONPE. Portillo, así como Alipio Montes de Oca, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), visitaban a Montesinos en el SIN regularmente. Invariablemente, el JNE rechazaba todas las quejas legales presentadas contra las maniobras reeleccionistas e inconstitucionales de Fujimori.(…) Varios representantes elegidos por la oposición en el Congreso fueron sobornados por Montesinos para que cambiaran de bando en cuestiones claves, suministraran información confidencial acerca de los partidos de oposición o apoyaran en secreto a la bancada fujimorista en las votaciones. Este tipo de soborno se había venido dando desde por lo menos 1992, pero se intensificó después de las elecciones de 2000 porque la bancada fujimorista ya no tenía la mayoría. Los congresistas sobornados asistían a reuniones individuales y secretas con Montesinos en el SIN para concertar los pagos. Algunos recibieron dinero directamente de manos del asesor. Cada congresista tránsfuga tenía su precio. El más notorio fue el caso de Alberto Kouri, quien recibió 60.000 dólares para cambiar su lealtad partidaria inmediatamente después de las elecciones de 2000. Los magnates de los medios de comunicación de masas fueron los mejor pagados por Montesinos, debido a su papel estratégico en la información pública. Los participantes más notorios en la corrupción de los medios fueron José Francisco y José Enrique Crousillat, padre e hijo entonces propietarios de América Televisión, canal 4. Dicha estación televisiva ofrecía programas parcializados, conducidos por Laura Bozzo, la anfitriona de denigrantes reality shows, y otros presentadores. Los Crousillat le vendieron la línea editorial de su emisora a Montesinos, desde por lo menos 1997, en cerca de 600.000 dólares mensuales. Montesinos arregló el refinanciamiento de la deuda de siete millones de dólares que los Crousillat tenían con el Banco Wiese y garantizó el pago de seis millones de dólares a los Crousillat, a través de la Caja de Pensiones Militar Policial-Banco de Comercio, que se encontraba bajo control financiero de agentes montesinistas. Los Crousillat amasaron fortunas personales de aproximadamente cinco millones de dólares en bienes raíces y en cuentas offshore en el Caribe y en Panamá. Montesinos aludía a este grupo de magnates mediáticos como el «equipo». Un video grabado en 1999 mostró a Ernesto Schütz, presidente del directorio de Panamericana Televisión, canal 5, negociando con Montesinos por más de 12 millones de dólares para que vendiera su línea editorial y atacara a la oposición. Schütz tuvo que contentarse con 1,5 millones de dólares al mes por un total de 9 millones. Los hermanos Samuel y Mendel Winter tal vez recibieron menos por la venta de su contenido editorial, pero quedaron agradecidos, pues lograron apropiarse del canal 2 en 1996, gracias a la persecución contra Baruch Ivcher, el principal accionista. Ivcher se vio obligado a exiliarse y fue privado de su ciudadanía peruana después de que le retirase su respaldo a Fujimori y emitiera informes reveladores sobre la tortura y el espionaje telefónico. Genaro Delgado Parker, un importante accionista de canal 13 que tenía crónicos problemas legales, le prometió a Montesinos que despediría al periodista independiente César Hildebrandt a cambio de una sentencia favorable en una disputa por la propiedad de acciones del canal.[…] La prensa amarilla, a la cual se conocía colectivamente como la «prensa chicha», atendía a las masas mal informadas. Los propietarios y editores de estos pasquines mostraban gran imaginación en propagar insultos estrambóticos, desinformación y manipulación sociopolítica. Los más exitosos en este tipo de periodismo y sus campañas «psicosociales» fueron los hermanos Alex y Moisés Wolfenson (este último un congresista fujimorista

elegido en 2000), editores de El Chino. Otros propietarios de periódicos chicha como Rubén Gamarra (La Yuca) y José Olaya (El Tío) fueron sindicados por recibir cuantiosos subsidios impropios en 1999. Augusto Bresani, un periodista cercano al SIN, trabajó con Montesinos y el publicista Daniel Borobio en la transmisión tanto de titulares como de dinero a los editores de la prensa chicha. Bresani no solo recibía dinero de Montesinos sino también, a partir de 1997, de importantes corporaciones privadas decididas a prestar respaldo a Fujimori y sus campañas sucias. (Quiroz 2013: 466-483, 495-505)

Actividad 3: Se realiza la redacción reflexiva calificada. A partir de lo trabajado en la sesión, los estudiantes redactan un ensayo a partir de las siguientes preguntas:  ¿Qué problemas lograron resolverse con la política económica del gobierno de Fujimori?  ¿Qué problemas no lograron resolverse con la política económica?  ¿Qué vínculos pueden establecerse entre el desempeño económico del gobierno de Fujimori y la corrupción en ese gobierno?

Bibliografía Quiroz, A. (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos / Instituto de Defensa Legal. Zapata, A. (Coord.) (2015). Perú: la búsqueda de la democracia 1960-2010. Tomo 5. Madrid: Fundación MAPFRE y Penguin Random House.

DESARROLLO Actividad 1. 

¿En qué consistió el shock de precios de agosto de 1990?

 Los peruanos votaron el 10 de junio en contra de Mario Vargas Llosa, por temor al programa de "shock" anunciado durante su campaña para corregir los desequilibrios económicos de su país, y eligieron en su lugar a Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo sin ninguna tradición política. Dos meses después, Fujimori sorprendió a todo el mundo con un programa de ajuste que los observadores consideran como un verdadero "supershock". Los precios de la gasolina, uno de los bienes básicos de la economía peruana, fueron multiplicados por 30. Algunos productos de la canasta familiar, como el pan, el azúcar y los fideos, sufrieron alzas del 300 al 400 por ciento. Y la tasa de cambio fue liberada, con lo que su cotización puede multiplicarse fácilmente por tres.



¿En qué consistió la reforma neoliberal del gobierno de Fujimori?

La puesta en práctica del neoliberalismo durante la gestión de gobierno del presidente Alberto Fujimori (1990-2001) en el Perú, implicó el desmantelamiento del ordenamiento constitucional, conduciendo a la instauración de una dictadura sostenida con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El neoliberalismo se aplicó sobre la base del desmonte de las reglas de la democracia liberal, ejemplo de ello fueron el autogolpe de Estado de 1992, las privatizaciones mediante decretos dictatoriales, la recomposición corrupta de la institucionalidad, la fraudulenta prolongación del régimen, el vasto genocidio étnico llevado a cabo y el otorgamiento de amnistía a los miles de crímenes cometidos. El inmenso despliegue de violencia evidenció que para los intereses de las corporaciones transnacionales y los organismos financieros internacionales las reglas democráticas, los derechos sociales y las garantías civiles son cuestiones secundarias.

Actividad 2. ¿Se puede hablar de una red de corrupción durante el gobierno de Fujimori? Justifiquen su respuesta Casi el total de la deuda acumulada de las reparaciones civiles por corrupción (99,9%) corresponde a delitos cometidos durante los dos gobiernos de Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violación de derechos humanos y a otras penas por casos de corrupción. Vladimiro Montesinos y Fujimori deben S/. 546,6 millones. Actividad 3: Se realiza la redacción reflexiva calificada. A partir de lo trabajado en la sesión, los estudiantes redactan un ensayo a partir de las siguientes preguntas:

EL FUJIMORATO 1990 – 2000: RÉGIMEN ECONÓMICO Y CORRUPCIÓN El cierre de la década de los ochenta marcó un significativo deterioro del bienestar de la población peruana, como consecuencia de la hiperinflación y las políticas de contención salarial que caracterizaron a la época. Ello se refleja en la evolución del ingreso per cápita (el cual se contrajo en 27% entre 1987 y 1990) y del poder de compra del salario mínimo legal (el cual se redujo en 50% entre 1985 y 1990). Asimismo, el PBI decreció en 7.3% y 13.8% en 1988 y 1989, respectivamente, lo cual incidió en un aumento tanto del desempleo como del subempleo básico de subsistencia.

La política económica fujimorista se inscribió en el horizonte neoliberal privilegiando entre sus objetivos, por un lado, la apertura económica, la reducción de la inflación, el pago

de la deuda externa, la desregulación estatal y el recorte del gasto social. En desarrollo de esta política “se eliminaron prácticamente todos los subsidios, las ventajas tributarias para los exportadores, el desarrollo rural y la protección de los sectores de más bajos ingresos, abriéndose el país a la importación indiscriminada. El Estado se retrajo totalmente de participar en la fijación de los salarios en el sector privado, estableció una baja sustancial en el salario mínimo, y determinó una reducción drástica de los sueldos y el empleo en el sector público”. El gobierno Fujimori se enfocó en la aplicación de los ajustes reclamados por los organismos financieros internacionales para dar cumplimiento al pago de la deuda externa. En 1991, la deuda externa ascendía a 24.000 millones de dólares, y a pesar del pago de servicios anuales por 1.329 millones de dólares, en 1996 había crecido a 33.805 millones de dólares, después de la transferencia de una parte sustancial de los ingresos percibidos por las privatizaciones al pago de la deuda, ésta bajó a 28.508 millones de dólares en 1997. En 1996, durante su segundo mandato, el gobierno Fujimori llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los miembros del Club de París, “comprometiéndose el Perú a pagar 16.767 millones de dólares entre 1996 y 2015, de una deuda que tenía un nivel de 6.000 millones de dólares en 1990”. Un año después se cerró otro acuerdo para la reestructuración de la deuda de la banca privada. Con una tasa de crecimiento económico de 12,9% y la disminución de la inflación a un 15,4%, el Perú se convirtió en “el milagro económico” de la década del noventa. Para los organismos financieros internacionales el régimen fujimorista constituía un paradigma así lo fuese a costa del total quebrantamiento del Estado de derecho. Por otro lado, Con el tipo de político económica que implemento el gobierno de ese entonces fue un modelo que en esencia repetía la dinámica de los booms exportadores del siglo pasado: un crecimiento altamente dependiente del capital externo, sin una economía diversificada. Con el frenazo chino de los últimos años esta excesiva dependencia nos explotó en la cara:

Déficit comercial permanente. En otras palabras, durante toda la década de los 90, comprábamos más de lo que vendíamos, lo que se tradujo en un mayor endeudamiento. Política anti industrial. Fujimori desprotegió a los productores nacionales. Muchos quebraron por el aumento de sus costos frente a la apertura comercial indiscriminada. Como dice Jiménez, la reinserción del país a la economía internacional fue al revés. Y esa factura la sigue pagando nuestro parque raído parque industrial. Salarios congelados. El salario mínimo vital (la remuneración) se congeló desde 1991 hasta 1995, mientras que los salarios reales (ligados al índice o variación de precios) se estancaron al mismo nivel que teníamos en 1989. Con el modelo vigente, la pérdida del valor relativo de los salarios en la economía bajó en los últimos 25 años de 30 a 21% del PBI favoreciendo la acumulación de los grandes empresarios. Cholo barato. Fujimori trajo con fuerza la subcontratación laboral que hasta ahora afecta principalmente a los jóvenes. Se permitió que los empleadores contraten practicantes a bajo costo, con el pretexto de la formación laboral juvenil. Esta filosofía sigue vigente. Pobreza y desigualdad El debilitamiento de los sindicatos y la política de exoneraciones tributarias favorecieron -y siguen favoreciendo básicamente a los grupos de poder económico, en desmedro de las grandes mayorías. Solo en el año 1995 el 53% de los peruanos se encontraba en situación de pobreza. Esa cifra aumentó a más del 54% para cuando Fujimori decidió dejar su ruina fugando del país. No profundizaremos en los indicadores de pobreza porque según el INEI -al 2014- con gastar más de 293 soles al mes una persona dejaba «estadísticamente» de ser pobre. Finalmente, los vínculos que se establecieron entre el desempeño económico del gobierno y la corrupción de este; consistieron básicamente en comprar/negociar con diferentes frentes de poder. Por ejemplo, cargos en embajadas, jueces y fiscales, organismos electorales y empresarios. La situación

actual, en que prácticamente los partidos han dejado de existir y las otras instituciones democráticas han sido gravemente debilitadas, no ofrece un panorama muy alentador para el establecimiento de una mayor participación pública en el gobierno. De hecho, dado el contexto histórico y la estructura heterogénea existente en la sociedad peruana, las perspectivas para la continuación del populismo (aunque en formas nuevas) son más prometedoras que las de la firme consolidación de una democracia verdaderamente representativa

En conclusión, a pesar de que Fujimori logró gobernar un segundo período consecutivo gracias a su autogolpe y a la nueva constitución, existe una contradicción (que se encuentra muchas veces presente tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos): el de la concentración y personalización del poder político, y la creación de reglas para asegurar una transferencia pacífica y tranquila del poder y autoridad a otros. En un país fuertemente fragmentado no sólo por las brechas económico-sociales, étnicas y regionales, donde el racismo anti indígena construye escalas de humanidad diferenciales, según las cuales los indios no son tan humanos como los otros peruanos, no existe una conciencia generalizada de que la desaparición forzada de miles y la matanza de decenas de miles de personas constituya una tragedia nacional