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• María Belen Corbari

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Módulo de Historia Unidad 6 Tomo 10 Dictadura y Democracia (1976-2001) Suriano

Capítulo 1: EL TIEMPO DEL “PROCESO” Quiroga 1. EL AUSPICIO INICIAL AL GOLPE El golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Isabel de Perón tuvo lugar el 24 de marzo de 1976. Con el golpe de 1930 los militares habían surgido al poder con sus múltiplas formas de intervención en la escena política, en medio de una crisis mundial y de un sistema político recién reformado con la Ley Sáenz Peña en 1912. En 1976, las Fuerzas Armadas desplazaron del poder al partido mayoritario de ese momento, el justicialismo, elegido democráticamente en 1973 con el apoyo masivo de casi el 50%. No obstante, la mayoría de los argentinos no ofreció resistencia. El Estado democrático no pudo contener en su interior, y mucho menos resolver, las tensiones sociales acumuladas durante décadas. Desbordado por el juego incontrolable de las corporaciones, la estancada economía y la violencia generalizada (movilizaciones y represión) de los diversos grupos privados que hicieron perder al poder público el control. Estaba en evidencia la crisis de autoridad y existía la trágica tendencia a la disolución institucional: un movimiento obrero encerrado en sí mismo desde fines de 1975 y los partidos políticos débiles. Había una falta de credibilidad en las instituciones democráticas. Ricardo Balbín anunció: “Cuando se descompone el Estado, se descompone la sociedad. (...)” Los militares diseñaron una táctica eficaz: la descomposición del régimen peronista era el camino más corto para llegar al poder. Había que esperar el momento oportuno. Los partidos políticos no supieron encontrar una salida institucional a la crisis y la dirigencia sindical no podía movilizar a la retraída clase obrera detrás de la defensa de Isabel Perón. Una parte de la opinión pública esperó deseosa la intervención y la otra, mayoritaria, resignada. Los editoriales de la gran prensa del país ponían de manifiesto la indiferencia de la población ante el golpe militar. Clarín, La Prensa y La Nación realizaron publicaciones a favor del golpe. La aprobación general había satisfecho las expectativas de éxito del Proceso de Reorganización Nacional. El futuro argentino se mostraba todavía incierto y las intenciones de los militares aparecían, en la mirada de la mayoría, como confusas. El interés despertado no tardaría en desaparecer ante un gobierno que no pudo resolver—sino más bien acentuó—las tensiones de una sociedad que no cesaba en su declinación. La estrategia discursiva de las Fuerzas Armadas estuvo destinada en un primer momento a legitimar su intervención en el escenario político. Mediante la conocida teoría del “vacío de poder”, del “caos económico y social” y el peligro de la “subversión terrorista”, que conduciría a la “disolución de la Nación” y a la “anarquía”. De acuerdo con ellos, no sólo era la caída de un gobierno, sino “el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo”. El ciclo militar en la Argentina comenzó en 1930. Desde entonces hasta 1976 se produjeron 6 golpes de Estado. Se sucedieron los diferentes regímenes militares alternados con regímenes civiles nacidos de la proscripción del radicalismo y, luego, del peronismo y de actos electorales fraudulentos. El “pretorianismo” es la aceptación de la participación de los militares en la esfera política. Sin apoyo civil, los golpes militares no hubieran tenido lugar. La cultura del momento aceptó la politización de las Fuerzas Armadas y su participación en el sistema político. Entre 1930 y 1983, los partidos políticos compartieron con los militares el protagonismo reservado solamente a las estructuras partidarias dentro de la democracia. Unos y otros se han proclamado frente de autoridad y han ejercido el poder. 1

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Las intervenciones de 1930, 1945, 1955 y 1962 son consideradas “clásicas” porque interrumpen la vida institucional del país con la intención de “poner orden en la cosa pública”. En cambio, los golpes de 1966 y 1976 son de “nuevo tipo”, puesto que las Fuerzas Armadas juegan un rol protagónico en la reestructuración del Estado y la sociedad, buscando configurar un nuevo sistema de dominación autoritaria. 2. LOS OBJETIVOS DEL NUEVO ORDEN La misión originaria era fundar un sistema político “estable”, fiscalizado por el poder militar, capaz de liquidar el ciclo indefinido de gobiernos civiles y militares sobre el cual se había asentado la alternancia en el poder desde 1930. Otro objetivo era “asegurar la inserción de las FF.AA. en el sistema político con el objetivo de posibilitar su participación en la toma de decisiones. Estos objetivos eran a largo plazo. En lo inmediato, el autoritarismo militar pretendía poner en marcha un plan de reforma económica y de disciplinamiento social, el cual fue anunciado por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Al mismo tiempo, se organizó un plan altamente represivo para eliminar las organizaciones guerrilleras y las voces de protesta y modificar el comportamiento de los actores políticos y gremiales. Ya no se podía hablar de peronismo ni antiperonismo. Era necesario modificar la estructura de los partidos políticos mayoritarios y reforzar el liderazgo de los sectores políticos concentrados de la economía, el sector financiero. La visión liberal monetarista establecía que el populismo (que se nutre de un Estado distribucionista, un mercado interno protegido y una industria subvencionada) no debía continuar gobernando si se quería abrir la economía y reinsertarse en el mundo desarrollado. Las atribuciones del gobierno de facto se desprenden de las propias normas jurídicas sancionadas por la intervención militar: el “Acta” y el “Estatuto” del PRN. Ellos establecían un cuerpo colegiado, la Junta Militar, como órgano supremo del Estado con poderes ilimitados. Ella estaba integrada por el general Jorge Videla (del Ejército), el almirante Eduardo Massera (de la Armada) y el brigadier Orlando Agosti (de Aeronáutica). También establecían un órgano unipersonal, el presidente de la Nación, como ejecutor de las políticas trazadas por la Junta. Se puede clasificar este gobierno militar como una dictadura institucional, impersonal, del conjunto de las Fuerzas Armadas, que procuró evitar la personalización del poder. Esto implicada la co-participación de las tres fuerzas en las responsabilidades. La Junta Militar se arrogó el poder constituyente, porque sus actos y normas tienen prioridad y están por encima de la Constitución Nacional. Esto puso fin al estado de derecho. Al asumir, la Junta resolvió declarar caducos los mandatos constitucionales del presidente y de los gobernadores, disolver el Congreso Nacional, las Legislaturas provinciales, remover a los miembros de la Corte Suprema, suspender la actividad política de los partidos y la actividad gremial de los trabajadores, empresarios y profesionales. La distribución de los poderes expresa tanto la relación de fuerzas existente entre las tres armas como el compromiso de cada una frente al golpe. La división era tripartita, en principio, igualitaria. La Junta Militar, el gabinete, la Comisión de Asesoramiento Legislativo estaban divididas en igual proporción para cada arma (el gabinete agregaba 2 ministros civiles, conformando una división cuatripartita). En cambio, la designación de gobernadores respondía al peso propio de cada una de las fuerzas. Así, el Ejército tuvo el mayor número de provincias. Lo mismo ocurrió con la Presidencia de la Nación y de la Junta Militar, que recayeron en el Ejército y en una misma persona: Videla. El Ejército retenía su histórica supremacía frente a las otras dos fuerzas en una estructura de poder claramente delimitada y aparentemente monolítica. Sin embargo, la dictadura era de las FF.AA. en su conjunto. Las FF.AA. cumplían también un rol de garantes de los principios y valores constitutivos de la Nación, señalados en el “Acta”. Sus objetivos eran: 1) restitución de los valores esenciales del Estado; 2) erradicación de la subversión; 3) promoción del desarrollo económico;4) posterior 2

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inauguración de una democracia republicana. Estos objetivos colocaban a las FF.AA. en la evidencia de lo que no pudieron construir. El resultado fue un abismo entre lo hecho y el discurso y las intenciones de los gobernantes. Se puede hablar de diversas etapas en el interior del Estado autoritario. Ellas fueron cuatro, con su desigual extensión, políticas, diseños y rumbos; pero con la sucesión de presidencias militares: Videla (1976-1981), Viola (1981); Galtieri (1981-1982); Bignone (1983). Fueron etapas de un mismo proceso que guardaba cierta unidad y organicidad, aunque expresaban realineamientos diversos en las relaciones de fuerza que operaban en el seno del Estado autoritario. 3. EL GOBIERNO DE VIDELA (etapa Nº 1) J.R. Videla fue el primer presidente del Proceso. Era comandante en jefe del Ejército e integrante de la Junta Militar. Asumió el 29 de marzo y ejerció su función durante 5años, siendo así el presidente militar del Proceso que más tiempo permaneció en su cargo. Con la designación de Videla, se resolvió la distribución del poder compartido; del 26 al 29 de marzo centrado en la Junta. Esa división era conocida periodísticamente como “cuarto hombre”, proponía que la persona que se eligiera como presidente de la Nación no fuera al mismo tiempo integrante de la Junta para resguardar la división tripartita de poderes. 4. LOS PLANES POLÍTICOS Las FF.AA. permanecieron unidas por el único objetivo de la lucha contra la subversión. En cambio, en cuanto a las metas de corto y largo plazo hubo disputas y posiciones opuestas. En el período de Videla encontramos 3 propuestas políticas: dos en cuanto al campo militar y una en referencia a las fuerzas civiles que acompañaban el proceso militar. La propuesta política de la unidad nacional promovida por el sector mayoritario del Ejército (liderado por Videla y Viola), fue diseñada recién en 1979. En ese momento, la corporación militar dio a conocer las “Bases políticas de las FF.AA. para el Proceso de Reorganización Nacional”. El proyecto fue ideado desde el Ministerio de Planificación por el general Díaz Bessone y era de carácter corporativista (nacionalista). La propuesta nunca salió del plano de la enunciación y jamás fue implementada. Se habló del proyecto mientras Díaz Bessone se mantuvo en su puesto, hasta su renuncia por las divisiones internas en 1977. Su proyecto colisionaba con el de Martínez de Hoz, el cual era del plano económico bajo una perspectiva liberal-monetarista. Otro proyecto fue el denominado “Movimiento de Opinión Nacional”, o la idea de formar un “partido oficial”. Esto estuvo siempre presente en las ambiciones de los militares desde que H. Yrigoyen les ganara las elecciones. Esa idea de conformar un nuevo partido con apoyo popular fue asumida por Jorge Aguado, quien propuso generar un movimiento de opinión de apoyo cívico al Proceso, que lo acompañara en su gestión de gobierno y, a la vez, fuera heredero legítimo. No tuvo grandes repercusiones, sólo se adhirieron algunas patronales del agro. Aguado criticaba el programa de Martínez de Hoz. Por encima de las diferencias, prevalecía el consenso en cuanto a tres condiciones que llevarían al retorno de la democracia: 1) la conclusión de la lucha antisubversiva; 2) la consolidación de un orden económico adecuado; 3) la renovación de los partidos para que pudieran retomar el papel rector que les corresponde. 5. LAS BASES POLÍTICAS 3

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El punto de llegada, el objetivo, para el orden autoritario según Videla era la convergencia cívico-militar o el Movimiento de Opinión Nacional. El fin del planteo de este objetivo era asegurar la continuidad del régimen. Se debía llegar a él mediante 4 etapas: comprensión, adhesión, participación y transferencia (convergencia cívico-militar). El punto de partida era un noción de “unidad nacional” sin sectarismos ni antinomias. Uno de los núcleos sería el diálogo para lograr el consenso. El otro eje sería la renovación de la clase dirigente. La propuesta no definía los cursos de acción ni una política de alianzas. En 1979, las FF.AA. dieron a conocer las Bases Políticas del Proceso fijando las reglas con las que debían operar el régimen militar. No se mencionaba en el documento la idea de un partido oficial o de un movimiento de opinión nacional. Se propugnaba, un sistema político pluripartidista en el que se debía promover la formación de grandes partidos ampliamente representativos. Frente a la imposible renovación de la clase dirigente, el nuevo orden político se fundaría en una solución pactada, consensual, con las fuerzas políticas existentes para confluir en una convergencia cívico-militar. Además, las Bases Políticas establecían las áreas de competencia de las Fuerzas Armadas para la toma de decisiones en el futuro orden institucional: la conducción estratégica nacional, la seguridad nacional y la defensa de la Constitución Nacional. Esas áreas estaban establecidas con imprecisión, no se especificaban; era general. No tendría cabida en el nuevo orden político las ideologías totalitarias, las que fomentaran la lucha de clases y la propiedad colectiva de los medios de producción, la exaltación desmedida de la persona de los dirigentes, la politización partidaria de las grandes instituciones del Estado y de las organizaciones intermedias y la utilización de posiciones públicas en beneficio personal, las personas inhabilitadas políticamente por el Poder Judicial o la Junta, así como tampoco las expresiones del “populismo demagógico y anárquico”. El documento establecía las normas destinadas a “completar la normalización políticoinstitucional de la Nación y contribuir a materializar la finalidad histórica del PRN”. Hacía referencia a la Constitución Nacional, al estatuto de los partidos, al diálogo, etc... Reestructurar autoritariamente la sociedad luego de 4años de ejercicio del poder no iba a resultar tarea fácil. Algunos analistas quisieron ver en la propuesta de la convergencia cívico-militar semejanzas con la Concordancia (alianza entre el general Justo y los conservadores, radicales, independientes y socialistas independientes) de los años ’30. En esta imagen, la persona del general Viola constituiría el eje de la nueva concordancia. 6. LA CRÍTICA A LOS PARTIDOS El diálogo oficial no implicaba apertura política. Solo era un elemento forjador de consenso social. El discurso era amplio para que la convocar a todos los sectores de la comunidad aunque en los hechos excluía a los partidos políticos, a los “subversivos” y “corruptos”. El diálogo se llevaría a cabo con los hombres que además de acreditar idoneidad, honestidad y representatividad, compartiera los objetivos del Proceso y estuvieran dispuestos a gestar una auténtica democracia. Entre la necesidad del diálogo para evitar el aislamiento y los temores que el riesgo de la apertura podría ocasionar a los objetivos del Proceso, entre marchas y contramarchas, promesas y desmentidas, la política coloquial no pudo ser implementada hasta bien entrada la etapa final del período videlista, en marzo de 1980. El discurso militar exigía un sistema de partidos actualizado con dirigentes capaces de gobernar, para lo cual había que renovar a la clase política. Se buscaba abiertamente sustituir el discurso populista de los partidos mayoritarios, que respondía—según la opinión militar—a una fase del desarrollo económico argentino ya superada. En su discurso, hacía hincapié en la crisis institucional en la que estaba sumido el país durante el último régimen constitucional. 4

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Sin dejar de enfatizar la necesidad de revitalizar las instituciones del país y reestructurar las organizaciones partidarias, el general Videla no pudo proyectar su discurso a la realidad. 7. LAS TRANSFORMACIONES EN LA ECONOMÍA El cambio radical en el funcionamiento de la economía fue llevado a cabo en los primeros años del régimen militar. Nuevos grupos de poder se beneficiaron. Era un proyecto centrado en un mercado financiero que operaba sin restricciones y abierto al exterior. La apertura de la economía, la paridad cambiaria y la política arancelaria produjeron un daño irreversible en la industria nacional y en otros sectores productivos. Cayó el poder adquisitivo salarial, aumentó la especulación financiera y cayó la demanda, lo cual comprimió al mercado interno. Quebraron fábricas, irrumpieron artículos importados y se instalaron nuevos bancos y organismos financieros. Obreros, industriales y propietarios rurales se vieron afectados. La política de transformación económica se apoyo en la apertura económica y en la reforma financiera de junio de 1977. Durante la gestión de Martínez de Hoz, se conformó un mercado atractivo para los operadores internacionales. En Ministro de Economía anunció el 20 de diciembre de 1978 el cronograma de devaluación gradual del tipo de cambio (hasta agosto de 1979). Nacía así la época de la “tablita cambiaria”. La nueva estrategia buscaba controlar el movimiento de la economía mediante el manejo del tipo de cambio. Esto desalentó las exportaciones y promovió las importaciones. Suponía el riesgo de inestabilidad, de hecho en 1980 se desató la crisis financiera que puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema. Los efectos de ella fueron la pérdida de confianza, fuga de depósitos, presiones sobre el tipo de cambio, especulación de divisas. Obligó al equipo de economía a modificar el sistema. La deuda externa se expandió a partir de 1978, triplicándose para marzo de 1981; +20.000 millones de dólares. El endeudamiento creciente no se debió a los requisitos de desarrollo del país, sino a la especulación financiera provocada por la instrumentación del tipo de cambio y el aumento de los créditos externos. 8. EL PLAN ECONÓMICO UNIFICA LAS CRÍTICAS El plan de Martínez de Hoz concentró las críticas y reproches al gobierno militar. En la medida en que el programa se implementaba, las disconformidades aumentaban. Sin embargo, Martínez de Hoz emergió como una figura política fuerte que logró imponerse a su oponente de planeamiento, Díaz Bessone. Y contaba con el apoyo total del presidente. Las críticas incluían a los sectores que apoyaban abiertamente la gestión autoritaria. Las tensiones aumentaron luego de la reforma financiera de junio de 1977. En el interior de las FF.AA. también hubo confrontaciones. Por ejemplo, se generó un foco de conflicto en un sector del Ejército ligado a la Dirección General de Fabricaciones Militares (FM) cuando la política de privatizaciones de Martínez de Hoz pretendió transferir algunas empresas dependientes de esa dirección general. Massera era un claro oponente debido a que tenía su propia estrategia política. También el aliado principal del presidente, el general Viola, comandante en jefe del Ejército reconoció en 1978 que el gobierno no pudo contener la inflación y que persistían la recesión industrial y el deterioro salarial. La Iglesia Católica reclamó por la situación de numerosas familias argentinas. La oposición sindical y política (radicales, peronistas, intransigentes, democristianos y socialistas) también expresaron su oposición. La recuperación económica de la Argentina se había convertido en un elemento clave para el futuro de la dictadura militar. El plan de Martínez de Hoz no contribuyó a juntar adhesiones, además de ser un obstáculo para el diálogo previsto con los civiles. 5

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Martínez de Hoz logró mantener su puesto por la firmeza de dos respaldos: el del presidente Videla y el de los círculos financieros del exterior. El financista norteamericano David Rockefeller y otros grupos económicos nacionales e internacionales beneficiarios del nuevo modelo apoyaron al ministro. El destacable poder político que adquirió Martínez de Hoz se debe a que el gobierno de Videla no tuvo otro proyecto político, global y coherente que no fuera el de sostener el plan de reestructuración capitalista del ministro de Economía; no fue gracias a su exitosa gestión. 9. LA VIOLACIÓN ORGANIZADA DE LOS DERECHOS HUMANOS El autoritarismo puso e marcha un sistema represivo basado en la intimidación, la toruta, la muerte y la desaparición de personas, que encerraba la violación organizada de los derechos fundamentales del hombre. En forma paralela y ocultaba controlaban “centros clandestinos de detención” y existían “grupos operacionales secretos” como una exigencia para desarrollar una eficaz acción antisubversiva. El objetivo era someter al individuo al mayor aislamiento y soledad para facilitar la rapidez de las investigaciones. En su desamparo, el detenido-desaparecido, privado de toda protección legal y de defensa, fue sometido al dominio de sus captores (siendo torturado, forzado a colaborar, asesinado), sin que se recabaran noticias de su persona. Esta situación causaba dolor y sentimiento de injusticia para tantas familias que aún reclaman por 30.000 desaparecidos. Degradó el ejercicio del poder político, humilló a una sociedad en la cual ciertos miembros se transformaron en perseguidores de otros. Es decir, del individuo pasó a una agresión a la sociedad, una violación, además, de los principios constitutivos de la política. En sus defensas, durante los juicios que se les iniciaron, se justificaban: “para aniquilar a las bandas armadas que pretendían arrastrar el país a su disolución”. Viola definió, durante su juicio, que el principio de “no revisión de lo actuado en la lucha contra la subversión” era el eje de cohesión de las FF.AA., sobre lo que no se admitían discrepancias. Un silencio casi generalizado fue la respuesta de la sociedad argentina al momento más duro de la represión militar entre 1976-1978. Los dirigentes de los partidos, la Iglesia Católica, la dirigencia sindical aceptaron la exclusión política y el silencio. El rol opositor fue asumido por los organismos de derechos humanos, quienes se constituyeron en la cara vigente de las transgresiones al silencio impuesto por la dictadura militar. Se comenzó a fundar un nuevo escenario que organizó una relación diferente entre derechos humanos y política. La defensa de la vida y el respeto por la libertad proporcionaron el marco dentro del cual se desenvolvió la acción política. La afirmación de los derechos humanos acarreó la negación absoluta del autoritarismo ya que ambos términos son irreconciliables. Nació el movimiento por los derechos humanos cuya consigna era “aparición con vida”, liderados por Madres de Plaza de Mayo, entre otras organismos. Entre 1978 y 1981, la oposición política rompió su aislamiento al emerger con pronunciamientos y manifestaciones públicas para comenzar a disputar al Estado autoritario el campo de la política. Se defendían los derechos y, a la vez, se reconocía la labor antisubversiva. La sociedad comenzaba a despertar por efecto de los críticos discursos de la clase política, y por la irresolución de los graves problemas económico-sociales que la afectaban. La opinión pública, por su parte, se mantenía indiferente ante el problema de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó al país en 1979, en esa ocasión, mientras el presidente Videla saludaba desde la Casa Rosada a manifestantes festejando una victoria de fútbol en Japón, los familiares de los desaparecidos hacían filas ante la sede de la CIDH para formular sus denuncias. Tal vez nuestra sociedad—en ese momento—quiso negar una realidad que no podía afrontar y que le generaba sentimientos contrarios. Pero no se puede decir que no se conocía la situación. 6

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El informe condenatorio de la CIDH fue conocido en 1980. este no satisfacía las expectativas de los familiares, que exigían “aparición con vida” y “castigo para los culpables”. La Junta Militar recibió una condena cuando se le otorgó el Premio Nobel de la Par al argentino Adolfo Pérez Esquivel, lo cual fue interpretado como un reconocimiento por los derechos humanos, ya que él formaba parte de el movimiento en favor de ellos. Desde entonces ese movimiento quedó legitimado frente ala sociedad y creció su protagonismo. 10. EL COMPORTAMIENTO DE LOS PARTIDOS En la medida en que el régimen militar perdía vitalidad a través del paso del tiempo, los partidos políticos fueron emergiendo como “conductos de expresión”/interlocutores, sin que hubiera apertura institucional. Debido a la suspensión de la actividad política, la única actividad permitida era la relacionada con la gestión de las estructuras partidarias. Los transgresores eran “castigados” pero el gobierno militar no lograba el acatamiento de las medidas de suspensión ni hallaba los dispositivos ni la fuerza para aplicar sanciones ejemplares. Rechazaban la antinomia sociedad civil-fuerzas armadas, impugnaban la idea de constituir un partido nacional con el apoyo del poder militar. A fines de 1978, el Estado autoritario empezó a tener dificultades para contener las disconformidades crecientes. La oposición comenzaba a disputar al Estado autoritario el monopolio de la política y a cuestionar su exclusión del sistema decisional. Entre 1978 y 1981, los sectores civiles elevaban la voz y endurecían sus posturas entorno a: 1) participación política; 2) restablecimiento del estado de derecho (no se luchó por esto en la práctica); 3) libertades políticas; 4) vigencia de los derechos humanos; 5) modificación de la política económica. Sin embargo, en todos los documentos públicos se reconocía el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión y en ninguno aparecía la idea de conformar un polo cívico de oposición antidictatorial. Con los proyectos dados a conocer a fines de 1979 (la Ley de Asociaciones Profesionales y las Bases Políticas) el gobierno militar parecía haber salido de su situación defensiva y del inmovilismo político. El tiempo de la política había llegado, los militares apuntaban a la institucionalización del régimen. La actividad política continuaba prohibida aunque era tolerada y había promesas de desdoblamiento—sostenida en las Bases Políticas—para el segundo semestre de 1980. El clima político parecía que había mejorado. 11. LA CRISIS DEL PROYECTO FUNDACIONAL Una vez finalizado el período de Videla en marzo de 1981, el Estado había perdido la oportunidad de lograr el establecimiento de un sistema político en donde el poder militar tuviera una participación orgánica en las decisiones políticas. Se agudizaban las tensiones militares. Por un lado, la discusión sobre la estructura del poder militar o la polémica del “cuarto hombre”. Por otro lado, la discusión sobre la sucesión del poder, o el reemplazo de Videla. Solamente dos fueron los proyectos definidos e implementados en la realidad y con éxito diferente: 1) el aniquilamiento de la subversión y 2) el programa de reestructuración de la economía de Martínez de Hoz. Los demás objetivos se desfiguraron en la complejidad de un panorama incierto. Ni Viola ni Galtieri, sucesores de Videla, tuvo en su gobierno las mismas condiciones históricas y posibilidades políticas que tuvo Videla para intentar fundar un nuevo sistema institucional. La crisis del régimen autoritario comenzó en el último año de la administración de Videla. 12. EL GOBIERNO DE VIOLA 7

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A fines de 1979 todo hacía pensar que el general Viola era el candidato presidencial aceptado unánimemente por la FF.AA. para ocupar el centro del poder durante 1981-1984. los indicios provenientes de la corporación militar y de los sectores económicos vinculados a Martínez de Hoz daban cuenta de la disconformidad que generaba el candidato presidencial. El resultado fue una crisis interna. La lucha por la sucesión presidencial abrió profundas fisuras. El 29 de marzo de 1981, el general Roberto Viola asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno fue polémico, cuestionado desde las propias filas de la institución militar. El “golpe” contra Viola comenzó antes de que éste asumiera el poder, cuando los sectores opositores tomaron medidas para condicionar su autoridad y margen de maniobra. La oposición a él se daba por su orientación a la “apertura política” que las FF.AA rechazaban. Viola ingresó al escenario nacional ya con cierto desgaste y sin la plenitud de poderes. Su paso fue fugaz. 13. APERTURA LIMITADA La Junta dejó en claro que las correcciones posibles nunca serían de fondo, preservando así la filosofía del Proceso. Viola admitió que los partidos políticos eran los instrumentos válidos para canalizar las inquietudes ciudadanas. El general Viola era acusado de encarar una política que se mostraba demasiado inclinada hacia un entendimiento con los partidos tradicionales. La perspectiva de una “apertura” política fue acompañada por un giro en la economía. Señaló cuatro problemas: 1)la alta inflación; 2) el atraso cambiario; 3) la falta de rentabilidad empresarial; 4) el mínimo crecimiento. Se distanciaba del plan de Martínez de Hoz, distanciamiento que fue frenado. Cada paso de Viola tenía una réplica de los sectores militares más ortodoxos. El nuevo panorama generaba un clima de distensión en la sociedad civil, y los medios de comunicación de masas, los escritores, los artistas, los intelectuales, comenzaban a hacer oír sus reclamos a favor de la libertad de expresión. Una sociedad que había sido empequeñecida y atropellada culturalmente comenzaba a recomponer un espacio democrático y a reconquistar el respeto de sí misma, luego de varios años de autoritarismo militar. Los políticos apostaban—como ya era tradicional en el juego entre civiles y militares—al retiro de las FF.AA cuando finalizara el período de Viola en 1984. Sin embargo, la Junta Militar, centro real del poder, se pronunció por la continuidad del Proceso superior a 1984. La apertura se dio de manera frágil y contradictoria debido a las limitaciones. 1) se creó un clima de distensión política y cultural, con mayor libertad de expresión pero, las organizaciones partidarias no podían reorganizarse ni podían preparar actos públicos en lugares abiertos. 2) la liberación de la ex presidenta Isabel Perón para abrir la negociación con el peronismo. 3) la consulta con los partidos y no con las personalidades políticas. 4) la mayor participación de civiles en el gabinete nacional, principalmente en asuntos de economía. 14. LA MULTIPARTIDARIA Y LA RECOMPOSICIÓN DE LA OPOSICIÓN La propuesta de la creación de la Multipartidaria nació del radicalismo. La idea original era lanzar una amplia convocatoria que comprendiera tanto a la totalidad de los partidos como a las entidades empresariales y organismos sindicales. La iniciativa fue bien recibida y generó gran repercusión. No pretendía conformar una alianza antiautoritaria, sino la creación de un espacio de negociación con un sector de las FF.AA en el cual se sentaran las bases de la transición democrática. La propuesta respondía a la apertura política del presidente Viola como intento de recomposición política de las fuerzas partidarias. El Estado militar estaba deteriorado pero no agotado como para dejar el poder en manos de un sistema de partidos que hasta ese momento no había sabido superar su situación de debilidad. 8

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La corporación militar se situó entre la desconfianza y el rechazo. La convocatoria de la Multipartidaria tenía el propósito deliberado de constituirse en un frente electoral y los militares tenían miedo de una alianza antidictatorial. No obstante, no dejaban de apreciar positivamente que fuera la oposición moderada quien congregara el encuentro multipartidario. La figura convocante fue Balbín. (Para ver el documento con los objetivos: cuadro de la Pág. 70.) 15. LA CRISIS INSTITUCIONAL Entre el gobierno y la cúpula militar se entabló una relación ríspida que tuvo efectos desestabilizadores y en el cual Viola no logró ser la expresión del pensamiento mayoritario de las FF.AA. le cuestionaban su alejamiento de la filosofía económica de Martínez de Hoz y por la flexibilización de la veda política. Censuraron al conjunto de la dirigencia partidaria. Le diagnosticaron una enfermedad al presidente. Comenzaron las suposiciones, cálculos políticos, incertidumbre y confusiones. Viola cedió interinamente el mando al ministro del Interior, general Liendo. Hasta que se resolviera si él seguiría con su mandato o no, el Ejército comenzó una campaña en beneficio de la candidatura del general Leopoldo Fortunato Galtieri. Éste había mantenido buenas relaciones en los círculos políticos y, además, contaba con el apoyo del gobierno de los EE.UU. Según la opinión pública, la enfermedad del presidente no había sido más que el detonante de una crisis institucional que tenía origen político: no se trataba de otra cosa que una lucha por le poder. La Junta Militar resolvió remover de su cargo al segundo presidente del Proceso y designó al frente del Ejecutivo al general Leopoldo Galtieri, a quien permitió retener el cargo de comandante en jefe del Ejército—un vez más no cumpliendo con la idea del “cuarto hombre”. La sociedad civil miró con indiferencia y resignación la lucha por el poder en el interior del Estado autoritario. No lograba recuperarse y ponerse de pié para enfrentar a una dictadura militar que se mostraba resquebrajada. La clase política se mostró inquieta ante la crisis institucional que no podía influencia ni controlar. 16. EL GOBIERNO DE GALTIERI Galtieri retrotrajo las cosas a la situación anterior a la asunción del ex presidente Viola, volvió la ortodoxia económica liberal al poder. Pretendía recuperar la autoridad de la figura presidencial y del gobierno militar, erosionada por los 6 años de administración malogrados y de enfrentamientos internos por el fracaso económico y el desprestigio político. Estaba dispuesto a llevar adelante las ortodoxas promesas procesistas largamente postergadas. Ésta era la última oportunidad del régimen. Asumió el 22 de diciembre de 1981. Su estrategia política fue: 1) la elección de Roberto Alemann (tenía relación con Martínez de Hoz) en el Ministerio de Economía, para impulsar un plan de ajuste estructural, apoyado en severas políticas monetarias y fiscales. En este respecto, retomó las políticas neoliberales. 2) el acercamiento con EE.UU. 3) el aliento a la formación de un nuevo partido oficial que ocupara un lugar destacado, como tercera fuerza, en el futuro. Creó expectativas en relación con una próxima transición democrática, manteniendo un puente de conexión con los partidos políticos para impedir el aislamiento. Prometió la confección de un estatuto que regiría el funcionamiento de las agrupaciones políticas y la preparación de un cronograma político. 4) la ocupación de las islas Malvinas como un modo de organizar el consenso social y de proporcionar legitimidad a un régimen carente de otras alternativas, utilizando una reivindicación histórica muy sentida por los argentinos. 9

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Tenía un gabinete homogéneamente conservador. Las objeciones principales fueron en torno al peligro de reeditar la política de Martínez de Hoz, y el señalamiento de los límites de la tolerancia de la sociedad argentina. Los dirigentes de la Multipartidaria expusieron su preocupación por la línea que se iba a seguir; se mantuvieron fieles a sus aspiraciones y si bien estaban dispuestos a dialogar, no tomaron la iniciativa de concretar una reunión. Sabían que la política económica determinaría el destino del régimen. Había posiciones encontradas respecto a qué orden priorizar. El ministro del Interior, general Alfredo Saint-Jean, señalaba en enero de 1982 que el plan económico no afectaría los objetivos políticos. Sin embargo, el punto de vista del ministro de Economía, subordinaba los objetivos políticos a los resultados económicos. En esta encrucijada, Galtieri no tardaría en dar resolución política a la crisis del país con la invasión de las islas Malvinas. 17. MALVINAS: la guerra como forma de legitimación EL FRACASO DEL proyecto económico, el desprestigio del gobierno, la débil unidad de las FF.AA. y el despertar de la sociedad civil son las causas que llevaron a la invasión de las Islas Malvinas. El desembarco se realizó el 2 de abril y unificó a la sociedad y a los militares. Contó con completa adhesión social. Una multitud se concentró en Plaza de Mayo para celebrar. La dirigencia argentina fue invitada a participar del acto de toma de posesión del gobernador militar de las islas, general Mario Benjamín Menéndez. Los dirigentes partidarios comprendían que la hora de la transición democrática se adelantaba. Las FF.AA discutían la posibilidad de una “concertación” entre civiles y militares o un “gabinete de coalición” para conseguir apoyo internacional para la operación emprendida. Hoy sabemos que la expedición fue lanzada sin ninguna preparación militar y con una apreciación errónea sobre las posibilidades de apoyo que brindarían los EE.UU., quien tomó partido por Inglaterra. La rendición de las fuerzas argentinas se dio el 14 de junio. Concluía de esta manera el intento de otorgar legitimidad al régimen militar a través de la guerra. El fracaso arrastró a aquellos partidos que se cohesionaron y desprestigió aún más a los militares y apresuró a la descomposición del orden autoritario. Esta derrota se sumaba al fracaso político y económico de 6 años. 18. LA RENUNCIA DE GALTIERI Y LA DISOLUCIÓN DE LA JUNTA MILITAR El 15 de junio Galtieri anunció la rendición poniendo énfasis en la superioridad material de Gran Bretaña y al apoyo logístico de EE.UU. como excusas de la derrota. El 17 fue destituido del poder. Se desató la crisis de posguerra. La Argentina se encontraba aislada internacionalmente pese a la solidaridad demostrada por Latinoamérica. La sociedad no ocultó su frustración y descontento. El centro de interés estaba puesto en la sucesión presidencial. La Junta Militar creó dos acuerdos: 1) definía al próximo gobierno como transitorio hasta los primeros meses de 1984. 2) anunciaba cambios en la política económica. Luego, se disolvió al retirarse la Fuerza Aérea y la Armada. El Ejército asumiría la responsabilidad de la conducción política del gobierno nacional. 5 días más tarde designaron a Bignone. Las fuerzas se retiraron de manera desordenada. 19. EL GOBIERNO DE BIGNONE Bignone asumió el 1º de julio de 1982. La transición fue compleja e incierta, cargada de rumores y de riesgos. 10

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Los partidos políticos ganaban el centro del escenario nacional y se preparaban para las elecciones libres y competitivas. Se propusieron concertar el manejo del futuro gobierno constitucional para evitar ser juzgados. Para ello, se reconstituyó la Junta Militar como órgano supremo del Estado autoritario, ahora unificada. El gobierno de Bignone era apoyado por la totalidad de los cuarteles. El interés principal de la Junta era la definición de las condiciones de traspaso del poder. Para ello debían negociar: “Vigencia del estado de sitio, mecánica y secuencia para el acto eleccionario y para la entrega del poder (ley y cronograma electoral); lucha contra el terrorismo; desaparecidos; plan económico; deuda externa; Yacyretá; presupuesto 1984; ley 22.105 (asociaciones gremiales de trabajadores); conflicto Malvinas; diferendo austral (Beagle); investigación de ilícitos; estabilidad de la Justicia; presencia constitucional de las FF.AA. en el próximo gobierno nacional.” La clase política se negó a la no revisión de lo actuado por las FF.AA. en la lucha contra la subversión. Por ello, los militares sancionaron la “Ley de Amnistía”. Los dirigentes políticos también manifestaron su disconformidad con los temas a tratar. La Multipartidaria rechazó públicamente al ser la propuesta extraña a la Constitución Nacional y por condicionar al futuro gobierno civil. Las FF.AA. cambiaron su estrategia, definieron el cronograma electoral dejando un tiempo considerable entre la fecha de las elecciones y la entrega de poder para poder negociar con el elegido. Esto no se logró ya que el presidente electo, Raúl Alfonsín, no estuvo dispuesto a negociar. Además, ganó con el 52% por lo que no necesitaba negociar. El 6 de diciembre se conoció el acta de disolución de la Junta y se transfirió a Bignone las facultades establecidas en el Estatuto hasta que asumiera el nuevo presidente. Una vez que ocurriera ello, el Estatuto también dejaría de tener vigencia. La sociedad recibió las noticias con beneplácito pero no con entusiasmo. El resultado de las elecciones significaba el comienzo de una nueva etapa: clausuró el régimen autoritario de 1976 y cerró el sistema de alternancia entre civiles y militares; y quebró la hegemonía electoral de 4 décadas del peronismo. Llevaría ala reconstrucción de la democracia y la consolidación de un sistema político civil.

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