Ensayo Impacto Del Covid en Economia

IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ECONOMIA MUNDIAL Y CONSECUENCIAS Mayjo Gutierrez mg19-1105 En diciembre de 2019 empezamos a

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IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ECONOMIA MUNDIAL Y CONSECUENCIAS

Mayjo Gutierrez mg19-1105

En diciembre de 2019 empezamos a oír hablar de un coronavirus surgido en China, en la ciudad de Wuhan, y que más tarde se identificó como COVID-19. Dos meses después, esta nueva enfermedad se extendería a casi la totalidad del planeta y obligaría a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declararla pandemia, concepto que se usa, según la RAE, para definir cuando una enfermedad epidémica se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. La OMS recomendó la adopción de medidas drásticas de aislamiento social como estrategia para reducir el contacto cercano entre las personas y medidas higiénico sanitarias para frenar la propagación del virus. Como resultado, los desplazamientos internacionales quedaron anulados en casi su totalidad, más de la mitad de la población mundial sometida a confinamientos y cuarentenas y la actividad económica prácticamente paralizada, provocando una grave recesión por todo el planeta. Han pasado 11 meses, las cifras mundiales de la pandemia son de 39.5 millones de infectados y 1.1 millones de fallecidos. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 8 millones de contagios y más de 218.000 fallecimientos, seguido de India, que tiene 7,4 millones de casos y 112.000 muertes, y de Brasil, que rebasa los 5,2 millones de infectados y más de 153.000 decesos. Actualmente el foco principal de la pandemia se sitúa en América, donde los contagios siguen creciendo y los muertos ya superan los 606.000. Europa, que fue fuertemente impactada en los primeros meses del año, afronta ahora una segunda ola, hasta ahora ha sobrepasado los 247.000 muertos. En República Dominicana, el número de contagiados es de 121.000 y 2.195 las personas fallecidas por causa del COVID-19. La pandemia ha sorprendido al mundo entero y se ha demostrado que ningún país estaba preparado, claro, unos menos que otros. Los gobiernos de casi todos los países han tenido que recurrir de manera generalizada a decretos de urgencia para declarar la emergencia e imponer toques de queda para obligar al aislamiento social necesario para frenar al virus. En el caso de República Dominicana, los estados de excepción están regulados en los artículos 262 al 266 de la Constitución. Los estados de excepción son mecanismos institucionales previstos para abordar situaciones anormales que no pueden ser tratadas por 1

las vías habituales del gobierno. Esos estados de emergencia son necesarios para imponer restricciones a ciertos derechos de los ciudadanos, que de otra forma no hubiera sido posible limitar como el derecho al libre tránsito, de trabajo, de reunión… la limitación de estos derechos humanos ha tenido como justificación proteger el derecho más sagrado, que es el derecho a la vida. Junto a la crisis sanitaria, la pandemia está hiriendo de muerte también a la economía mundial que avanza hacia una gran recesión, dejando como resultado cifras escalofriantes de desempleados en el mundo, especialmente en Latinoamérica y el Caribe. Así lo anticipan los principales organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Con los datos actuales, la Cepal dice que para América Latina esta es “la crisis económica y social más fuerte que ha experimentado la región en varias décadas, y pone de manifiesto las debilidades estructurales de las economías”. La pandemia tendrá efectos devastadores para la economía latinoamericana. El PIB per cápita volverá a niveles de una década atrás y la tasa de pobreza se remontará a niveles de 2006. El PIB de la región bajará un 9,1% (la peor cifra histórica); el desempleo subirá hasta el 13,5%; la pobreza subirá 7 puntos, hasta alcanzar a un 37,7% de la población, más de 200 millones de personas pueden quedar bajo el umbral de la pobreza, si hablamos de pobreza extrema, pasará de 67 a 83 millones de personas. Es el peor retroceso de la economía de América Latina en 120 años y, aunque la recuperación comenzará en 2021, hasta 2023 no se recuperará el PIB anterior a la pandemia. Las sociedades más afectadas tienen sistemas de salud deficientes y desiguales, elevada informalidad laboral y sistemas de protección social reducidos a la mínima expresión. La pandemia ha dejado en evidencia las desigualdades y vulnerabilidades regionales de enormes grupos de población, como los trabajadores del sector informal y los migrantes que viven en situaciones precarias. Los Estados han tratado de cubrir parcialmente la caída de las entradas de dinero de las familias como consecuencia de la pérdida de sus ingresos laborales, pero esos programas de ayuda social son insuficientes. En palabras de la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, el continente perderá en un solo año “un decenio en términos económicos, y casi un decenio y medio en términos sociales, con el riesgo de producirse un fuerte incremento de la tensión social en los sectores más vulnerables”. El virus pone fin a más de dos décadas de reducción ininterrumpida de la extrema pobreza en el mundo. La población que sobrevive con menos de 1,9 dólares diarios pasará del 8.4% a entre el 9.1% y el 9.4%, según proyecciones del Banco Mundial. El aumento de la pobreza 2

se concentrará en los países emergentes. Sánchez Páramo, directora del área pobreza del Banco Mundial afirma que “una parte de la gente que caerá en la pobreza a raíz de la crisis son personas que ya habían salido de ella en el periodo de crecimiento anterior. En su mayoría, asalariados del sector informal”. En esta grave situación económica, los países necesitan recursos económicos y la deuda pública está subiendo de manera significativa (no puede ser de otra manera), como estamos viendo en República Dominicana, al tiempo que, con la economía semi paralizada, los ingresos fiscales se han visto claramente mermados. Pero pronto habrá que buscar el equilibrio. Según Cepal, la deuda de los países de la región, que a cierre de 2019 estaba en el 46%, cerrará 2020 por encima del 55%. En este complicado escenario recesivo cae también la confianza de los empresarios, lo cual lleva a una severa disminución de la inversión. En este contexto, la Cepal pide apostar por planes fiscales y monetarios expansivos, para tratar de neutralizar parcialmente la caída de la oferta y la demanda en un contexto de baja productividad y crecimiento estancado o negativo. Este esfuerzo habrá que pagar a futuro, pero por el momento, está sirviendo (con la aprobación de la mayoría de los estados y organismos internacionales) para evitar un colapso total de la economía. Países que no hicieron la reforma fiscal cuando sus economías boyantes lo hubieran permitido, se ven hoy en la necesidad imperiosa de aumentar sus ingresos por la vía fiscal. “El reto no es únicamente aumentar la presión tributaria, sino hacerlo de forma progresiva, a fin de que el sistema tributario contribuya también a reducir las desigualdades”. La CEPAL se ha posicionado a favor de que los Gobiernos de la región creen un ingreso de emergencia que permita a los sectores más golpeados de la población a sobrevivir durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus. En el caso de República Dominicana ha puesto en marcha varios programas de ayuda económica directa destinadas a trabajadores informales que no pueden trabajar bajo la pandemia, a trabajadores formales que han sido cesados de su trabajo y planes de beneficencia a través de alimentos, suministro de servicios básicos, bonos sociales para los hogares más vulnerables. El debate es hasta cuando serán viables estos programas desde el punto de vista del gasto público. La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, cita dos medidas que se deben tomar para aumentar la recaudación de fondos públicos, perseguir la evasión fiscal, que en la región se considera es de un 6,3% del PIB y trabajar en un nuevo pacto fiscal, con más progresividad en la recaudación y que incluya al 1% más rico. En esta misma línea se manifiesta el Fondo Monetario Internacional (FMI) que aboga por subir los impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables “Los gobiernos deben 3

tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario, y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables. Adaptar el sistema fiscal al mundo del siglo XXI y hacerlo más equitativo. Los ingresos resultantes contribuirían a pagar redes de salud y de protección social, que en esta crisis ha afectado de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad”. También Thomas Piketty, economista especialista en desigualdad económica y distribución de la renta, ha manifestado que “hay una creencia en que el problema de la deuda pública derivada del COVID-19 lo vamos a resolver ampliando el balance de los bancos centrales… pero estamos resolviendo un problema y creando otro a la vez”. Piketty plantea como alternativa hacer pagar más impuestos a los más ricos, como se resolvió la deuda pública de los países tras la Segunda Guerra Mundial. Warren Buffet y Bill Gates, dos de las personas más ricas del planeta, han defendido la postura de que los ricos han de pagar más impuestos. Las multinacionales, teniendo enormes beneficios, tienen una carga impositiva limitada. Apple, Amazon, Google, Microsoft… saben aprovechar las lagunas de los sistemas fiscales para su beneficio y reducir su aporte en impuestos. La crisis del coronavirus ha dejado en evidencia las deficiencias de los Estados (no de todos los Estados, ni por igual medida en todos) en dos dimensiones, en el marco sanitario y en la dimensión fiscal; tanto en su vertiente inmediata, cubriendo rentas para los ciudadanos y facilitando liquidez a empresas para frenar la sangría de la paralización económica, como más a medio y largo plazo, en términos de recuperación y reconstrucción. El Covid-19 nos ha dejado claro la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios públicos, asegurando el acceso universal y una cobertura extendida al conjunto de los ciudadanos, así como el abordaje de los subsidios y ayudas para los colectivos dependientes. En ambos casos, la solución plantea el reto de ampliar los recursos fiscales necesarios para su financiación. Es necesario crear nuevas reglas de juego para salir de esta crisis y esto es parte del rol del Estado. La gran mayoría de países está en estos días revisando su sistema fiscal, económico, social y laboral para resistir la embestida de esta pandemia y enfrentarla. Ahora bien, ¿qué modificaciones tributarias son necesarias? Los debates fiscales que ya estaban en marcha, como la generación de nuevos impuestos (tecnológicos, verdes y financieros), el abordaje de la evasión y elusión fiscal (algo siempre presente) y reforzar la progresividad de los sistemas tributarios. Recordar que siguen siendo necesarias las reformas que aseguren una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos. 4

Otro de los temas que han recuperado protagonismo ha sido la necesidad de crear una renta básica. La discusión acerca de la renta básica ha entrado en diferentes foros y debates en varios organismos internacionales y países. Sus defensores argumentan que es una herramienta eficaz contra la pobreza y la brecha socio económica, y aun reconociendo el costo para las arcas del Estado, piensan que es la mejor manera de frenar la desigualdad que puede llegar a provocar tensiones sociales, generando una gran inestabilidad social, lo que sí sería un riesgo para los gobiernos. Sus detractores se posicionan en contra de una economía subsidiada como antítesis del progreso y dicen que económicamente es insostenible para los Estados. Renta básica y renta mínima son conceptos usualmente utilizados, pero diferentes. La Renta Mínima está sujeta a unas condiciones socio económicas determinadas, y su propósito es garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, también se llama salario social, renta garantizada, renta de inserción o ingreso mínimo vital, en España. La Renta Básica es un ingreso que es pagado por el gobierno a cada ciudadano, es universal, independientemente de si trabaja o no y sin tomarse en consideración ninguna condición socio económica, totalmente independiente de otras posibles fuentes de renta. Los defensores lo definen como el derecho que tienen los ciudadanos a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades materiales, por el mero hecho de existir, la sociedad ha de proporcionar a cada ser humano los medios materiales que le permitan vivir con dignidad. La subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Asia y el Pacífico, Kanni Wignaraja, ha abogado por la adopción de la Renta Básica Universal, “un mecanismo necesario como parte del paquete de medidas económicas que nos ayudará a salir de este abismo”. Por supuesto, esta Renta Básica tendría que adecuarse a los programas de asistencia social ya existentes en cada país y hacer estudios profundos, para evitar duplicidades y cobrar una doble prestación. La cantidad de esa Renta Básica Universal sería diferente en cada país, pues la teoría dice que debería bastar para mantener a una persona que tenga un salario mínimo. Estamos ante la primera pandemia del mundo globalizado, ¿este es el precio que hemos pagado por la globalización? De acuerdo con el famoso sociólogo Anthony Giddens, esta es en realidad la característica determinante de la globalización, que “vincula ubicaciones distantes de tal manera que los eventos locales se moldeen por los acontecimientos que ocurren a muchas millas de distancia y viceversa”. Hace dos décadas, China tuvo un brote similar (SARS), pero este no terminó en tales consecuencias, porque el mundo no estaba así de interconectado en ese entonces.

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La primera globalización fue la comercial y económica, luego vino la globalización del consumo, internet y la inmediatez de las noticias en las redes sociales trajeron la globalización de las costumbres y hábitos sociales y culturales… ya es hora de asumir la globalización de la salud, de las prácticas saludables, la globalización de la sociedad del bienestar que proteja a los habitantes de la Tierra. Este virus nos ha enseñado la importancia del Estado y que la crisis es una oportunidad para poner en valor la sociedad del bienestar y fortalecer las políticas públicas de salud y protección social, utilizando una mejor distribución del gasto público y una fiscalidad que contribuyan a cerrar la brecha de la desigualdad. La solución a esta pandemia no es solo sanitaria, tiene mucho de política.

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