FALSOS POSITIVOS

FALSOS POSITIVOS, VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El conflicto social y armado que azota a

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FALSOS POSITIVOS, VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

El conflicto social y armado que azota a nuestro país desde hace décadas, ha sido una tradición a lo largo de la historia de la violencia en colombiana, desde el principio del presente siglo cobraron auge las denuncias por muertes de personas que posteriormente aparecían enterradas en fosas comunes o en cementerios clandestinos. En la totalidad de los casos denunciados, por los familiares de las víctimas manifestaban que sus parientes no tenían vinculación alguna con grupos armados y afirmaban, con sorpresa, que hasta pocos días atrás ellos tenían una vida simple y humilde. Colombia sufrió una extraordinaria transformación en el conflicto armado, desde el ascenso de Uribe al poder. En agosto de 2008 se dio a conocer a la opinión pública el homicidio de varios jóvenes de diferentes regiones por parte de las Fuerzas Militares, los cuales fueron presentados como miembros de grupos subversivos, de bandas criminales y de delincuencia común abatidos en combate, escándalo que se bautizó con el apodo de “FALSOS POSITIVOS” Los falsos positivos son asesinatos de civiles inocentes, por parte de las fuerzas militares para presentarlos como bajas en combate. Estos se consideran de lesa humanidad porque se está violando el principal y más importante derecho fundamental que es el derecho a la vida, sin ella no se podría desarrollar ninguno de los demás derechos que la Constitución y las leyes consagran en favor de nosotros los colombianos. Los falsos positivos desde hace varios años se convirtieron en un mecanismo cruel mediante el cual funcionarios del ejército en complicidad con el gobierno de Uribe quisieron demostrar resultados frente a ataques en contra de grupos al margen de la ley, específicamente la guerrilla de las Farc, con el cual se “capturaban” campesinos, trabajadores, personas discapacitadas y personas del común y que preferiblemente fueran de zonas rurales, en las que se encontraban las operaciones militares contra la guerrilla con familias de escasos

recursos o desempleados. En otros casos simplemente se buscaban a indigentes o marginados a quienes nadie reclamaría. Después del reclutamiento los disfrazaban de guerrillero, e incluso le entregaban munición para generar huellas digitales en el arma. Los mismos militares eran los encargados de la ejecución a quema ropa, luego se manipulaban las escenas del crimen para simular una baja legítima producida en combate, muchas veces estas escenas macabras no tenían coherencia, ya que las víctimas llevaban dos botas del pie izquierdo, uniformes de tallas muy superiores, o portaba el arma en la derecha siendo zurdo. Esto fue un hecho ruin y denigrante, que no sólo cegó la vida de los supuestos guerrilleros, sino que además denigró, mancilló la dignidad y la honra de muchas familias. Según las Naciones Unidas, los derechos humanos son inherentes al ser humano, sin distinción de sexo, raza o nacionalidad, religión, lengua o cualquier otra condición, y todos los Estados deben garantizar a sus habitantes tales derechos, según lo establece la constitución y las leyes que lo consagran en favor de nosotros. Siendo el Estado el principal garante de los derechos humanos, resulta condenable y reprochable que sea éste a través de sus más altos funcionarios y entidades, las cuales, por mandato constitucional tienen la obligación de proteger y salvaguardar la vida, la honra de los colombianos, un orden social justo y pacifico; quienes orquesten y ejecuten actos criminales que atenten contra la vida de sus compatriotas. En síntesis, el Estado Colombiano en cabeza de su primera autoridad administrativa y de gobierno, el Presidente de la República, es el principal responsable de la violación de los derechos humanos, porque los mismos militares que salvaguardan la vida de los colombianos, han sido quienes han ejecutado a personas que nada han tenido que ver con el conflicto armado, y adicional a ello, las investigaciones que buscan esclarecer los hecho no han avanzado, desconociendo el derecho que tienen los familiares a ser reparados y a saber la verdad, que es una de las formas de reparar a una víctima.