• Author / Uploaded
• florville

• Categories
• Demanda judicial
• Derecho procesal
• Evidencia (Derecho)
• Jurisprudencia
• Jurisdicción

Citation preview

DEMANDA Y REQUISITOS Importancia y forma de plantear la demanda: El ordinario agrario se inicia con la demanda. La demanda es el acto indispensable para iniciar la actividad jurisdiccional, y le corresponde plantearla a la parte interesada que alega haber sido perjudicado en sus derechos. Es decir, se requiere la iniciativa o gestión de la parte interesada en acudir a la vía jurisdiccional agraria, para poner en funcionamiento la justicia agraria. Pero una vez requerida la intervención del Juzgado Agrario correspondiente, éste continúa actuando de oficio Es obligación del demandante ejercer la acción en forma personal o por medio de apoderado judicial, pudiendo, en este caso, otorgarse el poder apud acta.25 La demanda puede ser interpuesta en forma escrita, con todos los requisitos contenidos en el artículo 38, o bien, en forma verbal apersonándose en el Juzgado respectivo26. Esto es así porque la Ley autoriza a las partes a plantear cualquier gestión o alegato en forma verbal. La posibilidad de plantear la demanda en forma verbal o escrita es señalada por la doctrina nacional así: "El proceso ordinario se inicia mediante gestión de parte, cuando se establece la demanda. La misma, se puede presentar: A) - VERBALMENTE, en cuyo caso le corresponderá al juez su redacción, conforme a los hechos que le narre el solicitante, de lo cual se levanta un acta lacónica que firma el interesado, el juez y el secretario; o B) -EN FORMA ESCRITA, en cuyo caso el mismo interesado la deberá presentar personalmente ante el Juzgado correspondiente, pues de lo contrario, su firma debe ser autenticada por un abogado para que tenga eficacia ante los tribunales agrarios. Pese a lo anterior, son claras las inconveniencias que genera el recibir oralmente en los Juzgados Agrarios demandas ordinarias. En el proceso laboral, donde también se aplica el principio de la verbalidad, no existe tanto problema porque generalmente los extremos que se solicitan son los derechos laborales. Los asuntos no son tan complejos. En materia agraria, y sobre todo cuando se trata de demandadas ordinarias, por lo general se conocen asuntos sumamente complejos de la más diversa índole. Una demanda ordinaria verbal u oral está autorizada cuando "Tratándose de agricultores, la demanda podrá interponerse verbalmente. En tal caso se deberá levantar un acta lacónica con todos los requisitos establecidos en el presente artículo, la cual será autorizada con las firmas del juez, del accionante y del secretario o prosecretario del juzgado". Véase que se trata de agricultores, no se hace distinción entre agricultores de escasos recursos o con medios suficientes para pagar un abogado litigante. En la práctica judicial, el hecho de recibir una manifestación verbal de una situación de hecho que motiva una controversia judicial, y plasmarla en una acta "lacónica", exige en la realidad de una técnica, o estrategia procesal, para consignar los hechos que van a servir de base a las pretensiones, las cuales también deben ir muy bien formuladas. Significa una estrategia de la parte frente al Juez que, como órgano imparcial, debe resolver la

contienda. Por ello consideramos inconveniente que sea el Juez, directamente, el que reciba este tipo de gestiones. No perdemos de vista el papel social - asistencial que debe cumplir el Juez Agrario para lograr el equilibro entre dos partes. Pero para plantear la demanda oral existe otra alternativa: el defensor público agrario. Este fue concebido para las personas de escasos recursos económicos, que no puedan pagar un abogado litigante. En la práctica, actualmente casi no se presentan demandas verbales, justamente por la inconveniencia que ello conlleva. A través de la defensa pública agraria, a la cual pueden recurrir los agricultores de recursos limitados, se redactan los escritos de demanda. Con ello se logra mayor seguridad jurídica, y se alcanza la estrategia procesal que requiere toda demanda, en interés de la parte, redactada por un especialista en la materia.31 Requisitos de la demanda Toda demanda debe contener una serie de requisitos mínimos que deben ser expuestos en forma clara y precisa al Tribunal, los cuales se indican en el artículo 38 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Dichos requisitos, que no difieren en los conocidos tradicionalmente, son los siguientes: 1) - Los nombres y apellidos, lo mismo que el vecindario, del actor y del demandado. 2) - La narración pormenorizada de los hechos expuestos, debidamente enumerados. En efecto, los hechos que sirven de base a las pretensiones, deben ser expuestos en una forma clara, precisa y circunstanciada. La claridad en su enunciación tiene como propósito explicarle al Juez en una forma sencilla el problema sometido a su conocimiento, para que éste lo comprenda desde el inicio, al leer la demanda. A las partes, junto con el Juez, les corresponde construir la situación láctica vivida, para lograr una solución al problema planteado. Por eso, entre más clara sea la exposición de los hechos, el Juzgador puede lograr mayor comprensión. . Resulta inconveniente exponer hechos que no se comprendan, o mezclarlos con argumentos jurídicos o criterios de valor. La mejor forma de evitar esos inconvenientes, es enumerar los hechos en forma precisa y circunstanciada. Hechos precisos son aquellos que tienen realmente importancia para resolver el problema que se somete al conocimiento del juez, es decir, sirven de base a las pretensiones. Se trata de hechos concretos. Pero también es importante guardar un orden lógico en la exposición táctica, y para ello se requiere un estudio y exposición cronológica, es decir. histórica, de como fue que sucedieron los hechos. El Tribunal Agrario ha exigido este requisito, como garantía del debido proceso. 3) - Las peticiones que se someten a la decisión del tribunal. Se trata de las pretensiones o petitoria. Mediante las pretensiones se requiere la declaración concreta por parte del Tribunal. La pretensión legítima es un requisito esencial para el establecimiento de la acción.33 En este caso, el actor se constituye en parte legítima, pues alega tener una determinada relación jurídica con la pretensión procesal que somete al conocimiento del juzgado.

En efecto, la persona que pretenda la declaratoria de un derecho a su favor, o la declaración de certeza de una situación jurídica determinada, originada en un conflicto de naturaleza agraria, puede pedirlo mediante la demanda o contra demanda. La pretensión de una demanda ordinaria, y de cualquier otra, debe guardar una estrecha relación con los hechos que le sirven de fundamento. Lógicamente para formular en forma correcta la pretensión, se requiere conocer el ordenamiento jurídico sustantivo y, particularmente para el caso del proceso agrario, la materia agraria. Las pretensiones son una consecuencia lógica de los hechos que motivaron !a reclamación de un derecho o la declaración de certeza. Por ello debe existir una cierta congruencia entre ellos." Por ejemplo: no es lo mismo solicitar una reivindicación (cuando el titular del bien agrario ha sido despojado), que una declaración de certeza (de dominio, o de usucapión). Pues en ambos casos se parte de situaciones fácticas diferentes. Sería contradictorio solicitar una constitución de servidumbre forzosa de paso, cuando el fundo no es enclavado y tiene salida suficiente a la vía pública, como también lo sería, solicitar la declaración de un derecho de paso por el transcurso del tiempo, cuando se ha privado el uso de la servidumbre, y es un fundo enclavado. Para lograr esa uniformidad entre los hechos y las pretensiones de la demanda, lo recomendable es no solo informarse bien sobre los aspectos de hecho que motivaron el conflicto, sino también analizar adecuadamente las normas sustantivas, para obtener de ahí la base de las pretensiones de la demanda. Con ello, inclusive, se tendría el respaldo jurídico. 4) - La enumeración de los medios de prueba con que se demuestran los hechos. Esta fue una de las principales innovaciones del proceso ordinario agrario antes de la reforma al Código Procesal Civil. En materia civil no se exigía el ofrecimiento de las pruebas. El fin es la celeridad procesal y la reducción de etapas innecesarias. La exposición clara de los hechos y el ofrecimiento, en el momento procesal que corresponde, de las pruebas forman parte del principio de lealtad y probidad en el proceso agrario. Debe ofrecerse todo tipo de prueba admitida por nuestro ordenamiento jurídico desde la demanda. La parte contraria tiene el derecho a saber cuál es el fundamento de los hechos que sirven de base a las pretensiones. Para la testimonial, se exige indicar el nombre, apellido y domicilio de los testigos, indicando las señas del lugar en donde trabajan o viven, para que el Juez, pueda local i/arlos. Los testigos pueden ser ofrecidos para declarar sobre los hechos generales de la demanda. Pero eso es una circunstancia que difícilmente ocurre. Por ello conviene ofrecerlos para hechos específicos, de esa forma las posibilidades de evacuar toda la prueba ofrecida es mayor.17 Puede pedirse también la declaración de parte, aplicando analógicamente la normativa procesal civil, sobre los hechos generales de la demanda o contestación, o bien la confesión. En estos casos, no se requiere. Deberán acompañarse a la demanda todos los documentos que le sirvan de apoyo a los hechos. Ello es preferible para evitar cualquier tipo de dilación o atraso en el proceso. En todo caso, cuando se trata de documentos públicos que no puedan ser aportados por la

parte debe indicarse las oficinas en donde se encuentran. De esa forma la autoridad judicial podrá solicitar se expidan las certificaciones correspondientes. La prueba pericial es sumamente importante en los procesos ordinarios agrarios, cuando se requiere apreciar hechos o circunstancias que exigen de conocimientos especiales, extraños, al derecho, para resolver algún caso en particular. No basta con requerir la prueba pericial. En estos casos es necesario que la parte indique con claridad y precisión, los aspectos sobre los cuales debe versar el dictamen, y formular un interrogatorio a que dé respuesta el perito. En el mismo escrito de demanda debe gestionarse la exhibición de los documentos que interesen al actor. El reconocimiento judicial es muy importante ofrecerlo como prueba, sobre todo tratándose de conflictos reivindicatorios o posesorios, o bien, cuando se pretenda que el juez constate determinada circunstancia fáctica importante para la decisión final de la litis. Debe ofrecerse como prueba, aunque el juez esté facultado para realizarlo de oficio. Señalamiento de casa u oficina para atender notificaciones, dentro del perímetro judicial. De conformidad con el artículo 32, en materia de notificaciones se aplican las normas de los respectivos códigos procesales. Con la entrada en vigencia de la Ley General de Notificaciones, se aplica a la materia agraria esa nueva normativa, por lo que se previene señalar medio y lugar donde atender notificaciones. Estimación de la demanda. La Ley de Jurisdicción Agraria no contiene reglas o criterios para la estimación de la demanda. Por ello deben aplicarse, supletoriamente, las disposiciones del Código Procesal Civil. Remitimos al lector a lo indicado sobre el tema de la cuantía en relación con la competencia agraria. Ciertamente, la estimación de la demanda tiene como finalidad fundamental limitar de antemano las pretensiones económicas de las partes dentro del proceso ordinario agrario, al igual que en civil. Es importante indicar que cuando se demandan accesoriamente el pago de daños y perjuicios (por ejemplo, en una acción reivindicatoria o de incumplimiento contractual), es necesario indicar en qué consiste, cómo se originan, y la estimación específica de cada uno de ellos.41 Se entiende que son los daños y perjuicios causados antes de la demanda, y por ello la estimación que se presente al tribunal es el límite de la pretensión pecuniaria hasta ese momento. En relación con la finalidad de la cuantía, y la estimación de los daños y perjuicios, la Sala Primera de la Corte, en Sentencia número ciento ocho de las quince horas del diez de julio de mil novecientos noventa y dos, dispuso en lo que aquí interesa lo siguiente: La cuantía de la demanda tiene por objeto - entre otros -, limitar de antemano las pretensiones pecuniarias del actor. Para fijar esa cuantía sólo se tomará en cuenta el valor de los daños y perjuicios causados a la fecha de presentación de la demanda; los posteriores y las costas no se incluyen en la estimación o cuantía, no obstante lo cual se mantiene el derecho a cobrarlos. En la demanda ordinaria, la obligación de indicar los daños y perjuicios, el motivo que los origina, en qué consisten y la estimación específica

de cada uno de ello:;, es cuando se demanden accesoriamente, mas no cuando constituyan la pretensión principal, caso éste en el que en la fijación judicial de la cuantía, como regla general, no se debe limitar la estimación que haya dado el actor, porque eso significaría resolver interlocutoriamente lo que está reservado para la sentencia definitiva. Así lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia (artículo 169, inciso 3°, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 187, 208, inciso 5°, del Código de Procedimientos Civiles anterior, que corresponden ahora a los números, 17 inciso 3°, 18, 288, 290, inciso 5°, del Código Procesal Civil vigente). Una situación distinta se produce cuando la pretensión principal va encaminada a reclamar daños y perjuicios, porque en estos casos la cuantía es inestimable o de difícil determinación, porque primero hay que demostrar su existencia y después cuantificarlos. De modo que la estimación no limitaría de antemano las pretensiones pecuniarias de la parte en el proceso. De ahí que resulte inconveniente, en estos casos, fijar la cuantía.43 En todo caso, la estimación no limita el monto de la ejecución. O Fundamento jurídico: Otro requisito muy importante que debe contener la demanda, aunque no lo indique La Ley, es el fundamento jurídico o el derecho que sirve de base a las pretensiones. La Ley no lo exige porque presume que el juez conoce el derecho ("iura novit curia"), al menos está en la obligación de conocerlo. Pero sería más conveniente que la parte indicara cuál es el fundamento legal para reclamar lo pretendido con la demanda, y de esa forma oriente la labor de investigación jurídica del Juzgador. Modo y lugar de presentación El establecimiento de la demanda presupone, también en materia agraria, la capacidad procesal del gestionante. Es obligación del actor ejercer la acción en forma personal o por medio de apoderado judicial. La demanda escrita debe presentarse en la oficina judicial del Juzgado Agrario competente. Al recibirla, el auxiliar judicial consigna la razón al pie de dicha gestión, indicando el nombre de la persona que lo presenta, así corno la hora y fecha de presentación, la cual será firmada por el secretario. Para que la demanda tenga eficacia, debe ser presentada personalmente y firmada por el gestionante. De lo contrario, si el escrito es presentado por terceras personas debe ir autenticado por un abogado. Si la parte no firma, puede otra persona firmar a su ruego. Demanda defectuosa: En caso de observar algún defecto, la ausencia de algún requisito formal, o bien que la exposición de los hechos no sea clara, precisa y circunstanciada, o porque las pretensiones no guardan relación con los hechos expuestos, el Juzgador puede ordenar, de oficio o por advertencia de la parte demandada, su corrección, indicando cuáles son los errores u omisiones en que se ha incurrido. Para la corrección de la demanda se otorga un plazo prudencial (tres o cinco días). La resolución que la ordene no tiene recurso, y mientras la parte obligada no cumpla no serán oídas sus gestiones. Esa es la sanción procesal prevista en la Ley, no la inadmisibilidad.50 La prevención, con plazo, sirve eventualmente para decretar la deserción, en caso de que la parte incumpla y el proceso quede paralizado indefinidamente.

Ampliación de la demanda: La Ley no prevé ninguna disposición en cuanto a la ampliación de la demanda. Sin embargo, los Tribunales Agrarios han admitido la misma, en cuanto a los hechos, antes de que haya existido contestación del demandado. En caso de que el demandado haya sido notificado, el Despacho que acoja la ampliación debe conceder un nuevo término de emplazamiento. Diferente es el caso de los hechos nuevos, o desconocidos por las partes a la fecha de la contestación de la demanda o de la reconvención. ADMISIBILIDAD, EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACIÓN Una vez presentada la demanda, requerida la intervención en forma legal, se inicia el impulso procesal de oficio. El Juez debe proceder a su revisión, para constatar si cumple con los requisitos. Es posible que el Juez otorgue audiencia a la parte contraria por tres días, y se pronuncie sobre tales hechos en la sentencia. Cuando ocurre la intervención de un tercero principal excluyente, de conformidad con el artículo 40, debe cumplirse con los requisitos aquí señalados para la demanda, y su incumplimiento implica que no son escuchadas las gestiones hasta tanto no se corrijan: "Efectivamente, el artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria permite al Juez "... ante el silencio de la ley, para aplicar por analogía, las normas de la legislación laboral, o en su defecto, el código de procedimientos respectivos, con el objeto de proveer la debida celeridad y eficacia al proceso. " Y precisamente, en estos casos de lo que se trata es de proveer eficacia a la eventual sentencia que recaiga dentro del proceso ordinario, para que tome en cuenta la intervención del tercero excluyente. Sin embargo, la demanda que presente el tercero, no debe sujetarse a los requisitos del Código Procesal Civil, sino a los establecidos por el artículo 38 de la Ley de Jurisdicción Agraria, y como se trata de una verdadera demanda ordinaria, le es aplicable lo dicho en el artículo 39 de la Ley, en su párrafo segundo: " La resolución del despacho, que ordene la corrección de la demanda, contestación o reconvención, no tendrá recurso alguno, y mientras la parte obligada no cumpla con lo ordenado por el Tribunal no serán oídas sus gestiones. "De modo tal, que no se puede declarar la inadmisibilidad de una demanda por tercería principal excluyente, pues la sanción es la indicada en esa norma. Así lo había entendido el a - quo en resolución de las nueve horas del dos de marzo de mil novecientos noventa y dos, cuando dijo "...bajo el apercibimiento de que mientras no cumpla no se atenderán sus futuras gestiones. " Ello no impide que si la demanda no llena adecuadamente los requisitos, es confusa o omisa, el juez tenga la facultad (dentro de los amplios poderes que se le conceden), de ordenar su corrección... Una vez presentada en forma la demanda, o corregidos los defectos, el Juzgado procede a dictar el auto inicial de emplazamiento a la contraria. El emplazamiento es un acto de comunicación, mediante el cual el Juez llama a alguna persona - en este caso la demandada- para que comparezca al proceso, dentro del plazo señalado y, que ejerza su defensa o cumpla lo que se le mande. El emplazamiento contiene, en consecuencia, dos elementos importantes: la convocatoria del juez, y el plazo. Por eso se ha indicado que "... es el acto de introducción del proceso más importante para el derecho de defensa de! demandado y el principio de igualdad procesal, pues sólo a partir de allí se posibilita a la contraparte su apersonamiento al

proceso para así ejercer su defensa oponiendo excepciones y reconviniendo si fuera necesario. El acto del emplazamiento es, en consecuencia, garantía del debido proceso y de igualdad entre las partes que intervienen en él. Se convierte en un presupuesto procesal indispensable para la validez de la relación procesal y eficacia jurídica del proceso. La resolución que ordena el emplazamiento debe contener una serie de requisitos indispensables para garantizar justamente esa posibilidad de defensa al demandado. Entre ellos los siguientes: A) - De la demanda Ordinaria Agraria interpuesta por el actor, así corno de la prueba ofrecida, se confiere un plazo entre 6 a 15 días al demanda do para que la conteste. El plazo dependerá de la naturaleza del caso y la lejanía del lugar donde vive el demandado, con respecto al tribunal y las facilidades de comunicación. B) - Al contestar la demanda, deben referirse a los hechos de la demanda, uno a uno, manifestando si los reconoce como ciertos o si los rechaza por inexactos, o bien, si los admito con variantes o rectificaciones. Si así no lo hiciere se podrán tener por probados aquellos hechos sobre los cuales no haya dado contestación en forma específica debida. C) - Si no está conforme con los términos de la demanda, o con sus pre tensiones, expondrá las circunstancias y razones en que se funda su opo sición, siguiendo el mismo orden de la demanda. En el mismo acto de la contestación deberá oponer todas las excepciones previas y de fondo que tenga a su favor, salvo lo previsto en el inciso b) del artículo 16 de la Ley de Jurisdicción Agraria. D) - Con la contestación deberá ofrecer toda la prueba que sustente sus afirmaciones, excepciones y la contrademanda si la hubiere. Si es prueba testimonial deberán indicar el nombre, apellidos, así como las señas exactas del lugar donde trabajen o viven los testigos. Si se trata de prueba docu mental deben acompañarse - en aras de agilizar el proceso- los documentos y si no es posible accesar a ellos y tratándose de documentos públicos deberá indicar las oficinas donde éstos se encuentren. Si se solicita prueba pe ricial deberá indicarse sobre qué extremos debe versar el peritaje. E) - Se previene que en el acto de la notificación o separadamente en el escrito de contestación, deberá indicar medio y lugar donde recibir notificaciones dentro del perímetro judicial, bajo el apercibimiento de que si así no lo hace se tendrán por notificadas las resoluciones con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilite la notificación por causas ajenas al despacho, o bien si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente - artículo 6 y 12 Ley de Notificaciones. F)- Le advierte al demandado que si no contesta la demanda en el plazo otorgado, se procederá de oficio o a petición de parte a declarar su rebeldía, lo que no implicará necesariamente admisión de los hechos de la

demanda. Si se apersonaren después de dicha declaratoria tomarán el pro ceso en el estado en que se encuentre. G)- Se hace saber al demandado que si es persona de escasos recursos económicos se le podrá designar un abogado de la Defensa Pública Agraria para que atienda su defensa (artículo 25 IJA), para lo cual deberá presentarse con suficiente antelación al Juzgado o al Departamento de Defensores Públicos a gestionar lo correspondiente. Aunque la Ley prevé la posibilidad de que este acuda al despacho a contestar la demanda en forma verbal, la existencia de la Defensa Pública Agraria evita ese tipo de inconvenientes. H) - Finalmente, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, se indica a las partes que pueden solicitar - separada o conjuntamente, si tienen una propuesta concreta -, se realice una audiencia de conciliación judicial en el Despacho, previo a la realización del juicio verbal, sin perjuicio de que el día del mismo el Juez pueda instar a las partes a conciliar. Cuando se trate de fincas no inscritas, o contratos de asignación de tierras, o conflictos de ocupación precaria de tierras, deberá tenerse como parte interesada al Instituto de Desarrollo Agrario, para lo cual se ordenará notificar en su sede central, con el apercibimiento de que debe señalar lugar donde atender notificaciones en el perímetro judicial del Despacho. La notificación de la demanda ordinaria debe realizarse personalmente - en mano propiao en casa de habitación del demandado, conforme lo prevé el artículo 2 de la Ley General de Notificaciones. La notificación del auto de emplazamiento traba la litis, y produce las consecuencias materiales de la demanda.57 Uno de los efectos materiales es, precisamente, la interrupción de la prescripción. Como puede observarse, en cuanto a la contestación al demandado le asisten idénticos derechos y obligaciones que al actor. En esta etapa procesal pueden darse diversas situaciones. CONTESTACIÓN, REBELDÍA Y CONTRA DEMANDA Contestación de la demanda: El demandado puede contestar la demanda, oponiéndose a ella, ofrecer la prueba, y oponer excepciones previas y de fondo. Si el demandado no expone en su contestación las circunstancias y razones en que funda su negativa, omite hacer referencia a los hechos enunciados en la demanda, o no ofrece prueba de sus excepciones, el Juez debe prevenirle corregir los defectos de su contestación. De igual forma el demandado debe advertir al Juez de los posibles defectos de la demanda - que haya pasado inadvertidos para el juzgador -, pues se busca sanear el proceso. En caso de que el demandado no dé contestación debida a los hechos, el Juez está facultado para tener por acreditados los hechos invocados en la demanda, que no se hayan contestado en la forma indicada. Ello no implica, en absoluto, desconocer el principio de la verdad real a que debe aspirar el proceso agrario.

La contestación, cuando es presentada en forma extemporánea, el Juez Agrario puede valorar si admite o no la prueba ofrecida en aras de averiguar la verdad real, porque como lo ha indicado el Tribunal Agrario: Una de las características de los procesos agrarios es su informalidad, entendida como la no-sujeción a fórmulas inflexibles que impidan la celeridad procesal. Decir en una resolución que no se tiene por contestada una demanda por extemporánea produce los mismos efectos que indicar que se tiene por contestada extemporáneamente. Como la misma recurrente lo indica ni aun cuando se declara la rebeldía del demandado se tienen por admitidos los hechos de la demanda. En estos procesos lo que interesa es averiguar la verdad real, y tal fin se puede lograr tanto si la demanda no se tuvo por contestada por extemporánea como si se tuvo por contestada extemporáneamente. Diferente sería si no se recibe prueba importante para esa averiguación, situación que no se presenta en este caso. Un pronunciamiento como el cuestionado no impide que se determine si existe cosa juzgada, porque esa excepción no corre la misma suerte que el rechazo de la contestación (artículo 307 del mismo Código)".59 Contrademanda En el mismo escrito de contestación, podría contrademandar, caso en el cual debe cumplir con todos los requisitos exigidos para la demanda.60 En caso de contrademanda, debe darse traslado al actor-contrade-mandado, en un plazo entre seis y quince días, para que éste la conteste, oponga excepciones, ofrezca contraprueba y, si es del caso replique. En caso de que la contrademanda no contemple todos los requisitos, debe prevenirse su corrección, bajo el apercibimiento de que si no lo hace no serán oídas sus gestiones. Se apela la resolución de las ocho horas quince minutos del dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, por cuanto en ella se tuvo por no puesta la contrademanda planteada, aplicando el artículo 300 del código Procesal Civil."En materia procesal agraria es improcedente aplicar por analogía otros cuerpos procesales, cuando hay norma expresa que resuelva el punto. En el presente caso, con la contrademanda se reclamaron accesoriamente daños y perjuicios. Como no fueron especificados en que consisten y qué los origina (como lo exige el numeral 288 inciso 5) del Código Procesal Civil, que sí es aplicable por no existir norma expresa en ese sentido en la Ley de Jurisdicción Agraria), el Juzgado previno a la parte contrademandante especificarlos. Sin embargo, por no cumplir correctamente con lo ordenado, tuvo por no puesta la contrademanda, aplicando equivocadamente lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 300 del Código Procesal Civil. Decimos equivocadamente, porque la Ley de Jurisdicción Agraria contiene en su artículo 39 párrafo segundo, la sanción procesal para estos casos al indicar: "La resolución del despacho que ordene la corrección de la demanda, contestación o reconvención, no tendrá recurso alguno y mientras la parle obligada no cumpla con lo ordenado por el tribunal no serán oídas sus gestiones", lista expresión de la Ley procesal podría ser mal interpretada y podría servir a abogados inescrupulosos para paralizar la demanda, planteando una contrademanda defectuosa. Sin embargo, en un correcto sentido, debe indicarse que si junto con la contestación de la demanda la contrademanda es defectuosa, y prevenida la parte no la corrige dentro del pla/.o legal, NO SERÁN OÍDAS SUS GESTIONES, es decir, ni la contestación, ni la

contrademanda. Solo de esa forma se evitaría una paralización de la contienda judicial. De modo tal que el Ju/.gado resolvió en forma incorrecta al tener por no puesta la contrademanda y prácticamente ponerle fin a la misma. Lo procedente en estos casos es prevenirle a la parte el cumplimiento o subsanación del defecto bajo el apercibimiento que indica el numeral 39, entendiéndose que es una sanción procesal para la gestión de la contestación y contrademanda, vista dicha actuación de parte, en forma unívoca. El proceso ordinario agrario se encuentra tutelado en la Ley de Jurisdicción Agraria, a partir del artículo 38. Este mismo texto legal indica la forma en que se debe integrar la normativa descrita en ella, cuando se está frente a un problema de insuficiencia o ausencia de norma, y deba resolverse sobre el punto. El artículo 6 de esta ley señala en primer lugar que debe recurrirse a la normativa procesal del Código de Trabajo, y si la insuficiencia normativa o su ausencia continúan, debe recurrirse al Código Procesal Civil. Esta remisión a estos códigos, es de excepción, en el entendido que la normativa procesal agraria no sea suficiente para resolver el caso en concreto. De lo anterior se deduce, que de haber regulación específica en la normativa procesal agraria, no es posible recurrir al Código de Trabajo o al Código Procesal Civil. Estudiando la forma en que se ha tramitado el presente proceso ordinario, llama la atención la resolución dictada por el Juez de Instancia de las ocho horas cuarenta minutos del veintitrés de julio de mil novecientos noventa y dos, que consta a folio 99 frente del expediente, dado que ordena al demandado reconventor aportar certificación de quien aparece como albacea de la sucesión de Manuel Ramírez Rodríguez, apercibiéndose a la parte que de no cumplir la prevención se tendría por no presentada la reconvención. La ley de Jurisdicción Agraria, específicamente en su artículo 39 señala que en caso de que se presente demanda defectuosa, se le prevendrá a la parte corregirla, y de no hacerlo no se le oirán futuras gestiones. Es claro entonces, que la ley procesal agraria, establece consecuencias específicas, en el caso de que no se cumpla con la prevención de corrección de la contra demanda ordenada por el juzgador. Por lo expuesto no es posible aplicar la normativa del Código Procesal Civil, dado que hay estipulación expresa en la Ley de Jurisdicción Agraria. Este vicio procesal produce nulidad absoluta, pues ha violentado a todas luces el derecho de defensa de demandado y reconventor, así como el debido proceso, razón por la cual se hace necesario declararlo así de oficio. Consecuentemente, se declara nulo lo actuado desde resolución de las ocho horas cuarenta minutos del veintitrés de julio de mil novecientos noventa y dos en adelante, (esta de forma parcial, pues se mantiene válida la prueba admitida en la misma) salvo lo que a continuación se dirá que seguirá surtiendo efectos. Cuando existe contrademanda, debe haber conexidad entre las pretensiones. Cuando no tienen ninguna relación, lo procedente es rechazar la contrademanda. Así lo ha resuelto el Tribunal Agrario: A todas luces se deduce que la pretensión que contiene la demanda es muy diferente a lo que se pretende con la contrademanda.- El hecho que apunta el apelante de que ambas fincas pertenecen a una sola universalidad, que fue la sucesión de Don Antonio Pereira, de la cual imanan los derechos de la actora y contrademandante, no resulta suficiente; al respecto se torna necesario indicar que conforme a la disposición contenida en el artículo 36 de la Ley de Jurisdicción Agraria la acumulación de acciones sólo será admisible cuando tales acciones no se excluyan entre sí y sean susceptibles de

tramitarse por los mismos procedimientos, remitiendo ese mismo artículo a los casos previstos en el Código Procesal Civil, y siendo que éste exige para que haya conexidad de pretensiones que les sean comunes dos de sus elementos, o uno solo cuando éste sea la causa, y no existiendo tal identidad entre lo que pretende la actora con su demanda y los demandados contraventores con su contrademanda, como quedó dicho, lo procedente es confirmar la resolución recurrida como en efecto así se dispone. En los casos donde opera el litisconsorcio, es posible ampliar la demanda contra los litisconsortes, antes del juicio verbal. Así lo ha establecido en forma reiterada la jurisprudencia: Si conforme a la disposición en el numeral 106 del Código Procesal Civil, en forma oficiosa, el juez debe integrar la litis, por la naturaleza de la relación jurídica material, con mayor razón en una situación como la presente, en donde la parte se le está pidiendo expresamente que tenga como demandada a la sociedad denominada Playa Prieta, actual propietaria del inmueble objeto de pretensión, lo cual es procedente pues todavía no se ha efectuado el juicio verbal, situación que la reitera el artículo 315 ibídem, en donde como medida de saneamiento, el Juez tiene obligación de integrar la litis, siendo procedente revocar el auto apelado para en su lugar ordenarle al a-quo que tenga como demandada sociedad Playa Prieta Sociedad Anónima. Contestación afirmativa, allanamiento y rebeldía Podría ser que el demandado conteste afirmativamente la demanda, allanándose en cuanto a los hechos y pretensiones formuladas por el actor. En ese caso, el Juzgador debe proceder, sin mas tramite a dictar la sentencia respectiva dentro de quinto día. Si el allanamiento es parcial, deben aplicarse por analogía las normas del proceso civil, y dictarse una sentencia parcial sobre los extremos aceptados, la cual será ejecutada en legajo separado. El proceso seguirá su curso normal en cuanto a los extremos no aceptados. Contrario a lo anterior, podría ocurrir que el demandado no conteste dentro del término del emplazamiento. En ese caso, el juez de oficio, o a instancia de parte, procede a decretar la rebeldía. El auto que declara la rebeldía no es necesario que sea notificado al rebelde, pues la Ley procesal establece que el contumaz tomará el juicio en el estado en que se halle al momento de apersonarse. La declaratoria en rebeldía no implica la admisión de los hechos de la demanda. Ello es así máxime que en materia agraria muchos campesinos no poseen medios económicos para trasladarse de un lugar a otro, y muchas veces ocurre que por ignorancia no saben o ignoran las consecuencias legales de lo que se les notifica. Por eso, el Tribunal debe buscar la verdad real, ordenando prueba para mejor proveer y dictar la sentencia valorando la totalidad de la prueba evacuada en el proceso. Por criterio jurisprudencial, el Tribunal Agrario ha establecido que la sentencia de primera instancia debe notificarse al rebelde personalmente, para no causarle indefensión. Por ende, el rebelde estaría legitimado para apelar la sentencia.

En esta disciplina, conforme a la filosofía que informa el numeral 43 Ley de Jurisdicción Agraria no resulta necesario notificar el auto que declara la rebeldía a alguno(s) de los codemandados personalmente o por medio de cédulas en su casa de habitación, ya que a diferencia con otras materias, tal declaratoria no implicará necesariamente la admisión de los hechos de la demanda; toda vez que el Juzgador en esta sede deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto tomando en consideración el resultado de la prueba que arroje el expediente. No obstante lo anterior, a efecto de obviar indefensión o perjuicio conforme a los ordinales 194 y 563 ambos del Código Procesal Civil, la sentencia que recaiga en el expediente sí deberá notificársele(s) al o a los rebeldes en los términos antes señalados, expresamente contenidos en el ordinal 176 Código Procesal Civil, aplicado por remisión expresa del ordinal 26 Ley de esta disciplina supra citada. Se observa en este proceso que la sentencia dictada y recurrida no ha sido notificada a la empresa co-demandada cuya rebeldía se... por lo que a efecto de obviar indefensión y eventuales perjuicios, no queda más alternativa que la de anular el auto que admite el recurso de apelación interpuesto al fallo recaído en este proceso de las once horas cuarenta minutos del nueve de noviembre del año en curso visible a folio ciento setenta y siete, para que el Juzgado de origen proceda a notificar previamente a resolver sobre el recurso de apelación, la sentencia a la entidad co-demandada cuya rebeldía se acusó, en los términos que ordena la ley."En una resolución más reciente, el Tribunal señaló: Establece el artículo 43 de la Ley de Jurisdicción Agraria en lo que aquí interesa: "Si vencido el término de emplazamiento, el accionante no contestara la demanda, el juez, de oficio, o a instancia de parte, procederá sin más trámite a declarar su rebeldía y el contumaz tomará el juicio en el estado en que se halle al momento en que se apersone...”. Sin embargo el Despacho, a pesar de ser una norma imperativa la recién transcrita, no tuvo por acusada la rebeldía del codemandado". En esta disciplina, si bien conforme a la filosofía que informa el numeral 43 Ley de Jurisdicción Agraria no resulta necesario notificar el auto que declara la rebeldía a alguno(s) de los co-demandados personalmente o por medio de cédulas en su casa de habitación, ya que a diferencia con otras materias, tal declaratoria no implicará necesariamente la admisión de los hechos de la demanda; pues el juzgador en esta sede deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto tomando en consideración el resultado de la prueba que arroje el expediente, a efecto de obviar indefensión o perjuicio conforme a los ordinales 194 y 563 ambos del Código Procesal Civil, la sentencia que recaiga en el expediente sí deberá notificársele(s) al o a los rebeldes en los términos antes señalados, expresamente contenida tal forma de notificación en el ordinal 176 Código Procesal Civil; aplicado por remisión expresa del ordinal 32 Ley de esta disciplina supra citada. OBJECIÓN A LA CUANTÍA En cuanto a la objeción de la cuantía, la Ley Procesal no contempló ninguna disposición respecto de este trámite, siendo importante fijarla para limitar de antemano las pretensiones económicas de las partes dentro del proceso, y para efectos del recurso de casación. En materia procesal agraria, no es necesario fijar la cuantía, cuando la parte demandada, por la vía incidental, no se opone a la estimación que a la demanda le dio la parte actora, porque en el ordinario agrario no se le exige al Juez fijar la cuantía, ese trámite no existe,

sólo que, corno se dijo, la parte demandada se oponga a la cuantía, es que se hace un análisis acerca de si la estimación de la demanda, corresponde a la cuantía. En un principio, el Tribunal Agrario consideró que al no estar previsto el incidente de objeción a la cuantía, el auto en donde el Juzgado la fijaba no tenía apelación. Sin embargo, en resoluciones recientes, se ha admitido dicho recurso. 13