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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas Maracay- Edo. Aragua

Ética y valores en la sociedad venezolana

Prof.: Ciro Dorantes

Alumno(a)s: Victor Martinez

27.050.837

Maurely Gamez

27.541.880

Cesar Aray

27.568.799

Daniel Medina

27.425.611

Yulimar Chirino Fecha: 04/10/2018

INTRODUCCIÓN Venezuela es conocida por la calidez y solidaridad de su gente. La sociedad se ha desarrollado conforme crece su población y con ello, hoy en día las personas han dejado de preocuparse por las cualidades de valor para el hombre, para prestarle importancia a los intereses y problemas individuales que aquejan a la sociedad venezolana en la actualidad. Los valores son cualidades que posee una persona, estos por lo general están asociados a la moral, la educación y la cultura de cada sociedad, pero muchos de los valores se han transformado en antivalores. La pérdida moral de los venezolanos y el surgimiento de los antivalores están vinculados con las deficiencias y precariedades del país, puede ser en materia económica, social, cultural, religiosa y hasta política, lo cierto es que las personas no le ven sentido a generar acciones en pro de los valores y su uso como alternativas a la buena vida en sociedad.

DESARROLLO En el caso de las relaciones entre civiles y militares, las distintas teorías apuntan a desentrañar las características y modalidades de la relación entre una sociedad y sus fuerzas armadas. Entendemos aquí por relaciones cívico-militares la dinámica de la relación existente entre determinada sociedad, expresada (y representada) en un Estado, y el instrumento militar del mismo. Esta dinámica incluye tanto las alternativas del diseño y ejecución de la política de seguridad y defensa como la relación que el aparato militar del Estado entabla con los representantes electos. El concepto de relaciones cívico-militares, acuñado por la sociología militar para explicar la dinámica de la relación entre el sector civil y el sector militar, ha sido objeto de debate. Se ha debatido, por ejemplo, que el concepto correcto a utilizar es el de relaciones político-militares planteando que la problemática histórica de los países resulta de la relación entre las fuerzas armadas y la clase política, y no entre aquéllas y la sociedad.1 Pero esta distinción aparentemente semántica encierra en realidad una problemática más profunda. Si el militar profesional sirve a los ciudadanos de un Estado, en un régimen democrático esto significa que el gobierno legítimamente electo representa a la sociedad, y que la relación entre la clase política y los militares es una de las expresiones de las relaciones entre sociedad y fuerzas armadas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 322 establece: “La Seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional”. Estas consideraciones de rango constitucional, aunadas al nuevo enfoque de los problemas de seguridad, abren una amplia gama de participación que no se circunscribe solamente al ámbito militar, ya que la Nación exige que sus intereses se basen en la amistad y en las relaciones recíprocas del Estado y la Sociedad, implicando necesariamente la integralidad de sus acciones sobre la base del valor, la habilidad y la constancia, en la formación de un espíritu nacional derivado de los valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado como son, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. El concepto de desarrollo integral se encuentra en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, estableciendo que: "El desarrollo integral, a los fines de esta Ley, consiste en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos continuos de actividades y labores que acordes, con la política general del Estado y en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, se realicen con la finalidad de satisfacer las necesidades

individuales y colectivas de la población, en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar." Pero dicho desarrollo antes mencionado se ve en un estado de decadencia. En Venezuela se ha perdido el respeto entre las personas, el respeto a las instituciones y también a los principios de legalidad, legitimidad y moralidad que son el sustento del entramado jurídico, legal y constitucional. La democracia es el sistema que debe garantizar el pleno disfrute de las libertades individuales; hacer cumplir las leyes y del fortalecimiento del Estado de Derecho; el todo dirigido a impulsar el progreso individual y colectivo con base en convicciones y valores compartidos entre los diversos estamentos de la sociedad. Los antivalores se deben desechar y los valores cultivar. Tomando la iniciativa y practicándolos se podrán mejorar las relaciones de convivencia y aceptación con los otros, lo más importante siempre será mantener el respeto. La buena convivencia con las personas es el factor fundamental para vivir en armonía. Si no estás bien internamente no podrás seguir adelante. La honestidad, lealtad y esperanza son valores esenciales para el buen desarrollo de cualquier sociedad. En este nuevo contexto el tema de la Seguridad de la Nación, íntimamente ligado a la Defensa y al Desarrollo integral y el papel que juegan la sociedad civil y la Fuerza Armada en la nueva institucionalidad que sustentan, es que se conjuga una triangulación de un nuevo modelo que demanda repensar los enfoques que sirvieron para brindar soporte a las explicaciones teóricas de la doctrina de Seguridad de la Nación y que hoy día no responden a la dinámica socio-política del proceso antes señalado y que pretende la refundación de la República. El texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, establece que: La Seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren el espacio geográfico nacional. Considerando que entre los principios fundamentales de la Constitución de la Republica, se encuentra que el fin esencial del Estado es la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, y el ejercicio democrático de la voluntad popular, es imperativa la conclusión de que el Estado se debe al ciudadano y que éste (el Estado) ha sido concebido para su protección en tanto, es el Ciudadano el centro de toda la actividad que el Estado despliega para darle cumplimiento a los principios fundamentales consagrados en el texto constitucional, entre los cuales destaca el que toda persona tiene

derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley frente a situaciones que se consideran amenazas. Sin embargo, la nueva forma de participación en el proceso de defensa conduce así mismo, a generar las condiciones en las cuales se estarán garantizando la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, mediante un proceso de desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional, entre otras. Estas necesidades están referidas a todas aquellas vinculadas con la seguridad personal y de sus bienes particulares así como de los elementos culturales básicos que constituyen la nacionalidad, de esta forma el Estado a la seguridad ciudadana, conformándose una relación simbiótica que ofrece mutuos beneficios. La participación en el desarrollo implica que dentro del marco de la corresponsabilidad en materia de seguridad, el Estado deberá, en tiempo de “no conflicto,” promover y generar las condiciones necesarias y suficientes que permitan a la sociedad civil participar desde cualquiera de sus ámbitos de actuación particular y de sus propias competencias en esta actividad, de esta manera estará garantizando el sostenimiento logístico de la defensa militar, en caso de agresión, en este momento podría decirse que el ciudadano contribuye a la seguridad del Estado y que sin lugar a dudas es necesaria para garantizar la propia seguridad ciudadana. La nueva forma de participación en el proceso de defensa conduce así mismo, a generar las condiciones en las cuales se estarán garantizando la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, mediante un proceso de desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional, entre otras. Estas necesidades están referidas a todas aquellas vinculadas con la seguridad personal y de sus bienes particulares así como de los elementos culturales básicos que constituyen la nacionalidad, de esta forma el Estado a la seguridad ciudadana, conformándose una relación simbiótica que ofrece mutuos beneficios.

CONCLUSION La construcción de instituciones democráticas y la predominancia política sobre los asuntos militares -y más aún, la no intervención en política- necesita un ambiente de pensamiento democrático donde desarrollarse, una conducción de parte de quienes son electos para esa tarea, y la respuesta de los mandos militares de adherir al sistema. Si alguno de estos elementos no se encuentra presente, la democracia se pone en riesgo. Este riesgo no se refiere sólo al ámbito formal o legal. El problema actual más severo respecto de la democracia en la región no estriba tanto en la ruptura del orden legal, sino en la profunda falta de legitimidad que los gobiernos democráticos poseen ante los ciudadanos. Las relaciones cívico-militares refieren a tres actores: la institución militar, los representantes político-estatales, y la sociedad en su conjunto. Por tanto, a cada uno de ellos corresponde observar qué situaciones o características de su comportamiento ejercen influencia sobre el desarrollo del control civil, y cómo puede operarse sobre ello. Si la construcción de control ha experimentado hasta el momento diversas etapas ello ha demostrado ser escasamente efectivo. La experiencia académica ha tomado distintas piezas de una realidad compleja no sólo a medida que se debatía y reflexionaba sobre diversos avances teóricos, sino también en cuanto la circunstancia lo permitía. No puede en este sentido obviarse el hecho de que la reconstrucción democrática en algunos países de la región contó con severos condicionamientos políticos, principalmente resistencias militares. Sin embargo y como hemos visto, aún en el caso en el que no hubo condicionamiento a la transición -el argentino- tampoco se logró establecer pautas de control que permitieran el avance de la institucionalización. Así, el abordaje progresivo de la problemática del control civil debe ser reemplazado por una consideración simultánea y sistemática de las variables que en él intervienen. A partir de las diversas propuestas teóricas, de la realidad observada y de la consideración de los tres actores que intervienen en el proceso, surge que la problemática de la construcción institucional democrática y del control civil tiene ante sí básicamente: -.Una institución militar cuya mentalidad profesional lo acerca o lo aleja de la intervención; -.Representantes político-estatales que asumen o no la responsabilidad de conducir; -.Una sociedad que sostiene el ambiente democrático sobre el cual se apoya el control, o que vacila (y hasta proyecta) ante la intervención militar.