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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

“ENSAYO SOBRE LA DESTRUCCIÓN DE LA AMAZONIA”

CURSO

: ETNOLOGIA AMAZONICA

PROFESOR

: FERRUA CARRASCO, FREDI

ALUMNO

: SULCA PINTO, GRIMALDO

SERIE

: 300 – II AYACUCHO - PERÚ 2014

PRESENTACION El presente ensayo lo hice por que en el Perú y en toda la amazonia se sigue cometiendo el etnocidio y el genocidio con tal de que el estado y las empresas transnacionales solo se enriquezcan a cambio de destruir la amazonia sin que les interese que con sus actos no solo desaparece una etnia sino que con ello se van sus creencias, sus mitos, su modo de ver el mundo, su idioma, su casa su naturaleza, sus árboles, sus aguas con ello si va mucho más lo que el estado piensa. Hay una injusticia con los hermanos nativos y nadie hace nada más por el contrario se crean instituciones con el propósito de defenderlos pero estos son los que se abusan de ellos porque son sobornados y dejan que muchas empresas hacen lo que quieran con la amazonia. El salvaje no es el nativo porque se piensa que caminan desnudos, se alimentan de la recolección o porque están en el monte por el contrario el estado es el más salvaje porque son ellos los que permiten que la amazonia este destruido y deforestado son los únicos responsables de que el planeta no tenga el pulmón que aseguraría el futuro de nuestro planeta, el estado solo piensa en el presente mas no piensa que va dejar a los nietos de sus nietos hay que pensar que se podría hacer para defenderlos porque a los nativos por reclamar y defender sus territorios son asesinados para acallarlos.

Contenido INTRODUCCION.................................................................................................... 4 ORGANIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN ILEGAL................................................6 CONFLICTOS ENTRE LOS MADEREROS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ............................................................................................................................ 8 INICIATIVAS FALLIDAS DEL GOBIERNO.........................................................9 ASESINATO DE DIRIGENTES POR DEFENDER LA AMAZONIA...................13 CONSECUENCIAS................................................................................................ 14

INTRODUCCION Los pueblos indígenas aislados en la Amazonia se encuentran en situación crítica a causa de los intereses empresariales. Explotación de hidrocarburos, caza y pesca indiscriminada, y tala ilegal son algunas de las actividades que están destrozando el “pulmón del mundo”.

Alrededor existen zonas donde los bosques han sido completamente arrasados debido a la tala ilegal. “La deforestación de la Amazonia puede tener un grave impacto en el clima. La destrucción de las masas forestales libera a la atmósfera 5.000 millones anuales de dióxido de carbono, el 20% del total de emisiones”, advierte Pedro Amaya agente forestal. Varias especies de maderas están desapareciendo y con ellas la vida de los indígenas no contactados que habitan la selva. En Perú existen catorce etnias localizadas, pero no son las únicas. Podría haber más. La fundación Survival Internacional, que defiende a los pueblos indígenas, ha dado a conocer varias imágenes que muestran una nueva tribu en aislamiento en la frontera de Perú y Brasil.

El problema es que existe evidencia de extracción de madera ilegal en las reservas territoriales donde se encuentran. Esto está ocasionando enfrentamientos y muertes entre madereros y aislados. “Los taladores ilegales destruirán a esta tribu. Es vital que el Gobierno peruano los detenga antes de que sea demasiado tarde”.

La mayoría de los bosques talados han sido reemplazados por plantaciones de aceite de palma para biocombustibles y otros usos. Las consecuencias de estas son incluso peores que la tala. A los indígenas no les dejan espacio cazar y recolectar. Su modo de vida se vuelve imposible. Lo que ocurre en la región es un crimen contra la naturaleza, las tribus y la fauna. “Es un testimonio de la completa irracionalidad con la que nosotros, los ‘civilizados’, tratamos al mundo”, Según datos de una organización, la mitad de las más de 100 tribus aisladas que están en peligro por enfermedades, asesinatos o expulsiones, se encuentran entre Brasil y Perú. El mundo tiene que despertar y asegurarse de que sus tierras son protegidas de acuerdo a la ley internacional.

Todas estas actividades están llevando a la desaparición de la Selva Amazónica. El gobierno se cruza de brazos y accede a los intereses de los grandes empresarios sin escrúpulos. Mientras, las tribus indígenas luchan por sus derechos y por sobrevivir en un entorno que cada vez es más desértico y contaminado. A estos pueblos se les niegan sus derechos fundamentales más básicos, incluso el de la vida, por eso es crucial que los protejamos.

Todo esto perjudica al medio ambiente. En las siguientes líneas, se explicarán las causas en general y se pondrá mayor énfasis en las causas políticas y económicas. La causa política es la aplicación defectuosa y abandono de las mismas, aunado a la incapacidad del aparato estatal para integrar y ayudar a las zonas más deprimidas de la selva peruana. El Estado se ha olvidado de controlar, de forma efectiva, la tala indiscriminada de árboles de forma ilegal, lo cual contribuye a su depredación. Cabe resaltar que esta tiene fines de lucro, ya que esta actividad es producida por la comercialización y exportación de madera.

LA TALA ILEGAL EN LA AMAZONIA PERUANA Los bosques del Perú están bajo asedio. Por toda la Amazonia peruana, madereros ilegales y otros "legales", igualmente destructivos, se dedican al madereo a gran escala de los últimos árboles de caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata), dos especies de gran valor. De acuerdo con las últimas estimaciones, un 90 por ciento de la madera extraída en la Amazonia peruana es ilegal. Las cifras oficiales informan que la mayoría de la madera dura peruana es exportada a México, Estados Unidos, Canadá y Bélgica. Gran parte de esta madera es importada en violación de los acuerdos internacionales de protección al medio ambiente (como CITES). Por otra parte, la extracción de madera peruana muchas veces ha implicado la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, particularmente su derecho a la propiedad, a la consulta previa, a la subsistencia y a la integridad cultural.

A medida que se talaron los bosques de las zonas más accesibles, la mafia forestal peruana comenzó a penetrar cada vez más en la selva, en busca de especies cotizadas. La mayoría de estas áreas remotas forman parte de los territorios que han pertenecido tradicionalmente a pueblos indígenas, incluso comunidades no contactadas y vulnerables. En Ucayali, por ejemplo, los madereros ilegales han abierto caminos hasta lo más profundo de la Reserva Murunahua, que amenazan la integridad de los territorios de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. En una palabra, la mayor parte de la madera ilegal de Perú es extraída de las reservas comunales de las Comunidades Nativas, de las reservas de pueblos indígenas no contactados que viven en aislamiento voluntario, o de las zonas de conservación protegidas. Por indiscriminada depredación comunidad de los yaneshas podría desaparecer Mafias madereras e invasores de tierras actúan impunemente• Caoba y cedro son las especies más amenazadas • Estado pierde US$ 44.5 millones al año. Inrena advierte que hay una relación entre la depredación y la desaparición de los ríos.

Para la comunidad nativa de los yanesha no hay mercados, farmacias, colegios, ni

ferreterías que valgan. Solo existe la selva. El monte les provee alimentos, agua, medicinas, enseñanzas y las herramientas necesarias para subsistir lejos de la civilización. La causa económica se origina, por un lado, como consecuencia de las políticas, a veces contradictorias, antes mencionadas, que fuerzan a colonos y nativos a crear una agricultura de subsistencia y, por otro lado, el abandono en cuanto a una política social que los deja a merced del senderismo y el narcotráfico para el cultivo de la hoja de coca. Sobre la primera causa económica se puede decir lo siguiente: La agricultura de tumba y quema implica el corte y el incendio de un área de bosque para la siembra de cultivos. Después de uno a dos años la parcela está abandonada y otra área del bosque está limpiada. La finalidad principal de la tumba y quema del bosque no es quitar la vegetación para sembrar cultivos. La mayoría de los nutrientes está contenida en la biomasa vegetativa y no en el suelo. Esta forma es accesible, sin embargo, poco duradera (Yanggen 1999:1). Cabe rescatar que la agricultura de los colonos (migrantes, presentes allí por el Estado) es la más perjudicial porque tienen una cultura de consumismo y destrucción de bosques, ya que, por si fuera poco, no se les han facilitado buenas (fértiles) tierras. En cambio la actividad de los nativos es menos perjudicial porque dependen de otras actividades (recolección y caza). Por otro lado, se tiene al cultivo de la hoja de coca que es un factor económico muy fuerte por su alto valor como producto final, la cocaína. Por esta razón, narcotráfico y senderismo, se unen y alientan a la población económicamente deprimida a dedicarse al cultivo, lo que a su vez tiene repercusiones positivas en sus economías y negativas, como actuar al margen de la ley. En conclusión, la mayor responsabilidad recae en el Estado. Se ha preocupado por aplicar políticas, las cuales no han sido las más adecuadas, de manera forzada, en una serie de secuelas que se pudieron prevenir y trae a colación que es un problema estructural. Todo esto se traduce en una actitud por la supervivencia de toda la población que habita esa zona lo trae como consecuencia la deforestación.

ORGANIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN ILEGAL

La organización de la explotación ilegal en Perú se basa en un sistema regional amazónico que existe desde hace mucho tiempo, conocido como habilitación, el cual está financiado y

controlado por intermediarios y por una poderosa mafia maderera. Las cabezas de esta mafia suelen estar vinculadas con las estructuras de poder locales, incluido el gobierno regional. Los intermediarios (habilitadores) adelantan dinero a pequeñas bandas de leñadores equipadas (habilitadas) para ingresar al bosque a cortar árboles, los transportan a aserraderos de "blanqueado" para "legalizarlos", y luego los envían a depósitos de madera situados en los centros urbanos. Los equipos de leñadores ilegales están en constante movimiento y bien armados, y se ha comprobado que usan armas de fuego para resistir cualquier tentativa de decomisar su madera en el bosque. La tala es efectuada por trabajadores forestales sin recursos, mientras que los intermediarios y los magnates de la madera de ciudades y pueblos se encargan de la comercialización. El madereo ilegal que se desarrolla en torno a estas zonas recurre a diversas estratagemas, desde los contratos de extracción en las llamadas zonas de amortiguamiento (franjas de unos 15 km. de ancho en promedio bordeando la zona de reserva, que sirve a los extractores pues hacen pasar como proveniente de ellas la madera talada en su interior), hasta los permisos de tránsito para transportar por ríos dentro de la reserva la madera supuestamente extraída fuera de ella. También se suele “blanquear” la madera: la legalizan aserrándola con sierra cinta para borrar las huellas de haber sido aserrada con motosierra, modalidad prohibida porque implica gran desperdicio de madera, y se le preparan papeles como si saliera de zona bajo contrato. Ahora también la “blanquean” en el terreno, con aserraderos portátiles de cinta. La sonoridad y visibilidad de estas actividades que implican gente en campamentos conocidos y permanentes, chatas que transportan madera y grúas, hacen que esta actividad ilegal sea todo menos clandestino. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria, ubicada en el triángulo formado por la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, se ha identificado que trabajan un promedio de 20 hombres por campamento, y anualmente funcionan unos 50 de ellos. Es justamente en este sector del madereo ilegal donde abunda un sistema laboral asociado al no pago, a la remuneración en especies, a la prostitución de mujeres en los campamentos madereros y a condiciones de trabajo infrahumanas. La esclavitud del siglo XXI se da con el nombre de trabajo forzoso y sus víctimas son los más marginados --niños, mujeres, comunidades nativas. Esos que parecen invisibles. La competitividad obliga a buscar el abaratamiento en los procesos de producción y entonces se dan estas modalidades de explotación que deberían de ofender las conciencias. Isidoro Chahuán, motosierrista, de la etnia quichua, dice: "Trabajo por un jabón, sal, un cartucho, una camisa".

Él es lo que se denomina un trabajador habilitado. En la Amazonía, más de 30 mil peruanos de las comunidades indígenas más alejadas se encuentran en esta situación inhumana. Un informe para la OIT sobre el trabajo forzoso en la extracción de madera en la Amazonía, del antropólogo Eduardo Bedoya y el científico social Alberto Bedoya, habla de hasta tres formas en las que opera. En dos de ellas el sistema de deudas infladas y los magros pagos por la materia extraída son un denominador común. Si bien se trata de un fenómeno histórico, que data de la época colonial, ahora con el 'boom' del cedro y la caoba la industria maderera ha tenido que ir ganando espacios y por eso se ha visto forzada a internarse en territorios vírgenes, zonas de reserva comunal, parques nacionales y espacios donde hay grupos no contactados o de contacto incipientes. El caso más frecuente es el que se da cuando un “maderero-habilitador” vinculado a grandes empresarios madereros, entrega en la ciudad una cantidad de dinero a “patrones enganchadores” para obtener madera. Estos ofrecen dinero o anticipos de alimentos o bienes (tales como arroz, sal, botas, rifles, motosierras, etc.) al interior de las comunidades indígenas, a condición de que ellos, que conocen la zona y sus árboles mejor que nadie, les entreguen madera cortada. Por lo general estos acuerdos se dan a través de contratos verbales o escritos donde no hay referencia al valor de la madera en el mercado, cosa que desconocen los nativos y son presa fácil del engaño. Así, cuando los trabajadores entregan la madera al “patrón enganchador”, éste esgrime distintos motivos por los que el material no es bueno y arbitrariamente reduce el pago. Como no les alcanza el dinero, los indígenas piden más préstamos y así engrosan su deuda. El campesino queda “enganchado” llegando a firmar contratos de hasta diez años. En el caso de los campamentos madereros se reúnen trabajadores, por lo general ajenos a las comunidades, para que realicen la extracción de la madera. En el referido informe se explica que en las ciudades se les entrega el 10% inicial para reclutarlos y luego se les lleva a trabajar a las zonas más remotas de la Amazonía. Esas regiones son muy lejanas para escaparse, se les quita los documentos, se les aleja de las canoas y se les amenaza con no pagarles si pretenden fugarse. Los salarios son muy bajos y los bienes muy caros. Una gaseosa en un campamento maderero puede costar 10 soles, un costal de azúcar 50, uno de arroz otro tanto. Así se inicia un círculo vicioso de deudas. "El gran problema de estos campamentos es la incapacidad que tienen los trabajadores de movilizarse. Los inspectores laborales no llegan por lo inaccesible de la zona. Los pobladores tampoco pueden pagar su deuda buscando otro campamento porque reciben, en muchos casos, amenazas físicas", indica Bedoya. Se trata de un trabajo forzoso porque hay pérdida de libertad. En muchos casos aquellos que recalan en un campamento maderero, formado por 10 o 40 trabajadores, llevan a su familia. La esposa cocina, los niños ayudan, pero a ninguno se les remunera. De acuerdo con el estudio hay un alto índice de adolescentes hombres y las

mujeres generalmente trabajan de cocineras y prostitutas, cobrando por sus servicios en tablones de madera. Éste es el castigo de la madera. Para los “patrones-enganchadores”, que trabajan para los madereros-habilitadores, que a su vez trabajan para grandes empresas madereras, engañar a los campesinos no le resulta tan difícil. Solo tienen que aprovecharse de la miseria generada por el propio sistema de explotación maderera que les ha depredado sus economías locales, los ha desplazado de sus tierras o los ha cercado, quitándoles los bosques que forman parte de su sustento de alimentos, medicinas, vivienda. Sobre esas condiciones de miseria prospera el gran negocio forestal, en una connivencia estrecha entre actividades legales e ilegales hasta el punto de formar una sola, y en ocasiones incluso gozando del aval de sellos de certificación.

CONFLICTOS ENTRE LOS MADEREROS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

La tala sin control ha desembocado en conflictos entre las comunidades indígenas (con o sin título de propiedad) y los leñadores ilegales, que invaden sus territorios ancestrales para cortar madera sin permiso. Desde 2002, los jefes de la tala ilegal han promovido todos los años, tanto en Madre de Dios como en otros lugares, invasiones masivas a los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario con el objetivo explícito de obligarlos a desplazarse y así poder declarar que dichos pueblos no ocupan ciertas zonas de bosque donde abunda la madera valiosa.

Los choques entre comunidades indígenas y leñadores se han vuelto cosa habitual. Hace muy poco tiempo, en mayo de 2005, dos leñadores fueron muertos a flechazos cuando estaban talando en el curso superior del Río Piedra, en Madre de Dios. Estas muertes provocaron fuertes protestas a nivel nacional; sin embargo, los líderes indígenas afirman que aún no se sabe cuántos de los suyos fueron víctimas de las balas de los leñadores durante el enfrentamiento. Verdaderamente se teme que los madereros estén masacrando comunidades indígenas remotas, pero tales atrocidades son aún desconocidas en el mundo exterior.

En toda la región, leñadores ilegales y empresas madereras supuestamente "legales" aplican estrategias turbias y manipuladoras para lograr el acceso a los recursos de las Comunidades Nativas. Tanto los leñadores como las firmas madereras suelen inventar acuerdos escritos

informales o firmar contratos formales con los líderes comunitarios sin conocimiento ni consentimiento del conjunto de la comunidad. En muchas de éstas no existen estructuras colectivas eficaces para la toma de decisiones, y los madereros se aprovechan de esta debilidad para hacer tratos con individuos o grupos reducidos.

INICIATIVAS FALLIDAS DEL GOBIERNO

El estado no ha podido controlar este problema ambiental, es por ello que se dice que este problema tiene causas políticas y económicas. En cuanto a la causa política se puede decir que se han creado programas defectuosos que con el paso del tiempo se han abandonado, como es el programa impuesto por el presidente Belaunde Terry, “Colonización de la Amazonia”, que proponía la expansión de los terrenos agrícolas en la selva tropical del país. Este programa solo se implanto y no se les dio las herramientas necesarias para lograr los objetivos, como se sabe las tierras de la selva en muchos casos no son aptos para la agricultura, es decir que la tierra solo puede usarse por un cierto tiempo para producir, para después abandonarlo y buscar otro terreno donde cultivar, creando así la desertización. Tampoco se les enseño las técnicas del cultivo para que puedan así utilizar de la mejor manera la tierra. Asimismo, el estado también no ha podido controlar la presencia del senderismo y el narcotráfico en la Selva del Perú, por ser esta zona compleja, lejano y en su mayoría inaccesible, estos dos grupos que actúan ambos de la mano hacen que las tierras de árboles sean taladas para poder realizar sus cultivos de coca, cuando las fuerzas del orden de alguna manera les hacen frente ellos siguen migrando y realizando la tala para poder seguir con el proceso del cultivo ilegal de este producto. Las causas económicas derivadas de las políticas en muchos casos contradictorias, que dan programas para que los pobladores de la selva realicen agricultura de subsistencia pero los abandonan dejándolos en manos del senderismo y el narcotráfico para realizar el cultivo de la hoja de coca. Una de las formas de realizar agricultura en la selva es la de tumbar y quemar, que implica cortar e incendiar una parte del bosque para la siembra, es así que este terreno se queda inservible generando así la desertización. Otro factor económico es el cultivo de la hoja de coca con el cual se produce la cocaína que tiene un valor alto, es por ello que el senderismo y los narcotraficantes incentivan a que los pobladores realicen esta actividad pagándoles muy bien, lo que mejora la economía de estas

personas, pero también tiene consecuencias como estar laborando no acorde de la ley y sobre todo a que contribuyen a la tala indiscriminada de los arboles generando deforestación. La comercialización de la madera sin desarrollo sostenible también es una causa de la tala indiscriminada de los árboles del Perú, según la Forest People Programme casi el 90% de la madera extraída de la selva peruana es ilegal, siendo la caoba y el cedro las que tienen mayor valor comercial y también las que pueden llegar a estar en extinción.

La mayor responsabilidad recae en el Estado. Se ha preocupado por aplicar políticas, las cuales no han sido las más adecuadas, de manera forzada, en una serie de secuelas que se pudieron prevenir y trae a colación que es un problema estructural. Todo esto se traduce en una actitud por la supervivencia de toda la población que habita esa zona lo trae como consecuencia la deforestación. Bajo la presión de organizaciones regionales de pueblos indígenas, como la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), conjuntamente con varias ONG y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno peruano adoptó una serie de iniciativas para combatir la tala ilegal. También se tomaron medidas para brindar protección a los pueblos indígenas no contactados. En abril de 2002 se estableció por Resolución ministerial una reserva para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, situada en el nacimiento del Río Piedra en Madre de Dios. En agosto, FENAMAD firmó un acuerdo con el gobierno para instalar puestos de control y vigilancia en la frontera Sur de la reserva (conocida como la línea 343).

En octubre del mismo año, el gobierno creó la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal en el Perú, la cual elaboró luego un plan de acción en este sentido. Se organizaron mesas redondas nacionales y regionales sobre política forestal, durante las cuales el gobierno solicitó propuestas sobre cómo combatir la tala ilegal. Se han aprobado numerosos decretos y resoluciones gubernamentales para reglamentar las actividades madereras, sancionarlas cuando son ilegales e investigar los casos de corrupción.

A pesar de todos los compromisos formales y de todos los decretos, resoluciones, leyes y planes de acción, muy poco se ha hecho en realidad. El gobierno tiene más de 50 Puestos de vigilancia en la región amazónica, pero éstos no son efectivos debido a los funcionarios corruptos que permiten el tráfico de troncos robados y madera aserrada a cambio de soborno. Aún en los casos en que el personal gubernamental no es corrupto, los puestos no pueden tomar ninguna medida por la gran carencia de recursos. Los casos en que se ha

decomisado oficialmente madera ilegal talada por empresas madereras han sido poco frecuentes y de escaso volumen.

La policía y las autoridades forestales no han apoyado los puestos de vigilancia a cargo de FENAMAD en la línea 343; como consecuencia de esto, los leñadores ilegales invaden continuamente el área protegida. En mayo de 2005 se estimaba que había no menos de 150 campamentos de leñadores dentro de la Línea 343. Sin embargo, el gobierno no ha tomado ninguna medida eficaz para hacerlos salir. Algunos de los puestos de vigilancia han sido saqueados o incendiados por los equipos de leñadores clandestinos.

La mafia y las grandes empresas madereras son los mayores obstáculos para toda reforma progresista, tanto a nivel local como regional. Es por esta razón que muchas de las reservas propuestas para los pueblos indígenas no contactados aún no han sido legalmente instituidas. Tal es el caso de Napo Tigre, Yavarí Tapiche y Cashibo Cacataibo. La demora en la designación de estas áreas se debe en parte a la presión de los poderosos intereses comerciales e industriales que se oponen con fuerza a toda zona de bosque protegida, incluidas las reservas para pueblos indígenas no contactados y las extensiones de los títulos de propiedad ya existentes de las Comunidades Nativas. Como explicó en 2004 el finado Sr. Kruger Pacaya, ex presidente de ORAU (Organización Regional AIDESEP Ucayali):

"¡Es trágico! Los nuevos concesionarios están usando sus contratos con el gobierno para encubrir la tala ilegal. Continúan entrando en territorios indígenas y áreas protegidas adyacentes a sus concesiones para extraer caoba y cedro. Están haciendo lo mismo con los permisos de tala de las Comunidades Nativas y con los códigos impositivos, que utilizan para blanquear madera ilegal, extraída clandestinamente de otras áreas. Lo único que dejan tras de sí es un bosque empobrecido y enormes deudas impositivas que la comunidad no tiene forma de pagar…"

Las empresas pagan a las comunidades precios extremadamente bajos por su madera, y descuentan la mayor parte de sus costos como "crédito" otorgado a la comunidad, que éstas deben reembolsar en trabajo o madera. Recientes informes llegados de la región de Alto Purus revelan el alto grado de explotación y abuso a que están sometidas las poblaciones indígenas: reciben 30 dólares por un árbol de caoba adulto, el cual es vendido en11.000 dólares en Pucallpa. Como explica Arlen Ribeira, líder Huitoto y miembro de AIDESEP:

"La tala ilegal y el robo de madera por medio de transacciones fraudulentas se practican a gran escala en el Alto Purus. Nuestros hermanos se vuelven cada día más pobres. Sus tierras están sufriendo grandes daños, dejándolos en una situación económica cada vez peor. Es una terrible explotación, a la que hay que poner fin…"

Frente a la corrupción generalizada de las autoridades gubernamentales, que además se muestran reacias a enfrentarse con las poderosas y peligrosas mafias madereras, las comunidades indígenas de los bosques han decidido actuar por sí mismas y decomisar la madera robada en sus tierras y áreas protegidas adyacentes. En la Selva Central, por ejemplo, las comunidades Ashaninka formaron sus propios Comités de Vigilancia, Control y Defensa Forestal. Estos grupos de defensa territorial se han enfrentado a los leñadores armados y los han expulsado de sus bosques nativos. Acciones similares tuvieron lugar en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, pero en general el gobierno no ha recompensado a la comunidad e incluso, en algunos casos, se llevó la madera y la vendió como de su propiedad.

Las Comunidades Nativas y las ONG que las apoyan tomaron también ellas sus propias iniciativas independientes de vigilancia local. Ejemplo de ello es el trabajo de las ONG CEDIA y Shinai, que han establecido puestos de vigilancia independientes y utilizado el GPS para evitar la entrada de leñadores ilegales en la reserva de Kugapakori-Nahua. Shinai trabajó directamente con las comunidades indígenas para ayudarlas a reunir sus propios datos por GPS y presentarlos a las autoridades gubernamentales como evidencia de incursiones ilegales. En unos pocos casos, esta evidencia de base presentada a las autoridades de Lima empujó al gobierno a tomar medidas para decomisar la madera y expulsar a los leñadores clandestinos.

A pesar de estos logros, la mayor parte de las iniciativas tomadas desde la base carecen de recursos y no cuentan con el reconocimiento oficial. Las organizaciones indígenas y grupos de la sociedad civil local se sienten cada vez más frustrados ante tantos decretos y planes gubernamentales que prometen tomar medidas pero hacen poco o nada para detener en los hechos la tala ilegal.

"Estamos hartos de tanto diálogo político y mesas redondas forestales. El gobierno quiere seguir hablando de las formas de combatir la tala ilegal, pero no está dispuesto a hacer nada serio. Hasta el nuevo sistema de concesiones ha promovido el blanqueado de madera. Lo que necesitamos ahora es una serie de medidas reales para la aplicación de la ley y la protección legal de las tierras boscosas de los pueblos indígenas. Ya es tiempo de aplicar

efectivamente todos los Decretos, Resoluciones y Acuerdos." (Jorge Payaba, Presidente de FENAMAD, setiembre de 2005). A inicios de febrero de 2011, la Conacami alertó que la administración, encabezada por el presidente Alan García, pretende violar la Constitución por medio de modificaciones al marco legal en materia ambiental. Mediante los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011, el Ejecutivo declaró como necesidad nacional la ejecución de 33 megaproyectos de infraestructura en diversas regiones del país, que podrán realizarse “sin necesidad de presentar los estudios de impacto ambiental”, indica el escrito. Detrás de esta norma, “existe el único interés de entregar en concesión diversas obras, sin tener en cuenta el impacto ambiental que implicaría su ejecución ni cómo se afectarán los pueblos y comunidades”

Se estima que la tala ilegal causa pérdidas de miles de millones de dólares. El problema es que los gobiernos de estas regiones subestiman la situación, en parte porque les conviene. Tanto porque necesitan las tierras para cultivos o porque viven de la exportación de madera. Muchos gobiernos hacen la vista gorda y permiten lo que sus propias leyes prohíben. No es cuestión de que se infrinjan leyes, no es cuestión de que sea un delito, sino que el asunto es el por qué se han creado leyes para proteger esos bosques. Se lo hizo porque necesitan ser protegidos para que nuestro mundo no se descalabre. Los bosques son necesarios, los animales son necesarios, todo en este mundo es necesario. Pensemos de forma egoísta, si quieren, pensemos sólo en nosotros los humanos. ¿Necesitamos los bosques? Sí. Sin ellos no hay control para el calentamiento global, sin ellos no hay biodiversidad, que ya vimos aquí muchas veces lo importante que es para nosotros que siga existiendo la biodiversidad.

ASESINATO DE DIRIGENTES POR DEFENDER LA AMAZONIA Esta actividad también genera la violación de los derechos humanos de los nativos que viven en la zona de la selva, como es el derecho de propiedad, de subsistencia, integridad cultural, consulta previa y asesinato de líderes nativos que solo tratan de defender sus territorios de la devastación de los transnacionales y los colonos.

Como es el caso del asesinado Edwin Chota y otros tres dirigentes ashánincas asesinados en la región Ucayali, a inicios de septiembre por tratar de defender sus tierras en la Amazonía de madereros ilegales, pese a que habían solicitado en reiteradas oportunidades al Estado que haga efectiva la protección de sus territorios. Global Witness afirma que mientras el Perú se prepara para recibir a delegados de más de 195 países como sede de la próxima Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP 20), crece el número de gente asesinada por defender el medio ambiente. Por ello, invoca al Gobierno peruano a que aproveche este mega evento para garantizar realmente la protección de los bosques tropicales considerando que es uno de los países más ricos en este recurso natural.

Los mayores retos para la protección de la selva en el Perú son: la falta de reforzamiento a la legislación, la tala ilegal y sin control, la tenencia insegura de tierras y la corrupción de funcionarios públicos. Otras amenazas identificadas son la toma de decisiones en secreto para proyectos mineros y de infraestructura, así como la falta de consulta a las comunidades afectadas.

CONSECUENCIAS Las consecuencias que trae la deforestación a causa de la tala indiscriminada es la extinción de las especies fauna y flora que viven gracias a los bosques, también generara el calentamiento global que provoca el deshielo de los glaciares y la desaparición del efecto esponja, almacenar el nitrógeno y expulsar el oxígeno, los que es producido por los bosques amazónicos. Asimismo, el clima del país se modifica drásticamente que ocasionaría enfermedades en la población como es el asma y los bronquios. También afectaría mediante el desempleo de la población por el cierre de las fabricas por falta de materia prima para elaborar sus productos, por otro lado, la madera incrementaría su valor que será favorable para las empresas con gran desarrollo y desfavorable para los que inician en el mundo industrial y nosotros los consumidores. En conclusión, el estado es llamado para tomar las medidas necesarias para este problema de la tala indiscriminada en el Perú, si bien es cierto que ha creado muchas normas e instituciones referente a lo ambiental, debe de poner en práctica todo lo que está en el papel, realizando eficiente y eficaz los procedimientos para la disminución y erradicación de este tipo de problema, creando un desarrollo sostenible para las comunidades que se encuentran en los bosques peruanos, que se reflejará en todo el mundo. Asimismo, somos cada uno de nosotros que debemos concientizarnos y contribuir de una manera indirecta a que esta actividad sea de una manera adecuada, como dicen el peor enemigo del hombre es otro hombre, es por ello que debemos reciclar los papeles para que sean reutilizables.

Bibliografía (peru, 2008) (s.f.). "el ambiente mortal del peru". ambiente, m. d. (2009). mapa de deforestacion de la amazonia peruana. lima, lima, peru. bosques, t. i. (s.f.). www.ecologiaverde.com. gargurevich, g. (marzo de 2005). "controles y decontroles" extracciion ilegal de madera en el pacaya-samiria. la republica. peru, m. d. (febrero de 2008). diagnostico ambiental del peru. lima, lima, peru. stefano varese, frederique apffel - marglin, roger rumrril. (s.f.). selva vida. lima, lima , lima. Witness, G. (mayo de 2013). un arduo camino. london.