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Justicia por mano propia Neyler Corrales Lario [email protected] Estudiante de Ingeniería agrícola Karen Johanna Castelblanco, docente Sede Bogotá

Resumen [Texto argumentativo] El presente ensayo demuestra que la inseguridad en Colombia está ligada a varios componentes de inoperancia de la rama judicial y al tema de corrupción en varios niveles del poder (jueces, policías, magistrados, generales, etc.), promoviendo que el Estado no cumpla con su deber. El deber de este último es garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Por consiguiente dejan a una sociedad desprotegida que debe implementar métodos de protección para que la ciudadanía no este susceptible a los criminales. Palabras claves: justicia por mano propia, Estado, inseguridad, corrupción, sistema penal. En la actualidad, la justicia ha perdido legitimidad para muchos ciudadanos, alcanzando una imagen desfavorable de la eficiencia del sistema judicial en Colombia. Cuando una sociedad ha perdido la confianza en las entidades encargadas en mantener el orden social, puede llegar al extremo de querer hacer justicia por sus manos debido al fallo institucional. El presente ensayo demostrara que algunos ciudadanos se toman la justicia por sus propias manos porque son obligados ante un Estado que no genera los castigos suficientes para brindar seguridad a estos. ¿Cuáles son los motivos que obligan a que la sociedad recurra a tomar justicia por sus manos? Para responder esto les voy a presentar tres recursos, los cuales considero que nos pueden dar un concepto amplio a fin de clarificar el asunto. Primero, los castigos por parte de la justicia no son suficientemente persuasivos. Esto se debe al gran deterioro de la justicia penal, ya que las penas son insuficientes. Lo anterior influye que en la actualidad se vean muchos homicidios, por el bajo nivel de castigo. Estadísticas arrojadas por la 1

Fundación Ideas para la Paz (FIP), demuestra que en el 2010, 10.956 delincuentes detenidos ya habían cometido varios delitos y en el 2018 esa cifra fue de 21.990 lo que significa que en los últimos 7 años ha aumentado la cifra en un 100%. En promedio cada año de 200 000 capturados, los que repiten en el crimen representan un 14,3% del total de detenido (no todos terminan en prisión). (El Tiempo, 01de abril del 2018). Donnelly (2006) afirma: dos responsabilidades fundamentales del estado son brindar seguridad a los ciudadanos y castigar a aquellos que llevan actos criminales; en la medida que los estados fallan en esta tarea pierden su legitimidad. Por tanto, el orden está fallando o ya no funciona y para algunos la justicia por sus manos es el último fundamento que tienen para que allá orden. La ausencia de autoridad y el modelo de justicia tienen falencias y necesitan una reconfiguración del sistema. Para nadie es un secreto que Colombia necesita endurecer las penas y nuevas políticas públicas para poder tener el control de la delincuencia y brindar la seguridad a sus ciudadanos. La sociedad se queja del mal planteamiento del sistema judicial, esto permite que el delincuente no tema del castigo que conlleva sus actos y siempre vuelva a las calles a delinquir. (El Gran Debate, 15 de junio 2015) De lo anterior, una serie de estudios anteriores han demostrado que aumentando la severidad de sentencia; menor delincuencia en un país. Levitt (1997), Marvell & Moody (1994) y Spelman (1994) afirman que un aumento en el 10% de castigo esperado, disminuye el 2% del delito. Aumentando los castigos ayudaría reducir el número de asesinatos en 10.000cada año. Estados Unidos en comparación con Colombia es un claro ejemplo. En los Estados Unidos el 65% de los asesinatos quedan en arresto y el acusado es llevado a juicio, y más de la mitad son condenados. En Colombia se hacen investigaciones del 38% y 11% son llevados a juicios. Segundo, la corrupción y la impunidad han tocado una buena parte de las instituciones y la policía no es la excepción. La entidad fundamental pública para combatir el crimen no ha podido cumplir con el objetivo de brindar seguridad a los ciudadanos respecto a la delincuencia. Por el contrario forman parte de los conflictos sociales. Por tal razón la sociedad ha perdido la confianza en el modelo de orden público, y surge la necesidad de enmendar el error respecto a delitos que no son castigados por la falta de ética de quienes imparten la justicia. (Maldonado, 2011, p.2) El general Rodolfo Palomino, exdirector de la policía, es un claro ejemplo de la poca credibilidad, respetabilidad y confianza que la sociedad le tiene a la policía (Revista semana, 2018). El tema de 2

inseguridad se ha vuelto constante para muchos ciudadanos, que temen salir a las calles de día para no ser víctima de un delincuente o del mismo cuerpo policial. Las fuerzas policiales han ocasionado una sociedad en crisis (García, S.F.) Estudios realizados por la Universidad de las Américas de Puebla, México (UDLAP), y otras organizaciones académicas afirman que Colombia tiene de 75.6 puntos, en relación con 59 países. Ante Naciones Unidas estadísticas que contribuyen a la impunidad en el mundo. El estudio coincidió con las declaraciones de la directora del área del sector público de Transparencia por Colombia, quien cuatro años atrás explicó que el alto índice de impunidad en el país está relacionado con el delito de corrupción por parte de entidades gubernamentales (Pineda, 2016, p.15) Tercero, el tema de brindar seguridad a los ciudadanos se le salió de las manos al Estado. En el 2015 hubo en total 3,5 millones de delitos denunciados. Sin embargo, solo se produjeron 51.000 sentencias condenatorias. Entonces, ¿vale la pena o no vale denunciar? Aunque lo que más indigna al país es la impunidad. Colombia está ubicada entre los tres primeros países con mayor índice de impunidad según el (DANE). Y estas son algunas de las respuestas que brindan las instituciones “no cuentan con los recursos para hacer las investigaciones pertinentes y la escasez de cárcel del país”. El flagelo no se circunscribe a la Rama Ejecutiva. Los ciudadanos perciben que los jueces, magistrado y demás funcionarios son una parte fundamental del problema de corrupción e impunidad en la justicia del país. (El Espectador, 2013). En busca de que el país no quede en manos de las bandas criminales, algunos ciudadanos implementan estrategias para controlar el delito. Mediante las redes sociales circulan los videos de como se les castiga a los delincuentes, con el propósito de que aquella persona no vuelva cometer el mismo acto y que sea rechazado por la sociedad. (El Espectador, 2018). Asegurándose que el mensaje llegue a todos los criminales haciéndoles saber que esto es lo que pasa si intentas delinquir. La comunidad desesperada busca por sus propios medios formas de protección y la justicia por mano propia es la única salida ante un Estado que está fallando en uno de sus fundamentos básicos. Los ciudadanos quiere que haya justicia pero el estado no toma las medidas necesarias por ende se sienten huérfanos no tienen el respaldo de las entidades cuando lo están atacando, y después del suceso tampoco porque cuando van a denunciar siguen estando solo y los criminales entran y salen en poco. Esto conlleva a que la sociedad este cansada y se sienta vulnerada. (La Republica, 2018).

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La justicia por mano propia es la única alternativa que tienen muchos ciudadanos. Sin embargo, estos saben que esta no conlleva a la construcción del país, aun así la implementan porque no encuentran otra salida. El desorden social que el país está viviendo demuestra que el Estado no quiere implementar nuevas políticas para dar solución respecto a la seguridad de sus ciudadanos.

Referencias SILVA GARCÍA, GERMÁN. ¿Será justicia? Criminalidad y justicia penal en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997. “La seguridad un problema ciudadano”, en El Tiempo, Bogotá, 1 de septiembre de 19997, según encuesta realizada en Bogotá. GARCÍA-PEÑA JARAMILLO, Daniel. La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico. Análisis Político, [S.l.], v. 18, n. 53, p. 58-76, ene. 2005. ISSN 01214705. Disponible en: . Fecha de acceso: 15 feb. 2019 Levitt, S. and Rubio, M. (2002). Crimen en Colombia: análisis y sugerencias de política. En Alesina, A. (Ed.), Reformas institucionales en Colombia. (55-94). Bogotá: Fedesarrollo, Alfaomega

Arriagada, I., y Godoy, L. (1999). Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

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