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“AÑO DEL DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL”

MACROECONOMÍA

GOBIERNO DE FERNANDO BELAÚNDE TERRY INTEGRANTES:     

Castro Vásquez, Estefani. Elera Luque, Sheyla. Romero Chávez, Milene. Ruiz Díaz, Andy. Soriano Pérez, Andrea.

DOCENTE: León Villarruel, Miguel Ángel. CLASE: 9081.

2018

I.BIOGRAFÍA

Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry nació el 7 de octubre de 1912 en Lima, Perú y falleció el 4 de junio del 2002, fue un arquitecto, estadista, político y presidente

del

Perú en

dos

mandatos

no

consecutivos: de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985. Hijo de Rafael Belaúnde y Lucía Terry, Fernando Belaúnde realizó sus estudios primarios en el Colegio La Recoleta

de

Lima.

Perteneciente a una familia tradicionalmente ligada a la política, cursó su educación secundaria en París y sus estudios superiores en las Universidades de Miami y Texas en Austin, Estados Unidos, donde obtuvo el título de arquitecto en 1935. Al regresar a Lima, fundó la revista El arquitecto peruano y se dedicó a la docencia en la Universidad Católica y luego en la Escuela de Ingenieros de Lima que, en 1955, se convirtió en la Universidad Nacional de Ingeniería, y de cuya facultad de Arquitectura fue primer decano. Durante el régimen fujimorista actuó en la oposición. A inicios del 2001 transfirió la presidencia de su partido a Valentín Paniagua, quien fue presidente del gobierno transitorio luego de la estrepitosa caída de Fujimori. Ya retirado de la política, falleció al año siguiente.

II. INICIOS EN LA POLÍTICA Ingresó a la política en 1944, cuando contribuyó a formar el Frente Democrático Nacional (FDN), que propició la candidatura y posterior elección presidencial de José Luis Bustamante y Rivero, en cuya lista fue electo diputado por Lima (1945-48). Al convocarse las elecciones de 1956 fue lanzado como candidato presidencial por el Frente Nacional de Juventudes Democráticas (FNJD), grupo que dio origen al partido Acción Popular. Impuso su inscripción ante el jurado electoral por medio de una célebre protesta en las calles de Lima conocida como «El Manguerazo». No ganó entonces pero inició una campaña recorriendo todo el país, pueblo por pueblo, bajo el fundamento ideológico «El Perú como doctrina» y «La conquista del Perú por los peruanos». Postuló por segunda vez en las elecciones de 1962, que fueron anuladas ante las sospechas de fraude. Volvió a presentarse en las elecciones de 1963, en alianza con la democracia cristiana, y resultó elegido presidente constitucional para el período 1963-69. Su gestión estuvo orientada a las grandes obras públicas: construcción de carreteras (principalmente la Marginal de la Selva), aeropuertos, conjuntos habitacionales, reservorios, etc. Asimismo, restituyó el origen democrático de las autoridades municipales; sin embargo, enfrentó una crisis política al no contar con mayoría parlamentaria y, en cuanto a política económica, no pudo controlar la inflación. Al tratar de resolver el asunto del petróleo con la International Petroleum Company (IPC), suscribió el Acta de Talara que fue calificada por la oposición de entreguista, lo que propició el estallido de la revolución institucional de la fuerza armada, encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968. Derrocado y desterrado a Buenos Aires, pasó después a los Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia universitaria. Retornó al Perú en 1978, y aunque su partido no participó en la Asamblea Constituyente de 1978, postuló a las elecciones generales de 1980, en donde fue elegido por segunda vez Presidente Constitucional de forma no consecutiva, para la primera mitad de la década. De inmediato convocó a elecciones municipales y restituyó los medios de comunicación expropiados por la dictadura militar a sus

propietarios. Debió enfrentar los efectos desastrosos del Fenómeno del Niño, el surgimiento de los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, y el agravamiento de la crisis económica que ocasionó una oleada de huelgas y paros laborales. No obstante, llevó adelante una política de obras públicas, especialmente en lo referente a la educación, vivienda y carreteras. Finalizado su segundo gobierno, continuó actuando en la política como líder de Acción Popular. Fue uno de los propulsores del Frente Democrático (Fredemo), una alianza de fuerzas políticas de derecha de la que formaba parte su propio partido y que en las elecciones de 1990 lanzó la candidatura del escritor Mario Vargas Llosa, que fue derrotada por la de Alberto Fujimori. SEGUNDO GOBIERNO DE FERNANDO BELAÚNDE TERRY (1980-1985) Los problemas que debió enfrentar Belaunde al asumir su segundo gobierno eran más complejos que los de 1963. A la inflación, la recesión y el desempleo, se añadía la realidad de un estado desarticulado. Devolver al país la confianza en la seguridad jurídica luego de doce años de dictadura era ya un problema complejo. La asunción al poder del flamante mandatario de las filas de Acción Popular se realizó el domingo 28 de julio de 1980 (con este acto el general Morales Bermúdez honró su palabra de restaurar un régimen civil elegido por el pueblo). Ese mismo día, memorable por muchos motivos, y sin bajarse del estrado, Belaunde saco un lapicero y firmó la ley que ordenaba la devolución de los diarios y medios de comunicación masiva a sus legítimos dueños, restableciendo la libertad de prensa avasallada por el gobierno militar. Además, restableció el sufragio popular para la elección de alcaldes, promulgó la Constitución de 1979 y declaró la amnistía política general. A partir de entonces y hasta la culminación del régimen, las libertades democráticas se restablecieron plenamente. Para esto, fue muy importante la alianza política con el PPC (Luis Bedoya). Belaunde había accedido al gobierno en 1963 con un amplio programa reformista, bajo gran expectativa popular y el apoyo de diversos sectores sociales, pero no tenía el control del Congreso. En 1980 la situación era casi inversa. No tenía un programa de gobierno claro, salvo la búsqueda de

solución para las necesidades inmediatas; las expectativas populares no eran entusiastas y los diversos sectores sociales lo presionarían tratando de enrumbar su gobierno. Pero contaba con una relativa mayoría en el Congreso gracias a la alianza con el PPC, que recibió los ministerios de Justicia, e Industria, Turismo e Integración. Los demás partidos se habían negado al llamado de Belaunde a participar directamente en el gobierno, colocándose más bien en la oposición. El primer gabinete de Belaunde estaba compuesto por: Manuel Ulloa Elías, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía; Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Energía y Minas; Alfonso Grados Bertorini, ministro de Trabajo; Eduardo Orrego, ministro de Transportes y Comunicaciones; Luis Felipe Alarco, ministro de Educación; el general Jorge Muñiz Luna, ministro de Guerra; teniente general José Gagliardi Schiaffino, ministro de Aviación; Javier Arias Stella, ministro de Relaciones Exteriores; José María de la Jara y Ureta, ministro del Interior, entre otros. Una rápida revisión de su composición muestra que los ministros podían ser clasificados en tres grupos. El primero integrado por los ministros moderados encargados de los sectores de gran influencia social (Trabajo, Transportes, Educación, Interior, Relaciones Exteriores); el segundo por los ministros liberales vinculados a organismos financieros internacionales (Economía y Energía y Minas); y el tercero por los ministros militares en actividad (Guerra, Marina y Aviación). Esta composición denota dos de las principales contradicciones al interior del gobierno de Belaunde: en primer lugar, la combinación de una política económica liberal con políticas populistas que buscaban paliar los efectos de la crisis, ante el temor de una explosión social; en segundo lugar, la fuerte presencia militar en un régimen nominalmente representativo y democrático que ponía límites al poder civil. Esta situación se acrecentaría en los años venideros. Por ello la democracia nacida en 1980 puede ser caracterizada como restringida y tutelada por el poder militar. Ambos elementos, que ya estaban presentes desde 1975, serían el contexto y el germen del desarrollo de la violencia política a lo largo de la década. Por ello este fenómeno no puede ser interpretado como causado por un grupo aislado o calificado de incomprensible. La violencia política ya estaba presente antes de 1980 y recrudecería después hasta llegar al horror. Otro elemento importante en el período es la constante presión sobre el gobierno tanto por parte del

empresariado como del movimiento social: el primero a través de la reactivación de su influencia gremial sobre el Estado; el segundo, que pese a no haber logrado un cambio de rumbo en la política económica liberal ni en la militarización, mantenía su fuerza movilizadora y sus comportamientos tenían gran impacto en el curso político, por lo que la política no se redujo al Congreso. LAS PRIMERAS MEDIDAS Las primeras medidas liberales del gobierno de Belaunde se encontraban las que continuaban el proceso de privatización iniciado por el gobierno de Morales Bermúdez. Entre ellas se encuentran: la devolución de los diarios y las estaciones de televisión y de radiodifusión; la devolución de la mayoría de acciones de las empresas de cemento; las negociaciones para transferir los yacimientos en posesión de Minero Perú; la transformación de empresas estatales en sociedades anónimas (Minero Perú, Electroperú, Petroperú, MINPECO, entre otras); eliminación del monopolio de la comercialización de minerales por parte de MINPECO y de diversos productos de exportación como el algodón, el café, el azúcar, los fertilizantes y el tabaco negro. Dentro de la política liberalizadora destacan las medidas destinadas a otorgar mayores facilidades al capital extranjero en la explotación de nuestros productos mineros. En el caso del petróleo, a fines del gobierno militar se habían renegociado los contratos con la Occidental Petroleum, la Belco Petroleum y Oxy Bridas. El gobierno de Belaunde dictó la llamada “ley Kuczynski”, por la cual se modificó la legislación para la explotación y exploración del petróleo, contando con el apoyo aprista. Bajo esta ley se firmaron nuevos contratos con Superior Oil, Hamilton Petroleum, Shell y Unión Texaco, empresas a las que se otorgó ventajas tributarias adicionales a cambio de invertir en nuevas explotaciones. A fines de 1984 se comprobó que la Oxy Bridas y la Belco Petroleum, en vez de utilizar el crédito tributario en nuevas explotaciones, se habían dedicado a la extracción de las reservas conocidas. En esta línea, se dictaron leyes para obstaculizar el desarrollo de proyectos productivos estatales iniciados por gobiernos anteriores. Por ejemplo, en el caso de la minería, se prohibió que el

Estado avalase proyectos financieros de empresas estatales. Por ello no se pudo financiar la segunda etapa de Cerro Verde y tampoco se culminó el convenio para la mina Antamina, entre otros casos. También se tomaron medidas para reducir la presencia estatal en el sector financiero, mediante el crecimiento de la banca privada y el establecimiento de bancos extranjeros. Se dictó la llamada “ley chica” de la banca la cual permitió la propiedad de hasta un 33% del capital accionario de los bancos privados por empresas extranjeras y se autorizó la apertura de nuevas sucursales y nuevos bancos extranjeros; pero se nombró directorios con personas inescrupulosas y de poca experiencia, produciéndose no pocos casos de préstamos a empresas insolventes, cobertura de deudas de la banca privada o conversiones de deudas en dólares a soles, lo cual llevaría a una serie de escándalos financieros tanto en la banca estatal como privada. Se crearon los siguientes bancos nacionales: Latino, Mercantil y Bandesco; y se establecieron oficinas de representación y sucursales del Banco Unión República de Venezuela, Commerzbank S.G., Chase Manhattan Bank, The Bank of Tokio, The Citizens and Southern National Bank, Union Chelsea National Bank N.Y., Wells Fargo Bank, First Interstate Bank of California y Manufacturers Hannover Trust. Asimismo, el transnacional Banco Exterior de los Andes y de España (Extebandes) consiguió autorización para actuar en el mercado interno. Curiosamente, a pesar de la vocación privatista del régimen, la quiebra del Banco de la Industria de la Construcción (BIC) y luego del Banco de los Andes, del Banco Comercial del Perú y su financiera y del Banco Sur Medio y Callao obligaron al gobierno a asumir los activos y pasivos de estos últimos y emprender la operación de salvataje, incrementándose de este modo el número de bancos y financieras en poder del Estado. También se devolvió el 51% del capital social de las empresas de cemento a sus antiguos propietarios, a pesar de que se les había pagado los montos de valorizaciones de sus acciones. En el sector agrario, se autorizó la parcelación de las cooperativas y sociedades agrícolas de interés social (SAIS), fragmentándose sus tierras en lotes, aunque luego de dos o tres campañas muchos de los parceleros quedaron en la ruina y tuvieron que vender sus parcelas.

En el sector industrial, se limitó más los alcances de la comunidad industrial con intenciones de desactivarla. Finalmente, para lograr la autorización de venta de las empresas estatales, se envió un proyecto de ley denominado de acción empresarial del Estado, el cual, luego de dos años, no fue aprobado en el Congreso. Ante la imposibilidad de acelerar el proceso privatizador, el gobierno decidió transformar las empresas públicas en sociedades anónimas dirigidas por un directorio y una junta de accionistas, nombrando en estos cargos a personas con mentalidad privatista quienes usaron descaradamente sus recursos en provecho propio. Ejemplos claros son los de Pescaperú, Epsep, Minpeco y Centromin. CONVOCATORIA A ELECCIONES MUNICIPALES Respetuoso de la Constitución y de la ley, Belaunde convocó a elecciones municipales, que durante 12 años habían permanecido en el «congelador» del régimen militar. Con este acto, el arquitecto, devolvía a los vecinos el irrenunciable derecho de elegir a sus autoridades comunales. En noviembre de 1980, Eduardo Orrego Villacorta, uno de los más lúcidos y carismáticos dirigentes de Acción Popular, renunció al Ministerio de Vivienda y Construcción para presentarse como candidato a la alcaldía de Lima, alzándose con el triunfo. En el segundo proceso electoral del año 1983 el triunfó le correspondió al abogado cajamarquino de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes Lingán. Por primera vez en la historia de Lima asumió la alcaldía un hombre que representaba a la izquierda peruana y salido de las canteras del marxismo, de gran calidad humana y caballerosidad que no creó problemas a Belaunde. Barrantes fue quien creó el Programa del Vaso de Leche. LA APARICIÓN DEL MOVIMIENTO TERRORISTA FUNDAMENTALISTA SENDERO LUMINOSO (SL) Y DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TÚPAC AMARU (MRTA) SENDERO LUMINOSO: Tuvo como líder a Abimael Guzmán, denominado el «Presidente Gonzalo». Su primera irrupción violenta un día antes de las elecciones del 18 de mayo de 1980: incendió el local municipal, las ánforas y las cédulas electorales en el poco conocido poblado de Chuschi en Ayacucho. Estuvo conformado por personas vinculadas a la vida universitaria de provincia

con ideología marxista-leninista-maoísta, en su mayoría migrantes a la ciudad. Al inicio, este movimiento, recibió apoyo de los campesinos. Posteriormente, cuando los campesinos se pusieron en contra de Sendero Luminoso fueron brutalmente asesinados. Entre 1980 y 1984 sus acciones terroristas fueron en Ayacucho. Desde entonces se trasladaron a Lima, donde los apagones y bombazos se empezaron a convertir en hechos cotidianos de los limeños, y al mismo tiempo cobraron dimensión nacional. En 1983 las FF.AA. fueron convocadas a combatir la subversión. Fue el inició de una cruenta guerra civil que causó devastación y zozobra. Sólo en el departamento de Ayacucho se estima que entre 1980 y 1993 murieron 10,561 habitantes como producto de la violencia política. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), del 2003, elevó aún más esta cifra. MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TÚPAC AMARU: En junio de 1984, inicia sus acciones en Juanjuí (San Martín). Su líder fue, un antiguo aprista, Víctor Polay Campos. Este movimiento estuvo conformado por personas con militancia política anterior, con una ideología marxista-leninista. Contó con el apoyo de los productores ilegales de coca para conseguir recursos económicos y logísticos para su organización. ASPECTO EXTERNO CONFLICTO DEL FALSO PAQUISHA En 1981, tropas ecuatorianas se infiltraron en territorio peruano y tomaron un puesto peruano al que llamaron con el mismo nombre de uno de sus pueblos: Paquisha, pero el ejército peruano los desalojó en una semana y recuperó el territorio invadido, por lo cual fuimos acusados de haber atacado un poblado ecuatoriano. Finalmente, se demostró que era un «Falso Paquisha». LA GUERRA DE LAS MALVINAS Enfrentamiento entre Argentina y Reino Unido por la posesión de las islas Malvinas, donde el Perú apoyó a Argentina; mientras que Chile y EE.UU. apoyaron al Reino Unido. HECHOS Y OBRAS  

Construcción de la Carretera Marginal de la Selva. Complejos habitacionales a través del Fonavi.

   

Centrales hidroeléctricas de Cañón del Pato y Machu Picchu, así como proyectos agroenergéticos como Majes, Chira y Tinajones. Construcción de penales: Canto Grande y San Jorge. Creación del Concytec (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Visita de su santidad el papa Juan Pablo II (del 1 al 5 de febrero de 1985).

POLÍTICA ECONÓMICA La Política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. A medida que un gobierno va estableciendo una determinada política económica, se encarga del control de diferentes factores económicos importantes en la vida del país, como los presupuestos del estado o el mercado laboral. En otras palabras, el Estado conduce la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. 1980 - 1985 Dentro de la línea de aplicación de medidas en el marco de las propuestas de los principales organismos financieros, especialmente el FMI, el gobierno nombró como ministros a connotados representantes de los intereses de la banca y empresas extranjeras; los casos más saltantes fueron los de Pedro Pablo Kuczynski (Energía y Minas), Carlos Rodríguez Pastor y, en menor grado, Manuel Ulloa (Economía). Como han señalado Iguíñiz, Basay y Rubio, la bonanza de las cuentas externas entre 1979 y 1980, lograda mediante políticas de ajuste, terminó muy pronto, apareciendo los problemas en los primeros meses de 1981 debido, en primer lugar, a la caída del precio real de nuestros productos en el mercado internacional y, en segundo lugar, al déficit surgido en la balanza comercial debido a la liberalización de las importaciones y al incremento de pagos de la deuda externa. Para enfrentar la situación, el gobierno recurrió a una política de devaluaciones periódicas, lo cual provocó la “dolarización” del ahorro y de la economía en general. Se establecieron sobretasas del 15% a las importaciones. La política de apertura de la banca nacional a la inversión de capitales extranjeros, reseñada líneas arriba, permitió

al gobierno recurrir a nuevos préstamos para pagar la deuda externa y elevar nuestras reservas internacionales, pero ello sólo postergó el problema. Parte de los nuevos préstamos se orientó a cubrir el continuo déficit y a la aplicación de una política tributaria que ponía énfasis en el incremento de los impuestos indirectos (de 50,5% en 1980 a 66,6% en 1982) y en la reducción de los directos (de 48,9% en 1980 a 32,2% en 1982). La política monetaria se aplicó a restringir el consumo ya que se consideraba que había “un exceso de la demanda”; logrando una recesión en el sector productivo, pero no la reducción de la inflación, ya que desde 1981 se había iniciado también la liberalización de los precios controlados y regulados. A mediados de 1983, el gobierno reinició negociaciones con el FMI para resolver los problemas de la deuda externa. En ellas se establecieron nuevas medidas restrictivas, diseñadas y aplicadas por el ex funcionario de la Wells Fargo, Carlos Rodríguez Pastor, incluyendo reducción del gasto público, mayor restricción de la demanda e incremento del ritmo de devaluación y de las tasas de interés. Dichas metas no se alcanzaron a pesar de la eliminación de subsidios, del incremento en el precio de la gasolina y el servicio eléctrico y de la política de “minidevaluaciones”. Los precios de los productos básicos continuaron su tendencia alcista a lo largo del año, por lo que el gobierno comenzó a controlarlos en perspectiva de las elecciones municipales de noviembre. Los salarios se mantuvieron por debajo del nivel de inflación. Ante la situación crítica, el gobierno atribuyó el fracaso del programa económico a los efectos de las inundaciones causadas en 1983 por la corriente del Niño. INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA POLÍTICA FISCAL La Política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su Administración. Está en manos del Gobierno del país, quién controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. POLÍTICA FISCAL EN EL PERÚ 1980-1985

Belaúnde inició su segundo mandato orientándose fuertemente hacia políticas de corte ortodoxo, en un afán de revitalizar el rol del mercado en la economía. Por ello, no sólo liberalizó el comercio exterior e intentó fomentar el ingreso del capital

extranjero,

sino

que

propugnó

un

importante

programa

de

privatizaciones al lado de una disminución del rol del Estado como ordenador de la economía, expresada en una política monetaria y fiscal conservadora. Sin embargo, el gobierno mostró un comportamiento contradictorio en materia fiscal ya que si bien se propugnaba una reducción del intervencionismo estatal en la economía y un auténtico proceso de privatización de las empresas públicas que no estuviesen ubicadas en los llamados sectores estratégicos de bajos rendimientos privados pero elevados beneficios sociales, no sólo no se materializó la transferencia de estas empresas al sector privado sino que el Estado

se

convirtió

en

un

importante

estimulador de

la

demanda,

especialmente en los primeros años de gobierno, a través de un considerable programa de inversión pública, además de mantener una regulación ineficaz sobre los precios básicos de la economía. El proceso inflacionario, que se exacerbaba en esos años, provenía de una fuerte presión de demanda ante el despilfarro fiscal, pero también, y en forma importante, de la elevación de los principales costos de la economía, la creciente recesión que contribuía al incremento de los costos unitarios de producción y las expectativas de una población que se iba acostumbrando a vivir con la inflación y por lo mismo trataba de protegerse de ella. Al no percibir el problema como un fenómeno de causas múltiples, el gobierno de Belaúnde trata de resolverlo a través de una fuerte contracción del déficit fiscal, vía incremento de los ingresos y restricción del gasto público. Esta política fue sumamente recesiva y tuvo efectos limitados en el control de la inflación, ante el fracaso y posterior abandono de una auténtica reforma tributaria y un ajuste de los gastos del sector —esto último producto de la necesidad de enfrentar las obligaciones corrientes del gobierno. Por lo mismo, se recurrió, básicamente, al incremento constante de los precios de los bienes y tarifas públicas lo que terminó retroalimentando el proceso están fraccionario. A medida que la crisis se intensificaba el gobierno se vio obligado a restringir fuertemente sus gastos, aunque los programas de inversión pública se restringieron en menor medida que en crisis anteriores

COMPORTAMIENTO DEL ESTADO EN LA ECONOMIA DURANTE LA DECADA DE LOS 80

Veamos a continuación algunos indicadores que refuerzan las afirmaciones hechas líneas arriba respecto del comportamiento del Estado en la economía durante la década del 80. Como se aprecia en el Cuadro 1 el sector público no financiero participó entre 1980 y 1988, en promedio, con 15.93% del valor agregado generado en la economía. Dicha participación, tal como se puede apreciar en el Gráfico 1.1, fue creciendo en forma importante desde 1980, en que el sector público representaba el 11.81% de este valor agregado, hasta 1985 en que este ratio alcanzó la cifra de 19%; a partir de ese momento esta participación empezó a caer sostenidamente como producto de la deplorable situación del sector público, de tal forma que es muy probable que para 1989 se alcance nuevamente la participación que el Estado tuvo en 1980 en la generación del producto final de la economía. En cuanto al empleo, podemos apreciar un sector público muy "productivo", con una participación creciente en el personal total ocupado en la economía, que en 1986, última fecha para la que se dispone de información, alcanzó el 15.46%. Sin embargo, esta

generación de empleo representa, en la generalidad de los casos, un incremento de la burocracia excedentaria del sector y no mayores progresos en la producción y productividad del mismo. Respecto de la formación bruta de capital podemos apreciar que el Estado ha representado en promedio alrededor del 25% de su valor total, entre 1980 y 1988. No obstante, en los últimos años se puede apreciar una caída paulatina de esta proporción, alcanzando en 1988 tan sólo un 17.54%. Esta situación se explica no sólo por el menor énfasis del gobierno aprista en los programas de inversión pública respecto de aquel que mostró el segundo gobierno de Belaúnde, sino también por las fuertes restricciones fiscales y de financiamiento externo que enfrentó la administración de García y que generó un recorte de los principales proyectos de inversión del sector. Estas mismas limitaciones explican la caída de la participación del consumo público en el consumo total de la economía: siendo en promedio 15% entre 1980 y 1989, en 1988 y 1989 alcanzó cifras por debajo de este nivel (una presión tributaria de menos de 6% en 1989 nos podría dar una buena indicación del porqué de esta situación). Finalmente, si analizamos la posición de comercio exterior del sector público podremos apreciar una reducción de su participación, tanto en el nivel de exportaciones como aunque en menor medida en el de importaciones, durante los últimos años de nuestro período de estudio. Sin embargo, la crisis no es tan notoria en estos indicadores, básicamente porque el Estado es uno de nuestros principales agentes de comercio exterior. Las cifras analizadas nos permiten concluir en este acápite que si bien el deterioro del sector público en la década de los ochenta ha sido notable, la agudización de los problemas económicos peruanos en sus últimos cinco años sumió a este sector en una de las crisis más agudas de su historia republicana.

INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO Para realizar el análisis de usos y fuentes de fondos públicos, nos hemos concentrado en el sector público no financiero, no sólo porque la parte financiera es poco representativa dentro de todo el sector, sino básicamente por la limitación de información fidedigna para el período de análisis. Hemos mantenido la división que tradicionalmente se utiliza para analizar el sector público en nuestro país, es decir, aquella que lo divide en gobierno central, empresas públicas no financieras y resto del sector público no financiero, cerrando el análisis con un cuadro consolidado para todo el sector. Para la preparación de esta información nos hemos basado en un trabajo similar realizado para Bolivia1 y en información estadística elaborada por el Banco Central de Reserva (BCR). En el caso del gobierno central, como se aprecia en los Cuadros 2 y 3, hemos considerado como fuentes de fondos del subsector a los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios y los ingresos de capital. Dentro de los ingresos tributarios se han considerado los impuestos directos (a la renta, al patrimonio, a la exportación y a la revaluación de activos), los impuestos directos (a la importación y a la producción y consumo) y los otros ingresos tributarios (la amnistía tributaria y otros ingresos tributarios menores). En el caso de los ingresos no tributarios se han incluido las tasas, las rentas de propiedad (canon y regalías), los recursos propios y las transferencias, los

documentos valorados (certex y otros) y otros ingresos no tributarios menores. En el caso de los ingresos de capital se ha tomado el total consignado por el Banco Central de Reserva según su definición de tal rubro: "son los recursos financieros que se obtienen de modo eventual y que alteran de manera inmediata la situación patrimonial". En cuanto a los usos de fondos del gobierno central se han considerado básicamente los gastos corrientes operacionales, los gastos corrientes financieros y los gastos de capital. Dentro de los primeros se encuentran el pago de remuneraciones, la adquisición de bienes y servicios, las transferencias (a las empresas públicas no financieras, a las instituciones públicas y a los gobiernos locales y otros) y los gastos en defensa. Dentro de los gastos corrientes financieros se encuentran los pagos de intereses de deuda interna y externa. Cabe resaltar a este nivel que en todos los casos los pagos de intereses consignados son devengados (es decir, los que corresponden al período) dada la imposibilidad de obtener los gastos financieros efectivamente realizados en cada período; por lo mismo este procedimiento generará un déficit "devengado" que será ajustado con el correspondiente financiamiento externo o interno; es decir, si consideramos en un período determinado un pago de intereses devengado pero no efectivizado estaríamos sobreestimando el déficit, lo que se compensa con un financiamiento externo o interno (bien sea pago de intereses de deuda externa o interna) mayor, ya que en realidad esa postergación del pago de un compromiso ya adquirido no es otra cosa que una forma de financiamiento por parte del acreedor. Algo similar ocurre en el resto de subsectores públicos cuando consignamos el pago de intereses. Un uso de fondos adicional para el gobierno central son los gastos de capital que incluyen inversión real (formación bruta de capital), inversión financiera, transferencias (a empresas públicas, a instituciones públicas, a gobiernos locales y otros) y otros gastos menores. Finalmente, tenemos el saldo no financiero del gobierno central (saldo global - deuda externa), el saldo global (fuentes - usos), y los totales de financiamiento interno y externo que sustentan esos saldos.

PBI

Dicho comportamiento estuvo influenciado por condiciones adversas en el entorno económico - financiero, entre ellas figuran: elevada disminución del PBI del 11.9% en términos reales cierre del financiamiento externo a consecuencia de la primera crisis mexicana de la deuda, elevados niveles de la tasa de interés internacional, que en promedio resultaron superiores a años anteriores y presencia de fenómenos climatológicos que ocasionaron desastres naturales.

POLÍTICA MONETARIA: La política monetaria es una parte de la política económica que es responsabilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entidad autónoma e independiente del Gobierno Central. La política monetaria son las decisiones que toma el Banco Central de Reserva en relación al control de la oferta monetaria. La herramienta principal de política monetaria es la tasa de interés de referencia interbancaria (TIRI), definida como la tasa de interés que los bancos comerciales se cobran entre sí para préstamos de muy corto plazo. Los bancos comerciales se prestan dinero entre sí de manera rutinaria, es decir, aquellos bancos con exceso de liquidez le prestan voluntariamente a aquellos a los que les falta liquidez; la TIRI es el costo de ese préstamo y el BCR induce su cambio

en

función

de

la

meta

de

inflación

La política monetaria en el Perú: 1980-1992 1. Sector público no financiero: La política monetaria aplicada en el Perú estuvo determinada, con poquísimas excepciones, por la evolución de las necesidades financieras del sector público y el resultado de la balanza de pagos. Durante esa década, el sector público no financiero afrontó continuos y elevados déficit presupuéstales que fueron cubiertos

con recursos externos -modo de financiamiento dominante entre 1980 y 1985.

2. Evolución de la Liquidez real: La liquidez real en moneda nacional del sistema bancario muestra un comportamiento bastante inestable y decreciente a lo largo del periodo 1980-1993. Este comportamiento es resultado tanto de los continuos desequilibrios de balanza de pagos (los cuales, bajo un sistema de tipo de cambio fijo o de crawling peg, afectan el nivel de reservas internacionales netas del Banco Central), como de las necesidades financieras del sector público (las cuales afectan el nivel de crédito doméstico extendido por el Banco Central).

3. Evolución de la emisión primaria: El comportamiento de la emisión primaria es un reflejo de la evolución de dos variables: las reservas internacionales netas y el crédito doméstico del Banco Central. Ello es así porque la autoridad monetaria emite tanto para comprar reservas, como para satisfacer las necesidades de financiamiento interno, especialmente del sector público. La evolución de las reservas depende del sistema cambiado vigente: si se tiene un sistema de tipo de cambio fijo o un sistema de crawling peg, las reservas estará determinado por el resultado de la balanza de pagos. Bajo ambos sistemas, el BCRP debe realizar operaciones cambiarias (compra o venta de dólares) con el objetivo de mantener el tipo de cambio en los niveles prefijado.

Crédito interno del BCRP 1980

4. La política de encajes y el multiplicador monetario:

A partir de 1980 la

tarea de establecer las tasas de interés fue transferida del Poder Ejecutivo al Banco Central de Reserva, entidad que siguió ejerciendo esa labor hasta julio de 1990. Desde entonces, las tasas de interés se vienen estableciendo a través del libre juego de la oferta y la demanda (aunque el Banco Central puede establecer topes). la política de tasas de interés en moneda nacional apuntó a otorgar al ahorrista un rendimiento real positivo, por lo cual la tasa de interés nominal fue elevada frecuentemente para compensar los aumentos observados en la tasa de inflación.

5. Una regla de política monetaria para el caso peruano: Las dificultades que tiene el Banco Central para realizar operaciones de mercado abierto -resultantes de la inexistencia de un importante mercado de capitales y de instrumentos de deuda pública interna- hacen difícil de aplicar el control de la tasa de interés en el Perú en las actuales condiciones. Por este motivo, es razonable que la política monetaria esté fijada en términos del control de la base monetaria, como sucede hoy en el Perú. La velocidad de circulación del dinero en el Perú La velocidad de circulación de dinero, es posible determinar en el corto plazo la cantidad de dinero necesaria para obtener un ingreso nominal dado, y en el largo plazo -donde el ingreso real tiende a su equilibrio de estado estacionario-, la cantidad de dinero necesaria para generar un nivel de inflación dado.

GRAFICOS MACROECONOMICOS DE 1980 - 1985

POLITICA COMERCIAL La política comercial se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado, para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. 1980 -1985 La política comercial estuvo dirigida a favorecer las actividades productivas consideradas prioritarias. En cuanto a las importaciones, se adoptaron medidas, mayormente para-arancelarias, tendentes a la protección de la producción de determinados bienes. En relación a las exportaciones, se continuó incentivando aquellas de productos no tradicionales, lo que contribuyó a atenuar su disminución. Por su parte el valor exportado de productos tradicionales disminuyó a consecuencia de la adversa evolución de sus precios internacionales. ARANCELES: Con el objetivo de mejorar los ingresos tributarios, en marzo de 1983 se sustituyó la sobretasa arancelaria de 15 por ciento sobre los derechos advalorem a las importaciones por una de 10 por ciento sobre el valor CIF de

las mismas. Se exceptuó de tal medida a las importaciones efectuadas por el Estado, a las amparadas en franquicias derivadas de compromisos internacionales y a las correspondientes a productos libres de arancel, principalmente. En 1983 se otorgó también rebajas arancelarias temporales a varios productos alimenticios -azúcar, papa, aceites, entre otros-, con la finalidad de complementar la oferta interna, afectada por los desastres de la Naturaleza. Debe igualmente resaltarse las rebajas arancelarias a los paquetes CKD, destinados a favorecer a la industria automotriz. Con relación a las modificaciones a las tasas arancelarias, debe destacarse el incremento de los derechos ad-valorem CIF dispuesto a principios de 1985, mediante el cual estas tasas aumentaron entre 1 y 8 puntos porcentuales según el rango en que se ubicara la tasa previamente vigente. Por otro lado, un conjunto de partidas correspondientes principalmente a productos de consumo final no esencial vio elevar sus tasas ad-valorem CIF en 10 puntos porcentuales. El conjunto de estas medidas se tradujo en una elevación del promedio arancelario pasando éste de 42 a 46 por ciento, nivel que prevaleció hasta fines de año. Otras modificaciones efectuadas en el arancel incluyen el incremento de la sobretasa sobre el valor CIF, de 15 a 17 por ciento, dispuesto en mayo, y aquella que aumenta los derechos ad-valorem a la importación de licores de 90 a 120 por ciento, dictada en octubre. Con lo cual resulta incrementado el arancel máximo del universo arancelario a dicho nivel. Con respecto a las exportaciones, las modificaciones en la política comercial fueron menores y estuvieron referidas a productos no tradicionales. Entre ellas, cabe mencionar el traslado dispuesto a fines de 1984 pero válido para 1985, de 5 puntos porcentuales del CERTEX complementario al CERTEX básico; y la elevación del CERTEX otorgado a los productos artesanales a 35 por ciento.

A principios de la década de 1980, en medio de un contexto externo favorable, el nuevo gobierno de Fernando Belaúnde redujo la dispersión arancelaria y el promedio arancelario a 32 por ciento, siendo la medida más importante la desactivación de las barreras no arancelarias, de manera que el 98 por ciento del universo de las partidas arancelarias quedó bajo el estatus de libre importación. La situación cambió con el inicio de la recesión mundial y la declaratoria de moratoria unilateral del pago de la deuda externa por parte de México. Inicialmente, se impuso sobretasas arancelarias para mejorar la recaudación fiscal y atenuar los desequilibrios de las cuentas externas, pero luego se continuó con el aumento de los aranceles, los cuales se elevaron a un promedio de 41 por ciento a fines de 1983. Esta tendencia continuó y a fines del gobierno de Belaúnde el arancel promedio era ya de 63 por ciento, mayor en 24 puntos porcentuales en relación con el inicio de la década. Esta reversión del proceso de liberalización comercial fue resultado de la falta de convicción del gobierno por mantenerlo, así como de las crecientes presiones de los industriales por una mayor protección en una situación de crisis económica.

BALANZA DE PAGOS: Es necesario anotar que el efecto sobre la balanza de pagos de tales medidas, sumado fundamentalmente al del adelanto cambiario, implícito en el reajuste efectuado a principios de agosto, coadyuvó a la reducción de las presiones por divisas. Complementariamente se creó el Mercado Financiero de Moneda Extranjera, con una cotización claramente diferenciada de la del Mercado Único de Cambios, el cual permitió atender los requerimientos de divisas para usos considerados no prioritarios, y facilitar el incentivo a las exportaciones.

Balanza Comercial: El deterioro de los precios promedio de las exportaciones tradicionales tanto en términos nominales como en relación al de las importaciones, aunado a la reducción ocurrida en el volumen exportado, determinaron una menor capacidad para importar. De otro lado, el efecto de las medidas de política comercial dictadas en octubre, así como el incremento del tipo de cambio real, determinaron una reducción en las importaciones, que permitió, a pesar de las menores exportaciones, que el superávit comercial aumentara en relación al de 1984. Exportaciones: Las exportaciones alcanzaron un valor FOB de US$ 2,966 millones, inferior en US$ 181 millones al totalizado durante el año anterior. Este resultado ha sido

influenciado por una persistente reducción en los precios internacionales de la mayoría de nuestros productos tradicionales; y constituye el punto más bajo de una tendencia, en promedio, decreciente iniciada en 1980. Por otra parte, las exportaciones no tradicionales en conjunto, alcanzaron en 1985 un nivel ligeramente inferior al registrado el año precedente, no obstante el importante incremento en las ventas efectuadas dentro del programa de pagos en especie de parte de la deuda pública externa. La evolución adversa de las exportaciones de los diversos productos tradicionales se derivó en gran parte de la reducción ocurrida en sus respectivos precios, excepto en los casos específicos del cobre, hierro y café. A nivel de grupo de productos, el mayor efecto negativo se observó en el caso de los mineros, cuyas ventas externas registraron un valor inferior en US$ 108 millones al que se hubiera obtenido de no haber variado sus precios. Por otro lado, en el caso de los productos agrícolas, el efecto precio adverso sobre el valor exportado de algodón y azúcar fue parcialmente contrarrestado por el favorable efecto precio del café.

Importaciones: El valor FOB del total de importaciones también descendió durante 1985 al nivel anual más bajo registrado desde 1979. Ello se debió a una conjunción de factores entre los que están el aumento del tipo de cambio, la elevación del arancel promedio, la adopción de restricciones paraarancelarias y las dificultades de acceso a líneas de crédito comerciales del exterior. La contracción de US$ 271 millones en las importaciones totales tuvo lugar, en casi tres cuartas partes, en las efectuadas por el sector privado. La reducción de las compras de mercaderías del exterior del sector público, financiadas a largo plazo, explica la parte restante. De acuerdo a la clasificación CUODE, las importaciones de bienes de capital fueron las que mayor declinación experimentaron. Las realizadas por el sector público disminuyeron como consecuencia del menor nivel real de la inversión estatal, y fueron parcialmente contrarrestadas por el ligero crecimiento de las adquisiciones del sector privado.

Las importaciones de bienes de consumo decrecieron debido a que no se realizaron adquisiciones de arroz y azúcar, a las medidas arancelarias y paraarancelarias dictadas y al incremento del tipo de cambio. Asimismo, durante el período se redujeron las importaciones de insumos, principalmente por parte del sector privado. Por su lado, el sector público disminuyó sus compras de insumos alimenticios, tales como trigo y aceite de soya. Ello se reflejó en la disminución del valor conjunto de las importaciones de los principales alimentos. En dicha evolución se observó tanto una declinación de los volúmenes físicos como una reducción significativa de los precios en el mercado internacional.

Intercambio comercial por países El intercambio de mercaderías con el exterior continuó concentrado en un reducido número de países, de forma tal que el 58 por ciento de las ventas

externas fueron dirigidas a 5 países y el 56 por ciento de las importaciones provinieron de 4 países. Estados Unidos continuó siendo nuestro principal cliente, dirigiéndose a su mercado aproximadamente la tercera parte de nuestras exportaciones, tanto de productos tradicionales como de no tradicionales. Asimismo, este país continuo siendo el principal proveedor de nuestras importaciones, no obstante su menor importancia relativa, provocada por la disminución de las compras de insumos y bienes de capital para la industria. La reducción de las importaciones de trigo y aceite provenientes de este país reflejó los mayores volúmenes importados de Argentina inducidos por los menores precios ofrecidos. Japón constituyó el segundo cliente comercial en importancia. Hacia este país se dirigió el 10 por ciento del total de exportaciones. Los envíos estuvieron compuestos casi en su totalidad por productos tradicionales. Del mismo modo, Japón cubrió el 10 por ciento de las compras efectuadas constituyéndose en el más importante proveedor de equipo de transporte. Con respecto al intercambio con países latinoamericanos, Argentina y Brasil proporcionaron el 10 y 7 por ciento de las importaciones, respectivamente. Del primero se adquirió trigo, aceite de soya y carnes. Por su parte, Brasil se constituyó en el segundo proveedor de equipo de transporte (40 por ciento de las compras a este país). Por el lado de las exportaciones, a Ecuador y Colombia se les vendió derivados de petróleo, zinc refinado y productos no tradicionales. En conjunto, a ambos países fue dirigido el 5 por ciento del total

de nuestras exportaciones. DEUDA EXTERNA: A partir de 1983, la caída de los precios de los metales desencadenó una preocupante crisis económica, que se evidenció con las dificultades para el pago de la deuda externa, un fuerte aumento de la inflación y la devaluación del sol. El segundo gobierno belaundista, apoyado en el legislativo por el Partido Popular Cristiano, apostó por tomar medidas orientadas a restablecer el orden económico y la estabilidad política. Enfrentado a la crisis de la producción agraria, la debilidad de la burocracia pública, el surgimiento de Sendero Luminoso/MRTA y al fenómeno del Niño (1983), encaró un obstáculo mayor que determinó la necesidad de ajustes económicos importantes en el país: la agobiante deuda externa heredada del decenio anterior. El endeudamiento externo fue tan voluminoso que en 1978 llegó a representar más del 60 % de las exportaciones. Esta situación se agravó en los años que siguieron. En la medida en que los préstamos se volvieron más costosos y los plazos cada vez más perentorios, esas colocaciones, en lugar de apoyar a la estructura productiva, reforzaron los patrones tradicionales de dependencia y subordinación al mercado. Una muestra del extremo a que se llegó es el presupuesto de la República para 1983, que destinó alrededor del 40 % para cumplir con las deudas contraídas, y la balanza de comercio, que asignó más del 50 % de las exportaciones al mismo fin. El total de la deuda externa, pública y privada, alcanzó a fines de 1985, US$ 13,794 millones, incrementándose ligeramente con respecto al del año anterior. La mayor proporción de dicho monto estuvo conformada por vencimientos mayores de un año.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A fin de profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como propiedad

intelectual,

inversiones,

políticas

de

competencia,

servicios

financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. TRATADO DE MONTEVIDEO DE 1980 El Tratado de Montevideo de 1980 fue firmado el 12 de agosto de 1980, entrando en vigor el 18 de marzo de 1981, por los mismos países conformantes de ALALC - La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio , que son los siguientes de acuerdo al grado de desarrollo: 

Países de menor desarrollo económico relativo; Bolivia, Ecuador y Paraguay.



Países de desarrollo intermedio; Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela.



Países con un alto desarrollo económico; Argentina, Brasil y México.

POLITICA DE RENTAS En economía, una política de rentas es aquella que persigue el control de precios y de salarios, normalmente como respuesta a la inflación y como forma de fijar precios y salarios por debajo de los del libre mercado. PERIODO 1980 – 1985 PRECIOS La inflación alcanzó un promedio mensual de 7.9% evolución en la que influyeron la elevada tasa devaluatoria y el incremento de precios de los productos controlados, que continuaron la tendencia creciente en el segundo semestre de 1982. Un factor adicional e importante, fueron los desastres de la naturaleza, que afectaron la producción y el normal abastecimiento de alimentos, lo cual influyó en el fuerte aumento de precios de los alimentos no transables.

INGRESOS La calda de la producción en los diferentes sectores de la economía y la consiguiente contracción de las cantidades comercializables indujo a una fuerte reducción del poder adquisitivo del ingreso de las empresas y de los trabajadores, estimándose que el ingreso promedio real de estos últimos registró una disminución de 11.9 por ciento respecto a 1982. El grupo más afectado fue el de trabajadores dependientes, pues las remuneraciones de obreros y empleados disminuyeron en 17 y 16 por ciento respectivamente, en tanto que los ingresos de los trabajadores independientes se deterioraron en 7 por ciento. Dentro de este último grupo, quienes prestan servicios intensivos en mano de obra habían logrado en años anteriores protegerse de la inflación, incrementando sus precios, pero en 1983 vieron limitada tal posibilidad ante las fluctuaciones de los mercados laborales y de bienes y servicios.

INFLACIÓN La inflación durante 1980, medida a través del incremento en el índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana, alcanzó el 60.8 por ciento en el período comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre, lo que significó una reducción de 6 puntos respecto a la tasa del año anterior. El aumento promedio anual fue de 59.2 por ciento, y representa una desaceleración de 8

puntos, respecto a la inflación promedio del año anterior. Sin embargo, esta desaceleración se explica por la política aplicada durante el primer semestre, de postergación de ajustes en los precios sujetos a control. Durante esos meses los ajustes realizados fueron mínimos, acentuándose durante el segundo semestre pero sin llegar a situar los precios en sus niveles de equilibrio, por lo que fue necesario mantener importantes subsidios, principalmente en los casos del arroz y del aceite. Como consecuencia de esta política se trasladaron presiones inflacionarias a 1981. Se pueden mencionar, como factores que incidieron en el mantenimiento de la elevada tasa de inflación, los siguientes:  

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El incremento de 130 por ciento en las reservas internacionales netas, que contribuyó directamente al aumento de la liquidez Los déficits económicos del Gobierno Central y del Resto del Sector Público que ascendieron a S/. 141 mil millones y S/. 138 mil millones, respectivamente, equivalentes, en conjunto, al 5.6 por ciento del PBI, que igualmente afectaron el nivel de la liquidez Las expectativas inflacionarias existentes;' que incidieron particularmente en el incremento de precios 36 los productos industriales.

EMPLEO PEA:

DESEMPLEO Para el año 1985, el país se encontraba en una situación económica deplorable con el dólar equivalente a 12,000 soles, y una inflación de 230%, una deuda externa de increíblemente alta de más de $14,000 millones de dólares, con la tercera parte de la PEA en una situación de desempleo.