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La tiranía del statu quo* Milton y Rosa FRIEDMAN

Un cambio que podría aportar resultados relativamente rápidos sería la reducción de los actos que las leyes consideran delitos. La medida más prometedora en este campo es la relativa a las drogas. La mayoría de los delitos no los cometen individuos hambrientos de pan, sino individuos hambrientos de droga. ¿No deberíamos tener en cuenta la lección que significó para el país la Prohibición? Cuando se introdujo la Prohibición en 1920, Billy Sunday, el famoso evangelista y destacado adalid de la lucha contra el alcohol, la saludó con estas palabras: «El reino de las lágrimas ha concluido. Transformaremos las cárceles en fábricas y las prisiones en almacenes y graneros. Los hombres caminarán erguidos. las mujeres sonreirán y los niños reirán. El infierno lucirá siempre el letrero "Se alquila"». Hoy sabemos hasta qué punto se equivocaba trágicamente. Tuvieron que construirse prisiones y cárceles nuevas para los delincuentes que infringían la nueva ley contra el consumo de bebidas alcohólicas. La Prohibición minó el respeto a la ley, corrompió a los servidores de la justicia y creó un clima moral decadente ... y no eliminó, en último término, el consumo de alcohol. A pesar de esta trágica lección objetiva, parece que estamos dispuestos a repetir exactamente el mismo error en lo que se refiere a las drogas. No hay ninguna discrepancia respecto a algunos de los datos. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas perjudica al bebedor; fumar un número excesivo de cigarrillos daña al fumador. El consumo excesivo de drogas perjudica al usuario. Si consideramos estos tres fenómenos, aunque resulten desagradables tales comparaciones, no cabe duda de que el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas mata a mucha más gente que el consumo de drogas. Las tres conductas tienen también consecuencias adversas para las personas que no beben ni fuman ni se drogan. Los conductores ebrios son responsables de gran número de accidente de tráfico. El consumo de tabaco perjudica a los ocupantes no fumadores del mismo avión, el mismo restaurante y los • En Tyranny of the statuos quo, Ariel, Barcelona, 163 a 169.

IV

1984. pp.

mismos lugares públicos. Los consumidores de drogas provocan accidentes cuando conducen, o en el trabajo. Según un artículo reciente publicado en Newsweek «los empleados que utilizan drogas en el trabajo son un tercio menos productivos que los trabajadores normales, tienen tres veces más probabilidades de sufrir accidentes y faltan con mucha más frecuencia al trabajo ... Los empleados excitados, pirados y estimulados por la coca afectan a la moral de la oficina, alejan a los clientes y dañan la calidad de las camisas que usted viste, los coches que conduce, y el edificio en que usted trabaja». Cuando juzgamos una actuación del gobierno, primero hemos de considerar si los resultados que se pretenden alcanzar con esa actuación son propios de la actividad del gobierno y, en segundo lugar, si tal actuación puede realmente lograr tales resultados. Los datos que tenemos sobre el alcohol, el tabaco y las drogas plantean dos problemas muy distintos: uno, de ética, y otro de conveniencia. La cuestión ética es si tenemos derecho a utilizar la maquinaria del Estado para impedir a los ciudadanos beber, fumar o drogarse. Casi todos contestarían con un sí matizado respecto a los niños. Casi todos contestarían con un sí sin matización respecto a medidas para impedir que los consumidores de alcohol, tabaco o drogas perjudiquen a terceros. Pero respecto a los propios adictos, la respuesta es mucho menos clara. Es importante y adecuado, sin duda, razonar con un adicto potencial, explicarle las consecuencias, rezar por él y con él. Pero, ¿tenemos derecho a utilizar la fuerza directa o indirectamente para impedir a un conciudadano adulto beber, fumar o drogarse? Nuestra respuesta personal es no. Pero admitimos sin duda que el problema ético es un problema difícil y que a menudo los hombres de buen'a voluntad discrepan. Por suerte, no tenemos que resolver el problema ético para ponernos de acuerdo sobre la política a seguir, porque la respuesta a si la actuación del gobierno puede impedir la adicción es clarísima. La prohibición (sea de bebidas alcohólicas, de tabaco o de drogas) es un remedio que, a nuestro juicio,

empeora las cosas, tanto para el adicto como para los demás. En consecuencia, aunque considere usted éticamente justificadas las medidas tomadas por las autoridades para prohibir el consumo de drogas, creemos que aceptará que consideraciones prácticas y de conveniencia hacen desaconsejable la adopción de tales medidas. Pensemos primero en el adicto. La legalización de las drogas pOdría aumentar el número de adictos, aunque no es seguro que fuera así. El fruto prohibido resulta atractivo, sobre todo a los jóvenes. Más importante aún, muchos individuos se convierten en drogadictos por la acción deliberada de los traficantes, que proporcionan gratuitamente las primeras dosis a los posibles adictos. Al traficante le compensa hacerlo porque el adicto, una vez enganchado, es un cliente cautivo. Si las drogas se pudieran adquirir legalmente, desaparecería cualquier posible beneficio económico de esa actividad inhumana, dado que el adicto podría comprarla más barata. Prescindiendo de lo que se refiere al número total de adictos (y a su posible aumento), el adicto individual estaría, sin lugar a dudas, mucho mejor si las drogas fueran legales. Hoy las drogas son sumamente caras y sumamente inseguras en cuanto a calidad. Los adictos se ven obligados a relacionars~ con delincuentes para conseguir las drogas y ellos mismos acaban delinquiendo para financiarse el hábito. Se arriesgan a un constante peligro de muerte y enfermedad. Consideremos, luego, al resto de los ciudadanos. El perjuicio que nos causa la adicción de otros se debe primordialmente al hecho de que las drogas son ilegales. Se ha calculado que un tercio a la mitad de todos los delitos violentos y contra la propiedad que se cometen en Estados Unidos, los cometen bien drogadictos que delinquen para financiarse el hábito o bien se deben a conflictos entre grupos rivales de traficantes de drogas, o se realizan en el transcurso de la importación y distribución de drogas ilegales. Si las drogas se legalizasen, la delincuencia callejera disminuiría de modo inmediato y espectacular. Además, los adictos y los traficantes no son los únicos corrompidos. Hay en juego sumas inmensas. Es inevitable que algunos policías y otros funcionarios relativamente mal pagados (y algunos también muy bien pagados) sucumban a la tentación de aceptar dinero fácil. El caso más claro es la marijuana, cuyo uso se ha generalizado lo suficiente como para remedar la pauta que se desarrolló cuando la prohibición de alcohol. En California, la marijuana ocupa hoy si no el primero, el segundo lugar de los cultivos en cuanto a importancia económica. En grandes sectores del estado, los agentes de la ley hacen la vista gorda a los cultivadores de marijuana de modo parecido a lo que hacían los funcionarios con los fabricantes ilegales y traficantes de alcohol de los años veinte. Han de organizarse patrullas especiales de helicópteros que localizan los campos de marijuana y realizan las incursiones para destruirlos, igual que en los años veinte se organizaban patrullas especiales para imponer la prohibición del alcohol. E igual que en los años veinte los fabricantes y los traficantes de alcohol tenían que protegerse ellos mismos de atraca-

dores y asaltantes, ahora los cultivadores de marijuana tienen que proteger ellos sus cosechas ilegales. Colocan guardias armados para proteger los campos de cultivo. Se producen inevitablemente batallas campales y tiroteos como sucedía durante la Prohibición. Durante la Prohibición, tanto los fabricantes como los que destilaban ginebra en casa utilizaban a veces alcohol metílico u otras sustancias que convertían el producto en un veneno potente, que causaba daños y a veces la muerte a los consumidores. En la actualidad, está sucediendo lo mismo de un modo aún más reprobable. El propio Gobierno norteamericano ha convencido a algunos Gobiernos extranjeros para que utilicen aviones que rocíen con paraquat (un peligroso veneno) los campos de cultivo de marijuana. No sólo eso, sino que recientemente también se ha hecho en Georgia. El propósito es que la marijuana no se pueda consumir. Pero al parecer, no existen medios de impedir que la hierba contaminada llegue al mercado y dañe a los consumidores. y no hay certeza alguna de que los pilotos de los helicópteros tengan una puntería tan precisa para garantizar que el paraquat no caiga en otros cultivos que no sean de marijuana. Habría un gran escándalo si se supiese que los funcionarios del Estado habían envenenado deliberadamente los alimentos de delincuentes declarados. No hay duda de que es una práctica mucho más odiosa y totalmente injustificable rociar deliberadamente con veneno cultivos que muy bien pueden dañar a ciudadanos que pueden ser o no inocentes de infringir una ley y que no tienen medio alguno de defenderse. Algunos partidarios de la legalización de la marijuana han afirmado que fumar marijuana no causa daño. No nos consideramos capacitados para juzgar esta debatida cuestión, aunque nos parecen convincentes las pruebas que hemos visto de que la marijuana es una sustancia perjudicial. No obstante, aunque resulte paradójico, nuestro convencimiento de que es deseable legalizar la marijuana y todas las demás drogas no se basa en que la marijuana u otras drogas sean perjudiciales o inofensivas. Por mucho daño que hagan las drogas a quienes las consumen, nuestra opinión meditada es que el prohibirlas es todavía peor, causa más daño a los consumidores y al resto de los ciudadanos. Legalizar las drogas reduciría simultáneamente la cuantía de delitos y mejoraría la administración y la aplicación de la Ley. Es difícil dar con otra medida tan eficaz en la tarea de favorecer el predominio de la ley y el orden. Pero, quizá digan ustedes, ¿debemos aceptar la derrota? ¿Por qué no acabamos sencillamente con el tráfico de drogas? Ahí es donde resulta más relevante la experiencia de la Prohibición y la experiencia de los últimos años con las drogas. No pOdemos acabar con el tráfico de drogas. Podemos impedir que llegue opio de Turquía ... pero las amapolas del Dpio crecen en muchísimos lugares. Con la cooperación de las autoridades francesas, quizá logremos que Marsella deje de ser un lugar favorable para la fabricación de heroína, ... pero las sencillas operaciones de fabricación pueden realizarse en muchísimos otros lugares. Podemos con-

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vencer a las autoridades mexicanas para que rocíen o nos dejen rociar los campos de marijuana con paraquat... pero la marijuana puede cultivarse prácticamente en cualquier sitio. Podemos cooperar con las autoridades colombianas para reducir la entrada de cocaína en Estados Unidos, pero no es fácil 10grarlo en un país en el que esa exportación es un factor importantísimo de la economía. Mientras haya implicadas grandes sumas de dinero (y necesariamente las habrá mientras las drogas sean ilegales) es literalmente imposible parar el tráfico, e incluso reducir de un modo notable su cuantía. En las drogas, como en otros sectores, la persuasión y el ejemplo pueden ser mucho más eficaces que el uso de la fuerza para conseguir que otros se adapten a nuestra imagen.

VI

El uso de drogas no es el único sector en el que la delincuencia podría reducirse legalizando actividades que hoy son ilegales, aunque, sin duda, es el más evidente y el más importante. Insistimos en este punto no sólo por la creciente gravedad de los delitos relacionados con las drogas, sino también porque estamos convencidos de que ahorrar a la policía y a los jueces el tener que combatir batallas perdidas contra las drogas les permitirá dedicar sus energías más plenamente a combatir otros tipos de delitos. Podríamos así asestar un doble golpe: reducir directamente la actividad delictiva y al mismo tiemJ)O incremntar la eficacia de la aplicación de la ley y de la prevención de la delincuencia.