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FASCÍCULO

Presentación

Por la memoria y el futuro La larga dictadura del general Alfredo Stroessner constituye el acontecimiento más significativo y de efectos más duraderos de la historia contemporánea del Paraguay. Aún hoy la sociedad paraguaya sufre las consecuencias de una de las más sangrientas tiranías de la historia americana. La mayor parte de los problemas sociales que aquejan al país -campesinos sin tierra, corrupción generalizada, marginación y pobreza- tienen su origen en este periodo de nuestra historia. Muchos de los antivalores que hoy obstaculizan nuestra vida comunitaria si no tuvieron su origen en el stronismo con seguridad se consolidaron con él. La apatía ciudadana, los prejuicios contra los indígenas y campesinos pobres, el prebendarismo y el clientelismo forman parte del legado de esa dictadura. A más de 20 años de la caída del régimen, las paraguayas y paraguayos seguimos luchando para sacudirnos de su nefasta herencia en la cultura y en la conducta social. Sin embargo, existe una tendencia surgida en los últimos años que busca relativizar los crímenes de la dictadura stronista. Argumentando una supuesta objetividad en el análisis, los representantes de estas ideas señalan las “conquistas” del gobierno de Stroessner. Se habla por ejemplo de la seguridad y la paz y se mencionan las obras de infraestructura insinuando todavía tímidamente una suerte de justificación de las atrocidades cometidas en esos 35 años. Estas manifestaciones ignoran o pretenden minimizar las terribles pérdidas en vidas humanas, en talentos e inteligencias, en voluntades y espíritus que el Terrorismo de Estado implantado desde el primer momento por la dictadura stronista significó para

el Paraguay. A fuerza de brutalidad y miedo, la tiranía stronista abolió todas las libertades e impuso un régimen que excluía el disenso, el debate y la pluralidad. Ante este panorama, se plantea entonces el desafío, especialmente de cara a las nuevas generaciones de paraguayos y paraguayas, de ofrecer el más riguroso y detallado recuento de los hechos violatorios de los derechos humanos ocurridos bajo el régimen de Alfredo Stroessner. Por mandato de la ley, le cupo a la Comisión de Verdad y Justicia realizar esta obra fundamental. Durante varios años fueron recogidas evidencias, testimonios, entrevistas y documentos para componer el lienzo de dolor -pero también dignidad-, de crímenes -pero también de lucha por la libertad-, y de miedo -pero también de coherencia-, que pinta al Terrorismo de Estado de la dictadura stronista en todo su profundo horror. La Comisión de Verdad y Justicia cumplió sus propósitos alentada no solo por la necesidad de honrar la memoria de quienes perdieron sus vidas o hicieron enormes sacrificios por la libertad sino sobre todo como la manifestación de su profundo compromiso con el futuro de la República. De todo lo antedicho se desprende la necesidad y la urgencia de ofrecer al gran público una versión adaptada del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia, que hoy llega a manos de la población en general. Una ciudadanía debidamente informada no permitirá jamás que una tiranía vuelva a golpear al Paraguay.

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FASCICULO 1

“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Unas palabras a docentes, estudiantes y ciudadanía en general La presente colección de fascículos aborda temas que con frecuencia no son fáciles, pero que son de una lectura necesaria. Necesaria para una comprensión cabal de la historia reciente y, sobre todo, para valorar en su justa medida la conquista y vigencia de la democracia y las libertades en nuestro país. Conocer cómo se vivía, cómo funcionaban las instituciones del Estado, cuál era la estructura y el sustento ideológico del poder y cuáles eran las luchas ciudadanas en los tiempos de la dictadura son elementos cruciales para ratificar nuestra opción como sociedad por la democracia como sistema político y de convivencia social. La dictadura está siempre basada en un fuerte poder vertical y busca, por su propia naturaleza, el permanente control de la sociedad. Las leyes y los derechos humanos y ciudadanos son letra muerta y el aparato judicial está al servicio de los intereses políticos de la dictadura. Las elecciones son farsas teatrales destinadas a otorgar legitimidad al régimen. No existen las libertades de pensamiento, de expresión y de organización, con lo que quedan abolidos el disenso y la pluralidad. Valiéndose de la fuerza armada, del miedo, de la propaganda incesante, de la compra de conciencias y de un sinfín de mecanismos de coerción, la dictadura intenta imponer su pensamiento único al conjunto de la sociedad, tratando de que ésta se uniformice y funcione a su imagen y semejanza. Sin embargo, jamás lo consigue del todo. Por dura que sea la opresión, por salvaje que resulte la represión, la dictadura nunca logra apagar por completo la aspiración democrática de los ciudadanos y ciudadanas. Esta colección es prueba de ello. Mucho esfuerzo y sacrificio demandó al Paraguay alcanzar la democracia. Si hoy podemos hablar con libertad de estos temas y de los asuntos de actualidad nacional; si en las escuelas, colegios y universidades tenemos la posibilidad de expresar nuestras opiniones sin temor, es debido a la obstinada lucha democrática de cientos de miles de paraguayos. Si bien queda mucho aún por mejorar en nuestra democracia, lo cierto es que hoy nadie puede ser perseguido por lo que piensa y la población elige a sus gobernantes a través de elecciones confiables. Para los jóvenes será aleccionador contrastar el presente de libre debate de ideas en la prensa, en los partidos, en cualquier organización civil con el ambiente gris y monocorde de la dictadura.

La presente colección de fascículos cuenta con el aval de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo y con el respaldo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que la ha declarado de interés educativo.

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Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”, cofinanciado por la Unión Europea e implementado y cofinanciado por Diakonia (Organización de Cooperación de la Sociedad Civil Sueca), asociada al Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), a la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), a la Fundación Celestina Pérez de Almada, y al Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ-Py).

Foto: Archivo Depositario CIPAE

Sección I Los números del stronismo Resumen estadístico de la dictadura El régimen de la tortura y la arbitrariedad La Comisión de Verdad y Justicia y su histórica misión Momento en que la policía detiene al cantante Ricardo Flecha, durante una manifestación.

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FASCICULO 1

“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Síntesis estadística de la dictadura

Los números del stronismo La relación cuantitativa entre las violaciones de los derechos humanos* y los días que duró la dictadura ofrece la posibilidad de dimensionar en su justa medida el saldo de dolor del stronismo. No se trata de un simple ejercicio matemático. Este análisis permite, sobre todo a las generaciones que no vivieron la dictadura, comprender a cabalidad la presencia diaria y rotunda de la represión en todas sus formas. No fue pues la dictadura un periodo histórico donde esporádicamente se producían abusos. Al contrario, la represión política y social fue la esencia misma del régimen, ejercida todos los días por un aparato civil, policial y militar especialmente estructurado y entrenado para abolir la libertad de pensamiento, expresión y organización. Como punto de partida de la presente adaptación del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia, se ofrece a continuación una síntesis estadística de la dictadura de Alfredo Stroessner. Los números, promedios y porcentajes permiten vislumbrar la magnitud del Terrorismo de Estado aplicado por la dictadura, pero no hay que olvidar que detrás de cada unidad, de cada número, se encuentran una o muchas historias humanas que, al menos en parte, se irán narrando en las entregas sucesivas la presente colección.

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Además, existen otras variables que son imposibles de cuantificar. El terror que el régimen impuso a las personas y grupos de la oposición o sectores independientes tenía como objetivo destruirlos, claro está, pero la intención era también exhibir sin pudor los “ejemplos” al resto de la sociedad. La persecución, la estigmatización, la tortura, la muerte y la desaparición forzada de quienes pensaban distinto no se ocultaba sino que más bien servía de instrumento para moldear y sojuzgar una sociedad sofocada por el miedo y la desmovilización. Se trata de una estrategia deliberada ejercida sobre todos los estratos sociales del país y cuyas consecuencias no pueden expresarse en cifras. *Detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y exilios.

Víctimas Alfredo Stroessner gobernó el país con mano de hierro por días.

12.328

20.090

En ese tiempo hubo víctimas directas registradas de violaciones de los derechos humanos. Esto significa que, en promedio, se produjo más de una violación de derechos humanos por día bajo la dictadura. Las 20.090 víctimas comprobadas por la Comisión de Verdad y Justicia se distribuyen así

19.862 personas detenidas en forma ilegal 18.772 personas que fueron torturadas 59 personas ejecutadas extrajudicialmente 336 personas desaparecidas 3.470 personas exiliadas Observación: una persona pudo haber sufrido más de una violación en sus derechos. Existe además un enorme subregistro de exilio y de otras formas de violencia, como las que fueron ejercidas contra mujeres y niñas y la violación sexual.

Para determinar el número de víctimas indirectas, la Comisión de Verdad y Justicia multiplicó el número de víctimas directas por cinco (familiares y allegados que sufrieron perjuicios por causa de estas violaciones a los derechos humanos). El total asciende a personas De éstas: familiares o allegados a personas que sufrieron detenciones arbitrarias y/o torturas, tratos crueles o degradantes familiares o allegados a personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente familiares o allegados a personas que sufrieron desaparición forzada familiares o allegados de personas que sufrieron el exilio

107.987

99.312

290

1.680

17.348

Departamentos más afectados por la represión* Otra comparación interesante contenida en el Informe es entre las víctimas de violaciones de derechos humanos con la población total del país. Veamos: Paraguay tenía 1.300.000 habitantes en 1950 Para 1992 esa cifra llegaba a 4.100.000 habitantes Se puede establecer entonces un promedio de población en habitantes para el periodo que dura la dictadura stronista, aproximadamente 1.250.000 adultos. Los resultados son los siguientes: El 0,79% de la población total fue detenida en forma arbitraria, lo que significa personas adultas. El 0,75% de la población total sufrió de torturas, tratos crueles y degradantes, es decir personas adultas. personas fue ejecutada extrajudicialmente. personas fue enviada al exilio

2.500.000

una por cada 63

una por cada 67

Una por cada 6.345 Una por cada 721

Caaguazú, Misiones, Paraguarí, Cordillera y Central totalizan el de las violaciones a los derechos humanos.

50,46%

Es notoria la ausencia de los departamentos de poblamiento más reciente, como Alto Paraná, Canindeyú o Amambay. Tampoco figuran entre los primeros departamentos con núcleos urbanos antiguos, como San Pedro y Concepción. * Sin incluir a Asunción. La CVJ no pudo registrar en su totalidad todos los casos, sobre todo en la región Occidental, debido a la falta de tiempo y de recursos y por la distancia de las poblaciones.

7%

Central

8% Cordillera

13% Caaguazú

10% Paraguarí

12%

Misiones

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FASCICULO 1

“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Aquellos años oscuros

Los picos de la dictadura

La dictadura de Stroessner fue monocorde: mostró en forma constante la intención de control total sobre la sociedad durante el tiempo que duró. Tanto fue así que quizás no es posible hablar de periodos “blandos” del régimen.

Años con mayor número de violaciones de los derechos humanos

1960 - 1976

Otros picos represivos en el régimen stronista son:

1959: torturas 1965: torturas y desapariciones forzadas 1970: detenciones y torturas 1974: privaciones ilegales de la libertad 1975: privaciones ilegales de la libertad, torturas y

En cambio, sí se pueden identificar lapsos de tiempo desapariciones forzadas en los cuales la dictadura fue particularmente férrea. desapariciones forzadas Entre los años con mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos se destacan dos: 1960, en y desapariciones forzadas y ejecuciones materia de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales extrajudiciales y 1976, donde además de estas dos violaciones también se registró un gran número torturas y ejecuciones extrajudiciales de privaciones ilegales de libertad, tortura y otros y privaciones ilegales de la libertad tratos crueles y degradantes.

1976: 1977 1978:

1980: 1987 1988:

En ambos casos, los picos pueden ser atribuidos a la represión a movimientos armados. El ensañamiento del régimen con los grupos que se planteaban el alzamiento armado fue particularmente feroz. En el caso de las guerrillas surgidas a finales de los años 50 y principios de los 60, el stronismo simplemente prescindió de toda pretensión de ropaje legal y descargó, valiéndose de las Fuerzas Armadas, una furiosa represión en la que abundaron las ejecuciones sumarias y las desapariciones. A las acciones específicas contra los grupos armados, se sumó el terrorismo indiscriminado sobre las comunidades campesinas de la zona en cuestión. De hecho, una característica de la represión stronista fue el ataque sistemático contra los sectores sociales más empobrecidos o marginales, con mucha mayor intensidad que cuando iba dirigido a grupos con mejor posición o más visibles.

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Distribución de víctimas según la organización o sector 52,59% era miembro de un partido político 37,47% integraba un movimiento social

14,1%

(especialmente campesino)

9,94% formaba parte de un grupo armado Desde una perspectiva desagregada, las víctimas pertenecieron mayoritariamente a:

Distribución de las víctimas según sexo y edad

24% Partido Liberal 19,29% Partido Colorado 14,21%

Ligas Agrarias y movimiento campesino

85,9%

Observación: Proporcionalmente, el Partido Comunista, al ser más pequeño, fue el que tuvo más violaciones.

En privaciones ilegales de la libertad

23% Ligas Agrarias ΩPartido Colorado 15% Partido Comunista 8% Partido Liberal

89,2% de las víctimas era mayor de edad al momento de ocurrir los hechos

En torturas

10,8% era menor de edad

32% Partido Liberal 16% Partido Colorado 14% Partido Comunista 10% Ligas Agrarias

En Desapariciones forzadas

52% Frente Unido de Liberación Nacional (Fulna) 36% Partido Comunista 10% Movimiento “14 de Mayo”

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(

)

FASCICULO 1

“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Un país sin ley

El régimen de la arbitrariedad y la tortura Uno de cada cuatro detenidos

Las detenciones arbitrarias constituyen la principal violación de los derechos humanos verificada bajo la dictadura stronista. La Policía, los militares o incluso los grupos parapoliciales no precisaban de ninguna orden judicial ni requerían de la intervención del Ministerio Público para privar de la libertad a la cantidad de personas que consideraran necesaria. Por lo general, la detención arbitraria era apenas el primer eslabón de una cadena de violaciones a los derechos de los detenidos. La ilegalidad fue la regla constante en este tipo de acciones de las fuerzas represivas, avaladas por un Poder Judicial cómplice de la dictadura. Las garantías judiciales y el derecho al debido proceso fueron ignorados por los represores, jueces y fiscales. Merece una mención particular la actitud de las autoridades judiciales, quienes en todo momento obstaculizaron la recepción y tramitación de los recursos de hábeas corpus. A diferencia de otras dictaduras de la región, las detenciones arbitrarias o ilegales no se realizaron en lugares clandestinos sino en sitios públicos y oficiales conocidos por la sociedad paraguaya. Además los represores no ocultaban sus rostros ni tapaban los de los prisioneros. En la gran mayoría de los casos, las detenciones tenían lugar en condiciones inhumanas –reiteradamente denunciadas ante organismos internacionales- ya que la represión utilizaba instalaciones no preparadas para albergar prisioneros.

El 79% de los detenidos lo fue en locales policiales, distribuidos de la siguiente forma:

29% Comisarías de la capital y del interior 19% Delegaciones de Gobierno 17% Central de la Policía de la Capital 6% Alcaldías policiales rurales 4% Departamento de Investigaciones

8

Dirección nacional de Asuntos Técnicos (“La Técnica”)

2%

sufrió las formas más severas de tortura

Utilización de electricidad o picana eléctrica

19,4% 24,4% 24,5% 29,8% Pileta

Colgamiento o posiciones extremas

Presenciar torturas de terceros

En el tiempo que duró el régimen stronista, fueron detenidas, en promedio,

567 personas por año, lo que significa casi 2 detenciones por día en 34 años. De acuerdo con las estadísticas

2%*

Vigilancia y delitos

* Las personas en su mayor parte permanecían horas, mientras duraban las torturas y eran devueltos a otras comisarías, por eso el porcentaje parece tan bajo.

demográficas, esta cifra indica que de cada

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63 personas fue detenida en forma arbitraria.

T ortura

Dolor y miedo, las armas de la dictatura La aplicación sistemática del dolor físico, el hostigamiento sicológico y la humillación fue la marca característica de la dictadura stronista. Los torturadores buscaban la destrucción integral del individuo, sometiéndolo a los abusos más deleznables y a padecimientos escalofriantes. Una vez más, estas violaciones a los derechos humanos no fueron obra de personajes aislados y descontrolados. Fue una estrategia de dominación y extermino ejercida con conocimiento y aprobación del dictador y de sus más altos colaboradores. Las secuelas de la tortura en la víctima y sus familiares y allegados

Torturados según edad

Entre 19 y 35 años

54%

son irreparables porque se mantienen a lo largo de la vida y se transmiten en la memoria generacional. Del total de testimonios recogidos por la Comisión de Verdad y Justicia, el 93% menciona sin sombra de dudas la tortura física o sicológica. Proyectando este porcentaje al total estimado de víctimas directas de violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura stronista, puede calcularse en 18.772 el total de personas que fueron sometidas a torturas y tratos inhumanos.

Menores de 18 años

12%

de los entrevistados por la Comisión de Verdad y Justicia soportaron algún tipo de tortura.

18.772 personas torturadas bajo la dictadura stronista es la estimación de la Comisión de Verdad y Justicia.

Torturadores

La dictadura también utilizó instalaciones militares

y su procedencia

Civiles del Partido Colorado

6% Destacamentos militares 3%

12%

Guardia de Seguridad

Militares

Entre 36 y 60 años

30%

93%

Así también la represión usó lugares improvisados de detención y tortura

3% Otros destacamentos 1% Apenas el 9% del total de detenidos fue remitido Abraham Cué

efectivamente a penitenciarías Emboscada

5%

Tacumbú, Cárcel de Villarrica y Buen Pastor

4%

15% Policías

72% 9

FASCICULO 1

“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

“…¿Dónde están…figuras de estandarte…?* *

Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales representan el punto extremo de la violencia ejercida por la dictadura contra los opositores y contra quienes pensaran distinto. Las víctimas principales, pero no únicas, fueron en este caso los miembros de los grupos que reivindicaban la lucha armada para el derrocamiento de la dictadura. Otro aspecto destacable es la gran cantidad de ciudadanos de otros países –sobre todo argentinos- que sufrieron estos crímenes en territorio paraguayo. Algo similar ocurre con la desaparición de paraguayos en países vecinos, con más de 100 ciudadanos desaparecidos en Argentina. Estos datos son un indicador muy claro de la estrecha cooperación que existió entre los regímenes militares que gobernaban los países de la región hace algunas décadas. En muchos casos las ejecuciones extrajudiciales eran disfrazadas como intentos de fuga de personas ya detenidas o bien se hacían aparecer como consecuencia de enfrentamientos armados. En el caso de las desapariciones forzadas, al dolor de los familiares y allegados se sumaba también la incertidumbre y la sensación permanente de angustia. Esta situación indefinida, al igual que ocurre con el resto de las violaciones a los derechos humanos, dejó también terribles secuelas sicológicas en las personas cercanas a la víctima.

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Desapariciones forzadas de ciudadanos paraguayos por país de ocurrencia

220 casos, Paraguay 102 casos, Argentina 7 casos, Brasil Ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos paraguayos por país de ocurrencia

41 casos, Paraguay 17 casos, Argentina 1 caso, Uruguay Observación: en 104 desapariciones y 4 ejecuciones no fue posible determinar la nacionalidad de las víctimas.

88% de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales eran hombres

12% eran mujeres

* Fragmento de la canción “Dónde Están”, de Alberto Rodas

desapariciones

423

Víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

personas, que se agrupan en 12 casos ordenados cronológicamente, a saber:

Incursión armada a Coronel Bogado Resistencia armada expresada en el movimiento “14 de Mayo” y el Fulna Víctimas del “caso Ortigoza” Represión al Partido Comunista y al Fulna entre 1965 a 1970 Represión al Ejército Paraguayo Revolucionario y al Movimiento Paraguayo de Liberación (Mopal) Represión del año 1975 contra el Partido Comunista Represión contra la OPM y las Ligas Agrarias Cristianas Víctimas del Operativo Cóndor Caso “Caaguazú” Represión en ocasión del ajusticiamiento del ex dictador Somoza Represión al partido Comunista pro-Chino Víctimas individuales de la represión

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FASCICULO 1

“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Creación de la Comisión de Verdad y Justicia

Foto archivo Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo.

Una misión histórica: revelar la verdad y buscar la justicia

El Presidente Fernando Lugo asistió a la presentación del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia. Pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado de la nación paraguaya.

El jueves 28 de agosto del 2008 se produjo un acontecimiento inédito e histórico para el Paraguay. En esa fecha, en nombre del Estado de la nación paraguaya, el Presidente Fernando Lugo pidió públicamente perdón por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la larga dictadura del general Alfredo Stroessner.

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“Perdón…por tanta soledad a la que fueron sometidos cuando la savia fértil de vuestra sangre preparaba la tierra de una patria nueva. Perdón por cada centímetro de dolor que laceró el territorio corporal, físico, anímico y espiritual de los luchadores de nuestra patria nueva, mientras otro país dormía la siesta insensible de la convivencia con la dictadura oprobiosa…”, dijo Lugo, conmovido, aquel día durante su discurso en el acto de presentación del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia, realizado en el Teatro Municipal de Asunción. El hecho es trascendental, ya que se trata del primer reconocimiento explícito por parte de un mandatario de las atrocidades

cometidas durante la dictadura. Pero no fue este gesto el producto solo de la buena conciencia de determinado Presidente o de la alternancia en el Poder Ejecutivo. Más bien es el resultado de una lucha de años de miles de paraguayos y paraguayas por la memoria, la verdad y la justicia. Es la derivación de una causa que tomó cuerpo en la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), creada por la ley 2225/03 a instancias de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y asociaciones de víctimas de la dictadura. Al equipo de comisionados, investigadores, asesores, colaboradores y técnicos integrantes de la Comisión de Verdad y Justicia le fue encomendada la tarea de sumergirse en las negras aguas del stronismo*, hundirse en sus entrañas de represión y dolor y emerger de allí para derrotar al olvido y lograr la justicia histórica. Luego de cuatro años de intenso trabajo de colecta de testimonios, entrevistas y análisis de archivos, la

Comisión de Verdad y Justicia pudo presentar su Informe Final. Sin embargo, la labor de la CVJ no fue una simple acumulación de datos y documentos. Su misión parte de una claro posicionamiento ético con respecto al régimen stronista, el cual fue intrínsecamente perverso ya que convirtió a la violencia arbitraria y sistemática en contenido ideológico y en medio de su poder. El acopio del contenido del Informe respondió además a un criterio preciso. El establecimiento de la verdad histórica debe ser la base para esclarecer la verdad jurídica de los hechos. Por ello, el esfuerzo se orientó a probar los hechos en expedientes formales y con procedimientos previstos por la ley. La CVJ transmitió la verdad y la justicia históricas al Poder Judicial para establecer la justicia legal. El Informe defiende con firmeza la convicción de que solo la aceptación oficial y social de los hechos pasados –aunque estén cargados de dolorpermite la convivencia ciudadana en concordia y estabilidad. La falsedad y el encubrimiento es motivo de insatisfacción social y discordia. No es el Informe una exposición fría y burocrática de los crímenes del stronismo. Palpita en sus páginas la historia de miles de paraguayos y paraguayas que sufrieron en su carne la violencia y la crueldad del régimen. La CVJ quiso poner en primer plano la propia voz de las víctimas, que ilustra vivamente las violaciones a los derechos humanos denunciadas en los más de 2.000 testimonios recibidos. *Si bien la CVJ podía también recibir declaraciones sobre violaciones de los derechos humanos entre 1989 y 2003, casi la totalidad de los testimonios procesados corresponde a fechas anteriores a 1989. Este hecho demuestra que la sociedad paraguaya deseaba antes que nada esclarecer los hechos ocurridos bajo el stronismo. Importantes organismos de derechos humanos han documentado de manera muy completa los acontecimientos ocurridos luego de la caída del régimen stronista en esta materia.

Composición de la Comisión La Comisión de Verdad y Justicia estuvo compuesta por representantes del Estado, organizaciones de derechos humanos y víctimas de la dictadura. Durante las diferentes etapas de su labor, trabajaron en la Comisión 140 personas, cifra que incluye a empleados, consultores y colaboradores voluntarios. Con el propósito de facilitar el acceso a las víctimas fueron habilitadas subsedes en algunos puntos del interior del país. La primera de estas oficinas regionales fue abierta en San Ignacio (Misiones) el 25 de junio del 2005. En mayo del 2006 empezaron a funcionar las sedes de Caaguazú,

Cordillera y Alto Paraná. Los comisionados que presentaron el Informe fueron: Monseñor Mario Melanio Medina (presidente); Juan Manuel Benítez Florentín (vicepresidente); Yudith Rolón Jacquet; Miguel Angel Aquino Britos; Heriberto Matías Alegre; Carlos Luis Casabianca; Carlos Portillo Esquivel; Mario Sandoval y Víctor Jacinto Flecha. En una primera fase de los trabajos de la CVJ también habían sido comisionados la entonces canciller Leila Rachid Lichi; Margarita Durán Estragó; Jorge Domingo Rolón Luna; Juan Enrique Díaz Bordenave y Ausberto Valentín Rodríguez.

objetivos de la CVJ La Comisión de Verdad y Justicia se propuso determinar las causas y consecuencias, así como la magnitud de las violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura de Stroessner. Las metas concretas en ese sentido fueron: 1. Establecer el marco histórico, político y jurídico del régimen stronista.

6. Establecer las responsabilidades institucionales e individuales de las violaciones de los derechos humanos.

2. Describir las características del aparato represivo.

7. Caracterizar la represión desde el punto de vista sicosocial para señalar las secuelas y el impacto de las violaciones de los derechos humanos.

3. Hacer un esbozo de los derechos humanos en la transición como herencia de la dictadura. 4. Determinar las principales violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el régimen stronista, siguiendo criterios cualitativos y cuantitativos. 5. Ilustrar esas violaciones con relatos tomados directamente por la CVJ.

8. Ilustrar con algunos casos paradigmáticos hechos puntuales de violaciones de los derechos humanos. 9. Formular recomendaciones al Estado y otras instituciones para superar lo ocurrido con verdad, justicia y reparación. 1o. Elaborar un listado lo más exhaustivo posible de víctimas, así como de presuntos victimarios.

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FASCICULO 1

“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Foto archivo Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo.

Entrevistas, testimonios y documentos colectados y analizados por la CVJ

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La tarea de sacar a luz los crímenes de la dictadura

Estas entrevistas y relatos constituyen el núcleo de la investigación emprendida, que incluye también otras fuentes documentales. Además de la capital, las entrevistas con las víctimas fueron realizadas en varias ciudades del interior del país entre las que se pueden mencionar Quiindy, Paraguari, San Pedro del Paraná, San Pedro del Ycuamandyyú, Encarnación, María Auxiliadora, Caazapá, Concepción y San Estanislao. De igual manera, los entrevistadores de la Comisión se desplazaron a localidades de Brasil, España y, de manera particular, Argentina, a fin de recabar los testimonios. Tal como se mencionó anteriormente, el trabajo de la CVJ se realizó con la perspectiva de establecer la verdad y la justicia histórica de los hechos como paso indispensable para arribar a la justicia legal. Por eso, las entrevistas y la recolección de datos e información se llevaron a cabo atendiendo a una rigurosa sistematicidad. Para lograrlo se elaboraron cuestionarios técnicos en los cuales se registraron los datos de la víctima; la violación cometida contra su persona; las circunstancias, tiempo y lugar en que los hechos ocurrieron; las secuelas en la vida de la víctima y, en caso de ser posible, la identidad del victimario.

FFAA abrieron sus archivos así como el Ministerio de Relaciones Exteriores y miles de documentos fueron compilados. A las entrevistas personales y el estudio de los documentos, se sumaron también las audiencias públicas, nacionales e internacionales, organizadas por la CVJ. Estos encuentros, concebidos para servir de instancias de recuperación de la memoria histórica, fueron realizados bajo el lema “quien olvida, repite”. La primera de las audiencias fue el 19 de agosto del 2005, en la sala de sesiones del Congreso Nacional. Fue convocada para escuchar los testimonios de la represión, la tortura y la desaparición forzada de personas. La segunda tuvo como sede San Juan Bautista de las Misiones, escenario en donde se presentaron las experiencias y relatos de los integrantes de las Ligas Agrarias Cristinas. El 19 de mayo del 2006 se realizó en Caaguazú una audiencia pública con el tema “campesinado y tierras malhabidas”. Fue en Buenos Aires el quinto encuentro, sobre el exilio y las víctimas del Operativo Cóndor. Posteriormente se realizaron más audiencias sobre dictadura y educación, la represión a mujeres, niños y niñas y la situación de los pueblos indígenas bajo la dictadura.

fic h as

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

Un total de 2.059 personas ofrecieron sus testimonios en la sede central de la Comisión de Verdad y Justicia, en Asunción, y en las oficinas regionales de Misiones, Caaguazú, Alto Paraná y Cordillera.

El registro de cada testimonio llevó un promedio de 90 minutos de trabajo de un equipo especialmente conformado para el efecto y que incluyó la participación de profesionales calificados para la atención de víctimas de la dictadura. En este sentido, es destacable el funcionamiento de la Unidad de Salud Integral, creada por la CVJ para brindar asistencia sicológica a las víctimas y testigos, tanto para los que acudieron a las distintas sedes como a aquellos que tomaron parte de las audiencias públicas. Esta labor de contención se extendió también a los funcionarios de la CVJ receptores de los testimonios de las víctimas. Para la elaboración del Informe se recurrió además a los siguientes archivos: Defensoría del Pueblo; Centro de Documentación y Archivo del Poder Judicial (C. D. y A. o “Archivo del terror”), del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE); Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG). Los investigadores contaron también con archivos y documentaciones judiciales, policiales y militares. Las

15 Una gran cantidad de fichas de personas consideradas peligrosas por el régimen fue hallada entre los documentos del archivo del terror. La persecución fue organizada y sistemática.

FASCICULO 1

“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Secuencia de un hallazgo crucial

como el día del hallazgo de una asombrosa cantidad de documentos de la represión stronista en una dependencia policial de Lambaré. Los activistas por los derechos humanos, Martín Almada y María Stella Cáceres, junto al juez José Agustín Fernández y periodistas fueron protagonistas de aquella jornada.

2. Una desordenada montaña de papeles, fotografías, pu-

blicaciones, correspondencia, informes de toda clase era el “Archivo del Terror”, encontrado casi cuatro años después de la caída del tirano.

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3. El trabajo de ordenar, acomodar y trasladar los

pesados biblioratos y voluminosas cajas duró prácticamente todo el día. Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

COFINANCIADO POR

4. La inquietud por poner bajo resguardo los documen-

tos en el menor tiempo posible motivó un “pasamanos” entre los presentes. El hallazgo no tiene precedentes en la historia del país.

5. Había que poner a salvo las pruebas de la represión

stronista. Hasta los móviles de prensa sirvieron para este propósito. El esfuerzo daría sus frutos: la ciudadanía tiene hoy libre acceso a los documentos.

6. Los documentos contenidos en el archivo fueron de

Fotos: Archivo Depositario Museo de las Memorias

1. El 22 de diciembre de 1992 quedará en la historia

enorme utilidad para la apertura y sustanciación de procesos judiciales contra represores del stronismo. Fue el caso, por ejemplo, del torturador Alberto Cantero. ORGANIZACIONES SOCIAS

www.codehupy.org/dictadurasnuncamas

[email protected]

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FASCICULO

Campañas de difusión y comunicación Foto archivo CVJ

Conocer y educar para el futuro

El trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia no está exclusivamente enfocado al pasado. Por el contrario, el valor principal de la recolección de testimonios y documentos está asociado al futuro, a la educación de las nuevas generaciones de paraguayos y paraguayas en el respeto a los derechos humanos y en los valores de la democracia y la tolerancia. El propósito final de la CVJ es contribuir, mediante el esclarecimiento de la verdad histórica, a que jamás vuelva a instalarse en el país una tiranía. Por eso el aspecto educativo no estuvo ausente en el trabajo de la CVJ. Se impulsó la enseñanza de la materia “Autoritarismo en la historia reciente del Paraguay”, como parte del programa de estudios del MEC

para estudiantes del tercer ciclo de la educación escolar. La elaboración de esta cátedra fue obra de la CVJ y, con el fin de lograr una óptima enseñanza en niños y jóvenes, se realizaron también talleres de capacitación docente. Estas actividades fueron acompañadas de la entrega de materiales de difusión de la Comisión. Asimismo, la CVJ desarrolló campañas de comunicación masiva para resaltar la importancia y la necesidad del rescate de la historia. Fueron emblemáticas las campañas “Órama ña ñeèvo. Rompamos el silencio” –dirigida a determinar el paradero de personas desaparecidas- y “2.000 testimonios para la historia”, concebida para lograr los relatos de las víctimas.

colaboradores El trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia no hubiera sido posible sin la colaboración de muchas instituciones públicas y privadas. Son especialmente importantes los aportes y la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores; el MEC; la Procuraduría General; el Tribunal Superior de Justicia Electoral; el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Aunque la ley que la creó contempló su financiamiento con recursos estatales, la CVJ recibió el respaldo de varias organizaciones sin cuya ayuda quizás no se habrían alcanzado las metas propuestas. Estas instituciones son Diakonia; las embajadas de Alemania, Chile y Suiza; la embajada de Argentina por medio del Proyecto FO-AR; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina; el Equipo Argentino de Antropología Forense. También cabe mencionar a la Universidad

Roma Tree; la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo; Amnistía Internacional; Sistema de las Naciones Unidas del Paraguay. Muchas organizaciones y entidades civiles paraguayas prestaron su invalorable colaboración a la elaboración del Informe. Fueron decisivos los aportes de las universidades Católica y Columbia del Paraguay; de la Pastoral Social; de la Conferencia Episcopal Paraguaya; del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia; del Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario; Callescuela; Coordinadora de Luchadores/as y Víctimas de la Dictadura; organizaciones de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados por Razones Políticas del Paraguay; la Fundación “Celestina Pérez Almada”; el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura; la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay y la Mesa de Memoria Histórica y Archivos de la Represión.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

177 sugerencias para un Estado democrático

Revisar el pasado con el espíritu puesto en el futuro Una de las misiones de la Comisión de Verdad y Justicia fue proponer medidas para construir un Estado democrático con plena vigencia de los derechos humanos, sólidamente arraigado en valores como el espíritu de justicia y verdad, compromiso y rectitud, prudencia y coherencia, respeto, lealtad institucional, autenticidad, responsabilidad, honestidad, solidaridad, creatividad y transparencia. Los componentes de la Comisión de Verdad y Justicia tuvieron que sumergirse en las atrocidades y crímenes cometidos durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. Este arduo trabajo –que supone un fuerte desgaste emocional y síquico para quienes lo realizan- fue cumplido con un objetivo muy claro: evitar que la historia se repita. El espíritu que animó a la CVJ fue proyectar sus conclusiones hacia el futuro, en la forma de una serie de recomendaciones presentadas al Estado y a la sociedad paraguaya. Se trata de 177 recomendaciones agrupadas en cinco ejes:

a) Satisfacción, que incluye

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medidas para la revelación pública y completa de la verdad; la búsqueda de personas desaparecidas; medidas dirigidas a obtener declaraciones oficiales; acciones orientadas a obtener disculpas públicas; aplicar sanciones; realización de homenajes a las víctimas y la promoción de una educación de derechos humanos que cuente lo ocurrido.

b) Restitución, que contempla medidas para el restablecimiento de los

derechos; propiciar el regreso a su lugar de residencia a exiliados y desplazados; reintegrar el empleo a las víctimas, así como acciones destinadas a la devolución de sus bienes.

c) Indemnización, con

acciones que busquen la mínima reparación material de los daños físicos y mentales de las víctimas y el reconocimiento de la pérdida de oportunidades, como las referidas a la educación y otras prestaciones sociales.

d) Rehabilitación. En

torno a este eje se agrupan las medidas de atención médica y sicológica de las víctimas directas e indirectas del Terrorismo de Estado, al igual que la provisión de servicios jurídicos y sociales adecuados.

e) No repetición, que

abarca la adopción de medidas que garanticen un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad. También se sugieren acciones que aseguren que todos los procedimientos civiles y militares se ajusten a las normas internacionales, así como el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. Entre estas recomendaciones figuran pautas de protección a profesionales que están en situación de riesgo así como las medidas sugeridas para la educación de todos los sectores de la sociedad en materia de derechos humanos.

Acciones para garantizar los derechos humanos Foto archivo CVJ

Algunas recomendaciones

6. Modificar la ley 838/96

para que se reconozca como víctima al exiliado por razones políticas y tenga derecho así de solicitar una indemnización. También se propone que las víctimas, sus herederos y descendientes puedan tener el derecho de acceder a la indemnización.

7. Asignar por ley a la Defensoría Para la elaboración del Informe, la Comisión de Verdad y Justicia realizó varias audiencias públicas, en Paraguay y también en el exterior, como la de la foto, llevada a cabo en el recinto del Congreso argentino en Buenos Aires.

Entre las medidas que la CVJ recomienda en su Informe Final elevado al Estado y la sociedad paraguaya es importante destacar al menos diez.

1. La creación de una Secretaría

Nacional de Derechos Humanos, dependiente de la Presidencia de la República, que tenga por objetivos, entre otros, la elaboración de un

plan nacional de derechos humanos, la implementación y seguimiento de las recomendaciones de la CVJ e intervenir como sujeto procesal en litigios promovidos por la CVJ en tribunales a favor de las víctimas de la dictadura stronista.

2.

La continuidad de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas con dos objetivos: facilitar el proceso de duelo de familiares y allegados y evitar la revictimización de estas personas.

3. La realización por parte del

Estado de un reconocimiento

público a los luchadores y víctimas del Terrorismo de Estado de la dictadura stronista.

4. La declaración por parte del

Estado de su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron bajo la dictadura. A este reconocimiento corresponde un pedido de perdón a las víctimas y a la sociedad paraguaya.

5. Entregar al Procurador Ge-

neral de la República y al Fiscal General del Estado el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia con el propósito de que se investiguen las denuncias en él contenidas e

iniciar las acciones legales correspondientes.

del Pueblo la facultad de investigar y sancionar a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales.

8. Incorporar la materia de

derechos humanos al programa de estudios de escolares, estudiantes secundarios y universitarios. Se insta a utilizar métodos modernos de enseñanza que hagan interesante la materia.

9.

Impulsar los juicios sobre tierras malhabidas y proseguir los trámites y gestiones hasta la finalización del proceso. La intención es restablecer el orden legal y legítimo de la propiedad de la tierra en el país.

10. Reclamar la aprobación

de tratados de derechos humanos en los cuales el Estado para-

guayo aún no es parte. Ese es el caso de la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares o la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Presentaciones ante organismos judiciales y búsqueda de desaparecidos

Iniciativas concretas para alcanzar la justicia El trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia no se limitó a la colecta de información, datos y testimonios. Incluyó además, como ya se refirió, la organización de campañas de comunicación y educación dirigidas a la población en general. Sin embargo, la CVJ se propuso también abrir caminos concretos en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas del Terrorismo de estado impuesto por el stronismo. En este sentido una iniciativa importante fue la presentación formal ante organismos judiciales de casos de violaciones de derechos humanos, especialmente de tortura, tratos degradantes e inhumanos y desapariciones forzadas de personas. Un total de diez denuncias fueron arrimadas a la Justicia entre mayo del 2006 y marzo del 2008, las cuales se encuentran en su etapa de investigación. Conviene recordar que la tesis institucional de la Fiscalía ha sido por muchos años considerar los delitos de tortura como prescriptos. Esta posición es abiertamente contradictoria con el derecho internacional de los derechos humanos y la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad ratificada por Paraguay. Sobre este punto, en su Informe la CVJ destaca un pronunciamiento del fiscal general adjunto quien se manifestó a favor de calificar de imprescriptibles tales crímenes y de esa manera evitar la impunidad de los torturadores y represores.

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Con el mismo espíritu, la CVJ también impulsó la búsqueda de personas desaparecidas, mediante la conformación de una Unidad de Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales. Este grupo elaboró un listado de las personas desaparecidas y víctimas de ejecuciones sumarias para después encarar la búsqueda en tumbas N.N., fosas comunes, y otros lugares donde pudieran encontrarse los restos de las posibles víctimas. A lo largo de su mandato, los integrantes de la Comisión de Verdad y Justicia organizaron seis excavaciones en busca de restos de

víctimas de la dictadura stronista. Para llevar adelante estos trabajos se contó con la valiosa cooperación del Equipo Argentino de Antropología Forense y del antropólogo forense del Ministerio Público. La CVJ participó también de una excavación en territorio argentino –con carácter de observador- en un lugar en que se presumía podrían hallarse los cuerpos de ciudadanos paraguayos. Los estudios en este caso están en proceso todavía. En igual estado se encuentran los análisis periciales y de comparación genética de los huesos descubiertos en tres excavaciones hechas en Paraguay. En las tres restantes excavaciones no fueron hallados tejidos humanos, por lo que se aguarda la construcción de nuevas hipótesis para proseguir la búsqueda. La CVJ también impulsó a nivel del Ministerio de Salud Pública la constitución de un banco de datos genéticos. En ese marco fueron extraídas muestras de ADN de 67 familiares directos de personas desaparecidas de forma a realizar las comparaciones pertinentes en el caso eventual de que nuevos restos óseos sean exhumados.

La CVJ impulsó excavaciones en el marco de la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura.

Sección II «

Antecedentes históricos del autoritarismo militar

«

El inicio de la larga noche stronista La relación con EEUU y Brasil

«

La máscara legalista del régimen estado de sitio y leyes represivas

El general Alfredo Stroessner conversa con su consuegro el general Andrés Rodríguez durante un acto militar.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Antecedentes históricos de la represión stronista

Génesis del autoritarismo militar Tras el fin de la Guerra del Chaco resurgieron con toda su fuerza los problemas políticos y sociales que habían llevado al régimen liberal al borde del colapso. El regreso a la normalidad ciudadana de grandes contingentes de personas que habían combatido en condiciones muy duras y habían vencido en virtud de su capacidad de sacrificio representó una presión que ya el gobierno no pudo contener. El 17 de febrero de 1936 hace irrupción en la vida política un nuevo actor que habría de tener el protagonismo en la escena nacional por las próximas décadas: las Fuerzas Armadas. En esa fecha, un levantamiento militar impuso en la presidencia del país al coronel Rafael Franco, dando inicio a la que se autodenominó la “Revolución libertadora”. Con un discurso marcadamente nacionalista, la revolución de febrero proclamó la identificación del pueblo paraguayo con las FFAA, calificadas como el “pueblo en armas”. En esta visión militarista y totalitaria se encuentran los elementos ideológicos y jurídicos que habrían de servir a la represión en los gobiernos posteriores.

Toda actividad de carácter político, de organizaciones partidistas, sindicales (…) que no emane explícitamente del Estado, será prohibida...” Otro decreto-ley, el Nº 5.484, de octubre de 1936, se orientaba en el mismo sentido, atacando de manera particular al Partido Comunista o grupos de izquierda. El texto decía que “se declaran punibles las actividades comunistas y se establecen las penas correspondientes...”; las sanciones iban desde 34 meses hasta cuatro años de prisión para quienes cometieran actividades “comunistas comprobadas”, sin derecho a excarcelación, otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de detener “a los sospechosos de ejercer actividades comunistas y a confinarlos en algún punto del país o a deportarlos, si así lo juzgare conveniente”. Si bien solo duró 16 meses, el gobierno de Franco marca un giro histórico en la sociedad paraguaya. Su caída, en 1937, abre un periodo de gran inestabilidad en la política paraguaya.

El decreto ley Nº 152 de 1936, de Defensa de la Paz Pública, señala la total identidad entre la revolución libertadora y el Estado paraguayo y, en ese sentido, agrega: “moviliza (…) a (…) todos los ciudadanos (…) para realizar integralmente sus objetivos permanentes directamente a través del organismo estatal. (…)

contexto

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Ametralladora antiaérea paraguaya en el Chaco.

La revolución de febrero de 1936 sintoniza con las tendencias ideológicas en boga a nivel mundial. Por un lado, luego de años de profundas crisis económicas, la Unión Soviética conseguía finalmente consolidarse. Su peso en la política internacional aumentó considerablemente, así como su influencia en los partidos comunistas de todo el mundo. Para entonces ya algunos países tenían regímenes nazi fascistas, como Italia y Alemania, donde la represión política llegaba a límites extremos. Las corrientes totalitarias habían ganado terreno por sobre las democracias liberales en todo el planeta. Entre tanto, en algunas naciones se instauraron gobiernos con mayor control e intervención sobre la economía, como era el caso de Estados Unidos, Inglaterra o Francia.

Rafael Franco.

La represión y el totalitarismo con ropaje legal

Con Estigarribia y Morínigo se consolida el rol de las FFAA Los gobiernos posteriores a la revolución de febrero del 36 no consiguen el suficiente consenso para normalizar la vida institucional y se suceden varios intentos de golpes de estado militares. La candidatura del general José Félix Estigarribia, propugnada por sectores de las FFAA y por el Partido Liberal, en 1939, no logró apaciguar la caldeada atmósfera política. El Partido Colorado y los demás grupos resolvieron no participar en las elecciones. De esta manera, Estigarribia se convirtió en el único postulante en las votaciones. Asumió el gobierno el 15 de agosto de 1939, a la cabeza de un gabinete cívico-militar. A pesar de su enorme prestigio personal, el general Estigarribia y sus colaboradores no fueron capaces de conducir al país a la paz pública. Los partidos y movimientos continuaron realizando movilizaciones y formulando duras críticas al régimen. En este contexto, en febrero de 1940, el general Estigarribia se abrogó decreto mediante “la plenitud de todos los poderes políticos del gobierno de la República”. A un grupo de juristas le fue encargada la redacción de una nueva Constitución Nacional en reemplazo de la de 1870. La Carta Magna fue aprobada a través de un Higinio Morínigo

referéndum, una figura que no estaba contemplada en la legislación pero que fue utilizada con el propósito de brindar legitimidad al nuevo ordenamiento jurídicopolítico. En setiembre de 1940, el avión en que viajaba el presidente Estigarribia cayó en la zona de Cordillera, provocando su muerte. Con el Poder Legislativo disuelto y con la nueva Asamblea de Representantes aún sin integrarse, la acefalía fue resuelta por los militares eligiendo como presidente de la República al general Higinio Morínigo. El perfil del nuevo gobierno queda en evidencia con el mensaje de Morínigo del 30 de noviembre de 1940: “Pueblo y ejército actuarán desde ahora bajo la dirección del mando único. Con la ayuda de Dios ejercerá inflexiblemente para orientar de una vez la Revolución Paraguaya”. Morínigo implantó en el país una durísima dictadura que estuvo compuesta en su gabinete primero por los liberales llamados “cuarentistas” y posteriormente por nacionalistas católicos vinculados al periódico El Tiempo. En febrero de 1945 el Paraguay declaró oficialmente la guerra a los países del Eje (Alemania y Japón en ese entonces), pero continuó la influencia del grupo militar de orientación nazi fascista. La victoria de los aliados en la Segunda Guerra mundial, en mayo de 1945, modificó sustancialmente la correlación de fuerzas en el hemisferio y determinó el aislamiento internacional del régimen de Morínigo

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

así como el fortalecimiento de los sectores democráticos paraguayos. Las presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, obligaron a Morínigo a retirar del poder al núcleo militar de extrema derecha, cuyo desplazamiento trajo como consecuencia la formación de un gobierno de coalición entre febreristas, colorados y militares. Entre estos últimos se encontraban algunos del sector “institucionalista” de las FFAA (los generales Juan Rovira, Amancio Pampliega y Vicente Machuca) quienes lograron que Morínigo levantara algunas restricciones a la prensa y a los partidos políticos y que constituyera un gabinete de coalición.

« 24

Estigarribia contó con el respaldo de amplios sectores de las Fuerzas Armadas y del Partido Liberal para llegar a la presidencia de la República.

Mano dura

Algunas medidas adoptadas bajo el gobierno del general Higinio Morínigo: Proscripción de los partidos políticos Disolución del partido Liberal por decreto Nº 12.246 Prohibición de asambleas, mítines, publicación y difusión de documentos y de artículos críticos hacia las autoridades nacionales Receso sindical Movilización militar de todo obrero que se declarase en huelga Censura previa de prensa y propaganda Estrechas relaciones con Italia y Alemania, con las cuales rompió solo al final de la Segunda Guerra Mundial por la presión internacional.

En los gobiernos de Estigarribia y Morínigo, la policía mantuvo en el exilio o controló la actividad de 2.800 personas. De ellas,

45,6% eran obreros y dirigentes sindicales

10% eran liberales 7,7% eran comunistas 6,7% eran dirigentes estudiantiles 4,5% jefes y oficiales militares 3,2% franquistas Los años de mayor represión fueron 1940, 1944 y 1947/8

Breve periodo de apertura política

La “Primavera democrática” Las medidas de apertura política adoptadas por el gobierno de Higinio Morínigo dieron inicio al periodo posteriormente conocido como “primavera democrática”. Muchos dirigentes (especialmente liberales, franquistas y comunistas) que habían partido al exilio pudieron regresar al país, se levantaron las restricciones a la actividad de los grupos políticos y a la prensa y se respiraba en general un ambiente de libertades. El gobierno de coalición -que se integraba con tres ministros colorados, tres franquistas y dos militares institucionalistas- anunció a la población la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución y

ordenamiento jurídico político de la República. En este llamado no habría discriminaciones de ningún tipo y se garantizaría la pluralidad y la libertad en las elecciones. Esta promesa no puedo concretarse sin embargo. La creciente tensión entre los miembros del gabinete de coalición, la crispación política en la sociedad, la postergación de las elecciones y los repetidos ataques a la prensa y a la oposición y, sobre todo, las intrigas por parte de algunos sectores colorados apoyados por el general Morínigo acabaron por arrastrar al país a una guerra civil. El enfrentamiento sangriento sentó las bases, en última instancia, para la instalación de la larga dictadura de Stroessner.

25 Obdulio Barthe, histórico dirigente comunista, pudo retornar al país en 1946, luego de varios años de exilio. En la foto aparece junto a José Asunción Flores y Agustín Barboza (atrás).

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

La sangrienta Guerra Civil del 47

El trinomio FFAA, Gobierno y Partido Colorado asume el poder

Las consecuencias políticas y sociales de la Revolución de 1947 siguen marcando el presente de nuestro país

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El corto periodo de libertades conocido en la historia paraguaya como “primavera democrática” llegó brusca y definitivamente a su fin el 10 de enero de 1947, cuando los miembros franquistas del gobierno de coalición resolvieron abandonar sus cargos. La exigencia de este sector era que el gabinete fuera compuesto solo por militares, con el fin de garantizar la realización de los comicios en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos. Se trataba de una reacción ante los evidentes privilegios que tenía el partido colorado dentro de la administración de Higinio Morínigo. La cúpula

militar respaldó ampliamente el planteamiento del franquismo, pero Morínigo, junto a dos jefes militares colorados -el teniente coronel Jiménez, comandante de la DC 1, y el mayor Rogelio Benítez, quien estaba al frente de la Policía de la Capital-, decidió dar un golpe de mano. El 13 de enero de 1947, el presidente Morínigo sustituyó a los jefes institucionalistas y franquistas, reemplazándolos con cuatro militares leales y cuatro colorados. Pero no se detuvo allí. Una gran cantidad de líderes franquistas y comunistas, así como militares institucionalistas fueron detenidos o debieron buscar asilo en embajadas extranjeras.

En marzo de 1947 estalló la Guerra Civil, la cual tuvo su epicentro en la ciudad de Concepción. Al menos el 80% de la oficialidad militar se plegó al levantamiento que incluyó además al partido liberal, la Concentración Revolucionaria Franquista y al Partido Comunista. Las reivindicaciones del alzamiento eran simples: vigencia inmediata de amplias libertades; legalización de todos los partidos, organizaciones obreras y estudiantiles; constitución de una Junta Electoral con representantes de los cuatro partidos políticos y elecciones libres para la integración de una Asamblea Nacional Constituyente. La descoordinación interna de los sectores insurrectos y la rápida reacción del gobierno de Morínigo fueron factores determinantes en la victoria final, en agosto del 47, de las fuerzas gubernistas. Es destacable el fuerte apoyo que recibió el régimen de Morínigo por parte del gobierno argentino del general Perón, quien en agosto remitió al Paraguay armas y pertrechos para equipar las milicias coloradas conocidas como “guiones rojos”, formadas por

excombatientes de la Guerra del Chaco pertenecientes a la ANR. La Guerra Civil fue el marco para un sinnúmero de violaciones de los derechos humanos no solo de los prisioneros sino también de la población no combatiente. Los allanamientos ilegales y los apresamientos irregulares de opositores continuaron en los meses posteriores a la contienda. Los grupos parapoliciales -la temible “guardia urbana”- exigían la constancia de afiliación al Partido Colorado para permitir la libre circulación de los ciudadanos. Una consecuencia directa de la victoria del gobierno de Morínigo fue el desplazamiento de amplias camadas de oficiales de las FFAA y el ascenso prematuro de jefes jóvenes. Esta situación acabó desvirtuando la cadena de mando dentro del ejército, poniendo en cuestión los liderazgos institucionales y los mecanismos de ascenso. Uno de esos jóvenes oficiales que por su lealtad al régimen de Morínigo se vieron beneficiados fue Alfredo Stroessner.

I NESTAB I L I DAD Muchas de las consecuencias de la Guerra Civil del 47 se siguieron sintiendo en la sociedad paraguaya incluso entrado el siglo XXI. Aquella contienda significó la división del Paraguay en vencedores y vencidos y representó además la destrucción completa de la oposición y el punto de arranque de la larga hegemonía del partido colorado, que habría de durar décadas. Pese a que el partido colorado empezó a actuar con absoluto y excluyente protagonismo en el escenario político nacional, el periodo inmediatamente posterior no se caracterizó en absoluto por la estabilidad. Once meses después de concluida la Guerra Civil, el general Higinio Morínigo fue desplazado de la Presidencia de la República, siendo ocupado el cargo por el líder de los “guiones rojos”, Natalicio González, quien también fue depuesto poco tiempo más tarde. Se trata solo de los primeros eslabones de una cadena de inestables gobiernos colorados que habrían de sucederse hasta el advenimiento de Federico Chávez, en 1949. Una característica común tuvieron sin embargo estas administraciones civiles y militares coloradas: la incensante represión a la oposición política y a los movimientos obrero y estudiantil. En 1948 el número de “prontuariados” por la policía política llegó a 549 nuevos ingresos. Bastaba la

simpatía hacia un partido político que no fuera el colorado para justificar la detención. Un caso extremo de la represión y que ilustra acerca de la situación en ese entonces ocurrió en octubre de 1949 cuando se produjo la muerte por torturas del joven dirigente comunista Mariano Roque Alonso. Muchas de las personas que acompañaron el cortejo fúnebre de Alonso fueron detenidas en forma completamente arbitraria por parte de la Policía.

27 Dos figuras claves del Partido Colorado en los años 40 y 50: Natalicio González, lider de los “guiones rojos”, y Alfredo Stroessner.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

El Golpe de Estado y el disfraz de la legalidad

Se inicia la larga noche de la dictadura stronista Con el pretexto de una oposición a ciertos ascensos militares dispuestos por el presidente Federico Chávez, el general Alfredo Stroessner, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, encabezó un golpe militar el 4 de mayo de 1954. El levantamiento contó con el amplio respaldo de la oficialidad joven, vinculada generacionalmente al emergente líder militar.

El golpe fue concebido y planificado, sin embargo, mucho tiempo antes. Fueron varios los dirigentes colorados que estuvieron involucrados. Entre ellos se destacan nítidamente Epifanio Méndez Fleitas, Tomás Romero Pereira y Guillermo Enciso Velloso, quienes mantenían profundas discrepancias con Federico Chávez. El presidente derrocado fue detenido primero en la Escuela Militar y luego en su propia residencia mientras la Junta de Gobierno del Partido Colorado deliberaba la salida por la que se optaría para zanjar la situación. La dirigencia de la ANR se mantuvo en sesión permanente por espacio de cuatro días, hasta el 8 de mayo, día en que finalmente Stroessner logró imponer su candidato para encabezar un gobierno provisorio. Se trataba del arquitecto Tomás Romero Pereira, cuya función se limitaría a conducir al país a unas elecciones

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generales para designar a quien completaría el periodo presidencial de 1953-1958. El 21 de mayo, el Partido Colorado asumió una resolución histórica: postular al general golpista Alfredo Stroessner a la presidencia de la República. Los comicios se realizaron en julio, sin la participación de la oposición. El ambicioso militar llegaba por fin a su objetivo: el ejercicio pleno del poder político en Paraguay. Todo el impasse generado por el derrocamiento de Federico Chávez fue tratado y resuelto en el ámbito del partido colorado y no de las instituciones correspondientes, previstas en las leyes. A pesar de este origen irregular, el régimen stronista construyó desde sus inicios una fachada de legalidad, en la tentativa más bien absurda de encubrir el carácter dictatorial y criminal de su gobierno. La dictadura stronista tuvo particularidades que la diferenciaron de otros procesos autoritarios de la región, a los cuales, además, superó ampliamente en duración. Desde el principio, el régimen de Stroessner demostró una evidente aspiración totalitaria, ya que no se limitaba a detentar el poder político institucional sino que buscó el control absoluto del

Stroessner preside desde una tarima un acto público realizado durante los primeros años de su gobierno. Juan Ramón Chávez aparece a su lado, mientras que Edgar L. Ynsfrán y Mario Abdo Benítez observan al arquitecto Tomás Romero Pereira al momento de firmar un documento.

conjunto de la sociedad. Esta característica explica la fuerza, longevidad y gravedad de los efectos sociopolíticos y económicos de la dictadura. La estructura y el funcionamiento del stronismo se apoyaba en dos elementos fundamentales. Sin orden de prelación, mencionaremos en primer lugar a las Fuerzas Armadas. Con el poder en sus manos, el dictador Stroessner emprendió una purga de los cuadros de oficiales, desechando a todos los elementos políticamente desleales. De inmediato, se aseguró el respaldo de la cúpula militar en el mando mediante ascesos, privilegios, asignación de tierras fiscales y todo tipo de negociados que incluyeron también la protección del contrabando y el narcotráfico. Un eje crucial del esquema stronista fue la partidización de las FFAA, en cuyas filas solo se podía ingresar y escalar siendo afiliado a la ANR y exhibiendo la más indigna obsecuencia hacia el dictador.

El segundo elemento fue el Partido Colorado, el cual aportó el sostén político al régimen a través de sus 229 seccionales en todo el país y la aplicación del clientelismo político llevado a límites inauditos. La ANR funcionó como partido único hasta 1963 y como partido hegemónico en los años siguientes hasta la caída del dictador. Además de ser el factor de legitimación de Stroessner, el partido colorado contribuyó incluso con la incorporación de sus afiliados a grupos de represión parapolicial. La bisagra o el papel articulador y de liderazgo entre ambos componentes, FFAA y ANR, estaba dado por la figura misma del dictador Alfredo Stroessner. Este militar ejercía un poder unipersonal con un control absoluto e incontestado sobre un régimen que se autodefinía como “democracia sin comunismo” y que estaba estrechamente ligado a la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por los Estados Unidos.

29 Stroessner basó su régimen en las FFAA y la ANR, luego de expulsar a la disidencia en ambas instituciones. Aquí, al momento de llegar a una concentración colorada.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Nacionalismo militarista y anticomunismo

Ejes doctrinarios de la dictadura

Edgar L. Ynsfrán hace uso de la palabra en una sesión de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, a mediados de los años 50. En primer plano se ve a Epifanio Méndez Fleitas, a quien Stroessner persiguió con saña posteriormente.

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Más que una ideología propiamente dicha el basamento doctrinario del régimen de Alfredo Stroessner fue un difuso conglomerado de elementos nacionalistas, tradicionales y autoritarios con los que buscó impregnar a toda la sociedad paraguaya. A diferencia de las grandes ideologías de la época, la dictadura stronista no encarnó jamás un proyecto histórico, ni postuló la creación de un “hombre nuevo” ni pretendió transformar radicalmente la economía y la sociedad. En sus contenidos discursivos, la tiranía de Stroessner apeló a un nacionalismo elemental y de corte militarista sustentado en el culto al Mariscal Francisco Solano López y a la Guerra de la Triple Alianza, la heroicidad de la raza paraguaya, el odio a los Legionarios, etcétera. Los impulsores de esta corriente -y, por lo tanto, principales ideológos del stronismo- fueron los colorados Juan E. Oleary y J. Natalicio González. La práctica política del régimen desmentía sin embargo este rabioso patriotismo ya que a nivel internacional se mostraba cada vez más dependiente de EEUU y Brasil. Desde sus inicios,

de hecho, la dictadura de Stroessner se alineó sin objeciones a la doctrina de la Seguridad Nacional propugnada por EEUU y se declaró en cuanta tribuna internacional pudo como una “democracia sin comunismo”. El discurso anticomunista fue central en la política represiva del régimen. Sin embargo, en realidad, el stronismo nunca consideró al comunismo o a las agrupaciones políticas de izquierda como un peligro real. Su feroz anticomunismo servía de elemento de legitimación -de cara a EEUU- para la represión a otros sectores, sin que importara la ideología ya que más de una vez alcanzó incluso a grupos conservadores. Con el argumento de la lucha anticomunista consiguió la más estrecha cooperación técnica y financiera por parte de EEUU. No hay mejores palabras para explicar estos mecanismos de la dictadura que las contenidas en un informe de la Comisión de DDHH de la ONU fechado en 1980: “Cualquiera que sea la posición de su propaganda oficial, el régimen de Stroessner no tiene realmente miedo a la subversión. De lo que tiene miedo es de la democracia”.

Ayuda económica y asesoría en represión

El padrinazgo de Estados Unidos

El dictador Alfredo Stroessner saluda al ex presidente norteamericano Eisenhower. El régimen stronista fue un aliado fiel de EEUU durante la Guerra Fría.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial la humanidad asistió a la división del planeta en dos bloques claramente diferenciados. Por un lado, las naciones occidentales, lideradas por Estados Unidos, y por el otro, el bloque socialista, a cuya cabeza se situaba la extinta Unión Soviética. Durante varias décadas, ambos sectores protagonizaron una sorda pero intensa confrontación conocida como la “Guerra Fría”. Nunca se produjo un enfrentamiento bélico entre las principales potencias, pero sí estuvieron involucradas ambas, siempre en bandos rivales, en todos los conflictos políticos y militares internacionales de esos años. Por el tiempo que duró la Guerra Fría, Estados Unidos impulsó en América Latina -una región de influencia tradicional para ese país- una férrea política anticomunista. Brindó un firme apoyo a å militares de derecha -como el de Stroessner- e

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

intervino en golpes de estado que truncaron procesos democráticos. Asimismo, asesoró a los aparatos represivos de todos los países del continente e intentó abolir cualquier experiencia política autónoma, como por ejemplo la Revolución Cubana.

Aliados íntimos

Está claro que el stronismo no hubiera sobrevivido sin la ayuda masiva de EEUU. Una muestra: entre 1953 y 1961 el volumen de ayuda y créditos otorgados por EEUU llegó a 53,2 millones de dólares, muy por encima, en proporción con el PIB, que lo recibido por Brasil o Chile. Tras el triunfo del castrismo en Cuba, los montos asignados por Washington al Paraguay crecieron exponencialmente, llegando entre 1962 y 1965 a 80 millones de dólares. Pero la colaboración norteamericana con el stronismo no se quedó allí: entre 1962 y 1969, 400 oficiales paraguayos recibieron formación en EEUU y en la zona del Canal de Panamá en métodos contra la “insurgencia comunista”. Además, bajo la asesoría del teniente coronel Robert K. Thierry se creó en 1957 la Dirección de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior (la tenebrosa “Técnica”, principal centro de torturas).

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Por el lado de la dictadura la sumisión a la política exterior norteamericana alcanzó límites de abyección dificilmente creíbles hoy en día. Dos ejemplos: En 1962, Paraguay fue portavoz de una posición extrema en la OEA al exigir que este organismo interviniera militarmente en Cuba para derrocar al gobierno de Fidel Castro. Años más tarde, en 1968, Paraguay llegó a ofrecer a EEUU tropas paraguayas para combatir en Vietnam. Las armoniosas relaciones entre ambos países habría de entrar en una breve crisis cuando a principios de los años 70, EEUU integró un nuevo criterio: la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Es emblemático en este sentido el caso de August Ricord, jefe de la llamada “conexión latina” y que fue extraditado a EEUU en 1973 pese a la protección que gozaba por parte de ministros y jefes militares paraguayos. Este epidosio no significó, sin embargo, el cese de la colaboración estadounidense a la represión. No fue sino hasta la presidencia de Jimmy Carter -quien llevó adelante una activa campaña a favor de los derechos humanos desde 1977- que el régimen stronista dejó de gozar del respaldo irrestricto de Washington.

El entonces vicepresidente norteamericano Richard Nixon en una cena que le fue ofrecida durante su visita al país. Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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El respaldo de la potencia regional

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A la sombra de Brasil La relación de los gobiernos de Higinio Morínigo y de Federico Chaves con el régimen del general Juan Domingo Perón, en Argentina, fue de la más estrecha colaboración. Con el derrocamiento del líder justicialista -en 1955, a un año de la asunción de Stroessner a la presidencia- se produjo un giro radical en la orientación geopolítica del Paraguay. Los fuertes vínculos de nuestro país con la Argentina se fueron debilitando, mientras que en contrapartida se fortalecían las relaciones con el Brasil, que en su momento había acogido al futuro dictador paraguayo quien cursó estudios superiores en instituciones militares de ese país. Su paso por estos cursos le permitió vincularse a oficiales que habrían de ser gravitantes en la política brasileña en los años posteriores. Brasil adoptó a Stroessner como a un ahijado dilecto. La cooperación militar creció mucho en esos años, durante los cuales vendió aviones y armamento al Paraguay. Un poderoso servicio de inteligencia brasileño operaba en el país y prestaba ayuda a las fuerzas represivas del régimen. Entre 1964 y 1965 comienzan las conversaciones sobre la explotación hidroeléctrica del río Paraná y se inaugura el Puente de la Amistad, punto fundamental de la

llamada “marcha hacia el Este”: un desplazamiento geopolítico, demográfico y económico hacia la frontera con el Brasil, inédito en la historia. Este proceso llega a su pico a mediados de la década de los 70, cuando Brasil reemplaza a Argentina en el podio de mayor socio comercial y principal fuente de inversiones del Paraguay. Es otro, sin embargo, el momento emblemático de las relaciones entre el Paraguay sojuzgado por Stroessner y la potencia emergente en el continente: el Tratado de Itaipú. Este proyecto supuso el fin de la antigua reivindicación territorial paraguaya sobre los Saltos del Guairá. El dictador paraguayo no dudó en allanarse a las condiciones de Brasilia y colocó al Paraguay en una situación de inferioridad cuyas consecuencias aún hoy pagamos. Transcurridos muchos años, cuando se produce el golpe de Estado que desaloja a Stroessner del poder en 1989, un Brasil ya democratizado no habría de darle la espalda a un colaborador tan fiel. Allá fue el tirano derrocado a refugiarse, amparado pese a todos sus crímenes y robos en el estatus de exiliado político.

33 Stroessner tuvo una excelente relación con los gobiernos militares brasileños, los cuales le prestaron colaboración y apoyo. Aquí junto al dictador militar Ernesto Geisel durante un acto público.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

La ingeniería jurídica del stronismo

La máscara legalista del terrorismo de Estado

El dictador junto a su gabinete civil en un acto frente al Panteón. Entre otros aparecen, Pedro P. Peña, Delfín Ugarte Centurión, Sabino Augusto Montanaro, Luís María Argaña, Tomás Romero Pereira, Dionisio González Torres y Juan Ramón Cháves.

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Una de las características de la dictadura de Alfredo Stroessner fue, desde el inicio, la pretensión de revestirse de legalidad, de un disfraz constitucional y jurídico a pesar de la represión cotidiana y las atrocidades cometidas contra la oposición política y los movimientos sociales. Las constituciones de 1940 y de 1967 proclamaban en sus enunciados principios democráticos y consagraban los principales derechos de los ciudadanos; sin embargo, en las secciones que reglamentaban el funcionamiento del Estado y de las instituciones, se vislumbra una marcada diferencia en el peso que los distintos poderes tenían en la vida política de la república.

El Poder Ejecutivo gozaba de amplias atribuciones, mientras que en contrapartida existía una escasa independencia de los tribunales de justicia y de los órganos electorales. Bajo el stronismo, el Paraguay no suscribió ninguno de los tratados de defensa de los derechos humanos que por entonces recibían el respaldo de las sociedades democráticas. Aunque en el país imperaba claramente un régimen de terrorismo de Estado, el maquillaje legalista le sirvió al stronismo durante muchos años en varios sentidos. En primer lugar, al menos hasta los primeros años de la década de 1980, esta fachada legal cumplió una importante función en las relaciones internacionales

de la dictadura. La fórmula de “democracia sin comunismo” le granjeó durante décadas el apoyo de EEUU y otros países occidentales. La represión, supuestamente amparada en las leyes, y las fraudulentas elecciones periódicas contribuían de cierta manera a las campañas de desprestigio que la tiranía hacía contra sus adversarios en el campo internacional. En el frente interno, el ropaje de legalidad socavaba las posibilidades de acción política de la oposición y servía para aislarla ante el resto de la sociedad. En rigor eran dos las leyes más importantes bajo la dictadura -por encima de cualquier otra, incluso de la Constitución-, se trata de la Nº 209 y la Nº 294. Eran dos normativas de emergencia que limitaban drásticamente los derechos y garantías civiles contenidos en la Constitución. Fueron instrumentos recurrentes de la represión política, ya que permitían la violación sistemática de los derechos de los ciudadanos y la impunidad de quienes cometían estos actos. Con el tiempo, la dictadura hizo permanente el estado de sitio -era renovado cada tres meses- hasta 1987 cuando fue levantado ante la creciente presión internacional. En todo caso, como bien lo define el Informe de la Liga Internacional de Derechos Humanos de 1981, el Paraguay gobernado por Stroessner vivía bajo dos códigos muy distintos. El primero, constituido por las leyes y normas jurídicas, correspondía a la formalidad defendida por el régimen; el segundo era el código del “mbareté”, sin reglas escritas pero que se definía simplemente por la jerarquía dentro del régimen e implicaba el ejercicio arbitrario e impune del poder. Se generaba así “un sentido de inmunidad”, decía el Informe referido, “que tienen la policía, los fiscales y los jueces independientemente del grado de ilegalidad de sus acciones. No hay funcionario policial que tema un castigo por haber asesinado, torturado o violado algún derecho fundamental (...) saben que están seguros siempre que actúen de conformidad al código del mbareté”. Los que se hallaban fuera de la estructura de la dictadura o eran sus críticos o adversarios estaban entonces excluidos de cualquiera de ambos códigos y solo podían sufrir las consecuencias de su funcionamiento.

derec h o s v i o lad o s -El derecho a la vida y la seguridad (desaparición de personas y ejecuciones extrajudiciales) -El derecho a la integridad personal. -El derecho a no ser arbitrariamente arrestado o detenido y el derecho al hábeas corpus. -El derecho a la dignidad de las personas (denigración pública de opositores y disidentes). -El derecho a la justicia, a la defensa, garantía del debido proceso y a la presunción de la inocencia. -El derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión. -El derecho a la libertad de opinión y de expresión. -El derecho de reunión, de asociación y de participación política. -El derecho a la libertad de circulación y de domicilio. -El derecho a la intimidad o privacidad. -El derecho a la propiedad privada.

CIDH sobre el estado de sitio Conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1987 sobre el estado de sitio: “La ausencia de causales que justifiquen la implantación del estado de sitio, la vigencia por casi treinta y tres años de tan grave medida, la afectación de derechos que la Constitución no autoriza a suspender o restringir y la ausencia de recursos judiciales de los individuos frente a los poderes del Presidente, son todos elementos que permiten a la Comisión concluir que el estado de sitio no ha sido en Paraguay un instrumento para afrontar situaciones excepcionales, sino una herramienta al servicio de una dictadura, en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y de los instrumentos internacionales aplicables en ese país.”

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Una nueva Carta Magna

La Constituyente del 67

La Constituyente de 1967 sentó las bases de la perpetuidad en el poder de Alfredo Stroessner. Otorgaba además amplias prerrogativas al Poder Ejecutivo por encima del Judicial y Legislativo.

Al llegar al poder el general Alfredo Stroessner se hallaba en vigencia la Constitución de 1940, que permitía solo una reelección al presidente de la república. Mediante una interpretación sesgada, el Congreso stronista impuso el criterio de que el periodo 1963/1967 -en rigor, ya el tercero- era el último ciclo del tirano en el poder. Ante esto, y en coherencia con la lógica de otorgar visos de legalidad a sus acciones dictatoriales, el régimen convocó a una Convención Nacional Constituyente en 1967, para modificar la Carta Magna y posibilitar la reelección de Stroessner. Mientras que las anteriores votaciones se habían realizado sin participación de la oposición, las de 1967 fueron presentadas como un signo de apertura al permitirse la concurrencia de varios partidos políticos (fueron excluidos el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Popular Colorado).

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No hay que olvidar que toda la campaña electoral -y la misma Convención- se desarrollaron bajo el más férreo estado de sitio. No hubo tampoco amnistía para exiliados o presos políticos. El sistema electoral bajo el stronismo disponía la asignación de los dos tercios

de las bancas al partido mayoritario -la ANR obtenía la victoria con porcentajes muy abultados en votaciones fraudulentas- mientras que el tercio restante debía repartirse entre las demás fuerzas políticas. La Convención aprobó el 25 de agosto de 1967 el nuevo texto constitucional que incluía el reconocimiento del derecho de “toda persona a ser protegida por el Estado en su vida, su integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su honor y su reputación” (Art. 50). Asimismo, se garantizaban la libertad de opinión, de expresión, de reunión y de asociación. Paralelamente, la Constitución ampliaba la posibilidad de reelección del presidente de la República y le otorgaba la facultad exclusiva de declarar el estado de sitio, sin control parlamentario. La Corte Suprema de Justicia interpretó posteriormente que el estado de sitio suspendía la vigencia del hábeas corpus. En resumen, los enunciados democráticos, las garantías ciudadanas y los compromisos del Estado hacia la población quedaban en letra muerta al concedérsele al Poder Ejecutivo las más amplias prerrogativas, además de una clara primacía sobre los demás poderes.

Foto archivo CIPAE

La principal herramienta jurídica del stronismo fue el estado de sitio, en virtud del cual cualquier persona podía ser privada de su libertad sin orden judicial.

Arbitrariedades, abusos y atrocidades con amparo legal

El estado de sitio y la represión permanente El mayor instrumento jurídico de la dictadura stronista fue el estado de sitio. Un informe de la Liga Internacional de Derechos Humanos de 1980 define así esta figura: es “un componente institucionalizado y permanente del mecanismo de gobierno” que permite “ejercer poderes discrecionales absolutos, sin consideración alguna de derechos legales ni

garantías constitucionales”. El estado de sitio estaba ya contemplado en la Constitución de 1940, la cual disponía en su artículo 52 que el Poder Ejecutivo podía declararlo en caso de “alguna amenaza grave de perturbación interior o conflicto exterior que pueda poner en peligro el ejercicio de esta Constitución y las autoridades creadas por ella”. El presidente podía

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

ordenar el arresto de personas sospechosas y disponer su traslado a un punto del territorio nacional, donde se le podría dar la opción de abandonar el país. Esta posibilidad -exiliarse en el extranjero- fue suprimida en la Carta Magna de 1967, lo que dio lugar a detenciones que duraron varios años e incluso décadas. Los artículos 79 y 181 de la Constitución del 67 fijaban las condiciones del estado de sitio determinando sus causales en términos similares a la anterior ley. El presidente solo debía “dar cuenta”, es decir informar, al Parlamento sin que éste pudiera debatir las razones del decreto de estado de sitio. Desde 1967 hubo reiterados intentos de la oposición por reglamentar el estado de sitio. Todos fracasaron. De esta manera, la aplicación de esta situación excepcional fue una atribución discrecional del presidente que podía ordenar la detención de cualquier persona, la censura de la prensa, la prohibición de reuniones, el allanamiento de domicilios sin orden judicial, etcétera.

L EY ES DE EMERG ENCIA La estructura jurídica del stronismo se sustentaba en dos leyes liberticidas. En primer lugar, la Ley Nº 294 de “Defensa de la democracia”, sancionada el 17 de octubre de 1955 por la Cámara de Representantes -donde solo había coloradosy que en su artículo 1 castigaba a “los que se alzaren con mano armada para suplantar total o parcialmente la organización (...) republicana (...) por cualquier (...) régimen totalitario”. Ya en su artículo 2 penaba hasta con cinco años de cárcel a “los que difundieren la doctrina comunista (...) y dirigieren asociaciones (...) que tengan por objeto (...) cometer el delito (...) precedente”. En segundo lugar, la Ley 209, sancionada el 15 de setiembre de 1970, bajo el título “Defensa del orden público y libertad de las personas”, que castigaba a quienes predicaran “el odio entre los paraguayos, la lucha de clases, apología del crimen o de la violencia”. Cientos de personas fueron detenidas por la Policía invocando nebulosas violaciones a la Ley 209, tristemente célebre bajo la dictadura, que tuvo la particularidad de incrementar las penas fijadas en la Ley 294.

Penas establecidas por la Ley 209

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Colocación de bombas

de dos a cuatro años de cárcel

Secuestro

de seis a doce años de cárcel (en caso de que la víctima fuera el presidente o diplomáticos)

Formación de una banda armada

de cuatro a ocho años de cárcel

Pertenencia a partidos u organizaciones comunistas

de uno a cinco años de prisión

Difamación a un ministro, legislador o miembro de la Corte Suprema

de tres a seis años de cárcel

Prédica pública del “odio entre paraguayos y la lucha de clases”

de uno a seis años de prisión

El Congreso y la Justicia bajo la bota del stronismo

La ilusión de la independencia de los poderes

Parlamento, una eventualidad que sí estaba contemplada en la Carta Magna de 1870. En contrapartida, el texto constitucional autorizaba al primer mandatario a disolver el Congreso y gobernar mediante decretos-leyes. Las causales de una medida tan extrema estaban enunciadas en términos imprecisos: por hechos que “pongan en peligro el equilibrio de los poderes del Estado, o de otro modo afecten la vigencia normal de esta Constitución o el libre desenvolvimiento creadas por ella”. La intervención del Ejecutivo en la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia era decisiva, lo mismo que para el nombramiento de jueces de tribunales inferiores. Solamente el presidente de la República podía ordenar la vigencia del estado de sitio, así como determinar los derechos y garantías restringidas por esta medida.

Luis María Argaña saluda al dictador. Argaña ocupó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en la última etapa del régimen.

Un principio republicano básico y fundamental es la independencia y el control recíproco entre los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Bajo la dictadura de Alfredo Stroessner tal autonomía solo existía en los papeles. En la práctica, tanto los legisladores como los jueces y fiscales se hallaban bajo la estricta dominación del dictador y su grupo de colaboradores más cercanos. La Constitución nacional disponía, a través de varios artículos, la concentración del poder en el Ejecutivo. El presidente de la República, por ejemplo, no podía ser removido por la vía de un juicio político por el

En rigor, el Congreso nacional jamás funcionó como un poder del Estado bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. Era más bien una instancia destinada a otorgar legitimidad a las decisiones y políticas adoptadas por el Ejecutivo: en las largas décadas que duró la dictadura, el Parlamento no rechazó un solo proyecto presentado por el presidente. En el mismo sentido, y aunque la Constitución le habilitaba a hacerlo, la Corte Suprema nunca declaró inconstitucional ninguna ley emanada del Congreso. Figuras o recursos que hoy resultan comunes y frecuentes en la labor parlamentaria -interpelaciones, pedido de informes, voto de censura, convocatorias a ministros o funcionarios, etcétera- no fueron aplicados jamás durante el stronismo. En el caso de la judicatura no existían mecanismos que garantizaran su independencia,

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

inamovilidad, profesionalidad y competencia técnica. Desde luego, una condición no escrita pero indispensable para acceder a una carrera en el Poder Judicial era la afiliación al Partido Colorado. Este requisito corría tanto para los jueces, como para el más humilde de los empleados judiciales. Al igual que otras dictaduras, la paraguaya operaba sobre la base de dos sistemas penales diferentes: uno “público”, encargado de las detenciones y juzgamientos llevados a cabo en el marco del sistema penal formal; y otro “subterráneo”, el que se encargaba del ejercicio sistemático del terrorismo de estado. Con el stronismo, el campo “público” actuaba con el estado de sitio y las leyes de excepción; el “subterráneo”, en cambio, cometía detenciones sin procesos judiciales, secuestros, desapariciones forzosas, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y ejecuciones.

Una “bisagra” Como se había dicho, el stronismo funcionaba con dos sistemas paralelos: uno “público” y otro “subterráneo”. La bisagra entre ambos planos de acción represiva de la dictadura estaba dada por determinadas instituciones y personas. Un ejemplo de este papel articulador -fundamental para el régimen- era Pastor Coronel, el siniestro jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía y principal responsable, durante muchos años, de las detenciones arbitrarias y las torturas para obtener delaciones o confesiones. En los procesos judiciales apoyados en la Ley 209 le correspondía a este personaje preparar las bases para la acusación y aquellos que fueron declarados culpables lo fueron en virtud de los informes policiales elaborados por Pastor Coronel y sus subalternos.

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Foto gentileza del diario Ultima Hora

Sección III

Detenciones arbitrarias y torturas Anatomía del horror: formas y modalidades de la tortura Factores agravantes y niveles de la tortura El torturador: pieza clave del terrorismo de Estado El desamparo legal ante el abuso y la represión Una marcha de trabajadores es violentamente reprimida en una calle del centro de Asunción.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Periodización de las instituciones y sus prácticas bajo el stronismo

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Criterios

1954/1966

1967/1981

1982/1989

Instituciones HVDH*

FFAA, Policía, parapoliciales

Policía, FFAA, parapoliciales

Policía

Marco legal y político

Const 1940, Ley 294, estado de sitio.

Const 1967, Ley 209, estado de sitio.

Const 1967 Levantamiento esporádico del estado de sitio.

Nivel y modalidad de contestación y oposición

Contestación militar opositora y del partido oficial. Guerrillas desde el interior y exterior. Contestación obrera y estudiantil

Movilización estudiantil y campesina. Grupos clandestinos de izquierda y de partidos opositores

Contestación ciudadana, política, religiosa, sindical, campesina, de la prensa e incluso del oficialismo

Frecuencia y gravedad de los HVDH

Prisión prolongada, exilio masivo, torturas y ejecuciones

Prisión menos prolongada, torturas y más ejecuciones selectivas

Prisiones cortas. Disminución de las torturas sistemáticas

Lugares de detención y HVDH

Campos de concentración, predominio de la Técnica y comandos militares. Calabozos de comisarías

Predominio de la Policía de la Capital y el Dep. de Investigac. Presos van a Emboscada y a la cárcel pública

Predominio de la Policía. Los presos van a la cárcel pública

Rol del Poder Judicial

Complaciente y cómplice

Judicialización de la persecución política

Judicialización de la persecución política

Principales eventos operat. con sistematicidad y unidad de mando

Eliminación o desaliento de opositores. Copamiento de instituciones de sociedad civil y filiación forzada

Eliminación selectiva. Represión y duplicación de las instituciones de la sociedad civil

Represiones menos violentas. Pérdida del control autoritario de la sociedad civil.

Entorno internacional

Apoyo de estados limítrofes a la represión o a la resistencia contra el gobierno. Apoyo de EEUU a la dictadura

Colaboración de dictaduras regionales con la represión. Con el presidente Carter cambia la política de DDHH de EEUU

Apoyo de EEUU e internacional a la transición.

* Hechos violatorios de los derechos humanos

Con puño de hierro

Foto archivo CIPAE

Detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles y degradantes

Las detenciones arbitrarias constituyen el hecho de violación de los derechos humanos más común durante la dictadura.

La represión de la dictadura stronista a la oposición política, los movimientos sociales e individuos críticos al régimen tuvo su expresión más constante y sistemática en las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles y degradantes. La característica predominante de las detenciones fue su carácter ilegal, irracional, imprevisible y desproporcionado.

19.862 detenidos 18.722 personas fueron torturadas por la dictadura

“La tortura en el Paraguay es la base de la represión, es el corazón del sistema que permite al régimen de Stroessner mantenerse. La tortura está

institucionalizada y hay personas que por la mañana van a su trabajo, y su trabajo es la tortura; y a la noche regresan a su casa y realizan actividades como cualquier persona normal”, declaraba Robert White, embajador norteamericano en Paraguay, ante un Tribunal de Justicia de EEUU sobre el caso de Joel Filártiga. La prohibición de la tortura ya estaba consagrada en la Constitución de 1940 que en su artículo 28 decía “se prohíbe el empleo de todo tormento y azote”. La Constitución de 1967 era mucho más clara en su condena a este tipo de prácticas. El Informe de la CVJ no establece una diferencia categórica entre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Ensañamiento del stronismo con los opositores

Formas y modalidades de tortura La tortura en el Paraguay fue inherente a una forma de gobierno y de establecimiento del orden, una manera de expresar el poder del Estado y de obtener la subordinación ciudadana al gobierno. Fue un trato que buscaba disuadir a las personas para que no manifestaran en forma pública la disidencia con el gobierno, salvo acuerdo previo en la forma y en la medida autorizadas por el gobierno. La tortura y los tratos crueles eran aplicados también a los delincuentes comunes, por delitos contra la propiedad o las personas.

Golpes

La golpiza con los puños o con patadas comenzaba en el momento de la detención, habitualmente violenta y sin orden judicial. Las víctimas señalan que muchas veces los victimarios tomaban alcohol u otros excitantes.

E l “ tejurugua i ” El 22% de las víctimas de tortura declara haber sido golpeada con este látigo para animales, fabricado de cuero trenzado terminado en varias puntas que con frecuencia llevaban piezas de metal en sus extremos. Los golpes con el látigo eran aplicados en distintas partes del cuerpo, incluso a la altura de los oídos, lo que resultaba en la pérdida inmediata de equilibrio de la víctima. Muchos testimonios dan cuenta de que estos instrumentos recibían nombres sarcásticos por parte de los torturadores del Departamento de Investigaciones de la Policía, tales como “constitución nacional”, democracia” o “derechos humanos”. También eran muy frecuentes los golpes con sables o yataganes. Palos, leños, cables, alambres y alambres de púas fueron utilizados para golpear.

Golpes más frecuentes, según testimonios recogidos por la CVJ

En la cabeza En la espalda En las piernas En el pecho En los pies En la columna En los brazos En las costillas En los hombros

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En los genitales

30,7% 28,7% 16,3% 14,1% 12,5% 10,5% 9,8% 8,8% 7,8% 7,8%

Lo común era que las personas recibieran golpes en varias partes del cuerpo, de manera que estos porcentajes no son excluyentes.

Consecuencias de la tortura

Los golpes en la cabeza producían cambios de conducta, irritabilidad, somnolencia, pérdida de conocimiento, movimientos anormales, sangrados por nariz, oído y boca, vómito repetido, formación de hematomas, heridas en el cuero cabelludo o en la cara, transtornos en el equilibrio o la marcha. Los golpes en las articulaciones: dolor intenso, inflamación, disminución de la movilidad y dolores residuales, fracturas. Los golpes en la columna: hernias y grados diversos de invalidez. Golpes en el vientre: hemorragias internas y destrucción de órganos vitales, como el riñón y el hígado. Golpes en la planta de los pies: daños neuronales. Golpes en ojos y oídos: disminución o pérdida de la audición o la visión. Golpes en los genitales: secuelas en la función sexual. “Nos pegaron, a mí me rompieron la cabeza y nos

“...Entonces viene la Policía y Antonio Alonso se quedó a dormir porque uno de los campesinos lo invita a llevarlo a su casa a dormir. Ahí precisamente lo detienen a Antonio Alonso, lo suben a una camioneta y lo traen a la delegación de gobierno de Villarrica. Muy rápidamente lo trasladan a Charara, donde estaban Colmán (el general Patricio Colmán) e Ynsfrán (Edgar L., ministro del Interior). Ahí lo torturan salvajemente, no hay cosa que no le hayan hecho en cuanto a golpes. Cuando él ya no podía mantenerse en pie se cae al piso...Antonio Alonso les escupía a los torturadores y gritaba viva el Paraguay y la liberación nacional, abajo la dictadura. Entonces dijeron a los campesinos traigan pala de punta, trajeron y decían empezá por arrancarle los pies. Así fueron destrozando nudo por nudo el cuerpo de Antonio Alonso y así lo liquidaron. Y les decían a los campesinos: esto les va a pasar si se meten en estas cosas y si no cuentan dónde están los otros” Emilio Gómez Segovia, Villarrica, 1960

pegaban con alambre de púa liado, tejuruguai y con cachiporra” Agripina Portillo, Asunción, 1974. “Patadas también, nos golpeaban con sables, en la planta de los pies me golpearon, no me podía parar más de tantos golpes” Analio Alcaraz, Asunción, 1963.

Colgamientos

El 24,5% de los declarantes afirma haber sufrido esta forma de tortura consistente en suspender en el aire o inmovilizar el cuerpo de la víctima mediante sogas, cables o alambres. Además del dolor agudo que produce el colgamiento, éste ponía a la víctima

a merced del torturador. Era frecuente que una vez colgados las personas recibieran descargas eléctricas, golpes y en algunos casos violaciones sexuales con objetos. “¿Colgamiento? Sí, de las manos. ¿recordás la columna que estaba enfrente de la puerta del ayudante de Cantero a la mano izquierda? Ahí había una columna redonda, ahí te colgaban. El colgamiento era: te elevaban hasta que la punta de los pies apenas tocara el piso, no te suspendían totalmente, pero después de un rato era tremendo” Alejandro Mella Latorre, Asunción, 1980.

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Asfixia por inmersión

El horror de la “pileta”

El 24,4% de los declarantes afirma haber sido torturado mediante asfixia por inmersión en agua o “pileteada”. Esta es una de las modalidades empleadas masivamente y en forma constante por la represión stronista. El procedimiento consistía en desnudar a la víctima, atarle las manos y los pies y colocarla contra una bañadera llena de agua. Algunos de los torturadores estaban vestidos con trajes de baño, eran los que aplicaban la “pileteada” apretando la cabeza de la persona bajo el agua o subiéndose encima de su cuerpo. Los demás controlaban que la tortura no se desbordara hasta la muerte de la víctima. La sensación de ahogo es indescriptible, coinciden los testimonios de las víctimas. Cuando el torturado estaba al borde de la muerte era sacado del agua y golpeado en el vientre o con las dos manos en los oídos (este golpe era conocido con el siniestro nombre de “el teléfono”). Las víctimas perdían el control de los esfínteres y con frecuencia caían desmayados. La “pileteada” fue aplicada sobre todo tipo de personas: niños, adultos, ancianos, mujeres embarazadas. Existen testimonios de torturas por asfixia empleando bolsas de plástico o tela.

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“...Cuando a mi me piletearon me agarraron cerca de las 22. Y me torturan hasta cerca de las 4:00. Pero era por espacios, es decir que me dejaban respirar un rato y después comenzaban de vuelta. Cuando me largan es porque me da un ataque al corazón. Despierto y me siento desnudo, envuelto en algo y le veo a Kururu Piré (Lucilo Benítez)” Roberto Villalba, Asunción, 1983.

“A una cuadra de Investigaciones había una casa vieja y ahí era el centro de tortura. Estaban cerca de 15 personas, dos de ellos en short. Creo que uno se llamaba Castro, era blanco alto y no tenía dedos en una mano. Me desnudaron, me ataron de pies y manos. Me agarraron y me tiraron bajo el agua por unos minutos, tragaba agua, después me sacaban y me volvían a meter, me preguntaban si yo era comunista, donde estaban los compañeros, quien me daba plata. Sentí un malestar, se me oscureció la vista y me desmayé” Cándida Ortiz, Asunción, 1965.

Descargas eléctricas

Dolor extremo De acuerdo con los registros de la CVJ, el 19,4% de las personas que brindaron su testimonio afirman que fueron torturadas con descargas eléctricas, modalidad conocida como “picana eléctrica”. El paso de electricidad por el cuerpo produce mucho dolor y es además muy perturbador, sobre todo cuando es aplicado en lugares sensibles, como las orejas y los genitales. Los represores utilizaron teléfonos a magneto y la corriente eléctrica común, con el voltaje disminuido mediante transformadores. En el Departamento de Vigilancia y Delitos de la Policía existía una máquina para aplicar descargas de electricidad empotrada en una de las paredes, lo que demuestra la premeditación y sistematización de las torturas como esta. Al w que otras formas de tortura, la “picana eléctrica” fue empleada contra detenidos sin distinción de sexo o edad.

“...Yo me imaginaba que era una peluquería, porque había silla de peluquería y ahí me metieron en la pileta, también con electricidad me quemaron los testiculos, después dijeron: vamos a dejarle, ¡qué va a saber si es un niño! Y se enojó y dijo: este no es Agapito Valiente” Juan Bautista Aquino, Asunción, 1966. “...pusieron (la electricidad) en mi dedo grande y en el chico; hicieron trabajar la máquina. Hasta ahí te acordás. Después te tira al suelo y te quedás inconsciente, y si estás vivo vienen y te llevan a otro lado a las patadas. Porque esa era la sala de torturas y nosotros estábamos en Abraham Cué. Y de ahí después empezaban a llevarnos uno a uno a la sala de torturas” Inocencio Aquino, Misiones, 1976.

Posiciones físicas extremas Además de los colgamientos se agrupan en esta categoría las posiciones físicas extremas. La reclusión en lugares muy pequeños, como la peluquería del Departamento de Investigaciones, donde las personas no podían moverse o debían mantenerse en una misma posición durante mucho tiempo. Otra forma era obligar a las víctimas a permanecer de pie durante muchas horas o incluso días.

“...Me llevan a Investigaciones con mi esposa, a los dos, y ahí empiezan otra vez los maltratos y me meten en una especie de agujero debajo de la escalera, en donde estaba la peluquería de Investigaciones. Ahí estaba lleno de cucarachas, arañas, de todo había ahí. Me tienen ahí por tres o cuatro días, era una tortura enorme porque era asfixiante, no me podía poner de pie ahí, siempre estaba flexionado, no podía ni acostarme” Luis Casabianca, Asunción, 1961.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Quemaduras y cortes

El fuego y el filo Heridas cortantes y quemaduras fueron otras de las brutales torturas infligidas por los represores a los detenidos. Un 7,9% de los testimonios colectados por la CVJ dan cuenta de este tipo de tormentos, que llegaron a incluir el despellejamiento de los pies y quemaduras con cigarrillos en genitales y otras partes del cuerpo. Las secuelas de estas torturas son visibles aún hoy. Eran además focos de infecciones, dadas las condiciones de cautiverio completamente insalubres. “Después ya no les contesté más, me golpeaban, me golpeaban. Después me llevaron a una pieza, me quisieron desnudar. Tenían esa cosa candente con la que te tocaban cuando te desnudabas...era una cosa que tenía un hierro. Te desnudaban y te tocaban con eso para quemarte” Ananías Maidana, Asunción, 1957. “...a mí lo que me hicieron fue primero una cuestión de amedrentamiento muy fuerte. Después me colgaron de los pies, y después me despellejaron los pies, después te golpean, te pegan...te bajaban para que hables y después te volvían a subir, y después terminaba. Después de un tiempo limpiaban. Yo creo que me meé encima, me cagué, todo. Me puse las medias y me fui caminando. Y al día siguiente mis pies eran un horror. Porque se me pegaron las medias dentro de la carne. Entonces, ahí los compañeros me metieron en agua tibia y me fueron sacando. Y me dolía más eso que los golpes, porque te van quitando las medias...Y ahí me mandó a declarar Pastor Coronel” Ticio Escobar, Asunción, 1969

Trabajo forzado El trabajo forzado formó parte integrante del trato dispensado por la dictadura a los presos políticos, especialmente en sus primeros años cuando era corriente que las personas cumplieran jornadas extenuantes en las canteras de Tacumbú donde se extraían piedras de basalto o en las olerías del ejército donde se producían ladrillos. Un 12,8% de los testimonios refiere algún tipo de trabajo forzado durante el periodo que duró su reclusión. A la tortura y los tratos degradantes se sumó también la explotación laboral, la cual fue poco a poco abandonada por el régimen debido a la presión de organismos de Derechos Humanos como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Otras formas de tortura física

Además de las torturas ya mencionadas, la represión aplicó otras formas de maltrato físico que están consignadas en los testimonios recogidos por la CVJ. Algunas de ellas son verdaderamente atípicas, como atar a una persona a un árbol lleno de hormigas o sacarla atada a una placha de acero en medio de una tormenta eléctrica. “...Después trajo unas esposas y me esposó a una planta donde estaba lleno de hormigas y escuchaba cómo mi primo lloraba y pedía auxilio. Empecé a pensar si me iban a hacer lo mismo...” Anacleto Flores, 14 años, Caaguazú, 1980.

“...Hoy en día hay gente que no entiende cómo un hombre puede tener miedo a las tormentas eléctricas, ¡a los rayos!Y nos metieron en un planchón en una noche de tormenta, ¡para mí vivir una noche de tormenta es un calvario!, porque sabía que estaba sobre un plachón de acero que en cualquier momento nos fulminaba un rayo, ¡atados!” Clemente Zapata, Asunción 1977.

48 Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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“... me fui a la Guardia de Seguridad directo, esposado me llevaron, después me quitaron y me enviaron a trabajos forzados. Tres años y dos meses por ¡14 horas por día! rompiendo piedras con mazo en Tacumbú. Echamos casi todo Tacumbú. Ahora se convirtió en lago.” Andrés Bernal, Asunción, 1960.

“Los trabajos forzados eran terribles. Y ahí teníamos que ayudarnos. Nos pusimos tan prácticos que ya conocíamos la veta y sabíamos con cuántos golpes partirlas. En la cantera de Tacumbú hacía cerca de 50 grados más o menos.” Arnaldo Clérici, Itapúa, 1959.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Violencia sexual y ultrajes

La destrucción brutal de la intimidad

La violación sexual es una forma de tortura terrible y singular. Se trata de un ataque físico que violenta brutalmente la intimidad y la autoestima de las personas, dejando secuelas que pueden durar muchos años. Las consecuencias pueden además estar agravadas por la respuesta social, que suele otorgar a la víctima parte de la responsabilidad de los hechos. Por esta razón, muchas de las víctimas de violaciones sexuales prefieren guardar silencio. La CVJ considera que una gran cantidad de violaciones sexuales fueron omitidas por pudor por las víctimas. Atendiendo a las características del régimen represivo y la crueldad de los torturadores, el porcentaje de personas que declaran haber sido violadas sexualmente parece ocultar, efectivamente, un amplio subregistro. De acuerdo a los testimonios, el 11,9% de las mujeres detenidas fue violada, con el propósito de injuriar, ultrajar y degradar a la persona. Esta atroz modalidad de tortura afectó también al 1,3% de los hombres.

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‘Te guste o no te vas a acostar conmigo, total vos vas a morir y qué importa’, me aprieta con su revólver y me acuesta en la cama, ¡cuando eso fue que me violó! Después agarré una silla, me senté y amanecí ahí para no acostarme al lado de él. En la comisaría otra vez me fui (…) Sí, ahí me quedé, pero vos sabés la amenaza que había encima mío, todos los días, ‘¡preparate que esta noche voy a venir!’, vos sabés el miedo que tenía, porque yo estaba en un calabozo sola y ninguno de ellos estaba sano, todos andaban tomando y con armas...” R. B. de R., 1976.

“Al decirle todo eso, me atropelló, metió sus piernas entre mis piernas, me empujó hacia atrás y me echó. Le pateé, me agarró de mi pierna y me pateó por el suelo. Agarró mis dos manos, me puso hacia atrás y se acostó encima mío, rompió toda mi pollera. Ahí me sacó mi ropa interior y como no sabía qué hacer, le mordí con todas mis fuerzas. Y ahí me hizo todo lo que quiso, empecé a llorar y me dijo que no llore, porque no iba a quedar embarazada (…) después se supo todo, porque él se fue a contar todo lo que pasó y se reía. Y se enteró mi novio, vino él, me reclamó, pero yo negaba, ¿para qué contar? En ese momento, que no había defensa. Y no solo a mí me hizo esto, también le hacía a señoras...” A.M.L., 1976.

En el marco de la represión de la dictadura de Alfredo Stroessner existieron también otras formas de vejación sexual, además de las violaciones. Aquí figuran el acoso, las humillaciones sexuales y los manoseos. El 13,8% de las mujeres fueron manoseadas, desnudadas o sufrieron otra clase de ultraje de carácter sexual. Sumadas todas las formas de ataques sexuales se tiene que el 18,2% de las mujeres que fueron detenidas resultó afectada. Las mujeres fueron las más afectadas por las torturas de naturaleza

Amenazas de violación sexual Las amenazas de violación sexual por parte de los represores fue un recurso de amedrentamiento y para imponer el terror utilizado con frecuencia en las cárceles y centros de reclusión del stronismo. El 21,3% de las mujeres detenidas fue víctima de este tipo de amenazas, de acuerdo con los testimonios de la CVJ. Muchas veces quienes recibieron las amenazas fueron hombres jefes de familia a quienes se advertía que sus compañeras o hijas menores serían violadas.

sexual y las violaciones realizadas por un aparato represivo compuesto por hombres de escasa formación profesional y nula condición ética. Merece un destaque particular el ataque a niñas campesinas, que ante la detención de sus familiares mayores quedaban a merced de las perversiones de los torturadores. Un caso célebre de esta clase de sujetos fue Tomás Salinas (Mandi´o ro´o) que se ensañaba con las niñas campesinas desvalidas, cuyos padres y hermanos habían sido ilegalmente detenidos.

“ ... ahora lo que ellos me dijeron, pero que no llegaron a realizar, ¡me decían que esa noche iba a ser de ellos!, como yo estuve en una institución religiosa me amenazaban y decían: ‘¡Vamos a ponernos entre cinco por ella!’, eso era una tortura sicológica, pero nunca se realizó, gracias a Dios” A.P., 1975. “ ... mientras nos dejaban parados; no tomábamos agua, no podíamos ir al baño, cada vez que pasaba un policía nos daba un cachiporrazo, una patada, y por sobre todas las cosas todo tipo de amenazas; a mí particularmente me amenazaban, no solamente conmigo sino ‘con esa linda rubia y lo que tenía adentro’ por mi señora, de la cual hoy estoy separado...” D.A., 1976.

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Amenazas de muerte y simulacros de ejecución

Angustia y desesperación En el marco de esta tortura, el detenido era puesto ante la inminencia de su propia muerte en un siniestro simulacro que tenía por objetivo quebrarlo espiritualmente. Esta atroz experiencia fue testimoniada por el 12,4% de las personas detenidas. Conocidas las prácticas de los torturadores y sabiendo que en el país reinaba la más completa arbitrariedad e impunidad, los detenidos eran sometidos a un estrés extremo, ante la certidumbre del momento final que al cabo no se concretaba.

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“ ... entonces me dice: ‘¡Traé esa pala!, acá cava para tu agujero’. Y sacaron las cosas y comienzo a cavar y, cuando ya estaba cavando a esta profundidad, me dice: ‘¡Acostate allí. Arrodillate’. Me metí yo, era una cosa chiquita así, y me puse a pensar, ¿será que estos me van a matar?, por la profundidad, si hubiese sido más profundo, miles de cosas te pasan por la mente, así. ‘¡Pronto, pronto, ya es tarde, ya va a ser de noche, más rápido, más rápido’. Entonces yo decía y bueno, y los tipos ahí con un tufo de caña y drogados...Me dice: ‘Acostate, acostate’ Me da una patada por el pecho y me caigo así. Yo saco más o menos una mano así, viene un tipo se pone así (muestra), encima. Y comienza y dispara acá con un ‘piripipí’ (pistola ametralladora), esos que tienen chiquito acá, cerca del oído. El barro me entraba por el oído, por el ojo, por la boca, por la nariz. Y de repente ¡pum!, algo que me da acá y por supuesto yo cierro los ojos, dije yo: ‘Me dispararon en el pecho’ y era palada de arena mojada (…) escuché pero en otra sala, gente que lloraba y pedía socorro...” Emilio Barreto, Lambaré, 1965.

Aislamiento e incomunicación

El castigo de la soledad Una práctica común aplicada con la mayor parte de los detenidos era el aislamiento. El prisionero era completamente desvinculado del resto de los detenidos con el propósito de demostrarle que en adelante su suerte y destino estarían en manos de sus represores. El aislamiento buscaba romper los lazos sociales y afectivos que naturalmente se generaban entre las víctimas, debilitando la solidaridad y la capacidad de resistencia de los presos, los cuales hallaban en el grupo un sostén emocional fundamental. Además, el aislamiento se producía generalmente en condiciones en extremo penosas, con celdas minúsculas sin ventilación y llenas de insectos y suciedad. A la larga, el aislamiento de estas características puede generar dificultades en mantener la conciencia de uno mismo y los vínculos con el entorno. De acuerdo con los datos de la CVJ, el 40,5% de los detenidos afirma haber sufrido aislamiento individual extremo.

“ ... me vuelven a traer y me aíslan, a mí me tienen en una celda y a Santucho, otro argentino que estaba ahí también, leproso, lo sacan en otra celda y este Santucho, un hombre muy solidario, todos los días gritando ahí, ¡protestando! para conseguir que me trasladen a su celda, para estar juntos. Y hasta que finalmente se consiguió que estuviéramos juntos, hasta que él salió y me quedé solo, que fueron las etapas finales de prisión y de ahí es que haya salido en mal estado de salud mental...” Virgilio Bareiro, Asunción, 1964.

Al aislamiento es preciso también sumarle la incomunicación, aplicada en la relación de la víctima con sus familiares y amigos. La represión no permitía el encuentro o la comunicación entre el detenido y sus allegados. En algunos casos se llegó al colmo de que la Policía negara incluso la detención de la persona que era afanosamente buscada por su familia. En rigor, estas son desapariciones forzadas de personas de carácter temporal o secuestros, como se las definía entonces. Era frecuente que los organismos de represión del régimen procedieran así al principio de la detención porque no sabían exactamente qué hacer con la víctima. Una vez que los familiares conocían el paradero de la víctima comenzaban a llegarles las evidencias de los maltratos, en la forma de ropas ensangrentadas o por pedido de medicamentos.

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Humillaciones corporales y alimentación deficiente

Sucios y hambrientos A las condiciones de por sí insalubres de los lugares de reclusión, los represores agregaron la deliberada humillación de impedir u obstaculizar el aseo personal o los cuidados de higiene más elementales de las víctimas. Sin ropas, medicamentos o utensilios de limpieza, los detenidos eran obligados a satisfacer sus necesidades fisiológicas sin la más mínima intimidad, debiendo evacuar en tachos de lata o en botellas junto con otros prisioneros. Muchas de las víctimas debían también hacer trabajos de limpieza de excusados hediondos sin que se les permitiera lavarse después. Eran tratos en extremo degradantes que tenían la finalidad de quebrar el espíritu de resistencia y la autoestima de los reclusos. El 61,3% de los detenidos declara haber sufrido este tipo de vejámenes.

“... en el patio estamos 57 personas y no había agua. Estaba el baño sin tapa y flotaba el excremento. Nos poníamos entre tres, cuatro personas para limpiar con nuestras manos como animales y se nos gritaba ¡rápido, rápido! Tres meses estuvimos así. No nos bañábamos y la comida eran restos que se iban a tirar a la basura, ¡desastre! Cerca teníamos el baño y millones de moscas había...” Amalio Ferreira, Coronel Oviedo, 1977.

Déficit de alimentación

Como es fácil suponer, la alimentación -lo mismo que la higiene de los sitios de reclusión- era notoriamente deficitaria y formaba parte de una intención general de debilitar y denigrar al cautivo. Alimentos escasos y con mucha frecuencia en mal estado eran la norma en las prisiones, donde el régimen stronista alojaba a los opositores.

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El hambre y la comida más propia de animales eran instrumentos dirigidos a intimidar y destruir la resistencia de los individuos. Esta situación se agravaba en el caso de los detenidos de origen rural y de menores recursos quienes, a diferencia de los reclusos

urbanos o de clase media, no recibían asistencia alimentaria de parte de sus familiares. De acuerdo con los testimonios recogidos por la CVJ, el 58,6% de los detenidos sufrió deficiencias en la alimentación.

“...A mí me daban el poroto cocinado que se levantaban todos esos gusanitos, y eso me ponían todito a mí, pero yo comía con gusto porque decía, ofrezco esto por los pobres que no tienen qué comer y comía con gusto. Eso les daba rabia. Y un policía venía y me pisoteaba mi pie adolorido por la tortura” Prátcida Benítez Páez, Santa Rosa – Misiones, 1976.

Hacinamiento e insalubridad

Sin oxígeno ni espacio La mayor parte de las veces, los detenidos eran albergados en centros de reclusión completamente inadecuados para este propósito y en condiciones sanitarias y de higiene lamentables. Por lo general, no existían camas o sitios especiales para dormir. Los detenidos debían hacerlo sobre el piso, muchas veces turnándose debido al poco espacio disponible en las celdas. Tampoco había baños adaptados a la cantidad de personas que normalmente se hallaban detenidas. En esta situación eran comunes las enfermedades, derivadas de esta reclusión inhumana. El 54,8% de los detenidos describió estas penurias en los testimonios recabados por la CVJ. “...Después ya nos pasaron a la Delegación de gobierno de San Juan. Ahí estuve 17 días en el calabozo, dormíamos en el suelo. Si comíamos, comíamos, y si no, no. Ahí estábamos entre 15 o 20 en un calabozo chico, no podíamos ni hacer ejercicios, todos apretados...” Cosme Fernández, Santa Rosa – Misiones, 1976

Hacinamiento

El hacinamiento, las condiciones insalubres y la mala alimentación configuraban la práctica común de la dictadura con los presos. Eran tratos humillantes intencionales que tenían el objetivo evidente de mortificar a los detenidos y desorganizar su personalidad y sus vínculos sociales. Los detenidos no tenían condena ni conocían el plazo de permanencia en prisión, mientras sobrevivían en medio de precariedades extremas y sufrimiento.

“... y las condiciones eran absolutamente deplorables ya que no había oxígeno, estábamos sin agua, a veces nos peleábamos, estábamos a punto de tomarnos a las trompadas, porque no se podía dormir, ¡nada se podía hacer! Y eso por unos días uno está bien, pero un mes, dos meses ya era mucho...” Ramón Fogel, Asunción, 1959.

“... dormíamos en el piso. Tengo grabada en mi mente la forma del calabozo. Cuando estábamos acostados en el piso, Kururu Piré (Lucilo Benítez, torturador) se subía arriba y tiraba ladrillos encima nuestro. No te dejaban dormir y cuando podíamos dormir aparecían esas ratas enormes que te mordían. El calabozo estaba lleno de ratas.” Bernardo Rojas, Asunción, 1974.

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Privación de sueño

Que nadie descanse Como parte del sistema de malos tratos y humillaciones impuesto por la represión a los detenidos figura la privación deliberada del sueño. Con frecuencia los interrogatorios se realizaban de noche, así como las sesiones de tortura. Además del descanso, el sueño representaba en cierta forma un escape, un espacio de intimidad recuperada, para los prisioneros. La supresión de las horas de sueño generaba debilidad y confusión en las víctimas, un efecto buscado por los represores. Los turnos de los policías eran de 24 horas de guardia y 24 horas de descanso. El que estaba en servicio se mantenía activo todo el día, hostigando a los prisioneros en sus horas de sueño. Esta organización revela la intencionalidad de este tipo de tratos crueles, denunciado por el 39,7% de los testimonios recogidos por la CVJ.

“... y nos tocó una noche uno que no nos dejaba dormir, cuando veía que uno estaba a punto de dormir venía y te daba una reverenda patada en los pies para no dejarte dormir.” Antonio Adorno Vallejos, Asunción, 1964

Desatención médica

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La represión no prestó atención médica durante las detenciones, aun cuando a todas luces muchos prisioneros requerían de curaciones y tratamientos especializados. La falta de atención médica fue el complemento de las torturas y las condiciones insalubres de reclusión, pues tenía el propósito de prolongar el sufrimiento de los detenidos. El 39,6% de los testimonios afirman haber necesitado atención médica como consecuencia de las torturas y de las características de su encierro. Sin embargo, no fueron asistidos. En algunos casos, las sesiones de tortura se realizaban con presencia de médicos, quienes evaluaban si la víctima podía seguir resistiendo los golpes y sufrimientos o si corría riesgo su vida. El médico asistía para orientar las torturas, no para evitarlas o para aliviar en lo más mínimo a la víctima. Se registraron casos de víctimas que fueron trasladadas al Policlínico Policial, cuando ya no le quedaba otra alternativa a los represores.

“... a mí me llamó la atención, había dos chilenos, uno de ellos tenía una fractura doble de clavícula y fractura de brazo, muy notorio. Ellos eran del MIR, chilenos militantes y no solo no recibieron atención médica, sino que se empecinaban en torturar y golpear las partes donde tenían quebradas, al punto de que uno de ellos ya estaba en un cuadro de infección generalizada y no recibía ningún tipo de atención médica...” Armando Ángel Fernández, Asunción, 1975.

Presenciar la tortura a terceros

Ante el dolor ajeno

Según los datos colectados por la CVJ, uno de cada tres detenidos fue forzado a asistir a la tortura de otras personas. Se trata de una experiencia altamente traumática, por la que los prisioneros pasaban como una forma de castigo o como anticipación del sufrimiento que les esperaba. Los torturadores actuaban a cara descubierta obligando al espectador a observar el horror del dolor de otra persona. Durante el acopio de testimonios pudo notarse el fuerte impacto emocional que esta situación trajo a los prisioneros, así como también formas de bloqueo de la memoria.

“... sí, presencié cuando le torturaban a dos jóvenes, le agarraban de la nuca y le golpeaban la cara contra la pared hasta romperles toda la nariz, y después se dijo que se le mató a esos dos...” Agripino Saavedra, Coronel Oviedo – Caaguazú, 1980. “... después tuve una dura sesión de tortura y después me tuvieron al lado de la pileta a la espera, mientras torturaban a otros compañeros...” Agripino Silva, ciudad de Cordillera, 1974.

Insultos, amenazas y otras formas de tortura sicológica

Los insultos y amenazas sobre familiares fueron frecuentes durante las detenciones y tenían el objetivo de sembrar el miedo y quebrar la resistencia de los prisioneros. El 8,7% de los testimonios refieren haber sido objeto de mentiras y advertencias crueles en relación con sus familiares.

“... las amenazas eran frecuentes, o sea, a tu familia, de que le iban a traer a mi mamá, a mis hermanas pequeñas; insisto, ellos saben perfectamente por dónde golpearte fuerte...” Basílica Espínola, Asunción, 1976.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Los represores de la dictadura stronista desarrollaron una gran variedad de tormentos sicológicos aplicados sobre los detenidos. Agrupando estas distintas modalidades de tortura, se tiene que el 38,5% de los testimonios señalan haberlas sufrido en algún momento de su detención. Entre estas torturas sicológicas se incluyen algunas ceremonias degradantes y actos de humillación pública que tenían la meta de destruir las ideas propias y estigmatizar a las víctimas ante la sociedad. Un ejemplo de estas formas atípicas se produjo en 1965, en un hecho que pasó a la historia como el “rebautismo”. Un grupo de campesinos que la dictadura vinculaba al Frente Unido de Liberación Nacional (Fulna), fueron obligados a jurar sobre la Biblia su rechazo definitivo al comunismo. Este extraño ritual fue realizado en presencia del ministro del Interior, Édgar L. Ynsfrán, y el sacerdote católico Cantalicio Gauto y fue divulgado a través de la prensa de la época. La instrumentación del sentimiento religioso con una finalidad política -abolir cualquier forma de resistencia a la tiranía- es evidente. La intención era asociar la opción socialista o la protesta social con el infierno y el pecado.

Una clase de mortificación sicológica muy diferente fue el empleo de música estridente durante las sesiones de tortura. La música a un altísimo volumen tenía el propósito de anticipar el sufrimiento de quienes aguardaban en las celdas. Cuando se escuchaban aquellas canciones, todos los detenidos sabían que algún compañero estaba siendo torturado y que el siguiente podría ser cualquiera de ellos. La angustia producida de esta manera era un adelanto de los tormentos físicos.

“... ahí nos mandó poner la mano sobre la Biblia y nos bautizó otra vez, porque ellos decían que nosotros éramos comunistas descomulgados de la Iglesia y nos rebautizó para quedarnos otra vez como cristianos. Después cada mes nos íbamos a firmar, y como era lejos nos trasladamos a Itacurubí...” Juan Bautista Martínez, Itacurubí de la Cordillera, 1965.

Entre las denuncias que llegaron a la CVJ figura también el traslado de los detenidos de un centro de reclusión a otro. Estos desplazamientos generaban una enorme inquietud en los detenidos, pues se pensaba que podrían ser simulaciones que ocultaran ejecuciones extrajudiciales. Los traslados generaban un sentimiento de ansiedad y miedo que aumentaba la vulnerabilidad de los prisioneros. También significaba, en la mayoría de los casos, la obligación de recomenzar los trámites de los familiares en la búsqueda de la persona desaparecida.

“... entonces las personas que iban a ser torturadas empezaban a partir de las 11 de la noche, empezaba la música estridente. Hay dos músicas que a mí me marcaron, una es ‘Chiquitita’, de Abba, y la otra ‘Currucucú paloma’, de Julio Iglesias. Porque las veces que escuchábamos eso a todo volumen empezaban a llamar, y esas personas que salían del fondo de Investigaciones cruzaban delante nuestro, y se iban a la calle (…) se iban a Vigilancia y Delitos y venían después destrozados...” Guillermina Kannonikoff, Asunción, 1976.

“... primero me llevaron a la Comisaría de Piribebuy, luego de Coronel Oviedo, de ahí a Investigaciones, posteriormente a la Comisaría 12 de Trinidad y al final a la Comisaría de Fernando de la Mora, y de ahí conseguí mi libertad...” Marcelina González de Cubilla, Piribebuy – Cordillera, 1970.

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Más crueldad con pobres y socialistas

Los agravantes de la tortura En función de la intensidad de la tortura, la Comisión de Verdad y Justicia pudo identificar cuatro factores asociados a un calculado orden creciente de violencia ejercida por los represores de la dictadura en contra de los detenidos. Esta escala del terror fue conocida por las mismas víctimas, muchas de las cuales utilizan la palabra tortura solo para referirse a los malos tratos y daños extremos. Al menos cuatro factores intervenían en la determinación del grado de violencia a ser aplicado al detenido por parte de la policía stronista.

1. El nivel de “peligrosidad” del detenido: Las personas que a juicio del régimen

representaban un peligro mayor, por su liderazgo o su influencia, fueron objeto de la tortura más intensa con el propósito de obtener información o sencillamente para destruir al individuo. Los líderes o responsables de las organizaciones eran los primeros en ser torturados, en la búsqueda de mostrar un “ejemplo” y desalentar a sus seguidores o compañeros.

caso de supuestas conspiraciones de partidos de oposición con militares en servicio activo; el proceso de reorganización del partido Comunista; el movimiento juvenil universitario; la actividad reivindicativa campesina, etcétera. Una vez ejecutada la represión, la dictadura difundía un informe oficial elaborado en base a declaraciones obtenidas de las víctimas mediante crueles torturas.

4. Influencia y extracción social de la víctima: Movido por prejuicios sociales o

aprovechando la escasa capacidad de presión de los sectores populares, la dictadura stronista fue especialmente violenta con obreros y campesinos. Los detenidos de clase media o de mayor prestigio social recibían un trato que si bien no puede calificarse de benévolo, no tenía la intensidad ejercida contra los grupos más vulnerables y con menos recursos.

2. La pertenencia a organizaciones de izquierda o de oposición radical:

La dictadura de Alfredo Stroessner se declaraba una “democracia sin comunismo”, razón por la cual ejerció con saña particular la represión violenta contra militantes sociales o políticos que defendieran postulados socialistas o que simplemente protestaran contra la desigualdad en la sociedad.

3. La necesidad de la dictadura de resolver los casos en el menor tiempo posible, proyectando la imagen de “infalible eficacia” en su labor represiva: En los casos que la CVJ denomina colectivos, el régimen se enfocaba en desmantelar iniciativas autónomas surgidas de diversos sectores políticos y sociales. Ese fue el

59 Antes de la habilitación del campo de concentración de Emboscada, el stronismo usaba el penal de Tacumbú también para alojar a los presos políticos.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Del “ablandamiento” a la muerte en torturas

Los cuatro niveles del tormento

La Comisión de Verdad y Justicia recogió por su propia iniciativa o a través de fuentes sólidas miles de testimonios de personas sometidas a torturas por los represores, clasificados en cuatro grupos según el nivel de violencia que sufrieron.

Nivel I Afectó a 8.465 personas, equivalente al 45,1% de las declaraciones. Se trata aquí de casos de maltratos físicos y sicológicos que tienen el objetivo de amedrentar, de sembrar el terror en las víctimas y desalentarlos de cualquier actividad ulterior contraria al régimen. Las víctimas no representaban en general un peligro para la dictadura o tenían la protección de la familia o de algún grupo social. El trato consistió sobre todo en insultos, amenazas, humillaciones y golpes, sin otras formas de tormento físico.

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“... aunque no faltaron los castigos que recibí de los guardias como estirón de orejas, de nariz y el famoso ‘saplé’, golpes con palos, pues los guardias no necesitaban ninguna

excusa para castigarnos. Nos acusaban de ser culpables del exceso de horas que tenían que estar de guardia para pegarnos, nos gritaban en guaraní que por nuestra culpa no podían estar más con sus mujeres; después de varios días volvimos a Investigaciones...” Damiano Mercado Viera, Asunción, 1975.

Nivel II Afectó a 5.890 personas, equivalente al 31,4% de las víctimas. La represión stronista perseguía en este caso el objetivo de suscitar la sumisión de personas consideradas militantes, “contreras”, las cuales -de acuerdo con la presunción del régimen- podrían ser “enderezadas” o “corregidas” a través de una brutal lección. Este nivel fue el más frecuente en personas detenidas por semanas o meses, como los líderes de partidos y movimientos políticos y organizaciones sociales. La intención de la represión era mostrar a estas personas que si persistían en oponerse a la dictadura enfrentarían sufrimientos físicos y sicológicos aún mayores.

En este nivel, las detenciones incluyeron golpizas con los puños, patadas y el uso de látigos, sables y cachiporras. Las víctimas eran amenazadas de muerte, permanecían recluidas en condiciones insalubres. Muchas de ellas pasaron además por periodos de aislamiento extremo y en todos los casos hubo falta de atención médica. También se testimoniaron privación del sueño y haber sido obligados a presenciar la tortura a terceros.

“... primero me pegó con la palmeta, después me pateó la rodilla y me pegó en mi ceja. Ahí ya no sentí nada porque me caí y en el suelo me volvió a patear. Allí me levantó del cuello de mi camisa, algo me dijo, pero yo no escuché bien y en eso me pegó por el oído: ‘escuchá lo que se te dice’, me dijo, y en eso me pateó por mi vejiga, que a consecuencia de eso me tranqué y oriné sangre. En eso también me salía sangre por la nariz, a consecuencia de eso perdía casi la vista...” Agustín Saavedra, Caaguazú, 1980.

Nivel III Afectó a 1.944 personas, el 10,4% de los detenidos. Sumadas a todos los tormentos ya relatados, estas víctimas sufrieron formas de tortura más especializadas. En este nivel se agrupan los detenidos que el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner consideraba “duros”, aquellos que mostraban más resistencia o que eran reincidentes en sus actividades opositoras. Los maltratos físicos tenían el propósito de destruir al individuo y sacarle la mayor información posible. Son torturas que dejaban profundas secuelas y muchas de las víctimas no conseguían sobrevivir. Además de los golpes, la alimentación insuficiente o repugnante, las mortificaciones sicológicas, la falta de atención médica y el aislamiento, las víctimas eran frecuentemente torturadas mediante asfixia en agua o “pileteadas”. La sensación de muerte inminente

y el terrible sufrimiento del ahogo destrozaban física y emocionalmente a los detenidos.

“ ... me metieron en la pileta, me pegaron por los pies, por las uñas y después te dan bofetadas y qué sé yo, y que hables y que hables. Yo les dije: ‘Yo no tengo nada que decir, yo no estuve en ninguna organización, yo solamente fui sindicalista’. Él (Alfonso, su esposo) me estaba viendo y me decía: ‘Hablá si sabés algo. No le peguen más a ella, péguenme a mí’. Y los torturadores, uno te agarraba del cabello, te ataban las manos atrás entonces te empujaban del pecho y otros del pie. Te meten en el agua y te sacan otra vez. Había una voz que decía: ‘bueno’ y ahí te sacaban. Por eso yo digo que siempre había alguien que controlaba...” Saturnina Almada, Asunción, 1968.

Nivel IV Afectó a 2.473 personas, el 13,2% de las víctimas. En atención a los grados de violencia y crueldad desplegados por los represores en contra de estas víctimas, resulta sorprendente que muchos detenidos hayan sobrevivido a estas torturas. A los diferentes sufrimientos ya descritos se agrega en estos casos la utilización sistemática de las “pileteadas” y las descargas eléctricas. El dolor físico y el terror sicológico llegaron a límites estremecedores. En los casos más extremos, la tortura ya no tenía la finalidad de quebrar a la víctima o de extraerle información, sino que se trataba llanamente de causar dolor y daño hasta la muerte. Entre estos casos cabe mencionar a algunos miembros del Frente Unido de Liberación Nacional (Fulna), el movimiento 14 de Mayo, ciertos oficiales militares, dirigentes comunistas y personas contra las cuales el dictador sentía especial encono. En la lista figuran los comunistas Miguel Ángel Soler y Derlis Villagra; el dirigente del Movimiento Popular Colorado (Mopoco) Agustín Goiburú y el dirigente febrerista capitán Américo Villagra.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

La tortura fue un elemento fundamental del funcionamiento de la dictadura

El torturador: ejecutor metódico de la represión stronista La tortura bajo el régimen de Alfredo Stroessner no respondía a “desbordes” o a los “caprichos” o arrebatos de tal o cual sujeto. Constituía, por el contrario, la expresión más terrible del terrorismo de Estado, aplicado deliberada y metódicamente por la dictadura. Integraba en forma coherente un modelo de dominación social y política detalladamente planificado y organizado, orientado a destruir toda forma de disenso o de oposición. Desde este punto de vista es fácil entender la cantidad tan abultada de víctimas torturadas, así como la diversidad de modalidades empleadas para causar daño físico y sufrimiento emocional. El aparato represivo de la dictadura estaba racionalmente estructurado y las responsabilidades estaban definidas con claridad. Sus integrantes tenían plena conciencia de cómo actuar para asesinar, torturar o amedrentar, según las necesidades del régimen. Operaban además con el más absoluto respaldo de todos los organismos del Estado, con la más completa impunidad y con la arbitrariedad apenas limitada por la voluntad de los superiores o del dictador.

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Además del obvio efecto de la tortura en los individuos, esta práctica tuvo consecuencias sociales: el terror a ser detenido y la eventual tortura favorecía la parálisis ciudadana y rompía las posibilidades de acciones de solidaridad masivas. Quienes aplicaban los tormentos no eran cualquier persona. Se trataba de individuos bien identificados, con sus nombres auténticos, y que procedían a cara descubierta. Tal era la confianza en la protección del régimen y en su fortaleza y continuidad. La tortura era pues un elemento esencial en el funcionamiento de la dictadura de Alfredo Stroessner.

“... el torturador, Lucilo Benítez, se desvistió al par mío, quedó con un calzoncillo, se metió conmigo en la pileta, y yo me quedé en medio

suyo, los otros alrededor preguntando cosas, pero en ese caso de la pileta fueron más espectadores que otra cosa, porque el que me preguntaba las cosas era el mismo que me torturaba. Nunca se cubrían, torturados encapuchados sí, torturadores no...” Basílica Espínola, Asunción, 1976. Las golpizas en zonas sensibles y la aplicación de formas más sofisticadas de tortura, como la asfixia o la electricidad (para las cuales se requerían estructuras especiales, como bañeras y generadores eléctricos) indican hasta qué punto los tormentos estaban planificados, así como evidencian los niveles de entrenamiento de los torturadores. Estos son sujetos que se encuentran en pleno uso de sus facultades, sin problemas sicopatológicos, pero que presentan no caben dudas un alto nivel de deshumanización, situación que se traduce en la intención del torturador de “deshumanizar” a la víctima, convertirla en un “subhumano” peligroso al que está justificado agredir o incluso eliminar. La doctrina anticomunista y reaccionaria funcionó en este sentido como el sostén ideológico de la tortura.

“ ... indudablemente son personas que han sido entrenadas, no son enfermos, porque si son sádicos o algo así, ellos seguirían hasta matar al individuo, pero ellos saben en qué momento parar, conocen los puntos dolorosos, las reacciones (…) el torturador no es un enfermo, sino un ser al que le han lavado el cerebro, un tipo entrenado. Entonces la persona que era víctima era vista por el torturador como algo no humano, un ser peligroso o comunista, porque un comunista era un ser peligroso en

esa época (…) entonces cuando ellos castigaban no le castigaban a un ser humano sino a un ser despreciable, a ese animal peligroso (…) yo no podía entender cómo una persona que te trata con tanta crueldad después, al rato nomás, cuando terminaba su trabajo, te traía una CocaCola o un café para que te tranquilices... ” Carlos Arestivo, Asunción, 1978.

Esta forma de deshumanización alcanzó también en menor medida a una gran cantidad de funcionarios del Estado que participaban de la represión sin ser los ejecutores materiales de las torturas. Se aplica lo mismo que quienes desde cargos públicos tenían pleno conocimiento de las torturas y los tratos degradantes infligidos por los represores stronistas. Es de destacar, como parte de este proceso de enajenación y deterioro moral, el extendido uso de alcohol y drogas entre quienes aplicaban las torturas, como elementos que facilitan la agresión. Foto archivo CIPAE

De esta manera, el torturador disocia su “trabajo” de la imagen que tiene de sí mismo. Se siente un “funcionario que hace su trabajo” como un mecanismo para reducir drásticamente su propia responsabilidad ante su conciencia en las atrocidades que comete y cayendo inevitablemente en una espiral de degradación moral y personal que es lo que también

hace posible la tortura y su continua repetición. Los tormentos se transforman entonces en “tareas” a realizar.

63 Pastor Coronel observa el cuerpo abatido de una persona mientras sostiene un arma automática. La brutalidad de este represor era legendaria.

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FASCÍCULO 4

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

El stronismo ignoró derechos, garantías y plazos

El desamparo legal ante las detenciones y la tortura

Las detenciones se realizaban sin la presencia de un juez, fiscal o abogado defensor. La policía era prácticamente omnipotente.

En al menos el 28% de las detenciones arbitrarias registradas por la Comisión de Verdad y Justicia se pudo comprobar la intervención de autoridades judiciales, antes, durante o después de la acción de los órganos de seguridad y represión de la dictadura. Ante todo es fácil notar que se trata de un porcentaje más bien bajo, que demuestra el grado de indefensión en que se encontraba la población ante los abusos de la tiranía.

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Pero incluso en los casos en los que hubo participación de instituciones del Poder Judicial, esto no significó ni mucho menos el reconocimiento o la protección de los derechos legales de las víctimas. Los procedimientos de detención, encarcelamiento, Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

registro e incautación se realizaban sin la verificación de un juez o la concurrencia del fiscal o el abogado defensor; un criterio tan elemental como la presunción de inocencia quedaba disuelto ante un parte policial, la principal o la única evidencia presentada en juicio. Era habitual que se anexara al parte policial una declaración firmada del detenido, obtenida mediante torturas, que era estudiada por el juez antes de la indagatoria. En definitiva, todas las normas procesales eran violadas o ignoradas sistemáticamente: no había examen de pruebas, tampoco la ponderación de los elementos de cargo y de descargo producidos durante el sumario o la emisión de sentencias fundamentadas y razonadas.

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FASCÍCULO

Sin defensa

La primera batalla que afrontaban los abogados que representaban a los presos políticos era romper el cerco de incomunicación. La práctica acostumbrada de la Policía era permitir el contacto del prisionero con sus abogados o familiares solo una vez que se hubieran recuperado de los maltratos y torturas. El momento en que comenzaba la intervención de la defensa estaba pues sujeto a la arbitrariedad de la Policía. De todas formas, los representantes legales de los detenidos eran los últimos en tomar una participación, limitada y siempre dificultosa, en el proceso judicial. Había un largo periodo de tiempo en el que la víctima se hallaba incomunicada y sus derechos eran violentados sin posibilidad alguna de defensa. En rigor, la Policía, a través de sus partes y declaraciones logradas con tormentos, orientaba el sentido de todas las sentencias judiciales. El parte policial -la “cabeza del proceso”- era crucial en el fallo del juez, quien casi nunca tomaba en consideración las denuncias de apremios físicos o presiones alegados por los detenidos.

Pruebas bajo tortura

La detención ilegal abría las puertas a un sinfín de arbitrariedades, delitos y abusos cometidos por funcionarios del Estado. Un ejemplo es la admisión como válidas en los procesos judiciales de declaraciones firmadas bajo presiones o como consecuencia de apremios físicos. En contrapartida, los jueces nunca investigaron las denuncias de torturas, cuyos rastros se encontraban a la vista de cualquiera en los cuerpos de los detenidos.

-la mayoría de los cuales no dictaba fallos sin consultas previas con las autoridades policiales y políticas- debían justificar jurídicamente los hechos ya consumados: privación de la libertad, tortura y prisión arbitraria.

Plazos y condenas

Un ejemplo de cuán poco interesaba al régimen stronista el cumplimiento de la ley puede verse en la absoluta desconsideración de los plazos procesales y en el abierto desacato de resoluciones judiciales. Según el Código de procedimientos en vigencia bajo la dictadura, en 60 días como máximo debía cerrarse el estado sumario*. En el llamado “caso Caaguazú”, a inicios de los años 80, este periodo se extendió irregularmente por el término de 32 meses. Aún más dramática fue la experiencia de tres dirigentes del Partido Comunista. Antonio Maidana: detenido en agosto de 1958; condenado a dos años de prisión en 1961 -la pena ya estaba compurgada-, salió recién 1977, 19 años más tarde. Alfredo Alcorta: arrestado en noviembre de 1958; condenado un poco más tarde, salió en 1977. Julio Rojas: detenido en 1958; condenado a dos años de cárcel en 1961 solo fue liberado en 1977, 18 años más tarde. Otros casos emblemáticos de este abuso de la tiranía stronista son los de los oficiales del ejército, Escolástico Ovando y Napoleón Ortigoza, quienes pasaron décadas en prisión, luego de haber cumplido sus condenas.

En procesos en los que tomó parte el Comité de Iglesias a través de sus abogados era frecuente escuchar a las víctimas hablar de declaraciones refrendadas “en condiciones inhumanas”, “arrancada con torturas”, “en estado de inconsciencia” o tras “apremios físicos y síquicos”. La función del Poder Judicial era revestir de un disfraz legal a la acción represiva del régimen stronista y en ningún caso dilucidar la verdad. Los jueces * Estado sumario: en el antiguo sistema procesal y penal designaba las primeras diligencias e investigaciones encabezadas por el juez. Se trataba de una fase previa al “estado plenario”.

Foto: Archivo CVJ.

Las detenciones eran generalmente violentas, pues formaban parte del “castigo” que se aplicaba a quienes eran “culpables” desde la perspectiva de la dictadura. Normalmente, se realizaban en horas de la noche o de madrugada lo que favorecía la comisión de todo tipo de abusos e irregularidades, como la ausencia de un abogado defensor por ejemplo.

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65 Antonio Maidana.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

El stronismo cercena todos los derechos

Negación del hábeas corpus

“Está reconocido y se garantiza el Hábeas Corpus. Toda persona ilegalmente detenida o coartada de cualquier modo en el ejercicio de su libertad individual, o un tercero en su nombre, sin necesidad de poder, tiene derecho de pedir ante la autoridad judicial competente (…) que se le haga comparecer para restituirle su libertad (…) La ley reglamentaria rodeará esta institución de las máximas seguridades y establecerá sanciones para quienes se le opongan arbitrariamente”, así reza el artículo 78 de la Constitución Nacional aprobada en 1967. Sin embargo, como ocurrió con el resto de las disposiciones legales que resultaban inconvenientes a los intereses y a la seguridad de la dictadura stronista, el derecho al hábeas corpus fue sistemáticamente negado por la Justicia. En los primeros años del gobierno de Alfredo Stroessner, la Corte Suprema de Justicia todavía admitía este recurso y ponía en libertad a detenidos por causas políticas. Ese fue el caso, por ejemplo, de Fidel y Santiago Cetrini, Virgilio Flores y Loreto Martínez, acusados por “supuesto atentado criminal por asunto político”. A medida que pasaron los años y la dictadura iba endureciéndose con el fin de llegar a un nivel de consolidación definitiva, este recurso fue denegado cada vez con mayor frecuencia. Ya en 1957, cuando la Corte determinó la libertad del dirigente comunista Miguel Ángel Soler, la Policía desobedeció la orden alegando que poco después de haber sido liberado Soler fue nuevamente detenido por orden del Presidente de la República. En adelante, los miembros de la Corte se cuidarían de otorgar nuevas libertades, amparados en la jurisprudencia sentada por este sometimiento al Poder Ejecutivo.

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Los siguientes Autos Interlocutorios* que rechazaban los recursos de hábeas corpus sostenían la misma interpretación, basada en tres elementos:

a. El Código de Procedimientos Penales tiene lagunas con respecto al estado de sitio.

b. Si existen garantías individuales, deben

existir también garantías públicas, de orden y de seguridad.

c. La Constitución no se ha hecho solamente para dar libertad a los pueblos, se ha hecho también para darles seguridad. Entre los años 1967 y 1981, la Corte Suprema de Justicia denegó prácticamente todos los recursos de hábeas corpus, apoyada en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 28.864 del 4 de setiembre de 1967 que declaraba explicítamente la suspensión de este derecho. Hubo muy pocas excepciones en este periodo, entre ellas el caso de Martín Almada, quien compareció ante el tribunal en 1977. La vigencia plena de este recurso legal fue motivo de fuertes presiones internacionales sobre el régimen, el cual ensayó diversas justificaciones ante, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigida en 1985 a ese organismo, se señala sin pudor que: “Cuando el Poder Ejecutivo, en virtud del estado de sitio, detiene a una o varias personas, se suspende el recurso del hábeas corpus; no se incrimina a la persona de ningún delito ante los tribunales ordinarios”. Un contexto de creciente división en el gobierno y la incesante presión de organismos internacionales conllevaron desde mediados de la década del 80 a que las autoridades judiciales mostraran mayor cuidado de las formas constitucionales. Así, la Corte Suprema ordenaba la comparecencia de la mayoría de los detenidos a favor de los cuales se había presentado el recurso.

* Autos interlocutorios: resoluciones sobre incidencias de diverso tipo en el marco del proceso judicial. Eventualmente, pueden tener una importancia tal que definan el proceso mismo.

Foto: Archivo CVJ.

Sección IV Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales Los doce picos más altos de la sangrienta represión Investigaciones forenses y excavaciones de la CVJ La dictadura ataca a los sectores vulnerables: mujeres, niños, niñas y adolescentes e indígenas La CVJ participó de varias excavaciones en busca de cuerpos de personas desaparecidas tanto en Paraguay como en Argentina.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

La cima del terrorismo Si las detenciones arbitrarias constituyen el hecho violatorio de los derechos humanos más extendido durante la dictadura stronista, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial representan los más graves. Si se compara con una pirámide, podría decirse que las detenciones son la base del terrorismo de Estado, las torturas y tratos denigrantes la parte media y las desapariciones y ejecuciones la cúspide del sombrío régimen de Alfredo Stroessner. Esto quiere decir además que la privación deliberada de la vida fue parte integrante de la política represiva de la dictadura y en ningún modo un hecho aislado o desvinculado de la práctica habitual de los organismos de seguridad. Las Fuerzas Armadas y la Policía, así como grupos parapoliciales y civiles, fueron empleados sistemáticamente para abolir el disenso y la oposición, llegando con frecuencia a la eliminación física de las personas. Es importante hacer notar dos elementos con relación a estos crímenes. En primer lugar, estaban dirigidos a aquellos sectores o personas que el régimen consideraba más peligrosos para su hegemonía o continuidad, como la vía armada para el derrocamiento del dictador (incluso cuando aún estaban en gestación); las experiencias de autonomía social y política, especialmente en el ámbito campesino; y dirigentes del Partido Comunista. En segundo lugar, la enorme mayoría de las desapariciones no se produjeron en contextos de enfrentamientos, sino cuando las víctimas se hallaban privadas de su libertad en manos de sus captores, lo que configura una forma agravada de ejecución extrajudicial.

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Algunos de estos crímenes tuvieron el propósito adicional de servir de “ejemplo” a la población e infundir terror, mediante la exhibición pública de las víctimas – como ocurrió en Abraham Cué, por ejemplo- o lanzando cuerpos mutilados a los ríos, como sucedió en la represión al Frente Unido de Liberación Nacional (Fulna) y al Movimiento 14 de

Mayo. Finalmente, es necesario señalar que la lógica represiva y de impunidad de la dictadura no se detuvo ni mucho menos en la oposición política al régimen. La CVJ pudo comprobar varios casos de personas víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales que no tenían vinculación directa o indirecta con organizaciones o grupos de resistencia.

La cantidad de personas desaparecidas y ejecutadas bajo la dictadura alcanza un total de:

425 337

personas, de las cuales,

fueron víctimas de desapariciones forzadas,

59 29

de ejecuciones extrajudiciales y

de casos sin clasificación para su tipificación

La fuerza pública al servicio del asesinato y el secuestro

Foto: Archivo CIPAE.

Las FFAA y la Policía imponen el terror

La Policía de Stroessner fue uno de los instrumentos de la represión, en estrecha coordinación con las FFAA y las milicias civiles coloradas.

Puede afirmarse que la dictadura de Alfredo Stroessner impuso el empleo sistemático de modalidades de represión y terrorismo de Estado que eran poco conocidas en esta parte del continente. En concreto se trata de la eliminación física de los combatientes del Movimiento 14 de Mayo y del Frente Unido de Liberación Nacional (Fulna) a finales de la década de 1950. La aplicación de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones extrajudiciales en estos casos no solamente fue masiva, sino que en algunas ocasiones se hicieron a la vista de comunidades enteras. La finalidad evidente de estos procedimientos era sembrar el terror en la población, estigmatizar a las víctimas y destruir los lazos de solidaridad. De hecho, durante la represión al Fulna, el gobierno stronista promovió mediante amenazas colectivas la delación al interior de las comunidades, así como la

formación de grupos represivos con integrantes de las mismas. De acuerdo con testimonios a los que accedió la CVJ, a mediados de los años 50 se encontraban en Paraguay al menos dos militares franceses retirados que dictaban cursos de “información y contrainformación” en los centros de formación castrense. A ellos se sumó también el Teniente coronel norteamericano Robert K. Thierry, instructor en técnicas de “contrainsurgencia”*. Estas lecciones incluían métodos de tortura y mecanismos de amedrentamiento colectivo, enseñanzas que los represores stronistas aplicaron en los primeros años en forma semipública y que más tarde serían utilizadas de manera secreta, ocultas mediante certificados de defunción que atribuían la muerte a causas

*Contrainsurgencia: acciones militares y de amedrentamiento destinadas combatir a grupos insurrectos y a socavar su apoyo social.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

naturales o partes policiales que vinculaban el deceso a un intento de fuga. En las páginas siguientes, se ofrece una presentación de los doce casos en los que se han producido víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura stronista.

La investigación

La CVJ abordó la investigaciones de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en torno a los siguientes ejes:

a. Elaboración de un listado lo más completo posible de personas desaparecidas y/o ejecutadas. b. Formación de un Banco de datos genéticos, para

comparar el ADN de restos humanos que se pudieran encontrar.

c. Investigación de posibles lugares de inhumación. d. Realización de excavaciones arqueológicas según técnicas y parámetros internacionales.

e. Elaboración de fichas de los desaparecidos y ejecutados/as para la tipificación del arco de violaciones de derechos humanos que pudiera corresponder a cada víctima. El listado incluye a: 1. Paraguayos detenidos desaparecidos y ejecutados en territorio nacional. 2. Paraguayos detenidos desaparecidos y ejecutados en Argentina, Uruguay y Brasil estando en el exilio. 3. Extranjeros detenidos desaparecidos y ejecutados en territorio paraguayo.

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Las fuentes consultadas durante el proceso de investigación abarcan: 1. Testimonios de familiares y allegados. 2. Datos de archivos. 3. Publicaciones o documentos de la prensa escrita y medios de comunicación. 4. Expedientes obrantes en el Poder Judicial. 5. Organismos diplomáticos extranjeros o de defensa de los derechos humanos de carácter internacional. 6. Testimonios de testigos presenciales. 7. Cualquier otra información proporcionada a través de testigos presenciales o de referencia.

Contexto histórico

Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Paraguay bajo la dictadura de Alfredo Stroessner responden a un patrón compartido por las distintas dictaduras de América del Sur las cuales, a su vez, se relacionan con un contexto histórico determinado. Todos estos regímenes militares autoritarios se alinearon en términos generales a la Doctrina de la Seguridad Nacional propugnada por los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría que sostenía con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Pueden mencionarse en este sentido algunas características comunes:

a. La creación de los conceptos de “enemigo interno” y “guerra de baja intensidad” para justificar las represiones más brutales por parte de los organismos de seguridad estatales. b. Los regímenes se sostenían por el terror y por

privilegios y poderes otorgados a ciertos sectores sociales y el mantenimiento de las profundas desigualdades en la sociedad.

c. La represión se valió de las instituciones y de la fuerza pública, aunque también de grupos parapoliciales o centros de detención clandestinos. d. Los opositores o quienes expresaban diferencias eran sometidos a una deliberada privación de todos sus derechos, degradando al individuo hasta el límite. e. En el caso de las desapariciones forzadas se buscaba además de la eliminación física el aniquilamiento de la identidad social y la memoria colectiva. Definiciones

La desaparición forzada es una práctica represiva muy compleja que conlleva la anulación de varios derechos humanos, como el de la libertad, la seguridad, a la personalidad jurídica, el derecho a no ser sometido a trato inhumano o degradante y es, como mínimo, una grave amenaza al derecho a la vida. La ejecución extrajudicial es la consumación de la violación del derecho a la vida, base natural y primordial de todos los demás derechos. Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad que no pueden caducar ni prescribir.

Caso 1: Incursión a Coronel Bogado (1958 – 1961)

Cuatro militares y un liberal

Un comunicado del Ministerio del Interior divulgado en el oficialista diario “Patria”, órgano del Partido Colorado, del 2 de abril señala que: “...un grupo de maleantes políticos que cruzó desde la República Argentina a la altura de San Cosme, perpetró un vandálico asalto a la laboriosa ciudad de Coronel Bogado. Afortunadamente, la ejemplar conducta del alcalde policial Críspulo Ibarra, secundado por su pequeña dotación y por colaboradores civiles, rechazó la criminal agresión. Murieron en la acción un gendarme y dos maleantes; herido y prisionero quedó el sujeto José Prieto. El alcalde Ibarra también resultó herido. La ciudadanía entera condena el insólito atraco. El Gobierno Nacional reprimirá con energía e implacable severidad cualquier intento que pretenda alterar la tranquilidad y el orden público...” . La CVJ pudo recoger información acerca de cinco víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en torno a esos sucesos. Según parece, el Teniente José Prieto, quien cae prisionero de las fuerzas del régimen el 1 de abril de 1958, integraba el grupo en cuestión. En esa fecha son detenidos también el teniente Ciriaco Gauto, un sargento de apellido Duarte, el Teniente Coronel en situación de retiro

Espiridión Chamorro y el señor Ramón Aquino, un agricultor afiliado al Partido Liberal. Según relatos de testigos a los que pudo acceder la CVJ, se sabe que al menos Prieto y Gauto estuvieron detenidos en el Departamento Central de la Policía de la Capital soportando permanentes torturas y maltratos por espacio de tres años, cuando fueron trasladados al penal de Tacumbú. El doctor Juan G. Granada menciona en una investigación de José Luis Simón impulsada por el Comité de Iglesias que “...un oficial de Policía nos dio a entender que Prieto y Gauto habían sido eliminados, nos dijo que ‘ellos ya no están acá’ y agregó que el día anterior las autoridades habían ordenado que sacaran dos cadáveres totalmente tapados de la cárcel...”. Luego de su apresamiento nada se sabe del destino final ni de que se abriera algún proceso judicial al oficial retirado Espiridión Chamorro. El campesino Ramón Aquino fue arrestado en la misma fecha que los demás en su casa, de donde fue trasladado a la División Técnica del Ministerio del Interior. Tampoco se sabe nada acerca de su suerte. Existen declaraciones que señalan que el sargento Duarte sufrió apremios físicos hasta producirse su fallecimiento, pero su cuerpo nunca fue hallado. Foto: Archivo CVJ.

Escasa y nebulosa es la información sobre este caso ocurrido en los primeros años de la dictadura de Alfredo Stroessner, nada menos que en Itapúa, departamento de origen del dictador. De acuerdo con los datos oficiales, un reducido grupo de personas armadas -cinco en total- intentó tomar el control de la localidad de Coronel Bogado en la madrugada del 1 de abril de 1958. No queda claro si se trató de un intento aislado, lo que no parece probable, o si formaba parte de una misión de reconocimiento de un movimiento mayor.

71 Desde Argentina, donde existía una gran cantidad de grupos opositores a Stroessner, se gestaron los intentos de derrocamiento armado de la década del 50 y los primeros años 60.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Caso 2: Guerrillas del “14 de Mayo” y Fulna (1959 – 1961)

Insurrección ahogada en sangre A mediados de 1958 se formó en la localidad bonaerense de Lanús el Movimiento 14 de Mayo, compuesto por jóvenes liberales y febreristas exiliados en Argentina. Fue el primer intento serio y organizado de implantar una guerrilla en el país . Era un movimiento plural, sin una orientación ideológica clara, constituido con el único objetivo de derribar al régimen stronista, aunque en su proclama inaugural no existe siquiera una alusión directa hacia las personas o los sectores que detentaban con mano de hierro el poder en la República.

Foto: Archivo CVJ.

Una vez concluidos los preparativos en Argentina, las avanzadas del Movimiento ingresaron el 12 de diciembre de 1959. De acuerdo con el plan, cuatro columnas debían cruzar la frontera en distintos puntos. Desde Posadas la columna “Libertad”, bajo el mando de Juan José Rotela y Mario Esteche; desde Puerto Rico, la columna “Mainumby”, al mando del capitán Blas Talavera; desde Puerto Iguazú, la columna “Patria y Libertad”, encabezada por Manuel Halley y desde la zona de Ponta Pora,

Brasil, una cuarta fuerza bajo la conducción de Filemón Valdéz. La incursión -que según informes de la inteligencia norteamericana llegó a desplegar 250 combatientes- tuvo resultados terribles para el grupo insurreccional. Para el 23 de diciembre ya las columnas habían sido desbaratadas. El 29 de abril de 1960, la columna “Libertad”, compuesta de 120 personas, bajo el mando de Juan J. Rotela, se dividió en pequeños grupos que fueron sucesivamente derrotados en mayo y junio de ese año en la zona de Tava’i. Un destino atroz esperaba a Rotela y sus compañeros. El comando de las fuerzas de la dictadura se había instalado en la estancia “Tapyta”, en San Juan Nepomuceno. Desde allí, el ministro del Interior, Édgar L. Ynsfrán; el coronel Marcial Alborno, jefe de inteligencia militar, y el general Patricio Colmán, comandante de las fuerzas militares y las milicias coloradas, dirigían las operaciones. Muchos prisioneros habrían sido arrojados desde aviones en vuelo por orden de Colmán, mientras que la mayoría fue ejecutada a través de torturas extremas, culatazos y hachazos.

72 Poco después de ingresar al Paraguay, el Movimiento 14 de Mayo fue literalmente masacrado por las fuerzas militares del régimen.

La “masacre de la Nochebuena”

Foto: Archivo CVJ.

Últimos intentos del 14 de Mayo

Movilización de paraguayos exiliados en Buenos Aires. Muchos de ellos se integraron a los movimientos guerrilleros de finales de los años 50 que intentaron derrocar al dictador mediante la insurrección armada.

En octubre de 1960, bajo la dirección de Remigio Jiménez y Carlino Colinas, un debilitado Movimiento 14 de Mayo realizó un nuevo esfuerzo por adentrarse en territorio paraguayo. La intención era auxiliar a la columna de Rotela, que para entonces ya había sido destruida por las fuerzas del régimen. Luego de varias escaramuzas en la selva del Alto Paraná, el grueso de los insurrectos emprende una marcha hacia Brasil. Se produce entonces un acontecimiento conocido como la “masacre de la Nochebuena”. Según el relato de Remigio Giménez, un diminuto grupo de no más de ocho hombres entró al Paraguay con la intención de copar la comisaría de Yhú y luego internarse en el Ybytyruzú desde donde apoyarían a Rotela, cuya unidad creían sitiada. Una delación permitió a las fuerzas militares preparar una trampa antes de Yhú. Los guerrilleros fueron obligados a desviarse hacia el norte. Durante dos meses deambularon por la selva, perseguidos por los militares hasta que, exhaustos y desnutridos, lograron pasar a territorio brasileño el 18 de diciembre. Creyendo que iban a ser entregados a la protección militar brasileña, en la noche del 24 de diciembre fueron conducidos en camión hasta

un despoblado donde militares paraguayos les tirotearon. Giménez consiguió escapar en la oscuridad, en tanto que Antonio Arce fingió estar muerto y sobrevivió. El gobierno brasileño de Janio Quadros protestó por la violación de su soberanía y otorgó asilo a Giménez y Arce. El intento final -y quizás el más audaz- del Movimiento 14 de Mayo ocurrió el 21 de diciembre de 1960, cuando una fuerza de cien hombres al mando de Bartolomé Araújo y Cándido Rotela trató de penetrar a Asunción a través del Puerto de Itá Enramada. La incursión fracasó debido al escaso apoyo logístico. Un ejemplo claro de la actuación de las fuerzas represivas en el marco de los enfrentamientos con el Movimiento 14 de Mayo es lo ocurrido con Juan J. Rotela, quien fue tomado prisionero con vida el 16 de julio de 1960. Lo trasladaron hasta la estancia “Tapyta”. Los indicios de una ejecución extrajudicial en el caso de Rotela son muy claros y justificaron la presentación de una denuncia en estos términos por parte de sus familiares ante la Defensoría del Pueblo.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

El Frente Unido de Liberación Nacional (Fulna)

No dejar vivo a ningún prisionero

Crónicas macabras

El Fulna constituyó otro intento de lucha armada que operó prácticamente en simultáneo con el Movimiento 14 de Mayo. Se formó en febrero de 1959 y su composición era al principio heterógenea, con jóvenes liberales, febreristas y comunistas. Posteriormente, pasó a tener una clara hegemonía del Partido Comunista. El 13 de junio de 1960, ingresa la columna “Ytororo”, del Fulna, compuesta por 51 hombres y tres mujeres. Esta fuerza fue duramente diezmada: solamente sobrevivieron dos personas. El resto de los integrantes de “Ytororo” fueron víctimas de las más terribles atrocidades. Según testimonios, las mujeres Julia Solalinde, Antonia Perruchino y Juana Peralta fueron mantenidas prisioneras durante un mes en Charará antes de ser asesinadas, en julio de 1960. Durante su cautiverio fueron brutalmente violadas y torturadas. En agosto de ese año, la conducción del Fulna denunciaba el “plan estrella” del ministro Ynsfrán “que contempla el degüello y asesinato masivo de opositores” y no dejar vivo a ningún prisionero. El documento también reclama a las Naciones Unidas que exija al gobierno de Stroessner “el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por el Estado paraguayo”.

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En abril de 1961, los miembros de la columna “Mariscal López” habían decidido cesar las actividades guerrilleras, debido al asedio a las bases sociales del Fulna y del Partido Comunista por parte de las fuerzas de la represión. Esta posición habría sido ratificada por el Estado Mayor del Fulna en Buenos Aires en octubre de ese año. Antes, en agosto, la dictadura había asestado un durísimo golpe al Partido Comunista al detener a 18 cuadros intermedios de la organización. Tiempo más tarde, Gregorio Aguilera, “comandante Guido”, intentó la reorganización de la columna “Mariscal López”, pero fue localizado, detenido y, en 1967, ejecutado en Santa Elena.

En esos años, la prensa argentina se hizo eco del hallazgo de cadáveres brutalmente mutilados en las aguas del río Paraná. El diario “Territorio” del 6 de julio de 1960 informaba sobre un cadáver hallado a la altura de Santa Ana y que resultó ser de López Meza: “Había sido degollado. Además presentaba una herida de arma blanca a la altura del corazón, corte debajo de la axila derecha, heridas en el hombro izquierdo, cortes con arma blanca en las rodillas y numerosos hematomas en varias partes del cuerpo. Pero lo más horrible son las mutilaciones de que fue objeto, lengua cortada al ras, ojos y uñas arrancados, lo que demuestra palpablemente que mientras tuvo vida fue sometido a pavorosas torturas, similares a las que padecieron los prisioneros en los campos de concentración nazis”. El diario “Tribuna” del 28 de junio de 1960 narraba el encuentro de otro cuerpo cuya “espalda presenta dos impactos de fusil, a pocos centímetros de estas heridas hay otros dos orificios, pero producidos por armas blancas. Una terrible expresión de horror se observa en el rostro cruelmente macerado; el cuerpo en sí presenta numerosos hematomas, quizás producidos por algún objeto duro, palo o hierro; el brazo izquierdo estaba seccionado en tres partes, el rostro marcaba el surco profundo de cinco machetazos, dados en distintas formas y sentidos. Lo más terrible, como un signo bárbaro, sus miembros estaban castrados y en el lugar solamente se observaba una roja herida, como si hubieran sido arrancados de cuajo”

Caso 3: Purga en las Fuerzas Armadas (1962 – 1967)

El “caso Ortigoza”

El cadáver del cadete del Liceo Militar “Acosta Ñu” Alberto Anastacio Benítez -camarada de Alfredo “Freddy” Stroessner Mora, hijo del dictador- fue hallado suspendido de un árbol en el barrio Trinidad de Asunción el 7 de diciembre de 1962. Este es el punto de partida que desencadena una purga de cuadros oficiales en las Fuerzas Armadas, ya que la investigación policial apuntó de inmediato al supuesto descubrimiento de un complot político militar para asesinar a altas autoridades del gobierno. Las indagaciones del caso fueron delegadas al coronel Ramón Duarte Vera, jefe de la Policía, quien a su vez designó al frente del equipo de investigadores al inspector Raúl Riveros Taponier, de la comisaría 12. La versión de las fuerzas represivas fue que el cadete asesinado habría leído el contenido de uno de los mensajes confidenciales enviados entre los presuntos complotados, lo que obligó a éstos a deshacerse del joven.

Diez meses después de la muerte del cadete Benítez, un juez en lo militar condenó a muerte al Capitán Ortigoza, al sargento Ovando y a Brítez. Por orden expresa de la Presidencia de la República, el fallo fue ampliamente difundido ante la opinión pública. Se dispuso además que fuera leído en reuniones generales en todas las unidades militares de la República. Domingo Regalado Brítez fallece ejecutado a consecuencia de los tormentos a los que fue sometido y a que no recibió la más mínima atención médica. Aunque la versión oficial señalaba que los condenados cumplían la sentencia conmutada en el penal militar de Peña Hermosa, lo cierto es que le fueron construidas celdas especiales en el Cuartel Central de Policía, donde sufrieron un régimen penitenciario extremadamente estricto e inhumano por décadas. Foto: Gentileza Diario Ultima Hora.

Un tribunal militar especial juzgó y condenó al capitán de caballería Modesto Napoleón Ortigoza,

en carácter de autor material, mientras que como cómplices lo fueron el capitán de caballería Hilario Ortellado, el capitán de infantería Hernán Falcón y los choferes sargentos Escolástico Ovando y Domingo Regalado Brítez.

75 Ramón Duarte Vera, en los primeros años de la dictadura.

Napoleón Ortigoza, años después de la caída de Stroessner.

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Caso 4: Represión al PCP y Fulna (1965 - 1970)

Reorganización guerrillera

Entre 1963 y 1965, el Partido Comunista ensaya un nuevo agrupamiento campesino y evalúa la posibilidad de reorganizar la columna “ Mariscal López” del Fulna. Los trabajos se desarrollan en Piribebuy, Itacurubí, Eusebio Ayala, Santa Elena, La Pastora, Nueva Londres, Sapucai y Pirayú, con la participación de nuevos militantes ingresados desde la Argentina. Si bien lograron la adhesión de campesinos pobres de las zonas mencionadas, no consiguieron consolidar bases firmes para eventuales acciones armadas. Las fuerzas de la represión no tardaron en obtener información acerca de estos nuevos movimientos y, específicamente, enfilaron sus golpes a la dirigencia comunista de Asunción y a la base social del Partido en los sitios referidos, en la búsqueda de instalar el terror en forma totalmente indiscriminada.

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Un área especialmente rastrillada por los agentes de la dictadura fue la compañía Esperanza -actualmente en el distrito de Mbocayaty del Yhaguy-, un lugar de gran captación campesina del Fulna. Anastasio Martínez fue detenido en una de estas redadas y trasladado a una estancia de propiedad del general Patricio Colmán, a orillas del arroyo Cambay. Nunca más se supo nada de él. El 6 de julio de 1965 fueron ejecutados en la compañía Piray, Blas Alvarenga y Herminio Cubilla. El 21 de ese mes fue muerto en manos de la Policía Juan Pedro Benítez, cuyo cuerpo fue entregado a sus familiares cuatro días más tarde. Benítez era uno de los campesinos hostigados violentamente por la Policía como parte de la estrategia de atemorizar al conjunto de la población. El 30 de julio Santiago Coronel fue ejecutado con armas de fuego por efectivos de la Técnica de la Policía de la Capital. Sus restos fueron entregados a su familia. Ese mismo día era detenido Vicente Díaz, quien fue herido en la espalda cuando supuestamente intentaba escapar. Fue arrojado con una piedra atada al cuello al curso del arroyo Tobatiry,

en las cercanías de Carayaó, de acuerdo con declaraciones de un testigo, su compañero Ceferino Brítez Verdún. Por su parte, Juan Mora fue detenido y recluido en la comisaría 6ta de la capital, donde fue torturado y posteriormente ejecutado. En operativos posteriores, fue detenida Agapita Torres de Quintana, el 17 de marzo de 1970, cuando intentaba entrar al país en la zona del Puerto de Itá Enramada. Fue trasladada al Departamento de Investigaciones donde habría sido torturada. No se conoce su paradero. En el marco de esas mismas acciones, en abril de ese año, también desaparecieron Albino Rodríguez, Lorenzo López, Fabriciano Enciso, Secundino Rojas, Tomás Casey y Apolonio Lezcano.

Agapito Valiente

En octubre de 1967, el militante comunista Arturo López Areco -conocido como el “comandante Agapito Valiente” - ingresó al país con el propósito de reconstituir una columna guerrillera en la zona de las Cordilleras. A través de una carta dirigida “a los compatriotas”, López Areco anunciaba la reactivación de la lucha armada y afirmaba que el objetivo era la conformación de un Gobierno Provisorio de Democratización. Unos años más tarde, luego de la detención masiva de miembros del Partido Comunista en abril de 1970, Agapito Valiente fue ejecutado en la zona conocida como “Cerro guy”, al pie del cerro de Caacupé. El guerrillero viajaba oculto en la valijera de un vehículo con la intención de cruzar al lado argentino. Las fuerzas de la represión, comandadas por el general Patricio Colmán, interceptaron el automóvil. Colmán iba a bordo de un jeep, seguido por un camión del ejército con al menos 14 tiradores, quienes acribillan a López Areco. El cuerpo del militante comunista habría sido llevado por un comisario de apellido Irrazábal a una estancia del general Colmán, en Santa Elena, sin que haya sido hallado después.

Caso 5: Represión al EPR y al Mopal (1974 - 1976)

Benjamín Ramírez Villalba

La detención de un conscripto de la Armada, Evasio Benítez Armoa, fue el detonante para una nueva ola represiva del stronismo, en noviembre de 1974. Benítez Armoa sondeó al suboficial principal de la Armada, Juan Silverio Balmori Jara, quien se encontraba de guardia en el Cuartel General de esta unidad en Asunción, acerca de la posibilidad de concretar una venta clandestina de armas y proyectiles por valor de 60.000 guaraníes, una suma importante en la época. Balmori Jara gana tiempo ante la propuesta e informa de ella a sus superiores, Juan de la Cruz Galeano y el capitán de fragata Rafael Yegros, quienes le ordenan radicar una denuncia formal ante la Comisaría 6ta de la capital.

Foto: Archivo CVJ.

Foto: Archivo CVJ.

La tiranía ataca con vigor

Amilcar M. Oviedo Duarte

Las noticias sobre la intención de un subalterno de hacer una adquisición tan grande de material bélico llegan en poco tiempo a Investigaciones de la Policía de la Capital y a Inteligencia Militar y, finalmente, a la misma Presidencia de la República. Todas estas unidades policiales y militares convergen en una emboscada a Benítez Armoa, citado bajo falsas promesas por Balmori en la mañana del 24 de noviembre en el local de la Armada. A las 10 de las mañana de ese domingo, el conscripto es detenido y trasladado de inmediato al Departamento de Investigaciones, a cargo de Pastor Coronel. Después de intensas torturas, los

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represores obtienen la dirección de una casa en Fernando de la Mora donde encuentran un sistema de detonación a control remoto, uniformes militares, armas y 100 kilos de explosivos. A partir de aquí, las investigaciones de las fuerzas represivas se enfocan en la búsqueda de una célula organizada a la que atribuyen el plan de un atentado contra Stroessner y sus colaboradores más cercanos. Ese mismo 24 de noviembre, Evasio Benítez Armoa sería ejecutado, simulando un enfrentamiento. En la madrugada del 25 de noviembre caen Carlos Mancuello, Gladys Ríos, y unas horas más tarde, Amílcar Oviedo y Benjamín Ramírez Villalba. El 26 es detenido Rodolfo Ramírez Villalba. Un mes más tarde, los agentes de la dictadura habían podido dilucidar que estaban en trance de desmantelar dos organizaciones clandestinas formadas para combatir a la tiranía: el Ejército Paraguayo Revolucionario (EPR) y el Movimiento Paraguayo de Liberación (Mopal). De todos los detenidos en el marco de estas acciones represivas se destacan los dirigentes del EPR Benjamín Ramírez Villalba, Rodolfo Ramírez Villalba, Carlos Mancuello y Amílcar Oviedo, quienes en dos años de detención fueron sometidos a los más terribles tormentos y tratos denigrantes. En el transcurso de esos dos años fueron trasladados a la Guardia de Seguridad, bajo la comandancia del coronel de infantería Juan Ramón Escobar, y de nuevo a Investigaciones hasta que el 21 de setiembre de 1976, en el cuaderno de novedades de esta unidad, se consigna la supuesta fuga de estas personas.

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Se trata éste de un procedimiento de eliminación habitual de la dictadura, conocido por los detenidos como “la ley de fuga” . En el caso de las personas referidas, de acuerdo con la sentencia del 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está probado que “aproximadamente a las 22:30 del 21 de setiembre de 1976 se exigió a los detenidos (...) que se alisten porque serían trasladados a otro lugar (...) abordaron un vehículo VW tipo Kombi que esperaba fuera del edificio (...) sin tenerse conocimiento alguno del destino de los mismos. Desde entonces no se tienen noticias (...) informes extraoficiales señalan que Mancuello, Oviedo y los hermanos Ramírez Villalba habían sido asesinados...”

La “noche blanca”

“ ...Otro libro de novedades de Investigaciones estaba abierto, así, alevosamente abierto, sobre los otros documentos. El 21 de setiembre de 1976, la denominada ‘noche blanca’ de Investigaciones (...) Ahí mueren ejecutados cuatro jóvenes (...) yo lo había visto al menor de los Villalba en uno de mis apresamientos en Investigaciones, y yo creí que había muerto mucho antes ya, porque se arrastraba por el piso como esos gusanos, pobrecito, él estaba paralítico (...) esa noche en Investigaciones, antes de ser ejecutados, esa fue la noche en que Stroessner entra en Investigaciones, se llama la ‘noche blanca’ porque era el debut del Club Centenario, entonces Stroessner le citó a toditos allí y todos ya se fueron de esmoquin blanco, por eso algunos le llamaban la ‘noche blanca’. Entre los que sé bien que estuvieron porque los he visto: Alcibiades Brítez Borges, Sabino Augusto Montanaro, el coronel Guanes Serrano, Conrado Pappalardo Saldívar, Mario Abdo Benítez...”, Francisco José De Vargas, Departamento de Investigaciones, 1976.

Caso 6: Represión al PCP (1975)

Caen altos dirigentes comunistas

Foto: Archivo CVJ.

El apresamiento ilegal del militante comunista Taurín Francisco Portillo Servín, tomado sin orden judicial en su domicilio del barrio Kennedy de Lambaré, habría de derivar en uno de los golpes más severos recibidos por el Partido Comunista de parte de la represión stronista. Inteligencia de la Policía había logrado determinar que Portillo Servín era el “camarada Narciso”, integrante de una célula de la Federación Juvenil Comunista y pieza clave en sus comunicaciones internas. Pastor Coronel, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, encabeza en persona los operativos que cuatro días después de la detención de Portillo Servín, el 29 de noviembre de 1975, desembocarían en el arresto ilegal de Celsa Ramírez -pareja de Derlis Villagra, secretario general de la Juventud Comunista y detenido poco después-, Epifanio Osorio, Eustacia Osorio, Mario Portillo, Jerónimo Portillo, Olegario Rodríguez, Carlos Salaberry, Victorio Villalba. Todas estas personas fueron destinadas a Investigaciones, donde sufrieron largas sesiones de interrogatorios

y torturas. Un día más tarde, la Policía captura a Miguel Ángel Soler, secretario general del Partido Comunista, sacándolo de su residencia e introducido de noche en un vehículo en el cual fue trasladado a la oficina de Pastor Coronel sin que se volviera a tener noticias de él. La represión apresó también ese día a José Alen, Prudencio Bogarín, Hipólito Duarte, Bernabé Penayo y Juliana Saldívar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia de la desaparición de Soler el 28 de febrero de 1976. La respuesta oficial del gobierno paraguayo es un ejemplo de la actitud que la dictadura asumía ante requerimientos como éste, basada en el cinismo y la mentira. En un despacho al mencionado organismo, el régimen de Stroessner respondía: “ ...Soler residía en el exterior desde hace muchos años. Desde Montevideo se tuvo noticias de que se trasladó a Moscú. Luego de eso ni ingresó ni estuvo preso en ninguna dependencia policial ni militar del Paraguay. La confusión puede guardar relación con Ubaldo Soler que hace algunos años estuvo en prisión y que obtuvo posteriormente su libertad”. Sin embargo, en clara contradicción con lo comunicado a la OEA, en un informe confidencial presentado ante la IX Conferencia de Inteligencia de Ejércitos Americanos, en octubre de 1977, el jefe de la inteligencia militar, el general Benito Guanes Serrano, afirmaba que: “ ...en la mencionada fecha (30 de noviembre de 1975) son detenidos tres miembros del secretariado (Miguel Angel Soler, Derlis Villagra y Rubén González Acosta), varios técnicos y jefes de comités”. Aunque jamás pudo determinarse el destino final del dirigente comunista, en 1992 un juzgado lo declaró muerto por presunción de fallecimiento. Este paso fue fundamental para lograr que la Justicia condene en 1997 por el homicidio de Soler a Francisco Alcibiades Brítez Borges, Pastor Coronel, Camilo Almada, Lucilo Benítez y Juan Martínez.

Miguel Ángel Soler.

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En la misma fecha de la detención de Soler también cayó en poder de las fuerzas represivas el dirigente juvenil Derlis Villagra. Con 35 años, ocupaba el cargo al frente de la Juventud Comunista y había sido detenido en varias oportunidades entre 1957 y 1972, hasta que se exilió en la Argentina. La dictadura aplicó otra vez su comportamiento típico negando enfáticamente la detención de Villagra: “El conocido terrorista comunista Villagra Arzamendia fue puesto en libertad el 7 de noviembre de 1972 (...) abandonó el país, radicándose en el Uruguay y luego en la Unión Soviética. Es falso que haya sido arrestado en 1976” , decía una comunicación de la Cancillería paraguaya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Derlis Villagra. Foto: Archivo CIPAE.

Sin embargo, el 23 de diciembre de 1992 se encontraron su cédula de identidad y otros documentos personales y fotos suyas en los cajones de la oficina de Antonio Campos Alum, director de la Técnica. En virtud de estos y otros elementos, la jueza María Bogado declaró que Villagra “fue secuestrado e ilegalmente detenido por fuerzas policiales del régimen stronista (...) fue trasladado

al Departamento de Investigaciones (...) donde falleció a consecuencia de las torturas sufridas...”. Solo unos días más tarde del arresto de Villagra, otro militante del PCP era detenido. Se trata de Octavio González Acosta, quien fue llevado por la Policía de su lugar de trabajo, la represa hidroeléctrica de Acaray, en Hernandarias. Fue visto con vida hasta tres días después de su apresamiento. La Justicia paraguaya también declaró ausente por presunción de fallecimiento a González Acosta. Foto: Archivo CVJ.

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El jefe de la Policía, Alcibíades Brítez Borges, observa una movilización en el microcentro de Asunción. Brítez Borges fue condenado por la muerte del dirigente comunista Miguel Ángel Soler en 1997. Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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Caso 7: Represión a la OPM y las Ligas Agrarias

La “Pascua dolorosa” de 1976

Ficha de Mario Schaerer obrante en su expediente en el Departamento de Investigaciones.

La década de los años 1970 conoce un recrudecimiento de las represiones, en coincidencia con el surgimiento de nuevos grupos de contestación al régimen y experiencias de autonomía social y política a nivel rural. Entre 1976 y 1978 la dictadura descargó su pesado puño sobre los integrantes de la Organización Primero de Marzo u Organización Político Militar (OPM) y las Ligas Agrarias Cristianas. Un saldo de dolor y muerte dejan estas acciones represivas que comienzan en la mañana del 3 de abril de 1976 con la detención de Carlos Brañas. Este era un joven estudiante paraguayo residente en la ciudad argentina de Corrientes, donde cursaba sus estudios. Al momento de ingresar al país, la Policía de Encarnación registró sus valijas y pertenencias y halló varios documentos de la OPM, una agrupación en gestación que se proponía iniciar una resistencia armada contra la dictadura. Brañas fue conducido de inmediato a Asunción donde fue sometido a interrogatorios y torturas. En base a las informaciones obtenidas, los represores llegaron

a una casa ubicada en Lambaré donde se presume fue ultimado Martín Rolón, quien hasta hoy permanece desaparecido. A la noche siguiente, las fuerzas de la dictadura irrumpen en una casa del barrio Herrera de la capital donde es muerto a tiros Juan Carlos Da Costa, mientras que Guillermina Kanonnikoff y su esposo Mario Schaerer consiguen escapar. Ambos se refugian en la casa de las monjas del Colegio San Cristóbal. Al amanecer, el sacerdote Raimundo Roy se comunicó con la policía para informarles del paradero de la pareja. Schaerer habría de morir debido a las torturas en los días siguientes. Un estudio de patólogos forenses de abril de 1989, demuestra que Schaerer falleció a consecuencia de un fuerte golpe con una barreta de hierro en la parte occipital de la cabeza. Desde estos primeros días de abril y por las siguientes semanas se desata una feroz persecución que no solo afecta a pobladores urbanos, sino que se extiende con rapidez a áreas rurales. Las Ligas Agrarias habían sido ya al menos desde 1975 constantemente hostigadas por la Policía, con varios ataques, destrozos y detenciones arbitrarias que tenían el propósito de abolir un proyecto comunitario que la dictadura consideraba peligroso. Fue en varias localidades del departamento de Misiones donde se concentró la represión stronista, encabezada esta vez por el comisario Camilo Almada Morel, alias “Sapriza”, quien entre sus primeras medidas ordenó la formación de un centro de reclusión clandestino en un sitio conocido como Abraham Cué. Entre los nombres de miembros de las Ligas que fueron detenidos en esos días, figura Doroteo

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Grandel, quien permaneció cautivo por dos años. Fue liberado en julio de 1978, solo para ser ejecutado extrajudicialmente en manos de sicarios un mes y medio más tarde. Otros casos relacionados a esta represión fueron los hermanos Elixto, Policarpo, Francisco y Adolfo López Maidana, Dionisio Rodas y Ramón Pintos. José del Rosario Martínez, detenido en la época, asegura que “...vio a los cuatro hermanos López Maidana entre abril y mayo de 1976 (...) Elixto le manifestó que su situación era difícil y que fue muy torturado; después de estos hechos nunca más los volví a ver a los mencionados hermanos...” . En su declaración también señala que estaban a cargo de la cárcel clandestina Almada Morel, el comisario Santa Cruz y el oficial Guillén. Por su parte, Eladio Rodas afirmó que su hermano Dionisio fue capturado por Almada Morel y el comisario Tomás Salinas y que no volvieron a tener noticias de él. Eugenio Pintos comentó que su hermano Ramón fue visto por última vez el 15 de mayo de 1976, a las 20:00, cuando fue alzado de la prisión de Abraham Cué en un vehículo y llevado por “Sapriza”, Guillén, Macchi y Santa Cruz. Jamás tuvo referencias sobre su suerte. Otro caso registrado de ejecución extrajudicial fue el de Silvano Ortellado, quien junto a su familia soportó desde su domicilio una fuerte balacera. Cuando intentaba huir, Silvano fue alcanzado por los

proyectiles, atado de manos y pies y brutalmente torturado delante de sus familiares. La represión se extendió también a localidades del departamento de Paraguarí, donde figuran como desaparecidos Albino Vera y Juan de Dios Salinas y ejecutados Víctor Leguizamón y Eugenio Colmán. El relato de Bernardo Torales es estremecedor: “ ...esa noche ellos no murieron, el 9 a la noche. Albino no murió del todo, pero lo peor, le ataron por un cocotero chico lleno de espinas, ahí le garrotearon y le rompieron parte por parte, y el golpe en dos horas se convierte en inflamación (...) y de la inflamación se convierte en infección, entonces se le trajo y el 11 él murió en la Delegación de Paraguarí. Juan de Dios (...) aquí, por lo menos de unos 25 tiros...” En el caso de Víctor Leguizamón se sabe que fue detenido el 30 de abril de 1976, durante un allanamiento a su casa. Leguizamón fue derivado a la Delegación de gobierno de Paraguarí, donde fue sometido a torturas durante dos meses. Los informes policiales señalan que fue puesto en libertad el 7 de junio de 1976, el mismo día de su ejecución. Según algunos testimonios, su cuerpo habría sido entregado a sus familiares quienes lo enterraron en Caapucú. El asesinato el 12 de enero de 1978 en Asunción de Jorge Zavala es uno de los elementos que cierra la represión a la OPM.

82 Homenaje a integrantes de las Ligas Agrarias Cristianas caídos bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. El régimen destruyó con crueldad una interesante experiencia de organización comunitaria autónoma de los campesinos.

El Operativo Cóndor (1975)

El terrorismo de Estado no tiene fronteras Unidas como estaban las dictaduras sudamericanas por iguales soportes ideológicos -la doctrina de la seguridad nacional, profundo autoritarismo y el más duro anticomunismo- la coordinación de sus acciones represivas resultaba un paso quizás siniestro, pero definitivamente lógico. Esta estrecha colaboración entre los gobiernos militares de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia ha pasado a la historia con el nombre de Operativo Cóndor. En el marco de esta complementación entre los distintos aparatos represivos, se produjeron detenciones y deportaciones ilegales, ejecuciones, torturas y desapariciones de personas que estos regímenes consideraban “peligrosas” . Durante la vigencia del Operativo Cóndor no hubo pues el menor atisbo de paz en la región. Aquel que era perseguido en su país no hallaba descanso en la nación limítrofe, donde era de la misma manera buscado por los represores. Naturalmente estas acciones estaban por completo fuera de la ley y de los tratados internacionales. Es importante destacar el respaldo de EEUU al referido operativo, según puede verse con total claridad en el documento desclasificado firmado por Harry Shlaudeman dirigido al Departamento de Estado en 1976: “ ...las fuerzas de seguridad del Cono Sur: i. Se hallaban coordinando tareas de inteligencia. ii. Operando en territorios de otros estados en persecución de ‘subversivos’ iii. Han establecido la Operación Cóndor para localizar y asesinar terroristas de la ‘Junta Coordinadora Revolucionaria’ en sus propios países y en Europa. Brasil está cooperando de cerca con las operaciones homicidas...” Este texto, junto a varios otros de similar tenor, se encuentra en el Archivo de Seguridad Nacional de ese país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos,

Afectuoso saludo entre los dictadores, Alfredo Stroessner de Paraguay y Augusto Pinochet de Chile.

en una sentencia en el caso Agustín Goiburú y otros contra Paraguay, menciona algunos documentos hallados en el “Archivo del Terror” y que guardan relación con el funcionamiento del Operativo Cóndor, como una ponencia de los representantes paraguayos ante una reunión regional. Allí se abogaba a favor de “ ...un sistema integrado, unificado y programado al más alto nivel gubernamental que permita contar con las armas suficientes para combatir en profundidad a las organizaciones extremistas...”

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AgustÍn Goiburú Un caso emblemático, sobre el cual se ha expedido la CIDH, es el del médico paraguayo Agustín Goiburú, secuestrado el 9 de febrero de 1977 por militares paraguayos y argentinos frente a su consultorio del Hospital San Martín, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina. Goiburú fue llevado a un cuartel de la Fuerza Aérea desde donde partió en avión a Formosa, donde fue entregado a los represores paraguayos. Días más tarde fue visto con vida, pero con signos de brutales torturas, en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital. Según testimonios protegidos, pasó algún tiempo en el Policlínico policial para luego ser derivado al Estado Mayor del Ejército donde finalmente fue ejecutado en presencia del Gral. Stroessner y sus colaboradores militares. Se desconoce el sitio donde se encuentran sus restos.

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Existían, antes de la puesta en marcha del Operativo Cóndor, antecedentes de colaboración entre las distintas fuerzas represivas de la región. Un caso ejemplar fue la detención en Paraguay del argentino Amílcar Santucho y el chileno Jorge Fuentes. Miembros de la inteligencia militar chilena y argentina viajaron a Asunción para participar de los interrogatorios. Esto ocurría en mayo de 1975, para noviembre del año siguiente el Cóndor ya volaba en los cielos sudamericanos. Un memorándum de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile proponía a sus pares regionales la instalación de un banco de datos (definiéndolo como “ algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión” ); una central de informaciones y reuniones de trabajo periódicas. Un ejemplo más: una comunicación de la inteligencia militar argentina planteando un temario para la reunión con los paraguayos, en junio de 1978. Allí se sugiere: “ ...coordinar procedimientos ante la aparición de grupos políticos antagónicos en zona de frontera (...) establecer la probable evolución

Agustín Goiburú.

de la situación subversiva y coordinar medidas de contrainsurgencia para el accionar conjunto de ambos ejércitos...” Para la dictadura stronista el Paraguay ocupaba un lugar crucial en la represión continental. En una carta de Alcibiades Brítez Borges, jefe de la Policía de la Capital, se afirma que: “ ...Paraguay por su posición tradicionalmente anticomunista y por su estratégica posición geográfica es el país objetivo del momento (de los grupos acusados de subversivos). Instalado aquí el marxismo, las espaldas de nuestros vecinos quedan expuestas. De ahí la necesidad de una colaboración estrecha (...) que no es ayuda de nadie a nadie sino autodefensa compartida por todos...” Los Informes Finales elaborados en Argentina y Chile al respecto de las violaciones de derechos humanos cometidos por sus respectivas dictaduras dan cuenta en forma indiscutible del funcionamiento del Operativo Cóndor, en virtud del cual “se practicó el terrorismo de Estado a escala internacional”.

Caso 9: Represión a dirigentes campesinos (1980)

Caaguazú bajo ataque Diez personas resultan muertas como consecuencia de la represión de un grupo de campesinos en la zona de Caaguazú, por parte de la acción combinada de militares, policías y civiles armados, en marzo de 1980. Llamativamente, el régimen presenta el caso como un enfrentamiento con delincuentes comunes, pero se niega a entregar los cuerpos de los fallecidos a sus familiares. En realidad el fondo del asunto era una disputa por tierras ubicadas a orillas del río Acaray, a 40 kilómetros de la actual Ciudad del Este. Los terrenos fiscales fueron ocupados por colonos con la promesa del Instituto de Bienestar Rural (IBR) de titularlos en la brevedad, cosa que no ocurrió. En contrapartida, la familia del general Ramos Giménez reclamó la propiedad de los lotes que venían siendo trabajados por los campesinos. Así las cosas, un grupo de cerca de 20 campesinos decide trasladarse a Asunción para defender su causa. Para ello se apoderan de un ómnibus de la empresa Rápido Caaguazú que viajaba rumbo a Asunción. En la zona de Campo 9 la policía abre fuego y la veintena de campesinos se interna en la espesura del bosque tratando de huir. Estanislao Sotelo, Mario Ruíz Díaz, Secundino Segovia, Feliciano Verdún, Federico Gutiérrez, Adolfo Britos, Concepción González, Fulgencio Castillo, Gumercindo Brítez y Reinaldo Gutiérrez son abatidos

en la ocasión. Existen testimonios recogidos por la Comisión de Verdad y Justicia que refieren que al menos Estanislao Sotelo murió cuando se hallaba completamente indefenso. Fue degollado frente a los demás en un baldío. Un testigo relató que “ ...después se me llevó a mí para mostrarme un cadáver y me preguntaron quién era, nosotros vimos ahí que se le mató a un compañero (...) Estanislao Sotelo era su nombre, le degollaron en un yuyal, así se me mostró a mí, se le clavó en el estómago y sus rodillas se dislocaron...” En el grupo que fue detenido se hallaban también al menos dos mujeres, ambas menores de edad, Apolonia Flores (13 años) y Apolinaria González (16 años, embarazada), así como un adolescente de 14 años, Arnaldo Flores. La CIDH consideró que los procedimientos empleados por la represión del régimen tenían el evidente propósito de crear un ambiente de terror en la población y de esta forma evitar nuevas acciones reivindicativas de los campesinos. En esta misma lógica se inscribe la activa participación de civiles colorados de la zona, quienes intervinieron en la supuesta refriega y en las ejecuciones posteriores, así como la total impunidad otorgada por la dictadura a los ejecutores de la represión.

85 Campesinos afines al gobierno de Stroessner se movilizan. En la represión a los grupos campesinos de Caaguazú fue muy activa la participación de civiles colorados de la zona.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Caso 10: La muerte de Anastasio Somoza (1980)

Un bazukazo en Asunción En la mañana del 17 de setiembre de 1980 Asunción se vio sacudida por un hecho sin precedentes: en la concurrida avenida España fue muerto el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza por un disparo de bazuka que hizo volar por los aires su vehículo. Somoza se hallaba en Paraguay desde agosto de 1979, semanas después de su derrocamiento del poder en Nicaragua a manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Además de las afinidades ideológicas, le unía una amistad con Stroessner, quien no dudó en concederle asilo. Junto a Somoza murieron su chofer y un asesor económico que viajaba con él. Sorprendidas por la audaz acción, las fuerzas represivas del régimen desencadenaron una búsqueda feroz de los autores del atentado, que incluyó el allanamiento ilegal de miles de domicilios. El ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, señaló en la oportunidad que los operativos tenían el objetivo de “detectar a personas que no están con la documentación legal, en especial extranjeros, y buscar armas de guerra”. El ataque a Somoza, según se supo después, fue planificado y ejecutado por ex guerrilleros del argentino Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), a cuya cabeza se encontraba Enrique Gorriarán Merlo. Este afirmó más tarde que “no fue un hecho de venganza. Fue el ajusticiamiento del jefe de la contrarrevolución que ya estaba actuando contra Nicaragua y contra la nueva revolución (...) Lo hicimos en Paraguay porque él estaba en Paraguay, si hubiera estado en Nicaragua lo habríamos hecho en Nicaragua...”

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En el marco de la represión posterior al atentado fue detenido el argentino Hugo Alfredo Irurzún, el 19 de setiembre de 1980. En una conferencia de prensa, el jefe de Investigaciones, Pastor Coronel, declaró que Irurzún había muerto en un enfrentamiento con la Policía. Sin embargo, existen testimonios que apuntan a un fallecimiento en torturas, en el Departamento de Investigaciones. Médicos del

Así quedó el vehículo de Somoza tras el atentado. Hugo Irurzún murió en Investigaciones, luego de terribles torturas.

Policlínico Policial que recibieron el cuerpo en la madrugada aseguraron en una entrevista que el cadáver aún estaba caliente y que no llevaba muerto más de 45 minutos. Sus ropas estaban completamente mojadas. Los padres del guerrillero argentino trataron en vano de llevarse el cuerpo de su hijo. El gobierno paraguayo no lo permitió, recibiendo en este tema el pleno respaldo de la dictadura del país vecino. La dictadura de Stroessner cortó todas las relaciones con el gobierno sandinista, ya que aseguraba que estaba detrás del atentado. En agosto del 2007 se realizó una excavación en el cementerio del Este de Asunción, buscando los restos de Irurzún. El Equipo Argentino de Antropología Forense determinó sin embargo que el esqueleto allí encontrado no era del guerrillero argentino.

Más casos: el PCPI (1982 ) y víctimas individuales

La represión no descansó ni en los últimos años Tras el desmantelamiento de la columna “ Mariscal López” , del Fulna, en 1970, el Partido Comunista Independiente -denominado “pro-chino”- ensaya la formación de un núcleo clandestino en el país con el lento retorno de sus militantes residentes en el extranjero. El 25 de enero de 1982 la Policía detiene a Roque Ruiz Díaz, quien es sometido a largos días de interrogatorios. En base a la información obtenida, las fuerzas represivas allanan varias casas y apresan a militantes comunistas. Para el 15 de febrero el número de personas detenidas o buscadas se había incrementado considerablemente. Las acciones represivas incluyen operativos en Asunción, pero también en Paraguarí, Chaco, Caazapá, Caaguazú, San Juan Nepomuceno, Encarnación, Luque, Carapeguá y Pastoreo. En esta última localidad se concreta el arresto de la señora Leónidas Bogado viuda de González, el 21 de febrero del año referido. La señora Bogado sería derivada el mismo día de su detención a Investigaciones, de donde fue trasladada a la Agrupación Especializada el 24 de marzo de 1982. El 1 de junio de ese año fue remitida a la cárcel del Buen Pastor. Su deceso se produjo finalmente el 10 de noviembre de 1983, con fuerte evidencia de tratarse de una ejecución extrajudicial.

haber protestado por las condiciones laborales en que trabajaba, sufrió terribles torturas que incluyeron el arrancamiento de uñas, cortes en el rostro y golpes en la cabeza. Su cuerpo fue entregado a sus familiares -quienes fueron amenazados y emplazados a abandonar el país- el 15 de febrero de ese año. 3. Los hermanos Víctor, Sindulfo y Adolfo López Irala: El 30 de agosto de 1978 fueron detenidos en su domicilio, en Tebicuary-mi, Guairá. El 5 de setiembre fueron llevados en un vehículo en las inmediaciones de Colonia Independencia, donde habrían sido obligados a cavar sus propias tumbas para después ser acribillados. 4. Urpiano Fleitas: El 23 de junio de 1980 fue muerto a tiros en su casa (Repatriación, Caaguazú) por disputas de tierras con el subalcalde de Paso Yobái. Su esposa Cristina Arias falleció días después a consecuencia de las heridas de bala. 5. Francisco Martínez y Aurelio Bogado: Miembros del Movimiento Campesino Paraguayo fueron detenidos el 11 de julio de 1986, en Juan E. O’Leary, Alto Paraná. Fueron baleados luego de ser detenidos.

Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales bajo el stronismo no se limitaron a las acciones represivas sobre organizaciones. Afectó también a personas en forma individual, como los cinco casos que a continuación se resumen. 1. Elisa Pereira: Detenida el 5 de octubre de 1958 durante el allanamiento de su domicilio. Fue brutalmente golpeada al momento de ser arrestada. Murió en el Instituto de Previsión Social (IPS) a consecuencia de las torturas. 2. Ana González: argentina de 31 años. Detenida el 31 de enero de 1978 por

Foto: Archivo Depositario CIPAE

Cinco casos

87 Aunque había disminuido la intensidad de la represión, en los años 80 continuaron la arbitrariedad y la violencia..

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En busca de los restos de las víctimas Foto: Archivo CVJ.

Investigación forense

Además de la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos, la CVJ impulsó la creación de un banco de datos genéticos para, eventualmente, identificar a las víctimas.

Las búsquedas de las personas desaparecidas o ejecutadas bajo la dictadura comenzaron ni bien cayó el régimen de Alfredo Stroessner. En esos primeros años, los esfuerzos tenían desde luego mucha voluntad, pero carecían de herramientas científicas y de la indispensable recolección previa de información a fin de determinar con cierto grado de fiabilidad los sitios de búsqueda. Hay que recordar que en el caso de Paraguay se buscan víctimas de desapariciones forzadas o de ejecuciones extrajudiciales en eventos sucedidos hace más de 50 años incluso.

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En cumplimiento de la misión asignada por la ley, la Comisión de Verdad y Justicia se abocó a una profunda investigación con el objetivo de localizar los restos de las víctimas e identificarlas,

como un paso importante en la construcción de la justicia y la reparación y, sobre todo, como una reivindicación plena de esas personas, sus historias de vida, sus proyectos, sus vínculos sociales y afectivos. En estos casos, la dictadura persiguió deliberadamente el terrible propósito de borrar todo registro y memoria de estas personas. Fueron detenidas en forma arbitraria, sometidas a las más brutales vejaciones, luego se las ejecutó y finalmente, como un macabro corolario, se negó su existencia. El stronismo quería ocultar por completo el paso de estos seres humanos por la vida, convertirlos en seres invisibles, negándoles a los familiares, amigos y compañeros la posibilidad al menos de procesar la pérdida, de transitar apropiadamente el necesario duelo.

Por ello, la CVJ constituyó una unidad especializada encargada de investigar estos hechos, partiendo del criterio de considerar fallecidas a las personas desaparecidas, en atención al tiempo transcurrido. Fueron consultadas una enorme cantidad de fuentes bibliográficas y periodísticas y archivos oficiales, así como se realizaron incontables entrevistas con testigos y familiares de víctimas.

Excavaciones (trabajo conjunto del Equipo Argentino de Arqueología Forense y la CVJ)

a. 20 de agosto del 2006

Persona buscada: Urpiano Fleitas Ruiz Díaz (62 años). Detalles: Fue baleado mientras dormía el 23 de junio de 1980 en Repatriación, Caaguazú. Su cuerpo fue llevado a Paso Yobái, Guairá, según un testigo. Resultado: Puede concluirse fehacientemente que los restos hallados se corresponden con las características de la persona buscada.

También se constituyó un Banco de Datos Genéticos con el Ministerio de Salud Pública para almacenar las muestras de los parientes de las personas desaparecidas o ejecutadas a fin de cotejarlas con los restos eventualmente encontrados. Todas las acciones tuvieron el debido respaldo legal y judicial. Se buscaron restos en cementerios, predios de unidades policiales y militares y terrenos descampados.

b. 21 de agosto de 2006

Foto: Archivo CVJ.

Persona buscada: Eligio Servín (20 años). Detalles: Fue baleado por militares el 20 de agosto de 1960 en San Gervasio, Guairá. Los pobladores de la zona lo enterraron. Resultado: No se hallaron restos óseos.

c. Marzo y mayo de 2007

Personas buscadas: Dionisio Rodas y Ramón Pintos y los hermanos Elixto, Policarpo, Francisco y Adolfo López Maidana. Lugar: Predio del II Cuerpo de Ejército y Abraham Cué. Detalles: Desaparecieron o fueron ejecutados entre el 5 y el 15 de mayo de 1976. Resultado: No se hallaron restos óseos.

d. 2 de octubre de 2007

Persona buscada: Hugo Alfredo Irurzún (34 años). Detalles: Detenido el 18 de setiembre de 1980. Muerto en torturas, su cuerpo sin vida fue baleado, exhibido a la prensa y enterrado sin registros en cementerio público. Resultado: Los restos no se correspondían con las características odontológicas brindadas por los familiares.

e. 7 al 13 de marzo de 2008

Personas buscadas: Juan de Dios Salinas y Albino Vera. Detalles: Muertos por disparos de armas de fuego de las fuerzas represivas el 10 de junio de 1976. Habrían sido enterrados en el Cementerio Municipal de Paraguarí Resultado: No pudo determinarse si los restos hallados corresponden a los cuerpos de Salinas y Vera.

f. Sigue la búsqueda

Con posterioridad a la presentación del Informe de la CVJ se realizaron excavaciones en la Agrupación Especializada de la Policía (23/07/2009), lugar en que se hallaron 7 restos óseos humanos y en la localidad de Carlos Antonio López, Itapúa (23/12/2009), donde se encontraron 5 restos óseos humanos.

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Violaciones de DD. HH. de los grupos vulnerables Foto: Archivo Depositario CIPAE

Mujeres bajo la bota stronista

La participación de las mujeres en las movilizaciones por la democracia se hizo cada vez más masiva. Ganaron creciente protagonismo en las organizaciones políticas y gremiales.

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Como se ha visto, en general, la represión bajo la dictadura de Stroessner no hizo mayores distinciones de edad, género o extracción social. Existen sin embargo sectores o grupos de la sociedad que se han visto más afectados, en atención a la posición singularmente vulnerable que ocupan, a los prejuicios hegemónicos y al sometimiento tradicional. En este conjunto se encuentran las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y los indígenas. En las páginas siguientes de la presente adaptación del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia se abordan estas problemáticas particulares, con el objetivo de ofrecer una visión lo más completa posible de las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el gobierno de Alfredo Stroessner. Durante los primeros siete años de la dictadura, las mujeres no tenían derecho al voto, al que accedieron a partir de 1961. Estaban en el sentido de los derechos

políticos, en la misma situación que las personas que padecen enfermedades mentales. De forma similar, la ley establecía que solamente los hombres podían disponer de los bienes matrimoniales. Asimismo, según la legislación penal de la época, la violación sexual era considerada un delito contra el honor, y se señalaba claramente que la “mala fama” de la mujer era un factor atenuante. El adulterio de la mujer era considerado delito, lo que no ocurría en el caso del varón. De hecho, la ley prácticamente eximía de responsabilidad penal al hombre si cometía homicidio contra la mujer al momento de descubrirla in fraganti siendo infiel. Característicamente, no sucedía igual en los papeles inversos. Estos hechos configuran una estructura legal que se sustenta en una evidente y dura discriminación contra la mujer. Si bien la discriminación de género no es una consecuencia

Si bien en números absolutos, existe un claro predominio masculino en la cantidad de víctimas de la dictadura es preciso resaltar la invisibilidad de una gran parte de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres. Es emblemática en este sentido la situación planteada con las consecuencias familiares de la represión que por lo común terminaron recayendo sobre los hombros de ellas. Con sus parejas detenidas, eran las mujeres quienes debían llevar adelante el mantenimiento del hogar, la educación y el cuidado de los niños, la preservación de los lazos sociales y los trámites ante el Estado para tener acceso a los presos o lograr su libertad. Se trata de una sobrecarga de roles y funciones que conlleva un inevitable deterioro en las condiciones de vida, además de angustia, desesperación, sensación de soledad y estrés. Estas exigencias sobre la mujer se producían de manera

muy particular cuando la represión alcanzaba al conjunto de la comunidad, la cual era “sitiada” por fuerzas policiales y militares. De hecho, una notoria mayoría de las mujeres víctimas eran de extracción campesina, siendo los años de mayor represión femenina 1976 y 1980, en coincidencia con una mayor participación de mujeres en la política y las organizaciones sociales. También es posible identificar con precisión los sitios donde las mujeres fueron objeto de una represión más extendida y sistemática: Caaguazú, Capital, Misiones y Paraguarí, en ese orden. Otro elemento distintivo de las víctimas femeninas fue que eran consideradas “un botín” por las fuerzas represivas, ya que muchas mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual o doméstica. Los victimarios sacaban provecho de la presencia de mujeres en las comunidades y las obligaban a trabajar a su servicio, en el lavado de ropas, aseo de instalaciones y cocina. Los testimonios recogidos por la CVJ demuestran que la violencia de género sistemática y generalizada puede ser considerada como modus operandi del aparato represivo stronista. La CVJ estima en 2.832 la cantidad de mujeres que fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos. Foto: Archivo Depositario CIPAE

de la dictadura o de su sistema represivo, las acciones de éstos sí representan una profundización y ampliación de los rasgos discriminatorios de la sociedad patriarcal. Es decir, la represión instaló nuevas y peores formas de discriminación y violencia en base al género, como por ejemplo la esclavitud sexual, la tortura sexual, el secuestro de hijos e hijas, el desplazamiento y éxodo obligados para las mujeres.

Las movilizaciones de los trabajadores del Hospital de Clínicas a mediados de los años 80 contaron con la amplia participación de mujeres.

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Sectores vulnerables

Torturas sistemáticas contra las mujeres

Las detenciones arbitrarias y todas las formas de tortura y tratos degradantes alcanzaron a hombres y mujeres durante la dictadura. La aplicación de tormentos físicos y sicológicos fue indiscriminada, por parte de los responsables de la represión. Al igual que con los hombres, la violación de los derechos humanos más frecuente en el caso de las mujeres fue la detención arbitraria, sin orden judicial de ninguna clase y en medio de insultos, empujones, golpes y sin respetar la propiedad de las víctimas. Los lugares de detención y reclusión adonde fueron derivadas las mujeres víctimas de la represión siguieron el mismo patrón que con los hombres. En la abrumadora mayoría de los casos, se trataba de instalaciones que no estaban preparadas y que no cumplían las condiciones más elementales para albergar a prisioneros. “...Después de esa Comisaría 9na de la Chacarita nos cambiaron porque se había construido cerca de un barranco y durante la lluvia casi se cae (…) nos enviaron a la comisaria de Fernando de la Mora” Cándida Ortíz, Fernando de la Mora, 1965. Las torturas solían estar precedidas de ciertos “rituales” practicados por los represores que incluían música a muy alto volumen y otros procedimientos similares pensados para sembrar el miedo y la angustia en la víctimas. Se trata de formas de maltrato sicológico que abundaron durante los periodos de reclusión.

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“...eran preparativos enloquecedores, porque abrían la canilla de la pileta. Cambiaban el agua simplemente para el efecto sicológico que ellos buscaban. Al abrir la canilla sabíamos que al rato habría algo y la música, esta de la Virgen Morenita, de Cafrune, esos eran los dos elementos que anunciaban que había sesiones de tortura y los fines de semana las torturas eran todos los días, sobre todo en los primeros tiempos (…) para mí ese efecto de volverle loca está totalmente estudiado” Basílica Espínola, Asunción, 1976.

“...con violencia allanaron toda la casa (…) entonces yo agarro a la nena que estaba dormida y la alzo conmigo (…) ellos allanan la casa, empezaron a romper la cuna, el colchón, empezaron a buscar armas, nosotros no teníamos nada” Lidia Esther Cabrera, Asunción, 1977.

Las torturas físicas más frecuentes en mujeres fueron los golpes, muchas veces aplicados con instrumentos, la utilización de la pileta, electricidad en alguna parte del cuerpo, asfixia con bolsas de plástico, cortes o quemaduras. “...Ellos me colgaron y me empezaron a azotar y les dije que no les voy a mostrar mis lágrimas porque quiero al Paraguay. Pero no es así, somos humanos, somos débiles y yo en un momento dado grité, ya no podía más y dijo: ‘está llorando bien nuestro chancho” Agripina Portillo, Asunción, 1975. Desde luego, en consonancia con las condiciones generales de reclusión y el trato recibido por los prisioneros y prisioneras, los represores no brindaron asistencia médica adecuada ni siquiera después de las sesiones de tortura más violentas. “...por eso mis piernas quedaron mal, no sé, me peló con la culata y se quedó una herida que no sanaba... pero te digo algo, nunca curaron mis heridas...” Celsa Ramírez, Asunción, 1975. Las condiciones insalubres, la negación de auxilio médico, la alimentación deficitaria y de mala calidad y las demás privaciones aplicadas de forma sistemática eran complementarias a las torturas físicas y sicológicas. Toda esta situación configuraba un único y metódico esquema de destrucción de la resistencia física, mental y emocional de las víctimas. “...los primeros 15 días no te dejan dormir, yo por eso casi me volví loca, en un momento dado me di cuenta de que ya estaba hablando sola, se turnaban para hacerme hablar...” Modesta Ferreira, Jejuí, 1975.

Femenino

Militancia

Porcentaje de mujeres

Ligas Agrarias Partido Liberal Otra Partido Comunista Partido Colorado Sindicatos OPM Partido Febrerista Movimiento Campesino Movimiento Estudiantil Movimiento Religioso FULNA Cultura y Prensa Movimiento “14 de Mayo” Mujeres Partido Demócrata Cristiano Indígena

220 75 70 53 39 27 22 20 19 13 13 10 8

Totales

596

37% 13% 12% 9% 7% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1%

3 3

1% 1%

1 0

0% 0% 100%

Fuente: Elaborado en base a los datos de la CVJ.

Edad de las mujeres

61-85 0% 61-80



1% 2%

51-55

3%

46-50

6%

41-45

8%

38-40

10%

31-35

15%

28-30

19%

21-25

14%

16-20

10%

11-15

93

8%

6-10

3%

0-5

0%

5%

10%

15%

20%

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Profundas secuelas sicológicas

Violaciones y otras formas de ultraje sexual Existen indicios para pensar que los ataques de naturaleza sexual sufridos por las mujeres a manos de los represores del stronismo fueron muchos más que los que pudieron ser recogidos por la CVJ. Las violaciones y ultrajes sexuales dejan una profunda secuela sicológica que muchas veces impide a la víctima procesar la dolorosa experiencia. A esto se agrega el temor al rechazo y a la estigmatización social, la culpa y el miedo. El 9% de las mujeres manifestó haber sufrido una violación sexual. Algunas de ellas quedaron embarazadas como consecuencia de la agresión; también se dio el caso de personas que estaban en cinta y que perdieron al bebé debido al atropello sexual. “...Me violaron los cuatro, me patearon, me zapatearon, me pisotearon ¡y me violaron! Y ahí ya salía sangre de mi boca, tuve hemorragia, entonces ellos me llevaron al Policlínico (…) y me dejaron abandonada...” V.G.R., Asunción, 1976.

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“...eran dos policías, me hicieron tener miedo, después salió uno y se quedó el otro. ‘Sacá tu ropa por vos misma o te jugamos entre los dos, me dijo, rápido, rápido quitá tu ropa’, y sacó un cuchillo que tenía y me mostró para intimidar, me quitó toda la ropa él mismo. ‘Estoy embarazada, no voy a poder entregarme a vos’, le dije; ‘no quiero saber nada, te voy a matar’, me amenazó. Me quité la ropa interior y me violó, me jugó todo mal sin motivo” A.C.S., Costa Rosado, 1980.

“...yo me sentía muy mal después de que abusaron de mi entre varios, tres aproximadamente, y después ellos se emborrachaban, estaban totalmente locos. Yo me quedé embarazada después de eso” A.C.B. Costa Rosado, 1980.

Desaparición forzada

Cabe en este punto señalar que entre las víctimas de la desaparición forzada es preciso considerar al sujeto directamente afectado, pero también a su entorno familiar y afectivo. En este sentido, el artículo 24.1 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas señala que: “se entiende por víctima la persona desaparecida y toda personas física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de la desaparición forzada”. Atendiendo a los roles tradicionales asignados a las mujeres es necesario incluir como víctimas de desaparición forzada a aquellas que, por lo general, dependían de los desaparecidos, tales como madres, parejas, hermanas e hijos de ambos sexos. “...¡Yo estaba sin plata!, debiéndole a la señora donde estábamos viviendo, porque ella tenía un pequeño almacén, y como no sabía qué hacer con mis dos hijos pequeños, me dijo la señora que podíamos ir a averiguar de él a la Delegación (…) porque yo no sabía el motivo por el que había sido detenido” Adela Herrera, Asunción, 1976.

La niñez en la mira

Foto: Archivo CVJ.

Los niños, niñas y adolescentes también eran un “peligro”

Estos niños de la localidad de Costa Rosado juegan en el arroyo donde varias décadas atrás fueron sometidos a torturas los chicos y chicas de esa población. La represión alcanzó a todas las franjas etarias.

El rigor represivo del régimen de Alfredo Stroessner tampoco admitió barreras de edad. Los niños, niñas y adolescentes experimentaron en carne propia la crueldad y el ensañamiento de la dictadura, durante todos los años que duró. Aunque el papel de los niños, niñas y adolescentes como actores en la resistencia contra la tiranía y como víctimas de los abusos no fue reconocido durante mucho tiempo, la investigación de la Comisión de Verdad y Justicia representa un paso fundamental en este sentido, al sacar a la luz pública su participación en aquellos acontecimientos. De forma similar a las mujeres, fue en el ámbito campesino donde se verificaron las mayores violaciones a los derechos humanos en niños, niñas y adolescentes. Esto se explica por el hecho de que fueron sobre todo experiencias comunitarias -con participación del conjunto de la población- las que fueron reprimidas en las áreas rurales. Los golpes

no iban orientados a la dirigencia o a tal o cual tendencia política, sino que alcanzaban a todos los integrantes del colectivo humano, entre los cuales naturalmente también estaban los chicos y chicas. Por la misma razón, los picos de la represión a los niños, niñas y adolescentes ocurre entre los años 1976 y 1980. La problemática de la infancia durante la represión stronista abarca las detenciones arbitrarias, las torturas, el exilio, etcétera -padecimientos compartidos con los adultos- pero también sufrimientos singulares y factores agravantes, derivados de su intrínseca vulnerabilidad biológica y emocional. El nacimiento de bebés en las cárceles de la represión es un ejemplo en este sentido. También es preciso destacar que la represión a adultos, niños, niñas y adolescentes siguió el mismo patrón de discriminación social: cuanto más pobre y menor influencia, tanto mayor el grado de maltrato

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

y humillación. Casi uno de cada tres chicos o chicas que dieron su testimonio a la CVJ eran del departamento de Caaguazú, fenómeno que se corresponde con las movilizaciones campesinas de 1980 en la zona en reclamo del derecho a la tierra. Otros departamentos muy afectados fueron Paraguarí y Misiones. Hasta 1981, año en que fue promulgado el Código de la Niñez, el régimen legal que se aplicaba a la infancia estaba basado en algunos artículos de la Constitución de 1967.

Lugares de detención y reclusión

Básicamente, ambos instrumentos consagraban el derecho de los chicos y chicas de ser asistidos, mantenidos y protegidos por los padres y, hasta cierto punto, por el Estado. Establecían la mayoría de edad a partir de los 20 años y consideraba inimputables a los menores de 14 años.

Considerando la extracción mayoritariamente campesina de los menores víctimas de la represión es entendible que los sitios de cautiverio principales hayan sido las Delegaciones de Gobierno, aunque el porcentaje es solo levemente superior al Departamento de Investigaciones. Durante las operaciones policiales y militares en comunidades campesinas también fueron utilizadas instalaciones de las FFAA, lugares de reclusión improvisados o incluso las casas de los vecinos.

Estadísticas

De un total de 2.059 testimonios recogidos por la CVJ, el 15,7% corresponde a personas que eran niños, niñas o adolescentes al momento de producirse la acción represiva. De este grupo, el 56% son hombres y el 44% mujeres. Esta diferencia puede comprenderse a la luz de los distintos papeles asignados tradicionalmente a mujeres y hombres: los varones, especialmente los adolescentes, eran quienes más acompañaban a los adultos en las tareas de la organización, mientras que las niñas sufrían una doble invisibilidad debido a su edad y género. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la dictadura, el 44,5%, pertenecían a las Ligas Agrarias Cristianas, donde la integración a las labores comunitarias y a una experiencia educativa autónoma comenzaba desde bien temprano. “...Las criaturas tenían una niñez sana, yo tenía nueve años, sabía todos los movimientos de la familia, los amigos, lo que ellos hacían, iba a la escuela, los chicos de mi edad trabajábamos en la huerta, teníamos una hora para la huerta, una hora para estudiar, una hora para jugar y sin problemas” Norma Cecilia Franco, San Pedro, 1975.

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Los otros actores sociales y políticos más castigados fueron el Partido Liberal con 14,6%; el Partido Colorado, con el 6,5%; el Partido Comunista, con el 6,2; otros sectores el 15,6%.

Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

COFINANCIADO POR

La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes (68,9%) fueron detenidos en sus propios domicilios, en el marco de allanamientos ilegales o bien en la vía pública sin orden judicial (22,6%). Los lugares de reclusión en donde estuvieron no diferían de los adultos. Los chicos y chicas no recibían un trato diferenciado, sino que eran expuestos a las mismas condiciones de precariedad y de insalubridad de los mayores.

“...Las tres mujeres, los dos bebés, llegamos a Investigaciones, nos fichan, nos sacan fotos (…) en ese lugar dormíamos en el suelo, mi hija bebé se arrastraba, así adquirió la enfermedad, broco-espasmo. En ese lugar (Emboscada) los calabozos eran húmedos, oscuros, llenos de rejas, las camas eran tipo cuchetas y cabían nueve en cada calabozo (…) ahí les teníamos a los bebés, a personas jóvenes” Evangelina Alvitos Vda de Zavala, Encarnación, 1976.

“...enseguida me pasaron a Asunción, me ataron de las manos y me tiraron en un camión de carga, sobre maderas me llevaron, a la una de la madrugada, a las dos llegué a la Comisaría 8va, cuando eso estaba al lado de Clínicas. Allí nos torturaron todo ese mes y de allí nos pasaron a la Guardia de Seguridad” Andrés Godoy, Cordillera, 1965,

ORGANIZACIONES SOCIAS

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FASCÍCULO

El stronismo fue implacable en la represión

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Dolor extremo a indefensos Los represores no solamente no tuvieron contemplaciones con los niños, niñas y adolescentes sino que intentaron con frecuencia utilizarlos para conseguir información o como medio para castigar a los adultos. Así, se les decía a los padres que sus hijos serían torturados o asesinados si no colaboraban. Muchas veces, los pequeños eran maltratados frente a sus mayores para quebrar la resistencia de éstos. Hubo ocasiones en que los represores enviaban a los mismos chicos y chicas a hacer preguntas y averiguaciones a los adultos. Los golpes de puño, con palos, mangueras, látigos y las patadas fueron la tortura más ampliamente aplicada por la represión a los niños, niñas y adolescentes. El 55,6% de quienes brindaron su testimonio a la CVJ asegura haber sufrido fuertes golpes de puño y puntapiés, mientras que el 45,6% señala que fue golpeado con instrumentos.

“...Nos llevaron al arroyo, en donde fuimos sumergidos al agua y luego nos sacaban de vuelta. La tortura era que le tomaba del cabello y le sumergía en el agua hasta perder el sentido (…) a otro le sumergió mucho tiempo y casi se ahogó de nosotros ahí, luego le apretaron su estómago...” Lucas Rodríguez, 9 años, Costa Rosado, 1980.

“Me pegaron con cachiporra, tejuruguái, me pisaron en el pecho, en dos oportunidades me torturaron y no había una parte del cuerpo que no me pegaron, me golpearon de la cabeza a la planta de los pies” Isaac Paredes, Cordillera, 1960. Los represores no escatimaron crueldades en el trato dispensado a los niños y niñas. Llegaron incluso a utilizar con frecuencia las formas de tormento más extremas, como la pileteada o asfixia por inmersión. Uno de cada siete menores sufrió esta terrible experiencia. “Al comienzo no creí que me iban a piletear. Cuando me trasladan estaba con hematomas por los golpes anteriores (…) llegamos a una piecita muy pequeña, veo una pileta con agua sucia, me atan atrás, me atan los pies, me aproximan a la pileta por detrás (…) te vas dando cuenta de que están por materializar algo, en ese momento no querés creer... y se subieron sobre mi tórax, bajándome mi cabeza al agua, tirándome del cabello” Juan Félix Bogado Gondra, 17 años, Asunción, 1962.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Posiciones extremas

“...Y ahí en la comisaría a mí me ató con las manos atrás con un cable, estuve así hasta las 0:00 de la noche, se me hincharon todo mis manos y el brazo (…) le trajo a uno de los presos, le ató y le puso de cabeza, a mí también me hizo eso pero no fue esa noche...” Alfredo Echeverría, 16 años, Asunción, 1976.

Descargas eléctricas

“...En Abraham Cué (Misiones) me pegaron con electricidad y eso... después en Investigaciones me pegaron y todas las noches nos pateaban por nuestras cabezas diciendo que no debíamos vivir más” Albino Rolón, 13 años, Misiones, 1976.

Trabajos forzados

“Yo recuerdo que tenían como leñas, seguramente unos garrotes enormes que utilizaban eso para ablandarnos, y había una cantera por ahí y éramos sometidos a trabajos forzados. Ahí estuvimos mucho tiempo, ahí en el campo de concentración (…) teníamos limitaciones para conversar entre nosotros y las horas de trabajo en las canteras y eso en el 59” Ramón Fogel, 16 años, Asunción, 1959.

Otras torturas

“...Tenía 8 años cuando vinieron a la escuela a encerrarnos a todos y ahí nos torturaron, nos pegaban, nos pateaban, nos estiraban del cabello y nos decían: ‘Me van a contar o todos morirán’. Y me estiraba del cabello, me pegaban, me patearon, me derramaron agua por la cara. De nuestros cabellos nos estiraban para meternos en el agua y decían: ‘Cuenten dónde se encuentra el señor Vitó” Gregoria Rodríguez, 8 años, Costa Rosado, 1980.

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Torturas sicológicas

Los apremios sicológicos, las amenazas de humillaciones fueron también frecuentes con los ñiños, niñas y adolescentes bajo la dictadura de Alfredo Stroessner.

“Nos decían que nuestros padres ya estaban muertos, que ellos eran comunistas y por eso nos iban a matar a nosotros también, para cortar de raíz” Testimonio colectivo, Costa Rosado, 1980. “...lo que puedo relatar y que me duele hasta ahora y nunca me voy a olvidar es que mi papá se dedicaba al cultivo del tabaco y nosotros los hijos teníamos que acompañarle en la chacra a mi papá. Y estando en la chacra vino un Policía, le detuvo a mi papá y le llevó (llanto) enfrente de nosotros le pegó a mi papá y lo llevó” Herminia Benítez, 14 años, Coronel Oviedo, 1976.

Separación forzada de los padres

Un derecho fundamental de los niños y niñas es ser cuidados por sus padres y recibir de ellos protección, amor y educación. Bajo la dictadura fueron frecuentes los casos de infantes que fueron separados a la fuerza de sus padres y familia. También se registraron testimonios de personas que eran niños al momento en que hermanos y/0 padres fueron ejecutados o desaparecidos. “...Nosotros estábamos entre diez hermanos y en el año 1976, cuando yo tenía 3 años vino la represión a nuestra familia, me acuerdo más o menos... que le llevaron a mi papá, sin mediar palabras, sin justificación, le ataron y le tiraron en la camioneta, desde allí quedamos totalmente abandonados” Félix Uliambre, San Ignacio, Misiones, 1976.

“...La última vez que vi a mi papá: vino llegando a eso de las 5 de la tarde a mi casa (…) y le dije a mi papá en guaraní:’¿No nos trajiste nada a nosotros?’, porque él todos los domingos nos traía algo porque éramos criaturas, en el 78 fue, y me dijo mi papá: ‘No te traje nada, mi hija, porque ya estoy apurado’ y después yo he visto que él cargó documentos y ropas en su bolsón y después se fue, nos besó a todos y se fue” Carmen Mabel López, 7 años, 1978, lugar indeterminado.

Esclavitud sexual y doméstica

En las garras de la bestia

Una de las formas más extremas de degradación a que fueron sometidas personas menores de edad bajo la dictadura fue la esclavitud sexual. Mandos militares -a través de engaños o amenazas- recibían a niñas de entre 7 y 15 años, generalmente de comunidades campesinas, quienes eran recluidas en lugares de cautiverio con el propósito de convertirse en esclavas sexuales, sin voluntad ni el más mínimo derecho, reducidas a la condición de simples objetos. Estas víctimas padecieron verdaderos infiernos a manos de sus todopoderosos captores. Es comprensible que sean escasos los testimonios sobre este tipo de abusos considerando el dolor y la humillación que el más pequeño recuerdo puede provocar en estas personas. Sin embargo, el testimonio recabado por la CVJ describe la situación que estas víctimas debieron atravesar a tan temprana edad. “El 4 de abril de 1968 el coronel Miers llegó a mi casa

con dos soldados y le dijo a mi madre: ‘A esta nena más chica me la voy a llevar y usted no va a hacer nada’. Mi madre por ser una campesina y llena de miedo me entregó sin resistencia y sin pelear. Tenía 13 años. Yo intenté escaparme y me dice: ‘Pulguita, no intentes escapar porque este lugar no tiene salida’ y desde ese mismo momento me agarra de los pelos, me hizo caminar. Me llevó a su amplio dormitorio y le ordena a uno de sus soldados que le lleve whisky (…) al tomar el segundo vaso empezó a destrozarme mi solerita, mi ropa que llevaba puesta (…) y me dice: ‘Eres linda nenita, espero que seas virgen como me lo imagino y si no, serás entregada a todos los soldados y serás comida de ellos’ (…) me dejó todo con mordidas mi pechito y con heridas profundas, sangraba, así amaneció, él seguía roncando en su cama, no le interesó cómo amanecí o si morí (…) Así fui viviendo (…) me sentía como un animalito, andaba descalza (…) me ponía una pistola en la sien y decía: ‘No soporto a las nenas lloronas’

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

y después me dice: ‘Ni el llanto de mi madre me conmueve y menos el llanto de una pulguita como vos’. A ese lugar iba dos veces por semana porque tenía más chicas, había otra niña aparte (…) de la fábrica me llevaban, donde tenía una casa, ahí se iban los militares a hacer sus chanchadas (…) existe un coronel de apellido solo Duarte, ese hizo iniquidades con una nena de 15 años también. Era una cosa salvaje lo que me hacía ese Duarte, me introducía su mano en mi vagina y me hacía doler, yo me quejaba y me decía que no tenía olor a mujer y luego me pregunta si hace cuánto cumplí los 13 años y le digo: ‘Hace dos meses, señor’ y decía: ‘Con razón no tenés olor a mujer, no sos una mujer’. (…) Miers tenía diez niñas en otro lugar y elegía entre ellas, tenía anotados en su agenda los nombres de las jóvenes con quienes pasaría la noche” Julia Osorio Gamecho, 13 años. Entrevista publicada por el diario Abc color los dias 19, 20 y 21 de julio del 2008. Hubo casos en los que a la esclavitud sexual se sumó además la servidumbre doméstica: “Yo dormía en la camilla (…) y yo me iba a barrer y lustrar los zapatos, la criatura por mi cintura, y enfrente de esa criatura él abusó de mí, el comandante Argüello, a los 8 años. Después ya había otros que abusaban de mí, que ni siquiera conocía, me enfermé mal y mi gente estaba en otro lado (…) El capitán Argüello me decía cuando me iba a ordenar la pieza: ‘Vas a tomar el cocido, pero yo te voy a hacer lo que yo quiero’. Todo el tiempo que estuve en ese lugar él abusó de mí. Nunca fui a la escuela, una monja fue que me enseñó a hacer mi nombre cuando ya tenía 16 años” N.E.R. 5 años, 1957, CVJ, Asunción.

Criaditas y criaditos

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La institución del “criadazgo”, es decir, la entrega de menores a familias urbanizadas y con mayores recursos por parte de padres empobrecidos para que cumplan labores domésticas a cambio supuestamente de comida, techo y educación está muy arraigada en la sociedad paraguaya. La dictadura la potenció y le agregó elementos de crueldad, de desarraigo y de explotación extrema, violentando un gran número de derechos de los niños y las niñas. Se trata de una forma de esclavitud que anula los lazos afectivos y familiares del infante, su libertad, el derecho a la intimidad y a la educación. Muchos agentes del Estado en la época -incluyendo militares y Policías- se llevaron a “criaditas y criaditos” de las comunidades

Nacer preso

Son varios los casos recogidos por la CVJ de nacimientos ocurridos mientras la madre se hallaba prisionera. Los recién nacidos y la madre estaban expuestos a evidentes riesgos, ya que no había condiciones para alojar bebés o parturientas en las instalaciones utilizadas para la reclusión. A veces, el alumbramiento se producía en el Policlínico Policial, lo que no reducía el peligro de consecuencias físicas y sicosociales derivadas de un parto en tan irregular situación. “Un día nos avisa de repente que teníamos que salir de ahí, ir a una comisaría, era la Comisaría Primera, era el 3 de mayo, en esa comisaría había dos calabozos, uno chico y otro grande, en el chico cabíamos 19 personas. Tres bebés nacieron en ese lugar y nosotros vivíamos ese milagro de la vida de una manera muy intensa, y ahí estuvimos hasta el 6 de setiembre y nos llevaron a Emboscada” Evangelina Alvitos Vda. de Zavala, Encarnación, 1976.

campesinas para que prestaran servicios domésticos. “Yo me encontré ante esta situación cuando tenía seis años, me trajeron como una criada a la Caballería. Ahí vivía con Julio César Palacios, mayor del Comando del RC4 Acá Carayá, y su señora se llamaba Teresa Barriocanal (…) el mayor Palacios me pegaba con cables si es que no cerraba bien el portón, tenía que lustrarle el zapato”. Las comunidades indígenas sufrieron de esta práctica desde tiempos remotos, cuando era habitual que niños/as indígenas fueran entregados a españoles en un régimen de semiesclavitud. Esta práctica era conocida con el nombre de naboria y estuvo vigente aún durante el stronismo.

Ejecución de niños, niñas y adolescentes

La muerte temprana La muerte de niños, niñas y adolescentes debido a la represión del régimen de Alfredo Stroessner fue una de las más silenciosas e invisibles. Un caso paradigmático de muerte debido a torturas fue el del joven Joel Filártiga, de 16 años, secuestrado en abril de 1976 en Asunción:

“ dicen que a Joelito le dieron un cachiporrazo por la cabeza para que no se resista (…) le ataron los tobillos y le pusieron boca abajo, le torturaron por 3 o 4 horas y lo mataron, en la pieza contigua estaba la recepción, la ex 8va, cerca de la facultad de Medicina. Dicen que estaban tres roldanas preparadas para la tortura. Arriba estaba el dormitorio de Julián Cubas. Le colgaron y le hicieron correr corriente eléctrica, cuando eso vinieron recién del Gobierno de Taiwán una serie de regalos para el gobierno paraguayo, eran artículos eléctricos a pilas, recargables y las quemaduras que tenía son de esos aparatos. En las fotos se ve todo, en todo el cuerpo, le pusieron un cable (…) yo le saqué una foto en donde tenía el pene parado, le sacamos el alambre y cayó el pene” Joel Holden Filártiga, Asunción, 1976.

También existen casos de niños/as que fallecieron a consecuencia de la falta de atención médica o de medicamentos. “...Yo tenía 9 años, a mi papá y a mi mamá les llevaron presos, yo me quedé con mi hermanito de un año y medio, y se murió de sarampión porque no podíamos salir para ir a un médico” Testimonio colectivo, Costa Rosado, 1980.

Destrucción emocional

El 15,5% de los menores que dieron su testimonio a la CVJ padecieron de violencia sexual, de ese total, el 63,5% eran niñas y adolescentes. El 36,7% de los que sufrieron violencia sexual fueron víctimas de violación, de las cuales el 72,2% fueron niñas y adolescentes mujeres. La violación sexual fue una forma extremadamente cruel de ejercer control sobre el cuerpo y la voluntad de la víctima. A veces tenía el objetivo de destruir, además de la persona ultrajada (en los casos presentes, menores de edad), al resto de la familia, que asistía con impotencia a la consumación de un abuso tan denigrante. Se trata de una práctica que muchas veces lograba resquebrajar a toda la familia y el entorno afectivo. “...Cuando me quitaron la campera me vuelven a tirar al suelo y allí abusan de mí entre cuatro, no sé quiénes estaban con él, me juegan todo mientras yo pedía auxilio, luego no sé porqué me quedé inconsciente en ese momento. Luego le encuentro a mi hermanita, estaba llorando a mi lado” G.P.O., 14 años, Misiones, 1976. “...Luego nos llevaron detrás de la casa y nos dijo: ‘cuéntenos en dónde está Victoriano Centurión’ entonces me apretaron ahí atrás en donde estaba un pequeño baño (…) me quitaron la ropa y me violaron (…) me trajeron de vuelta a la pieza y ahí mis compañeros me vieron que venía todo ensangrentada, ellos estaban entre tres cuando eso; luego de que me trajeron volvieron a arrojarme otra vez allí, mis compañeritos me miraban y lloraban todos, me agarraron apretándome contra ellos y luego los Policías volvieron a separarnos con estirones” M.C., 11 años, Costa Rosado, 1980.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas

Siglos de exclusión La problemática indígena en nuestro país -la relación de los pueblos originarios con el Estado y la sociedad paraguaya- trasciende ampliamente el ámbito de la dictadura de Alfredo Stroessner. Habría que remontarse al tiempo de la conquista de estas tierras por parte de los europeos para hallar las raíces últimas de la situación de extrema vulnerabilidad, discriminación y exclusión en que se encuentran las comunidades indígenas en el Paraguay. Tal propósito excede desde luego los alcances del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia. Con todo, el stronismo contribuyó y mucho a agravar estas condiciones, aplicando o permitiendo los más atroces vejámenes contra los sectores quizás más vulnerables que habitan el territorio paraguayo. El enfoque que enfatiza el impacto de la dictadura ha sido sostenido por los indígenas que brindaron su testimonio en la Audiencia Pública sobre Pueblos Indígenas y Dictadura de la CVJ. Un ejemplo de esta posición fue dado por Carlitos Picaneray, de la Unión de Nativos Ayoreos del Paraguay, quien dijo que su comunidad considera una violación de primerísimo orden de su territorio tradicional la instalación de bases militares en las localidades denominadas Teniente Enciso, Mayor Pablo Lagerenza y Adrián Jara, habilitadas durante el gobierno de Stroessner. Picaneray señaló que “... En ese tiempo, los militares amigos del general, que recibieron tierras de los ayoreo se hicieron con parte de su territorio. Para los ayoreo esta violación de su territorio continúa hasta hoy...”.

Estos puntos de contacto se resolvieron de la peor manera posible para los aborígenes, quienes se vieron brutalmente invadidos en su territorio vital y en su espacio cultural. Como no cabía esperar de otra manera, la dictadura respondió a la débil y natural oposición de los indígenas con la violencia extrema, que incluyó el asesinato, la violación sexual, las torturas y la esclavitud. La atroz experiencia sufrida por los aché es un verdadero ejemplo de los niveles de violencia y abuso que ejercieron agentes del Estado en forma directa o que permitieron a otros con su anuencia y complicidad. En páginas siguientes se abordarán esos crímenes de lesa humanidad.

Paraguay: Distribución de la Población Indígena por Región. Años Censados 1981 - 1992 - 2002 Año 1981 32,8%

Año 1992 44,2%

67,2%

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50,7% 55,8%

Región Oriental

La construcción de hidroeléctricas sobre el río Paraná, la apertura y pavimentación de la ruta hacia la frontera con el Brasil y, sobre todo, la expansión de la frontera agrícola fueron emprendimientos que generaron una fuerte tensión con las comunidades indígenas de la región Oriental. En el Chaco, el crecimiento de las colonias menonitas, el asentamiento de establecimientos ganaderos, la presencia de firmas petroleras y la creación de destacamentos militares fueron otras tantas iniciativas que causaron agudos focos de conflicto con las distintas etnias indígenas.

Año 2002

Año

Total País

1981 1992 2002

38.703 49.487 87.099

49,3%

Región Occidental

Región Occidental

Región Oriental

25.997 27.615 42.964

12.706 21.872 44.135

Fuente: INDI. Censo y Estudios de la Población Indígena del Paraguay 1981. DGEEC. Censo Nacional de Población y Viviendas 1992. DGEEC. Segundo Censo Nacional Indígena de Población y Viviendas 2002.

La increíble y triste historia de los Aché

Al borde de un genocidio

Los Aché eran cazados como animales en los bosques de la región Oriental en los años 60 y 70. Los cazadores recibían después una recompensa

La sangrienta persecución sufrida por los Aché a manos de agentes del Estado -o con su complicidades un ejemplo claro y doloroso acerca de cuál fue la política aplicada por el régimen en relación con los pueblos originarios. El caso, que bordea el genocidio, tuvo lugar entre 1970 y 1978, años en los cuales la dictadura se plantea la salida forzada de los bosques de los últimos grupos de Aché septentrionales no contactados o en aislamiento voluntario. Fueron acciones sistemáticas dirigidas a despojar definitivamente de sus territorios ancestrales a estas comunidades, hecho que conllevó la propagación de epidemias y la extrema precarización de las condiciones de vida cuyo resultado fue la muerte del 40% de la población Aché norteña. Desde muchos siglos atrás, los Aché vivieron de la

cacería y la recolección de frutos y mieles silvestres en las profundidas de la selva. Eran nómadas y sus desplazamientos se orientaban hacia las zonas donde abundara el pindó, cuya fruta y harina constituían elementos esenciales de su alimentación. Las investigaciones han logrado determinar la existencia de cuatro grupos: el grupo sureño extinguido, los Aché Wa, los Aché septentrionales y el grupo del Ybytyrusu. De estos, es el grupo de los Aché septentrionales quienes protagonizan los acontecimientos que se narran en estas páginas. Su territorio estaba ubicado en nacientes de los ríos Jejuí Guazú, que desemboca en el río Paraguay, y del río Acaray, afluente del Paraná. Su área de desplazamiento abarcaba unos 18.000 kilómetros cuadrados, precisamente la última zona densamente boscosa de la región Oriental. La ruptura -dramática y desoladora- entre los Aché y el bosque subtropical y su biodiversidad tiene lugar en los años 70.

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Las acciones contra los Aché incluyeron: la matanza de adultos, la violación de las mujeres y adolescentes, los robos, ventas y trueques de niños y niñas por dinero y/o por animales. Todas estas gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurrieron con el consentimiento del Estado. Los que sobrevivieron fueron instalados en la Colonia Nacional Aché-Guayakí de Cerro Moroti donde les fueron impuestas costumbres y creencias contrarias a su tradición y cultura: desde la evangelización cristiana hasta la prohibición de sus ritos ancestrales, pasando por el consumo forzado de sal y la aceptación de liderazgos. La reserva era administrada en ese entonces por militares y misioneros norteamericanos. Sin embargo, una cantidad cada vez mayor de voces se alzaban, sobre todo a nivel internacional, denunciando y condenando las acciones emprendidas contra los Aché. Entre otros trabajos figuran: “The Aché indians: Genocide in Paraguay” de Mark Münzel; “Crónica de una cacería humana”, de Donald McCullin; el artículo “Ratones y jaguares”, de Bartomeu Bartomeu Meliá. Meliá y Cristine Münzel; “Yo, indio guayakí, acuso a los hombres vestidos”, de Meliá y “Dos capturas de Aché Guayakí en el Paraguay en abril de 1972”, de Luigi Miraglia. Los trabajos relataban la matanza de padres y madres con el fin de robar niños. Aseguraban además que cuando disminuía el número de indígenas, los “cazadores” -quienes muchas veces recibían recompensas por matar a los aborígenes, considerados bestias perjudiciales- iban rastreando el bosque en procura de nuevas poblaciones.

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Los hechos fueron catalogados como genocidio y etnocidio y, denuncia formal mediante en 1974, llegaron a la consideración de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este último organismo resolvió el 27 de mayo de 1977 que “los hechos configuran gravísimas violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la

seguridad e integridad de la persona, al derecho a la constitución y protección de la familia, al derecho a la preservación de la salud y el bienestar, derecho al trabajo y a una justa retribución y al derecho al descanso”. Por su parte, la instancia recurrida en las Naciones Unidas el 3 de marzo de 1978 encarga al Secretario general de la ONU que contacte con el gobierno paraguayo para buscar las formas de canalizar “asistencia y colaboración que permitan mejorar la situación de los grupos autóctonos de que se ocupa esta Comisión”. No hace falta decir que el régimen de Alfredo Stroessner hizo oídos sordos y no movió un dedo para aliviar al menos un poco el sufrimiento de los Aché.

Otras etnias

No solo la tragedia del pueblo Aché generó la elaboración de investigaciones e informes que ponían al descubierto la política del régimen en relación con los indígenas. La situación de los Ayoreo y de los Pai Tavytera inspiraron numerosos documentos. Varios autores -Susnik, Meliá, Gómez Perasso, Chase Sardi, Zanardini, y otros- señalan que las violaciones cometidas contra los Ayoreo solo fueron posible con la complacencia del gobierno. Tuvieron que ver en estos atropellos a los derechos de esta comunidad misioneros de diferentes iglesias, destacamentos militares y compañías petroleras. En el caso del pueblo Pai Tavytera, la presión de los migrantes brasileños y la colonización de las tierras al este y noreste de Caaguazú fueron factores que arrinconaron a esta comunidad y trajeron como consecuencia el creciente deterioro del medio ambiente.

José Zanardini.

Testimonios recogidos por la CVJ en el 2008

Las voces de los Aché

Hasta la década del 60, los cinco grupo de Aché estaban repartidos en los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa, Caazapá, Guairá y Canindeyú. Nadie mejor que los mismos Aché para relatar los terribles padecimientos que pasaron en aquellos años.

“... no queríamos permitir que los apa (paraguayos) invadieran nuestro territorio, robar a nuestros niños, abrir picada y robar nuestra madera. Cada vez nuestra área se reducía más, ya faltaba comida, así que entrábamos también a robar mandioca y maíz de la chacra de los blancos, hasta llegamos a faenar sus animales. Los paraguayos respondían a estos actos con balazos. Nos perseguían hasta el monte, mataban a mansalva a cuantos indígenas que encontraban a su paso, abusaban de las mujeres y robaban a los niños que luego eran comercializados...” Roberto Cheigi, Chupa Pou, Canindeyú.

Las ejecuciones extrajudiciales fueron constantes en la persecución a los Aché. “...Una noche de luna llena los paraguayos atropellaron el lugar donde estábamos y mataron a mi hermana. Primero le ataron a un árbol y luego la mataron. Mataron además a dos ancianas y se llevaron a Achiporagi, un varón. Un anciano, Metapagi, recibió un impacto de bala, pero no falleció” Marta Chevugi, Kuetuguy, Villa Ygatimí, Canindeyú. La violencia sexual integraba el esquema de exterminio. Dos nombres de victimarios se repiten en los relatos: Manuel de Jesús Pereira y Pichín López.

“...Luego de mucho tiempo yo salí del monte y fui llevada con otra gente a Cerro Morotí. Allí presencié varias agresiones cometidas por Pereira. Le pegaba con machete a los Aché y abusaba de las jóvenes, muchas de ellas salían de la pieza todas ensangrentadas, esto ocurría, sobre todo cuando Pereira estaba borracho. Un joven Aché se escapó porque vio cómo Pereira maltrataba a los indígenas, después de mucho tiempo, encontraron sus huesos en el monte” Margarita Jeichagi, Chupa Pou, Canindeyú. Otra grave violación cometida fue la detención ilegal y esclavización de niños y niñas. “...Mi hermana Rosa fue cazada por los paraguayos, las mujeres estaban todas con sus hijos e hijas cerca de un arroyo, los blancos llegaron disparando al aire, del susto corrieron todas, y muchas en el apuro dejaron a sus hijos, así fue cazada mi hermana Rosa, ella tenía unos siete años, en esa ocasión fueron llevadas en total 10 criaturas y supe luego que fueron vendidas en la zona de Tava’i” Jose Kuategi, Puerto Barra, Naranjal, Alto Paraná.

“...Pichín López me cambió por una vaca a la familia Arévalos, de Tava’i. La familia me reconoció como hija, pero nunca fui tratada como tal, realizaba todos los trabajos de la casa sin recibir nada a cambio, nunca tuve zapatos ni ropas adecuadas, la señora Martha me maltrataba ‘nde india’ me decía, me pegaba con cualquier cosa. Cuando murió la señora los hijos me echaron de la casa sin nada, hoy reclamo algún reconocimiento. Constantemente era maltratada por la señora y sus hijas, ‘nde guayakí, no sos nuestra hermana, nosotros te compramos para que nos sirvas’, me repetían. Muchas noches pasé llorando, preguntándome porque era tratada de tan mala manera.” Teresa Chakoachugi, Ypetimí, Caazapá.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios

El caso de los Mbya guaraní Los Mbya guaraní son conocidos como uno de los pueblos que más se resistió al contacto y la influencia de la sociedad no indígena. Protagonizaron, de hecho, una de las primeras grandes rebeliones en contra de los españoles durante la colonia. Con el paso de los años y las décadas la estrategia de estos indígenas se modificó, pasado del enfrentamiento abierto al intento de eludir el contacto internándose cada vez más en los bosques. Esta práctica condujo a un creciente aislamiento en reducidos territorios, en la medida en que avanzaban las poblaciones no indígenas. Los Mbya fueron desplazándose hacia territorio argentino, brasileño o del noroeste del Paraguay conforme aumentaba la presión de la expansión paraguaya.

“...Los principales isleños casi ya no quedan, eran muchos, murieron casi todos ya. Mucho sintieron de la angustia que sentían por dejar su lugar murieron. Mucho se ponderaba la vida anterior, la abundancia y tranquilidad que se tenía y que ya no se podía alcanzar con la nueva vida en otros lugares. Ya escaseaba el alimento, ya terminaba nuestro alimento propio. Entró muy fuerte el alcohol, esto nunca tuvimos en nuestra vida anterior. Nuestro refresco tradicional es la bebida de pindo, del pindo bien maduro hacíamos, eso era lo que conocíamos. Esa vida que ya no podían alcanzar era lo que causaba tristeza y enfermedad de las mujeres también” Faustino Vázquez, anciano de Pindo.

La construcción de la represa binacional de Yacyretá y la pavimentación de rutas y caminos en la zona -a mediados de la década del 70- marca un punto de inflexión en la historia de los Mbya guaraní. El movimiento en el mercado inmobiliario en el área afectada perjudicó enormemente a esta comunidad, cuyos intereses y tradicional dominio de esas tierras no fue considerado ni respetado. En este tiempo, el pueblo Mbya de Itapúa sur y Misiones experimentó la tragedia más importante de su historia, ya que cerca de la mitad de su población falleció debido al hambre, la violencia y las enfermedades que llegaron con los nuevos vecinos. Todo Misiones se convirtió en un gran cementerio Mbya.

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Algunos sitios por donde pasaron en su desesperada migración dejando enterrados niños, jóvenes y ancianos son: Arasape, Ñu Apu’a, Mbokaja, San Juan Potrero, Potrero Indio, Santa María, Cerrito, San Rafael, Javevyry y Ko’eju. Este proceso de desintegración social y cultural que sufrió el pueblo Mbya dejó secuelas irreparables en los sobrevivientes quienes en su gran mayoría se encuentran ahora instalados en el nuevo asentamiento Pindo que, aún con todas las mejoras materiales de la Entidad Binacional Yacyretá, no puede ni podría llenar el vacío vital provocado por el abandono de las tierras ancestrales.

La construcción de Yacyretá cambió la historia de los Mbya.

El padecimiento de los indígenas no tiene fin

El pueblo Enxet y el Ayoreo Como se había dicho, las violaciones a los derechos humanos de los indígenas ocurrieron antes, durante y después de la dictadura stronista, convirtiendo al Estado -en tanto entidad jurídica permanente- en responsable de esta situación. Muchas comunidades siguen sufriendo el atropello de sus tradiciones, la privación de las tierras y medios de sustentar su modo de vida tradicional y la carencia de adecuados servicios de asistencia sanitaria. Entre estos pueblos puede mencionarse a los Enxet y los Ayoreo. En el caso de los primeros, existe una larga disputa legal -que ha llegado a instancias internacionales que han reconocido los derechos de los aborígenes- por la recuperación de sus tierras ancestrales en el Chaco. La comunidad de Kelyenmagategma, del pueblo Enxet-Lengua, inició en el 2003 los trámites judiciales para conseguir la restitución de una mínima parte de sus territorios, en la zona conocida como Puerto Colón.

expansión. Los Ayoreo han sido permanentemente agredidos mediante la apropiación de sus tierras y los esfuerzos de cristianización llevados adelante por misioneros, muchos de ellos extranjeros. El grupo de los Ayoreo Totobiegosode sufrió en los años setenta, los constantes ataques con armas de fuego de traficantes de pieles y de otros grupos indígenas. En el año 1993, los Ayoreo Totobiegosode empezaron la tramitación judicial de cerca de 550.000 hectáreas que forman parte de una extensión mucho mayor en la cual este pueblo ejerció su dominio ancestral. Estas tierras están ubicadas en el departamento del Alto Paraguay y en ellas subsisten aún hoy algunos grupos que se resisten a ser contactados por la sociedad paraguaya. Desde 1997, los totobiegosode han comenzado a repoblar las áreas boscosas situadas en la ribera occidental del río Paraguay, al sur del Alto Paraguay.

En el marco de estas acciones, los indígenas fueron desalojados por la fuerza y se han producido fallecimientos como consecuencia de sus precarias condiciones de vida. Los Enxet sufrieron ya de la persecución por parte de agentes del Estado bajo el régimen stronista. “En 1980 se inició la persecución contra su comunidad, obligándoles a salir de sus tierras (…) En tiempos de Stroessner los indígenas eran explotados como peones de estancia, no había salud, educación ni sueldo digno, solo atropellos...” Esteban López, Comunidad Yakye Axa. Los Ayoreo tienen algunas de las últimas comunidades que siguen viviendo a la manera tradicional, basada en la caza, la pesca, la recolección de frutos silvestres y la siembra de algunos vegetales. Entre las décadas de los 50 y 60 comienzan los contactos frecuentes entre la sociedad paraguaya y estos grupos de aborígenes, determinados por la expansión de los “cojñone” (así llama esta etnia a quienes no forman parte de ella) en territorio ayoreo, ubicado en el Chaco. Las plantas tanineras y ganaderas, el crecimiento de las colonias menonitas y el establecimiento de unidades militares fueron algunos de los elementos de esta

107 Los Ayoreos sufren de la constante pérdida de sus tierras ancestrales y de la agresión a su cultura por parte de misioneros.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Otras comunidades indígenas

El clamor de los pueblos originarios

Los testimonios recogidos por la CVJ que se publican a continuación son elementos valiosos para la comprensión de la situación de los pueblos indígenas bajo el periodo de investigación, el cual abarca la dictadura stronista y la década siguiente a su caída.

tala de árboles (…) Son los brasileños los que mayor maldad nos muestran en el país a los indígenas, compran a las autoridades, jueces, fiscales (…) hacen lo que quieren, violando la ley” Marcelino Ramírez Valiente, Amambay, audiencia de la CVJ.

Pueblo Maskoy

Pueblo Toba Qom

“...En el año 1954, en Puerto Casado, los Maskoy fueron quemados: más de 180 adultos, niños y niñas por supuestamente tener una enfermedad. Entonces no había nada de justicia, y los indígenas se callaron, no protestaron (…) En el 2002, secuestraron a dos indígenas. Llegamos hasta jueces y policías y todo quedó impune...” René Ramírez, audiencia de la CVJ.

Pueblo Avá Guaraní

“...En el año 1975 empezaron a molestarles los funcionarios de Itaipú, quienes llegaban a sus comunidades (…) les avisó que sus tierras iban a ser inundadas. Esto no lo creímos, porque el Paraná siempre tuvo un fondo muy profundo (…) cuando vieron que el río empezaba a crecer, empezaron también a creer que era cierto (…) eran muchas las comunidades que vivían al costado del Paraná...” Julio Martínez, Alto Canindeyú, audiencia de la CVJ.

Pueblo Pai Tavytera

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“...La comunidad Takuavy ogué, en Amambay, en el año 1988 tenía 700 hectáreas, lindo monte, hermosos árboles. Allí ingresaron militares de la caballería por la fuerza a sacar a la gente, sacando luego 51 camionadas de rollo. Hicieron las denuncias correspondientes pero nadie les prestó atención ni ayuda para parar la

“...Es descendiente de los guaicurúes (…) su comunidad se llama Ñaeñek Sak (…) fueron desalojados en 1968 por el Coronel Infanzón, quemaron hasta ancianas de su pueblo. Su líder era Juancito Chávez, que también falleció allí. El pueblo Qom quiere recuperar esta propiedad en la que sus abuelos están enterrados. Considera una vergüenza que hayan tenido que llevar a nivel internacional su reclamo por no haber sido oídos por las autoridades” Francisco Ramírez, audiencia pública CVJ.

Mujeres indígenas

“...Es Aché y su marido Avá Guaraní. Reivindica el carácter multiétnico del país (…) siguen habiendo muertes. Se acuerda de los niños de la calle que están en la calle porque perdieron sus bosques, los envenenaron, al igual que el agua, enfermando a la gente” Alba Duarte, audiencia CVJ. “...En tiempos de la dictadura hubo violaciones a nuestros derechos pero esto sucede hasta hoy, porque no se respetan a los pueblos indígenas. El mismo INDI nos persigue (…) pero nunca saldremos de nuestra tierra. Moriremos ahí” Manuela Martínez, Avá Guaraní, audiencia de la CVJ.

Sección V Secuelas físicas, sicológicas y socioeconómicas de la represión La desgarradora experiencia del exilio Modelo y aparato represivos Ejecutores de la represión Casos paradigmáticos El país quedó en manos de represores mientras artistas e intelectuales partían al exilio. Aparecen Montanaro y Abdo Benítez; Pastor Coronel, “Sapriza”, Lucilo Benítez y Alberto Cantero. Del otro lado, Augusto Roa Bastos y José Asunción Flores.

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Efectos a mediano y largo plazo de las violaciones de los derechos humanos

Secuelas de la represión La represión y, en general todas las violaciones a los derechos humanos, tienen la característica de dejar secuelas duraderas en las víctimas, algunas de ellas para toda la vida. Muchas de las personas que sufrieron en carne propia los rigores de la represión vieron severamente afectadas sus relaciones afectivas, su vida social, sus aptitudes y posibilidades laborales y su equilibro afectivo. No son pocos los casos en los que estas huellas persisten hasta ahora, tras más de dos décadas de derrocado el régimen de Alfredo Stroessner.

La represión -tanto la orientada a la comunidad como a los sujetos aislados- tenía el propósito de abolir el disenso y el pensamiento divergente y se complementaba con la existencia de una amplia red de informantes y con la política de favorecer abiertamente a quienes apoyaran al régimen, mediante cargos públicos u otro tipo de prebendas. Estos factores configuraron un escenario en el cual los adeptos a la dictadura gozaban de todas las prerrogativas y regalías, en tanto que aquellos que manifestaran posiciones distintas o simplemente se abstuvieran de respaldar a Stroessner y su gobierno sufrían de los prejuicios, el estigma y el aislamiento social. Fotos: Archivo Depositario Museo de las Memorias

La colecta de testimonios realizada por la Comisión de Verdad y Justicia arrojó nuevas informaciones acerca de los efectos duraderos en el tiempo de las torturas, de la persecución y de la estigmatización. Fue posible identificar dos planos en los que se verifican estas secuelas: uno colectivo, que se asocia al impacto sicosocial de la dictadura y de sus métodos represivos; y otro individual, que tiene que ver con las consecuencias particulares que cada víctima debió enfrentar. La recolección de estos testimonios puso en evidencia

la profundidad de las secuelas ya que en algunos casos las personas se mostraban o bien reticentes a compartir experiencias ocurridas hace muchos años o bien las entrevistas servían de verdaderas sesiones de catarsis, en las que las víctimas se sentían escuchadas y consideradas quizás por primera vez después de sufrir maltratos y humillaciones.

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La represión tuvo efectos duraderos a nivel de los individuos afectados y también en la convivencia social.

El miedo fue la mayor arma del régimen Fotos: Archivo Depositario Museo de las Memorias

La sociedad paralizada

“La calle es de la Policía”, era uno de los lemas del stronismo. La represión actuó a cara descubierta, con el deliberado propósito de infundir miedo a la población y desestimular cualquier tipo de participación política o gremial.

El régimen de Alfredo Stroessner comprendió muy pronto el poder paralizante del miedo en la sociedad, razón por la cual en general las represiones, detenciones y persecuciones se dieron a la luz del día, sin ocultamientos, y con la actuación al descubierto de los organismos oficiales y de los encargados de los operativos. La intención era realizar una demostración de poder absoluto y de impunidad no tanto de cara a las víctimas de la represión, sino más bien a su entorno familiar, comunitario y social. El objetivo era exhibir sin atenuantes ni medias tintas la suerte que le esperaba a quien tuviera la osadía de disentir con el gobierno. Existía pues una generalizada sensación de vulnerabilidad ante el poder del Estado. La población no podía reclamar ante ninguna instancia pública, pues todas integraban el esquema de poder de la dictadura. Esta situación de impotencia bloqueaba incluso los intentos de acciones autónomas de solidaridad con las víctimas.

A la imposibilidad de recurrir a las instituciones oficiales, se sumaba un vasto sistema de control de la población mediante el empleo de soplones y delatores, comúnmente denominados “pyragués”. Estos eran informantes civiles de los organismos de la represión que podían ser el vecino, el comerciante de la esquina, el taxista, etcétera. Tal como se demuestra en una enorme cantidad de documentos existentes en el archivo del terror, los “pyragués” elevaban informes acerca de organizaciones, reuniones, individuos y actividades de todo tipo, brindándole a la dictadura un flujo constante de información útil para atacar cualquier clase de oposición. La acción de estos delatores tenía un efecto adicional: rompía las relaciones de confianza en las comunidades, especialmente rurales, donde quedaban debilitados los lazos de vecindad, amistad y de vida en común. Otros elementos contribuían a apuntalar la atmósfera

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opresiva del stronismo. Uno de ellos fue la generalización del estigma y el prejuicio ideológico. Mediante la utilización de las estructuras educativas y, sobre todo, a través de una incesante propaganda -en el ámbito partidario, sindical-gremial, en los medios de prensa- el régimen consiguió extender e imponer al conjunto de la sociedad el perfil de “sus enemigos”. Así, la acusación de “comunista”, “subversivo” o de “contrera” acarreaba el inmediato aislamiento de la persona en cuestión y funcionaba como un justificativo de las acciones represivas. Estos motes fueron aplicados sin distinción de doctrinas o creencias a cualquier persona u organización que se hallara fuera del esquema de control político del régimen.

Fotos: Archivo Depositario Museo de las Memorias

También es necesario recordar el alcance internacional -sobre todo en los países vecinos, de manera particular en Argentina- de la represión stronista y de los mecanismos de vigilancia y control sobre los paraguayos asentados en el extranjero. Para ello, el gobierno no dudó en echar mano del servicio exterior y diplomático, así como de una estrecha cooperación con regímenes afines. El “Operativo Cóndor” constituye el nivel más alto alcanzado por esta colaboración en la represión. En el marco de esta política deliberada, orientada a implantar el miedo y a quebrar los vínculos solidarios en el seno de la sociedad, el aparato represivo apuntó de forma singular y minuciosa hacia las experiencias comunitarias autónomas y en crecimiento -ejemplo claro de las cuales fueron las Ligas Agrarias- y a sus principales dirigentes. El objetivo obvio de estos operativos era proyectar a sangre y fuego una “lección” para el resto de

la sociedad. Hubo casos en los que se realizaron torturas en presencia de toda la comunidad o también fueron exhibidos los cadáveres de personas que habían sido detenidas.

Creando cómplices

En el contexto de su perversa lógica de premio-castigo, el stronismo apostó a construir un sólido respaldo social sobre la base de un extendido y desembozado manejo clientelístico de la administración pública. En este esquema, quien quisiera trabajar para el Estado, cursar algunas carreras universitarias o lograr contratos con el sector público debía afiliarse indefectiblemente al partido colorado y, eventualmente de ser necesario, profesar de manera abierta su adhesión completa al régimen. Esta red operaba a nivel urbano para el trabajo y en las zonas rurales para el acceso a la tierra o a los créditos. La afiliación al partido colorado era también condición indispensable para aspirar a un cargo de relevancia en las organizaciones de la sociedad civil y para tener resultados favorables en pleitos y litigios de carácter judicial. La dictadura identificó al ciudadano con el afiliado. Quien carecía del documento de pertenencia a la Asociación Nacional Republicana tenía cercenados sus derechos más elementales, pues se registraron casos de personas que incluso eran marginadas de la atención médica o sanitaria por no estar afiliadas. “La única posibilidad de vivir más o menos bien era siendo aliado o inhibiéndote de todo. Eso siguió después de la dictadura. Romper ese clientelismo político va a costar en esta nueva etapa. Es el pensamiento de decir: no vale la pena hacer nada, solo para ver si me toca algo. Los zoqueteros. El zoquete que es lo último que queda del hueso. Entonces se trataba de estar en silencio, no contar, no contestar, resignarse. Esas fueron las consecuencias y eso lo provocaban. Era intencional” Padre Caravias, lugar indeterminado, 1972. El régimen buscaba proyectar una imagen desarrollista, promocionando la inauguración de obras. Forjó una red de clientela política con los fondos del Estado.

112 Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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FASCÍCULO

Dolor grabado en huesos, músculos y piel

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Los cuerpos marcados La violencia ejercida por los represores en las detenciones y en las sesiones de tortura, así como las condiciones insalubres en que fueron recluidas las víctimas tuvieron efectos físicos inmediatos, provocando dolor, desesperación y debilidad. Sin embargo, como es fácil suponer, las consecuencias no se disiparon una vez cesados los golpes, con la caída de la dictadura o incluso con el paso de los años. Las víctimas de la represión presentan en sus cuerpos las huellas indelebles de los sufrimientos infligidos por el régimen. Esas secuelas físicas han condicionado su vida posterior, afectando su capacidad laboral y sus relaciones sociales. Algunas de ellas son: Fracturas mal consolidadas que dificultan la función del miembro; amputaciones de dedos; ceguera por destrucción del globo ocular; cataratas traumática por golpes de látigo en los ojos; sordera total o parcial producida por golpes en los oídos; dificultad para hablar por amputación parcial de la lengua; cicatrices por quemaduras de cigarrillos en todo el cuerpo; trastornos cardiorrespiratorios por inmersiones en la pileta; cicatrices producidas por quemaduras con electricidad en el escroto, pezones y otras regiones sensibles; trastornos digestivos como gastritis; cefaleas por los golpes y la tensión nerviosa; trastornos del riñón por traumatismos o infecciones no tratadas que derivaron en insuficiencia renal crónica. Con el paso del tiempo y el envejecimiento natural del cuerpo, estos efectos de la tortura tienden a agravarse, disminuyendo la calidad de vida de las personas o limitando su movilidad. “Y después de salir yo traté de trabajar, me fui como para hachear pero no aguanté. Siento en mi pulmón molestias de cuando los soldados me pegaron con cachiporras, de cuando me arrastraban por el suelo y me pegaban entre tres. Mi cabeza no quedó muy bien, no me quejo tanto, pero no estoy bien. Ahora, lo de mi cuerpo siento que mis huesos están todo golpeados. Me fui al cardiólogo y me hice todos los estudios. Me preguntó si a mí me habían golpeado ‘y sí’, le dije y le conté cómo fue. Entonces él me dijo: ‘vos ya no valés para hacer trabajos pesados, ya no podés’. Ahora tengo hernia. Me fui al doctor para operarme pero me dijo que a consecuencia de eso no me puedo operar:

‘no vas a aguantar la anestesia, eso nomás ya te va a matar, tenés secuelas...”. Julio Bogado Escurra, Itacurubí, fecha indeterminada. Entre los testimonios recogidos por la Comisión de Verdad y Justicia abundan los relatos acerca de los cambios que las víctimas experimentaron en sus organismos tras el paso por la reclusión y las torturas del régimen.

“De tanto sufrimiento que uno pasa ya no tiene más fuerzas para luchar.. Yo llegué a bajar 22 kilos, era una calavera andante, ya no era vida lo que estaba llevando. Esa secuela de no querer vivir me duró mucho tiempo, hasta la caída de Stroessner. Cada vez que hablaba con los amigos de las detenciones y torturas me producía algo, a más tardar media hora después me daba diarrea, cólicos o tics nerviosos. Después recién me estabilicé”. Juan B. Aquino, Luque, 1966.

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PROBLEMAS DE SALUD, ESQUEMA

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Consecuencias inmediatas.

Problemas de salud e impacto a largo plazo

Lesiones musculares, articulares u óseas incluyendo fracturas como consecuencia de golpizas y/ o posturas extremas.

Discapacidad, limitaciones funcionales y/o dolores residuales en diferentes grados en casos de algunas fracturas.

Problemas respiratorios como consecuencia de torturas como asfixia por inmersión, y por malas condiciones higiénicas.

Hipertensión y problemas cardiovasculares asociados a estrés, sufrimiento extremo y tensión nerviosa como consecuencia de la tortura.

Lesiones traumáticas en órganos sensoriales por golpes en la cabeza.

Discapacidades sensoriales por problemas oftalmológicos, auditivos u olfativos como consecuencia del impacto traumático.

Lesiones inmediatas a consecuencia de golpes en diferentes órganos (riñón, vejiga, testículos, hemorragias)

Problemas de salud permanentes como consecuencias de tortura: problemas renales o genitourinarios.

Dolores, limitaciones funcionales o pérdida de sensibilidad, como consecuencia de golpizas, plantón o posturas extremas.

Problemas neurológicos como cefaleas frecuentes y/ o parestesias en extremidades.

Muchas de estas secuelas perpetúan y actualizan el impacto de la tortura, dado que este se hace presente en la vida cotidiana de muchos sobrevivientes a través de dichos problemas de salud.

Afecciones crónicas de las víctimas de la represión

Cuando el sufrimiento no termina La CVJ agrupó en grupos las secuelas físicas de la tortura en función de las partes del cuerpo afectadas. La modalidad de la tortura, la intensidad del tormento aplicado y las condiciones de encierro y alimentación fueron factores que determinaron la gravedad y la persistencia de las dolencias.

Sistema osteo-músculo-articular La mayor parte de las secuelas físicas se asocian a lesiones musculares (20,6%), articulares (16,6%) y óseas (15,1%) como consecuencia de golpizas, colgamientos o por permanecer durante mucho tiempo en una posición forzada y antinatural. Este tipo de tormentos genera derivaciones a largo plazo, al debilitar los ligamentos y endurecer las articulaciones. “Mucho tiempo fui a masajistas y me decían que mi problema estaba en la columna, me dolía la cabeza y perdí la vista también” Candia Denis, San Miguel, 1980. Muchas de las víctimas sufren dolores y molestias residuales de los tormentos, los cuales alteran sus posibilidades en el trabajo o en las tareas cotidianas.

“En mi cadera me pegaron mucho y hasta ahora no me puedo inclinar y si me agacho me dan fuertes dolores, también la vista tengo perjudicada, no veo bien. También tengo dolores en el pecho y la cabeza” Cecilio Díaz, lugar indeterminado, 1976. Luego de prolongados periodos de encierro, se registraron casos de personas que necesitaron amputaciones o cuya movilidad se vio seriamente afectada, incluso para caminar. Estas secuelas tuvieron un efecto singularmente duro en las personas que debían realizar esfuerzos fisicos en su trabajo, como el caso de los campesinos por ejemplo.

Problemas respiratorios Las dificultades respiratorias constituyen la segunda

secuela física mencionada en los testimonios recogidos por la CVJ. Gran parte de los casos pueden estar asociados a una modalidad específica de tortura: la pileteada, que producía estados de semiahogamiento e infecciones respiratorias (habitualmente el agua tenía heces y sangre). A este tormento particular hay que sumarle también los golpes en el tórax y en la espalda.

“La pérdida de mi tabique significa que mi corazón no trabaja como tiene que trabajar. Yo uso unas placas en la nariz porque yo no tengo tabique como consecuencia de la tortura, o sea, tengo toda la pinta de tener nariz, ¡pero no! Es pura apariencia” Ramón Fogel, Asunción, 1961. El 17% afirma tener problemas cardiovasculares por efecto de los maltratos. Las malas condiciones de encierro, la alimentación inadecuada y los altísimos niveles de estrés explican las dificultades cardiacas.

Secuelas sensoriales y neurológicas Aquí se incluyen los daños ocasionados por golpes en la cabeza, en los ojos y en los oídos, con el resultado de una notoria disminución de la capacidad de ver y oir. También en estos casos las pileteadas agravaban el deterioro, debido a las infecciones recurrentes en ojos y oídos.

“Cuando era tomada de los pelos recibía golpes en el oído, lo que me ocasionaba una sordera momentánea y luego volvía a escuchar, pero esas secuelas quedaron hasta hoy día aunque las trato con medicamentos” Eva Caballero de Salinas, Paraguarí, 1976. En menor proporción se han registrado casos de personas que perdieron la sensibilidad olfativa (0,4%) debido a golpes en la nariz y en la zona frontal del cráneo. Son más (16,2%) quienes manifiestan secuelas neurológicas expresadas en continuos dolores de cabeza o en la columna. Un 3,6% asegura sufrir de alteraciones en las terminaciones nerviosas de la piel, con zonas que carecen de sensibilidad.

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Secuelas en órganos internos El 15% de los entrevistados quedó con afectaciones en el sistema digestivo, producto de las condiciones de hacinamiento, estrés y mala alimentación, así como traumatismos e inmersiones en aguas fecales en la pileta. En su momento se manifestaron como diarreas, vómitos y malestares para, con el paso del tiempo, asumir formas crónicas, como gastritis, úlceras, colon irritable y deficiencias hepáticas. Una proporción similar (15,3%) declara sufrir problemas renales, atribuibles a golpes en esa zona y a infecciones que no fueron tratadas debidamente. Los casos más graves registran insuficiencias renales crónicas con necesidad de diálisis.

“Después de tres meses me enfermé y empezaba a orinar sangre, no podía ni caminar, en tres meses y 21 días me largaron. Después vine y como seis meses estuve convaleciente, me acosté esos seis meses. En ese tiempo me curaron con remedios yuyos porque no tenía dinero para otra cosa, era pobre” Isabelino Pino, Caaguazú, 1980.

Secuelas genitourinarias y sexuales Las afectaciones genitourinarias se dieron de manera particular entre los hombres, con un 12,2%. Estas secuelas se manifiestan sobre todo en dolores al momento de la micción. Se han registrado casos de pérdidas testiculares debido a la tortura o de impotencia sexual como consecuencia de la aplicación de descargas eléctricas y patadas en el pene y los testículos. “Me subieron hasta el segundo piso, ahí sí me sometieron mucho físicamente. Hasta ahora tengo secuelas físicas de esos sometimientos, porque me violaron inclusive. No sé si era con palo o con cachiporra. Hasta hoy sufro esa consecuencia porque tengo un sangrado continuo, quedaron muchas cicatrices, golpes, tengo que estar siempre medicándome por los dolores. Cuando me acuesto no puedo relajarme, no puedo dormir” N.A.L., lugar indeterminado, 1976. Las lesiones y problemas en estas partes del cuerpo también afectaron a las mujeres, especialmente como consecuencia de violaciones sexuales, de las cuales fueron víctimas frecuentes. Existen también otras secuelas físicas, menos comunes, como la infertilidad (0,3%) derivada de golpes en los testículos y los abortos provocados (0,1%) debido a palizas en mujeres embarazadas.

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“Esa noche me violó. Y no sé, todo fue de noche, no pude saber mucho, menos bajo amenaza, y esa criatura que tenía en mi vientre yo perdí, tuve hemorragia desde ese momento, no paraba más hasta que perdí” A.C.S., fecha y lugar indeterminados.

El esfuerzo por volver a la normalidad

Impactos sicológicos El trabajo de recolección de testimonios de víctimas por parte de la CVJ ha permitido identificar al menos 21 tipos de problemas o de síntomas sicológicos incapacitantes. El 90% de las víctimas declaró sufrir secuelas sicológicas relevantes, en tanto que el 83% aseguró que con posterioridad a los hechos desencadenantes tuvo más de un problema en este sentido. El equipo de la CVJ dividió el conjunto de secuelas en cinco grandes grupos:

Huella de los impactos Se trata del factor más frecuente. Se incluyen aquí la ansiedad, el miedo, la reacción extrema de alerta, el llanto y los recuerdos persistentes. Son respuestas generalmente asociadas a la experiencia de la detención, la tortura y la violación sexual. El 61,6% de los entrevistados refiere el miedo como una consecuencia inmediata en sus vidas.

“Me quedé en que ya no confié más en la policía (…) me quedé todo nervioso, enfurecido. Y eso me quedó, la rabia” Mario Candia Denis, San Miguel, 1980. Otro efecto generalizado de la represión fueron los trastornos del sueño, con frecuentes hechos de insomnio, pesadillas recurrentes y terrores nocturnos. El 45,4% de las víctimas declaró haber tenido este tipo de dificultades. La angustia y la ansiedad también fueron referidas por un alto porcentaje de víctimas (34,5%) como secuelas que han permanecido en su vivencia años después de los hechos desencadenantes. Se trata de una sensación de intranquilidad constante e irritabilidad, muchas veces asociada no solamente a la experiencia negativa en sí sino también a la impunidad, a la falta de castigo a quienes cometieron el abuso. “Me agarró una especie de ira, un enojo, resentimiento profundo y a consecuencia de eso me quedé como que no me encuentro conmigo mismo (…) por más que procure no se me pasa, nunca llego a ser el mismo...” Eulalio Mendoza, Villarica, 1985

Trastornos de la atención Marcan un distanciamiento emocional o cognitivo del individuo. Otras consecuencias de largo plazo de la represión son el estado de hiperalerta (referida por el 7,4% de los entrevistados) o la desorientación (6,9%). Luego de las torturas, muchas personas han encontrado dificultades para controlar sus impulsos o su rabia en forma permanente.

“Ahora ya murieron, murió Rolón, Eligio Jiménez, Pedro González, Mathiu Cristaldo, ellos murieron a causa de las torturas y sus familiares se quedaron todos traumados y con miedo. Y yo me quedé desmemoriado también a causa de las torturas” Juan Bautista Martínez, lugar indeterminado, 1965.

Tristeza y baja autoestima Señalan la permanencia del sentimiento de pérdida y humillación y la incapacidad de procesar la experiencia dolorosa y angustiante. Una secuela muy profunda y difícil de superar -y que en un alto porcentaje de las víctimas se mantiene hasta hoy- es la tristeza y la baja autoestima (referida por el 41,4% de los testimoniantes). Son estados de ánimo recurrentes que están asociados, además de la experiencia negativa específica, a la pérdida de oportunidades educativas o laborales.

“...Mi cabeza parece todo el tiempo que no anda bien. Amanezco a veces entorpecida. Amanece y me siento deprimida, me parece que nada es bueno, quiero llorar, quiero gritar. Todo eso siempre, hasta ahora” Roquita Velázquez de Miranda, Asunción, 1961. El 23,2% de las víctimas afirma sentirse afectada todavía en la actualidad, con el llanto fácil ante otras circunstancias de la vida o cuando recuerdan hechos traumáticos. La pérdida de oportunidades de

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realización personal o de promoción social derivó también en un número importante de víctimas (el 19,3%) en una arraigada baja autoestima.

ideas persecutorias, especialmente al abandonar un lugar de reclusión o tras haber pasado la experiencia con las fuerzas de la represión.

Respuestas de tipo sicótico

En el proceso de colecta de información se logró determinar que existe una estrecha relación entre el tipo de experiencia negativa y la clase de impacto sicológico consecuente. El 17,6% declara haber albergado estos sentimientos. Si bien era “normal” que alguien fuera vigilado después de la detención, la percepción de la capacidad del régimen de mantener bajo control constante a los opositores era con frecuencia exagerada.

Se trata de una grave pérdida del sentido de la realidad y de las capacidades cognitivas. En los casos más severos, las secuelas llegaron a alteraciones graves de la capacidad cognitiva, trastornos de la personalidad, alucinaciones, pérdida del sentido de la realidad y alcoholismo. El 4,2% de las personas entrevistadas dijo que atravesó por periodos de alucinaciones, mientras que el 3,2% habló de episodios de delirios.

“Desde que llegamos ese 9, pasaron cinco días para que entremos por turno para ser torturados, y uno de ellos perdió su juicio allí, fue a consecuencia de la electricidad, no aguantó su cabeza. Lo más pesado fue la electricidad, eso sí me preocupó mucho, nos debilitamos, nos deshidratamos” Marcos Vera, Quiindy, 1969. Aunque solo una minoría, el 1,3%, asume tener adicción al alcohol, es de presumir que existe un importante subregistro, considerando la frecuente falta de reconocimiento de esta clase de problemas. “...Mental ninguno, gracias a Dios. Escribo, dibujo y eso me sirve de catarsis. Pero a nivel de mi familia es terrible, se destrozó toda mi familia, quedaron como anormales síquicos. Se metían drogas, alcohol, a la mayor la separé de la familia y eso la salvó. Pero con mis dos hijas menores fue terrible (…) tienen inestabilidad sicoemocional” Joel Filártiga, Asunción, 1958.

Fobias e ideas persecutorias

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Se trata de una reacción de miedo intenso e incontrolable, sobre todo ante la presencia de policías o militares. El terror en forma de fobia -es decir miedo y evitación extrema de “disparadores” específicos- fue señalada por el 7,5% de las víctimas entrevistadas. De manera particular, estas alteraciones afloran frente a policías y militares. También fueron comunes las

“...Estando en Santa Cruz (Bolivia) uno podía decir que allí iba a estar libre de la dictadura, sin embargo caminando por la ciudad yo me sentía en inminente riesgo de ir preso, o que un auto me atropellara desde atrás o que se bajaran dos, tres policías y me atraparan de nuevo. Esos terrores me perseguían...” José Gill Ojeda, Misiones, 1976

Deterioro de lazos afectivos

Secuelas en la pareja, la familia y el entorno en la pasividad -y con ello se aceptaba la continuidad de régimen tiránico y corrupto- o se rebelaba -con lo cual se ponía en riesgo la integridad propia y la de la familia-.

La ausencia de uno o más miembros de una familia -generalmente los adultos y sostenes del hogardebido a las detenciones, a la persecución o el exilio derivó en una sobrecarga de roles y en un creciente estrés. Estas situaciones implicaban nuevas tareas y trabajos, con frecuencia para los integrantes de menor edad. Lo habitual es que esta sobrecarga cayera sobre los hombros de las mujeres. No era raro que en tales condiciones se originaran conflictos, reproches y discordias intrafamiliares que desgastaban la unidad del núcleo y socavaban la resistencia sicológica de las personas.

“ prácticamente mi gente me abandonó en este asunto. Yo era la vergüenza de la familia. Mi papá al menos decía ‘no, él está aparte’. Primero estúpidamente mi papá se enojó conmigo porque lo que él decía se tenía que hacer. El era demasiado colorado y creía que nosotros trabajábamos en contra de los colorados. Y yo sabía bien que no era así”. Lisandro Alderete, Caaguazú, 1971.

“Siempre la familia no entiende y decían luego ‘por qué papá’, ‘qué hacés por ahí’, ‘mucho tiempo sufrimos por culpa tuya’, me dicen. Y ‘todo lo que pasamos y no sacaste ningún resultado’. No saben ni entienden ellos por qué fue la lucha” Crescencio Fernández, San Ignacio, 1976. La dictadura colocó a los individuos ante una disyuntiva de hierro. O se permanecía en silencio y

Consecuencias sobre el núcleo familiar de las víctimas Consecuencias familiares

NO

SÍ

%

Proyección

Miedo de la familia

439

200

31,3

6.275

Migración

487

152

23,8

4.772

Marginación social

493

146

22,8

4.571

Sobrecarga de roles

512

127

19,9

3.990

Apresamientos

515

124

19,4

3.890

Estigmatización

523

116

18,2

3.649

Separación/diáspora

539

100

15,6

3.128

Pérdida familiares

556

83

13

2.606

Conflictos familiares

580

59

9,2

1.845

Fuente: Elaborado con base en los datos de la CVJ

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Secuelas socioeconómicas de la represión

El drama de la sobrevivencia Una de las graves consecuencias de la represión política se produjo en el plano de las condiciones socioeconómicas de vida de las víctimas. A los golpes y los malos tratos, se sumaron también las oportunidades laborales y educativas perdidas, el saqueo de las pertenencias y la dependencia económica. El 72% de los entrevistados sufrió el impacto de las violaciones de los derechos humanos en su capacidad material de sobrevivir y progresar.

ahora eso yo no lo llegué a recuperar. Salimos con las manos vacías de allí, nos mudamos a tierras ajenas de nuevo” Marco Vera, Lima, 1976

El 43% de las víctimas experimentó un empobrecimiento en su vida, tras los hechos represivos.

En términos económicos, todo se hacía cuesta arriba para las víctimas pues además de sufrir los robos, normalmente les resultaba difícil retornar a las actividades habituales ya sea por la duración de las detenciones, las secuelas sicológicas de los maltratos o por la estigmatización social. Muchos de ellos debían comenzar de cero, sin apoyo social y a veces ni familiar.

“Muchas cosas perdí así como mi casa. Hasta ahora no recuperé todo lo que perdí” María Barrio Gauto, Coronel Oviedo, 1978.

Saqueos, robos o destrucción de propiedades

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Si bien esta fue una práctica generalizada (casi uno de cada tres entrevistados afirma haber sido víctima de estos robos), el ensañamiento fue particularmente duro cuando se trataba de ataques a comunidades y colectivos, sobre todo campesinos. Hundir en la pobreza y en la incertidumbre a familias enteras, despojándolas de los medios de subsistencia, era parte integrante de la política represiva del régimen. En el caso de las zonas rurales, era muy común que los campesinos perdieran sus tierras a manos de sus represores. Estas acciones socavaban también los proyectos comunitarios, que en el caso de los campesinos tenía un fuerte componente productivo. La intención era destruir las bases materiales de las organizaciones y cualquier posibilidad de autonomía. Habitualmente, en los ataques a las comunidades campesinas, los animales eran confiscados ilegalmente y las plantaciones destruidas o robadas. Los adultos eran llevados detenidos y los niños quedaban en un estado de completo desamparo. “Y todos nuestros lotes se quedaron en Jejuí...hasta

Ciertamente, también hubo casos de saqueos en las ciudades. Un ejemplo es el Banco Paraguayo de Datos de cuyo local fueron robados hasta los cables e interruptores de electricidad, en 1983.

“Imagínate vos que siendo cabeza de familia, de tu esposa, de todos tus hijos, vienen y te llevan preso, que tus parientes ya no te conozcan, ni tus vecinos. Tu mujer y sus tres hijos ¿dónde pueden ir? ¿quién les da de comer? Nosotros vivíamos en un predio de la Caballería. No teníamos donde caer muertos y él estaba preso, no teníamos un centavo, ni la iglesia te conocía y mi mamá tenía que salir a inventar para comer” Escolástico Ovando, Asunción, 1962.

Pérdida del trabajo Si en el campo el impacto socioeconómico más importante fue el saqueo y el despojo de las pertenencias, en el ámbito urbano lo fue la pérdida del empleo y de las posibilidades de ascenso. El 38,4% de los testimoniantes perdió su fuente de trabajo en algún momento, por la detención, la tortura o el exilio. El trabajo se perdía por lo prolongado de la reclusión pero también por el estigma que caía sobre

la víctima una vez liberada. “Cuando yo salí perdí mi empleo, perdí la ganancia que tenía de tres meses y todo lo que tenía se me perdió, ¡todo! Y después perdimos nuestra casa” Labreado Rossi, Asunción, 1976. “Y en ese tiempo vino todo mal porque en la congregación se nos conceptuó mal, por haber caído presos como comunistas y ya no nos dieron oportunidad para el trabajo” Mario Candia, San Miguel, 1980. Las empresas, que tenían en valiente gesto de reincorporar a un empleado que había estado detenido por “contrera”, se exponían a represalias por parte del régimen que buscaba cerrar todos los caminos para la recuperación de los disidentes. Una de cada cinco víctimas afirma que le fue imposible conseguir trabajo luego de un periodo en reclusión. “Siendo yo educador y mi señora también hemos sido bastante perseguidos y humillados en nuestra profesión. Ejercí yo la docencia por 10 años en la

compañía Ytu-mi, Caacupé, y de allí, habiendo yo tenido el mérito de haber elevado una escuelita a escuela cabecera y con buenos proyectos de desarrollo, fui destituido arbitrariamente”. Angel López, Cordillera, 1960. Al hallarse delante de tantas dificultades para autosustentarse, el nivel de dependencia económica de la víctima era mayor. El 12,4% de los entrevistados señaló que tras la reclusión se vio forzado a renunciar a su propia autonomía y a planes personales ya que su propia sobrevivencia había quedado en manos de otras personas. “No me dejaron trabajar durante todo el tiempo de la dictadura, me persiguieron, me hizo perder mi oportunidad de estudiar, mi misión era estudiar para ser un mejor policía, ese era mi deseo, porque en esa época el primer abogado policía iba a ser yo, cuando eso ni estudiaban. Fui de la primera promoción de la escuela de policías, y yo era el único que estudiaba, que estaba por ingresar a la facultad de derecho, y fui privado de eso por más de diez años”. Epifanio Romero, Asunción, 1958.

“Yo mi casa y todo perdí a consecuencia de esto. Y mi hermano también dejó todo de balde sus lotes. Estaba todo alambrado con pilotes y se robó todo, todos mis animales, todo. Mi casa quedó para la alcaldía, hasta hoy día...” Pedro Yáñez Acosta, Horqueta, 1970.

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La distancia de la tierra y los afectos

El desgarro del exilio Desde el inicio mismo de su historia, el régimen stronista expulsó del país o forzó al exilio en el extranjero a miles de paraguayos, desde militantes políticos o gremiales opositores hasta artistas, escritores y músicos, pasando por una enorme masa de personas que ya fuera para evitarse la persecución en su país o porque no hallaba respuestas socioeconómicas en la dictadura había abandonado el país. Sobre un total de 11.112 episodios de violaciones de derechos humanos analizados por la CVJ, 428 incluyó el exilio de la víctima. Al hacer la proyección -cinco familiares directos por cada uno- se tiene una estimación de alrededor de 20.814 víctimas de exilio bajo el stronismo. Sin embargo, es razonable pensar que esta cifra es en la realidad mucho mayor, ya que el dato se sustenta solamente en los testimonios recogidos, en determinado periodo de tiempo, por la Comisión. La cantidad referida tiene que ver solo con el exilio político y no con el socioeconómico, considerando el cual el número crecería exponencialmente.

al poder el general Alfredo Stroessner, facultaba al gobierno en su artículo 52, en el marco del estado de sitio, a “trasladar a las personas de un punto a otro de la República”. Posteriormente, la ley 294/55 habilitaba al Poder Ejecutivo a conmutar ciertas penas “por la del destierro”. También el Código Penal de 1914, vigente hasta 1998, contemplaba la pena de destierro, para los casos de “alzamiento a mano armada; conspiración y actos preparatorios para la rebelión y sedición”. La ley anteriormente citada reemplazó la pena de destierro por la de cárcel a partir de 1955. Muchas artimañas ilegales utilizó el stronismo en este sentido. A veces negó el pasaporte a paraguayos (como en el caso del escritor Augusto Roa Bastos), otras confinó a individuos en sitios muy apartados de nuestra geografía, otras dispuso la expulsión sin proceso judicial alguno de nacionales y extranjeros.

Exiliados segun el exilio

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Marco jurídico La CVJ considera al exilio como una consecuencia de actos ilícitos cometidos por el Estado, al violar la libertad de residencia y de tránsito, ejercer actos de abierta y generalmente violenta persecución política e impedir el acceso a la justicia. Las personas afectadas por el exilio debían permanecer fuera de su país contra su voluntad, por razones ideológicas y políticas. La Constitución de 1940, en vigencia al momento de llegar

El exilio como una forma de “salvar la vida”

“Comunistas” y los “contreras” Los “contreras” o “opositores” se integraban de todos los miembros de los demás partidos políticos fuera del colorado y por la disidencia de la ANR. Normalmente, el mote de “contrera” alcanzaba no solo a quien tenía militancia política, social o gremial sino también al resto de su familia. De esta forma, nadie quedaba fuera de la elemental clasificación que hacía la dictadura: “están con nosotros o están contra nosotros”.

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

Entre las organizaciones, movimientos y asociaciones que sufrieron la persecución bajo el stronismo puede mencionarse a: Club Liberal Alón; Asociación Nacional Republicana del Exilio y la Resistencia (ANRER); Centro de estudiantes de colegios incorporados; Centro de Estudiantes de la Escuela Nacional de Comercio Nº 1; Centro de Estudiantes 23 de Octubre del Colegio Nacional de la Capital; Columna Mariscal López del Frente Unido de Liberación Nacional; Comando de Acción Revolucionaria; Federación Universitaria del Paraguay; Federación de Maestros del Paraguay; Grupo de Lectura contra la dictadura; Juventud Agraria Cristiana; Juventud Liberal Manuel Gondra; Ligas Agrarias Campesinas; Ligas Agrarias Cristianas; Militares Institucionalistas; Movimiento Revolucionario; Movimiento Independiente; Movimiento Liberal 4 de Noviembre; Movimiento Estudiantil Democrático; Movimiento Popular Democrático; Movimiento Revolucionario Armado; Sacerdotes Jesuitas;

Federación de Trabajadores Cañeros del Paraguay; Centro de Estudiantes Técnicos Industriales. La variedad de organizaciones mencionadas da una idea clara de la extensión que alcanzó el exilio entre 1954 y 1989. “Nos echaron como perros de Paraguay porque yo trabajaba en las Ligas Agrarias, hacía ladrillos para construir la iglesia de Santa Rosa y después para cada uno también, hacíamos minga para la cosecha del algodón y llegamos a tener almacén para consumo también” Basilio Colmán, Santa Rosa, 1976.

“Salvar la vida”

Aunque constituye un grave hecho violatorio de los derechos humanos de la víctima, el exilio fue visto con frecuencia como una “forma de salvar la vida”, considerando que de permanecer en el país se corría peligro de muerte incluso. En este sentido, el exilio no podía sino tener un matiz positivo para los afectados, ya que había logrado preservar su integridad física y la de su familia. La comprensión cabal de los efectos del exilio vendrían para la víctima tiempo después, una vez consolidada su nueva situación y ante la evidencia de que el retorno no se produciría en el corto plazo. Debido a esta particular percepción es común la expresión “yo me escapé del Paraguay” entre las víctimas consultadas por la CVJ antes que “yo salí al exilio” o “yo fui desterrado”. Si bien fueron varios y muy sonados los casos en que la misma Policía se encargó de depositar al exiliado en la frontera (basta recordar aquí los casos de Augusto Roa Bastos, Domingo Laíno o del padre José Antonio de la Vega), la mayoría de las veces era consecuencia del desgaste sicológico y emocional progresivo, producto de amenazas, de anteriores detenciones y de torturas. El destierro se convertía entonces en la única manera de proteger la propia vida y la de los familiares. El líder liberal Domingo Laíno -aquí junto a Miguel Abdón Saguier- intentó reingresar en repetidas ocasiones a nuestro país luego de ser desterrado.

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Ocultos y con documentos falsos

Cómo salir del país Las personas que salieron al exilio lo hicieron de muy distintas maneras, aunque todas supusieron un alto grado de peligro. Algunos, sobre todo aquellos que vivían en la capital o en Encarnación, buscaron la ayuda de legaciones diplomáticas extranjeras para abandonar el país.

“Más anochecido, siempre vestido de cura, sigo a las mujeres que iban a visitarle a Blas Wilson que ya estaba refugiado en la Embajada Argentina y llegamos muy felizmente, porque si había alguien custodiando atrás o en la esquina de la embajada... pero llegamos con felicidad, con las mujeres por delante. Llego a hablar con un secretario de la embajada que me dice: ‘¿y usted es sacerdote o...?’ Yo le respondo: ‘las ropas son de circunstancias nomás’ y pido asilo político” Carlos Martínez Gamba, Asunción, 1959. Sin embargo, la gran mayoría dejó el país utilizando sus propios medios, muchas veces arriesgando la vida en cruces ilegales de frontera, en ocasiones confundidos en caravanas de contrabandistas, ocultos en cargas de transporte internacional o, incluso, cruzando a nado o en pequeñas canoas el caudaloso río Paraná. “...Y me fui hasta Puerto Pabla, me tiré al río Paraguay, después salí en Clorinda y vine a Clorinda, agarré un camión de banana que se iba a Buenos Aires y con eso llegué a Plaza Once...Tenía algún dinero y tenía también mi pistola... ¡el sable tiré por el camino y estaba uniformado! El uniforme tenía allá, me fui con ese y trabajé en Plaza Once, saqué las estrellitas que tenía y con ese trabajé” Manuel Halley, Asunción, 1960.

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No fueron pocos los que debieron salir del país apelando a documentación falsa, aunque para la fabricación de esos instrumentos era necesaria una cierta estructura organizativa.

“En la clandestinidad nosotros viajábamos con documentos falsos, o sea, camaradas nuestros se especializaban prácticamente y nos preparaban documentos que eran mejores casi que los originales, eran artistas los camaradas que hacían eso... ‘Céspedes’ por ejemplo era mi nombre, una de las veces que me falsificaron el pasaporte y la cédula” Carlos Luis Casabianca, Asunción, 1959.

El destino de los exiliados

Por lejos, el país que más exiliados paraguayos acogió fue Argentina. De hecho, más del 50% partió rumbo a esa república limítrofe, de manera particular a Buenos Aires. La importancia de Argentina como destino de los desterrados puede verse en la gran cantidad de lugares mencionados en los testimonios recogidos por la CVJ: Clorinda, Formosa, Espinillo, San Martín, Isidro Casanova, Monte Grande, la Matanza, Corrientes, Resistencia, Puerto Mineral, Posadas, Villa Fiorito, etcétera. Una cuarta parte de los exiliados se dirigió a Brasil. “Mis papás eran miembros de una organización de aquella época, la OPM, mi padre fue asesinado en el 76, dos años después mi madre sale de la clandestinidad aquí, continúa en la clandestinidad en Argentina, después se va por Bolivia y por último llega al Brasil” Amandy Da Costa González, Asunción, 1985. Brasil y Argentina, por su condición de países limítrofes, eran pasos obligados para los exiliados que se dirigían a otros destinos. Entre estos cabe mencionar Uruguay, Perú, Venezuela, México y Chile.

“Estuve en Argentina desde 1970 a 1972. Desde 1972 hasta el golpe de Pinochet, en Chile. De ahí salimos a Alemania. Las iglesias europeas, Amnistía Internacional y las Naciones Unidas organizaron refugios para recibir a los extranjeros, ahí había muchos uruguayos, argentinos, brasileños, bolivianos y paraguayos” Antonio Adorno Vallejos, Asunción, 1970.

Paraguay perdió el aporte de artistas e intelectuales

Un país disminuido Las secuelas o efectos del masivo exilio de paraguayos y paraguayas bajo el stronismo son tanto sociales como individuales. Una característica del exilio fue la gran cantidad de personas comprometidas políticamente y con formación profesional o del ámbito de la cultura, entre ellos médicos como Gladys de Sanemann, Arnaldo Valdovinos, Agustín Goiburú; educadores, como Martín Almada; periodistas, abogados, sacerdotes, contadores, músicos, escritores. El destierro fue entonces una pérdida no solo para las personas afectadas sino para el conjunto de la sociedad, que se vio privada del aporte y el concurso de muchos de sus más valiosos componentes. Se produjo una evidente disminución en las capacidades intelectuales, en las referencias culturales y en el compromiso político en la sociedad paraguaya, la cual resultó espiritualmente empobrecida con el destierro de miles de ciudadanos y ciudadanas. “En Buenos Aires estaban exiliados muchos

intelectuales y artistas, entre ellos los más grandes escritores del Paraguay, como el poeta Elvio Romero y el novelista Augusto Roa Bastos, que vivían también allí y trabajaban. Roa Bastos trabajaba en un banco como empleado y al mismo tiempo era escritor. Elvio Romero vivía como corrector de estilo y al mismo tiempo como escritor con la venta de sus libros. Los más grandes músicos estaban también allá: José Asunción Flores y Carlos Lara Bareiro, dos conocidos valores musicales, el creador de la guarania y ambos directores de orquesta y grandes músicos. Allí estaban también los principales líderes políticos desterrados de esa época, entre ellos por ejemplo: José P. Guggiari, caudillo, ex presidente de la República y dirigente del Partido Liberal; Carlos Pastore, Méndez Fleitas; y del Partido Comunista estaban los principales dirigentes: Oscar Creydt, Obdulio Barthe y Miguel Angel Soler (…) era como un destierro de una parte del pueblo paraguayo en la Argentina” Carlos Luis Casabianca, Asunción, 1957.

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Herminio Giménez.

Elvio Romero.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Sobrevivir en el extranjero

La dura vida de los desterrados La CVJ identifica dos periodos claramente diferenciados en la experiencia del exilio que le tocó vivir a miles de paraguayos bajo la dictadura. La duración y características de cada uno de estos periodos varía según cada caso, como es natural.

Periodo inicial: Acogida y asentamiento provisional

Al comienzo del exilio, las víctimas debían enfrentarse a realidades sociales, económicas y culturales completamente nuevas y extrañas, incluso cuando se trataba de países geográficamente cercanos al Paraguay. Un factor determinante en este sentido, especialmente con aquellos que tenían al guaraní como única lengua, fue el idioma. Sufrían además el desempleo o la informalidad, condiciones materiales de existencia muy precarias, una fuerte dependencia hacia los paraguayos ya radicados y la clandestinidad, ante la continuidad de las amenazas. Hay que recordar que durante mucho tiempo, en los países de destino de los desterrados paraguayos, existían regímenes dictatoriales que mantenían una estrecha relación con el gobierno de Stroessner. “...Yo provengo de una familia campesina, nacida en Pirayú. Mis padres eran miembros del Partido Comunista (…) a principios de los 60 finalmente pudo escaparse y detrás de él toda la familia, nos trasladamos a Buenos Aires, yo era aún un niño (…) el problema de adaptarse a una nueva realidad (…) problemas de estudios, cambio de escuela, de idioma, porque éramos campesinos hablábamos solamente guaraní y nos costó mucho adaptarnos” Bernabé Penayo, Pirayú, 1960.

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Los primeros tiempos en el exilio eran, por fuerza, de privaciones materiales y pobreza. Los desterrados habían abandonado sus pertenencias en el Paraguay, el trabajo y el nivel de consumo. En las nuevas circunstancias, muchos no podían ejercer sus labores habituales o sacar provecho de sus capacidades, por lo que en general pasaban a engrosar el trabajo informal.

“...Mi mamá, todos... mis hermanas que iban a colegios privados en Paraguay tuvieron que dejar de estudiar y salir a lavar ropa ajena... por monedas. Mi papá, que tenía su profesión, hasta pozo negro desagotó en Posadas para darnos de comer.” Teodora Vera de Riveros. También las condiciones de alojamiento eran difíciles en este periodo, ya que con frecuencia quienes partían al exilio se instalaban en la casa de parientes o amigos paraguayos que, a su vez, habían dejado el país tiempo antes. Aún en condiciones de pobreza, estas personas exhibían una gran solidaridad albergando a los recién llegados. En otros casos, los desterrados alquilaban piezas o habitaciones precarias en barrios populares. “En Brasil todo fue un desastre (…) en una de las casas donde vivimos habían chilenos, paraguayos, argentinos, todos mezclados con niños de varios tamaños, la casa era cualquier cosa, hasta había materia fecal por las paredes, una situación bastante precaria, y grandes trifulcas, grandes peleas” Amandy Da Costa González, Asunción, 1985.

Periodo de incorporación en el país de acogida

Con el paso del tiempo, muchos de los exiliados, especialmente en Argentina, lograron mayor estabilidad y mejores condiciones de vida, mediante una progresiva inserción social y laboral. La mayoría pudo conseguir alguna forma de documentación y con ella acceso a trabajos formales y a la seguridad social. Un elemento fundamental para la inclusión de los paraguayos en la Argentina fue el acceso a libre e irrestricto a la educación pública, lo que hizo posible que muchos chicos y jóvenes pudieran hacer estudios formales e insertarse en la sociedad. La situación fue bien distinta para aquellos que debieron asentarse en países cultural y socialmente muy distantes del nuestro, como fue el caso de los exiliados en Europa.

“Salí del Paraguay de noche y en canoa, pasé a la Argentina y al tiempo también se puso peligroso para mí, así que terminé en Estocolmo, solo, no hablaba una palabra del idioma, no tenía trabajo porque en Buenos Aires uno se rebuscaba con trabajos más o menos informales pero bien pagos en aquella época, ¡pero en Suecia no! Todo tan diferente, tan automatizado, hasta las calles tienen calefacción, pero igual yo nunca me adapté, extrañaba demasiado y ese frío...todo blanco de nieve todo el tiempo...lo pasé mal en Europa, estaba seguro, tranquilo, era asilado político, tenía mi ingreso mensual, nadie sabía ni dónde quedaba el Paraguay, no me faltaba nada, pero yo solo pensaba en volver” Cipriano Duarte.

“¡Qué no se va a apoyar la lucha contra la tiranía! Bailes, ventas de empanadas, kermeses, colectas solidarias, de todo hacíamos para apoyar a los jóvenes que soñaban con terminar con la dictadura para que todos podamos volver a nuestra tierra” Hilda Zárate, 1954. “...Prácticamente desde que llegué a Misiones me dediqué al gremio docente, llegué con el tiempo a ser delegada regional de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones ¿Cómo no iba a participar y a comprometerme si siendo paraguaya aceptaron mi título de maestra? Me dieron un puesto como maestra y más tarde me dieron la dirección de mi escuela” Hilda Zárate, 1954.

Foto: Archivo Depositario CIPAE

Otra particularidad que merece ser destacada del exilio paraguayo fue su intensa militancia política. Normalmente, ésta se daba en las organizaciones vinculadas a su partido o movimiento de pertenencia en el Paraguay, aunque también en grupos de defensa de los derechos humanos. Algunas de estas organizaciones fueron Agrupación de Lucha por la Libertad de Presos Políticos; Militancia contra la

Dictadura en el Exilio; Acuerdo Paraguayo en el Exilio (APE); asociaciones de fomento, la revista “Síntesis”. Las actividades que realizaban servían para recaudar fondos con los cuales se financiaban publicaciones contra la dictadura o incluso acciones concretas contra el régimen. No fueron pocos los que se incorporaron a partidos y sectores gremiales del país de acogida; esto fue particularmente significativo en la Argentina.

127 Los exiliados tuvieron dificultades para integrarse a las sociedades que los recibieron y, más tarde, una vez que cayó la dictadura, también enfrentaron problemas para adaptarse a un país que había cambiado mucho. En la foto, una movilización poco después del fin de la dictadura, con participación de muchos recién llegados del exilio.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

La tristeza y la angustia lejos del país (El Techaga’u)

Efectos sicológicos del exilio Varias consecuencias sicológicas tuvo el exilio en sus víctimas individuales. Tristeza, ideas persecutorias, trastorno del sueño, angustia y ansiedad son las secuelas que se manifestaron en la mayoría de los exiliados paraguayos entrevistados por la CVJ. La distancia de la tierra propia, de los afectos y los proyectos vitales truncados fueron algunos elementos que explican la situación de constante estrés en el que se encontraban los desterrados. A ello contribuyó en gran medida también la existencia de riesgos también en los países de acogida, los cuales también soportaron largos periodos de dictadura. “El terror que me dio cuando subo a un colectivo y me encuentro con un compueblano mío...los dos teníamos tanto miedo que el otro nos delatara que, para despistarnos mutuamente, ninguno de los dos se bajaba del micro...llegamos al final de la línea y volvimos a bajarnos en el centro para que ninguno descubriera dónde vivía el otro. Eramos amigos de infancia, pero cuando eso sospechábamos hasta de nuestra sombra” Carlos Luis Casabianca, Asunción, 1957.

Pero es sin dudas la adaptación cultural el foco de los mayores conflictos internos para los exiliados. Una pérdida de las raíces, relaciones sociales, tierra e identidad caracterizaba inevitablemente la vida de los desterrados. Con el tiempo, se va produciendo una asimilación a la cultura del país de acogida que si bien puede derivar en una biculturalidad, en un enriquecimiento personal, también puede llevar a la marginalidad o la anomia. En contrapartida, la mayoría de las víctimas que dieron su testimonio a la CVJ afirman haber tenido una mayor sensación de seguridad, con respecto al Paraguay. Esto era así sobre todo con los familiares, los cuales se hallaban más protegidos en el extranjero que en su propia tierra. También se mencionan como efectos marcadamente negativos la disgregación de los nucleos familiares y la proliferación de adicciones, como el alcoholismo.

“ todos nos dimos a la bebida sin darnos cuenta...al principio, ayuda a dormir y calmar la ansiedad sobre todo, pero después el vicio te pierde, algunos salimos con el paso del tiempo, la ayuda de la familia y la iglesia. Pero la mayoría no logró dejarla” . P.S.

128 Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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FASCÍCULO

Modelo represivo imperante

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Radiografía de la opresión Al analizar los soportes de la larga dictadura del general Alfredo Stroessner, la Comisión de Verdad y Justicia distinguió dos campos articulados a los que denominó el modelo represivo y el aparato de la represión. El primero hace referencia al modelo de dominación política, económica, social, cultural, discursiva, educativa y comunicacional implantado por el régimen. Es decir, el marco cultural que definía “lo bueno y lo malo” en el comportamiento social. El aparato represivo, en cambio, es el brazo armado encargado de abolir en la práctica toda desviación del modelo, apelando para ello a violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las víctimas.

parte del esquema de valores que la dictadura internalizó en la sociedad. Para ello, la dictadura se valió de las instituciones educativas, los medios de comunicación, los gremios profesionales y organizaciones privadas, las expresiones culturales y artísticas permitidas y el Partido Colorado.

El objetivo central de este modelo represivo fue la anulación de cualquier forma de pensamiento independiente, potencialmente crítico hacia el régimen. Para el stronismo, el “ciudadano” ideal era el desinformado y despolitizado, carente de capacidades críticas, conservador y renuente a lo nuevo, desconfiado de lo diferente, sin derecho a otra cosa que al cumplimiento de las normativas impuestas. La represión consiguió llegar hasta el ámbito de la vida privada-familiar, donde también era incuestionable la esfera de lo público, dominada por el régimen. El silencio y el miedo siquiera a hablar de lo público-político aún en las condiciones de mayor intimidad se dio no solo por temor a la delación, sino porque este comportamiento formaba

b. Como fuerza de choque, mediante la

El rol estratégico del Partido Colorado

El papel de la ANR en el sostenimiento del régimen stronista se verificó en varios planos.

a. Una función de delación por la vía del pyragué o delator, una pieza clave en el esquema represivo.

incorporación de sus afiliados a grupos parapoliciales y paramilitares.

c. Canal del modelo prebendario, el Estado no contrataba ni otorgaba licitaciones a nadie que no tuviera la afiliación al Partido Colorado. d. Muchas seccionales coloradas fueron empleadas como centros de detención o como base de operaciones de las fuerzas de la dictadura. e. En tanto aparato electoral, brindando la legitimidad al fraude electoral que periódicamente perpetraba la dictadura. f. Como agente privilegiado de

reproducción en el imaginario colectivo de la visión de la dictadura consistente en la división binaria y simplista de la sociedad en buenos y malos, amigos y enemigos, patriotas y antiparaguayos, etcétera.

ElPartido Colorado jugó un papel crucial en el esquema de dominación del régimen. Muchos colorados cooperaron con la dictadura como informantes o como miembros de grupos parapoliciales. En la foto, Ramón Aquino, dirigente stronista de la Chacarita, haciendo hurras en una concentración.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

El mensaje de la represión

El papel de los medios y de la educación

Juan Ramón Chaves habla en cadena nacional. El stronismo se valió de los medios para transmitir su propaganda y estigmatizar a personas y organizaciones.

El mensaje represivo del régimen fue público, general y para todos. De hecho, la dictadura hizo siempre los mayores esfuerzos para difundir al máximo su accionar represivo, actuando a cara descubierta e informando a la población a través de los medios oficiales -la “cadena” nacional de radiodifusión a la cual estaban obligadas a sumarse todas las radios del país a las 12:30 y 19:30 todos los días-; la audición radial diaria de “La Voz del Coloradismo” y el diario Patria, órgano del oficialista Partido Colorado. La intención era mostrar a quien quisiera lo que le ocurriría si se salía una línea del libreto social bajo el stronismo.

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El contenido discursivo del stronismo era primario y repetitivo, sustentado en el eslogan y la arenga, sin capacidad de desarrollar argumentos o razonamientos histórico-políticos. El rigor en el análisis y el ejercicio del pensamiento como instrumentos para interpretar la realidad social en tanto derivación racional de la

acción colectiva de los ciudadanos fueron borrados de la imaginación de una gran parte de los paraguayos y paraguayas. El Departamento de Investigaciones de la Policía, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos y el Ministerio del Interior se orientaron con especial dedicación a amedrentar y finalmente clausurar los órganos de expresión o medios de comunicación que no estuvieran bajo el control del régimen o del partido oficialista. Esta actitud fue constante y sistemática, sin que tuviera relevancia el alcance, la importancia o el nivel de difusión de tales órganos o medios. Si bien lo más común era la autocensura en los medios de comunicación, hubo ocasiones en que surgían algunas informaciones o enfoques críticos hacia el gobierno. En esos casos, el régimen no dudó en clausurarlos, como ocurrió por ejemplo con los semanarios Sendero y Comunidad, el diario Abc Color y radio Ñandutí. Los informativos vinculados a partidos u organizaciones

gremiales eran apenas tolerados y acababan también cerrados por la dictadura amparada en el estado de sitio permanente. Así fue con publicaciones como El Enano, El Radical y los materiales difundidos por el Banco Paraguayo de Datos. Además de la clausura, los bienes y equipos eran confiscados por las autoridades. En el Sistema Educativo, el régimen ejerció un férreo control sobre los contenidos curriculares y, sobre todo, en la vigilancia de los docentes, cercenándoles cualquier tipo de libertad académica. Una red de supervisores estaba encargada de asegurarse de que los contenidos impartidos en clase respondieran a la visión de la dictadura y que el debate o la crítica estuvieran por completo ausentes. Este control se extendió también a los colegios particulares, como lo prueban las intervenciones de los colegios Cristo Rey en 1976, del San José y del Internacional, con ataques directos a la libertad de enseñanza y que incluyó la expulsión del país de docentes y el maltrato a alumnos menores de edad, algunos de ellos confinados a unidades militares en el Chaco.

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

La Iglesia Católica mantuvo con el régimen stronista una relación de tolerancia entre 1954 y 1968, año a partir del cual se inició un distanciamiento cada vez mayor, producto del compromiso de monseñor Ismael Rolón, así como de muchos jesuitas, religiosos y religiosas del clero secular con la democracia. Este alejamiento tuvo uno de sus momentos más significativos en la excomunión temporal de algunos jerarcas del stronismo por parte de la Iglesia.

Noticia aparecida en el diario Patria, vocero de la ANR. El régimen difundía la represión buscando efectos “pedagógicos y disciplinantes” en la población.

La extensión generalizada de la práctica de la delación es quizás el mayor éxito de la dictadura stronista en el plano de la conducta social. Impuso “un policía” en el propio inconsciente colectivo de la sociedad, ya que la delación atravesaba todos los ámbitos, desde las Fuerzas Armadas hasta el interior de las familias, pasando por sindicatos, asociaciones juveniles, clubes, etcétera. La consecuencia fue el debilitamiento y, en algunos casos, la extinción de grupos tradicionales como las comisiones vecinales y el trabajo comunitario, formas asociativas que la dictadura consideraba peligrosas. La delación fue estimulada desde el Partido Colorado y desde las instancias más elevadas de las instituciones, y era considerada como un servicio a la patria que merecía reconocimiento y premiación. En esta exaltación de la delación participaba incluso el dictador en persona, tal como relata el Capitán Eladio Gómez, quien estando en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga fue convocado por Stroessner quien le dijo: “Gómez, venga un poco’, y me hace sentar frente a frente en un sofá (…) ‘Gómez, usted es un oficial muy reservado, no informa las cosas, usted tiene que informar más’ (…) y le respondí: Mi general, yo no le informo nada porque nada sé. El día que yo sepa algo y lo amerite le voy a comunicar. Me dijo: ‘no, usted tiene que acercarse más”. Capitán Eladio Gómez, 1959. La delación podía significar un camino de ascenso social, profesional y político a costa de las víctimas. Se trataba en realidad de un complejo sistema de fidelidades que mutaba y que a la larga favorecía forzosamente a concentrar el poder en quien tuviera el control y la comprensión del conjunto de delaciones cruzadas, es decir, al dictador y a su círculo de colaboradores más cercano. La apuesta del stronismo, más que a forjar un aparato represivo profesional, de alta eficiencia técnica y con fuertes inversiones en los servicios de inteligencia, se orientó a promover un modelo represivo que ponía el acento en la acción totalitaria, en el miedo social y en la delación. La dominación apuntaba a disciplinar la mentalidad en un modelo estándar y genérico de acatamiento.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

“Modus operandi” habitual

Terrorismo paso a Paso 4. Comienzo de las acciones de represión directa. La

La Comisión de Verdad y Justicia pudo identificar al menos 100 episodios de represión a colectivos (que involucran a comunidades rurales o urbanas) entre 1954 a 1989, lo que arroja un promedio de cerca de tres acciones con estas características por año. La CVJ pudo seguir en detalle las historias y peculiaridades de 26 de estos casos y a partir de ese análisis establecer un “modus operandi” general de la represión que se sustentaba en los puntos:

utilización de civiles como fuerza de apoyo paramilitar o confidenciales en el terreno.

5. Detenciones arbitrarias, interrogatorios y torturas en el marco del desamparo legal de los reclusos. 6. En el caso de las desapariciones forzadas o de las ejecuciones extrajudiciales, se procedía a la eliminación de todos los documentos y rastros de permanencia de las víctimas en dependencias del Estado. Falta de respuestas para los familiares.

1. Toma de decisión en la máxima instancia del régimen, basada en indicios y pistas obtenidas por los servicios de inteligencia -nacionales o internacionales-, en informes genéricos o específicos y en delaciones.

8. Seguimiento en el terreno hasta la conclusión completa del caso. Apropiación de bienes e inmuebles. Acoso a la comunidad y al grupo familiar de las víctimas.

3. Inicio de acciones sicológicas y de propaganda, con el fin de estigmatizar, amenazar, intimidar y lograr la validación social de las acciones futuras.

9. Vigilancia permanente de las personas involucradas en el caso. Limitación de las posibilidades laborales y vitales o bien el exilio. Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

2. Planificación coordinada que incluye seguimientos por parte de órganos de inteligencia militares, policiales, con apoyo de civiles, por lo general milicianos del Partido Colorado.

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

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7. Utilización del sistema judicial como extensión del aparato represivo.

Édgar L. Ynsfrán, temible ministro del Interior, en la primera etapa de la dictadura.

Ramón Duarte Vera, jefe de Policía en la primera etapa de la dictadura.

Nada se hacía sin el conocimiento del dictador

El aparato represivo En la cúspide de la estructura represiva del stronismo se encontraba el mismo general Alfredo Stroessner, en su triple condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente honorario del Partido Colorado y Presidente de la República. El dictador siempre estuvo al tanto de todas las acciones represivas de su gobierno y, con frecuencia, era quien decidía la suerte de tal o cual detenido o perseguido político. La sentencia de muerte aplicada por el régimen -en forma extrajudicial claro está- a varios referentes de la oposición procedía directamente del general Stroessner. Mientras duró el régimen existió una estrecha coordinación entre las fuerzas militares y policiales involucradas en la represión. Esta complementación era posible merced a la subordinación de la Policía a las FFAA -el jefe de Policía era un militar- y a la información proveída por los servicios de inteligencia de la Policía, de los militares, de misiones extranjeras y a la red de

informantes, en la cual jugaba un rol destacado el Partido Colorado. Como ya se dijo, una de las diferencias fundamentales del stronismo con otras dictaduras de la región fue la integración de las unidades encargadas de la represión en la institucionalidad del Estado. En los momentos en que la dictadura echó mano de grupos paramilitares o parapoliciales, éstos siempre actuaron bajo el mando institucional de los órganos del Estado especializados en la represión política. Es decir, nunca hubo organismos secretos o centros de reclusión clandestinos, por fuera de los existentes de manera formal y pública. Algo por completo distinto ocurrió, por ejemplo, en Argentina, donde los “grupos de tareas” -unidades irregulares integradas por militares- y los presidios clandestinos fueron muy comunes. Los lugares adonde eran derivados los detenidos eran bien conocidos por la ciudadanía.

Lugares adonde eran derivados los detenidos fueron: El penal de Tacumbú.

Segunda División de Infantería de Villarrica

La Guardia de Seguridad

Departamento de Investigaciones

El Penal Militar de Peña Hermosa

Dirección Nacional de Asuntos Técnicos

La Casa del Buen Pastor

Cuartel Central de Policía

Regimiento de la Marina de la Capital

La mayoría de las comisarías de la capital y el interior

Batallón Escolta Presidencial

Campamentos militares como Cambay, Charará, Jejuí

Regimiento de Infantería 14 de Tacumbú

Campos de concentración de Emboscada y Abraham Cué

La cantera de Tacumbú El aparato represivo del stronismo recibió respaldo internacional en recursos, información, equipos y asesoría de toda clase. Este apoyo provino de los países limítrofes, como Argentina y Brasil, pero sobre todo de Estados Unidos, en el marco de la alianza continental anticomunista que ese país lideraba en los años de

la Guerra Fría. En ese contexto, fueron creados los conceptos de “enemigo interno”, “guerra sucia” y “guerra de baja y mediana intensidad”, que sirvieron de soporte ideológico a la represión del régimen stronista, el cual se autodenominaba “democracia sin comunismo”.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Funciones y etapas del aparato represor

“La Técnica”, Investigaciones y las FFAA

Pastor Coronel saluda afectuosamente a Gustavo Stroessner durante un acto público.

A lo largo de la dictadura de Alfredo Stroessner pueden identificarse tres etapas por las que atravesaron los distintos organismos represivos y la política de control social y de persecución a la oposición. Es necesario apuntar, sin embargo, que el comando estratégico final nunca varió y se mantuvo en manos de las Fuerzas Armadas por el tiempo que duró el régimen.

1954 a 1964

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La primera, entre 1954 y 1960-62, se caracteriza por una división de tareas y funciones a nivel operativo entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Mientras la Policía estaba encargada de la represión de la población urbana, con el propósito de abolir movimientos sociales que mantenían la independencia y capacidad de movilización, como los sindicatos de trabajadores y los centros de estudiantes, las Fuerzas Armadas se

ocupaban del combate a los intentos de insurgencia armada surgidos en el interior del país. Recibieron en este asunto la cooperación de milicianos colorados, siempre bajo el estricto mando militar. Hay que recordar que en esos años las FFAA eran todavía el escenario de una purga de oficiales de alto rango. No se trataba de militares no colorados -los cuales habían sido expulsados de la milicia hacia 1947sino de afiliados a la ANR pero que, o bien mostraban simpatía por sectores internos no stronistas, como el liderado por Méndez Fleitas, o bien no exhibían el nivel de sumisión al “único líder”, que ya por entonces era requisito ineludible para la carrera castrense. En esta etapa corresponde a la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT), bajo el mando de Antonio

Campos Alum, un papel central en la represión. La DNAT dependía directamente de la Jefatura de la Policía de la Capital, que por entonces se encontraba en manos del coronel Ramón Duarte Vera, y del Ministerio del Interior, a cuyo frente se hallaba Édgar Linneo Ynsfrán. La DNAT , conocida con el nombre abreviado de “La Técnica”, orientó sus acciones especialmente a atacar a personas y organizaciones afines a la ideología comunista. Cuando la figura política de Ynsfrán comenzó a eclipsarse, se operó también un cambio de poderes en el aparato represivo, hacia 1968.

acciones represivas y violatorias de los derechos humanos en el periodo referido. La hegemonía de Pastor Coronel y de Investigaciones de la Policía tocó a su término con el atentado que le costó la vida al ex dictador niracagüense Anastasio Somoza en nuestra capital en setiembre de 1980. El razonamiento del régimen era simple: si un grupo guerrillero había operado con tanta libertad en plena Asunción era evidente que los represores no tenían condiciones de ofrecer seguridad incluso al dictador paraguayo. Durante este periodo, la función estratégica de las FFAA se mantuvo inalterable, sobre todo a nivel de la coordinación con los militares de otros regímenes autoritarios del continente. En el aspecto operativo, el Regimiento de Infantería 14 (RI 14), bajo el mando del general Patricio Colmán -quien ya había participado de la represión a los movimientos guerrilleros de inicios de los años 60-, no cejó en el intento de destruir hasta el último vestigio de insurgencia armada rural.

Documento perteneciente a Antonio Campos Alum

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

1968 a 1980

La segunda etapa corresponde al periodo 1968 – 1980. El declinio de Ynsfrán -producto de la pérdida de confianza del dictador- marca también el alejamiento de Duarte Vera y el fin de la primacía de la DNAT en la conducción de las fuerzas represivas y la red de delatores instituida por el régimen. Emerge entonces como el eje el III Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC), dependiente también de la Jefatura de Policía -a cuya cabeza se instala el general Alcibiades Brítez Borges-, y del Ministerio del Interior, bajo la responsabilidad de Sabino Augusto Montanaro. Le correspondió a Pastor Milciades Coronel la dirección del Departamento de Investigaciones, instancia que habría de coordinar y ejecutar la mayor parte de las

En 1970, con la muerte del último guerrillero del Fulna, Agapito Valiente, y con la del propio Colmán, se cierra este capítulo. Las FFAA tuvieron además una actuación central en el sitio a varias comunidades campesinas entre mediados de los años 70 y los años 80.

Desde 1980

En la tercera etapa, cuyo inicio podría ubicarse en 1980, tiene un rol importante el general Gerardo Johannsen, quien dirigió el rediseño del esquema represivo en base a las conclusiones del G-2 (Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia militar), el cual colaboraba con los gobiernos de la región en el marco del Plan Cóndor. A medida que se hace evidente la debilidad creciente del régimen, los militares se van replegando de las operaciones directas. La Policía, junto a los pyragués y los miembros del Grupo de Acción Anticomunista (GAA), son los que actúan contra las manifestaciones de la ciudadanía, cada vez más importantes, hasta la caída de la dictadura en 1989.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Argumento falaz no resiste el menor análisis

La “obediencia debida” Uno de los argumentos empleados por los ejecutores de la política represiva, en el marco incluso de procesos judiciales abiertos en su contra tras la caída de Stroessner, fue la llamada “obediencia debida”. Según este alegato, en atención a su condición de subordinados a instancias o personas de mayor nivel jerárquico dentro de la estructura, los represores y torturadores debieron cumplir las órdenes, ya que de lo contrario se exponían ellos mismos al riesgo de ser perseguidos.

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

La represión comenzaba con la decisión política de emprender las operaciones adoptadas por el presidente de la República y el círculo de más cercanos colaboradores civiles y militares. Esta

136 Un policía recibe la “respuesta” de un manifestante.

resolución era transmitida a los servicios de inteligencia, los cuales en coordinación con el comando militar planificaban las acciones a seguir. Posteriormente eran designadas las unidades y fuerzas operativas que ejecutarían la represión. Existía pues una cadena de mandos muy clara que fue utilizada como sustento de la teoría del “hombre de atrás” o de la autoría mediata, es decir, una persona que ordena a un ejecutor y que si éste no cumple tiene la potestad de ordenarle la misma ejecución a otro. Es lo que en el lenguaje habitual de la dictadura se conocía como “orden superior”. Este argumento es en realidad inconsistente, ya que el ejecutor directo no carecía de libertad,

Foto: Gentileza del Diario Ultima Hora.

la ejecutó.

La Justicia

En una primera aproximación a los procedimientos represivos habituales llama la atención que las detenciones ejecutadas por la Policía y las FFAA se hicieran sin órdenes judiciales. El sometimiento del Poder Judicial a la dictadura era absoluto, de manera que no existía razón alguna para que los jueces no libraran las resoluciones necesarias para, siguiendo con la lógica seudolegalista del régimen, dar soporte formal a las arbitrariedades y a la persecución.

Camilo Almada Morel, alias “Sapriza”, uno de los más conocidos torturadores de la época stronista, condenado por las muertes de Miguel Ángel Soler, Carlos Mancuello y los hermanos Ramírez Villalba.

discernimiento o responsabilidad. La Comisión de Verdad y Justicia encontró casos de subalternos que desobedecieron órdenes, optando por acciones de clemencia en las que el uniformado dejó con vida a personas que sus jefes o una autoridad más elevada había resuelto eliminar. “El coronel Morínigo recibió órdenes de Ynsfrán para liquidarnos, pero él como soldado no cumplió con esa orden, por eso el coronel fue echado del Ejército y posteriormente perseguido” Silvio Velázquez, 1967. Además del coronel Morínigo, existieron otros pocos casos de desobediencia a órdenes de asesinato o de aplicación de tormentos que fueron resistidas por los oficiales competentes. Aunque no son muchos, son extremadamente relevantes para demostrar que, pese a todo, existían espacios de autonomía personal. Desde luego, tal comportamiento implicaba peligros, tenía su costo y no fue frecuente. Pero de cualquier manera muestran una senda virtuosa posible, la permanencia de esa autonomía y esos valores en unos pocos derrumba la falacia del argumento de la obediencia debida. Existió culpabilidad en quien ordenó la represión y en quien

La CVJ entiende que esta práctica, aparentemente contradictoria con el discurso del stronismo, se explica por dos motivos: a. El procedimiento represivo exigía celeridad y sigilo. El factor sorpresa estaba a favor de las fuerzas de seguridad, elemento que podría haberse atenuado con la intervención previa de la Justicia. b. La tramitación judicial hubiera dejado “huellas”, ya que con la apertura de un expediente existiría la obligación de consignar nombres, informaciones y detalles acerca de las operaciones que el régimen no estaba interesado en absoluto en facilitar, ni siquiera a su propia estructura judicial. De esta forma, el Poder Judicial tenía más bien la función de otorgar los visos de legalidad a la represión con posterioridad a los hechos.

Los “topos” Bajo la jefatura de Pastor Coronel, el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital se especializó en una suerte de procedimiento estándar que consistía en lanzar ataques preventivos y sorpresivos sobre viviendas o locales que se consideraba parte de la “subversión”. Posteriormente a estas acciones, se instalaban “topos”, es decir funcionarios ocultos cerca de las viviendas donde operaban las supuestas “células objetivos”, para ir deteniendo ilegalmente a las personas que en el transcurso de los días se iban presentando en la casa vigilada. Con este “modus operandi”, la Policía obtuvo buenos resultados para el régimen en la década de los setenta, periodo de mayor poder de Pastor Coronel.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Singularidades y semejanzas

Colaboración entre dictaduras Foto: Gentileza del Diario Ultima Hora.

Lucilo Benítez, torturador condenado por las muertes de Miguel Angel Soler, Carlos Mancuello y los hermanos Ramírez Villalba.

A diferencia de otras dictaduras militares del continente, el stronismo no surgió como una respuesta de sectores conservadores a “peligros inminentes” para el orden social, como el fortalecimiento de movimientos guerrilleros o la llegada al gobierno por vía democrática de planteamientos políticos de orientación socialista o marxista, como ocurrió en Perú o en Chile. En ningún momento de la dictadura de Alfredo Stroessner hubo el más remoto riesgo de la toma del poder por sectores populares. El gobierno de este general puso fin a una sucesión de gobiernos colorados efímeros e inestables (hubo siete presidentes entre 1947 y 1954) y representa la coronación del modelo represivo que ya comenzó a ser esbozado durante ese periodo.

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Se trató de un proyecto de consolidación de un esquema político opresivo, en la búsqueda de la estabilidad a cualquier precio. Si se descarta como razón de ser del régimen stronista la reacción ante el peligro de cambios profundos en la estructura social, se impone por su propio peso la hipótesis de lo económico: la apropiación de las riquezas nacionales por parte de unos pocos y la anulación de cualquier forma de resistencia al despojo por parte de la mayor

Agustín Belotto, torturador sentenciado por los asesinatos de Amílcar Oviedo, Carlos Mancuello y los hermanos Ramírez Villalba.

parte de la población. A pesar de las diferencias en sus orígenes, tal como ya se explicó, existió una estrecha colaboración entre las dictaduras del continente. Esta cooperación alcanzó su pico en los años 70 con el Operativo Cóndor, el cual coincidió con el fin de la amenaza de la guerrilla rural -de inspiración castrista- y el comienzo de las guerrillas más urbanas, como los Tupamaros, en Uruguay, y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina. Foto: Gentileza del Diario Ultima Hora.

Alberto Cantero, torturador condenado por la muerte de los hermanos Ramírez Villalba y de Carlos Mancuello.

Juan Martínez, torturador condenado por la muerte de Miguel Angel Soler y los hermanos Ramírez Villalba.

Listado de victimarios La ley que crea la Comisión de Verdad y Justicia le impone la misión de identificar y dar a conocer los nombres de las personas que planificaron, ordenaron, ejecutaron o fueron cómplices en cualquier forma de los actos de violación de los derechos humanos. La APELLIDO NOMBRE (ALIAS) ESTADO

publicación de la nómina de represores, que sigue a continuación, constituye un paso adelante en la lucha contra la impunidad y en el conocimiento concreto por parte de nuestra sociedad de las atrocidades de la dictadura y de quiénes fueron sus impulsores.

RANGO Y/O CARGO

Acosta Juan Pablo Policía Subcomisario Acosta Marcos Policía Comisario, Inspector principal del DIPC Acosta Daniel (Daniel I) Civil San Juan Potrero, Misiones Acosta Cantero Arnaldo y/o Alberto Policía Comisario-Delegación de Gobierno de Cordillera (Acosta-Can) Aguiar Ascensión Militar Sargento, Hombre de confianza de Pastor Coronel en Guardia de Seguridad y Mboi-y Aguiar Roberto Policía Oficial de compañía-San Pedro del Ycuamandiyú Aguilar Regalado Civil Informante, de la seccional colorada de Escobar, Paraguarí Aguilera Abel (Nambí chaí) Civil Aguilera Ignacio Policía Delegación de Gobierno de Paraguarí-Comisaría de Sapucai Aguilera Torres Víctor Militar General-Comando de Caballería 1985 a 1989 Aguirre Juan Esteban Militar General Aguirre Policía Subcomisario de Ypacaraí Alborno Marcial Militar General-Subjefe de Estado Mayor-Comandante del II Depto Inteligencia Militar Alí Mario Civil Asesoría Jurídica del DIPC Alí Samaniego Angel Mario Policía Crio. Principal División Técnica del DIPC-Asesor jurídico del DIPC Almada Santiago Policía Misiones Almada Morel Camilo (Sapriza) Policía Oficial Primero/Subcomisario/Comisario del DIPC-Oficial de Investigaciones en la Dirección de Vigilancia y Delitos, Robos y Hurtos Almirón Policía Delegación de Gobierno de San Pedro Alvarenga Francisco (Papi) Civil Seccional colorada de Caaguazú Amarilla Juan Pablo Policía Delegación de Gobierno de Misiones Amarilla Egidio Policía Alcalde de San Ignacio, Misiones Antúnez Vargas Teresio Policía Comisario, Guardia de Seguridad, Cuartel central de la Policía Añazco Washington Policía Comisario Añazco Restituto (Titu) Civil Presidente Seccional ANR, Eusebio Ayala, Cordillera Apuril Reinaldo (Tejuí) Militar Capitán-batallón Escolta Presidencial Aquino Victorio Policía Alcalde en Cordillera Aquino Eladio Policía Contratado Delegación de Gobierno de Cordillera Aquino Anselmo Civil Presidente de seccional colorada-Delegación de Gobierno Cordillera Aquino Ramón Civil Presidente seccional ANR Nº 14 Chacarita – Miembro ANNP Aquino Arguello Tomás Aníbal Militar Mayor-Paraguarí Curso SOA Panamá Arce Militar Capitán de Paraguarí Arellano Agustín Civil Delegación de Gobierno San Juan, Misiones Argaña Luis María Civil Parlamentario y presidente de la Corte Suprema de Justicia 1983-88 Argaña Policía Comisario Inspector de Coronel Oviedo, Caaguazú Argaña José María Militar Coronel-edecán presidencial-jefe de gabinete de la Presidencia de la República Arguello Militar Capitán de Peña Hermosa Arguello Militar Coronel Arguello Brítez Obdulio Policía Comisario OPTI-Jefe sección obrera del DIPC-Inspector mayor del DIPC Arias Pablino Potrero Balbino Arias José (Joseí) Policía Comisario de Iracurubí, Cordillera Ayala Francisco Policía Oficial 1º-Comisario jefe de la Comisaría de San Ignacio, Misiones Ayala Julián Policía Comisario-Jefe de Investigaciones Delegación de Gobierno de Alto Paraná Babagnoli Félix Policía Alcalde policial de Horqueta, Concepción Báez Porfirio Policía Oficial DIPC Báez Hernán Civil Seccional colorada de Caaguazú, San Antoniomí Baranda Mauricio Delegación de Gobierno Misiones Bareiro Petronilo Policía Comisaría de la Novena Bareiro Maffiodo Francisco Civil Barreto Militar Sargento Destacamento Km 180-Chaco Barrios Antonio Policía Departamento de Investigaciones Barrios San Antonio, Central Barrios Arsenio Policía Policía de Asunción Barrios Adriano Policía Comisario de Ypacaraí Baruja Militar Teniente de Artillería (citado en la represión de las Ligas Agrarias de Paraguarí) Bedoya Juan Carlos Policía Delegación de Gobierno de Caaguazú Belotto A. Juan Policía Sargento inspector División Técnica del DIPC Belotto Vouga Agustín (Yiyo) Policía Comisario Principal del DIPC Benítez Mario Abdo (Don Mario) Civil Secretario privado de Stroessner desde 1963 Benítez Ciriaco Civil Horqueta, Concepción Benítez Policía Alcalde-Delegación de Gobierno de Paraguarí Benítez Ramón Policía Comisario-Director de Política y Afines Benítez Ramón Policía Comisario de Itacurubí, Cordillera Benítez Nelson Policía Comisario de Horqueta, Concepción Benítez Barrientos Gilberto Civil Médico

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Benítez Bogado (Aguaraí) Benítez Carrera Policía Benítez Jiménez Clotildo Civil Benítez Paoli Aparicio Benítez Santacruz Nicolás Lucilo (Kururu piré) Policía Benítez Santacruz Evelio Militar Bento Teófilo Militar Bento Herminio Militar Bernal León Policía Bernal Giménez Eumelio Militar Blanco Francisco Policía Bobadilla Andrés Policía Bogado Miguel Policía Bogado Salvador Civil Bogado Juan Policía Bogado Piñánez (Machete pytai) Militar Bogado Silva Ricardo Militar Bogado Farruggio Francisco Valerio Policía Bordón Erasmo Civil Brítez Francisco Militar Brítez Borges Francisco Alcibíades Militar Brozzón Piñánez Ramón Venancio Militar Brunstein Samuel Civil Caballero Bruno Policía Caballero Eladio Policía Caballero M. (Caballero hú) Policía Cabello Leodegar Militar Cabral Juan Antonio (Piito) Policía Cabral Lirio Olivio Policía Cabral Policía Cabrera Guillermo Cabrera Lorenzo Civil Cáceres Juan Antonio Militar Cáceres Tranquilino Policía Cáceres Almada Alejandro (Mbaracayá) Civil Cáceres Spelt Aureliano Policía Calderini Cáceres Doroteo Egidio Policía Campos Alum Antonio Policía Candia Juan Erasmo Policía Cano Policía Cantero Francisco Policía Cantero Policía Cantero Enrique Policía Cantero Cañete Alberto Buenaventura Policía Cardozo Demetrio Militar Cardozo Pineda Bernardino Civil Carmona Simeón Policía Carpinelli Yegros Otello Militar Cartasso Julio Agustín Policía Casco Alejandrino Civil Casco Policía Castillo Policía Castro Policía Cataldo Adorno Ordener Policía Centurión Alejandrino Chávez Francisco Liberado Policía Chena Aurelio Policía Cogliolo Policía Colmán Policía Colmán Militar Colmán Teodoro Colmán Martínez Patricio (Lepati) Militar Coronel Pastor Milciades Civil Coronel Julián Policía Cortese César Militar Crosta Lili (Lili) Civil Crostal o Crosta Wilberto Civil Cubas Tomás Policía Cuevas Justo Civil Cuevas Servín Marcelino Policía Dacak Sergio Enrique Civil Dávalos Teófilo Policía Dávalos Policía de la Cruz Medina Juan (Lacú) Civil Del Barco Juan Sinforiano Policía Del Puerto Anelio Delgadillo César Civil Díaz Toribio Civil Distéfano Juan Luis Policía

RANGO Y/O CARGO Delegación de Gobierno de Paraguarí Comisario Yataity del Norte, Coronel Oviedo Fiscal General del Estado Oficial 1º/Subcomisario/Comisario mayor de la división técnica del DIPC-Comisaría 3era-Asunción General de Batallón escolta Presidencial Capitán-Coronel-Regimiento de Artillería de Paraguarí Capitán Comisario de San Juan Potrero, Misiones General del Batallón Escolta Presidencial Comisaría 2da de la Capital Sargento Comisario de Caapucú y San Ignacio, Misiones Delegado de Gobierno Itapúa Oficial 1er DIPC Guardia de Seguridad de Asunción General-Casos del Movimiento 14 de Mayo 59-60 y Caaguazú Comisario inspector-Director de Asuntos Políticos del DIPC 74-77, Delegado de Gobierno de Itapúa-Confidencial del DIPC Simbrón, Paraguarí General de Brigada Curso SOA General-Jefe de Policía de la Capital de 1967 a 1989 Teniente-Jefe de Seguridad de la Presidencia-Curso SOA, Panamá Médico de Sanidad Militar San Ignacio, Misiones Subalcalde Subalcalde de Natalio-departamento de Itapúa Crio. En San Ignacio y Delegado de Gobierno de Misiones General-Comando de Caballería-Jefe de Estado Mayor General de las FFAA-Ministro de Defensa del 62 al 75-Senador Comisario de Santa Rosa, Misiones-Subalcalde de San Juan Bautista de las Misiones Simbrón, Paraguarí Comisario de Ciudad del Este, Alto Paraná-Delegación de Gobierno Delegación de Gobierno de Paraguarí Seccionalero General Comandante 1era Región Militar-Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en 1989 Delegación de Gobierno de Caazapá Radio nacional “La Voz del Coloradismo” - Antelco Comisario-Director de Vigilancia y Delitos DIPC Comisario de Piribebuy y Jefe de Investigaciones de la Delegación de Gobierno de la Cordillera Jefe de la Dirección General de Asuntos Técnicos, DNAT, de 1954 a 1989-Miembro del GAA Jefe del Departamento de Investigaciones de 1954 a 1955-Asunción Jefe de Investigaciones de Presidente Stroessner, Alto Paraná Oficial de Compañía de Ybytymí, La Colmena, Paraguarí Alcalde Comisario DIPC Inspector Mayor/Comisario Inspector DIPC-Director de Política y Afines del DIPC de 1977 a 1989-Encargado de despacho-Asunción General de la Segunda Región Militar Delegación de Gobierno de Concepción Comisario de Zeballos-cué General de Brigada II División de Infantería, Villarrica, Guairá Delegado de Gobierno de la Cordillera Paramilitar de la Seccional colorada de Caaguazú Comisario Guardia de Seguridad Comisario de Lambaré, Central Subcomisario de comisaría 3era de Asunción Comisario-Delegación de Gobierno de la Cordillera – 1963-70 Comisario 2do de Caaguazú, Costa Rosado Policía de la Comisaría de Potrero Esteche, Pilar Comisario Comisario-Oficial de Inteligencia policial Jefe de la Comisaría de San Ignacio, Misiones Sargento del caso Caaguazú 1980 General-Comandante R.I. 14 “Cerro Corá”-Asunción Jefe de DIPC de 1968 a 1989 Comisario de la División Técnica del DIPC Oficial de Marina, Asunción Miembro de la seccional colorada de Caaguazú Delegación de Gobierno, San Juan Bautista de las Misiones Colaborador del general Patricio Colmán en la represión al Movimiento 14 de Mayo.1960 Confidencial del DIPC-Delegación de Gobierno de Paraguarí Diario Patria ANR-Delegado de Gobierno Cordillera Comisario de Horqueta, Concepción Alcalde, Concepción Seccional colorada de san Ignacio-San Juan Potrero-Misiones Alcalde de Quiindy-Comisario de Acahay departamento de Caaguazú Fiscal Caudillo colorado de Encarnación Oficial 1º-Comisaría 8va de Asunción

APELLIDO NOMBRE (ALIAS) ESTADO Domínguez Olimpio Civil Domńguez Tiburcio (Tibú) Civil Dominguez Vicente Civil Domínguez Crispín Civil Domínguez Inocencio Policía Domínguez Añazco Víctor Policía Duarte Militar Duarte Bordón Máximo Policía Duarte Caballero Juan Civil Duarte Caballero Pablo Civil Duarte Vera Ramón Militar Dubriel Minetti Raúl (Raulillo) Duria Vivero Carlos Policía Echeverría Crisanto Enciso (Taito) Policía Escobar Juan Ramón Militar Escobar Militar Escobar Galo Militar Espínola Anastasio Policía Esteche Ramón Policía Estigarribia Mateo Policía Fernández Leonardo Civil Fernández Rigoberto Policía Fernández Luis Civil Fernández (Tito) Civil Fernández Asunción Policía Fernández Segundo Civil Fernández Velilla Militar Ferreira Pablino Policía Ferreira Brigidio Policía Ferreira Epifanio (Condorito) Policía Ferreira Félix Civil Ferreira Paulino Civil Figueredo Clemente Civil Flecha Teófilo (Flechaí) Policía Fleitas Juan Carlos Civil Fleitas Pablo Policía Fleitas Antonio Civil Florentín Militar Flores Juan Bautista Policía Franco Miguel Policía Franco Carlos Policía Fretes Pedro Policía Fretes Colombino Efraín Civil Fretes Dávalos Alejandro Pedro Militar Fretes Dávalos Carlos Jorge Militar Fretes Farías Policía Galeano Velázquez Domingo Policía Galeano Francisco Civil Galeano Valentín Policía Galeano Policía Gallardo (Nenito) Civil Galván Gregorio Galván Andrés Civil Galván Lidio Civil Gamarra Militar Gaona Juan Crisóstomo Civil Gaona Neneco (Neneco) Civil Gaona Domingo Policía Gaona Fleitas Fabio Policía Garcete Policía García Cabaña Waldimiro Civil García de Zúñiga Ramón (Bota pucú) Policía Garrioza o Garrigoza Rodolfo Civil Giménez Gustavo Policía Giménez Salustiano Policía Giménez Mario Policía Gómez Santiago (Sargento Gómez) Militar Gómez Erasmo Policía Gómez Celestino Civil Gómez Villalba Oscar Policía González Crescencio Policía González Pablo Civil González Esteban Dionisio González Teleforo Policía González Saúl Civil González Hugo Militar González Silvano (Shivaí) Civil González Policía González Silverio

RANGO Y/O CARGO Seccional colorada Informante de la seccional colorada de Caaguazú Miembro de la seccional colorada de Caaguazú Alcalde de Valenzuela, Cordillera Cabo comisaría de Syryka Delegación de Gobierno en Presidente Franco Seccional colorada de Caaguazú Caaguazú Coronel/general-Jefe de la Policía de la Capital 1956 a 1967 Argentino Comisario-jefe de la seccional 5ta Compañía Tobatinguá, de Paraguarí, Quiindy Comisario de Compañía Coronel-Jefe de la Guardia de Seguridad de Tacumbú-Curso SOA Panamá Sargento del DIPC Teniente Coronel II departamento Guardia de Seguridad-Comandante. Agrupación Especializada Policía Aguaray mí, santa Rosa, Misiones Oficial del DIPC Oficial 2do Seccional Atyrá, Cordillera Inspector Delegación de Gobierno, Coronel Oviedo, Caaguazú Informante policial de Paraguarí y Quiindy Comisario Yhú Informante Delegación de Gobierno de Caaguazú Mayor-Juez militar Delegación de Gobierno de Caaguazú- gendarme de Quiindy Comisario de Paraguarí Policía de Caaguazú Seccional ANR Eusebio Ayala, Cordillera Informante DIPC-Seccional ANR Nº 10 Informante delegación de Gobierno de Caaguazú Delegación de Gobierno de Cordillera Miembro seccional de Caaguazú Jefe de Policía de Caazapá Informante y torturador en Costa Rosado, Caaguazú General-Tercera división de Infantería Comisario de Barrero Grande-Eusebio Ayala Informante, san Ignacio Oficial 2do del DIPC Subcomisario-inspector mayor del DIPC Intendente de santa Rosa, Misiones General de división-Jefe del Estado Mayor desde 1974-Jefe de gabinete-edecán militar del Presidente Stroessner- Curso SOA Panamá Comandante Batallón Escolta Presidencial Comisario, Chacarita Inspector mayor-comisario de la 1era Subalcalde de Santiago, Misiones Subcomisario de Colonia 21 de julio de Tobatí Comisario de la 3era, Asunción Miembro de la seccional colorada de Caaguazú Miembro de seccional del departamento de Paraguarí Infiltrado en las Ligas Agrarias Teniente Delegado de Gobierno de Misiones Informante de la Policía, Ypacaraí Comisario-Delegado de Gobierno de Paraguarí Delegación de Gobierno de Cordillera Inspector-Delegación de Gobierno de san Juan Bautista de las Misiones Voto en disidencia del señor Miguel Angel Aquino Comisario destacado en Misiones Informante de la seccional colorada, Aguaray mí, San Pedro Inspector principal del DIPC Alcalde Comisario mayor de la división técnica del DIPC Sargento de artillería Paraguarí Seccional de Caacupé, Cordillera Médico-Comisario-Director del Policlínico policial”Rigoberto Caballero”-Inspector general de Sanidad Oficial Inspector del Departamento de Investigaciones 1964 a 1968 Seccional ANR de Caaguazú Delegado de Gobierno en Amambay Comisario rural, Santa María Misiones Jefe del DIPC en 1955 a 1956-Subjefe de Policía-Dirección de Institutos Penales-Ministro de Justicia y Trabajo Comandante de la Armada Nacional Eusebio Ayala, Cordillera Alcalde General Jiménez, Horqueta, Concepción

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González Luis Policía González Timoteo (Jacaré valija) Civil González Aniceto Policía González Benjamín González Darío Policía González Arístides Civil González Benjamín Policía González Policía González Rogelio González Heriberto Policía González Flores Atilio Policía González G. Andrés R. Policía Grau José Félix Militar Guanes Serrano Rafael Benito Jesús (Chiquitín) Militar Guillén Ozuna Julio César Policía Hanemann Lorenzo Policía Hellman Juan Arturo Policía (Buby/Comisario curepí) Hermosa Blas Policía Ibarra Críspulo Policía Ibarrola Angel Ibarrola Alejandrino Policía Insaurralde (Chano) Policía Insaurralde Andrés Civil Insfrán Edgar Lineo (Cardenal) Civil Irrázabal José Ignacio Policía Isasi Policía Jacquet José Eugenio (Mbeyú róva) Civil Jara Máximo Jiménez Luciano (Jimeneí) Policía Johansenn Gerardo Alberto Militar Kontrick Patrick Laconich Francisco Militar Lagraña Bernabé Policía Laspina Cáceres Lorenzo Fortunato Policía Lausekers Policía Legal Virgilio Ramón Civil Lesme Rogelio Policía Lezcano Rubén Darío Militar Liceras Lichi Agustín Gilberto Civil Lima Crispín Policía Liseras Lázaro Civil Lobatti Victorino López Digno Policía López Ramón Civil López Carlos Antonio Policía López Reynaldo Militar López Duarte Fabio Policía López Ovelar Sebastián Policía López Medina Policía Lovera Ramón Policía Lovera Cañete Alfonso Policía Lugo Feliciano Civil Machado Isacio Civil Machuca Vargas Orlando Militar Machuca Vargas Braulio Civil Maggi José Antonio Policía Maidana Roig Carlos Civil Mancuello Pedro Policía Marecos Julián Policía Marecos Miguel Policía Martínez Diógenes Civil Martínez Germán Militar Martínez Alfonso Policía Martínez Desiderio (Mbopi) Civil Martínez Abdón Policía Martínez Ramón Policía Martínez Silverio Martínez Julio Civil Martínez Abundio Civil Martínez Amarilla Juan Aniceto (Mariscalito – Papi) Policía Martínez C. Víctor Policía Martínez Chávez Esteban Policía Matiauda Felipe Civil Matiauda Ramón Policía Matiauda Vicente Civil Melgarejo Cipriano Policía Mena Nito Civil

RANGO Y/O CARGO Compañía Simbrón, Quiindy, Paraguarí Costa Rosado, Caaguazú Alcaldía policial, compañía Santo Domingo, Santa Elena, Cordillera Oficial de Investigaciones Congregación Pueblo de Dios, Caaguazú Subcomisario del DIPC-Torturador Comisario Principal división técnica del DIPC Comisaría de Villa Elisa, Central Oficial ayudante del DIPC Oficial inspector-comisario principal de la división técnica del DIPC Oficial 2do de la división técnica del DIPC Coronel de reserva General-Jefe del II Departamento de estado Mayor de las FFAA-Miembro de la GAA Oficial inspector-comisario de Asunción Comisario Comisario-Subdirector del DIPC-Jefe del Servicio Especial de la DNAT-Cordillera y gendarmería volante en la Delegación de Gobierno en Caaguazú Comisario de Ypacaraí Comisario de Coronel de Bogado, Itapúa Inspector general-Jefe del D7, departamento judicial del DIPC Delegado de Gobierno de Caaguazú Seccional ANR de Eusebio Ayala-Cordillera Ministro del Interior de 1955 a 1967-Jefe de Policía en 1956 Comisario-Asistente de Patricio Colmán-Santa Elena, Cordillera y gendarmería volante-Gabinete militar Presidencia de la República Comisario de Itacurubí, Cordillera Ministro de Justicia y Trabajo delegación de Gobierno de San Pedro Jefe de Gendarmería en Villarrica, Guairá General de brigada-Comandante del Batallón Escolta Presidencial y del Comando de Institutos Militares de Enseñanza, CIME Yugoslavo, departamento de Investigaciones Comandante de cuartel, capitán 3era División de Infantería de San Juan Bautista de las Misiones Inspector mayor del DIPC Oficial 1º del DIPC Investigaciones Delegado de Gobierno de Guairá y Caazapá Suboficial radiotelegrafista con base en la isla Yacyretá, Itapúa Oficial de Marina Servicio de Inteligencia de Encarnación Presidente de seccional de San Juan Bautista Misiones sargento de compañía en Horqueta, Concepción Presidente de seccional ANR de Lambaré-funcionario del IBR Comisario del DIPC Subalcalde Naranjaty, Concepción Al servicio del DIPC Comisario Segundo Batallón de frontera de Yrendagué Subcomisario del DIPC Suboficial de la Guardia de Seguridad de Asunción Jefe de Investigaciones-Delegación de Cordillera Comisario de la 3era, Asunción Inspector principal-oficial del DIPC-comisario de la 3era y la 8va Presidente de seccional colorada de Santa Rosa, Misiones Delegación de Gobierno de Cordillera General-Comandante de Caballería de 1981 a 1984 Delegado de Gobierno de Paraguarí de 1969 a 1979 Policía en Misiones Paramilitar-Secretaio privado del ministro del Interior, Edgar L. Insfrán Alcalde de Horqueta, Concepción Jefe de Investigaciones y Delegado de Gobierno Paraguarí Comisario Delegación de Gobierno Paraguarí Fiscal-Juez Comandante RA 1 General Bruguez-Ministro de Defensa Nacional de 1983 a 1989 Comisario de Santa Elena en 1966 Comisaría de Atyrá, Cordillera Jefatura de Policía de Caazapá Comisario Compañía Costa Pucú, San Ignacio, Misiones Miembro de seccional colorada de Compañía Ysypó de San Ignacio, Misiones Al servicio de DNAT, Santa Elena, Cordillera Oficial primero/Comisario del DIPC – Asunción Inspector principal – Jefe Dirección Política del DIPC de 1954 a 1967 – Asunción Oficial 2do – Sub comisario del DIPC Colonia Felipe Matiauda, San Pedro (Actual Yataity del Norte) Delegado de Gobierno Comisario Seccional 7ma, Asunción Presidente seccional ANR de Atyrá, Cordillera

APELLIDO NOMBRE (ALIAS) ESTADO

RANGO Y/O CARGO

Méndez Paiva Octavio Policía Comisario inspector/Inspector Mayor/Comisario Principal de la división técnica del DIPC – Dirección de Política y Afines, Sección Agremiaciones y Clubes DIPC Mendieta Policía Comisario de San Antonio Mendoza Salvador Policía Comisario inspector – Jefe Dirección Política y Afines del DIPC Mezquita Vera Civil Cónsul en Posadas Miers Pedro J. (Piipi) Militar Coronel artillería – Batallón Escolta Presidencial – Representante de Alfredo Stroessner Miranda Jorge Sebastián Policía Delegado de Gobierno de Caaguazú Montanaro Sabino Augusto (Chanchito) Civil Ministro del Interior de 1969 a 1989 Montanía Policía Comisario de Villarrica, Guairá Montiel Adolfo Civil Miembro de la seccional colorada de Caaguazú Morales Gregorio Civil Delegado de Gobierno de Cordillera y Concepción Moreno Augusto Policía Comisario de la 3era – Abogado Morínigo Pablo Civil Informante de la Policía, Zeballos Cué y Fernando de la Mora Noldin Velázquez Dionisio Oficial 1º del DIPC Núñez Miguel Alcalde de Mauricio José Troche, Guairá Núñez Simón Policía Oficial de Compañía de Valenzuela, Cordillera Ochipinti Militar Capitán de zapadores Oddone Sarubbi Antonio Militar Teniente Coronel – Administrador de Pto Pte. Stroessner y Delegado de Gobierno de Alto Paraná Ojeda Wilson Policía Oficial 2º Ojeda Marciano Civil Caazapá Ojeda Bernardo Civil Informante Delegación de Gobierno de Caaguazú Olazar Cabrera Atilano Santa Rosa, Misiones Orihuela Crispiniano Policía Presunto torturador de Joelito Filártiga Ortigoza Tomás Policía Ortiz Basilicio Militar Teniente Ortiz Méndez Rubén Policía Ayudante de Brítez Borges Ortiz Rojas Ricardo Antonio Policía Comisario de Horqueta – Concepción Ortiz Téllez Francisco Civil Pte. Seccional de Eusebio Ayala, Cordillera. Cónsul en Posadas Osorio Artileo Ovelar Rogelio Militar Teniente 1º – Batallón Escolta – Curso SOA, Panamá Oviedo Herminio Civil Caaguazú – Oviedo – Informante comisaría 3era. Páez Francisco Policía Subcomisario de la 3era, Asunción Palacios Julio César Militar Mayor de Caballería Palau Domingo Militar General – Presidente del Tribunal Militar Palma Tomás Policía Sargento de San Juan Bautista de las Misiones Paredes Evaristo Policía Oficial DIPC Paredes Miranda Ceferino Militar Suboficial a cargo del General Patricio Colmán en Tavaí, 1960 Parquet Salomón DIPC Peña Raúl Civil Ministro de Educación Peralta Pedro Pablo Militar Soldado Peralta Báez Heriberto Civil Pte. Seccional de Caaguazú Peralta Odilón Policía Comisario de Caacupé Pérez Demetrio Civil Comisaría de Atyrá, Cordillera Pérez Moreno Sindulfo Militar General Perrier Leopoldo (Popol) Militar Teniente Coronel Pertile Aníbal Militar Teniente de la Armada Pineda Auxiliar de Hellman en la DNAT Piñánez (Piñane í) Militar Sargento 1º Pistilli Policía Oficial del DIPC Planás José Alberto Civil Jefe DIPC de 1959 a 1967, Asunción Portillo (Yaguareté) Policía DIPC Portillo Salvador Policía Comisario de San Ignacio, Misiones Possi Pablo Policía Comisario Simbrón, Quiindy, Paraguarí Possi Carlos Victorio Policía Comisario – Delegado de Gobierno de Paraguarí Raimundi y/o Báez Alberto Raimundi Policía Comisario inspector y/o Comisario del DIPC Raimundi y/o Cayetano y/o Alberto (Chingolo Báez y/o El Gordo) Ramírez Adán Policía Jefe de Comisaría, San Juan Misiones Ramírez Blas Policía Sub alcalde San Ignacio, Misiones Ramírez (Tata) Policía Comisario del DIPC – Jefe de Orden Público Recalde Camilo Policía Oficial inspector Alto Paraná Recalde Américo Policía Delegación de Gobierno Amambay Recalde Civil Informante de comisaría de Caazapá Reyes Elvio Policía Comisario de San Antonio-mí, Tebicuary-mí, 1976 Ricciardi Vicente A. Delegado de Gobierno de Itapúa Ríos Carlos y/o Eliseo (Coco) Civil Seccional ANR de Santa Rosa, Misiones Riquelme Héctor A. Policía Comisario del DIPC (Gordo/Chancho blanco) Rivas Buenaventura (Yaguá hasy) Policía Oficial inspector del DIPC – Delegación de Gobierno de Paraguarí Riveros Toribio Civil Miembro de la seccional colorada de Cordillera Riveros Taponier Raúl Policía Comisario inspector Trinidad Rodríguez José Eladio Policía Comisario de San Ignacio, Misiones Rodríguez Andrés Militar General – Comandante del 1er Cuerpo de Ejército y de Caballería de 1970 a 1982 – Presidente de la República 1989 a 1993 Rodríguez Ramón Civil Afiliado a la seccional colorada de San Ignacio, Misiones Rodríguez Bernardo Policía DIPC de 1956 a 1957 Rojas Policía Comisario de la 3era de Coronel Oviedo, Caaguazú Rojas Bernabé Civil Seccional colorada de Caaguazú Rojas Julio César Policía Comisario de Santa María, Misiones Rojas Arellano Eliseo Policía Oficial inspector/Inspector mayor/Comisario inspector del DIPC Rolón Julio Civil Seccional colorada de Cordillera Romero Crescencio Policía Auxiliar del DIPC Romero Pereira Tomás Civil Ministro del Interior, ministro sin cartera de 1954 a 1955

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FASCÍCULO 9

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

APELLIDO NOMBRE (ALIAS) ESTADO

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RANGO Y/O CARGO

Rosendi Héctor argentino Ruiz Díaz Juan Policía Comisario – Delegado de Gobierno de Ñeembucú Ruiz Díaz Vidal Ruiz Paredes Julián Policía Sub comisario – Inspector principal – Jefe de la Sección de Vigilancia y Delitos del DIPC Russo Carlos Civil APAL, contratado policial comisaría Eusebio Ayala y Delegación de Gobierno de la Cordillera Said Luque Miguel Policía Comisario principal DIPC – Dirección de Política y Afines del DIPC Saldivar Ramón Policía Comisario del DIPC – Jefe de Vigilancia y Delitos Saldívar Benítez Felipe Nery Policía Comisario – Secretario gral. de la DNAT, Asunción Salinas Policía Sub alcalde Caaguazú – Coronel Oviedo Salinas Feliciano Policía Delegación de Gobierno de Caaguazú Salinas Tomás (Mandi’o ro) Policía Alcalde de compañía de San Ignacio, Misiones – Comisaría de Santa Rosa de las Misiones Salvador Ibarrola Víctor Policía Comisario de la sección Robos y Hurtos del DIPC Samaniego Marcial Militar General de División – Ministro de Obras Públicas – Ministro de Defensa de 1955 a 1962 – Ministro del Interior interino en 1976 Sambuchetti Lucio (Sonibu) Policía Sub alcalde de San Ramón, Misiones Sánchez Eduardo Militar General de la 3era División de Infantería, Misiones Sánchez Guillermo Policía Sargento DNAT Sánchez Cristóbal Civil Magistrado judicial Santacruz Hipólito Policía Oficial 1º – Sub comisario/comisario DIPC Santander Civil Comisión garrote de Caaguazú Santos López (Vaqueano) Policía Suboficial Saucedo Críspulo Policía Comisario Areguá, Central Scapini Policía Comisario, Colonia Fram, Itapúa Schémbori Blas Policía Guardia Presidencial – Comisaría de la Sexta Schreiber Carlos Florentín Policía Comisario general – Director Escuela de Policía – Jefe de Orden Público Schupp Medina Luis Aníbal Civil Delegado de Gobierno de San Pedro Segovia Ernesto (Toto) Policía Comisario – Alcalde de Santa Rosa, Misiones Segovia Mercado Fermín Policía Jefe de Policía de Caaguazú Segovia Ríos Víctor Militar Teniente, Curuguaty, Canindeyú Servín Ramírez Julio Militar Teniente 1º a cargo del general Patricio Colmán en Tava í Serfoglio Ricardo Policía Oficial – Delegación de Gobierno de Paraguarí Snead Ernesto Policía Comisario de Valenzuela, Cordillera Sosa Policía Alcalde de Comisaría 3era de Coronel Oviedo, Caaguazú Stroessner Matiauda Alfredo (El Rubio, Tembelo) Militar General de Ejército – Comandante en Jefe – Presidente de la República de 1954 a 1989 – Presidente honorario de la ANR Suárez Gregorio Policía Comisario del DIPC Toledo Juan Policía Santa Rosa, Misiones Torales Miguel Angel Policía Delegado de Potrerito, Ypané Torales Lidio Civil Jefe departamental en Horqueta, Concepción Torres Militar Sargento – Paraguarí 1976 Torres Jorge Civil Informante Delegación de Gobierno de Caaguazú Torres Mario Policía Sub alcalde – Sargento de compañía de Horqueta, Concepción Torres Romero Eusebio Policía Sub comisario – Comisario del DIPC – Comisaría 3era, Asunción Ugarte Centurión Delfín Onésimo (Ugartao) Civil Ministro de Industria y Comercio en 1989 – Miembro del Consejo de Estado Vallejos Héctor Civil Vallory Gilberto Policía Delegado de Gobierno de Paraguarí Vargas Militar Capitán Vargas y/o Atilio Policía Sub comisario del DIPC – Sección Técnica Atilio Vargas Alem Vázquez Silvio Civil Informante en Compañía Simbrón, Paraguarí Vega Toto (Toto) Civil Seccional Eusebio Ayala, Cordillera Vera Tomás Policía Sub alcalde de Yacutí, Misiones Vera Cayo Policía Inspector principal 10ma Sección Policial Vera Ceferino Policía Alcalde de compañía de San Ignacio, Misiones Vera Juan Policía Comisario – Delegación de Gobierno de Misiones Vera Rodolfo (Niño) Militar Subteniente – Curso SOA, Panamá Vera Montanía Toryveté, Hernandarias, Alto Paraná Vera Navarro Toryveté, Hernandarias, Alto Paraná Verón Policía Comisario del DIPC – Comisario de Ypacaraí, Central Villalba Vicente Civil Informante de la comisaría de Santa Rosa, Misiones Villalba Zúñiga Ramón Policía Oficial 1º del DIPC Villamayor Marcelino Civil Presidente de seccional de Paso Jovái Villasanti Policía Secretario de Investigaciones Villate Nelson Civil Viceministro del Interior Villar Marecos Militar Capitán, Pascua Dolorosa, Misiones 1976 Volta Gaona Enrique Civil Interventor de la CPT por la Junta de Gobierno de la ANR 1958 Wong Li Militar Misión militar de Taiwán en Paraguay – Oficial de inteligencia Yampey Jacinto Policía Médico policial Zaracho Bienvenido Policía Comisario de la 8va. Zárate (Chito í) Policía Delegación de Gobierno de Misiones Zarza José María Policía Delegado de Gobierno de Guairá – Pte. Seccional Mauricio José Troche, Guairá Zarza Angel Civil Presidente seccional colorada de Encarnación, Itapúa Zarza Rubén Darío Militar Guardiamarina, Cuerpo de Defensa Fluvial DIPC: Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital DNAT: Dirección Nacional de Asuntos Técnicos Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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FASCÍCULO

Huelgas, sublevaciones, guerrillas...

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Casos paradigmáticos La Comisión de Verdad y Justicia en su Informe Final consigna algunos casos paradigmáticos de la represión bajo el stronismo. Se trata de episodios que ayudan a comprender la profundidad y la extensión que alcanzó la represión bajo el régimen militar de Alfredo Stroessner. A continuación se narran algunos de ellos, omitiendo aquellos en los que se produjeron desapariciones forzosas o ejecuciones extrajudiciales, los cuales ya fueron tratados en páginas anteriores.

Purga en la ANR

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

Hacia 1955, a tan solo algunos meses de haber llegado al poder, el gobierno de Alfredo Stroessner estaba lejos de estar consolidado. De hecho, en ese tiempo se lo consideraba como una salida transitoria en el marco de una intensa puja entre tres sectores del Partido Colorado: a. Los Guiones Rojos, liderados por Natalicio González, el sector más autoritario y ultranacionalista, b. Los Democráticos, encabezados por el ex presidente Federico Chaves y c. Los mendezfleitistas, quienes seguían a uno de los dirigentes más prominentes de la ANR en la época, Epifanio Méndez Fleitas. Existía un cuarto grupo, autodenominado “unionista”, estaba dirigido por J. Eulogio Estigarribia, quien fue expulsado de la convención partidaria, y que tenía como bandera la alianza de los sectores contrarios a Méndez Fleitas. En

este contexto, se descubre un plan supuestamente impulsado por este último bloque para copar la Fuerza Aérea y la Caballería, unidades ubicadas en Campo Grande. El 27 de enero de 1955, el Partido Colorado emitió un comunicado -redactado por Méndez Fleitasrepudiando el levantamiento y respaldando al “gobierno colorado del general Stroessner”. Estigarria y otros dirigentes sindicados como cabecillas del movimiento insurreccional no fueron detenidos y pasaron un breve tiempo en el exilio. En cambio, en las FFAA se registraron medidas drásticas, especialmente con los cadetes que participaron de la conspiración. Todos fueron detenidos, varios de ellos fueron brutalmente torturados y la totalidad enviada al Penal Militar de Peña Hermosa. Perdieron además la posibilidad de continuar con la carrera profesional. Se trataba de un mensaje muy claro para todo aquel oficial que quisiera oponerse al “único líder”. Sintiéndose más fuerte, Stroessner maniobró explotando las ambiciones de los grupos de Natalicio González y los democráticos para acabar, luego de unos pocos meses, expulsando del Partido Colorado a Epifanio Méndez Fleitas, quizás el único dirigente -contaba con apoyo de sectores militares- que podía hacerle sombra en el seno del coloradismo. En las FFAA, por otra parte, comenzó una amplia purga que habría de concluir años después con todos los militares que habían exhibido algún tipo de resistencia al modelo stronista apresados o desterrados.

Stroessner conversa con Epifanio Méndez Fleitas, quien sería su principal adversario en la ANR.

A lo largo de la dictadura, Stroessner se ocupó personalmente del relacionamiento con los militares, a los cuales desde el inicio llenó de privilegios y negociados, que iban desde la exoneración de impuestos hasta el control del contrabando. Mediante la mano dura a los renuentes y la repartición de favores a los leales, el dictador construyó una máquina obediente y represiva que le sirvió con fidelidad durante décadas.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Intentona del 4 de noviembre de 1956

Llamando a los cuarteles

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los febreristas. La Policía no le permitió siquiera pisar tierra paraguaya y fue conducido a Clorinda. Este acontecimiento sirvió a la represión para involucrar a los febreristas en un intento de golpe en el que nada tenían que ver. Entre los detenidos de ese partido se encuentran Juan G. Granada, el capitán (SR) René Speratti y Francisco Sánchez. La Policía detuvo a 81 personas, muchas de las cuales fueron sometidas a terribles tormentos, entre ellos Levi Ruffinelli, Luis Kallsen El dictador se granjeó el respaldo de los altos mandos militares durante décadas otorgándoles el y Anuncio Vallejos. Luego de control de negociados, como el contrabando, tierras públicas y gran cantidad de privilegios. algunos días de reclusión e La característica de la resistencia a la dictadura en sus interrogatorios en Asunción, los liberales fueron primeros años fue la apelación al golpe militar clásico, confinados a Kilómetro 180, en el Chaco y aun a mecanismo de sustitución de gobierno que había sido regiones más inhóspitas como el fortín Ingavi, muy común en los últimos años en el país. Cuando cerca de la frontera con Bolivia, de donde algunos el stronismo suprimió incluso la oposición en el seno escaparon atravesando los bosques de matorrales de la ANR, un sector del Partido Liberal consideró espinosos y desiertos. Los febreristas fueron enviados agotadas las posibilidades de cualquier negociación a Fuerte Olimpo. y se abocó a la organización de un levantamiento militar. El régimen comenzó una práctica que fue común a lo largo del tiempo que duró: magnificó el Como el anterior, el plan de esta insurrección se movimiento hasta límites absurdos, con evidentes basaba en el apoderamiento de las bases de la propósitos propagandísticos. Según la hipótesis Caballería y la Aviación en Campo Grande. Entre los de la dictadura, el partido Comunista tendría referentes del alzamiento figuraban, según la versión participación en los hechos organizando huelgas de oficial, el coronel Alfredo Ramos, el coronel Ramón estudiantes y obreros para enervar el clima político. Paredes, los liberales Benjamín Vargas Peña, Carlos Los febreristas por su parte pondrían en acción 50 Pastore, Carlos Levi Ruffunelli, Manuel Pesoa, Anuncio brigadas de 100 hombres cada una, armados con Vallejos y Ranulfo Gill. La operación estaba prevista pistolas automáticas y bombas de mano. Es decir, el para el 4 de noviembre de 1956, pero la Policía levantamiento tendría 5.000 hombres en armas en descubrió el complot varios días antes, al parecer por cualquier momento. Con una fuerza de esa magnitud, la indiscreción de uno de los conspiradores. Contando los complotados habrían iniciado una guerra civil con información detallada, las fuerzas represivas y el desbaratamiento de los grupos alzados no le procedieron a detener a los principales dirigentes del hubiera resultado tan fácil al gobierno. Se trata claro movimiento sin mayores dificultades. esta de una mentira desproporcionada pensada para “justificar” los desbordes en la represión y para agitar Un hecho más favoreció al gobierno. El 3 de en la población el miedo al comienzo de una espiral noviembre llegó en un hidroavión, procedente de su interminable de violencia que arrastraría al conjunto exilio en Argentina, el coronel Rafael Franco, líder de de la sociedad.

Levantamiento del 9 de Mayo de 1957

Otro alzamiento fallido Para el 9 de mayo de 1957 estaba programado un alzamiento militar que habría de pasar a la historia como el último intento de golpe de Estado hasta febrero de 1989. La frustrada insurrección de noviembre de 1956 había significado la abrupta interrupción de las negociaciones entre el gobierno -representado por Édgar L. Ynsfrán y Tomás Romero Pereira- y el proscrito Partido Liberal, cuyos negociadores eran Gerónimo Riart y Cipriano Codas. Ante la clausura del diálogo, un grupo de liberales planificó un nuevo intento por hacerse con el poder mediante un golpe de mano militar. Esta vez el epicentro de las operaciones sería el barrio Tacumbú de Asunción, asiento del Comando de Ingeniería, el Comando de Transmisiones y el Regimiento de Infantería Nº 14 (RI 14). Según lo proyectado, los alzados debían apoderarse del Comando de Transmisiones para desde allí armar una columna integrada también por civiles y ocupar por sorpresa el RI 14. Simultáneamente, desembarcarían en la ciudad contingentes de civiles armados venidos de Argentina. En el comando civil se hallaban Cayetano Alfieri, Walterio Mercado, Rogelio Pavón, José Antonio Ayala, Roberto Paleari, Víctor Méndez y Manuel Jiménez Uriarte. En el nivel militar las reponsabilidades principales recaían en el coronel (SR) Alfredo Ramos, el coronel (SR) Ramón Paredes y el también retirado teniente coronal Eliseo Salinas. El movimiento contó con la adhesión de cerca de 50 conscriptos del Batallón Escolta, unidad encargada de la seguridad del propio Stroessner. Sin embargo, una vez más el plan fue descubierto con mucho tiempo de antelación y se desencadenó una feroz represión encabezada por el entonces jefe de Investigaciones de la Policía de la Capital, Juan Erasmo Candia. Nunca se supo el destino de los conscriptos del Batallón Escolta, pero es seguro que su integridad no fue respetada ni se les siguió un proceso judicial limpio. Los conscriptos eran considerados sirvientes sin voluntad ni entendimiento y su participación en

un levantamiento constituía una falta gravísima a los ojos del régimen. Este intento de golpe trajo dos consecuencias perdurables. En primer lugar, el proceso de coloradización de las FFAA -iniciado ciertamente mucho antes de Stroessner- se hizo más riguroso y estricto. Para acceder a la carrera militar ya ni siquiera bastaba la afiliación personal a la ANR, sino que el aspirante debía proceder de una familia de comprobada tradición colorada, de ser posible comprometida por razones laborales, económicas o prebendarias con el régimen. En segundo lugar, marca un fortalecimiento del sistema de inteligencia del stronismo, que creó la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (“La Técnica”), bajo el mando de Antonio Campos Alum, quien contó con la colaboración de la III Sección del II Departamento del Estado Mayor de las FFAA, encabezado por el mayor José Butlerov. En esos años, ambos fueron asesorados en la lucha contra insurgente por el teniente coronel norteamericano Robert Thierry.

147 El dictador en un acto público a finales de los años 50. El régimen necesitaba derrotar aún a varios sectores para consolidarse.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Huelgas estudiantiles Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

De las aulas a las calles

Movilización de estudiantes durante la dictadura. La resistencia de los jóvenes ante el stronismo comenzó solo unos meses después de instalado el gobierno del dictador, que los reprimió sin contemplaciones. Años más tarde, en la década de los 80, los estudiantes volverían a ganar protagonismo en marchas y manifestaciones.

Abril de 1956 es el mes en que se producen las primeras movilizaciones masivas de estudiantes universitarios bajo el stronismo, las cuales reciben como respuesta una violenta represión. Por aquel entonces, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se encontraba bajo intervención del Estado, una situación arrastrada ya desde tiempos del gobierno de Estigarribia. La unipartidaria Cámara de Representantes se hallaba estudiando una nueva ley que regulaba el funcionamiento de la universidad. La reivindicación en torno a la cual se organizaban los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria del Paraguay (FUP) era sencilla: el levantamiento de la intervención y la participación estudiantil en el diseño de la nueva legislación.

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El 10 de abril llega a nuestro país una comitiva de estudiantes argentinos y uruguayos, para manifestar su solidaridad con la causa de sus pares paraguayos. Llamativamente, el oficialista diario Patria saludó la llegada de los delegados extranjeros, posición que habría de cambiar radicalmente luego del

13 de abril. Ese día, la Policía y civiles colorados armados con garrotes y cables trenzados irrumpen en una reunión de despedida de los estudiantes que visitaban el país, realizada en la Facultad de Medicina. El encuentro se había convertido en un mitin de reclamo del fin de la intervención de la UNA y, en el curso de la represión, los jóvenes se refugiaron en el Hospital de Clínicas. Hasta allí, específicamente hasta la Maternidad, fueron perseguidos los estudiantes a golpes, patadas y palos. En los grupos parapoliciales tomaban parte funcionarios públicos (de la Administración Paraguaya de Alcoholes, APAL, más precisamente), como lo testimoniaron testigos. “...los estudiantes fueron conducidos hasta la Guardia de Seguridad (…) fue la primera vez que fue utilizada como lugar de reclusión. Los detenidos eran obligados cada mañana al despertar a cantar la Polca “Colorado”. Los que se negaban a cantar eran golpeados con garrotes por los policías” Mario Esteche Notario, Asunción, 1956.

Los incidentes y enfrentamientos entre estudiantes, policías y “garroteros” de civil continuaron durante toda la semana, en las facultades de Medicina, Química, Derecho y Ciencias Económicas. Las golpizas a los estudiantes, entre los que había como se dijo varios extranjeros, tuvo repercusión en la prensa del Río de la Plata. El gobierno, a través de la Subsecretaría de Informaciones, calificó de “emisarios de la discordia” a los estudiantes argentinos y uruguayos y negó que existieran presos políticos ni limitación de las libertades públicas.

medida de fuerza tras asumir el compromiso de dejar sin efecto la intervención de la UNA. Los alumnos celebraron como un triunfo esta decisión, pero no pudieron evitar dos grandes derrotas: en primer lugar, se aprobó la Carta Orgánica de la universidad, de corte autoritario y que otorgaba amplias prerrogativas al Presidente de la República; en segundo lugar se impuso el examen de admisión en cada una de las carreras, un sistema de selección que continúa hasta nuestros días y que era rechazado por los gremios estudiantiles.

En un esfuerzo por desmovilizar al alumnado cada vez más activo, el interventor de la UNA, César Romeo Acosta, dispuso la suspensión de las clases y cualquier tipo de reunión en los locales de la universidad hasta el 5 de mayo. Para entonces, el problema con los estudiantes amenaza con extenderse peligrosamente, ya que los médicos del Hospital de Clínicas habían resuelto hacer paros diarios de dos horas en solidaridad con los estudiantes. El gobierno nombró, del seno de la Asociación de Médicos Colorados, una comisión de negociación que acordó el levantamiento de la

Después de este conflicto, el régimen redobló su apuesta en el sector estudiantil fortaleciendo los organismos colorados como el centro Ignacio A. Pane, la Secretaría de Asuntos Universitarios, la Federación Universitaria Colorada y el centro Blas Garay. Con ello intentó revertir la hegemonía que a nivel estudiantil tenían los liberales, los febreristas y los comunistas. La dictadura también aumentó su apoyo a los gremios profesionales colorados, los cuales se convertirían en un instrumento de dominación muy eficaz.

La FEDRE A finales de 1961 fue constituida la Federación de Estudiantes Democráticos Revolucionarios (Fedre), una organización de estudiantes secundarios que, además de las reivindicaciones propias del sector, postulaba la necesidad de mayores libertades cívicas y políticas en el país. Entre sus integrantes se contaban jóvenes colorados, comunistas y febreristas. Los principales dirigentes de la Fedre fueron Ricardo Medina, Emilio Barreto, César Colmán Villamayor, César Velázquez Alonso, Miguel Angel Velázquez Alonso. En poco tiempo, la Fedre, que organizaba mitines y pintatas con consignas democráticas en lugares muy concurridos, se puso en la mira de la DNAT, al mando de Antonio Campos Alum. Muchos de los líderes de la organización fueron detenidos en noviembre de 1962. En el listado de la Policía figuran entre otros: Federico

Blinder, Carlos Colombino, Enrique Ramírez Maidana, María Elena Aponte Soler, Emilia Iparraguirre, Carlos Cowan Doldán, Oscar Franco, Felicita Alcaraz y Hernán Pratt. Muchos de los detenidos sufrieron terribles tormentos durante el periodo de reclusión y una parte importante de los miembros de la FEDRE tuvieron grandes dificultades para continuar sus estudios y para construir posteriormente una carrera profesional o laboral. “...el Fedre movilizaba gente y había que perseguirlo (…) lo que logró la dictadura es meter entre nosotros a los pyragué como Carlos Podestá. A partir de la acción de Podestá los integrantes del FEDRE ya comenzaron a caer. Entonces, obligadamente, Arturo Fleitas y yo ya tuvimos que entrar en la clandestinidad...” Emilio Barreto, Asunción, 1962.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Huelga obrera

Batalla crucial para la dictadura En 1956, el gobierno de Stroessner había comenzado la aplicación de medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional que tuvieron repercusión en las condiciones de vida de las clases trabajadoras. El deterioro económico en las ciudades y el campo condujo a la última huelga general durante la dictadura. La única central obrera era la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), una organización controlada en su cúpula por el oficialismo pero que conservaba la pluralidad en sus bases, sobre todo en el Consejo de Delegados, donde coexistían febreristas, mendezfleitistas y representantes del sindicalismo cristiano.

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

Fue precisamente este organismo el que resolvió llamar a una huelga general en reclamo de un incremento del 29,5% en el salario mínimo el 27 de agosto de 1958. El pedido era rechazado por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y por el Gobierno que veía en la CPT -entidad fundada en 1951 para reemplazar a la Organización Republicana Obrera (ORO)- un foco de penetración de Epifanio Méndez Fleitas. La negociaciones entre la central sindical y el Gobierno fueron con el ministro de Justicia y Trabajo, Ezequiel González Alsina, quien al iniciarse el segundo

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mandato de Stroessner fue sustituido en la mesa por el nuevo titular de la cartera, César Garay. Un día antes de la huelga, el dirigente sindical de extracción colorada Julio Etcheverry fue convocado al local de la ANR por el titular del partido, Tomás Romero Pereira, quien le dijo, “Usted es colorado, como buen colorado le pedimos que vaya a la CPT y levante esta huelga que se hace contra el partido”. Etcheverry respondió que “como buen colorado” debía ser Romero Pereira quien apoyara la huelga, con lo que se dio por terminada la conversación. Ese mismo día, el Consejo de Coordinación Económica dispuso una suba del salario mínimo en un 5%, algo que la CPT consideró inaceptable y se ratificó en la medida de fuerza prevista para el día siguiente. Mientras la Policía preparaba su plan de acción para el día de la huelga (comenzaba con el arresto simultáneo de 45 dirigentes sindicales), las negociaciones prosiguieron durante la tarde e incluyeron una reunión del propio Stroessner con la dirigencia sindical.

“...el presidente Stroessner nos hizo pasar a una pieza donde había dos filas de bancos; en la primera fila se sentaron Vicente Cortesi y Luis Ramírez y en la segunda Generoso Viveros y yo. El presidente nos dijo: ‘Todos los que estamos aquí somos colorados’. Cortesi respondió: ‘Por lo menos los que estamos en la primera fila’. ¿Y los que están en la segunda fila?, preguntó el presidente. ‘Somos febreristas’, contesté yo, porque Viveros era un poco flojo todavía (…) La huelga para el presidente era ‘caminar por malos caminos’, nos dijo que sería perjudicial para nosotros mismos. Sin embargo le aclaré que nosotros no estábamos autorizados para sellar la suerte de los trabajadores en ese lugar. Entonces el presidente se dirigió a los miembros del Comité Ejecutivo y les preguntó: ‘¿Ustedes no pueden hacer algo, Carros de bomberos usados por el gobierno stronista en la represión de obreros y estudiantes.

Foto Archivo CIPAE.

Marcha de trabajadores en los últimos años de la dictadura. A finales de los años 70 y principios de los 80 el movimiento sindical recuperó autonomía y presencia en la sociedad paraguaya, convirtiéndose en un fuerte núcleo de resistencia democrática.

alguna cosa para cambiar esto?’. Cortesi le respondió: ‘No, porque estos (señalándonos) son los que deciden, son los que tienen los sindicatos”. Testimonio de Fortunato Osorio, recogido por Morán y Villalba. Esa noche, el Gobierno declara ilegal la huelga , en tanto que la ANR llama a sus afiliados a no plegarse a la medida de fuerza. A primeras horas de la madrugada, la Policía, junto a grupos civiles armados, toma por asalto el local de la CPT y simultáneamente se producen no menos de 50 detenciones de dirigentes clave (fuentes sindicales hablan de 300 detenidos). El Poder Ejecutivo dispone además la intervención de la CPT, proceso al frente del cual coloca a Enrique Volta Gaona, perteneciente al ala fascista del coloradismo. Pese a todos estos golpes, la huelga tiene un alto nivel de acatamiento. Luego de algunos choques entre trabajadores y policías, los huelguistas buscaron refugio en el colegio Monseñor Lasagna, institución ubicada cerca de la zona portuaria e industrial de la ciudad. En esa institución llegaron a concentrarse más de 1.000 obreros. “...ahí el monseñor Aníbal Mena Porta (arzobispo de Asunción) habló a la gente dándoles garantías de que no les pasaría nada. Los compañeros se plantaron y Lucio Olmedo, del Comité Ejecutivo que no cayó preso, le dijo que estaba equivocado que él tenía que dar apoyo y comida a los que estaban ahí haciendo eso. A las 5 de la

tarde volvió (…) y pidió que la gente se retire y dijo (…) si ustedes no se retiran vamos a permitir que entre la Policía a desalojar la iglesia, eso dijo el monseñor Mena Porta a los compañeros (…) unos 400 abandonaron el lugar. Y los que no se retiraron sufrieron las consecuencias, entró la Policía a desalojar, esa fue una traición del monseñor...” Julio Etcheverry, Asunción, 1958. El movimiento sindical fue descabezado en el marco de la represión a la huelga de 1958. Una parte importante de la dirigencia sindical -aún siendo colorada- debió partir al exilio o fue confinada en lugares remotos e inhóspitos de nuestra geografía, como el fortín Ingavi en el Chaco o en la espesura de la selva en el Mbaracayú. La huelga sirvió también como justificación para atacar al Partido Comunista y al Partido Febrerista y hubo, como es fácil suponer, una gran cantidad de detenidos y torturados en el marco de estas operaciones. La CPT pasó a ser gobernada por agentes del Gobierno más interesados en el control y la vigilancia de los trabajadores, que en la reivindicación de sus derechos. Un sector crucial de la sociedad civil fue primero silenciado, luego desarticulado y finalmente sometido por el régimen. El panorama del movimiento obrero no habría de cambiar hasta el surgimiento de nuevas camadas de trabajadores y de dirigentes al calor del boom de Itaipú y de la política de derechos humanos de los Estados Unidos, a finales de los años 70.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Las manifestaciones de mayo de 1959

El fin de toda apertura

La reacción de la población fue encabezada por los estudiantes secundarios, agrupados en la Federación de Estudiantes Secundarios de Asunción (FESA), quienes reclamaban un precio diferenciado en el transporte público. Una concentración -a la que también adhirió el Centro de Estudiantes de Colegios Incorporados, las instituciones privadas- convocada en la Plaza Italia acabó con la detención de muchos dirigentes estudiantiles. La manifestación del 28 de mayo, ferozmente reprimida, marca la utilización por primera vez de la Policía Montada, un acontecimiento que el jefe de Policía Ramón Duarte Vera, habría de celebrar con un asado ese mismo día.

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“Nunca se vio tanto ensañamiento (…) como 100 hombres de la Policía Montada acompañados por otros 100 policías a pie con sables en mano se lanzaron sobre la concurrencia castigando a varones y mujeres sin distinción (…) y apresando a mansalva, se llenaron las comisarías” Ramón

Lezcano Torres, Asunción, 1959. Al día siguiente, la Cámara de Representantes protestó por la violencia empleada -de la que también fueron víctimas dos de sus integrantes- y resolvió iniciar un juicio político al ministro del Interior y al jefe de Policía. La respuesta de Stroessner no se hizo esperar. Amparado en la Carta Política de 1940 y con la anuencia de J. Eulogio Estigarribia, presidente de la Cámara, dispuso la disolución del cuerpo legislativo y convocó a nuevas elecciones. Esta decisión significó la fractura del Partido Colorado y el exilio para muchos de sus más importantes dirigentes, quienes en Argentina habrían de conformar el Movimiento Popular Colorado (Mopoco). Ante los nuevos acontecimientos políticos, y sin posibilidad de marchar en el centro de la ciudad (fue restablecido el Estado de Sitio), los estudiantes ocuparon el local del Colegio Nacional de la Capital. Esa madrugada, policías y grupos de garroteros colorados tomaron por asalto, con patadas y palos, el predio de la institución. Más dirigentes estudiantiles fueron detenidos. Meses más tarde, las organizaciones estudiantiles se negaron a participar en los desfiles por la fundación de Asunción, lo que derivó en nuevos apresamientos. Los estudiantes fueron recluidos en condiciones insalubres, fueron sometidos a torturas y a trabajos forzados.

Tal como se aprecia en la foto, la represión bajo el stronismo se valió, además de los uniformados, de grupos de civiles armados. Estos “garroteros” eran con frecuencia empleados públicos movilizados por la ANR.

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

El 24 de marzo de 1959, la Junta de Gobierno del Partido Colorado, por presión de los miembros del sector “Democrático”, aprobó una declaración fundamental en la cual solicitaba el cese gradual del Estado de Sitio, la amnistía general y la derogación de las leyes restrictivas al ejercicio de la ciudadanía. Se trataba de un gesto de apertura que no se había producido desde 1946. El 1 de abril comenzaron las sesiones de la Cámara de Representantes -compuesta solo por colorados- y el 3 de abril se anunció el levantamiento del Estado de Sitio. Es necesario apuntar que las limitaciones a las libertades continuaron por medio de edictos emitidos por la Policía. Pronto, sin embargo, el stronismo iba a demostrar que no estaba dispuesto a ningún tipo de concesión y que la disidencia colorada sería admitida exclusivamente si mostraba docilidad completa con el régimen. Para truncar este atisbo de apertura política la dictadura se valió de la situación generada a partir de la suba de 3 a 5 guaraníes del precio del pasaje de transporte público, en mayo de 1959.

El autogolpe del stronismo

Persecución al Mopoco Por representar una seria amenaza al interior del propio Partido Colorado, el stronismo fue particularmente riguroso en su persecución al Movimiento Popular Colorado (Mopoco), un desprendimiento de la ANR. Tanto fue así que, a mediados de la década de los 60, cuando el Gobierno negociaba con un sector de la oposición en torno a una Constituyente, el Mopoco fue excluido de esas conversaciones.

Foto Archivo CIPAE.

La expulsión, la persecución y el destierro de los integrantes del Mopoco fue la derivación de un autogolpe perpetrado por el stronismo en 1959. En aquel año, como ya se relató en pasajes anteriores, el sector democrático de la ANR forzó una declaración de la Junta de Gobierno reclamando la normalización institucional, el cese del Estado de Sitio y el respeto a las libertades democráticas. Esta posición tuvo eco en la unipartidaria Cámara de Representantes, que llegó a votar a favor del inicio de un proceso contra el jefe de Policía y el ministro del Interior, debido a la brutal represión a estudiantes que pedían la rebaja del precio del boleto. La respuesta del régimen fue la disolución del cuerpo Legislativo, la prisión de algunos de sus miembros y el copamiento del partido por parte de los grupos incondicionales a Stroessner. El 1 de junio de 1959, la conducción colorada ratificó su respaldo a la decisión del dictador, en un esfuerzo por tranquilizar a las

bases del partido ante la represión desatada contra una parte importante de su dirigencia. Los detenidos llegaron en estos primeros días a 56 personas, varios de ellos legisladores arrestados pese a la Ley de Fueros. Fueron recluidos en Investigaciones y luego confinados a distintos sitios de la República. Entre los torturados figuran Guido Arce Bazán, Diosnel Bécker, Casimiro Calderón y Carlos Zayas Vallejos. Relata el emblemático dirigente del Mopoco: “...en julio de 1959, después de 30 días de incomunicación en el Cuartel de Policía, me confinan, junto a Osvaldo Chaves, Enrique Riera y el coronel Nelson Rolón a la prisión militar de Fuerte Olimpo. De allí nos trasladan a la prisión militar de Puerto Guaraní, donde estuvimos otros 30 días. En agosto nos fugamos e ingresamos al Brasil...”. Con la separación del Mopoco, el stronismo eliminó toda disidencia al interior del Partido Colorado. Las divisiones dentro de esta agrupación habrían de aflorar nuevamente recién hacia el final de la dictadura. El Mopoco -que en 1973 sufrió el desprendimiento de la ANRER (ANR en el Exilio y la Resistencia)- es la prueba de la existencia de corrientes coloradas democráticas que se enfrentaron decididamente a la dictadura.

En 1978, el Mopoco se integró al Acuerdo Nacional junto al Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Febrerista y el Partido Demócrata Cristiano, un frente conformado para coordinar acciones contra la dictadura. Durante los largos años del exilio, varios fueron los intentos -generalmente fallidos- de los dirigentes por retornar al país. Relata Miguel Ángel González Casabianca: “...cuando eso se había constituido el Acuerdo Nacional y decidimos forzar el retorno (…) fueron cinco o seis intentos; en el primer intento incluso hubo mucha sorpresa, vinieron Lovera, Mallorquín y Faustino Centurión, se mantuvo muy en secreto. Después fue imposible eludir la vigilancia (…) llegábamos al aeropuerto y no nos dejaban bajar, ya directamente subían al avión violando todas las normas internacionales. Y el Gobierno argentino no protestaba, era territorio argentino...” Otros miembros destacados del Mopoco fueron Sandino Gill Oporto, Mario Paredes Jara, Silvestre Gómez y Cándido Ortiz. La persecución al Mopoco continuó hasta la caída de la dictadura. Waldino Ramón Lovera, histórico dirigente del Mopoco, junto al profesor Luis Alfonso Resck. Lovera vivió largos años en el exilio.

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El Movimiento 14 de Mayo y el Fulna

Fracasa la insurgencia armada

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

En el momento en que comenzó su organización, el Movimiento 14 de Mayo recibió el respaldo del gobierno argentino, encabezado por los militares que habían derribado a Juan Domingo Perón, a quien Stroessner brindó refugio. Sin embargo, esta actitud pronto varió radicalmente -como consecuencia del triunfo castrista en Cuba y la presión de EEUU contra toda forma de guerrilla- y Argentina proveyó incluso informes a la dictadura paraguaya. Entre los fundadores del Movimiento figuran: Flaviano Adorno, Benjamín Vargas Peña, Arnaldo Valdovinos, Carlos Freytag, Alfredo Ramos, Manuel Pérez Ramírez, Juan José Rotela, Carlos Caballero Ferreira, Herminio Giménez, Gabriel Armoa, Eustacio Rojas, Arturo Buzarquis, Modesto Ramírez, Miguel Torres, Julio Sosa, Augusto Daponte, Venancio Adorno, Néstor Romero Valdovinos, René Speratti, Esteban Carballo, Paulino Ibarrola, Américo Villagra, Patricio Ortúzar.

Juan José Rotela, uno de los líderes del Movimiento 14 de Mayo.

En las páginas correspondientes a las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ya se hizo una relación de la organización y las acciones emprendidas por el Movimiento 14 de Mayo, la represión y los resultados de sus incursiones. Aquí se consignan algunos elementos más que complementan esa información

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Las conducciones del Partido Liberal y del Partido Febrerista, cuyos militantes integraban el Movimiento 14 de Mayo, no apoyaban oficialmente la lucha armada. Por esa razón los jóvenes miembros del grupo insurreccional constituyeron una Junta Nacional Revolucionaria, instancia militar y política que debía dirigir las acciones hasta el derrocamiento de la dictadura y la instauración de un régimen de amplias libertades.

La represión de este alzamiento armado incluyó torturas, ejecuciones extrajudiciales, descuartizamientos y mutilaciones atroces, tal como se describió anteriormente. Muchos prisioneros fueron arrojados con vida desde aviones, mientras que los pocos sobrevivientes fueron trasladados a centros de reclusión donde prosiguieron los tormentos y apremios. En este caso puntual, toda la responsabilidad fue de las FFAA, cuyas fuerzas operativas se hallaban al mando del general Patricio Colmán. “Había una chica... que pasó como enfermera con nosotros, una hermosa chica, era joven, 19 años tenía... y la entregan ahí a las tropas delante de nosotros... para que la violaran... y delante de nosotros ahí... como esos perros... como esos animales, le agarraban a la chica y la violaban ahí... se levantaba uno y venía otro así... y después le dice...ya estaba totalmente desnuda la piba...viene el general Colmán una porquería de tipo... bueno ahora me toca a mí, le dice... le agarra así de los senos, agarra su cuchillo y hace así y le corta...”

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

El general Patricio Colmán, condecorando a un subalterno.

La tremenda brutalidad de la represión tuvo eco en la prensa de los países de la región, especialmente en la Argentina. Al respecto la embajada paraguaya en Buenos Aires emitió un comunicado en el que se declaraba: “...en cuanto a los aludidos fusilamientos esta representación diplomática desmiente tales versiones, inventadas y difundidas por elementos comunizantes, con aviesas intenciones de desprestigio, y declara que todos los prisioneros capturados en las distintas acciones se hallan sometidos a autoridades judiciales, instituciones y leyes preexistentes y amparados en en su estado por las garantías constitucionales vigentes...”. Asombra el grado de cinismo demostrado por el gobierno negando la violencia de la represión en momentos en que aparecían cuerpos mutilados en las aguas del río Paraná, en territorio argentino.

El Fulna y la inspiración cubana A principios de la década del 60, la victoria de la guerrilla rural en Cuba había sacudido todas las certezas que hasta ese entonces orientaban la actividad política de los sectores de izquierda, especialmente de los partidos comunistas de América Latina. El triunfo de Fidel Castro y de Ernesto “Che” Guevara impulsó la formación de guerrillas inspiradas en el mismo modelo. En Paraguay, tras la interrupción del diálogo entre el régimen y el Partido Liberal, se instala en el Partido Comunista la convicción de que la única vía para desalojar del poder al dictador Alfredo Stroesser era la lucha armada. Con ese propósito se funda el Frente Unido de Liberación Nacional (Fulna), a fines de 1959 en Argentina. Ciertamente, el Fulna no propugnaba en sus principios y objetivos difundidos en febrero de 1960 la construcción de una sociedad socialista, sino que planteaba la guerrilla como instrumento para derrocar a la dictadura y dar pie a la formación de un “gobierno provisional democrático de representación nacional”. Entre las metas perseguidas por la organización figuran: libertades democráticas e iguales garantías a todos los partidos políticos, libertad para los sindicatos y organizaciones populares; anulación de las leyes represivas; sanción de una nueva ley electoral que garantice la participación de las mujeres; constitución de

una junta electoral central con representación de todos los partidos; convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Una primera meta militar del Fulna era la ocupación de la Cordillera del Ybytyruzú, la cual debía convertirse en una suerte de “Sierra Maestra” del Paraguay. Sin embargo, el régimen stronista contaba con información privilegiada acerca de los preparativos, movimientos y planes del Fulna, en gran medida como fruto de una reunión de coordinación llevada a cabo por representantes de las FFAA de Paraguay y Argentina el 22 de setiembre de 1960, en el local del Ministerio de Defensa. Por el ejército paraguayo participaron el general Leodegar Cabello, jefe de Estado Mayor; general Hipólito Viveros, comandante del II Departamento de Estado Mayor; el general Cáceres y el coronel Florentín. La información ofrecida por los argentinos resultó fundamental para la derrota de las tres columnas en las que se encontraba dividido el Fulna: La columna Mariscal López, la columna Ytororó y la columna Lumumba. Las causas del fracaso del Fulna podrían resumirse en: conocimiento por parte del enemigo de los planes de ingreso; desinteligencia interna en la misma comandancia de la columna; la división de la columna en varios grupos pequeños que podían ser destruidos por separado por las fuerzas represivas; deficiencias graves en comunicación y enlace y, finalmente, interferencias políticas y militares del dirigente comunista Óscar Creydt.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Organización Político Militar (OPM) Foto Gentileza Diario Ultima Hora.

La guerrilla que no fue

Guillermina Kannonnikoff y Mario Schaerer, el día de su boda. La joven pareja formaba parte de la Organización Político Militar (OPM). En abril de 1976, la policía allana su domicilio en el barrio Herrera de Asunción, donde es muerto el principal dirigente de la nucleación, Juan Carlos Da Costa.

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En el periodo previo a la Convención Nacional Constituyente de 1967, el gobierno stronista consigue arribar a un acuerdo con una parte de la oposición, especialmente del Partido Liberal, que accede a otorgar cierta legitimidad al régimen tomando parte de la Asamblea y de las elecciones a cambio de una mayor tolerancia. Este pacto es rechazado por amplios sectores sociales, especialmente a nivel de los jóvenes de la clase media urbana. El desprestigio en el que habían caído los partidos de oposición atizó la formación de un nuevo espacio de construcción social, cultural y política que fue denominado Movimiento Independiente (MI). Las actividades educativas y culturales del MI fueron fundamentales en la formación de toda una generación

de artistas, intelectuales y activistas sociales. Los años finales de la década del 60 y los 70 son de lucha en todo el continente por una sociedad civil más libre frente a las tiranías y las injusticias sociales. Al calor del Mayo francés, de la gesta heroica del guerrillero Ernesto “Che” Guevara y tras el fracaso de las guerrillas rurales en gran parte de América Latina, surgen en el continente diversos planteamientos de lucha armada con el epicentro en las zonas urbanas, entre las que se puede contar a la Organización Político Militar (OPM) en Paraguay. Un actor clave de la la historia de la OPM fue Juan Carlos Da Costa, un joven intelectual con formación de izquierda que ya había sido detenido en agosto de 1970, acusado de integrar grupos clandestinos de

A mediados de 1973, una parte del grupo se reinstaló en el país y con la integración de la estudiante de veterinaria, Nidia González, comenzaron los trabajos para la constitución de las primeras células. Más adelante se unieron Eduardo Bogado Tabacman y otros militantes universitarios del MI. A través del dirigente Constantino Coronel empezó la expansión en el sector campesino. Da Costa, por su parte, inició conversaciones para incorporar a los muchos estudiantes paraguayos en Corrientes, Argentina, entre ellos Jorge Zavala, Hugo Figari, Gustavo Sostoa, Carlos Casco y Carlos Brañas. En abril de 1976, este último cayó prisionero en un control de rutina en Encarnación. La dictadura tenía ya la punta del ovillo. En pocos días desarticuló una organización que llevaba años trabajando sin que las fuerzas represivas tuvieran la menor sospecha. Se publicaba incluso un periódico bilingüe clandestino, “Tatapiriri” (Chispa), de cuya existencia el gobierno no supo sino en el marco de la represión desatada con el apresamiento de Brañas. Luego de una refriega en la casa en San Lorenzo de Constantino Coronel, quien resultó herido, Pastor Coronel envió una brigada a cargo del subcomisario

Foto Gentileza Diario Ultima Hora.

lucha contra la dictadura. Fue interrogado y torturado por la Policía hasta que recuperó su libertad el 17 de junio de 1971. Da Costa partió rumbo a Santiago de Chile donde trabó relación con estudiantes paraguayos que habían sido atraídos por la experiencia del gobierno de la Unidad Popular, del Presidente Salvador Allende. Juan Carlos Da Costa. Allí surgió el proyecto de formar la OPM, junto a José F. Bogado Tabacman, Victor Hugo Ramos, Diego Abente, José Luis Simón, Darío Salinas, Melquíades Alonso y Tomás Palau. Estaban además los seminaristas Merardo Arriola y Arturo Valenzuela.

Alberto Cantero encabezó el allanamiento de la casa de Mario Schaerer. Allí murió baleado Juan Carlos Da Costa.

Camilo Almada, alias “Sapriza”, a la zona de Misiones. El destacamento se instaló en el cuartel de Abrahamcué, donde fueron torturados en forma indiscriminada líderes campesinos, parientes y amigos de quienes figuraban en los archivos de la OPM. Algunos referentes de la OPM consiguieron escapar de la represión y llegar al extranjero, luego de un tiempo largo en la clandestinidad. Ese es el caso de Nidia González, quien se refugió en la casa del siquiatra Carlos Arestivo de donde pasó más tarde a la quinta de Rubén Urbieta Valdovinos. Estas personas fueron detenidas y torturadas dos años más tarde por haber prestado ayuda a Nidia González. Esta militante habría de formar parte en 1978 de un esfuerzo por reorganizar la OPM, junto a Eduardo Bogado Tabacman, María Jesús Caballero y Rodolfo Udrízar Villamayor, quien bajo torturas da información sobre la Organización Primero de Marzo, nombre adoptado en la fase de reorganización. El 12 de enero de 1978, en una casa del Barrio Capitalizador, murió Jorge Zavala supuestamente en el marco de una refriega con las fuerzas de la represión. El fallecimiento de Zavala marca la conclusión definitiva del intento de organizar una guerrilla urbana para el derrocamiento de la dictadura.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

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Un destacamento comandado por Camilo Almada Morel, alias “Sapriza”, se instaló en el cuartel de Abraham Cué, donde funcionó un centro de reclusión y de torturas. Allí fueron sometidos a tormentos líderes campesinos, parientes y amigos de quienes figuraban en los archivos de la OPM.

Intentos de reorganización Aunque el descubrimiento de la OPM se produjo cuando aún se hallaba en un estado embrionario, de organización y preparación para la lucha armada, el régimen exageró la capacidad real y magnitud de este grupo a fin de hacer más profunda y extendida la represión.

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Las detenciones masivas superaron las mil personas, desde abril de 1976 y en años subsiguientes, de las cuales muy pocas fueron sometidas a un proceso judicial. Además, la dictadura, en lugar de invocar la ley 294/55 que castigaba los delitos de sedición o rebelión, optó por la ley 209/70 que por su carácter ambiguo servía para implicar a muchas más personas, aunque no tuvieran vinculación directa con la organización. En julio de 1977, la Liga Internacional de los Derechos del Hombre pudo realizar un mínimo cotejo de las confesiones de los procesados, encontrándose que todas eran prácticamente iguales -se

empleaban incluso las mismas palabras- lo que da a entender que se trataba de un mismo documento al que se obligaba a firmar a los detenidos bajo tortura. En 1978, otras 20 personas son detenidas bajo la acusación de intentar reactivar la OPM. Se trataba de profesores universitarios, estudiantes relacionados con el movimiento juvenil pro derechos humanos, con la publicación Criterio, con el Comité de Iglesias. Sin embargo, el contexto internacional ya no era propicio para que el régimen mantuviera una cantidad tan elevada de presos políticos durante largo tiempo, razón por la cual las personas detenidas comenzaron a ser liberadas a mediados del año 1978. Muchos salieron al exilio ante el temor de ser víctimas de nuevas violaciones a sus derechos. Un total de 18 personas fueron ejecutados extrajudicialmente, algunos de ellos en sesiones de tortura en tanto que otros se encuentran desaparecidos.

Ligas Agrarias y Colonia Jejuí

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

La abolición de un proyecto autónomo y solidario

Marcha en recordación de las víctimas de la represión a las Ligas Agrarias Cristianas en Santa Rosa, Misiones.

El Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín marcan un cambio profundo en la orientación de la Iglesia Católica en relación a las sociedades latinoamericanas. Desde su pastoral, a partir de los años 60, la Iglesia respalda la formación de distintos tipos de organizaciones sociales, incluyendo un gremialismo campesino, al principio bajo la bandera de la autonomía con respecto a los intermediarios políticos y comerciales y más tarde integrando además la lucha por la tierra. El eje de esta experiencia -que conoció varias fases, de mayor o menor autonomía con respecto a la iglesia institucional- fueron las Ligas Agrarias Cristianas (LAC). Esta labor de la Iglesia es coincidente en el tiempo con la reforma agraria impulsada por el gobierno de Alfredo Stroessner, en cumplimiento con una exigencia del programa de ayuda del gobierno norteamericano Alianza para el Progreso que requería la aplicación de leyes agrarias antes de considerar beneficiarios a los distintos países. Una minoría campesina accedió a las tierras mediante esta reforma stronista, en cambio

quienes fueron favorecidos escandalosamente con tierras y créditos fueron políticos, militares de alto rango, empresarios vinculados al stronismo y colonos brasileños que ofrecían montos que estaban muy fuera del alcance de los empobrecidos campesinos paraguayos. Si bien al principio no hubo conflictos entre el gobierno y las LAC, por la misma dinámica de la propuesta “liguera” y su acelerado y sostenido crecimiento el enfrentamiento a mediano plazo era claramente inevitable. El stronismo consideró como aliadas a las organizaciones ligadas a la iglesia en su lucha por evitar la penetración de planteamientos políticos de izquierda. Esa visión no tardó en cambiar. El sacerdote jesuita José Luis Munárriz relata acerca de los orígenes de las LAC: “...nos llegaban documentos de Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, de todos los pioneros de la Teología de la Liberación, y cuando nosotros veíamos eso decíamos: ‘esto, qué bien dicho está, estos que bien piensan’ (…) Ahí en Santa Rosa descubrimos

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

que no basta con mejorar la calidad de vida del campesino, sino liberarles y al mismo tiempo liberarnos nosotros”. El obispo de las Misiones, Monseñor Bogarín Argaña, brindó su decidido respaldo a las LAC, organizando cursos y elaborando un plan pastoral con los sacerdotes de la diócesis. Las Ligas Agrarias pronto crearon “islas de libertad” en medio de un régimen opresivo y violento. Con una práctica fuertemente enraizada en los mismos evangelios, las Ligas desarrollaron comunidades con firmes lazos solidarios, con sistemas de trabajo colectivo y con almacenes de consumo (conocidos como Jopoi, con precios mucho más baratos. También contaban con farmacias sociales) que despertaron el recelo de comerciantes e intermediarios ligados a las estructuras de poder. En un ambiente de libertades, de ayuda mutua y de debate, los campesinos no tardaron en animarse a realizar manifestaciones en las calles, a criticar los mecanismos tradicionales de mercadeo -base de su propia expoliación- y en reflexionar acerca de un cambio social en el que ellos no fueran marginados. Este paso de clientela política de los caudillos y terratenientes a sujetos políticos autónomos era inadmisible para la dictadura. A mediados de los años 60 comienzan los hostigamientos sistemáticos y las detenciones arbitrarias.

El nivel del desafío a las pautas impuestas por la dictadura era cada vez mayor. Por esos años, se incrementa sustancialmente la represión a los dirigentes de las Ligas a la par que iba aumentando la violencia ejercida por los organismos de seguridad del régimen. Varios integrantes de las Ligas son enviados a Investigaciones de la Policía de la Capital donde son sometidos a durísimos tormentos, entre ellos figuran Juan Pío Santacruz, Pablo Pietrafesa, Pedro Ortíz, José Melgarejo, Eulalia Báez, Agripino Silva, entre otros. En 1972 fue expulsado del país el sacerdote jesuita español José Caravias. Entre ese año y 1974, fueron detenidos 72 dirigentes, muchos de ellos torturados y sus familias amedrentadas, como Rafael Talavera, Ramón Monzón, José Figueredo, Isabel Vera y Sotero Quiñónez. Para entonces, las Ligas Agrarias tenían una importante presencia en Concepción, San Pedro, Central, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, Misiones, Paraguarí, Itapúa y Amambay. Las colonias comunitarias, las escuelitas rurales y, en particular la Colonia Jejuí, eran focos de difusión de nuevas ideas, prácticas sociales y concepciones éticas que estaban diametralmente opuestas a la visión autoritaria y excluyente del stronismo.

En 1968 son detenidas 20 personas, la mayor parte del departamento de Caaguazú, pero también de Cordillera, Paraguarí y Misiones. En esta primera etapa represiva -en la que ya se registran sesiones de torturas y todo tipo de malos tratos físicos y sicológicos- actúan sobre todo las alcaldías policiales y las delegaciones de gobierno. Más adelante, cuando la dictadura resuelve la abolición completa de las LAC y la eliminación de su dirigencia, habrían de intervenir masivamente la Policía y las FFAA, cuyas acciones alcanzan su pico en 1976, con la represión a la OPM.

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En 1970, en Piribebuy, se realiza un encuentro nacional de las LAC donde se ponen los cimientos para la unidad de las dos organizaciones nacionales en las que se encontraban divididas. También se acuerdan algunas medidas que dan una idea del crecimiento político del sector: fueron eliminados los cargos jerárquicos y en adelante las decisiones se tomarían en cada reunión; las LAC se declararon además autónomas de la Iglesia y asumieron un respaldo total de la Colonia Jejuí (cuyas características y desenlace se verán más adelante). Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

COFINANCIADO POR

El obispo de Misiones, Monseñor Bogarín Argaña, respaldó abiertamente la formación de las Ligas Agrarias Cristianas. ORGANIZACIONES SOCIAS

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FASCÍCULO

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Propuesta pedagógica de las Ligas Agrarias

Escuelita campesina Quizás uno de los aspectos más interesantes -y más desafiantes frente a la dictadura- fue la propuesta educativa de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC). La Escuelita Campesina defendía una educación bilingüe, con participación activa de los niños y niñas y de la comunidad, con un esquema de multigrados. El proceso de enseñanza/aprendizaje se basaba en la realidad que vivían los niños y las niñas en sus comunidades y no en los contenidos abstractos e inaprensibles que se incluían en los currículos escolares del régimen. Estos no tenían nada que ver con el entorno campesino y hablaban de personas con actitudes, necesidades y razonamientos diferentes a lo que veían los chicos y chicas campesinos. Lo que se enseñaba en las escuelas oficiales ignoraba o incluso despreciaba la cultura campesina, considerándola inferior o atrasada.

Colonia Jejuí “...Jejuí pasó a ser la plasmación en la práctica, de los ideales, de los principios y objetivos que ellos descubrieron en la experiencia, y por otro lado que en los lugares tradicionales, por la persecución, la pobreza, falta de tierra... surgió un espacio, era como una tierra prometida, desde el 69 al 74...” Braulio Maciel, Jejuí, 1975. La Colonia Jejuí fue efectivamente la expresión más desarrollada y compleja del planteamiento social, político y cultural defendido por las LAC. Se trataba de una comunidad autogestionaria de alrededor de 500 habitantes, que crecía y se afianzaba por fuera de la lógica represiva de la dictadura.

La propuesta pedagógica de las LAC se orientaba a la formación de personas comprometidas con su comunidad, con sentido crítico y con una valoración positiva de su propia cultura. No existían algunas exigencias de las escuelas formales, relata la maestra Estela Pereira, por lo que los niños y las niñas podían ir: “...con los pies descalzos, a los que no tenían cuadernos se les prestaba, al que no tenía lápiz le prestaban, así era, no había maldad”.

En la madrugada del 8 de febrero de 1975, la dictadura puso fin a la experiencia a sangre y fuego. Un operativo militar que movilizó no menos de 120 efectivos se lanzó sobre una población civil que dormía indefensa y que, a pesar de las evidentes señales de que se iba producir una intervención, no había previsto ninguna acción de resistencia.

El contraste con las escuelas del Ministerio era evidente: “...allá les mostraban imágenes grandes y lindas de sus padres y vienen acá a encontrar que tienen la ropa rota y sucia (…) mostraban lo que no es nuestro (…) no daban nuestra lengua, no mostraban lo de nuestra casa, nuestras mejoras, sino otras cosas...”

El operativo fue planificado con antelación, con asesoramiento de expertos norteamericanos, contó con abundante información de los servicios de inteligencia y un respaldo explícito del Partido de gobierno que desde la “Voz del Coloradismo” anunciaba medidas contra la comunidad.

Otro testimonio es el de la maestra Ceferina Coronel: “...ahí en Tañarandy estaba una Escuelita Campesina (…) no teníamos sueldo, el sueldo era: ‘vos te vas a ayudarme a mi chacra, vos te vas a carpirme, vos te vas a limpiar mi casa’ ...porque yo me iba a enseñar a la escuela, de mañana y tarde, y entonces una señora decía: ‘yo me voy a ir a la casa de doña Ceferina a lavar su ropa’ o ‘yo me voy a limpiar su casa’ así era el pago que nos daban...”

La ejecución de la operación, comandada por el Teniente Coronel José Félix Grau, fue extremadamente violenta. Más de 400 hombres, mujeres, niños y niñas fueron detenidos. La comunidad fue saqueada y sus pobladores perdieron todas sus propiedades, incluso las tierras.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

El caso Bernardo Aranda

Tolerancia cero a homosexuales

El surgimiento de movimientos que reivindican la diversidad sexual, así como el trabajo de documentalistas e investigadores, han contribuido a dar a conocer los casos de represión a homosexuales durante la dictadura.

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La política represiva del stronismo no se dirigió solamente a organizaciones políticas o sociales de contestación sino que fue también un instrumento empleado para moldear la sociedad paraguaya a su imagen y semejanza. El régimen buscó deliberadamente uniformizar al Paraguay apoyándose en la más brutal intolerancia a todo aquello que no se inscribiera dentro de la serie de valores tradicionales, excluyentes y autoritarios que decía defender. La diversidad sexual no estaba desde luego admitida por el régimen que no perdió oportunidad de descargar toda la fuerza de sus organismos represivos sobre los homosexuales. La investigación encarada por la CVJ permite comprender que la sexualidad formaba parte relevante del esquema de represión. Los gays se encontraban en la obligación de llevar una vida prácticamente clandestina, restringida a

pequeños grupos de amigos o ciertas reuniones sociales, ya que su condición no solo no era aceptada sino perseguida. Existían grandes dificultades para la construcción de relaciones estables. Los encuentros eran por lo general furtivos y en el anonimato, condición esencial para evitar perjuicios en la vida familiar, laboral o académica. La represión era todavía más intensa con los transgéneros, grupo que emergió públicamente con los primeros travestis que se instalaron en la escalinata de Antequera y Castro en Asunción. La situación de las lesbianas en el stronismo es difícil de determinar, considerando la invisibilidad que sufrieron las mujeres, cualquiera haya sido su orientación sexual. Dos casos muestran con nitidez la actitud adoptada por la represión de la dictadura hacia los homosexuales: el de la muerte de Bernardo Aranda y el asesinato del joven Mario Luis Palmieri.

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Bernardo Aranda era un conocido locutor de Radio Comuneros. Por eso, la noticia de su trágica muerte, apenas con 25 años de edad, quemado en la pieza que habitaba en EEUU y 9ª Proyectada del barrio Obrero, sacudió a la opinión pública aquel 1 de setiembre de 1959. Las circunstancias de su muerte no quedaron muy claras para los investigadores, según consigna la prensa de la época que le dedicó especial atención al caso. Las autoridades tenían la sospecha de que Aranda era homosexual, por lo que sin otras razones se atribuyó el crimen a causas pasionales. De ahí a involucrar a cualquier homosexual, por remota o inexistente que pudiera ser su vinculación con la víctima, había un solo paso para los organismos de seguridad del stronismo. Todos los homosexuales eran sospechosos. A partir del día siguiente del fallecimiento de Aranda, la policía realizó redadas capturando a personas que se suponía eran homosexuales. Estos operativos no fueron difundidos en la prensa, al menos en los primeros días. Recién una semana más tarde, el diario El País publicaba: “...la policía de Investigaciones continuaba anoche y hoy interrogando a unas cuatro docenas de jóvenes y adultos de dudosa conducta moral”. Esta última frase, en el lenguaje de la época, designaba a los homosexuales. El sábado 12 de setiembre, luego de detenciones masivas realizadas en la madrugada, aparece una publicación con el siguiente titular: “108 personas de dudosa conducta moral están siendo interrogadas”. Entre ellos, de acuerdo con la publicación del diario El País, tres se encontraban internadas en el Policlínico Policial, por supuestos cuadros de “histerismo”. Es sabido que las víctimas de torturas que estaban muy graves eran llevadas a ese centro asistencial. A la persecución policial se suma la estigmatización de la prensa. El 16 de setiembre se publica que “la policía se halla empeñada en fichar a cada uno de los amorales” y añade que las fuerzas de seguridad “investigan la vida privada de varios sospechosos”. El diario El Independiente aseguraba por su parte que la policía había prometido suministrar la lista completa de “los amorales” para su difusión. La escalada de la fobia a los homosexuales apenas había comenzado. El diario El País conjeturó en una de sus ediciones que el homicidio de Aranda podría ser obra de una “secta de amorales” y

pedía la “colaboración de la sociedad asuncena para extirpar de raíz esta lacra”. El eje del asunto va girando rápidamente de la necesidad de hallar a los responsables de la muerte de Aranda a la persecución abierta y cargada de odio hacia una supuesta “secta de amorales” que debe ser “extirpada”. Este fragmento de un artículo de El País es ilustrativo acerca de la proyección de una imagen siniestra de los homosexuales: “... la incipiente pero bien armada organización de amorales es todo un movimiento en expansión hacia los centros donde la depravación no ha llegado todavía. La organización tiene cuatro grupos, cada uno con un jefe al frente. Los principales dirigentes son ocho más o menos, son los que financian las operaciones de reclutamiento de menores; luego vienen los otros personajes que actúan como enlace de la organización. Estos a su vez cuentan con la colaboración de los recién iniciados, sus reuniones las hacen de forma de rotación, es decir, una vez en la casa de uno de los socios, después en la casa de otro. Allí fuman, beben y se visten unos como mujeres y otros como hombres”. Este ambiente favorecía la discriminación y el prejuicio, así como las denuncias que podían acabar en detenciones y violaciones de los derechos de los acusados. El 22 de setiembre la Policía informaba que había capturado al autor moral del homicidio de Aranda y que había otros 10 detenidos, entre los cuales podría encontrarse el ejecutor. Entretanto, las exhortaciones a denunciar y atacar a la “logia de amorales” continuaba con mayor ímpetu. El diario El País señalaba por ejemplo la necesidad de “una dosis de fuerza moral capaz de sobrellevar los peligros del momento para así destruir y liquidar a los círculos viciosos como este, cuyos integrantes son delincuentes”. En la noche del 23 de setiembre, el centro de Asunción se vio inundado de volantes con una lista de 43 personas acusadas de “amorales” por el anónimo. El volante, distribuido en los sitios de mayor afluencia de personas, estaba firmado por un Comité de Padres por el saneamiento de nuestra sociedad. No se sabe a ciencia cierta en qué momento fueron liberadas las decenas de personas detenidas -a muchas de las cuales se les había negado el recurso de Hábeas Corpus, debido a que no existen registros públicos. A pesar de todas las redadas y los apremios, hasta la fecha no ha sido aclarado el crimen del locutor Bernardo Aranda.

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

El caso Palmieri

Los métodos de la dictadura

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Después de seis días de intensa búsqueda, fue hallado sin vida el joven Mario Luis Palmieri, estudiante de 14 años del colegio San José, en la compañía Maramburé de Luque, el 28 de marzo de 1982. Palmieri había sido secuestrado el 22 de ese mes, a la salida del colegio. No existe claridad acerca de las razones, pero lo cierto es que la Policía partió de la presunción de que el autor del secuestro, y más tarde del asesinato, era un homosexual. Como ya había ocurrido en el caso Bernardo Aranda esta suposición convirtió en sospechosos a todos los homosexuales. El 30 de marzo, el general Alcibiades Brítez Borges, jefe de la Policía, informaba “la captura y detención de homosexuales conocidos, habiéndose logrado hasta ahora la aprehensión de 47 de ellos y se sigue la búsqueda de los que se dieron a la fuga”. Para el 3 de abril había 52 personas detenidas en la Guardia de Seguridad por “su relación con el mundo de la homosexualidad”, según publicaba el diario Hoy. Ya a finales de la primera semana de abril, existían indicios muy claros de que el autor material del asesinato era Reinaldo Chamorro Chávez, según la carpeta judicial del caso. En contrapartida, la acción policial contra homosexuales no se detenía, y muchas personas detenidas continuaron en esa condición mucho tiempo después de haberse encaminado la investigación en torno a Chamorro Chávez. El 12 abril, por ejemplo, se difundía la noticia de que “hay muchos detenidos en el Departamento de Investigaciones para averiguaciones” (Diario Hoy, 12/04/82). Para esa fecha, varios parientes de Chamorro Chávez ya habían declarado que él era efectivamente el autor del hecho. Sin embargo, las redadas persistieron por más tiempo. Ese mismo día, de hecho, ingresan 26 nuevos detenidos y al día siguiente 16 más, todos acusados de homosexuales. Es notable que ninguna de las personas detenidas fue interrogada con respecto al caso Palmieri o a Chamorro Chávez, sino que más bien les eran solicitados los nombres de otros homosexuales. El procedimiento de investigación encarado por la Policía carecía de fundamentos científicos o lógicos, basado en una presunción, violentó los derechos y la intimidad de centenares de personas, incluso cuando

ya el caso estaba en curso de ser aclarado. Todavía el 21 de abril de 1982, el diario Abc Color informaba que: “En la Guardia de Seguridad se encuentran detenidos unos 200 homosexuales. Estos fueron privados de su libertad en el marco de las investigaciones realizadas para esclarecer el asesinato de Mario Luis Palmieri. Conforme a nuestras fuentes, estas personas están privadas de su libertad desde hace unas tres semanas y varias de ellas ya habrían perdido sus trabajos a causa de esta prolongada detención”. Esta reclusión por tanto tiempo es claramente injustificada, ya que los principales testigos sindicaban a Chamorro Chávez como el asesino, sin sombra de dudas. Este hubiera sido ya un argumento más que suficiente para otorgar la libertad a estas personas. Las torturas físicas y sicológicas también fueron frecuentes. Muchas víctimas relatan además abusos sexuales: “...nos decían: ‘esta noche les vamos a matar a todos’. Algunos compañeros eran sacados en medio de la noche y eran abusados sexualmente, luego volvían llorando”. Una de las víctimas, que tenía 16 años al momento de la detención, narra lo siguiente: “...como era el más joven, de noche me quitaban de la celda y me pedían favores sexuales, yo me resistía, pero otros no tuvieron la misma suerte que yo y eran abusados...fui liberado gracias a que mis familiares lograron hablar con un superior...”.

Marcha de organizaciones homosexuales en el centro de Asunción para reclamar sus derechos.

Banco Paraguayo de Datos

Solo el gobierno opina La llegada a la presidencia de Estados Unidos del demócrata Jimmy Carter significó un cambio en la relación de ese país con las dictaduras de América Latina. La presión en favor de los derechos humanos surtió algunos efectos, como la liberación de presos políticos y un cierto aflojamiento de las medidas represivas. Este periodo es nombrado algunas veces como “dictablanda”. En este contexto, un grupo de jóvenes profesionales constituye el Banco Paraguayo de Datos (BPD), institución que a través del procesamiento de datos e información socioeconómica intentaba brindar una visión alternativa e independiente de la versión oficial.

que incluyó la detención de 53 personas. Roberto Villaba, Enrique Goosen y Rubén Lisboa fueron brutalmente torturados en Investigaciones. José Carlos Rodríguez, buscado con insistencia por la Policía, logró huir del país. El 6 de junio de ese año es allanado el local de la empresa gráfica Litocolor, donde se imprimían los ejemplares de “La Tecla”, órgano del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), y la revista “Nueva Línea”, del MRU. Además de los empleados de la imprenta, fueron detenidos los estudiantes de Sociología Mónica Pérez, Casta María Elizeche, Ernesto Heisecke y Cayetano Quatrocchi.

El discurso de la dictadura negaba la profunda crisis económica en la que se había sumergido el país tras el boom de Itaipú, insistiendo a pesar de todas las evidencias en la existencia de un crecimiento sostenido de los indicadores. El BPD era responsable de la circulación de cinco publicaciones: “Paraguay Económico”; “Paraguay Social”; “Paraguay Gremial”; “Paraguay Político” y “Ñemonguetara”. A través de ellas, ofrecía lecturas más objetivas acerca de la realidad nacional, lo que a ojos del régimen era socavar la credibilidad del gobierno. Evitar la difusión de información que contradecía a la dictadura o, una vez más, una acción disciplinante y aleccionadora, pudieron haber sido las causas de la represión al BPD, en cierta forma anunciada desde las páginas del oficialista diario “Patria” y por la “Voz del Coloradismo”.

También fueron detenidos y soportaron maltratos, tormentos y condiciones insalubres de reclusión Sonia Aquino, Benjamín Livieres y Stella Ruffinelli entre otros. La Policía jamás pudo demostrar la supuesta vinculación del BPD con la OPM y debió restituir la libertad a los detenidos algunas semanas después, debido a las presiones externas y también las internas. Entre estas cabe destacar la huelga de hambre llevada adelante por un grupo de detenidos. Perdieron varias decenas de kilos y cuando se hallaba ya comprometida la vida de estas personas, el juez que los había procesado por violar la Ley 209 dispuso su libertad cuando la causa judicial no se había finiquitado. Se trata de una prueba de que el Poder Judicial operaba en función de las decisiones del Ejecutivo y, sobre todo, de que los tiempos y el contexto internacional habían cambiado.

Para el régimen, cualquier actividad académica o informativa que no hubiera pasado por el control y la censura era subversiva. Los voceros del régimen afirmaban que el BPD era una pantalla para trabajos de reorganización de la OPM, cuya dirección se hallaba en funcionamiento en México. Las acciones represivas también alcanzaron al Movimiento por el Reagrupamiento Universitario (MRU), especialmente a los estudiantes de la carrera de Sociología de la UCA.

“...yo había perdido como 20 kilos y no nos querían soltar así, entonces hasta el juez de la causa Ramiro Ayala suplicaba que levantemos la huelga, el mismo juez con su señora llevaban comida a Tacumbú, caldo de pescado y cosas así, no querían que saliéramos mal. Eso es básicamente lo que pasó, ahora que la salida fue muy violenta, con Pastor Coronel que nos insultó de arriba a abajo, nos dijo que nos salvamos por culpa del juez, pero que nos íbamos a volver a encontrar, solo que la próxima vez que nos encontremos iba a ser en el cementerio”. Benjamín Livieres, Asunción, 1983.

El 11 de mayo de 1983, la Policía allanó la sede del BPD y la imprenta Estudio Gráfico, en un operativo

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Entrenamiento antisubversivo

Antes del Cóndor

Monumento erigido en homenaje al líder chino Chiang Kai-shek en Asunción. La capital paraguaya es de las pocas ciudades fuera de Taiwán que tienen una estatua de este gobernante anticomunista en la vía pública.

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La dictadura de Alfredo Stroessner fue considerada el paladín de la lucha anticomunista en América Latina. Ese papel le fue reconocido por el presidente norteamericano, Richard Nixon, quien llegó a calificar al Paraguay como “la nación más consecuente en el combate al comunismo”. Para alcanzar ese lugar -eran varias las dictaduras militares que podrían pelear el podio en aquellos años- el régimen stronista no tuvo reparos en aceptar la más desembozada colaboración de Estados Unidos en materia de asesoramiento y formación en métodos represivos contra cualquier forma de insurgencia o de organización potencialmente peligrosa para la dictadura y en técnicas de tortura, control e intimidación.

graduado en la Escuela de Inteligencia Estratégica y en la Army Command and General Staff College, los procedimientos aplicados a los detenidos se hicieron más sistemáticos y refinados, con la inclusión de descargas eléctricas controladas, inmersiones en piletas, golpes en zonas específicas del cuerpo, revisión médica para evaluar el daño físico, el uso secuencial de privación sensorial y otras formas de quebrar la resistencia.

Hasta 1956, cuando se concreta la primera cooperación en ese sentido con la llegada al país del Teniente Coronel Robert K. Thierry, solventada por la Embajada de EEUU, la policía paraguaya aplicaba tormentos toscos y torpes, basados en golpizas, latigazos y apaleamientos. Con Thierry, un militar

Washington entrenó a miles de militares de América Latina, así como brindaron respaldo tecnológico y financiero a la lucha contrainsurgente. En el caso de Paraguay, la instrucción tuvo lugar en nuestro país, en la Escuela de las Américas (Panamá) y en Fort Benning, Georgia, EEUU. Entre 1951 y 1989,

El resultado de la labor de Thierry fue el efectivo funcionamiento represivo de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (“La Técnica”), cuyo primer único director fue Antonio Campos Alum, quien previamente siguió “cursos contra la subversión” en EEUU.

2.081 oficiales paraguayos recibieron entrenamiento norteamericano en este campo. Los periodos de mayor actividad represiva coinciden con los lotes más numerosos de militares enviados a esos cursos.

La cruzada anticomunista

En 1966 se funda en Seúl, Corea, la Liga Anticomunista Mundial (WALC, por sus siglas en inglés). Entre sus principios se destaca: “Establecer un frente unido anticomunista que abarque al mundo entero, con el objeto de poner término a la agresión comunista y salvaguardar la libertad de la especie humana en defensa de la paz mundial”. El líder nacionalista chino Chiang Kai-shek fue presidente honorario vitalicio de la WALC y, con los fondos de su gobierno, pronto la organización se expandió por el mundo, llegando en 1972 a América Latina. Ese año se constituye la Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL), con representantes de México, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Guatemala, Bolivia y exiliados cubanos. La Secretaría General fue ocupada por un mexicano, en tanto que en la subsecretaría fue nombrado el paraguayo Campos Alum. Al principio, las reuniones de la CAL tuvieron carácter reservado. Sin embargo, hay documentos que prueban que entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 1973 tuvo lugar su II Congreso Secreto en la Delegación de Gobierno de Alto Paraná, donde se acordaron los siguientes objetivos:

a. Establecer un sistema de información confidencial entre los miembros de la CAL.

b. Organizar una agencia de noticias para difundir

las obras de los gobiernos nacionalistas/militares y denunciar las actividades marxistas/izquierdosas c. Ampliar el apoyo financiero d. Crear el Instituto Latinoamericano de Formación Antimarxista en Guadalajara, México. Las actividades de la CAL -y su colaboración con las dictaduras militares- continuaron durante muchos años. En 1975, en oportunidad del octavo Congreso -ya público- en Río de Janeiro, Stroessner envió un saludo en el que decía: “...Pueblo y gobierno del Paraguay, firme y decididamente anticomunistas, esperan que los esfuerzos se redoblen para seguir luchando sin debilidades contra el peligro de una doctrina totalitaria, atea y sanguinaria (…) que amenaza destruir la democracia en el mundo”. A nivel local, la CAL desarrolló actividades con gremios de profesionales, como la Asociación

Paraguaya de Universitarias Graduadas. Con esta entidad se realizó por ejemplo una serie de encuentros con los siguientes temas: “Infiltración comunista”, “Acción del comunismo en el campo político” y “Estructura, estrategia y tácticas comunistas”, en junio de 1979. Los oradores fueron, además de Campos Alum, Salvador Paredes y Julio César Frutos. Algunos integrantes de la CAL fueron: Carlos Podestá, Rubén Darío Osorio, Adolfo Granada, Eladio Loizaga, Cristóbal Frutos, Manfredo Ramírez Russo, Raúl Nogués, Ángel Roberto Seifart, Miguel Ángel Bestard, Leandro Prieto Yegros, Bernardo Ocampos Arbo, Óscar Zacarías Cubilla, Juan Ángel Dellavedova, Héctor Velázquez, Gerardo Halley Mora, Jorge Pirovano, José Afara, Isabel Arrúa Vallejos, Ángel Mussolon, Benito Guanes Serrano, Pastor Coronel y Victor Candia Gómez, entre otros. Existe evidencia también del aporte financiero de un sector del empresariado paraguayo a las actividades de la CAL. Con los cambios en la orientación de la política norteamericana y en el contexto regional, el discurso de la CAL fue haciéndose absurdo e insostenible. Pero, en momentos en que el presidente Carter impulsaba su nueva política de derechos humanos, la CAL llegó a calificar de “persona no grata” al mandatario e incluso hizo una exhortación a las FFAA norteamericanas ante el peligro que la “debilidad” de Carter representaba para el hemisferio. Paraguay ocupó un lugar preponderante en la articulación de organizaciones anticomunistas a lo largo de décadas, tal como lo confirman muchos documentos y memorandos del gobierno y la inteligencia de EEUU.

Presidentes de la Liga Anticomunista en los años 70

Hugo Banzer Suárez (Bolivia)

Alfredo Stroessner (Paraguay)

Jorge Rafael Videlar (Argentina)

167 Park Chung Hee (Bolivia)

Nguyen Van Thieu (Vietnam del Sur)

Tchiang Kai-Chek (Taiwan)

Ferdinand Marcos (Filipinas)

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Nazis protegidos Las relaciones internacionales del régimen, en el periodo anterior al Operativo Cóndor, incluyeron también la colaboración anticomunista con otros países, como con el servicio de Inteligencia de Alemania Occidental. Uno de los informes remitidos por la DNAT a Alemania confirma que la dictadura tenía conocimiento detallado del movimiento, actividades e identidades de criminales de guerra nazis condenados por tribunales internacionales pero que hallaron refugio en el Paraguay tiranizado por Stroessner. En uno de los documentos, se menciona que Martín Borman (uno de los líderes principales del partido nazi, condenado en ausencia en los juicios de Nuremberg) entró al país en 1956 y que vivió durante mucho tiempo en la propiedad de Alban Drug, en Hohenau. Entre los años 1958 y 59 fue tratado por el médico alemán Joseph Menguele (conocido como “el ángel de la muerte”, condenado por atrocidades cometidas en campos de concentración) por dolencias en el estómago. El informe prosigue diciendo que Borman falleció en casa de Werner Jung, en Asunción, el 15 de febrero de 1959. También señala que Menguele -presentado con el alias de “Don Fritz”- obtuvo la naturalización paraguaya previo pago de 100.000 guaraníes, aunque aclaraba que su paradero en ese momento, 1961, era desconocido.

Martín Borman, destacado dirigente nazi, al lado de Adolfo Hitler.

Hasta 1991 La Técnica también estaba a cargo de la coordinación de los grupos para policiales o de milicianos colorados que colaboraban con ferocidad en las represiones. Un memorandum de Campos Alum del 13 de agosto de 1964, dirigido al administrador del Ministerio del Interior, ilustra la relación existente entre estas “guardias urbanas”, como eran denominadas, y la dictadura: “...solicitar la provisión de 150 cajas de carne conservada para el mantenimiento de las brigadas de represión destacadas por esta Dirección en distintos puntos del interior de la República...”

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El poder de Campos Alum continuó incluso después de la caída de la dictadura ya que, según se publicó en la prensa de la época, todavía en 1991 firmaba carnés para “agentes confidenciales” de la Policía. Cuando era inminente su procesamiento, Campos Alum huyó al Brasil.

Imagen de una de las celdas de “La Técnica” dirigida por Campos Alum.

Colaboración ilegal para la represión

La sombra del Cóndor

En uniforme de gala, los dictadores de Argentina, Jorge Rafael Videla, y de Paraguay, Alfredo Stroessner, junto a sus esposas, en un acto oficial en Asunción.

El Operativo Cóndor -la cooperación ilegal de los organismos represivos de las dictaduras militares de Sudamérica- fue instituido oficialmente en 1975, en Santiago de Chile. Fue la formalización de una práctica de intercambio de información sobre supuestas actividades insurgentes y otros tipos de colaboración recíproca que llevaba ya varios años. Entre los objetivos que se había impuesto el Operativo figuraban: a. Compartir información de inteligencia sobre activistas de izquierda. b. Arrestar e intercambiar prisioneros. c. Llevar a cabo interrogatorios conjuntos y acciones también conjuntas para eliminar, en cualquier país de la región, a los llamados “subversivos” y a cualquier militante o dirigente social o gremial que cuestionara los lineamientos ideológicos de las dictaduras o de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta alianza entre los regímenes militares de Sudamérica era del pleno conocimiento del gobierno norteamericano y contó con su más decidido aval, tal como lo prueban diferentes documentos, especialmente los archivos desclasificados en 1999 en Argentina y Chile. Allí está contenida numerosa

correspondencia entre los distintos gobiernos y servicios de inteligencia, como la carta del general chileno Manuel Contreras, de la Dirección de Inteligencia de su país, al general paraguayo Benito Guanes Serrano acerca del “Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional”. Contreras ofrecía las instalaciones de su unidad como un lugar para la “centralización de la información sobre los antecedentes de las personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la subversión”. En un documento que no tiene desperdicio, el general Guanes Serrano informaba a Stroessner acerca de las diferentes etapas en las que se dividía el Operativo, compuesto en todos los casos de acciones clandestinas e ilegales. La primera fase era el intercambio de información sobre el enemigo (exiliados políticos). La segunda etapa correspondía a la investigación del objetivo y la tercera a la detención (secuestro) y traslado del objetivo a su

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país de origen. En el marco de esta cooperación también se suministraba documentación falsa a agentes de la represión de otros países, así como equipos y ayuda logística. Entre los documentos difundidos existen pruebas de intercambios de prisioneros y la utilización de seudónimos

por parte de los responsables de los servicios de inteligencia. En papeles del Operativo fechados en 1978 “Cóndor 1” advierte a “Cóndor 2” a fin de que no pierda de vista “un encuentro de izquierdistas argentinos y paraguayos en la provincia norteña de Salta, Argentina, en la frontera con Bolivia. “Cóndor 1” era Contreras, mientras que “Cóndor 2” era Guanes Serrano.

El caso Letelier

Archivos de EEUU

Existe evidencia que apunta a confirmar que el asesinato de Orlando Letelier -ex ministro del gobierno chileno de Salvador Allende, quien se encontraba en el exilio- fue cometido en el marco del Operativo Cóndor. A pedido de la Inteligencia chilena, el gobierno paraguayo otorgó documentación falsa a dos agentes. Si bien los nombres de estas personas no están consignados, la denominación del proyecto permite vincular este gesto con la ejecución de Letelier. De acuerdo con las investigaciones, no quedan dudas de que el dictador chileno Augusto Pinochet ordenó personalmente la muerte de Letelier. Townley y Armando Fernández Larios, ejecutores del asesinato, acudieron primero a la Secretaría de Inteligencia del Estado, en Argentina, para obtener los papeles falsificados. La SIDE, ocupada como estaba en el secuestro ilegal y la detención clandestina de miles de personas, negó su colaboración, razón por la cual los chilenos acudieron a su contraparte del Paraguay. Allí, Benito Guanes dispuso que se les entregaran pasaportes falsos a nombre de Juan Williams y Alejandro Romeral. Otros policías presentaron los documentos ante la Embajada de EEUU para solicitar visa de turista. Un estudio sobre el caso menciona a un funcionario paraguayo que ansioso por congraciarse “informó al entonces embajador George Landau que los pasaportes eran falsos y que los dos hombres eran agentes chilenos que cumplirían una misión secreta en Washington”.

La Central de Inteligencia Americana (CIA) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos poseen información y archivos acerca del gobierno de Alfredo Stroessner, el entrenamiento de militares paraguayos en la lucha antiinsurgente y del Operativo Cóndor que aún permanecen vedados al público. Reiterados pedidos canalizados a través de esas instituciones o a través de la Justicia norteamericana en el sentido de lograr la desclasificación de esos documentos han fracasado en los últimos años.

170 Así quedó el vehículo en el que viajaba el ex ministro allendista Orlando Letelier.

Esos archivos contienen datos esenciales para la comprensión de las actividades guerrilleras en el Paraguay entre 1959 y 1961; los programas de adiestramiento de EEUU a las fuerzas represivas del stronismo entre 1956 y 1963; la conexión de altos jefes militares y autoridades civiles con el narcotráfico en la década de 1970 (especialmente en relación con el llamado “caso de Auguste Ricord”) y el intercambio de correspondencia y de informes entre la Embajada de EEUU y las oficinas del gobierno federal de ese país, particularmente en lo que tiene que ver con el Operativo Cóndor. Marcial Antonio Riquelme (Phd), quien fue víctima de la dictadura y que estuvo exiliado en EEUU y fue miembro del equipo de investigación de la CVJ, presentó entre febrero y mayo del 2000 los primeros pedidos formales de desclasificación de documentos sobre la dictadura de Stroessner ante la CIA y la Escuela de las Américas. En diciembre del 2002, Riquelme con el respaldo de los abogados de la American University de Washington, querelló a la CIA reclamando la apertura de los referidos archivos. Esta demanda y tres apelaciones posteriores fueron rechazadas por la Justicia norteamericana.

Violación a la libertad de expresión y de opinión

Las radios mudas

El coronel Francisco Feliciano “Manito” Duarte fue titular de Antelco durante muchos años. A través de esta institución el régimen ejerció un férreo control sobre radios y emisoras de televisión.

La abolición de las libertades de expresión, difusión del pensamiento y de prensa jugó un papel central en el esquema de dominación de la dictadura stronista en sus más de 34 años de duración. De hecho, la democracia no es concebible sin la más amplia libertad de opinión y de expresión, por lo tanto la continuidad de una tiranía solo es posible a condición de ejercer un control policíaco permanente sobre la circulación de información y el debate de ideas en el seno de la sociedad. El régimen stronista movilizó grandes recursos financieros y humanos para mantener bajo férrea vigilancia todo y cualquier canal independiente de difusión de información. Apelando a disposiciones ambiguas de la Constitución y apoyado en las leyes liberticidas, el gobierno calumnió, censuró, hostigó, detuvo y expulsó del país a periodistas y propietarios de medios de comunicación.

Radios

La radiodifusión aparece en Paraguay a finales de la década de 1920 y tuvo, desde el principio, un gran impacto debido a la cultura de comunicación oral tan profundamente arraigada en nuestra sociedad. El 22 de octubre de 1941, el gobierno de Higinio Morínigo creó

el Departamento Nacional de Propaganda (Denapro), organismo encargado de la censura previa a las radios y de la revisión de las películas exhibidas en los cines. Años más tarde, a principios de la década de los 50, el gobierno instituyó la Cadena Oficial de Radiodifusión, por la cual todas las radios del país debían transmitir en simultáneo un noticiario elaborado por la Radio Nacional -fundada en 1942- dos veces al día, a las 12:30 y a las 19:30. Una circular de Antelco del 11 de diciembre de 1954 da una idea de la visión que tempranamente manifestó el stronismo en relación a las radios: “...todas las emisoras de la República (…) iniciarán sus transmisiones de la siguiente forma: 1. Ejecución de la Polca General Stroessner, de Samuel Aguayo. 2. Ejecución de la música patriótica “1ero de Marzo”, “Colorado”, “26 de febrero”, alternando diariamente una de ellas. 3. Seguidamente se difundirá el siguiente saludo: El Presidente Constitucional de la República, General de División Alfredo Stroessner, saluda al pueblo paraguayo y le desea un día próspero, de felicidad y trabajo. Con Stroessner, Dios, Patria, Trabajo y Bienestar” Otra limitación en el caso de las radios era la obligación de contar con un carné habilitante de locutor para

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

conducir un programa o leer las noticias. El documento era expedido por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco), institución fundada en 1948 y que a lo largo de la dictadura funcionó bajo la dirección de uno de los militares del círculo más íntimo del dictador, el coronel Francisco Feliciano “Manito” Duarte. La Antelco le retiraba o negaba el carné a los locutores que se salieran del libreto oficial o que simplemente no se autocensuraran. En los primeros años de la dictadura fueron clausuradas dos radios: Radio Stentor, en 1955, por no haberse sumado a la Cadena Oficial, y la Radio Mariscal López, en 1961. Pero el caso más emblemático fue sin dudas el de radio Ñandutí.

“...las humillaciones eran constantes, por ejemplo ir al aeropuerto (…) llego al aeropuerto con el embajador (de EEUU) y un policía muy pequeñito dice: ‘no le haga el pasaje señorita porque el señor Rubin no puede ir’ entonces el embajador americano se va y le dice: ‘mire, el señor tiene todos los documentos, absolutamente todos para ingresar a EEUU, es casi un ciudadano’ Entonces dice: ‘yo no dudo, puede entrar donde quiera, lo que no puede es salir del Paraguay’, y ni con el embajador no había forma...” Humberto Rubín, Asunción, 1987.

Ñandutí

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Esta emisora, como todos los medios de comunicación de la época, comenzó a operar con la complacencia del régimen. El general Alfredo Stroessner y otras altas autoridades de su gobierno asistieron a la inauguración, a comienzos de la década de 1960. Con el paso del tiempo, el distanciamiento entre el gobierno stronista y este medio se fue ensanchando hasta llegar al enfrentamiento hacia los primeros años de 1980. El 9 de julio de 1983, Humberto Rubín, propietario de Ñandutí, fue informado por la Antelco que su radio quedaba clausurada por 30 días. El 5 de noviembre de ese mismo año, Antelco le prohibía a Rubin hablar en su propia radio, alegando que carecía del carné habilitante. El hostigamiento fue creciendo, hasta que el 10 de agosto de 1985 el gobierno volvió a suspender las emisiones de Ñandutí por 10 días. El 3 de diciembre de ese año, Rubín era detenido “por orden superior”. En ese tiempo comienzan además las interferencias a la señal de la radio, realizadas por técnicos de Antelco para dificultar o impedir el trabajo normal de radiodifusora. En esos momentos de interferencia, una estridencia y ruidos de estática hacían imposible comprender la transmisión. Molestaba a la dictadura la difusión de noticias relacionadas al cierre del diario Abc Color y la transmisión de alocuciones de dirigentes “de partidos políticos no reconocidos legalmente”. El 29 de abril de 1986, un grupo de civiles colorados alcoholizados atacó a pedradas el local de la radio, en momentos en que se realizaba un acto público en el salón auditorio. La patota actuó a cara descubierta y con la complacencia y protección de la policía que observaba el ataque desde las cercanías. Las interferencias a la señal de Ñandutí se hicieron tan frecuentes e intensas que finalmente los dueños resolvieron suspender las actividades de la radio el 20 de enero de 1987 para volver a transmitir recién a la caída de la dictadura.

Local de Radio Ñandutí, atacado a pedradas en 1986 por una turba de colorados.

Otras emisoras

También la radio católica Cáritas sufrió la persecución del régimen. En agosto de 1985, Antelco prohíbe a esta emisora realizar entrevistas a miembros del Mopoco, llegados al país hacía poco tiempo. El 3 de mayo de 1986, el gobierno corta la transmisión de Cáritas para evitar el reporte de acciones violentas de civiles colorados en el Hospital de Clínicas. En junio de ese año, el periodista Celso Velázquez es detenido y golpeado por la Policía y en julio impide el ingreso al país del director de la emisora, el sacerdote español Javier Arancón. Las radios Itapirú y Vallemí también fueron clausuradas por el régimen. En el Informe de la CVJ se consignan detenciones, maltratos y persecuciones a varios periodistas entre los cuales figuran: Oscar Acosta, Nicolás y Miguel Angel Arguello, Alcibiades González Delvalle, José Luis Simón, Mina Feliciángeli, Benjamín Livieres, Pedro Ferrari, Luis Gorosito, Víctor Benítez, Guillermo Yaluff, Cristian Nielsen, Raquel Rojas, José Luis Detone, Héctor Guerin, Sebastián Rivas, Antonio Pecci, Juan Andrés Cardozo, Hernando Sevilla, Fernando Cazenave, Roberto Thompson, Isaac Kostianovsky, Alejandro Mella Latorre, Rolando Chaparro, Lelio Cáceres, Francisco de Paula Oliva, Francisco Talavera, Miguel Curiel, entre otros.

Los medios escritos

Foto: Archivo Depositario Museo de las Memorias

La palabra prisionera

Los trabajadores de prensa trabajando en la cobertura de una marcha. La dictadura no permitió el libre ejercicio del periodismo. Muchos medios de comunicación y periodistas fueron perseguidos.

No habían pasado aún seis meses de su salida a la calle cuando el gobierno de Alfredo Stroessner, en la persona del ministro del Interior Edgar L. Ynsfrán, dispuso la clausura del diario La Mañana, en mayo de 1961. El periódico había empezado a circular en diciembre anterior, dando espacio en sus páginas a posiciones críticas a las actuaciones de la dictadura. Ynsfrán, quien tenía lazos de parentesco con el propietario de la publicación Manuel Bernardes, hizo primero una advertencia, reclamándole que moderara sus cuestionamientos y se ajustara a los criterios del gobierno. La Mañana no varió su línea editorial y en poco tiempo fue cerrado y los bienes confiscados ilegalmente por la Policía. La Mañana fue el primer periódico clausurado por el stronismo.

Abc Color

En 1967 comenzó a circular el diario Abc Color, que revolucionó a la prensa del país al publicar su primera plana y varias páginas internas en colores. Aunque Abc Color sostuvo una línea más bien favorable al régimen en los primeros años, algunos de sus periodistas fueron sistemáticamente hostigados por

la dictadura, como el jefe de Redacción, Roberto Thompson, quien fue detenido por la Policía el 13 de noviembre de 1968. En junio 1972, el periodista del matutino, Francisco Talavera fue detenido en represalia por ciertos artículos publicados por el medio. Dos años más tarde, volvió a ser detenido, esta vez en condiciones de incomunicación, Roberto Thompson, debido a informaciones difundidas referentes al ex ministro Ynsfrán. El enfrentamiento entre Abc y la dictadura habría de cobrar intensidad en la década de 1980, según relata su propietario y director, Aldo Zuccolillo: “...nos cerraban las puertas, nos echaban de los ministerios, nos prohibían entrar en Obras Públicas porque estábamos investigando las rutas, o en Industria y Comercio porque estábamos investigando las coimas (…) cuando estaba demasiado caliente la cosa, entonces Montanaro ordenaba que pararan a nuestros móviles (de distribución) que llevaban a Encarnación, Ciudad del Este, para revisar. Paraban entonces 2,3,4, 5, 6, 12 horas. Igual se vendía todo...” En julio de 1983, Zuccolillo es detenido por 14 días, en tanto que en setiembre de ese año es detenido

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uno de sus periodistas, Alcibiades González Delvalle, quien nunca fue informado de las causas de su apresamiento que duró dos meses. El 16 de marzo de 1984, el director fue nuevamente detenido debido a que se negó a revelar la identidad de un periodista que había entrevistado al dirigente del Mopoco, Miguel Angel González Casabianca. Pocos días después, el 22 de marzo de 1984, el gobierno dispone la clausura de Abc Color y la prohibición de que en sus talleres se realice cualquier tipo de impresión. “...Sánchez Quell, Pochó, llama y dice: ‘mirá que se decidió que mañana se va a clausurar Abc’, entonces nosotros tuvimos tiempo de hacer un editorial sobre nuestra clausura, sacamos el diario y a las 11 de la mañana del día siguiente vienen cuatro de aquellas camionetas coloradas con 40 policías con metralletas, entran al edificio: ‘todo el mundo afuera...” Aldo Zuccolillo, Asunción, 1984. Abc solo volvió a circular años más tarde, después de la caída de la dictadura.

Ultima Hora

“...de un tiempo a esta parte los diarios Ultima Hora y La Tribuna, a más de realizar una crítica parcial e interesada contra disposiciones gubernativas y altos funcionarios del Estado, han venido creando en la opinión pública un clima de desmoralización y un estado de desconcierto a través de la propalación sensacionalista de noticias falsas y tendenciosas...”

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Así rezaba la justificación de la resolución del ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, que en junio de 1979 dispuso la clausura por 30 días de los periódicos referidos. Asimismo, se ordenaba el arresto de los propietarios Demetrio Rojas, de Ultima Hora, y Oscar Paciello, de La Tribuna, ambos colorados, por las razones expuestas. Las medidas fueron suavizadas en el caso de Rojas, quien era hijo de un militar muy cercano al dictador Stroessner. No era la primera vez que las fuerzas represivas del stronismo fijaban su atención en Ultima Hora. En un informe de Alberto Cantero dirigido a Pastor Coronel fechado el 10 de febrero de 1978 se hacía mención a artículos publicados por ese periódico en el que se denunciaban defectos en la infraestructura de la represa de Acaray. Poco después la Policía detuvo al periodista Luis Alem, quien dijo que había recibido instrucciones y datos del Secretario de Redacción para iniciar las publicaciones: “...manifestándole que la publicación se efectúe durante tres días, con la aprobación, anuencia y responsabilidad del director señor Demetrio Rojas. Además posee información de fuente que merece fe, que el director de ese diario no permite que sean publicadas fotografías relacionadas a actos partidarios y del gobierno, ni fotografías de autoridades gubernamentales, lo que da la pauta de identificarse como enemigo de nuestro gobierno...”.

El dictador conversa con Humberto Domínguez Dibb -quien sería director del diario Hoy- y con Aldo Zuccolillo, propietario del diario Abc Color. A finales de los años 70, la relación de Abc con el gobierno, al principio de respaldo, fue deteriorándose hasta llegar al enfrentamiento abierto. La dictadura clausuró el matutino en 1984 y dispuso el arresto temporal de su director.

La dictadura buscó el “silencio absoluto”

El anhelo totalitario

y Antonio Bonzi. Varios locales de impresión del PCP fueron allanados a lo largo de los años. Otros órganos partidarios ferozmente perseguidos fueron “El heraldo” (dirigido desde Argentina por el líder liberal José P. Guggiari), “El Enano”, “El Radical” (publicación impulsada por el Partido Liberal Radical), “El Pueblo” (vocero del Partido Febrerista). Los grupos colorados disidentes también tenían sus órganos difusión como “Patria Libre” (Mopoco), “Emancipación Paraguaya” (de la ANRER), otras más fueron “Firmeza”, “El desterrado”, “Faro”, “Tetagua Ara” y “Reivindicación”. A “El Radical” le cupo una función importante en algunas campañas por la libertad de presos políticos. “...a mí lo que salvó fue que “El Radical” pedía mi libertad. En todos los números decía: ‘libertad a Luis Alberto Wagner” Luis Alberto Wagner, Asunción, 1974. En 1977, el director de “El Radical”, el doctor Luis Martínez Yaryes, fue “El Pueblo” celebra la caída del dictador en febrero de 1989. El vocero del Partido detenido y procesado por violación Febrerista llegó a tener una gran circulación en los años 80. de la Ley 209. El periódico liberal había publicado una noticia acerca deun atropello Además de los medios empresariales, el régimen por parte de fuerzas militares a comunidades ejerció presiones sobre publicaciones partidarias campesinas en Guairá. La publicación señalaba que e independientes, algunas de las cuales circularon el comandante de la operación fue el general Otelo en la clandestinidad o fueron clausuradas. Entre las Carpinelli Yegros. Martínez Yaryes fue condenado a primeras, hay que señalar el periódico Adelante!, dos años y medio de prisión, pena que finalmente no vocero del Partido Comunista Paraguayo fundado se cumplió. en 1941. Su circulación fue clandestina durante la mayor parte del tiempo, salvo en la breve “primavera Medio independientes democrática” de 1946 y tras la caída de la dictadura El semanario Comunidad comenzó como un boletín stronista. Fueron directores de Adelante! en informativo de la parroquia del barrio Las Mercedes, diferentes épocas, Alfredo Alcorta, Miguel Angel de Asunción, bajo la dirección del sacerdote Aníbal Soler, Antonio Maidana, Carlos Luis Casabianca Maricevich a mediados de la década del 50. La falta

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de espacios para la libre expresión y la ausencia de canales de información alternativos fue convirtiendo a Comunidad en un vehículo de opinión cada vez más nutrido y de llegada masiva. Hacia 1957, con la dirección del sacerdote Secundino Núñez, Comunidad incorporó informaciones de las demás parroquias. Posteriormente, el sacerdote Gilberto Giménez se puso al frente de la publicación que, con motivo de la Convención Nacional Constituyente de 1967, incluyó artículos críticos a las propuestas del Partido Colorado. El 24 de mayo de 1967, el director de Comunidad fue citado por el Jefe de Policía para que “modere sus críticas”. Poco más de un año después, el gobierno resolvió cerrar definitivamente la publicación acusándola de “incitar a la subversión”. Unos años más tarde, la Conferencia Episcopal Paraguaya comenzó la publicación de Sendero, hasta mediados de los años 80.

La revista Criterio

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Nicolás Morínigo. Una de las banderas levantadas por la revista fue la revisión crítica del Tratado de Itaipú, una causa en la cual coincidió con otros periódicos de la época. El 19 de julio de 1977 fueron detenidos Juan Félix Bogado Gondra, Jorge Canese, José Nicolás Morínigo, Antonio Pecci, Adolfo Ferreiro, Eduardo Arce, Francisco Rodríguez Campuzano, José Carlos Rodríguez, Juan Manuel Marcos, Domingo Rivarola y Emilio Pérez Chávez, entre otros colaboradores.

La revista Nuestro Tiempo

Bajo la dirección del monseñor Mario Melanio Medina, aparece en julio de 1985 la revista Nuestro Tiempo. Muy poco tiempo toleró el régimen la circulación de esta publicación. El 16 de julio fue allanada la imprenta “El Gráfico” en cuyos talleres se editaba la revista. La intención de la Policía era incautar los números sobrantes de la primera edición, así como las chapas y originales a fin de evitar una reimpresión.

Dos etapas tuvo esta revista mensual. La primera, entre 1965 y 1969, se había centrado en temáticas culturales y críticas artísticas, en tanto que en la segunda fase, la publicación estuvo más ligada al Movimiento Independiente, aportando análisis sociológicos y económicos, bajo la dirección de José

El comisario a cargo del operativo advirtió a los dueños de la imprenta acerca de las consecuencias que tendría ceder sus instalaciones y maquinarias para una nueva edición de Nuestro Tiempo. La revista siguió siendo publicada porque se imprimía en Foz de Iguazú para burlar los controles de la dictadura sobre las empresas gráficas.

El sociólogo José NIcolás Morínigo fue director de la revista “Criterio”, cuyos integrantes fueron apresados en 1977.

El monseñor Mario Melanio Medina dirigió la revista “Nuestro Tiempo” a mediados de los años 80.

Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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Violación de correspondencia y “fonopinchazos”

Ni una grieta para la libertad El control a la sociedad se expresaba no solamente a través de la represión en calles y espacios públicos, sino que llegaba hasta los ámbitos más íntimos de los ciudadanos, como la correspondencia y las conversaciones telefónicas.

Dos aspectos más merecen analizarse en torno a la violación al derecho a la información y la difusión del pensamiento. En primer lugar, la violación de la correspondencia postal, uno de los canales de la época para recibir y enviar información acerca de la realidad del Paraguay. Un equipo de militares del II Departamento del Estado Mayor de las FFAA tenían a su cargo revisar la correspondencia recibida en la Dirección del Correo Central. El segundo elemento es la violación de las comunicaciones telefónicas. La dictadura ejerció un control estricto y eficaz sobre las comunicaciones telefónicas de los referentes políticos opositores, sus familiares y amigos, y también sobre altos mandos militares. Por causa de estos controles, durante muchos años el Paraguay careció del servicio de Discado Directo Internacional, a fin de que todas las comunicaciones con el extranjero se efectuasen a través de operadoras. En 1971, el dictador autorizó la compra de equipos y artefactos modernos de Alemania entre los que se contaban: “...equipos de observación de abonados, compuesto por barras de relés, cinco grabadores y cincuenta cintas de larga duración para grabar”. Estos equipos que servían para “pinchar” las llamadas funcionaban en una repartición de Antelco, denominada Inspección General, a cargo del militar retirado Luis Gauto, quien solo se reportaba al dictador Stroessner en persona

y a su hijo, coronel Gustavo Stroessner Mora, y que a lo largo de más de 15 años contó con recursos ilimitados y amplias prerrogativas.

Grafitis

El régimen stronista no toleraba siquiera por unas horas la presencia de grafitis y pintadas de denuncia o con cuestionamientos en las paredes de la ciudad. Para eliminarlos antes de que la gente pudiera leerlos, la Policía ponía en marcha a su Departamento de Talleres, que con su equipo de pintores, tenía la misión de recorrer las calles de la ciudad borrando cualquier escrito que pudiera interpretarse como crítico hacia el gobierno. Un curioso documento en este sentido es el “informe confidencial número 209”, descubierto en el llamado Archivo del Terror de la dictadura stronista, que con puntillosidad enumera las leyendas silenciadas a fuerza de brochas y pintura: “...escritos por las distintas paredes y murallas de la ciudad, borrados por personal del Departamento de Talleres durante los días de la Semana Santa: ‘Denunciamos el asesinato del campesino Irene Godoy en la Guardia de Seguridad. FEDRE’, en San José y José Berges. ‘Fraude electoral Mopoco’, en Rosa Peña y José Berges. ‘Cese de tortura del estudiante Galeano’, en Mariscal López y Constitución. ‘Alón, alón, alón’, en Yegros y Herrera. ‘Abajo Stroessner. Alón’, en Alberdi y Estrella. ‘Muera Duarte Vera. F.U.P.’, en Juan E. O`leary y Oliva. ‘La comunidad no vive tranquila’, en Brasil y Teniente Fariña”.

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Secuela social del stronismo en zonas rurales

Un abismo de desigualdad Una de las consecuencias estructurales y sociales del stronismo de más largo efecto -todavía hoy la realidad paraguaya está marcada por ella- es la enorme desigualdad en la tenencia de tierras en el ámbito rural. Al tiempo que se ensañaba con el campesinado pobre sitiando sus comunidades y destruyendo sus organizaciones, la dictadura entregó millones de hectáreas de tierras a altos jefes militares, empresarios ligados al poder, autoridades civiles, caudillos partidarios y hasta a exdictadores extranjeros. Mientras la represión perseguía y torturaba a los dirigentes campesinos, los organismos e instituciones ligados a las políticas de desarrollo rural protagonizaron, por orden del dictador y de su círculo de poder, uno de los actos de corrupción e injusticia más atroces y perdurables. Con la repartija ilegal e impune de tierras que se suponía debían estar destinadas a familias de agricultores, el stronismo condenó a la pobreza a millones de paraguayos, implantando además un gravísimo problema social que aún hoy se halla sin solución. Es incuantificable el daño cometido por la dictadura al patrimonio de la nación paraguaya al conceder enormes extensiones de tierra a quienes no eran campesinos ni productores, ni se encontraban entre los beneficiarios de la reforma agraria establecidos por ley; a quienes en la mayoría de los casos no pagaron los lotes y cuyo único mérito eran sus vínculos y su lealtad con una tiranía sanguinaria. Estos “beneficiarios” han sido debidamente identificados en virtud de una exhaustiva investigación y procesamiento de información y datos oficiales.

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La Comisión de Verdad y Justicia estudió las adjudicaciones de tierras rurales y los títulos de propiedad otorgados por los organismos estatales responsables de la reforma agraria entre 1954 y 1989, y entre 1989 y el 2003. Para este análisis, el equipo de investigación de la CVJ recurrió a fuentes documentales primarias y secundarias. El resultado fue el hallazgo de graves irregularidades en una enorme proporción de estas transferencias y operaciones, situación que invalida las adjudicaciones y que obliga a la CVJ a sugerir al Estado que promueva las acciones legales necesarias para la reparación de los daños y perjuicios causados. Para ello,

La repartija de tierras entre los poderosos y la postergación de los campesinos generaron un agudo problema social que aún hoy está lejos de resolverse. El movimiento campesino asumió un rol activo en reclamo de sus derechos, especialmente desde el fin de la dictadura.

la nómina de adjudicaciones irregulares fue elevada a los poderes del Estado para que a través de la Fiscalía general y de la Procuraduría se inicien los trámites para la recuperación de las tierras. La CVJ agrupó las adjudicaciones que contienen transgresiones a las leyes en función de seis criterios. 1. Adjudicaciones a personas no beneficiarias del Estatuto Agrario. 2. Adjudicaciones de más de un lote geográficamente dispersos a una misma persona. 3. Adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes agrícolas en la Región Oriental (más de 100 hectáreas). 4. Adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes ganaderos en la Región Oriental (más de 1.500 hectáreas) sin expresa autorización del Poder Ejecutivo. 5. Adjudicaciones mayores a las legales para uso ganadero en el Chaco (mayores a 8.000 hectáreas). 6. Adjudicaciones mayores a lo que dispone la ley para lotes agrícolas en la Región Oriental, realizadas entre 1954 y 1963, regidas por el Decreto Nº 120 de 1940.

Más de 200 mil adjudicaciones La CVJ estudió un total de ...

200.705 adjudicaciones comprendidas entre los años 1954 y 2003 ... con sus documentaciones obrantes en el actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), organismo sucesor de los anteriores Instituto de Reforma Agraria (IRA) y del Instituto de Bienestar Rural (IBR), de los cuales posee sus archivos. Estas adjudicaciones totalizan ...

12.229.594 hectáreas de tierra... de las cuales

3.497.781 corresponden a la Región Oriental y

8.731.813 hectáreas pertenecen a la Región Occidental o Chaco

...

Del total de adjudicaciones...

4.241 lotes correspondientes a... 3.336 adjudicatarios con un total de...

7.851.295

hectáreas que han sido otorgadas mediante graves irregularidades a la legislación agraria (Las leyes transgredidas son Decreto-ley Nº 120 de 1940 que crea el Estatuto Agrario; la Ley 854/63 que crea el Estatuto Agrario y reemplaza a la anterior; y la Ley Nº 1.863 vigente en la actualidad desde 2002 y que también se denomina Estatuto Agrario)

Estas tierras mal habidas por los beneficiarios irregulares constituyen el...

64,1% del total de adjudicaciones realizadas entre 1954 y 2003 1.507.535 hectáreas corresponden a la Región Oriental, en tanto que... 6.298.834 hectáreas pertenecen a la Región Occidental o Chaco

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Emprobrecimiento y exclusión de los campesinos

La traición a la Reforma

La posesión de la tierra se vincula en el caso de las comunidades indígenas y campesinas con el derecho humano a la alimentación y a la vivienda. En atención a esto, la concesión de tierras destinadas a campesinos pobres a presidentes de la República, ministros, altos funcionarios del gobierno, parlamentarios, caudillos partidarios, militares y policías en actividad y empresarios ligados al poder constituye una gravísima violación de derechos humanos elementales de cientos de miles de personas. Se trata además de la producción de un daño incuantificable a la dignidad y al patrimonio de la nación paraguaya.

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El Informe Final de la CVJ consigna las conclusiones del exhaustivo análisis de la política agraria desde 1954 hasta el 2003 e incluye además el listado de las personas adjudicadas con tierras en forma ilegal. Por razones de espacio, resulta imposible transcribir en la presente colección la nómina completa, pero, de manera similar al Informe de la CVJ, se agregarán algunos de los casos más característicos y representativos de la entrega irregular de tierras. Algunos de ellos se encuentran en manos de la Procuraduría General de la República, como el caso de los generales Roberto Knopfelmacher, Otello Carpinelli Yegros y Galo Leongino Escobar, el empresario y ex senador colorado Blas N. Riquelme y el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle. Asimismo, hay que destacar la gran cantidad de lotes transferidos en forma irregular al Partido Colorado, utilizados como

locales de seccionales u otro tipo de instalaciones partidarias. Los desalojos forzosos de familias campesinas de sus asentamientos y de comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, con el fin de ceder estas tierras a terceros que están claramente excluidos de los parámetros de beneficiarios, son violaciones al derecho a la alimentación y a los derechos indígenas consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La situación es aún más grave si se considera que la violación de derechos humanos a que se alude y el flagrante robo a la nación paraguaya siguen en curso hoy en día, ya que el Estado ha hecho poco y nada por recuperar las tierras ilegalmente adjudicadas. En la medida en que el Estado no emprende acciones políticas y judiciales para reparar el daño, sencillamente colabora a perpetuar y profundizar el despojo al país y la injusticia a una parte importante, y vulnerable, de la población. Foto gentileza Decidamos

El propósito invariable de la Reforma Agraria desde que en nuestro país comenzó a legislarse en torno a la problemática rural ha sido la superación por parte del campesino de la extrema pobreza y su incorporación al desarrollo económico y social de la nación, en un marco de dignidad y libertad, garantizadas por la tenencia legal de la tierra. Este fue el principio rector de los Estatutos Agrarios de 1940, 1963 y 2002, así como de los capítulos sobre el tema contenidos en las Constituciones de 1967 y 1992. El objetivo de estas normativas podría resumirse en la transformación de la estructura agraria del país mediante la sustitución progresiva, por la vía de soluciones legales que no perjudiquen a terceros, del esquema binario latifundio/minifundio por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra.

Incluso después de la caída de la dictadura, el movimiento campesino ha sido víctima de represiones y persecución.

Revelar los entretelones de la repartija de tierras

Fuentes de investigación

El Indert

El 22 de febrero del 2007, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) autorizó el acceso de la CVJ a los documentos referentes a adjudicaciones y títulos de propiedad. Para ello, fue precisa la apertura de los archivos de los siguientes departamentos: Registro Agrario y todas sus dependencias; Catastro de la Región Oriental y Occidental; Cobranzas y Cuentas Corrientes y todas sus dependencias; la Secretaría general, la Asesoría Jurídica y los archivos del Instituto de la Reforma Agraria (IRA) y del Instituto de Bienestar Rural (IBR), organismos a los cuales reemplazó el Indert.

Congreso Nacional

El Presidente del Congreso Nacional prestó su acuerdo para la apertura de los archivos de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural acerca de denuncias, investigaciones parlamentarias y proyectos de ley que tengan que ver con la adjudicación ilegal de tierras.

Poder Judicial

El equipo de investigación de la CVJ ha logrado examinar los expedientes y documentaciones incluidos en juicios finiquitados o en trámite relativos a la adjudicación ilegal de tierras que estaban destinadas a la reforma agraria. Entre las fuentes secundarias consultadas hay que mencionar una enorme variedad de trabajos, investigaciones, libros, artículos especializados, informes y análisis estadísticos en relación al tema de la economía rural y del régimen de la tenencia de la tierra, un asunto que concitó y concita el máximo interés en el país.

Foto gentileza Decidamos

Considerando las evidentes implicaciones legales de las conclusiones referentes a las adjudicaciones de tierras entre 1954 y el 2003, corresponde una exposición pormenorizada de las fuentes -documentales primarias y secundarias- a las que se remitió la CVJ durante la investigación. La multiplicidad de fuentes, su carácter oficial y su confiabilidad, así como los años invertidos en el acopio y cruzamiento de información son muestras del rigor de los resultados obtenidos por la CVJ. La intención era dotar al Estado paraguayo de herramientas válidas para emprender la recuperación del daño causado por la gestión fraudulenta en materia de distribución de tierras, no solamente en la dictadura de Alfredo Stroessner, sino también en gobiernos posteriores que se declaraban “democráticos”.

Dirección General de Registros Públicos

La CVJ solicitó y consiguió la autorización para cruzar los datos del Indert con los de la sección de Registros de Inmuebles de esta oficina estatal a fin de realizar una comprobación de los datos de los propietarios, superficie y número de las fincas y los años de las transacciones.

Procuraduría General de la República

Un convenio de cooperación entre esta institución y la CVJ permitió el acceso de ésta a las denuncias, demandas y documentos relacionados a inmuebles adjudicados por el IBR.

181 Miles de campesinos sin tierra se debaten en la pobreza como consecuencia de las políticas agrarias deficientes y la corrupción de las autoridades.

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Marco legal de la Reforma Agraria

Foto gentileza Decidamos

Leyes agrarias, letra muerta

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El marco legal en el que se han desarrollado las políticas agrarias y de la propiedad rural en nuestro país se configuró en torno a los siguientes instrumentos: los Estatutos Agrarios de 1940, 1963 y 2002, cada uno de los cuales tuvo su propia institución de aplicación: el Instituto de la Reforma Agraria (IRA) en el primer caso; el Instituto de Bienestar Rural (IBR) creado en 1963 y en último lugar la entidad que actualmente se encuentra en funcionamiento, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Asimismo, las Constituciones nacionales de 1967 y 1992, y los distintos tratados internacionales firmados por el Estado paraguayo conforman la base jurídica en función de la cual hay que entender y juzgar los actos de las autoridades en relación a adjudicación de tierras. Para determinar la irregularidad o no de las transferencias de lotes, es necesario precisar con exactitud el tiempo en que fue realizada la operación, a fin de saber cuál era la legislación vigente.

1940

El Estatuto Agrario de 1940 fue elaborado bajo la presidencia de José Félix Estigarribia. Entre sus objetivos declaraba que se proveerá “...medios adecuados para arraigar cada hogar campesino sobre un pedazo de suelo propio, a cubierto de mudanzas de orden económico que puedan peligrar su estabilidad (…) tiende también a la desamortización de los latifundios...” Podían ser beneficiarios: - Todo paraguayo varón de 18 años - Toda mujer paraguaya, soltera o viuda que deba satisfacer por sí misma las necesidades de su subsistencia y de su familia. - Todo extranjero varón que se dedique habitualmente a la explotación de la tierra - Los núcleos de población agraria de más de 20 individuos - Los pueblos o villas con menos de 5.000 habitantes - Las cooperativas de agricultores

Aunque se establecían medidas para evitar los fraudes o la apropiación indebida, no existían indicaciones específicas acerca de limitaciones para la venta o la enajenación de las tierras otorgadas. Estas disposiciones aparecerían en el Estatuto de 1963 y se mantendrían en el del 2002.

1963

Sancionado bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner tuvo vigencia hasta el año 2002. Entre sus objetivos se señala que “...el bienestar rural consistirá (…) en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación, mediante un sistema justo de distribución de tierra...” Esta legislación introducía algunas modificaciones en lo concerniente a los beneficiarios, categoría a la que podían aspirar - Los varones y mujeres mayores de edad, paraguayos o extranjeros, que se dediquen habitualmente a las labores agropecuarias o que declaren formalmente su intención de hacerlo. - Las cooperativas rurales - Los agrónomos y veterinarios titulados - Los que hubieran cumplido el Servicio Militar Obligatorio con adiestramiento agropecuario Asimismo, establecía un orden de preferencia, según el cual debían ser considerados con prioridad las personas con - Méritos en sus actividades agropecuarias - La calidad de excombatiente de la Guerra del Chaco o de expatriado - La cantidad de miembros de la familia a su cargo El estatuto exigía del beneficiario - Buena conducta comprobada - Tener menos de 65 años - No ser propietario - En el caso de quienes quisieran dedicarse a la ganadería, poseer marca de ganado inscripta en la oficina correspondiente Este Estatuto abría la posibilidad de la venta por parte del IBR de tierras a personas que no estuvieran

contempladas en los parámetros de beneficiarios. Para ello había que cumplir, sin embargo, algunas condiciones además de una autorización expresa del Poder Ejecutivo por la vía de un decreto. La extensión de los lotes oscilaba entre las 20 hectáreas, para uso agrícola en la Región Oriental, y las 8.000 hectáreas, para explotación ganadera en el Chaco. La legislación declaraba que los lotes eran inembargables e inajenables, y asimismo prohibía su arrendamiento o cesión en aparcería hasta 10 años después de cancelada la deuda del beneficiario.

2002

Sancionado este Estatuto Agrario en los últimos meses del gobierno de Luis Ángel González Macchi, la novedad más importante incorporada es la preocupación por el medio ambiente en la política agraria. Dice en su artículo 2º “...promoverá la adecuación de la estructura agraria, conducente al arraigo, al fortalecimiento y a la incorporación armónica de la agricultura familiar campesina al Desarrollo Nacional (…) a través de una estrategia que integre productividad, sostenibilidad ambiental, participación y equidad distributiva...”. Establece que los beneficiarios no deben haber sido adjudicados por el IBR anteriormente y, en el caso de los lotes ganaderos, la garantía de que se realizarán inversiones para la ocupación efectiva y el desarrollo ambientalmente sostenible del inmueble. Contiene asimismo limitaciones para la venta, el arrendamiento o cualquier operación similar. Foto gentileza Decidamos

Se establecían superficies mínimas de 20 hectáreas, para uso agrícola en la Región Oriental, aunque eventualmente esta cantidad podía llegar a un máximo de 200 hectáreas. En el caso de los lotes ganaderos, la extensión máxima era de 1.000 hectáreas, en la Región Occidental. En este caso, las tierras eran cedidas en arrendamiento por el Estado, que mantenía el dominio sobre ellas.

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FASCÍCULO 12

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Se adjudicaron millones de hectáreas ilegalmente

Tierra a militares y empresarios

El empresario Blas N. Riquelme saluda al dictador durante un acto público. Riquelme es una de las muchas personas que se beneficiaron de las tierras de la reforma agraria en forma irregular.

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La ilegalidad más grave cometida en materia de distribución de tierras destinadas a la reforma agraria tiene que ver, sin dudas, con la concesión de los lotes a personas que no se encontraban ni remotamente entre los beneficiarios, determinados con claridad por las leyes. Las adjudicaciones a presidentes de la República, parlamentarios, militares y policías en actividad, caudillos partidarios y empresarios fueron hechas en flagrante violación de varias disposiciones de las Leyes 854/63 y 1863/02, además de otras normativas en vigencia en el momento en que se producen los otorgamientos, como los Estatutos de los oficiales de las FF.AA. de la Nación de 1943 o del Estatuto del Personal Militar de 1980. Estos dos últimos instrumentos excluyen indiscutiblemente a los militares en actividad de los posibles beneficiarios de la reforma agraria y declaran que los oficiales solo pueden dedicarse a sus tareas profesionales. Descripción de algunos casos El general Roberto Knopfelmacher se encontraba en actividad al momento de ser adjudicado por

el IBR con 9 lotes, 8 en la Región Oriental (en la zona de Yby Yaú, Concepción) y uno en el Chaco (zona de Eugenio A. Garay), que totalizan una superficie de 8.244 hectáreas. La finca ubicada en la Región Occidental fue objeto de varias compras y operaciones comerciales que carecen por completo de validez, pues están originadas en un acto nulo, claramente prohibido por la ley. La propiedad fue inscripta en el Registro Público en marzo de 1983. Poco más de tres años más tarde, el general Knopfelmacher transfiere la propiedad del inmueble a Blas Prieto Ríos, por la suma de 9.701.181 guaraníes. El 30 de diciembre de 1993, Blas Prieto Ríos transfiere la finca a Horst Thielman por 45.000.000 de guaraníes. Posteriormente, en noviembre de 2001, las tierras pasan a manos de María Espínola por la suma de 200.000 dólares americanos. Finalmente, en diciembre del 2005, Paraguay Cattle Breending Company Inc. adquiere la finca por 700.000 dólares americanos. Al igual que Knopfelmacher, el general Otello

Carpinelli Yegros recibió tierras del IBR cuando se hallaba en el cuadro activo de las FF.AA., y por lo tanto, impedido absolutamente de ser beneficiario de la reforma agraria. En el caso de uno de los lotes adjudicados, Carpinelli ni siquiera abonó la totalidad del precio, quedando un saldo por una finca de 6.808 hectáreas, ubicada en el Chaco. En 1974, el IBR otorgó a Carpinelli Yegros la propiedad de 1.000 hectáreas ubicada en el distrito de Hernandarias, en Alto Paraná. Casi 20 años más tarde, en 1992, Carpinelli Yegros transfiere el inmueble a favor del ciudadano brasileño Osvaldo Viel, quien el 12 de octubre de 1993 revierte la operación volviendo el título de la finca a nombre del militar. En enero de 1997, la finca es objeto de dos operaciones consecutivas, en la primera el general Carpinelli transfiere los derechos de propiedad al ingeniero Pedro Carpinelli Dávalos. Pocos días más tarde, este hace lo propio a la empresa Agro Ganadera San Pedro SA. En el 2002, Osvaldo Antoniolli recibe la propiedad de manos de la citada empresa. El empresario y ex senador colorado Blas N. Riquelme se apropió en forma fraudulenta de tierras destinadas a la reforma agraria, valiéndose de interpósitas personas, en momentos en que ya era propietario de inmuebles rurales. Los miembros del directorio de la empresa campos Morombí S.A.C.A., Carlos Santacruz y Rodolfo Scolari, fueron adjudicados con fincas de 1.155 hectáreas

y 1.175 hectáreas respectivamente en la zona de Curuguaty. Cinco meses más tarde, en mayo de 1975, ambas personas transfirieron los derechos de propiedad al accionista principal de la firma, Blas N. Riquelme. Este empresario era ya propietario de vastas extensiones de tierra luego de la compra por parte de Morombí S.A.C.A. de 50.000 hectáreas de La Industrial Paraguaya en Hernandarias, en 1970. Existía pues un impedimento legal clarísimo para que Rodolfo Scolari, Carlos Santacruz y Blas N. Riquelme accedieran a tierras administradas y distribuidas por el IBR para los fines de la reforma agraria. De esta forma, los títulos de propiedad y las adjudicaciones son nulas de nulidad insanable y las tierras en cuestión deben volver a manos del Estado, su legítimo dueño. Apenas tres meses después de ser desalojado del poder en su país, y luego de obtener refugio en el Paraguay, el exdictador nicaraguense Anastasio Somoza recibió 8.000 hectáreas de tierras fiscales en la colonia Eugenio A. Garay, en el Chaco. Somoza, un tirano sanguinario en Nicaragua, no se hallaba dentro de los beneficiarios posibles de la reforma agraria que entre sus requisitos exigía buena conducta (pesaba en ese momento sobre él una orden de captura internacional por robo al Estado y graves violaciones a los derechos humanos), y tampoco se dedicaba “directa, habitual y preferentemente a las actividades agropecuarias”.

Listado de personas no beneficiarias que recibieron tierras

NOMBRE HECTÁREAS AÑO FINCA DISTRITO DEPARTAMENTO Alfredo Stroessner Alfredo Stroessner Andrés Rodríguez Andrés Rodríguez Andrés Rodríguez Nélida Reig de Rodríguez Nélida Reig de Rodríguez Blas N. Riquelme Blas N. Riquelme Blas N. Riquelme Humberto Dominguez Dibb Humberto Domínguez Dibb Humberto Domínguez Dibb Julio Domínguez Conrado Papalardo Ramón Papalardo José Papalardo Luis María Zubizarreta Alberto Planás José Alberto Planás Lucio Vergara Lucio Vergara Lucio Vergara Lucio Vergara Lucio Vergara Lucio Vergara Verónica de Vargas

30 1.275 41 1.228 6.426 352 8 1.175 1.155 1.748 1.000 1.499 5.491 5.491 4.000 4.000 1.260 1.070 2.691 5.000 0 29 18 11 4 5 5.063

1961 1976 1980 1975 1963 1967 1978 1974 1974 2003 1976 1976 1966 1966 1988 1988 1964 1974 1965 1985 1982 1985 1992 1992 1998 1994 1999

185 8.717 1.380 1.009 2.536 804 11.208 258 259 9 4.278 4.279 0 0 13.692 9.468 2.318 482 0 11.337 3.393 4.368 6.541 6.572 7.857 7.267 L.Nº 165

Hernandarias Félix de Azara Hernandarias Itaipyte Tobatí/Jhu Yvaty Ñacunday Villa Hayes Fiscal Hernandarias-Fiscal Hernandarias-Félix de Azara Curuguaty Curuguaty Curuguaty Ñacunday Ñacunday Villa Hayes-Fiscal Pte. Hayes-Villa Hayes Fiscal Lagerenza, fiscal Lagerenza, fiscal Concepción, fiscal Hernandarias, fiscal Pte Hayes-Villa Hayes, fiscal Pedro P. Peña, fiscal Capitán Meza-Itapúa poty Capitán Meza-Itapúa Poty Capitán Meza-Itapúa Poty Capitán Meza-Ítapúa Poty Capitán Meza-Itapúa Poty Capitán Meza.Itapúa Poty San Miguel Arcángel Bahía Negra

Alto Paraná Alto Paraná Cordillera Alto Paraná Presidente Hayes Alto Paraná Alto Paraná Canindeyú Canindeyú Canindeyú Alto Paraná Alto Paraná Presidente Hayes Presidente Hayes Chaco Chaco Concepción Alto Paraná Presidente Hayes Boquerón Itapúa Itapúa Itapúa Itapúa Itapúa Itapúa Alto Paraguay

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FASCÍCULO 12

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Listado parcial de personas no beneficiarias que recibieron tierras Sigue a continuación un listado parcial de personas e instituciones que se beneficiaron irregularmente de las tierras que estaban destinadas a la Reforma Agraria. Por razones de espacio, se realizó una selección de nombres en función de cargos que ocupaban en el gobierno de la dictadura o por las dimensiones de las APELLIDO

186

NOMBRE

tierras otorgadas. Por las mismas causas, se omiten las especificaciones sobre número de finca y título de propiedad, datos que están disponibles para los interesados en el tomo IV del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia.

HECTÁREAS DEPARTAMENTO

DISTRITO AÑO

Argaña Guanes Luis Salvador 4.184 Chaco Mayor Lagerenza Argaña Luis María 3.500 Canindeyú Curuguaty, fiscal Argaña Luis María 2013 Canindeyú Curuguaty, fiscal Argaña Luis María 1.400 Canindeyú, fiscal Argaña Luis María 250 San Pedro Choré Armele Felipe Oscar 8.000 Chaco Lagerenza Bachetta Chiriani Enrique F. 4.086 Alto Paraguay Fuerte Olimpo Barchelo Ernesto 4.000 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Barrientos César 2.500 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Barrientos César 2.500 Nueva Asunción Nueva Asunción, fiscal Barrientos César 2.500 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Barrientos César 2.500 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Barriocanal Jiménez Francisco 7.690 Alto Paraguay Bahía Negra Baruja Carlos Adán 8.000 Chaco Lagerenza Berganza Luis H. 7.000 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Bergen Lucía de 1.000 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Bergen Ernst 1.000 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Bernal Giménez Eumelio 8.000 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Bittar Navarro Tomás Enrique 6.960 Alto Paraguay Fuerte Olimpo Burró María Luisa 6.000 Boquerón Pedrp P. Peña Burró Díaz Manuel 4.022 Boquerón Pedro P. Peña Burró Mujica Angel José 2.500 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Burró Mujica Pascual 2.500 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Nurró Sarubbi Ramón Nicolás 6.000 Boquerón Pedro P. Peña Cabello Dionisio 4.136 Chaco Lagerenza Cáceres Almada 15.960 Pte. Hayes General Bruguez- Tte. Esteban Martínez Cáceres Spelt Aurelio 4.000 Chaco Lagerenza Calonga Amelio 8.000 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Campos Alum Antonio 8.000 Boquerón Pedro P. Peña, fiscal Cantero Saldívar Armando 8.000 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Policía de la Capital 4.000 Chaco Lagerenza Carpinelli Yegros Otelo 1.000 Alto Paraná Hernandarias, fiscal Castagnino Darío 5.000 Boquerón Pedro P. Peña Castagnino Serrati Pedro 4.000 Nueva Asunción Eugenio A. Garay Centurión Acha Humberto 7.000 Alto Paraguay Bahía Negra Centurión Acha Fabián 7.000 Alto Paraguay Bahía Negra Clebsch Guillermo 1.490 Alto Paraná Hernandarias, fiscal Cobuchi Takare 8.000 Boquerón Pedro P. Peña Colmán Natalicio 16.000 Alto Paraguay Fuerte Olimpo Colmán Guillermina 8.000 Alto Paraguay Fuerte Olimpo Conferencia Episcopal 6.000 Boquerón Pedro P. Peña Constantini Fernando 6.000 Boquerón Pedro P. Peña Coronel Pastor 1.491 San Pedro Lima, fiscal Cubas Gusinky Anibal 3.994 Chaco Lagerenza, fiscal Cubas Gusinky Emilio 3.994 Chaco Lagerenza, fiscal Delgado Von Leppel 4.660 Chaco Lagerenza, fiscal Delgado Von Leppel 5.003 Pte. Hayes Villa Hayes, fiscal

1980 1972 1973 1973 1987 1984 1993 1981 1987 1980 1980 1987 1996 1988 1983 1997 1997 1988 1981 1981 1980 1980 1980 1980 1967 1981 1984 1983 1989 1974 1984 1988 1996 1996 1975 1983 1984 1984 1982 1979 1975 1998 1998 1973 1973

APELLIDO

NOMBRE

Delgado Von Leppel Delgado Von Leppel Rubén Delgado Von Leppel Díaz Benza María Díaz Benza Ramón Díaz de Vivar Emilio Díaz de Vivar Víctor Díaz Degoya Jorge Díaz Egusquiza Manuel Dos Santos Ernesto Manuel Dos Santos Jacelin Dos Santos Bedoya Ernesto Dos Santos Bedoya Blas Duarte Alder Enrique Duarte Alder Enrique Duarte Alder Enrique Duarte Francisco Feliciano Duarte Francisco Feliciano Duarte Francisco Feliciano Duarte Francisco Feliciano Duarte Francisco Feliciano Duarte Luraghi Carlos Duarte Riveros Martín Enciso Desiderio Escobar Galo Escobar Faella Luis Esteche Fanego Tomás Esteche Fanego Juan Pablo Fanego C. Anibal Fanego C. Guillermo Fanego Julio César Farrés Olegario Fernández Isidro Fernández Sanabria Domingo Ferrario Peña Silvio Filizzola Francisco Florentín Antonio Florentín Antonio Franco Benítez Martín Fretes Dávalos Carlos Jorge Fretes Dávalos Alejandro Fretes Dávalos Alejandro Fretes Dávalos Alejandro Fretes Dávalos Alejandro Fretes Dávalos Alejandro Fretes Dávalos Alejandro Fretes Dávalos Alejandro Frutos Julio César Frutos Julio César Galaverna Ramón Garcete Humberto Garcete Humberto García de Zúñiga Enrique Garcia de Zúñiga Enrique Gómez R. Noemí González Ricardo González Rufina González Ausberto González Ravetti Luis González Riobo Roberto Goossen Ekkert Willy

HECTÁREAS DEPARTAMENTO 4.660 5.003 5.003 2.950 11.816 7.776 10.400 8.000 4.000 8.000 4.000 4.318 4.603 8.000 206 304 1.140 114 4 16.000 123 8.000 8.000 4.000 8.000 4.008 2.201 21 7.500 7.500 8.000 4.000 5.000 8.000 8.000 4.000 4.000 12.000 8.000 6.000 60 728 1.022 442 312 12.000 78 1.000 350 4.000 500 1.024 999 199 6.000 4.000 6.000 5.000 4.056 4.000 4.000

Chaco Pte. Hayes Pte. Hayes Boquerón Boquerón Itapúa Boquerón Chaco Chaco Boquerón Chaco Alto Paraguay Alto Paraguay Chaco Itapúa Alto Paraná Cordillera San Pedro San Pedro Pte. Hayes Itapúa Chaco Alto Paraguay Chaco Boquerón Chaco Pte. Hayes Paraguarí Nueva Asunción Nueva Asunción Nueva Asunción Chaco Chaco Boquerón Alto Paraguay Chaco Chaco Pte. Hayes Boquerón Pte. Hayes Alto Paraná Amambay Alto Paraná Amambay Alto Paraná Pte. Hayes Cordillera Alto Paraná Alto Paraná Chaco Alto Paraná Caazapá Amambay Canindeyú Nueva Asunción Nueva Asunción Alto Paraguay Nueva Asunción Chaco Chaco Chaco

DISTRITO AÑO Legerenza, fiscal Pte. Hayes Villa Hayes, fiscal Pedro P. Peña Pedro P. Peña General Delgado Pedro P. Peña Lagerenza Lagerenza Pedro P. Peña Lagerenza Bahía Negra Bahía Negra Lagerenza Coronel Bogado, fiscal Hernandarias, Itaipú Tobatí Villa del Rosario Villa del Rosario Chaco-í, fiscal Cnel. Bogado, fiscal Lagerenza Bahía Negra Lagerenza Pedro P. Peña Lagerenza General Bruguez Ybycuí Eugenio A. Garay Eugenio A. Garay Eugenio a. Garay, Tte Picco Lagerenza Lagerenza Pedro P. Peña Fuerte Olimpo Lagerenza Lagerenza Chaco-í Pedro P. Peña Gral. Bruguez Hernandarias-Azara Capitán Bado Hernandarias-Itaipyte Capitán Bado Hernandarias-Itaipyte Gral.Bruguez Piribebuy, fiscal Martínez de Irala, fiscal Ñacunday, fiscal Lagerenza Martínez de Irala Caazapá, fiscal Pedro Juan Caballero, fiscal Salto del Guairá Eugenio A. Garay Eugenio A. Garay Bahía Negra Eugenio A. Garay Lagerenza Lagerenza Lagerenza

1973 1971 1973 1980 1979 1962 1981 1987 1979 1981 1987 1998 1999 1988 1970 1974 1973 1976 1977 1980 1982 1988 1986 1981 1976 1981 1952 1983 1985 1985 1986 1980 1981 1984 1980 1980 1979 1979 1971 1980 1961 1969 1976 1980 1982 1983 1984 1977 1979 1982 1975 1985 1975 1988 1984 1984 1988 1981 1979 1987 1998

187

(

FASCÍCULO 12 APELLIDO

188

Goossen Ekkert Gorostiaga Grau Grau Domínguez Grau Guanes Guggiari Carrón Gulino Halley Merlo Heisecke Heisecke Velázquez Ibarra Ingles Ruiz Díaz Isasi Jhohannsen Jhohannsen Jhohannsen Kent Kent Knopfelmacher Knopfelmacher Kohn Legal Legal Acosta Legal Basualdo Leite Martínez Llamosas Llamosas Lobos Ruiz Mac Mullen Machado Machuca Vargas Machuca Vargas Machuca Vargas Machuca Vargas Maidana Maluff Dumot Martínez Martínez Martínez G. Vierci Martínez G. Vierci Matiauda Matiauda Matiauda Matiauda Matiauda Matiuada Melgarejo Montanaro de Schupp Morel Caballero Morel R. Morga Morínigo Bosch Napout Núñez Neufeld Toews Noguera Olmedo Olmedo Oviedo Silva Oviedo Silva Pappalardo Pappalardo

)

NOMBRE Warner Filomena José Félix Vicenta Justo Honorio Benito Alejandro Rubén Hugo María Atilio José Luis Juan Roberto Nicolás Gerardo Gerardo Gerardo Javier Donald Manuel Roberto Roberto Mirta Miguel José Tomás Andrés Antonio Mario Julián Pedro Jorge Enrique Milton Orlando César Saúl César Juan Manuel Ramiro Fernando Ladislao Ramón María María José Agustín Nora Angélica Ciriaco José Juan Estanislaa José Lucy Emhil Miriam Lázaro Oscar Emilio Aníbal David Antonio René Crispín Lino César Lino César Conrado Ramón

“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

HECTÁREAS DEPARTAMENTO 4.000 4.000 1.824 505 771 8.176 4.000 4.613 598 4.000 8.000 7.000 8.000 8.000 423 6.152 398 8.000 5.000 2.872 13.616 7.005 4.000 4.896 1.317 10.000 8.000 8.000 8.000 7.500 7.000 2.398 1.349 500 2.461 7.000 4.099 8.000 8.000 8.501 8.501 3.077 450 3.083 1.560 85 321 6.000 4.000 8.500 8.000 4.000 4.192 5.000 4.175 12.469 8.000 6.000 20 20 8.000 8.000

Chaco Chaco Alto Paraná Amambay San Pedro Chaco Alto Paraguay Boquerón San Pedro Alto Paraguay Boquerón Nueva Asunción Chaco Alto Paraguay Caaguazú Pte. Hayes Itapúa Alto Paraguay Boquerón Concepción Nueva Asunción Nueva Asunción Chaco Alto Paraguay Canindeyú Nueva Asunción Alto Paraguay Alto Paraguay Chaco Nueva Asunción Alto Paraguay Alto Paraná Alto Paraná Alto Paraná Pte. Hayes Boquerón Alto Paraguay Nueva Asunción Nueva Asunción Boquerón Boquerón Canindeyú Itapúa Canindeyú Alto Paraná Alto Paraná Caazapá Boquerón Nueva Asunción Nueva Asunción Nueva Asunción Chaco Boquerón Nueva Asunción Boquerón Nueva Asunción Boquerón Nueva Asunción Alto Paraná Alto Paraná Chaco Chaco

DISTRITO AÑO Lagerenza Lagerenza Ñacunday, fiscal Cptan. Bado Lima, fiscal Lagerenza, fiscal Bahía Negra Pedro P. Peña San Estanislao Bahía Negra Pedro P. Peña Eugenio A. Garay Lagerenza Fuerte Olimpo Caaguazú-San José Villa Hayes, fiscal San Cosme, fiscal Fuerte Olimpo Pedro P. Peña Yby Yaú Eugenio A. Garay Eugenio A. Garay Lagerenza Puerto Sastre Salto del Guairá Eugenio A. Garay Fuerte Olimpo Fuerte Olimpo Lagerenza Eugenio A. Garay Bahía Negra Hernandarias, fiscal Hernandarias, fiscal Hernandarias Puerto Pinasco, fiscal Pedro P. Peña Bahía Negra Eugenio A. Garay Eugenio A. Garay Pedro P. Peña, fiscal Pedro P. Peña Curuguaty, Artigas Cnel. Bogado, fiscal Curuguaty, fiscal Hernandarias, fiscal Hernandarias Gral. Morínigo Pedro P. Peña Eugenio A. Garay Eugenio A. Garay Eugenio A. Garay Lagerenza Pedro P. Peña Eugenio A. Garay Mcal. Estigarribia Eugenio A. Garay Pedro P. Peña Eugenio A. Garay Martínez de Irala-Tavapy Martínez de Irala-Tavapy Lagerenza, fiscal Lagerenza, fiscal

1998 1984 1977 1986 1973 1980 1999 1985 1977 1988 1985 1980 1973 1968 1968 1976 1980 1972 1982 1980 1981 1986 1986 1988/1989 1980 1980 1987 2001 1983 1974 1975 1976 1986 1982 1996 1980 1980 1973 1973 1973 1981 1973 1970 1980 1982 1979 1986 1984 1987 1980 1977 1984 1997 1987 1979 1986 1977 1977 1988 1988

APELLIDO

NOMBRE

Pappalardo Marengo Ramón Pappalardo Marengo Conrado Pedrozo Alberto Peralta Báez Luis Pfannel Fernando Piris Carlos Piris Ríos Carlos Podestá Carlos Podestá Carlos Podestá Carlos Podestá Carlos Pratt Mayans Miguel Quevedo Mirta de Quevedo Ortíz Anibal Rabito Juan Vicente Rachid Lichi Bader Reichart Paulo Rieder Roberto Rieder Carlos Rieder Juan R. Rieder Francisco Rolón Domínguez Ignacio Ruiz Díaz Nelson Ruiz Díaz Francisco Salomoni Gabriel Sanabria C. Eugenio Sanabria C. Eugenio Sanabria C. Eugenio Sanabria C. Eugenio Sánchez Villagra Víctor Sandoval Crispiniano Sarubbi Kennedy Nigel Sarubbi Silvio Schupp Luis Anibal Schupp Luis Anibal Schupp Luis Anibal Schupp Julio Schreiber Alejandro Schreiber Enrique Segovia Agustín Víctor Segovia Agustín Víctor Schémbori González Blas Shirosawa Toshitoso Sienrra Zavala Ramón Sienrra de Kent Juana Fundación para el Desarrollo sustentable del Chaco Thielmann Walter Toñánez Ursula de Toñánez Merardo Tómboly Denes Vicariato apostólico del Pilcomayo Vierci Alvar Mercedes Vierci Alvar Mercedes Viveros Cartes Rubén Vysokolán Stephan Weiler Daumas Luis Zacarello C Julio Zacarello D. Antonio Zavala Luis Fernando Zelada de Norie Javier José Zubizarreta Juan Carlos

HECTÁREAS DEPARTAMENTO 4.000 4.000 8.000 4.000 2.500 8.000 8.000 0 800 12 16 4.000 4.000 4.000 7.996 1.498 4.000 5.941 5.941 5.941 5.941 4.000 4.000 1.500 8.000 736 8.000 61 8.000 507 4.000 6.174 4.080 4.000 4.000 4.000 4.000 4.054 4.999 5.689 4.000 5.000 8.000 5.000 8.000 5.364 7.500 4.000 4.000 10.000 5.171 849 847 6.457 5.172 4.132 250 250 8.000 4.000 5.000

Chaco Chaco Nueva Asunción Chaco Nueva Asunción Alto Paraguay Nueva Asunción Alto Paraná Alto Paraná Alto Paraná Alto Paraná Pte. Hayes Chaco Chaco Boquerón Misiones Alto Paraguay Boquerón Boquerón Boquerón Boquerón Alto Paraguay Alto Paraguay Alto Paraná Chaco Caazapá Nueva Asunción Central Nueva Asunción Pte. Hayes Chaco Alto Paraguay Chaco Nueva Asunción Nueva Asunción Nueva Asunción Nueva Asunción Boquerón Boquerón Boquerón Chaco Boquerón Boquerón Boquerón Boquerón Chaco Nueva Asunción Chaco Chaco Boquerón Pte. Hayes Amambay Amambay Chaco Chaco Alto Paraguay Alto Paraná Alto Paraná Alto Paraguay Chaco Boquerón

DISTRITO AÑO Lagerenza Lagerenza Eugenio A. Garay Lagerenza Eugenio A. Garay, fiscal Fuerte Olimpo Eugenio A. Garay Hernandarias-Azara Martínez de Irala, fiscal Hernandarias-Azara Hernandarias-Azara Chaco-í Lagerenza Lagerenza Pedro P. Peña Santa Rosa, fiscal Bahía Negra Pedro P. Peña Pedro P. Peña Pedro P. Peña Pedro Peña Bahía Negra Bahía Negra Martínez de Irala Lagerenza Tavaí, fiscal Eugenio A. Garay Nueva Italia Eugenio A. Garay Puerto Pinasco, fiscal Lagerenza bahía Negra Lagerenza Eugenio A. Garay Eugenio A. Garay, fiscal Eugenio A. Garay, fiscal Eugenio A. Garay Pedro Peña Pedro Peña Mcal. Estigarribia Lagerenza Pedro Peña Pedro Peña Pedro Peña Pedro Peña Lagerenza Eugenio A. Garay Lagerenza Lagerenza Mcal. Estigarribia, fiscal Pte. Hayes Pedro Juan Caballero Pedro Juan Caballero Lagerenza Lagerenza Bahía Negra Martínez de Irala, Tavapy Martínez de Irala, Tavapy Fuerte Olimpo Lagerenza Pedro Peña

1984 1984 1980 1981 1980 1985 1987 1970 1973 1975 1975 1981 1981 1981 1983 1986 1988 1979 1979 1979 1979 1988 1994 1979 1987 1975 1983 1984 1983 1983 1981 1998 1980 1984 1984 1984 1984 1982 1986 1979 1981 1979 1983 1983 1981 2001 1985 1981 1981 1979 1966 1982 1982 1973 1982 1998 1979 1979 1980 1999 1983

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FASCÍCULO 12

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

Adjudicaciones de más de un lote

Otras irregularidades La distribución de tierras en el marco de una supuesta reforma agraria sirvió a la dictadura stronista para asegurarse el respaldo de las cúpulas militares, de sectores corrompidos del empresariado y de la dirigencia del Partido Colorado. Para ello no solamente hizo figurar como beneficiarios de la reforma agraria a quienes estaban claramente inhabilitados por las leyes para recibir los terrenos, sino que también incurrió en otro tipo de irregularidades. La adjudicación de más de un lote por persona -algo taxativamente prohibido por la legislación- fue una forma habitual de apropiarse de grandes extensiones de tierras. Las leyes establecían además con mucha claridad las dimensiones máximas que debían tener las propiedades transferidas. Tampoco estas disposiciones fueron respetadas por los jerarcas del stronismo, quienes se repartieron el patrimonio público sin el menor miramiento. En la Región Oriental, 1.730 adjudicatarios recibieron más de 100 hectáreas cada uno, una cantidad muy superior a la que fijaban las leyes en vigencia en el momento de la entrega. En el caso de la Región

Occidental, el manejo fue aún más escandaloso ya que entre 87 adjudicatarios se repartieron 992.209 hectáreas, cuando la legislación señalaba que las propiedades no podían exceder las 8.000 hectáreas cada una. Un caso ejemplar del otorgamiento de más de un lote a un “beneficiario” de la reforma agraria es el de Milton Machado. Entre los años 1975 y 1988, esta persona fue adjudicada con 50 propiedades, 49 de ellas ubicadas en el Departamento de Amambay y una en el Alto Paraná. Todas estas fincas totalizan unas 8.519 hectáreas en una de las zonas más ricas del país. Otro caso paradigmático es el del general Galo Escobar, quien se valió de parientes e incluso de conscriptos para acceder a más adjudicaciones. Este militar, junto a dos familiares que fueron beneficiados mediante sus influencias, unificaron unas 50 fincas con una superficie total de 1.630 hectáreas, ubicadas nada menos que a orillas del río Monday. Esta propiedad fue transferida a Graciano Pereira Parini en el año 2004 por la suma de 1.950.000 dólares.

Listado de personas beneficiadas con más de un lote

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Abente Federico Alderete, Arnaldo Lino Almeida, Vicente Almeida, Ladislao Alonso, Justo Pastor Alum Osorio, José del Pilar Alvarenga, Juan Carlos Alvarez, Javier Alves da Silva, Baltazar Aquino, Arnaldo Arrechea, José Ayala, Elena Ayala, Evaristo Ayala Franco, Emeterio Ayala Franco, Eustaquio Azuaga, Juan Eustaquio Azuaga, Luciano Barrientos, César Blas Barrios, Juan Onofre

Barrios, María Angélica Barrios Troche, Albercio Bate, Ernesto Bedoya Vera, Ernesto Bedoya Vera, Víctor Benítez Flores, Genaro Benítez, Ramón Carmelo Bobadilla, Claudio Bogado, Exiquio Bolf, Jorge Bordón Verdún, Presentado Bresanovich, Canuto Bresanovich, Cipriano Rogelio Brizuela, Aamado Aníbal Brizuela Granada, Faustino Burg Huber, Oscar Burró Mujica, Angel José Caballero, Francisco Caballero, Isidro Cabello Amarilla, Dionisio

Cabral, Eladio Cabrera, Nemecio Cáceres Espínola, Conrado Cáceres, Manuel María Campos, Enrique Candia, Germán Cañete, Desiderio Cañete, Luciano Cano, María del Rosario Cano, Miguel Cano, Roque Cantero, Vicente Capdevilla, Reginaldo Careaga, Juan Manuel Casco, Juan Carlos Cattebecke, Cirilo Antonio Centurión, Rudecinda Chaparro, Bernardo Cristaldo, José Cubas, Carlos

Listado de personas beneficiadas con más de un lote Cubilla, Patrocinio Da Motta, Francis Dalcanale, Luis Carlos Da Souza, José Deberechp, Alfredo Delgadillo, Ruperto Delgado Marecos, Amado Díaz, Bonifacio Díaz de Vivar, Emilio Diesel, Albino Diesel, Eitel Walti Diesel Muller, Leonidas Diesel Muller, Rolando Dos Santos, Raúl Duarte, Francisco F. Duarte Melgarejo, Reginaldo Ramírez, Eduardo Sosa, Eloisa Escauriza, Eduardo Escobar, Galo Escobar, Juan Ramón Escobar, Nelson Escobar, Ramón Espínola, María Evreinoff Carrillo, Iván Evreinoff, Alejandro Fernández, Atilio Fernández, Juan Fernández, Luis Ferreira, Estefana Fiore, Apolonio Fleitas, Ovidio Florentín, Antonio G. Flores, Fructuoso Franco, Adriano Fretes Fernández, Publio Frutos Romero, Atilio Galeano Colmán, Pedro Gallagher, Royden Gamarra, Solano García Cabañas, Waldimiro García, Concepción García, Elida Gauto Gestar, Manoel Adario Geonges, Iscandar Georges Abdo, Yamil Gil Delgado, Ramón Goiburú, Elvira Goitia, Ricardo Gómez Alvarez, Evaristo Gómez Amarilla, Asunción Gómez de la Fuente, Carlos Gómez, Vicente González Ibáñez, Victoriano González, José Oscar González, Juan Guillermo González, Limpia González Núñez, Eladio González Ocampos, Tomás González, Ramón

González, Ranulfo González Rioboo, Roberto Grau, Arnaldo Grau, Héctor Gregor, Ricardo Guardatii, Orlando Hernández Fernández, Juan Hernández, Iracema Hernández Junior, Joao Idoyaga, Federico Locati, Cándido Loizaga Caballero, Eladio López Gómez, Ubaldo López, Indalecio López Lisa, Hugo López Rodríguez, Cornelio Machado, Milton Maldonado, Pedro Celestino Martín, Domingo Martín, Narciso Martín, Raúl Martinelli, Romualdo Martínez, José Lino Martínez, Julio Martínez, Oscar Matiauda, Estanislaa Matsunaga, Herushi Mazó Marín, Oscar Medina Santacruz, Esteban Mendoza, Fructuosa Mendoza, Evaristo Mendoza, Hipólito Miltos Vargas, Ceferino Mojoli Breuer, Beatriz Montaner, Miguel Angel Monzón, Angel Rafael Morán, Juan Octaviano Morínigo, Villacasiana Mostafa, Alfredo Mostafa, Bernardo Mostafa, Carlos Mostafa, César Mostafa, Emilio Nardi, Sergio Núñez, Higinio Ojeda, Carlos Higinio Ojeda, Trifón Olmedo Paredes, Vicente Ortiz, Carlos Antonio Otto Tauner, Albino Ovelar Ledesma, Pedro Pablo Ovelar Garcete, Luisa Ovelar Torres, Reinaldo Paredes González, Adolfo Paredes Ramírez, Marcos Parquet, Guido Pellegrini, Amelio Peralta Hernández Iracema Pereira Saguier, Fernando Pino, Venancio

Porlsen, Henning Portillo, Derlis Angel Prous Brizuela, Julio César Quiroga, Jerónimo Antonio Ramírez, Eddy Ramírez, Tomás Recalde Centurión, Elvio Reinoso, Guillermo Ríos, Augusto Ríos, Luis Riveros, Horacio Riveros, Juan Emilio Rocha Romao, Roaldo Rodas, Celedonio Ramón Rodas Suárez, Román Rojas, Julio Damián Rosatti, Adilson Rosatti, Nelson Rotela, Pedro Florencio Ruiz Díaz, Francisco Salas, Juana Samaniego, Marcial Santacruz, Arsenio Santos Ledesma, Roque Sarubbi, Nicolás Selliti Cañete, Joe Matin Servín Pérez, Guillermo Silva Fernández, Avelino Silveira, Carlos Perfecto Sosa, Gumercindo Sterland, Adin Toyotoshi, Naoyuki Urbieta, Sebastián Valdéz, Mamerto Vargas, Benito Vázquez, Concepción Vázquez, Saturnino Vera, Adriel Vera, Luis E. Vierci, María Blanca de Vierci, Mercedes Alvar Villagra, Ismenia Villalba, Virgilio Vitorelli, Adelino Viveros Cartes, Rubén Vidal Wagner, Francisco Werno Geib, Alberto Yamil, Fahrid Yamil Georges, Abdo Yamil Georges, Fahrid Yebrán, Basilio Yoannidis, Josepha Zacarías Cubilla, Oscar Zacarías Ribeiro, Altair Zacarías Ribeiro, Víctor Zarza, Enrique Zarza, Narciso Zavala Serrati, César Zotti, Rubén

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FASCÍCULO 12

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“Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más”

A modo de epílogo La lectura y el análisis del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia permite antes que nada una comprobación inquietante: El stronismo y sus bases de sustentación -el autoritarismo, la intolerancia, la inequidad social, la venalidad, la desorganización social y la apatía ciudadana- están todavía presentes entre nosotros y forman parte de la realidad cotidiana. La dictadura stronista -derrocada hace más de 20 años- ha dejado una marca profunda en nuestra sociedad, un legado de terror, corrupción y desigualdad que es indispensable procesar intelectual y espiritualmente para que los paraguayos y paraguayas aspiremos a

una superación definitiva de ese periodo de nuestra historia. Ese es quizás el aporte más importante de esta colección que concluye con la presente entrega: suministrar los mínimos elementos no solo para el conocimiento y la comprensión de nuestro pasado cercano, sino también, y sobre todo, para entender que la construcción de una nación democrática, con libertad y justicia es una tarea exclusiva de la ciudadanía, tarea que además jamás podrá estar finalizada. Ciudadanos y ciudadanas con una sólida memoria histórica, esa es la palanca para avanzar hacia el Paraguay con el que soñaron tantos luchadores sociales y políticos.

Agradecimientos: Unión Europea Diakonia (Organización de Cooperación de la Sociedad Civil Sueca) Comité de Ayudas de Emergencias – CIPAE Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay – CODEHUPY Fundación Celestina Pérez de Almada Servicio de Paz y Justicia Paraguay - SERPAJ-PY Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo Ministerio de Educación y Cultura Mesa de Memoria Histórica Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos Diario Última Hora

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FICHA TÉCNICA: Mesa Ejecutiva/Equipo Pedagógico: Basiliana Montiel , Carmen Coronel Prosman, Dionisio Gauto, Edilberto Álvarez G., Juan Carlos Yuste, María Stella Cáceres, Mercedes Jara, Natalia Ruiz Díaz M., Ramón Corvalán. Asistencia por la Delegación de la UE –Paraguay: Veerle Smet. Redactor y Editor: Ricardo Benítez Diagramación: Aldo Benítez Dibujos: Nelson Marín Fotografías.: Museo de las Memorias – Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia - Diario Ultima Hora. Coordinación General: Natalia Ruiz Díaz Medina

Proyecto “Por los Derechos Humanos, Dictaduras Nunca Más” IMPLEMENTADO Y La presente publicación ha sido COFINANCIADO POR elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Diakonia y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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