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• Martin Calderón

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Carta No. 001 OORFFAA/P1/crp

Lima, 16 de junio 2021

Señor General de Ejercito Cesar Astudillo Salcedo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú Señor Almirante Ricardo Menéndez Calle Comandante General de la Marina de Guerra del Perú Señor General de Ejercito Manuel Gómez de la Torre Araníbar Comandante General del Ejército del Perú Señor General del Aire Rodolfo Pereyra Cuneo Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú Presente. De nuestra consideración, Tenemos el agrado de dirigirnos a su digno despacho, con la finalidad de expresarle nuestra más profunda preocupación por la amenaza que se cierne contra la estabilidad democrática del país, principalmente como consecuencia de la forma en que se ha desarrollado el proceso electoral para elegir a la fórmula presidencial que conducirá los destinos de nuestra patria en los próximos cinco años. En ese sentido, de acuerdo con el Art. 176 de la Constitución Política del Perú, el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión autentica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. En la segunda vuelta de la elección presidencial, uno de los partidos en contienda, así como diversos sectores de la sociedad civil y periodistas, han denunciado públicamente la ejecución de un presunto fraude sistemático en el proceso electoral, al haber encontrado y recibido denuncias sobre actas electorales con serios cuestionamientos, como firmas falsas, adulteraciones, inconsistencias, etc. y además haber cuestionado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por presuntas actitudes deshonestas en perjuicio de la transparencia y probidad que debe regir su proceder institucional en una contienda electoral nacional.

Si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ignora o desestima las documentadas denuncias interpuestas a las actas que han sido adulteradas y no verifica la licitud de las actas observadas y supuestamente maniobradas irregularmente por los funcionarios de la ONPE, y como consecuencia de ello determina un ganador de la segunda vuelta obviando sus funciones y responsabilidades, tendríamos un presidente ilegal e

ilegítimamente proclamado, por ser consecuencia de un delito cometido por parte de los actores electorales. Por las razones expuestas, creemos que las Fuerzas Armadas, en defensa del Orden Constitucional, no podrían aceptar a un Jefe Supremo ilegítimamente investido producto de un fraude o por decir lo menos de irregularidades muy serias y notorias presentadas en este último proceso electoral. Resulta necesario manifestar que todos los ciudadanos del Perú, incluyendo al personal de las Fuerzas Armadas, tenemos los siguientes derechos y obligaciones consagrados por nuestra Constitución Política: ●

Artículo 38°. - Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el Ordenamiento Jurídico de la Nación.

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Artículo 46°. - Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las Leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del Orden Constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.

Asimismo, en la segunda parte del artículo 169° de nuestra Constitución, queda establecido que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú están subordinadas al Poder Constitucional, en consecuencia estas Instituciones se deben primordialmente al Orden Constitucional, y ulteriormente al gobierno de turno, razón por la cual resulta inadmisible, por ser inconstitucional, que Altas Autoridades del gobierno, con un escrutinio inconcluso, hayan supuestamente tomado parte a favor de uno de los candidatos condicionando inclusive al Congreso de la República para la no elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional; actuación inaceptable por la ciudadanía y las Fuerzas Armadas de la Nación. Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes, oficiales en situación de retiro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, invocamos a los Altos Mandos militares a acatar rigurosamente el Art. 38° de nuestra Constitución Política, exigiendo se cumpla el ordenamiento jurídico de la Nación, subsanando las irregularidades demostradas, para evitar que la máxima autoridad del país, sea designada de manera ilegal e ilegítima como consecuencia de un delito. De lo contrario, de acuerdo a lo establecido en el Art. 46° de nuestra Constitución, las Fuerzas Armadas tendrían el derecho a la no obediencia y por lo tanto a desconocer como Presidente y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a una persona que haya sido nombrada violando la Constitución y las Leyes de nuestro país, pudiendo recurrir al Congreso de la República para dar una solución democrática y de acuerdo a Ley. El futuro de nuestra Patria está en sus manos y como guardianes celosos de la democracia están en la obligación de cumplir con sus deberes y asumir sus responsabilidades, la Nación así se los demanda. Dios guarde a Ustedes