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LAS INVASIONES CAMPESINAS. Reseña Histórica. La lucha por territorios, por nuevas fuentes de riquezas naturales ha sido una constante de la historia de la humanidad, el afán de la conquista trajo a los españoles a nuestra América, empezando el coloniaje de nuestras tierras. El sistema latifundista heredado de la época colonial y luego institucionalizado en la república, ha dominado gran parte de nuestra historia, Así como las sociedades han evolucionado a través del tiempo, las formas de tenencias de la tierra también han cambiado, pero mas que estudiar las relaciones de forma de esta, hay que ver los aspecto de fondo, en donde el fin era prácticamente el mismo, es decir monopolizar la tenencia de la tierra, mediante el uso de la fuerza, por el poder político, por el trafico de influencia, o cualquier otro medio posible. La tenencia de grandes extensiones de tierras en manos de pocos ha sido a través de la historia una forma de dominación Las tierras durante la colonia fueron propiedad del estado español que las repartió en un principio entre los conquistadores y colonizadores. El repartimiento de las tierras condujo a la formación de la propiedad territorial. Durante la colonia la condición de propietario estuvo íntimamente ligada a los blancos conquistadores y sus descendientes, a los cuales las leyes de indias garantizaban su propiedad mientras excluía de ellas a los otros sectores como eran los indios, pardos, negros. La guerra de la independencia abolió aquel criterio étnico de la colonia; pero lo sustituyo por otro según el cual solo podían elegir y ser elegidos los propietarios. Estos significo, en la práctica dejar la dirección de la república exclusivamente en manos de los latifundistas. Finalizada la Guerra de Independencia, algunos latifundios cambian de manos, a través de las “expropiaciones por causa de guerra” y luego los llamados “haberes militares”, con los cuales se retribuyó a algunos de los

más importantes caudillos y no a las tropas constituidas por campesinos sin tierra. El latifundio se consolido a partir de 1830 cuando el estado venezolano promulgo una serie de leyes que permitió a los latifundistas que se apropiaran de tierras baldías de la nación, reservas comunales de los indígenas y fincas que poseía la iglesia Esto ocasiono, que Además de los descendientes de la antigua oligarquía colonial, la clase de los latifundistas se vio afectada con la incorporación

de

militares

y

caudillos

surgidos

de

la

guerra

de

independencia. Durante el largo periodo de guerra, civiles y caudillismo que padeció el país después de 1830 son numerosos los nombres de próceres de la independencia que iniciaron la guerra sin tener bienes y luego en la república pasaron a ser dueños de extensas propiedades. La historia del campesinado venezolano es la historia de sus luchas a través de varios siglos por mejorar sus condiciones de vida. En el siglo XIX esas luchas tuvieron su culminación en la guerra federal y en la incorporación de los campesinos en las montoneras y ejércitos de la época en busca de mejoras sociales y económicas. Esas luchas del campesinado fueron aprovechados por los caudillos para fortalecer el régimen latifundista y explorar el trabajo del hombre del campo dentro de las condiciones de una sociedad feudal. Por otra parte, a la llegada de los caudillos andinos al poder con Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, estos hicieron cada vez más difícil la lucha de los campesinos. Se creo un sólido aparato militar que pacifico al país y fortaleció el poder de los latifundistas, sobre todo el gobierno de Juan Vicente Gómez el cual se afirmo un sólido apoyo de los terratenientes, el mismo paso a ser uno de los grandes terrateniente de nuestra historia y junto con sus compadres y familiares se repartió casi toda la tierra laborable del país. Su hato La Rubiera tenia mas de 200.000 hectáreas, su hato La Candelaria supera las 100.00 hectáreas, entre el hato El Cunaviche y El

Capanaparo había mas de 400.000 hectáreas, y la gran mayoría de esas tierras acaparadas por el dictador se mantenían ociosas como rasgo típico de aquella estructura latifundista. En el principio del siglo XX en nuestro país se dio el llamado boom petrolero; Los gobiernos de turnos firmaron acuerdos de explotación con empresas y particulares extranjeros donde se entregaban millones de hectáreas de suelo patrio, a cambio de prácticamente nada de retribución para el común de los venezolanos. Esto significo la más grande invasión de tierras de los campesinos que no tuvieron otra opción que abandonarlas Después de la Guerra Federal, las luchas de Ezequiel Zamora por los campesinos sin tierra también se frustraron, pudiéndose afirmar, en términos muy generales, que no es sino hasta la Reforma Agraria de 1961 cuando se hace un intento importante para quebrar el esquema del régimen de propiedad y tenencia de la tierra, intento que como sabemos, resultó también en un lamentable fracaso. La Ley de la Reforma Agraria

el 5 de Marzo de 1961 durante la

presidencia de Rómulo Betancourt. Perseguía una meta en común: la equitativa distribución de las tierras. Las principales metas de la Reforma Agraria en Venezuela fueron, La distribución equitativa de las tierras y La adecuada organización del crédito y de la asistencia integral para los productores del campo, a fin de que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica fundamento, de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad. Dentro de las dificultades encontradas

que impidieron que se

ejerciera La ley de Reforma Agraria se puede citar el caso de la incapacidad de las instituciones del Estado para garantizar la seguridad en la tenencia y por tanto el acceso a las políticas crediticias. Debido a estos problemas de titularidad de la tierra,

la falta de control, registro y regulación de la

propiedad por parte del Estado ha sido el causal de expulsión

de los

campesinos, aún en los casos en que éstos demuestran permanencia y

usufructo durante el tiempo requerido por la ley para el reconocimiento de su derecho de adquisición, o aún cuando hayan realizado las diligencias ante las instancias respectivas. En nuestro país se han favorecido a los latifundistas en cuanto a la protección de sus intereses, ellos han si se quiere con el permiso de los gobernantes de turno expandido sus linderos, movidos sus cercas para abarcar mas territorio, el cual en la mayoría de los casos permanece ocioso y sin producir nada por años, como terrenos de engorde para poder hacer negocios luego. Entre los latifundistas se fue produciendo un proceso de concentración de la propiedad que con el apoyo del gobierno determino la formación de una verdadera oligarquía constituida por un grupo pequeño de las familias mas ricas y los campesinos continuaron trabajando las haciendas y hatos de estos latifundistas. Esta situación se torna más compleja cuando comienzan a registrarse los desalojos hasta por medio de la fuerza de los pocos campesinos que poseían algunas tierras

Condiciones Actuales. En la lucha por el trabajo y la vivienda, las invasiones de tierras y de inmuebles urbanos han estado presentes en todas las sociedades durante siglos. Cuando se da la situación del despojo violento de los campesinos de sus tierras, estos pasan a convertirse en personas “sin tierras”, quedándose a la deriva y teniendo que condicionar su permanencia en alguna tierra en el papel de asalariado o jornalero, sin posibilidad de ninguna forma de tenencia de las mismas. Se entiende que en esas circunstancias de privaciones y explotación se produzcan luchas campesinas por el disfrute laboral de la tierra. Otro tanto ocurre en las grandes ciudades, donde los “sin techo” tratan de procurarse una vivienda que los cobije, sobre todo cuando existen

centenares de viviendas no utilizadas, cuya presencia es una afrenta a las necesidades no cubiertas de un sector importante de la población. En un proceso popular y revolucionario, sin embargo, las invasiones son inexplicables, pues se supone que dicho gobierno está precisamente al servicio de los más pobres y de satisfacer prioritariamente las necesidades de tierra de los campesinos y de viviendas del pueblo urbano, para lo cual aprueba leyes y financia proyectos y programas. El nuevo Estado asume, de esa manera, el compromiso ineludible de saldar una deuda, diferida por años, con los más pobres. Estas razones hacen innecesaria e inconveniente la práctica de las invasiones durante la vigencia de todo proceso revolucionario, a menos que con ellas se persigan otros objetivos. Las invasiones o la amenaza permanente de su ocurrencia constituyen un factor entorpecedor del proceso revolucionario, toda vez que da al traste con las actividades programadas para satisfacer las necesidades de tierra y de viviendas. Los proyectos respectivos se ven a interferidos por una práctica nociva, que pretende lograr la satisfacción de un grupo de individualidades, por encima de las prioridades del colectivo establecidas por el Estado, el cual toma en cuenta muchos otros factores adicionales a las peticiones de los afectados. Se convierten también en focos de corrupción, pues permiten la presencia protagónica de “profesionales” de estas acciones quienes,

aprovechando

las

necesidades

de

la

gente,

terminan

enriqueciéndose con el control directo de los inmuebles y su utilización en funciones totalmente diferentes de las inicialmente esgrimidas. Son archiconocidas las invasiones de inmuebles para el uso como viviendas que, luego de obtenidas a precios muy subsidiados, terminan siendo vendidas a los precios del mercado, con una considerable ganancia para el negociante de la miseria ajena, quien repite esta práctica una y otra vez, bajo la acción protectora de algún funcionario gubernamental. Se invade un inmueble, con la excusa de utilizarlo como centro comunal o dispensario médico o para organizar una escuela y se termina con la instalación de un

comercio, una venta de licores, que beneficia solamente al “profesional” de la invasión y al funcionario de la jefatura civil, la prefectura o la alcaldía, que apoya trascorrales la actividad invasora. Este tipo de conductas delictivas son también desestabilizadoras de la economía y del ambiente político, constituyendo una plaga de todo gobierno transformador y el gobierno bolivariano no es una excepción. Muy por el contrario, inmorales y amorales de todo tipo, disfrazados con boinas rojas y actuando en nombre de la revolución, asumen las invasiones como su trabajo revolucionario, constituyéndose en los perores enemigos del proceso. El gobierno no debe permitir, bajo ningún concepto, las invasiones urbanas ni rurales, pues sería aceptar que no está haciendo nada por los campesinos sin tierras y los pobres sin techo, por lo que éstos deben tomar la ley en sus manos. Como ése no es el caso, los sin tierra y los sin techo deben colaborar con el gobierno en la satisfacción de sus necesidades y deben ser vigilantes de la efectividad y honestidad de las acciones en su favor. De ser necesario, la presión social debe ser dirigida hacia los organismos oficiales responsables, para que cumplan con su deber Las invasiones o apropiaciones ilegales de la propiedad privada que se han dado recientemente en Venezuela, toman de nuevo el escenario público y ponen de manifiesto la gran problemática de la tenencia de tierras en el país. La noticia de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, entregó los títulos colectivos de tierras y hábitat a miembros del grupo étnico Kariña en el 2005, en los estados Anzoátegui y Monagas, refleja el proceso de reivindicar

los derechos de la tierra,

establecidos en los artículos 306 y 307 de la Constitución Nacional, así como también el mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina y rural, establecidas en la Ley de Tierras. Esta situación se torna más compleja cuando comienzan a registrarse los desalojos de los campesinos y también cuando ocurren las invasiones que se registran en nuestra historia a través del tiempo. Este fenómeno de la

invasión ha ocurrido también por la influencia de los procesos de cambio políticos ocurridos en el país. Los cuales los campesinos han visto como una posibilidad de expresar su aspiración a la tenencia de la tierra, y han optado por invadirlas Ejemplo de ello se puede observar con la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935, y en la crisis política de octubre de 1945, así como en la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958.

La promulgación de la ley de tierra

y Desarrollo Agrario, como nuevo

instrumento legal adaptado a las nuevas realidades del país, pretende realizar una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y su desarrollo de toda la actividad agraria. Pero la experiencia ha demostrado que la sola entrega de tierras no resuelve el problema del campo. Trabajar con un nuevo tejido productivo, es abordar también las viejas prácticas populistas y demagógicas establecidas en las denominadas roscas de distribución y comercialización. De tal forma, siempre será necesaria la revisión de las implicaciones que conlleva el contar con planes oficiales que respalden la producción agrícola del país, en un marco general de servicios e infraestructura para los habitantes de las zonas rurales.

CONCLUSIONES. Las grandes diferencias sociales, la división de nuestra sociedad venezolana en niveles o estratos sociales, distanciados unos de otros pero con los mismos problemas y males internos que nos afectan a todos; trajo como consecuencia la perdida de valores, la descomposición de las familias y eventualmente la violencia en nuestra sociedad, ya que nos alejamos del bien común, de la justicia social, de la equidad y nos orientamos hacia el desapego familiar, el consumismo, el conformismo y en si todos los principios que rigen a una sociedad capitalista, en donde se le da preeminencia a la

producción y al consumo, en detrimento del hombre y sus necesidades sociales, culturales, laborales, educativas, familiares, deportivas, etc.. Este condiciones favorecieron la aparición de fenómenos o hechos como el sicariato y las invasiones campesinas, ya que al haber una debilidad de la familias, las instituciones y en general del gobierno, el cual es el encargado de las políticas publicas se favorecen, las situaciones de violencia, marginalidad, latifundio, sicariato, invasiones, carencia de servicios públicos, etc. El problema de la tenencia de la tierra afecta a la mayoría de los países de América Latina, y según los datos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) donde se informa que en nuestros países se sufre de una grave crisis de la tierra, donde el 38% de la población rural de América Latina y el Caribe esta constituida por pequeños propietarios; el 31 % por trabajadores sin tierras; el 27.1% por grupos étnicos y el 5% por pequeñas comunidades de pescadores artesanales. En

el caso de Venezuela

según el censo agrícola de 1998,

elaborado por el actual Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 5% de los propietarios agrícolas acaparan el 75% de las tierras. Señalan además que las fincas con 50 hectáreas o menos ocupan en total unas 3,2 millones de hectáreas, lo que significa que el 8,3 millones de hectáreas están en manos de personas que no están sujetas a la reforma agraria, y que menos del 30% de los que recibieron tierras han podido legalizar sus títulos de propiedad o contar con algún documento legal que los respalde. Por otro lado, sólo el 7% de los parceleros beneficiados con tierras han tenido créditos oficiales y apenas el 17% ha contado con asistencia técnica. Como nota interesante a estos hechos sólo 4,2% de las tierras en Venezuela están cultivadas, mientras que sin utilizar son alrededor de unos 30 millones y el 70 por ciento de las tierras de 31,2 millones de hectáreas han estado en posesión del 3% de los propietarios del sector agrícola.